(Ambito) El Gobierno hará el canje de deuda ley local en septiembre. En Economía quieren llevarlo adelante el día 4, la misma fecha elegida para legislación extranjera.
El Ministerio de Economía trabaja contra reloj en la normativa que especifica los detalles del canje local con la intención de que la liquidación de las operaciones se concrete durante los primeros días de septiembre, “idealmente” en la misma fecha prevista para los títulos bajo legislación internacional, le confirmaron a Ámbito fuentes oficiales. De ser así, todos los instrumentos se canjearían alrededor del 4 de septiembre, día definido para el tramo de ley extranjera. El jueves de la semana pasada se produjo un encuentro entre representantes de bancos públicos y privados con funcionarios de la Secretaría de Finanzas, según contaron varias personas presentes en la reunión virtual. En ese encuentro, los funcionarios del equipo de Martín Guzmán le brindaron algunos detalles a las entidades financieras sobre el canje local y le informaron que apuntaban a concretar la liquidación de las operaciones durante los primeros días de septiembre, “idealmente” el 4, que es la fecha definida para el canje internacional. Esto fue confirmado desde los despachos oficiales a Ámbito. “Puede andar por ahí. No es fecha exacta. Pero están trabajando para tener todo listo para principios del mes”, detalló una fuente oficial. La publicación de los detalles del tramo local está atada a la presentación ante la SEC del prospecto de la última oferta que el país acordó con los bonistas externos. Desde el equipo de Finanzas le dijeron a este diario al comienzo de esta semana que apuntaban a publicar los términos de la reestructuración local pero que era “contingente a la fecha en la que finalmente se haga la enmienda al Prospecto y el correspondiente filing a la SEC”. Como adelantó Ámbito el lunes, el Gobierno buscará presentar la enmienda entre el jueves y el viernes, documento que contiene los detalles legales sobre los que todavía trabajaba una especie de “comisión redactora” integrada por el país y los acreedores, según confiaron fuentes del entorno oficial. El camino del canje local comenzó a mediados de junio. Toda la deuda en dólares emitida bajo ley local había dejado de pagarse, primero por decisión del exministro Hernán Lacunza y luego ratificada en abril de este año por el decreto 346, que pateó la cancelación de estos pasivos para 2021. El último día de julio, el canje local dio un paso más al aprobarse en el Senado la ley que habilitaba a Martín Guzmán a encarar el proceso de reestructuración y ocho días después, el sábado pasado, llegó la reglamentación de la normativa en el Boletín Oficial.
Propuesta
La canasta de instrumentos ley argentina que entran en el canje está integrada por Letes, Bonar, Discount, Par y lo que resta de linked soberanos (Lelink, AF20 y TV20). Los cálculos del mercado estiman que, en total, asciende a u$s41.700 millones, de los cuales el 34% está en manos privadas. A cambio, el Gobierno les dará a los inversores los mismos títulos que emitirá en la reestructuración externa, es decir títulos con vencimiento en 2030, 2035, 2038 y 2041. Además, el canje local incentiva a los inversores a pesificar parte de sus tenencias con una opción de vencimientos más cortos que los dólares, ya que les ofrecen bonos ajustados por CER (Boncer) con vencimiento en 2026 y 2028. La propuesta para aquellos que ingresen ahora ofrece intereses corridos hasta el 4 de septiembre y, en caso de no hacerlo ahora, solo se les computarán hasta el 6 de abril. Si, por el contrario, directamente optan por no canjear, los inversores verán reperfilados sus pagos hasta 2022.
(Infobae) El stock de depósitos a plazo fijo creció a casi el doble en nueve meses y llegó a los 2 billones de pesos
La suba de tasas impulsada por el BCRA y un mercado de cambios restringido apuntalaron a estas colocaciones frente a la expansión monetaria récord. Auge por bonos en pesos. Por las medidas de asistencia económica y social que lleva adelante el Gobierno, para atenuar los efectos del contagio de coronavirus sobre la actividad, se advierte un exceso de liquidez en la plaza financiera, que en parte se canaliza dentro del sistema financiero. En poco más de nueve meses, desde al ajuste del control de cambios posterior a las elecciones presidenciales, cerca de un billón de esos pesos fueron tomados por los bancos de manos de sus depositantes en colocaciones a plazo fijo y luego reabsorbidos por el Banco Central a través de la colocación de sus Letras de Liquidez (Leliq) a las mismas entidades financieras. En poco más de nueve meses, las colocaciones aplazo fijo crecieron más de $900.000 millones, un 82 El BCRA informó que el 6 de agosto pasado, los plazos fijos del sector privado no ajustables por CER/UVA alcanzaron los $1.974.178 millones ($1,97 billón), mientras los ajustables por CER/UVA -aunque en retroceso- sumaron los $36.230 millones. Así, las colocaciones a plazo del sector privado alcanzaron los 2 billones de pesos, frente a una Base Monetaria de 2,34 billones de pesos. El crecimiento de estas colocaciones a plazo fue de 82% o unos $910.000 millones desde el 28 de octubre. Al día siguiente de las elecciones que consagraron presidente a Alberto Fernández, el Gobierno de Mauricio Macri dispuso la limitación a USD 200 mensuales para la demanda privada vía homebanking, mientras que para las compras en efectivo el límite se fijo en USD 100 por mes. Desde entonces, al excedente de pesos por la emisión del BCRA -en torno a $1,8 billón- y un mercado de cambios restringido se les sumó la oferta de tasas de retorno positivas en términos reales para el ahorrista. El sobrante de pesos que no puede ir al dólar permite renovar los vencimientos del Tesoro y hacer crecer los plazos fijos
El BCRA decidió elevar a partir de agosto el piso a la tasa de interés que deben pagar las entidades financieras por los depósitos a plazo en pesos por hasta un millón de pesos, desde el 79% al 87% de la tasa de política monetaria, hoy en el 38% anual. Así, el rendimiento nominal anual pasó del 30% al 33% (rendimiento directo del 2,4% en 30 días), que se hace efectivo a un 38% anual si se renuevan los plazos fijos mes a mes durante un año. Estos retornos vienen compitiendo y hasta superando a la inflación en los últimos meses.
(Infobae) Murió Sergio Nardelli, el CEO de Vicentin, por causa de un ataque cardíaco
El empresario fallecido era el nieto del fundador de la empresa agroexportadora con sede en Avellaneda, provincia de Santa Fe. El empresario Sergio Nardelli, CEO y uno de los principales accionistas de Vicentin, murió este miércoles a los 59 años en su domicilio particular de la ciudad santafesina de Reconquista, como consecuencia de un ataque cardíaco, según confirmaron a Infobae fuentes de la empresa. Llevaba casi 34 años al frente de diversos cargos directivos en la empresa. El sepelio será este jueves 13 de agosto, a las 10, en el cementerio municipal de Reconquista. El fallecimiento se produjo cerca de las 22 del miércoles, luego de sufrir un “infarto masivo” mientras el empresario se encontraba en su casa, ubicada en pleno centro de la ciudad. Según informó el portal Reconquista Hoy, el deceso fue corroborado por el médico, Jorge De Pratto, quien además era primo del fallecido. En el lugar también estuvo el médico Gustavo Algañaraz, quien ratificó que “no había signos de violencia” en el lugar. A partir de esto, el fiscal de turno, Aldo Gerosa, dispuso la entrega del cuerpo a la familia. Nardelli estaba casado y tenía 4 hijos. Desde hace años se encontraba al frente de la agroexportadora, que atraviesa en la actualidad un momento económico y financiero muy delicado, que generó en febrero pasado su ingreso en convocatoria de acreedores, que se tramita en los Tribunales de Reconquista, con una deuda superior a los 1.000 millones de dólares. Sergio Nardelli, más conocido como “el Mono”, era hijo de una Vicentin, y reemplazó a Alberto Padoán en el cargo, aunque en rigor fue parte de una conducción familiar colegiada entre los principales herederos. Lo acompañaron como Directores y parte de la conducción de la empresa, los dos hijos de Padoán: Máximo y Cristian. Nieto de uno de los fundadores de la empresa con sede en Avellaneda, provincia de Santa Fe, el empresario había encabezado los contactos con el gobierno nacional y con otras autoridades para oponerse al plan de intervención y expropiación de la compañía, que luego fue desactivado por el propio Alberto Fernández.
(Infobae) ¿Cuán cerca está el stock de Leliq de una crisis al estilo Lebac?.
En los 80 el festival de bonos en el Central dio paso a una crisis financiera. La experiencia reciente de las Letras de Liquidez es aleccionadora sobre los riesgos de niveles de pasivos remunerados del BCRA. Una de las “minas terrestres” que dejó sembrada la gestión de Cambiemos fue un stock de pasivos remunerados del BCRA del orden $1,1 billones, entre Letras de Liquidez (Leliq) y Pases. Esto representaba un 63% de la base monetaria. Además el taxímetro de esta deuda del BCRA giraba a tasas del 63% y 55% anual respectivamente. Así el costo mensual era aproximadamente de entre $50.000 y $60.000 millones. Poco pudo hacer el nuevo gobierno, más que intentar bajar las tasas al comienzo de su gestión, ya que sobrevino la pandemia y con ella el fenomenal financiamiento del BCRA al Tesoro. Así en poco más de un semestre el stock de Leliq y Pases ya se elevó a $2,5 billones, lo que es hoy un 107% de la base monetaria. Claro que por suerte las tasas a las que se remuneran bajaron sustancialmente al 38% y 19% anual respectivamente. Así y todo el gasto en intereses ya suma en lo que va del año casi $380.000 millones. Lo mismo que en el gobierno anterior, pero bajo la pandemia. Mucho ya se ha hablado de la bomba de las Leliq, incluso durante la campaña electoral, pero lo cierto es que sin lugar a dudas lo que era un dolor de cabeza a resolver se ha transformado en un artefacto explosivo, al que aún nadie sabe cómo desactivar. Lo único que todos los analistas coinciden es que la clave para el proceso cambiario e inflacionario es que el stock deje de crecer. Algunos economistas como Ricardo Arriazu esperan que en el segundo semestre haya menos emisión por menor déficit y más roll over de la deuda en pesos. Sin embargo, el consenso estima que aún resta emitir entre $1 y $1,5 billones para cerrar el año (lo que quizás requeriría un DNU porque el BCRA por Carta Orgánica ya no podría darle al Tesoro más de $700.000 millones). Y dado que la demanda de dinero parece haber cubierto su apetito precautorio, no hay mucho margen como para seguir inyectando pesos en la economía por lo que el BCRA continuará esterilizando a todo vapor, es decir, absorberá los pesos sobrantes vía Leliq y/o Pases. Hechas todas las salvedades sobre los riesgos de seguir encapsulando emisión en el pasivo del balance del BCRA, las experiencias históricas muestran que nunca hubo finales felices. Muchos recuerdan el déficit cuasifiscal generado por la Cuenta Regulación Monetaria de los 70/ 80 o el festival de bonos de fines de los 80. Pero la experiencia más enriquecedora es el muy reciente experimento de las Letras del BCRA (Lebac) que gestó la administración de Cambiemos. Por eso cabe preguntarse cuán cerca se está del límite. Al respecto, un estudio de EcoGo muestra la evolución de la sumatoria de la base y los pasivos remunerados desde 2004 a la fecha, la cual alcanzó en 2018 a casi 21% del PBI. Hoy esa relación se ubica ya por encima del 18%. Cabe recordar que al 21% sobrevino la hecatombe. Otro dato escalofriante es que el ratio de base más pasivos remunerados (en u$s) sobre las reservas netas eran en ese momento de 4, similar al actual. Pero quizás más ilustrativo resulta un cálculo elaborado por Macroview que establece el stock de pasivos remunerados a pesos de hoy, en la previa de la debacle de las Lebac, en $3,3 billones. Lo que Carlos Melconian llamó la corrida de los “velociraptores”. Hoy está en $2,5 billones. O sea, se está a unos $800.000 millones. Por ello es clave que reaccione el crédito privado y acompañe el crecimiento de los depósitos y no crezca más el stock de Leliq y Pases.
(Ambito) Los «retailers», el último escollo de Argentina para el éxito del canje
Una vez hecho el registro se abrirá el cuaderno de recepción de aceptaciones y comenzará la cuenta regresiva para alcanzar el mínimo estipulado. En horas Argentina presentará ante la Security and Exchange Commission (SEC) la oferta oficial y definitiva de canje de deuda de títulos públicos emitidos bajo legislación internacional. Y en 48 horas reglamentarias después se abrirá el cuaderno de recepción de aceptaciones, y comenzará la cuenta regresiva para que Martín Guzmán logre alcanzar el mínimo de adhesiones de 75% promedio; divididos en 75% para los bonos lanzados desde el 2016 y 85% para la deuda derivada de los canjes 2005 y 2010. Para esto esperará el palacio de Hacienda que los que más rápidamente se acerquen a los despacho de la SEC, sean los fondos de inversión de los tres grupos que representan a los acreedores. Será un triunfo cuando casas de inversiones como Ashmore y Autonomy anoten su aceptación, dado que son los fondos más duros de toda la negociación. Obviamente también será un momento para la satisfacción personal de Guzmán, cuando el que adhiera sea BlackRock. Será importante además la noticia de la afirmación de Monarch, uno de los fondos con más deuda emitida en 2005 y 2010. Mientras, en paralelo, Hacienda desarrollará una estrategia particular para legar con su mensaje de canje a la mayor cantidad de tenedores particulares posibles, distribuidos alrededor del mundo. Tal como adelantó este diario, para que este proceso sea exitoso se necesitará la acción directa del Bank of América y el HSBC, contratados por el país para que la colocación de los nuevos bonos sea eficiente. Y, de paso, para que contacten a los bancos colegas de Wall Street para interesar a sus clientes poseedores de deuda argentina. Todo este proceso se anticipa exitoso, luego del acuerdo alcanzado hace 10 días entre las partes, y después de discutir durante 8 duras jornadas sobre los alcances de los términos legales de los contratos de reestructuración que serán enviados a SEC. Sin embargo, Argentina ya fue alertada por los abogados que intervienen en la negociación sobre la aparición de un nuevo peligro que podría complicar el proceso: los “retailers”, una versión Wall Street de los locales “caranchos financieros”. Se trata de abogados especializados en litigar en los tribunales de Manhattan, también el del segundo Distrito Sur manejado por Loretta Preska, y que están a la búsqueda de casos particulares de inversores en acciones, deuda privada y pública, para demandar por posibles daños al patrimonio; alegando grises en artículos de las normas que aplica la propia SEC, con resultados inciertos. Se sabe que los “retailers” ya actúan contra el proceso de reestructuración de deuda que está protagonizando Ecuador; aludiendo que los inversores particulares no fueron citados a negociar y a discutir sus posiciones, y que en la negociación cerrada a fines de julio sólo hubo abogados representantes de los fondos de inversión. En estas presentaciones, se alude a que el diseño de los bonos fue acordado a la medida de estos fondos, y que no le conviene a las finanzas de los particulares. Por ahora no habría problemas con el proceso ecuatoriano.
Proceso despejado
El jueves de la semana pasada el proceso que encaró el presidente Lenin Moreno quedó legalmente despejado, al decidir la jueza Valerie Caproni rechazar cualquier presentación que cuestione la apertura y desarrollo del proceso de reestructuración. La magistrada del Segundo Distrito Sur de Nueva York (una ex-FBI hoy colega de nivel de Loretta Preska), le negó a los fondos de inversión Contrarian Capital Management LLC y GMO la presentación del 29 de julio de una demanda de acción colectiva para detener el proceso del país latinoamericano, aduciendo que la quita era inaceptable. Contrarian y GMO aseguraban que se trataba de un canje “compulsivo” a partir de las amenazas de las CAC, y reclamaban acciones directas de la justicia norteamericana para frenar el proceso primero, y, suspenderlo después de haberse llegado un arreglo. Caproni dictaminó que “nadie está siendo obligado a aceptar la oferta pública”, dando por cerrada la alternativa de abrir una causa. El fallo de Caproni, sin embargo, se basa en que no se suspendería el proceso de canje ecuatoriano; pero no trata de la cuestión de fondo sobre la legalidad final del proceso de aplicación de las cláusulas de acción colectiva (CAC). Tampoco atendió aún los reclamos de los “retailers” (minoristas) sobre la falta de información y participación en las negociaciones; todas cuestiones que quedarán para cuando el proceso termine. El caso ecuatoriano refiere indirectamente también al canje argentino, ya que se trataría de dos causas que se manejarían en paralelo, siempre que haya apertura de los tribunales para los reclamantes. Mientras tanto el peligro es que los “retailers” contacten a los bonistas particulares con deuda en los bancos internacionales (y algún pequeño fondo de inversión irreductible que siempre aparece), para convencerlos para que no entren en el llamado y se mantengan en la categoría de holdouts.
Luego se armaría una causa judicial para presentar ante Preska, la que la jueza debería resolver cuando el proceso termine y los nuevos bonos ya estén emitidos. La presión sobre la jueza dependerá de la cantidad de particulares con bonos argentinos que consigan convencer los “retailers”. Judicialmente no hay antecedentes sobre los que los abogados de ambas partes puedan descansar para su éxito en eventuales demandas, ya que no hay causas ni abiertas ni cerradas sobre reestructuraciones de deudas y holdouts que hayan sido resueltas después de los cambios institucionales del 2014. Habrá entonces una carrera entre el gobierno de Alberto Fernández y el Bank of America y el HSBC por un lado, y los abogados “retailers” por el otro.
(Cronista) Analizan cuándo aumenta la nafta y el gasoil Se hablaba de este viernes como la fecha, pero en el Gobierno dicen que todavía no hay «nada cerrado».
Tras discusiones internas, dejan la puerta abierta para que sea desde septiembre. ada cerrado. El aumento la nafta y el gasoil todavía es incierto. Aunque parecía inminente el fin de semana, generó idas y vueltas al interior del Gobierno, como cada vez que se genera el rumor de un impopular descongelamiento de los precios de la energía. Fuentes importantes del oficialismo descartaron ante la consulta de El Cronista que este viernes se vaya a aplicar un incremento de entre 7% y 10%, tal cual surge de la versión de un directivo de la petrolera estatal YPF. En cambio, la puerta para la primera suba de combustibles del año queda abierta para septiembre, explican en el Gobierno. Las refinadoras se plegarán al movimiento de YPF, que concentra más del 55% de las ventas de naftas y gasoil en todo el país. En el medio, también, está pendiente el reclamo de los productoras locales de biocombustibles para que se descongelen los precios del bioetanol y el biodiesel, que se mezclan con las naftas y gasoil en un 12% y 10%, respectivamente. Las declaraciones públicas de los funcionarios no dejan lugar para las dudas: el presidente, Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y los ministros de Economía y Desarrollo Productivo, Martín Guzmán y Matías Kulfas, reconocieron que hay un problema con los precios de los combustibles y hay que rescatar del ostracismo financiero a la petrolera estatal. Sin embargo, no hay acuerdo entre las líneas internas del Gobierno sobre cómo y cuándo hacerlo. La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, podría tener la última palabra. Su buena relación con Miguel Galuccio, ex titular de YPF y actual presidente de Vista Oil & Gas puede destrabar el aumento. El ejecutivo, que forma parte del directorio de la empresa de servicios petroleros Schlumberger, conoce el paño de las finanzas de la firma con sede en Puerto Madero y cree que una suba de precios podría ser una buena señal para los inversores. Los precios de las naftas y el gasoil están congelados desde el 1° de diciembre. El último fin de semana de 2019, el titular de YPF, Guillermo Nielsen, anunció un incremento de 6%, que encendió una interna oficial. Tuvo que dar marcha atrás. En marzo, una suba del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC) repercutió en un alza de 13 centavos para la nafta súper y de 15 centavos para la nafta premium. Al mes siguiente, en abril, el Gobierno decidió recuperar todo el atraso de los tributos, que era de un 30% y hubiera significado una suba de 6% en el precio final, pero las petroleras debieron absorberlo, ya que tampoco habían bajado sus precios por el desplome del petróleo a nivel internacional. Ya en mayo se oficializó el precio sostén o «barril criollo», de u$s 45 por barril de crudo, y se congelaron informalmente los precios en surtidores. Los impuestos, al menos, no aumentarán hasta el 1° de octubre, por decreto. Hasta junio, los precios estaban equiparados a la paridad de importación. Pero la suba del barril y la constante devaluación del peso frente al dólar suman otra vez presiones. Según cuentan los ejecutivos de las refinadoras privadas, el atraso de los precios de los combustibles va entre un 10% y un 15%.