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(Ambito) Se acelera acuerdo con los bonistas del canje 2005: será sin cláusula «antibuitre» Tendrán una simbólica quita de capital y se les reconocerá un cupón por exportaciones. Tensiones con tenedores de deuda macrista. Los bonistas con deuda emitida bajo los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner mantendrán sus derechos adquiridos de para recurrir a la Justicia del Segundo Distrito Sur de Nueva York si Argentina no paga en el futuro sus compromisos, y sin que se le aplique ninguna cláusula “antibuitre”. Con esta decisión tomada por Alberto Fernández se destrabó y aceleró ayer, al menos en parte, la negociación con los acreedores con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional durante 2005 y 2010. La novedad ya fue transmitida por Martín Guzmán a los acreedores interesados, la mayoría reunidos dentro del Grupo de Bonistas del Canje y representados por el temible abogado Dennis Hranitzky; y ahora el ministro está a la espera de un guiño final para, al menos, cerrar el deal con estos tenedores. Serían unos u$s8.000 millones, reunidos entre los tenedores de títulos Par y Discount lanzados durante los años del kirchnerismo para saldar la salida del default declarado en 2001 en los dos canjes de 2005 y 2010. Para llegar a un acuerdo válido, el Gobierno necesita que un 75% de estos tenedores acepten el programa de reestructuración para que desde la Security and Exchange Commission (SEC) se firme el aval final y se cierre la posibilidad de eventuales juicios en Nueva York en el tribunal que maneja Loretta Preska. Para que esto ocurra, Dennis Hranisky, exabogado de Paul Singer y hoy principal negociador de los bonistas K les dejó claro, sonrisa mediante, a los negociadores argentinos que se le deberán respetar los derechos adquiridos a los bonistas que representa. Esto, además de mejorar sustancialmente la oferta fallida del 8 de mayo. Luego de varios días de cavilaciones, el poder político del país aceptó los cambios y ya se les anunció a estos tenedores de deuda K que la “cláusula antibuitre” no regirá para ellos y que será eliminada de la redacción de la oferta final. Los abogados del estudio Cleary Gottlien Steen & Hamilton (CGS&H), que representan al país en Estados Unidos en esta negociación, están preparando el texto final con una de estas dos opciones. La “cláusula antibuitre” en debate apunta a dificultar y trabar la posibilidad de avanzar en un juicio contra el país, aún en default. Según la letra chica de este mecanismo importado por el propio Guzmán desde la Universidad de Columbia y sus tesis sobre manejo de deuda soberana en default, implica que, para poder litigar ante una situación de vencimientos impagos, si los bonistas quisieran avanzar en litigios, no lo podrían hacer hasta después del vencimiento de los títulos; ni ejecutarlos de manera individual, sino de manera colectiva. Y bajo la representación del Trustee/Bondholder Representative (comisario de la emisión), rol que hoy ejerce del Banco of New York Mellon (BONY). Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso en que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, sólo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal de Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado y sin las mayorías necesarias del 66% para el caso de los tenedores de deuda emitida bajo el Gobierno de Macri justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde 2016 en adelante. Los bonistas K rechazan abiertamente la aplicación de la cláusula, basándose en la sólida jurisprudencia de los Estados Unidos que resguarda los derechos adquiridos. En este caso, el derecho a avanzar en un simple juicio, colectivo o individual, en los tribunales de Nueva York. Como la Argentina comprobó durante el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, no hay cláusula o salvaguarda en la emisión de toda esta deuda que proteja al país de los juicios inmediatos en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Manhattan. Más teniendo en cuenta que el fallo de Thomas Griesa en contra del país dejó una jurisprudencia contraria para toda la deuda emitida durante el kirchnerismo, con lo que cualquier simple presentación ante un default argentino derivaría en una aceleración de las causas ante Preska. Dennis Hranitzky dejó claro que esta salvaguarda es innegociable. Lo mismo que otro beneficio con el que ya cuentan: el cupón PBI. Los bonistas K creen que se merecen ambas distinciones, más el reconocimiento de casi el 100% del capital adeudado, al afirmar, con razones legales sobre la mesa (o el escritorio de Hranitsky), que sus pasivos ya fueron reestructurados y fruto de la salida de otro default. Guzmán aceptará así ambas “sugerencias” del abogado egresado de Harvard que hoy trabaja para el estudio Quinn Emanuel y que abrió una oficina en ese bufete especialmente preparada para ganar plata negociando o enjuiciando a la Argentina. Los bonistas K no tendrán quita de capital o sólo será simbólica (en el prospecto original era de 5,4%) y tendrán el beneficio de un cupón de pago extra por encima de los intereses pactados. La idea de mutar el cupón PBI por el de exportaciones es original de los propios bonistas del Grupo de Bonistas del Canje, y busca salir de la desconfianza con el país en cuanto a sus mediciones anteriores del PBI. La causa sobre la forma en que el país calculó el crecimiento de su economía en 2014, a partir del cual Argentina tiene hoy abierto un juicio ante, otra vez, el tribunal de Loretta Preska, provocó que la propuesta excluya la medición del pbi y su reemplazo por un cálculo a partir del nivel de exportaciones. Curiosamente, en lugar de rechazarla, Guzmán la tomó y la incluyó como una alternativa válida para la negociación. En todo caso, será un porcentaje del crecimiento de las ventas al exterior lo que financiaría el beneficio, y no las reservas del Banco Central. Para avanzar en mejoras para los tenedores de deuda emitida durante el macrismo, la situación es más compleja. El Gobierno se enfrenta a la disyuntiva de acelerar la negociación con los bonistas de más corto plazo (con vencimiento de deuda antes del 2040) y los de más largo alcance, incluyendo el famoso bono Centenario o Global 2117. Los primeros están más cerca de aceptar lo que propone Guzmán en su contraoferta, mientras que los segundos están en una posición más radicalizada y sosteniendo con ahínco el límite moral del 55% de Valor Presente Neto (VPN). La oferta oficial final, tal como adelantó este diario, no superará el 49,9%, sin contabilizar cupón PBI o por exportaciones; beneficio que por ahora no está considerado para los bonistas M. Cualquier mejora en el porcentaje hacia los acreedores que diseñe ahora Economía provendrá 100% de una decisión política y personal de Alberto Fernández. El ministro le confió hace horas al jefe de Estado que su Excel ya está agotado, y que su modelo importado de Columbia readaptado a las negociaciones locales no puede hacer más cálculos que beneficien a los acreedores; ya que se llegó a los límites posibles de sus curvas econométricas. Cualquier cambio surgirá ahora de una modificación de la raíz misma de la oferta diseñada originalmente por Guzmán. Sólo así, se reconoce hoy en Olivos, se podrá alcanzar el imprescindible 66% de aceptación de la oferta por parte de los bonistas que poseen títulos públicos emitidos durante los cuatro años de gestión macrista.

(Ambito) YPF aprovechó liquidez en la plaza local: captó equivalente a u$s100 millones en dos ON La petrolera con participación estatal YPF salió por tercera vez a obtener financiamiento en el mercado doméstico y cuadruplicó el monto que esperaba colocar inicialmente La petrolera YPF obtuvo hoy un financiamiento equivalente a u$s100 millones en el mercado local, mediante la colocación de dos obligaciones negociables (ON), una en pesos y otra en dólares. Inicialmente, la compañía preveía colocar u$s25 millones pero la demanda registrada en la operatoria permitió cuadruplicar el monto captado en lo que fue la tercera salida importante al mercado en lo que va del año. La emisión incluyó la reapertura de la ON Clase III en pesos con vencimiento en diciembre de este año, junto a una nueva serie en dólar link a 24 meses de plazo. Los colocadores fueron los bancos Galicia, Santander, HSBC, BBVA, Macro, Itaú, Provincia de Buenos Aires, Nación Bursátil, SBS Trading, Allaria Ledesma, Balanz Capital, TPCG Valores y Macro Securities. Estas nuevas ON forman parte del plan financiero de YPF para este año y «ofrecen una alternativa atractiva para los inversores locales», según aseguraron los analistas del mercado tras la colocación. La colocación se produjo en momentos en que grandes empresas intentan aprovechar mediante distintos instrumentos el financiamiento en la plaza local, que se encuentra con importante liquidez. Cabe recordar que, en mayo, el financiamiento en el mercado bursátil alcanzó los $76.913 millones, un 227% más en términos interanuales, de acuerdo a lo informado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La fuerte suba estuvo respaldada fundamentalmente por la emisión de 14 ON por $60.745 millones, que concentraron el 79% del financiamiento mensual. La CNV destacó que las emisiones dólar linked ganaron terreno en el mes pasado y representaron el 24% de las ON. El 20 de mayo, YPF había conseguido otros u$s100 millones en el mercado local, mediante una licitación de dos ON similares a las ofrecidas en esta jornada. Anteriormente, en enero había colocado u$s164 millones. Desde entonces, la compañía con participación estatal, dirigida por Guillermo Nielsen, viene realizando algunas licitaciones menores para hacer el roll over de algunos vencimientos y se mantiene activa en el mercado para cumplir el plan de financiamiento. En los últimos días, la empresa fue noticia porque YPF Agro será la que gestione el fondo fiduciario creado para manejar los activos de Vicentin en caso de que se apruebe la ley de expropiación que el Gobierno llevará al Congreso.

(Infobae) Alberto Fernández busca alternativas para evitar la expropiación de Vicentin ante el fuerte rechazo que causó su anuncio. Frente a la inesperada reacción adversa en la opinión social, el Presidente mantendrá la intervención por 60 días y a continuación decidirá si es necesario que el Estado Nacional ocupe una empresa en concurso de acreedores para asegurar la soberanía alimentaria. Alberto Fernández ya medita acerca de la conveniencia política de sancionar una ley – o no- que disponga la expropiación inmediata de la empresa Vicentin, en concurso de acreedores por su compleja situación financiera y económica. Se trata de una iniciativa redactada en soledad por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, y empujada por Cristina Fernández de Kirchner, La Cámpora, y los movimientos sociales cercanos a Juan Grabois. El Presidente hizo una evaluación acerca de los costos y los beneficios políticos que puede determinar esta abrupta cruzada expropiadora, y anoche no se descartaba en Olivos que sólo se mantenga por 60 días la intervención administrativa encargada a Gabriel Delgado, un reconocido experto en Economía Agraria y Finanzas Rurales con estudios doctorales en Francia. Alberto Fernández sorprendió con el sesgo expropiador del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNI) y el proyecto de ley redactado en la intelligentzia de la Cámpora, que desde hace semanas insiste con ocupar la conducción de Vicentin bajo argumentos geopolíticos vinculados a la supuesta soberanía alimentaria. Hasta ese momento, el jefe de Estado había defendido una versión humanitaria del capitalismo y descartado la apropiación de las empresas que recibieron ayuda pública. Alberto Fernández siempre fue crítico de la compra oficial de YPF y de la opaca ayuda crediticia a Sancor, dos proyectos que tuvieron la impronta de la Vicepresidente de la Nación.Santiago Cafiero, Gustavo Beliz y Sergio Massa, por citar ciertas figuras con peso político e institucional que sabían del Proyecto Vicentin, fruncieron la nariz sin disimulo cuando el Presidente anunció su decisión de intervenir y expropiar la empresa con deudas reconocidas por 1.350 millones de dólares. “Alberto (Fernández) venía embalado, y nunca pensamos que ahora estaríamos pagando este costo político”, confió un habitué de Olivos que conoce todos los detalles de esta iniciativa legal que se llevó marcada desde la Cámara de Senadores a la quinta presidencial.
La definición de costo político implica la enumeración de una sucesión de hechos que sorprendieron al jefe de Estado:

1. El rechazo explícito de Roberto Lavagna, que es su principal asesor económico en las sombras

2. Las manifestaciones espontáneas en Santa Fe contra la decisión de expropiar Vicentin

3. Los fuertes cacerolazos en la Capital Federal

4. Los cuestionamientos de las principales cámaras empresarias

5. La caída estrepitosa de las acciones argentinas en los mercados globales

6. La denuncia por abuso de poder presentada por representantes de la oposición

7. La crisis política que enfrenta el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti

8. La crítica unánime de las organizaciones agropecuarias

9. La controvertida argumentación jurídica para sostener la decisión política de expropiar

Alberto Fernández evalúa un plan alternativo que congela la expropiación de Vicentin, mantiene la intervención por 60 días y prevé un trabajo conjunto con el juez del concurso de acreedores y los accionistas de la empresa que mantuvieron la actividad comercial a pesar del COVID-19 y su impacto en el sistema productivo. El gobernador Perotti, los abogados de Vicentin, Massa, los principales accionistas de la compañía agroexportadora, Kulfas, Delgado y Beliz conformaron un pack informal para acercar una posición alternativa a la iniciativa expropiadora que empuja CFK, la Cámpora, y los movimientos sociales más intransigentes liderados por Juan Grabois. El Presidente analizará hoy ese Plan B en Olivos, y a las 6 PM recibirá a las autoridades de Vicentin para conocer su mirada sobre una compañía que maneja el 10 por ciento de las exportaciones de soja, produce biodiesel, lácteos, vinos y es clave para miles de productores de Santa Fe y Córdoba. Alberto Fernández tomará la decisión política después de este cónclave que compartiría con Cafiero, Kulfas y Delgado. Si el encuentro con Sergio Nardelli, CEO de Vicentin, no termina en una catástrofe, el Presidente debería anunciar que continúa la intervención, que YPF Agro será clave para la compañía en concurso de acreedores, y que la expropiación quedará en suspenso hasta nuevo aviso.

(Infobae) Gracias al endurecimiento del cepo, el BCRA comenzó a recomprar reservas y ya recuperó el 84% de lo que perdió en mayo La contrapartida es que las empresas tienen muchas más restricciones para acceder al tipo de cambio oficial para importar y para pagar deudas. Para el Banco Central es clave recomponer su stock de divisas para evitar presiones devaluatorias. Las fuertes restricciones adicionales que impuso el Banco Central para acceder al mercado cambiario tuvieron el resultado esperado por su titular, Miguel Pesce. En nueve días hábiles las compras ya superaron los USD 800 millones. Con este volumen, se recuperó el 84% de las ventas que se había visto obligado a efectuar durante mayo para evitar un fuerte salto del tipo de cambio. La recompra de dólares por parte del BCRA sucedió a partir del 29 de mayo, cuando adquirió USD 279 millones. Fue el último día hábil del mes y automáticamente después de la Comunicación “A” 7030, que dispuso una serie de importantes obstáculos para que las empresas accedan al mercado cambiario oficial. Por ejemplo, aquellas compañías que hayan operado en el mercado de contado con liquidación no pueden acceder al dólar oficial. Y lo mismo sucede con las que hayan accedido al beneficio del Gobierno para el pago de salarios. Ayer el BCRA compró unos USD 100 millones, pero en los días previos consiguió mantener niveles elevados: USD 80 millones el viernes, USD 40 millones el lunes y USD 71 millones el martes. La reacción extrema de Pesce fue justificada por el Gobierno como una medida “coyuntural” hasta que se arregle el tema de la deuda. La expectativa oficial es que si se consigue salir adecuadamente del default se vaya recuperando la confianza y baje la presión sobre el tipo de cambio. Las dificultades para acceder al mercado cambiario ya está impactando en los volúmenes de importación y también en algunos precios. Por ejemplo, se registraron subas fuertes en productos electrónicos importados al haber incertidumbre sobre el costo de reposición. En momentos de fuerte debilidad económica y gran emisión monetaria para hacer frente a la crisis por la cuarentena, la caída de las reservas generaba serios riesgos. Con estas últimas compras se estima que el nivel de reservas líquidas volvió a niveles de USD 10.000 millones, lo que mejora el poder de fuego del Central. A estos niveles, sin embargo, habría que restarle unos USD 3.000 millones que corresponden a oro y que no sirven para intervenir en el mercado. Claro que las dificultades para acceder al mercado cambiario ya está impactando en los volúmenes de importación y también en algunos precios. Por ejemplo, se registraron subas fuertes en productos electrónicos importados o en electrodomésticos nacionales pero que tienen fuerte componente de insumos provenientes del exterior. Al haber incertidumbre sobre el costo de reposición, al menos parcialmente se traslada a los precios. Con estas nuevas compras, las reservas internacionales están volviendo a niveles de USD 43.000 millones, aunque todavía falta confirmar oficialmente la información de los últimos dos días. El formulario que el banco y su cliente deberán presentar ante el BCRA cada vez que se realiza una compra de dólares para pagar importaciones.
El formulario que el banco y su cliente deberán presentar ante el BCRA cada vez que se realiza una compra de dólares para pagar importaciones.
La Comunicación A7030 impactó al mercado cambiario en su conjunto, incluyendo tanto a personas físicas como jurídicas. Determinó que aquellos individuos que compren los USD 200 mensuales para atesoramiento, una operación conocida como dólar “solidario”, quedarán obligados durante 90 días a no operar en dólar MEP o en contado con liquidación. Asimismo, la normativa establece una rigurosa aprobación previa para cada operación cambiaria destinada al pago de importadociones. El Central debió a establecer un procedimiento estandarizado para evitar que a las restricciones cambiarias se agreguen problemas burocráticos. Tras una reunión de coordinación con la Unión Industrial Argentina (UIA), el BCRA publicó un formulario único que deberá ser presentado para cada operación. También determinó que los bancos no pueden cobrar comisiones por el trámite de presentación de ese formulario. No obstante esa decisión, muchos industriales no ocultaron su inquietud por la implementación de ese formulario y temen que el proceso de autorización no sea sencillo.

(BAE) Córdoba prepara una oferta sin quita de capital para julio y sus acredores forman un comité Según la agencia, la propuesta de reestructuración de los pasivos de la provincia sólo incluiría una extensión de plazos En paralelo a la renegociación de la deuda que encara el Gobierno nacional, las autoridades cordobesas preparan una propuesta de reestructuración de los pasivos provinciales para presentar en julio. Mientras tanto, sus acreedores anunciaron este miércoles que conformaron un comité para negociar. Según información consignada por la agencia Bloomberg, el gobierno de Juan Schiaretti podría presentar su oferta en julio. La misma no incluiría quita de capital y se centraría en una extensión de plazos que permita recuperar la sostenibilidad. Hay otras provincias que ya iniciaron su negociación. Es el caso de Buenos Aires y Mendoza, que ya incumplieron con el pago de algunos de sus compromisos. Córdoba, en cambio, pagó hoy USD26 millones correspondientes a un bono que amortiza capital en 2021. Sin embargo, el Ejecutivo del distrito mediterráneo ya contrató el mes pasado al Banco de Córdoba como agente financiero para el proceso de reestructuracion. La deuda provincial que vence en los próximos cinco años suma $93.900 millones y en un 90% está nominada en dólares, lo que la vuelve insustentable. En ese marco, un grupo de grandes tenedores institucionales de bonos internacionales emitidos por Córdoba anunció ayer la conformación de un comité para negociar el reperfilamiento de esos pasivos. «Los esfuerzos de formación de los tenedores tienen el objetivo primario de facilitar un diálogo constructivo con las autoridades provinciales y asegurar que los derechos e intereses de todos los tenedores de los bonos internacionales de la provincia sean considerados y protegidos en cualquier modificación potencial», manifestaron en un comunicado. Y agregaron: «Los miembros del comité planean llevar a cabo cualquier interacción con las autoridades en una manera consistente con los Principios para la Estabilidad de los Flujos de Capitales y Reestructuraciones Equitativas avalados por el G20, los cuales incluyen transparencia, el intercambio puntual de información, diálogo abierto, acciones de buena fe, y tratamiento justo entre clases de acreedores». Además, informaron la contratación de las firmas BroadSpan Capital LLC y Mens Sana Advisors como asesores financieros conjuntos para el proceso

(BAE) El Indec publica hoy la inflación de mayo y los privados anticipan menos de 2% A las 16 se conocerá el índice de precios al consumidor del mes pasado. La recesión y el congelamiento de tarifas contuvieron las remarcaciones  El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer esta tarde el índice de precios al consumidor ( IPC) de mayo. De acuerdo a estimaciones privadas, la inflación mensual se habría ubicado debajo del 2% por segundo mes consecutivo, luego del 1,5% de abril. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado ( REM) que difundió el viernes el Banco Central mostró que la mediana de los analistas del sector financiero consultados por la entidad estimaron una suba promedio del 1,7% para el quinto mes. Aunque el informe aclaró que el top 10 de los mejores pronosticadores calculó un IPC del 1,9%. Así, en un contexto de profunda recesión y caída del consumo, la suba de precios se mantendría por debajo del 2% a pesar de la fuerte emisión realizada por el BCRA para financiar la inyección de recursos en las empresas y los sectores más vulnerables que dispuso el Gobierno para mitigar el impacto de la cuarentena. En los primeros cuatro meses del año, la inflación marcó una suba acumulada del 9,4%. Pese a que algunos rubros aumentaron a menor velocidad debido al congelamiento de tarifas y la relativa estabilidad del dólar oficial. Sin embargo, en el mismo lapso el rubro alimentos y bebidas, el de mayor impacto en la canasta de consumo de los sectores más vulnerables, registró un incremento del 15,2%.