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• (Ambito) Primera embestida buitre contra Alberto Fernández: tres fondos reclaman por Cupón PBI. Se incorporan al reclamo original de Aurelius y su sociedad uruguaya Novoriver. La suma llega ya a los u$s800 millones, y el juicio final podría alcanzar los u$s3.000 millones. Los fondos buitre le dieron menos de 24 horas a Alberto Fernández para comenzar a embestir contra la Argentina. Ayer, tres fondos norteamericanos presentaron ante la jueza Loretta Preska demandas contra el país acreditando tenencias en Cupón PBI por unos u$s100 millones. Esta es la octava presentación en menos de un año, con lo que los reclamos suman ya unos u$s800 millones, y se proyecta para el fin de las presentaciones unos u$s3.000 millones. En todos los casos lo que se reclama es por supuesta “mala fe” del país al alterar la medición del PBI del INDEC para el ejercicio 2013, siguiendo la primera demanda que realizó el fondo Aurelius y su firma cautiva uruguaya Novoriver, al que se le habían sumado hasta noviembre otras tres casas de inversiones europeas. Ayer, esperando estratégicamente al día posterior a la asunción de Alberto Fernández, se incorporaron al mismo reclamo tres fondos buitre ignotos, y nunca registrados como tenedores de los bonos emitidos durante el canje de deuda lanzado en 2005 en el Gobierno de Néstor Kirchner. Estos son el Adona LLC, Egoz LLC y el Waso Holding Corporation. Todos copian en la presentación de ayer las líneas planteadas ya por Aurelius, donde aseguran tener pruebas de que el entonces Ministerio de Economía manejado por Axel Kicillof y el INDEC cooptado por Guillermo Moreno intervinieron en la medición del PBI para no pagar los intereses del cupón que vencía ese año, y que le habría demandado al país la erogación de unos u$s3.000 millones. En realidad, la presentación de los tres fondos no es sorpresiva. Se sabía el 31 de octubre pasado en los tribunales de Preska que había varias casas de inversiones apostando a que el caso se ampliara, buscando adquirir estos papeles emitidos por el país (en precio casi de default), para luego avanzar en el juzgado del segundo Distrito Sur de Nueva York manejado ahora por la sucesora de Thomas Griesa. Ese día se había registrado la presentación de Novoriver SA, quien reclamó por unos u$s181 millones en inversiones de esos bonos atados al crecimiento de la actividad económica del país; y que, se supone, representan a un grupo de inversionistas que buscan algún rédito en el caso. La especulación en octubre era que había muchos operadores del sistema financiero tomando posiciones tanto en el Cupón como en el bono Par, a la espera del llamado al reperfilamiento de deuda, y esperando si estos papeles se incluirán o no en la negociación. En el caso de que suceda, esperan presentarse en el mismo juzgado para denunciar que se estaría reprogramando el pago de una deuda ya reprogramada, con lo que el daño (en el caso del Cupón PBI) sería doble. Y la demanda también. La jueza Preska, que ya abrió el proceso en febrero pasado, deberá resolver antes de fin de año si avanza o no con el caso. Es en este marco que Novoriver se adelanta para que se la sume al reclamo de Aurelius. La cifra en dólares del eventual reclamo provoca escalofríos: ante un fallo en contra, podrían considerarse perjudicados tenedores por más de u$s5.000 millones. La buena noticia es que el caso recién empieza y podría demandar varios años hasta una resolución final en los tribunales de los Estados Unidos. De acuerdo con lo explicado por el analista de FinGuru, Sebastián Maril, “según el demandante, el 21 de febrero de 2014, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor que el 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Fue un anuncio sumamente ‘desprolijo’, que el mercado tomó como otra manipulación de datos con tal de no pagar a los acreedores”. La causa, para la Argentina, puede convertirse en una verdadera bomba de tiempo financiera y fiscal si finalmente Preska determina que el fondo buitre Aurelius tiene razón en su reclamo. Esto sucedería si para la jueza de primera instancia se confirma que durante la gestión de Kicillof en Economía, en la última parte del Gobierno de Cristina de Kirchner y la intervención del INDEC de Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del Cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio. La Argentina presentó su primera defensa el 3 de julio pasado, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El Gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno. Fue la segunda vez que se utilizó este argumento. El 18 de abril den 2019, para evitar el ataque de Aurelius, los abogados que representan al país contratados por la Procuración del Tesoro aseguraron ante la Justicia norteamericana que el Gobierno de Cristina de Kirchner estaba en su derecho de modificar el año base de cálculo del PBI, y que el acusador no demostró que haya habido un mal manejo de las cifras de ese organismo entre 2013 y 2014. Ahora deberá ser la Procuración del Tesoro de Carlos Zannini la que elabore una nueva estrategia, o refuerce la que armó en su momento el Gobierno de Mauricio Macri. Aurelius es un viejo conocido de la Argentina. Y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre.

• (Ambito) Guzmán confirmó que seguirá el cepo hard. El ministro Martín Guzmán aseguró que «para que Argentina se saque el cepo de encima, la economía se tiene que tranquilizar y este no es el momento». El flamante ministro de Economía, Martín Guzmán, ofreció su primera conferencia de prensa en el cargo y dio algunos detalles del programa que aplicará durante su mandato. Entre los principales temas, se refirió al cepo cambiario que el Gobierno heredó de la gestión de Mauricio Macri. Desde el Ministerio de Economía, Guzmán destacó que “para que Argentina se saque el cepo de encima la economía se tiene que tranquilizar y este no es el momento”. De este modo, el funcionario dejó en clara la continuidad de esa medida que Macri había implementado en septiembre y endurecido tras la victoria de Fernández en octubre. En esa línea, Guzmán calificó a la situación económica y social como «frágil», y adelantó que no habrá mayor esfuerzo fiscal en 2020, y que las medidas a adoptar se conocerán por escrito y a través de leyes que se enviarán al Congreso. «Lo que está claro, es que venimos a resolver una muy profunda crisis económica y social. La situación es de extrema fragilidad», dijo Guzmán, acompañado por algunos de sus funcionarios, y en ese marco adelantó que «no habrá un ajuste fiscal en 2020» porque agudizaría la crisis. Explicó que el programa que irán implementando «es para frenar la caída» y aseguró, con relación a la presidencia de Mauricio Macri que «fracasó un modelo que en el mundo jamás ha funcionado». Con respecto a la deuda, adelantó que «estamos negociado con el FMI, y comenzaremos el diálogo con los acreedores privados» y se abstuvo de precisar si continuará con los pagos de vencimientos de intereses y capital.

• (Ambito) Guzmán sobre la renegociación con el FMI: «Vamos a buscar adecuar el acuerdo a los objetivos de nuestro programa». El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que hay charlas con el FMI pero advirtió que el próximo acuerdo debe adecuarse al programa económico del Gobierno. El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó en su primera conferencia de prensa que hace semanas comenzaron las negociaciones con el FMI pero recalcó que para poder pagar el país debe crecer. Además advirtió se priorizará el diálogo con los acreedores pero que la decisión final será de Argentina: “Vamos a buscar adecuar el acuerdo (con el FMI) a los objetivos de sostenibilidad macroeconómico que se establece en este programa”. “Hay que definir un sendero de superávits fiscales primarios y resultados comerciales consistentes con la estructura de deuda modificada por lo cual, sobre esa base, estableceremos consultas con los acreedores para establecer una modificación elaborada en el perfil de la deuda”, explicó el ministro en el microcine del Palacio de Hacienda. Resaltó en más de una oportunidad que se buscará tener un sendero consistente con la nueva estructura de la deuda. “El FMI va a ser parte de eso y hemos tenido conversaciones con ellos y hay un reconocimiento del fracaso anterior”, describió. Confirmando lo publicado con Ambito esta tarde. Según Guzman en las charlas con el FMI, hay un reconocimiento de la grave situación económica en el que esta Argentina. “De modo que pensamos que existe la posibilidad que haya un dialogo bien constructivo, que ya está ocurriendo”, advirtió. Además de esperar que el dialogo con los acreedores sea abierto recalcó que “hay que tomar decisiones y las vamos a tomar nosotros”. “Nosotros somos un soberano que decidimos por nosotros mismos. Este es nuestro proyecto y el programa es nuestro”, dijo firme. “No es un programa diseñado por el FMI sino diseñado por nosotros. Vamos a buscar adecuar el acuerdo a los objetivos de sostenibilidad macroeconómico que se establece en este programa”, reforzó.

• (Cronista) TGLT terminó de reestructurar sus u$s 150 millones en deuda Emitió u$s 180 millones en nuevas acciones. Además, consiguió u$s 28 millones del Banco Itaú y refinanció u$s 25 millones de otra ON. La desarrolladora inmobiliaria TGLT terminó de reestructurar su deuda financiera, que ascendía a u$s 150 millones. El lunes cerró el plazo de suscripción de nuevas acciones comprometida en el acuerdo al que había llegado en agosto con sus acreedores y alcanzó el 80% de conformidad exigido para la aprobación de convenio, según informó la empresa en una nota enviada a última hora del miércoles a la Comisión Nacional de Valores (CNV), a Bolsa y Mercados Argentinos (ByMA) y el Mercado Abierto Electrónico (MAE). “La sociedad ha mejorado sensiblemente su perfil de deuda y se encuentra en posición de reconstituir su patrimonio neto”, celebró TGLT en la misiva. “Se espera que el plan de recapitalización implementado, a través de una notable reducción en sus pasivos financieros, le permita a la sociedad mantener una estructura de capital acorde a la envergadura de sus operaciones y alocar recursos más eficientemente al plan de crecimiento y desarrollo de sus negocios”, agregó. Nacida en 2005 y cotizante en la Bolsa de Buenos Aires desde 2010, al 31 de diciembre último, TGLT había desarrollado o tenía en cartera 13 grandes proyectos residenciales, de más de 650.000 metros cuadrados. Entre ellos, las torres Astor, Forum, y los emprendimientos Venice (Tigre) y Puerto Norte (Rosario). A fines de 2017, además, la empresa fue noticia por haber comprado la constructora Caputo, por un precio cercano a los u$s 130 millones, entre el 83% pagado a su familia controlante y la oferta hecha a los accionistas minoritarios de la empresa. En nueve meses de 2019, facturó $ 6298,6 millones, con una pérdida de $ 1534,9 millones y un patrimonio neto negativo de más de $ 3300 millones. Al 30 de septiembre, su fundador, Federico Weil, seguía siendo su principal accionista, con un 17,1% del capital. El fondo PointArgentum –filial del estadounidense PointState, liderado por el argentino Darío Lizzano– tenía 12,6% y Bienville Argentina Opportunities, un 11,2%. IRSA, en tanto, poseía el 3,7%. El resto estaba atomizado entre accionistas ordinarios y tenedores de ADRs. Aunque TGLT no informó, todavía, cómo quedará conformada su nueva estructura de capital, se da por descontado que cambiará. Entre la conversión de acreencias en acciones e inyecciones adicionales de fondos, se diluirá la participación de Weil. Conocedores de la operación anticipan que ampliarán protagonismo actuales accionistas y ganarán presencia nuevos inversores, como producto del canje de deuda en acciones. Ya en agosto, se había informado que IRSA y PointArgentum harían una capitalización de u$s 39 millones, de los cuales u$s 24 millones corresponderán al holding que lidera Eduardo Elsztain. Estos movimientos, no obstante, no implicarán cambios en el management. La firma, hoy, tiene como CEO a Teodoro Argerich, quien era el presidente de Caputo. Por lo pronto, ayer TGLT informó que se emitieron acciones preferidas clase A nuevas por más de u$s 39 millones y títulos del mismo tipo, pero clase B, por u$s 140,8 millones. Otro hito del plan fue un acuerdo anunciado el martes, por el cual la empresa recibió del Banco Itaú –sucursales de la Argentina y del Uruguay– un total de u$s 27,6 millones en líneas de crédito, y la conformidad del 80% de los tenedores de otra ON, por un monto total de u$s 25 millones, emitida en 2018 y que vencía en marzo próximo. Fuentes de la empresa celebran que, tras la reestructuración, TGLT habrá pasado de un patrimonio neto negativo de más de u$s 50 millones, a uno positivo por encima de los u$s 70 millones. También, habrá mejoras en la posición de caja y en el perfil de deuda, con alargamiento de plazos y alivio en la carga de intereses. “Nos deja en una posición distinta para aprovechar las oportunidades que se presenten. Sin este acuerdo, habríamos estado totalmente fuera de juego”, sugieren.

• (Cronista) Advierten que un aumento de las retenciones reducirá 30% la cosecha de maíz En el sector están alertas ante un hipotético regreso de los controles para exportar y en el mercado de cambios. Si se adoptara está política se perderían unos 15 millones de toneladas de maíz. on el cambio de gobierno y tras declaraciones que abren la puerta a un posible aumento de derechos de exportación para cereales y oleaginosas, productores y exportadores muestran su preocupación respecto de las reglas de juego futuras. «En un escenario con restricciones administrativas y mayor presión tributaria, y sin acceso a un mercado cambiario libre, se contraería la producción de maíz en 15,1 millones de toneladas», indicó un informe elaborado por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y UBATEC. Traza, además, un panorama complejo si se diera esta situación, con impacto en el conjunto de la economía. «El Valor Bruto de la Producción con relación al escenario base caería en $ 203.813,3 millones (a precios de hoy), unos US$ 3.437 millones», señala el informe, al tiempo que la inversión «disminuiría en $ 19.530 millones» y se perderían 19.353 puestos de trabajo directos e indirectos. Tomando un escenario base para la campaña de maíz 2019/20, que prevé 6,4 millones de hectáreas sembradas y un rinde de 8,1 tn/ha (promedio de campañas 2015/15 a 2016/17) la producción de maíz treparía a 50 millones de toneladas. Sebastián Senesi, director del Programa de Agronegocios de la FAUBA, indicó que el estudio analiza qué pasaría con la producción dependiendo de las decisiones que se tomen sobre tres puntos, los derechos de exportación, las restricciones al comercio internacional (ROE) y un mercado cambiario muy regulado. En el primer escenario (sin retenciones a maíz y derivados hasta 2023/24) crecería el área sembrada y mejorarían los rindes, llevando la producción a 57 millones de toneladas. En cambio, con suba de derechos y nuevos controles, la producción caería a 34,9 millones de toneladas, 30,2% menos que hoy. «En función de estas tres variables, si la situación volviese a 2015 eso tendría un impacto negativo, no sólo para el sector de maíz y el agro, sino con impacto para el resto de la economía», señaló Senesi. Si hubiera una reducción de la producción de maíz, que FAUBA estima en 15 millones de toneladas se perderían «unos 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos», precisó el experto. Además el valor bruto de la producción (VBP), esto es, lo que genera la cadena del maíz «caería en unos u$s 3500 millones, la generación de valor agregado bajaría en unos u$s 1800 millones y habría una pérdida de potenciales inversiones cercana a los u$s 270 millones».

• (Cronista) Alberto renovó el apoyo de EE.UU. y manda un equipo de avanzada Un halcón del Departamento de Estado renovó el apoyo a las negociaciones con el Fondo Monetario. El presidente enviará una delegación a la capital norteamericana la próxima semana. En su primera jornada de trabajo en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández mantuvo un almuerzo de trabajo con la delegación estadounidense enviada para la jura e inicio de su mandato, que le renovó el «apoyo» para la negociación con el Fondo Monetario (FMI) en similares términos a los que expresó su contraparte norteamericana, Donald Trump, durante la conversación telefónica que mantuvieron hace unas semanas. Luego de asistir a la jura del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y saludar a los empleados de la Presidencia en la hora del almuerzo, Fernández se sumó a una comida en el Salón de los Científicos Argentinos que culminó una reunión de trabajo previa con el subsecretario interino del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak; el embajador acreditado en Buenos Aires, Edward Prado, y otros dos funcionarios extranjeros. No fue parte de ese encuentro Mauricio Claver-Carone, el cubanoamericano dedicado a asuntos Latinoamericanos dentro del Consejo de Seguridad Nacional y asesor para la región de Trump. El funcionario se marchó anticipadamente del país, molesto por la presencia en la jura del ministro de Comunicaciones de Venezuela, Jorge Rodríguez, pese a que el Gobierno había comunicado que no habría invitados del régimen de Nicolás Maduro. Claver-Carone también se quejó por la presencia del expresidente ecuatoriano Rafael Correa.Sin embargo, desde el entorno del presidente negaron que el tema haya trascendido en la reunión del miércoles al mediodía, y los visitantes prefirieron no responder por el enviado directo de Trump. Por el contrario, subrayaron que Kozak trasladó a Fernández una invitación para un evento vinculado al petróleo, el próximo martes 17 de diciembre en Washington. El mandatario comprometió la presencia de algún funcionario del gobierno, y desde su entorno descartaron que sea él quien viaje. Sin embargo, un periplo presidencial hacia la capital norteamericana forma parte de la agenda de corto plazo. Antes de la llegada, la comitiva estuvo reunida a solas con el canciller Felipe Solá, el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, Gustavo Béliz, que tuvo a su cargo los detalles de la convocatoria, y el futuro embajador ante los Estados Unidos, Jorge Argüello. De esa reunión, de carácter más técnica aunque sin perder el cariz protocolar, no salieron novedades sobre la anunciada decisión de Trump de imponer aranceles a las exportaciones argentinas de acero y aluminio.

• (Cronista) Emergencia Económica, primer test entre el Gobierno y Cambiemos Alberto Fernández la quiere aprobada en el Congreso, antes del 31 de diciembre. Un argumento es que recién enviarán el Presupuesto en abril. Desde Cambiemos ponen reparos a los «superpoderes». El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, admitió que apurarán el proyecto de Emergencia Económica para que sea aprobado, antes del 31 de diciembre. De esta manera, el Congreso será el escenario de la primera disputa entre el flamante gobierno y la oposición de Cambiemos. A su vez, el presidente Alberto Fernández enviaría el lunes otros dos proyectos de Emergencia Social (que ya fue votada en los últimos meses de la gestión anterior) y Alimentaria. «Para enero, no. Tenemos que aprobar la Emergencia Económica antes del 31 de diciembre, porque no tenemos Presupuesto», comentó el jefe de Gabinete, tras una visita sorpresiva que hizo con el Presidente al comedor. Allí, Fernández posó para distintas «selfies» mientras llamaba a los empleados de las distintas áreas de Casa Rosada, como Documentación Presidencial, y haciendo gala de su conocimiento sobre el funcionamiento de Balcarce 50. Los empleados coreaban «Alberto Presidente», así como le pedían fotos también a Cafiero. Más allá de estos gestos, el Gobierno muestra que está interesado en mover cuanto antes sus piezas. De ahí que Cafiero confirmó que quieren la Emergencia Económica antes de 2020. Esta normativa delega en el Poder Ejecutivo facultades extraordinarias, como establecer el sistema que fija el tipo de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, pautar retenciones a la exportación de hidrocarburos o fijar tarifas y renegociar los contratos de servicios públicos en manos de empresas privadas. Incluso habilita regular los precios de la canasta básica. La Emergencia Económica fue un proyecto que se aprobó en enero de 2002, en plena crisis económica y social, tras la caída de Fernando de la Rúa. Paradójicamente, el ex presidente Mauricio Macri derogó en enero de 2018 esta norma, bajo el argumento de que los indicadores habían mejorado. Tres meses después, la Argentina entró en una crisis financiera, que derivó en una recesión económica que se mantiene hasta hoy y dictaminó, en gran parte, la salida del gobierno de Cambiemos. «En un contexto de gravedad extrema, de emergencia, debemos comprender que no existe la posibilidad de pedirle sacrificios a quien tiene hambre, no se le puede pedir sacrificios a quien no puede llegar a fin de mes», anunció ayer, en su discurso inaugural, ante la Asamblea Legislativa, Alberto Fernández. El mandatario preparó el terreno en campaña para anunciar este tipo de medidas. En su discurso incluso habló de los Acuerdos Básicos de Solidaridad que incluye políticas como el congelamiento de precios y tarifas. Ahora bien, semejante urgencia del oficialismo genera sospechas en la oposición. El líder de la Coalición Cívica, el diputado Maximiliano Ferraro, advirtió que su espacio «no vota superpoderes, ni manejo discrecional». El líder del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, ayer dijo en televisión que espera que «el paquete» que envía la Rosada implique «delegar facultades que son propias del Congreso que recuperamos después de 14 años». El radical cuestionó que envíen un proyecto de Emergencia si es que Fernández piensa reconducir el Presupuesto, ya que le daría amplias facultades. Desde el PRO, el ex senador Federico Pinedo había alertado antes de que dejen el poder que no acompañarían un proyecto de Emergencia Económica. En este caso, será clave para la oposición de Cambiemos mantener 116 diputados con la misma posición, por lo que parecerá difícil frenar la iniciativa del oficialismo.

• (Cronista) El plan que evalúa el BCRA para que regresen los dólares de los argentinos Se trata de una propuesta que se elaboró durante la campaña y que ahora evaluará Pesce, en el marco de las urgencias fiscales y monetarias que tiene el Gobierno. iguel Angel Pesce es oficialmente nuevo presidente del Banco Central (BCRA). En sus primeros días de gestión debe resolver temas urgentes como el nombramiento de su directorio y definir temás calientes como por ejemplo decisiones relacionadas al cepo. Sin embargo, entre las propuestas que le acercan a Pesce por estos días figura la elaborada durante la campaña y adelantada por El Cronista, la que evaluará el marco de las urgencias fiscales y monetarias que tiene el Gobierno Se trata de la ´Propuesta heterodoxa para movilizar el ahorro dolarizado de los argentinos’. Así se titula el documento en el que participaron más de 700 personas en el marco de 18 comisiones de los equipos técnicos del PJ. Uno de los punto de partida de la nueva gestión es revitalizar el mercado de capitales, para que los argentinos inviertan localmente. El otro punto es que el país se desvive por atraer la inversión extranjera cuando los argentinos tienen en el exterior activos financieros por u$s 300.000 millones. El tercero más complicado es conseguir dar liquidez en dólares a esas inversiones sin afectar la balanza de pagos y sin que el riesgo sea asumido por el Estado. Según la propuesta, el punto de partida para desarrollar el mercado de capitales en la Argentina y potenciar su desarrollo es que el Congreso autorice al Banco Central a adelantar dinero a fideicomisos de inversión que tengan como garantía recursos depositados en un trust conformado con dólares o activos líquidos en esa moneda. Los residentes argentinos que cuentan con dólares podrán depositarlos en el trust como garantía y con ello obtener un préstamo en pesos de un fideicomiso que, por este sistema, está autorizado a recibir un adelanto del BCRA. Dicho préstamo sólo puede ser utilizado para la compra primaria de obligaciones negociables (ON) que tengan por objeto fundamental la realización de inversiones reales. Existen mecanismos simples para asegurarse que los pesos vayan específicamente a construcción o la compra efectiva de maquinaria. El Central recibirá por el adelanto en pesos un interés igual a los que percibe por la inversión de sus reservas, que es lo mismo que obtendría si alguien le vendiera dólares requiriendo pesos para invertir localmente. Dicha renta es equivalente a la que produzcan los activos depositados en garantía en el trust. Los inversores podrán en cualquier momento pagar su deuda con el fideicomiso liberando la garantía del trust, recuperando sus dólares. O, al momento de cobrar el principal de las ON, devolver los pesos y también liberar las garantías pari passu. Como los dólares están en garantía en el trust, la devolución de los pesos aportados por el BCRA liberará los dólares correspondientes no habiendo diferencias de cambio entre el momento de constitución de la operación y el rescate de la garantía. Al tratarse de una garantía, cumplida la obligación, automáticamente se libera. En cuento a los intereses logrados a través de la ON, si se desea dolarizarlos, se podrá hacerlo a través del mercado al tipo de cambio. Este procedimiento permite que quien cuente con moneda extranjera y quiera invertir en pesos pueda rescatar los dólares que originalmente aportó en la medida que cuente con los pesos que le fueron prestados, sin verse afectado por las variaciones de tipo de cambio. Un ejemplo podría ser un proyecto de compra de maquinaria o construcción, donde una empresa decide financiarse mediante una ON. El colocador de la ON podrá a su vez constituir el trust y el fideicomiso que recibirá el adelanto del Banco Central para aquellos inversores dolarizados. Depositados los dólares en el trust, el colocador solicitará al BCRA que adelante los pesos al fideicomiso, que serán prestados a los inversores para la adquisición de las ON. Con ese dinero la empresa llevará adelante la compra de maquinaria o construcciones. Asimismo, se evitan por este mecanismo los efectos disruptivos del ingreso y egreso en el mercado de cambios de las inversiones dolarizadas, con sus consecuencias sobre el tipo de cambio.