El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Reforma impositiva: el Gobierno espera el visto bueno del FMI (argumentos fiscales)
Se buscará desde Buenos Aires un apoyo similar al que el organismo que maneja Kristalina Georgieva le dio al Gobierno de Alberto Fernández en el momento de impulsar (y luego aprobar) la reforma previsional que a fines de 2020 sancionó el Congreso. El Gobierno tiene una esperanza. Que en las próximas semanas, cuando se conozca el contenido específico del acuerdo, el Fondo Monetario Internacional avale la reforma impositiva que se lanzará en el primer trimestre del año. Y que, por lo que se conoce, se basará en una mayor presión impositiva en lo que respecta a los ingresos de los contribuyentes y algún perdido beneficio para la producción. Se buscará desde Buenos Aires un apoyo similar al que el organismo que maneja Kristalina Georgieva le dio al Gobierno de Alberto Fernández en el momento de impulsar (y luego aprobar) la reforma previsional que a fines de 2020 sancionó el Congreso. Desde el FMI se le dio un guiño al Ministerio de Economía al avanzar en esta legislación que separó la evolución de las retribuciones para los jubilados y pensionados, de la inflación. Y que en su lugar estén vinculadas al crecimiento de la recaudación previsional y laboral de donde efectivamente sale el dinero para financiar las jubilaciones. Este había sido un reclamo concreto del FMI, que la gente de Martín Guzmán diseñó casi con corset, y que finalmente el ala política oficial aceptó (con cambios fundamentales) en el Poder Legislativo. El Ejecutivo quiere ahora replicar la experiencia en la propuesta de reforma impositiva que se presentará próximamente en sociedad, y que el Congreso deberá tratar. Y que, inevitablemente, generará malhumor en la sociedad contribuyente. Por lo que se sabe, la idea oficial es aumentar la presión impositiva global, descartando cualquier posibilidad de disminución de los tributos más importantes que sostienen el sistema de recaudación argentino. Especialmente complicado será el momento en que los autónomos, monotributistas, trabajadores en relación de dependencia y empresas en general descubran cuál es la idea de fondo que el Gobierno tiene preparado para Ganancias. Mucho más descontento generaría la intención que se vislumbra en el caso de bienes personales, cuando muchos legisladores del oficialismo más radical incluso quieren la creación (o recreación) de un nuevo tributo a la riqueza con copyright similar al “aporte extraordinario” que aprobó el Congreso en diciembre y que generó amplia polémica. El proyecto también incluiría el intento de una simplificación general del sistema tributario, mayores penas para los incumplidores y sistemas de reenganche permanentes para los morosos que quieran permanecer en el esquema de legalidad. Para el Gobierno, el apoyo del FMI debería basarse en un criterio teórico que el organismo, se sabe, siempre defendió. Los momentos de déficit no son tiempos de pensar en reducciones de las presiones impositivas, sino todo lo contrario. Fue, por ejemplo, tema de debate en los años de Carlos Menem, cuando con Roque Fernández como ministro de Economía se pensaba en reducciones tributarias, que eran bombardeadas por la entonces cancerbera de la Argentina, Teresa Ter Menessian. Si el Gobierno de Alberto Fernández también piensa en una reforma impositiva es lógico que el criterio siga siendo el mismo, ya que el país tiene, como en aquellos tiempos, un problema crónico y explosivo de déficit fiscal. Según lo que los técnicos del organismo dejaron claro en diciembre, no harán recomendaciones ni críticas de políticas puntuales que aplique el país, pero sí la marcación cercana de las metas que se deberán lograr. Especialmente las vinculadas a la manera en que el Gobierno se comprometa a logra un equilibrio fiscal antes de 2025. En este sentido sí se pueden avalar decisiones que apunten a esas metas. Se considera entonces desde Buenos Aires que una reforma impositiva que apunte a ese norte, se debería aplaudir desde Washington y mejorar la discusión de las metas fiscales a las que se comprometería el país. Y que, eventualmente, las alternativas de una reducción de impuestos quede para los tiempos en que la situación fiscal sea más generosa.

(AMBITO) Menor brecha e impulso externo mejoran condiciones financieras
La mejora en la situación cambiaria y el buen desempeño de activos emergentes ayudaron a la Argentina en diciembre. Para 2021 anticipan un mejor clima que en 2020, lo que favorece al país. La reducción encadenada durante dos meses de la brecha cambiaria influyó de manera positiva en las condiciones financieras del país, que mejoraron en diciembre, impulsadas también por el buen desempeño de las monedas y otros activos de países emergentes, reveló un índice que elabora la consultora Econviews en base al seguimiento de 20 variables locales e internacionales. Desde el centro que dirige Miguel Kiguel estimaron que la mejora fue de 15,3 puntos el último mes de 2020 respecto de noviembre, ya que pasó de -84,9 a -69,4 puntos. Esta marca significa dos meses consecutivos de mejora, aunque también advierten que el Índice de Condiciones Financieras (ICF) aún se encuentra en “zona de stress”. “El subíndice de condiciones locales subió 4,3 puntos y se ubicó en -92,5, su vigésimo octavo mes consecutivo en terreno negativo”, detallaron en la consultora, aunque resaltaron que, desde su piso de abril (el mes pleno de impacto de las restricciones a la circulación por el covid-19), la mejora fue de 62,2 puntos. Entre las 10 variables que toman para elaborar el ICF, se encuentran el riesgo de legislación (tomada como el spread entre el AL41 y el GD41), la liquidez a corto y largo plazo, la evolución de las acciones en la plaza local, la tasa Badlar privada, el riesgo país, la inflación core mensual, la confianza en los bancos medida por el nivel de depósitos en dólares, la brecha cambiaria y la depreciación esperada. De todas estas variables, cinco de los diez componentes mejoraron en diciembre y uno quedó estable comparado con el mes anterior. En el cierre de 2020, como dato positivo a nivel local, se registró una mejora en la liquidez, un repunte de los papeles del Merval, un crecimiento de los depósitos en dólares y una reducción de la brecha cambiaria. El riesgo de legislación local de la deuda soberana se mantuvo estable. Y los cuatro componentes que tuvieron un desempeño negativo fueron la tasa de interés, el riesgo país, la inflación y la depreciación del peso esperada. “Si no fuera por el acortamiento de la brecha, el índice de condiciones locales hubiera vuelto a empeorar”, remarcaron desde Econviews, aunque advirtieron que “es claro que la brecha sigue siendo alta y una distorsión muy fuerte para la economía argentina”. En el terreno internacional el salto fue más importante, ya que en diciembre mejoró 11 puntos respecto de noviembre, al pasar de 11,9 a 22,9, y “se ubicó en terreno de confort por quinto mes consecutivo”. Entre las variables que miran está la liquidez global (medida como el spread entre la tasa de interés de los préstamos interbancarios con la deuda de corto plazo del gobierno de Estados Unidos), el riesgo europeo, la volatilidad de las monedas y acciones de países emergentes, la confianza en los bancos, la cotización de los bonos de Estados Unidos, la evolución de los commodities, el riesgo emergente, la inflación esperada norteamericana y el índice VIX en Wall Street. De las condiciones internacionales, siete variables mejoraron y tres empeoraron. “Las monedas emergentes y la volatilidad fueron los componentes que más ayudaron a la mejora del subíndice internacional”, detallaron, mientras que “los que empeoraron lo hicieron muy marginalmente, pero se destacó el de la liquidez global medido por el ‘TED Spread’”. “El aumento en la expectativa de inflación -indicador de mayor actividad económica- medida como el diferencial entre los rendimientos de los bonos de 10 años y de los TIPS (ajustados por IPC) fue el principal factor de mejora junto a la volatilidad de monedas emergentes y acciones”, analizaron más en profundidad desde Econviews. Según la consultora, “es importante monitorear cómo sigue esta dinámica ya que en los primeros días de enero se verifica una importante suba en los rendimientos de bonos del tesoro y un debilitamiento de las monedas emergentes” y también es importante hacia adelante el salto en la cotización de los commodities. Para 2021, la consultora destacó que “este año comienza con viento de cola internacional y si bien las condiciones locales son estresantes, lo son en una proporción menor al promedio del año pasado”.

(AMBITO) Advierten que habrá aumento de la mora en los bancos en los primeros trimestres de este año
Moody´s Local Argentina prevé un deterioro de los activos bancarios sujetos a riesgo de crédito durante los primeros trimestres del 2021, en línea con la finalización de dicha medida y de los subsidios en créditos blandos avalados por el Gobierno, los cuales a diciembre 2020 totalizaban más de 766.000 millones de pesos. Los bancos públicos y privados que operan en la Argentina registrarán un incremento de la mora durante los primeros trimestres de 2021 aunque mitigado parcialmente por las fuertes previsiones realizadas por las autoridades, analizó la agencia calificadora Moody´s. A pesar de la fuerte contracción económica y su profundización a partir de abril del 2020, los índices de mora crediticia del sistema financiero total se mantienen en niveles similares a los reportados en 2019, en gran parte debido a las dispensas otorgadas por el Banco Central en materia de clasificación de créditos, con finalización de vigencia en marzo del 2021. Moody´s Local Argentina prevé un deterioro de los activos bancarios sujetos a riesgo de crédito durante los primeros trimestres del 2021, en línea con la finalización de dicha medida y de los subsidios en créditos blandos avalados por el Gobierno, los cuales a diciembre 2020 totalizaban más de 766.000 millones de pesos. La agencia también señaló que existe una mayor exposición al sector público frente al menor crecimiento de los préstamos al sector privado. A octubre de 2020, el crecimiento de los activos del sistema financiero fue del 60,2% en términos interanuales, similar al crecimiento del 65,9% de los depósitos. Sin embargo, en línea con la caída de la actividad económica, los préstamos al sector privado no financiero sólo crecieron un 25,8% en el mismo periodo, aumentando la exposición de las entidades financieras tanto al Gobierno Nacional como a los instrumentos de esterilización del BCRA. Moody´s espera que esta tendencia se mantenga en los primeros meses de 2021, en tanto las necesidades de financiamiento del sector público se mantendrán altas y la demanda de crédito privado requeriría más tiempo en recuperar la participación previa. En ese contexto, la rentabilidad de las entidades se verá impactada por compresión de spread de tasas y eficiencia, dice el estudio. Durante 2021, Moody´s espera bajos niveles de rentabilidad para el sistema financiero consolidado, impactado por una compresión de spread de tasas y una mayor presión de gastos e impuestos sobre los balances de las entidades. «La caída de los préstamos al sector privado y el aumento de la exposición al sector público erosionan la rentabilidad en el corto plazo y generan una mayor incertidumbre sobre perspectiva del sector en el mediano plazo», indicó la agencia.

(AMBITO) Quiere el Gobierno reducir 50% el déficit del sector automotor
La estrategia oficial se basa en que el crecimiento del mercado se produzca a partir del incremento de ventas de vehículos nacionales y el aumento de las exportaciones. La falta de divisas obliga al Gobierno a definir su política industrial en base a una regla innegociable: cuidar los dólares. Funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo vienen manteniendo reuniones con directivos de las automotrices para acordar los fondos que habrá disponibles este año para importar vehículos. Tal como adelantó ayer Ámbito, las empresas ya recibieron una primera estimación del dinero que dispondrán en los próximos meses. Los encuentros se mantendrán en los próximos días para cerrar el número final aunque algo ya queda claro y es que los dólares serán escasos. Desde las terminales dejan trascender que el monto previsto está por debajo de sus necesidades para cubrir las proyecciones que tienen en cuanto a la compra de vehículos en el exterior ya que la prioridad será atender la demanda de piezas importadas para producir. Esta realidad va en línea con el propósito del Gobierno, tal como les fue planteado a las empresas. Los funcionarios comunicaron a las automotrices que este año deberán reducir fuerte el déficit del sector. El objetivo oficial es llevarlo a la mitad. Por ese motivo, el Gobierno le está otorgando a cada terminal menos dólares de lo previsto. Esa es una forma de forzarlas a corregir el desfase en el intercambio comercial, si quieren mantener la participación de mercado, a través del aumento de las exportaciones y de la nacionalización de piezas. En 2020, el rojo de la balanza del sector cerró ligeramente por arriba de los u$s4.000 millones. Casi el 40% de ese desequilibrio correspondió a las importaciones que realizan las marcas no radicadas en el país y la importación por parte de terceros de autopartes para reposición. El 60% restante se concentró en la actividad de las terminales locales que producen y, a su vez, importan la mayor parte de los 0 km que venden y de las autopartes que necesitan para producir. Medido en dólares, ese déficit equivale a unos 2.400 millones. “Lo que se busca para este año es que el rojo comercial se reduzca en un 50% y se baje a unos u$s1.200 millones” explicó una fuente que participa de las negociaciones. Hay que tener en cuenta que este es un volumen global ya que la situación de cada empresa es diferente. Algunas son superavitarias; otras, no. Una forma de bajarlo es a través del recorte de fondos que el Gobierno está haciendo con las automotrices pero con eso no alcanza. Por ese motivo, las fábricas deberán tener una política más agresiva en sus exportaciones y modificar el mix de ventas. Disminuir su oferta de 0 km importados e incrementar la de vehículos nacionales. Toda esta discusión se está dando con un mercado proyectado, según estiman los funcionarios, de 450.000 unidades para este año. Ese cálculo está entre las previsiones más optimistas. Desde el sector privado apuntan, como máximo, a 420.000 patentamientos con un piso de 370.000. La danza de números tiene que ver con el abastecimiento de autos que se produzca durante el año. La demanda, en la actualidad, está por arriba de la oferta. Esto hace pensar que se mantendrá la presión sobre los precios y, como sucedió en los últimos meses, que se requieran pagos por arriba de las listas oficiales para adquirir una unidad. El tema del volumen del mercado no es menor ya que alcanzar el objetivo oficial implicará mayor importación de 0 km medidos en números absolutos. Más del 60% de las ventas se concentran en vehículos que llegan del exterior por lo que a mayor volumen de operaciones, mayor es la cantidad de autos importados. Es cierto que en un año electoral es posible que haya flexibilidad oficial para que lluevan las críticas desde los consumidores por la disparada de precios, En los próximos días se develará el misterio ya que Gobierno liberará los permisos de importación para cada empresa para el primer trimestre y se podrá el nivel de recorte de unidades que tendrá respecto al año pasado. En esa situación se encuentran también los importadores de marcas no radicadas que esperan conocer la cuota de dólares que tendrán este año. Desde ya, se supone que vendrá con recorte.

(BAE) Sin la Mesa de Enlace, reabre la exportación de maíz y arman un «precios cuidados» del agro
Habrá un monitoreo de exportaciones. El acuerdo fue alcanzado con entidades y representantes del sector agroindustrial. No estuvieron las entidades que convocaron al paro.
El Gobierno y representantes del campo alcanzaron un acuerdo para liberar las exportaciones de maíz a cambio de un monitoreo de saldos exportables, como punto para poner fin al paro agropecuario que había comenzado este lunes. Las entidades que convocaron a la medida de fuerza no estuvieron presentes en la definición, pero complica la continuidad ya que se desactivó el principal foco de reclamo que era la apertura parcial de exportaciones, hasta 30.000 toneladas. Durante el encuentro, encabezado por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, se decidió «sustituir el límite de 30.000 tn diarias de exportación por un monitoreo del saldo exportable para llegar al empalme de cosecha sin tensiones, con el compromiso del sector privado». También se resolvió «un acuerdo de largo plazo con los sectores consumidores y proveedores de maíz, en sintonía con el Programa Nacional Precios Cuidados». De la reunión, participaron el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, José Martins,;el presidente de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras, el presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas; Roberto Domenech, el coordinador de la Mesa de las Carnes, Dardo Chiesa y el vicepresidente de CONINAGRO, Elbio Laucirica. Tambión etuvieron el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores, Guillermo Merediz, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta, el secretario de Alimentos y Bioeconomía, Marcelo Alós y el subsecretario de Coordinación Política de la cartera agropecuaria, Ariel Martínez y la Subsecretaria de Programación Regional y Sectorial del Ministerio de Economía, María Grosso.

(BAE) Tras el canje de Córdoba, el Gobierno supervisa la reestructuración de deuda de siete provincias
Busca que los gobernadores pateen los vencimientos para los próximos años y estirar en el tiempo la salida de dólares. Malestar de gobernadores con Schiaretti por el arreglo al que llegó con sus acreedores. Tras el canje de deuda anunciado el lunes por Córdoba justo antes de entrar en default, el Gobierno nacional avanzó hoy con la supervisión de los procesos de reestructuración que todavía están llevando adelante siete provincias, con el objetivo de que despejen en el tiempo los vencimientos en dólares todo lo posible y apliquen un recorte en los cupones similar al que se logró con los títulos soberanos. El encuentro con los representantes provinciales fue celebrado a las 17 y lo encabezó el titular de la Unidad de Apoyo de Sostenibilidad de la Deuda Pública, Rafael Brigo, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo. Fueron invitados los ministros de Economía de Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Tierra del Fuego, Buenos Aires, La Rioja y Salta. La convocatoria se dio a conocer tras la presentación de una demanda en los tribunales de Nueva York contra el distrito mesopotámico por el incumplimiento de un pago de intereses por USD12 millones, el primero contra una jurisdicción desde que iniciaron la renegociación de los bonos colocados durante el macrismo. El mismo camino podrían tomar Chaco, La Rioja y Buenos Aires, al tiempo que Salta abrió el período de gracia de 30 días para hacer frente al desembolso de un cupón. Por su parte, Córdoba anunció ayer a última hora que logró llegar a un acuerdo con sus acreedores, tras una mejora en la oferta que no cayó del todo bien entre sus pares, porque apenas recortó en un punto los intereses (del 7% promedio al 6%, por arriba de otros distritos y de la propia Nación). “Esto representa una reducción marginal en el cupón de interés, que rápidamente escala a la tasa original del título, viniendo la ‘concesión’ de los acreedores en la extensión de la maturity del nuevo bono”, evaluó la consultora Aerarium. Esto sienta un mal precedente para el resto de las provincias que siguen con el proceso de reestructuración, entienden en las gobernaciones, mientras el mercado termina de afilar el lápiz en lo que espera sean las futuras propuestas para poder cerrar los canjes. En ese sentido, un informe de Portfolio Personal Inversiones planteó un escenario de una nueva oferta de Buenos Aires en donde no hay quita de capital ni período de gracia para los intereses, al tiempo que el cupón se lleva al 3% promedio para el bono corto y a 5% el «largo», mientras se acortan los plazos de cancelación. Por su parte, un reporte de TPCG consideró que la propuesta de Entre Ríos deberá sumar una compensación de pago en efectivo para atraer a los acreedores, tal como hizo Río Negro, más allá de que haya mejorado sustantivamente la tasa de los cupones, que subió hasta el 7,5% a partir de agosto del 2023. En el Gobierno no se alarman por la demanda contra Entre Ríos. Argumentan que el juicio contra esa provincia fue iniciado por un fondo buitre y que el objetivo de la Unidad es lograr despejar los vencimientos en dólares para los próximos años para evitar presiones sobre la balanza de pagos, como ya lograron Chubut, Río Negro, Mendoza y Neuquén.

(BAE) Distribuidoras de luz advierten por un aumento acumulado del 80% en los costos
Las empresas señalaron su «preocupación» por el congelamiento de las tarifas, pero aclararon que con las inversiones realizadas a lo largo del año pasado no debería haber un aumento en los cortes del suministro. Las distribuidoras de electricidad advirtieron por un aumento en sus costos que acumulan desde el 2019 un 80%, y mostraron su preocupación por un congelamiento tarifario que aún no tiene un final a la vista. «La situación de las distribuidoras, ya afectada por el congelamiento tarifario, se vio aún más comprometida por la pandemia. Esto se debe a la morosidad en el pago de las facturas, a las deudas que se vieron obligadas a contraer con Cammesa, a la falta de actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), a los altos componentes impositivos y a la reducción de la demanda industrial que no logró compensarse con el aumento del consumo hogareño», señaló Adeera. «Algunas de las empresas cotizan en la Bolsa, por lo que sus balances son públicos y reflejan los inconvenientes mencionados respecto a la situación financiera y la necesidad de corregir esos puntos. Otras empresas son gestionadas directamente por los Gobiernos provinciales, por lo que esta situación afecta de manera directa la ya difícil situación fiscal imperante en las provincias», reza el comunicado difundido por las firmas. En ese sentido, la entidad aseguró que «las tarifas de los servicios públicos que rigen actualmente en el país son las más económicas de la región, comparadas por ejemplo con Uruguay, Brasil o Chile. Esto implica un fuerte atraso monetario en las distribuidoras que trae como consecuencia falta de fondos para continuar con el necesario nivel de inversiones para mantener la calidad del servicio». «La incidencia del servicio eléctrico en los costos para el sector comercial e industrial es del 2%, salvo los electrointensivos. Más aún, en nuestro país y en promedio, solamente el 29% de lo recaudado por las facturas corresponde al distribuidor (VAD) que se destina al pago de salarios, mantenimiento, compra de materiales e insumos y planes de inversión, entre otros. Por su parte, el 41% del precio corresponde a la energía mayorista y el restante 30% son impuestos directos. Cabe aclarar que la carga impositiva total del servicio es del 46%, considerando todos los impuestos de la cadena», explicaron. De todas formas, puntualizaron que «las distribuidoras han tomado deuda y postergado otras obligaciones para realizar obras de mantenimiento y mejora de las redes, esto implica que no deben esperarse mayores cortes que los que resultan habituales en los días de altas temperaturas». «Las asociadas de Adeera hoy tienen los procesos y los recursos necesarios para dar rápida respuesta ante eventuales interrupciones en el suministro», aseguraron. De acuerdo a la entidad, «el servicio eléctrico que brindan las distribuidoras mejoró notablemente en los últimos años y esto se evidencia principalmente en la disminución de los cortes. La calidad del suministro está regulada por el Estado y se mantiene gracias al esfuerzo coordinado de todos los operadores». «Las distribuidoras necesitan pautas más precisas para trabajar en un marco estable y así impulsar el desarrollo del país y continuar con la generación de empleo genuino tanto directo como indirecto. La situación macroeconómica define el futuro del sector, que no espera solamente una recomposición tarifaria sino un escenario de certidumbre para planificar el futuro del servicio eléctrico», concluyeron.

(INFOBAE) El Gobierno retomó la negociación con el FMI y prepara el primer pago de intereses del año El Ministerio de Economía deberá abonar los primeros USD 315 millones previstos para 2021 y espera llegar a un acuerdo antes de los vencimientos fuertes, que llegarían a los USD 1900 millones. Déficit y reservas, en la mira del Fondo. El Gobierno retomó esta semana el contacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a cuatro meses del plazo que se fijó el Ministerio de Economía para alcanzar un acuerdo con el organismo y reestructurar la devolución de USD 44.000 millones. En mayo, el objetivo en el calendario que se puso el Palacio de Hacienda para cerrar el nuevo programa, tendría lugar el vencimiento de deuda más grande que afronta el Estado este año: la cuota pendiente con el Club de París. Mientras tanto, en las próximas semanas el Tesoro deberá continuar con los pagos ya previstos al FMI en el cronograma vigente. El primer día de febrero se espera que el Poder Ejecutivo devuelva unos USD 315 millones a Washington. Forma parte de los vencimientos trimestrales que el país cubrió desde 2019 y que este año empiezan a escalar. El primer pago de intereses considerable tendría lugar -si no mediara un acuerdo que lo modifique- por casi USD 1.900 millones a fines de septiembre y otro monto similar días antes de la Navidad. El calendario sigue con devoluciones del crédito por más de USD 35.000 millones entre 2022 y 2023. Ese ese el sendero de repagos que Martín Guzmán busca renegociar con el organismo. Tras las Fiestas, en las últimas horas los funcionarios nacionales y los técnicos del Fondo Monetario retomaron el contacto. En diciembre, luego de la última visita del gabinete argentino a Washington, solo habían tenido lugar conversaciones informales, según aseguraron desde ambos lados. El primer día de febrero se espera que el Poder Ejecutivo devuelva unos 315 millones de dólares a Washington. Forma parte de los vencimientos trimestrales que el país cubrió desde 2019 y que este año empiezan a escalar. El representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, adelantó el inicio de la nueva etapa del diálogo, que por el momento será sostenido de forma virtual, sin misiones presenciales del país o del organismo. Los primeros días de intercambios incluirán, además de distintas áreas del Ministerio de Economía, al Banco Central. Típicamente, el ministro y el presidente de la autoridad monetaria son los encargados de firmar los programas financieros con el Fondo. El Gobierno planea hacer público un programa plurianual que abarque distintos indicadores económicos que actúen como referencia para los próximos años, como por ejemplo metas de acumulación de reservas, uno de los puntos en discusión con el FMI. Guzmán adelantó, incluso, que los controles cambiarios podría relajarse en la medida que el BCRA pueda ir engrosando su colchón de divisas. Las cifras que sean incluidas en ese programa serán trasladados al acuerdo con el Fondo. El déficit fiscal es otro tema a conversar entre el FMI y el Gobierno, principalmente en qué ritmo podría reducirse ese desequilibrio en las cuentas públicas en un contexto en que el Ejecutivo descartó -según lo esperado en el Presupuesto 2021- volver a implementar las medidas para mitigar el efecto de la pandemia, como el IFE, que implicó $90.000 millones por cada cuota. “Una cosa es tener una proyección racional del uso de recursos y otra, los procesos de ajuste. Hay una comprensión a nivel global de la necesidad de usar los espacios fiscales donde los haya y maximizar el uso de recursos para infraestructura sanitaria y cubrir la actividad económica. Los programas como el ATP y el IFE han sido muy mirados y también por otros lugares y otros países”, afirmó Chodos en los últimos días. Los próximos cuatro meses terminarán de configurar la forma y el fondo del nuevo acuerdo con el FMI. Algunas cosas el Gobierno ya las tiene en claro: el programa tendrá la duración que tienen habitualmente los Extended Fund Facility (EFF), unos de las opciones que aparecen en el menú del organismo y que incluyen entre 7 y 10 años de repago de la deuda. Según aseguró Héctor Torres, ex representante argentino ante el FMI, este tipo de acuerdos incluyen necesariamente una contraparte de reformas estructurales, como laborales, tributarias o previsionales. Hace algunas semanas Martín Guzmán lo descartó e incluso dijo que “hoy no se está discutiendo y ni siquiera se les está dando ese nombre”. En mayo, el plazo preliminar que se autoimpuso el Gobierno para conseguir el respaldo del directorio del FMI, tendría lugar el vencimiento más oneroso del año: los casi USD 2.300 millones acumulados de pasivos con el Club de París.
En ese sentido, Chodos negó que haya involucramiento de los técnicos del FMI en medidas como el cambio en la actualización de las jubilaciones. “En ningún sentido el Fondo está detrás de los cambios en la nueva movilidad jubilatoria ni es pedido del FMI la ley de movilidad ni forma parte de un pliego de condiciones. Es una decisión soberana de la Argentina la modificación de la fórmula”, apuntó. En mayo, el plazo preliminar que se autoimpuso el Gobierno para conseguir el respaldo del directorio del FMI, tendría lugar el vencimiento más oneroso del año: los casi USD 2300 millones acumulados de pasivos con el Club de París. Durante los últimos dos años del Gobierno de Mauricio Macri, el Estado realizó un pago “mínimo” para no incumplir, lo que implicó una cuenta en el debe que se fue agrandando con el tiempo. El año pasado, en medio de la negociación con los bonistas, Guzmán decidió no abonar los USD 2100 millones adeudados y anunció que buscaría reestructurar esos pasivos. Como el 2019 era el último año previsto de pago en el acuerdo original con ese consorcio de países, el saldo restante pasó a actualizarse a una tasa de interés de 9% anual. Recortar esa tasa de interés y reprogramar los pagos formará parte de una tercera negociación -tras los bonistas y el FMI- que deberá encarar Guzmán para terminar de reestructurar toda la deuda en dólares del país.

(INFOBAE) En medio del paro del campo, crece la tensión entre Argentina y Brasil por las exportaciones locales de trigo El gobierno de Bolsonaro autorizó en forma permanente la compra de ese cereal sin aranceles a otros países que no sean del Mercosur, siempre que no se supere el tope anual de 750 mil toneladas. Hasta el momento se requería una habilitación año a año para esos negocios. Días después de la decisión adoptada por el Gobierno de Brasil sobre la compra de trigo extra Mercosur, el embajador argentino en dicho país, Daniel Scioli, publicó un mensaje en las redes sociales mediante los cuales mostró su profunda preocupación y rechazo a las decisiones adoptadas por el presidente Jair Bolsonaro. El 1° de diciembre pasado, Bolsonaro publicó un Decreto por el cual el vecino país convirtió en permanente una cuota de importación libre de los aranceles extrazona el Mercosur para 750 mil toneladas anuales de trigo, que es más o menos el 15% de lo que debe importar para cubrir su consumo. Según el decreto, que también fue firmado por los ministros de Economía, Paulo Guedes, y de Agricultura, Tereza Cristina Dias, el gobierno de Brasil dispuso que: “Queda restablecida la concesión arancelaria otorgada por la República Federativa de Brasil, en el marco del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comerciales (GATT) por un contingente arancelario global mínimo de 750.000 toneladas por año con la tasa del Impuesto de Importación reducido a 0%, para los códigos 1001.19.00 y 1001.99.00 de la Nomenclatura Común del Mercosur”. Al respecto y teniendo en cuenta que Brasil es el principal comprador de trigo argentino, donde en 2020 importó desde a Argentina unas 5 millones de toneladas de trigo, el Embajador Daniel Scioli sostuvo: “Expreso mi profunda preocupación y rechazo por el Decreto 10.557 de la República de Brasil”. “Esta medida, que hasta 2020 era de carácter excepcional, afecta severamente al Mercosur”. Es que Brasil estaba usando de manera ocasional dicha cuota para comprar en Estados Unidos, Rusia, Canadá y Ucrania, y ahora con el Decreto de diciembre último ratifica dicha cuota de manera permanente. Analistas del mercado local sostienen que las diferentes intervenciones del Estado que sufrió el mercado de trigo, especialmente durante los gobiernos kirchneristas, que derivó en una baja en la producción y exportaciones, provocó que los compradores brasileños tuvieron que buscar otros mercados, a pesar del repunte de la producción de trigo a partir de 2015 y el esfuerzo realizado por los molinos y exportadores de nuestro país por sostener el intercambio comercial.