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• (INFOBAE) La provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente que no podrá pagar la deuda que vencía el 26 de enero A través de una solicitada, el gobernador Axel Kicillof adelantó que negociará con los acreedores una postergación del pago del bono Buenos Aires 2021 hasta el 1° de mayo. La deuda asciende a USD 275 millones. El gobierno de la provincia de Buenos Aires confirmó oficialmente que no podrá pagar un bono que vencía el 26 de enero. En una solicitada publicada en matutinos, el gobierno de Axel Kicillof anunció que buscará el consentimiento de sus acreedores para postergar hasta mayo el pago del Bono Buenos Aires 2021 (BP21) que cae a fin de mes. El título en cuestión fue emitido hace 10 años, el 26 de enero de 2011, cuando Daniel Scioli gobernaba el distrito. Ayer los títulos de deuda de la provincia gobernada por Axel Kicillof cayeron hasta 10% luego de que se conociera que la Nación no cubrirá sus vencimientos de deuda de este mes, y arrastraron a todo el mercado a la baja. “El 14 de enero la provincia de Buenos Aires anunció que solicitará el consentimiento de los tenedores de sus Bonos 10,875% con vencimiento en 2021 para aprobar ciertas enmiendas a sus términos y condiciones”, dice la solicitada publicada hoy. “El propósito general de las enmiendas propuestas es liberar temporalmente a la Provincia de ciertas obligaciones financieras de corto plazo aplazando hasta el 1° de mayo de 2020 la próxima fecha de pago del principal, originalmente establecida para el 26 de enero de 2020”, agrega el texto. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, además, difundió el contacto de una firma de asesoría financiera con base en Nueva York, Morrow Sodali, con el fin de que los acreedores puedan contactarse para adherirse a la propuesta. En un comunicado de prensa, el ministro de Hacienda y Finanzas de Kicillof, Pablo López, advirtió que en caso de que los tenedores no acepten la propuesta, el daño en la economía bonaerense podría ser mayor. “La propuesta de la Provincia se formula bajo el entendimiento de que el rechazo del mercado al diferimiento propuesto resultaría en mayores daños a la economía bonaerense y pérdidas para los inversores en general, que con este paso pueden evitarse”, planteó. El ministro de economía de la Nación, Martín Guzmán, afirmó este fin de semana que el gobierno nacional no contempla un auxilio financiero para la provincia de Buenos Aires, que deberá afrontar el próximo 26 un pago de vencimientos por USD 275 millones, con un período de gracia de 10 días. Pasado el plazo, el distrito caería en default. El bono en problemas, el BP21, llegó a bajar 10% en el exterior, aunque concluyó estabilizado a USD 66 por lámina de USD 100. Sería el primer reperfilamiento de deuda provincial desde que la Nación postergó en dos ocasiones el pago de Letras del Tesoro de corto plazo, decisiones por las que las calificadoras de riesgo colocaron a la Argentina en situación de default. A diferencia de la Nación, Kicillof busca a contrarreloj un acuerdo previo con los acreedores para definir la postergación en el pago. Entre el 19 y el 26 de enero la provincia enfrenta vencimientos que suman USD 571 millones. Mercado en vilo Las idas y vueltas alrededor del pago del BP21 mantuvieron en vilo al mercado en las últimas ruedas. El viernes, una versión respecto a que la Nación saldría en auxilio de la provincia hizo que los títulos de deuda de ese distrito tuvieran un importante repunte. Pero el domingo Guzmán se encargó de dar por tierra con esa idea. La rueda del lunes puso a los bonos provinciales en el centro de la escena, con caídas que arrastraron a todo el mercado. Los bonos soberanos en dólares reflejaron bajas de entre 2% y 4%, el riesgo país subió 10 puntos a 1828 unidades y le Bolsa retrocedió. El propio presidente Alberto Fernández respaldó anoche la postura de Guzmán. “No está previsto en las cuentas del Estado nacional. Es la más estricta realidad. Después tenemos que ver cómo encarar el problema. Lo que se heredó de la gestión anterior es todo deuda”, explicó el Presidente en una entrevista concedida al canal de noticias C5N. Desde la Nación y la Provincia de Buenos Aires trataban de desterrar cualquier rumor de cortocircuitos entre el Presidente y el Gobernador. Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que “no se puede asistir a todas las provincias” y que “el paraguas es el mismo para la Nación y para las provincias: se está renegociando con los acreedores para buscar la sustentabilidad de la deuda”. Por el lado de la provincia de Buenos Aires las reacciones fueron en el mismo sentido. Desde el entorno de Kicillof señalaron que los dichos de Guzmán “fueron realistas”. Y hasta fueron un poco más lejos al asegurar que “la política de deuda está totalmente coordinada entre la provincia y la Nación”, dando a entender que nadie hace ni dice algo por su cuenta sin que no haya sido conversado con anterioridad. Ante la inminencia del default bonaerense, los tenedores de deuda bonaerense ya definieron la defensa. El comité de acreedores de deuda externa de la provincia de Buenos Aires, con el asesoramiento financiero de Mens Sana Asesores, del argentino Marcelo Delmar, y BroadSpan Capital, contrató a dos estudios de abogados: Arnold & Porter como asesor internacional, y Bruchou, Fernández Madero y Lombardi como abogado argentino.

• (Infobae) Qué valor tendrá el dólar a finales del 2020, según el BNP Paribas Para el banco internacional, el peso argentino puede ser considerada “la peor moneda del mundo”. El peso argentino, la moneda más débil del mundo en los últimos dos años, no tiene para donde moverse sino a la baja, ya que el país lucha por contener los desenfrenados aumentos de los precios al consumidor, según el pronosticador más acertado de la moneda en el cuarto trimestre de 2019. “Vemos que el peso en algún momento se depreció y se puso al día con un régimen de inflación persistentemente alto”, dijo Gabriel Gersztein, director de estrategia global de mercados emergentes de BNP Paribas, con sede en Sao Paulo, según informó Bloomberg. El peso se ha mantenido estable justo por debajo de 60 unidades por dólar en el mercado mayorista desde que el gobierno recurrió a controles de capital en agosto, a raíz de una inesperada victoria primaria del presidente Alberto Fernández que provocó una caída en picada de la moneda. Si bien Gersztein espera que los controles de capital se mantengan fijos, apuesta a que el gobierno eventualmente permitirá que el peso spot se debilite para mantener constante la diferencia con el llamado contado con liquidación, que actualmente valúa la moneda en 80,4 por dólar. BNP Paribás espera que el gobierno de Alberto Fernández mantenga los controles de cambios Gersztein dice que ese proceso podría comenzar en marzo o abril, y que el peso en el mercado mayorista alcanzará los 100 pesos por dólar para fines de 2020, una disminución de 40% de la tasa oficial actual. Fue la moneda de peor desempeño del mundo frente al dólar en términos nominales tanto en 2018 como en 2019. “Si el nivel del mercado se sobrepasa, la tasa oficial tendrá que ajustarse”, dijo. “Este régimen cambiario tiene un costo sustancial para la economía real”, agregó. La segunda economía más grande de Sudamérica está a punto de contraerse por tercer año en 2020, su tasa de desempleo se mantiene en dos dígitos y la inflación anual por encima de 50%. Gersztein estima que la nación sudamericana tiene solo USD 14.000 millones restantes en reservas líquidas netas que podrían usarse para mantenerse al día con la deuda. La deuda bruta de Argentina es superior a USD 300.000 millones, según datos del gobierno, incluidos los préstamos del Fondo Monetario Internacional y de bonistas privados.

• (Ambito) Generadoras reclaman por deuda de $45.000 millones. Según se informó, la deuda que le reclaman a Cammesa corresponde a un porcentaje (el 22%) de noviembre y todo el mes de diciembre. «Es fundamental que se cumpla con los planes de pago para asegurar el normal funcionamiento», advirtieron las empresas. Las empresas generadoras de energía eléctrica le reclamaron a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) por una deuda millonaria y alertaron que “es fundamental que se cumpla con los planes de pago para asegurar el normal funcionamiento” de las mismas. El pedido se realizó formalmente mediante una carta firmada por Daniel Garrido, presidente de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Ageera), y estuvo dirigida al gerente general de la compañía estatal, Esteban Kiper. Según se informó, la deuda rondaría los $45.000 millones y corresponde a un porcentaje (el 22%) de noviembre y todo el mes de diciembre. “Requerimos en forma urgente se arbitren todas las medidas necesarias para evitar las demoras en los pagos de las transacciones de los generadores”, señala la carta, para que Cammesa “cancele las sumas adeudadas con los intereses correspondientes, a la mayor brevedad”. Desde el Gobierno, en tanto, respondieron: “Heredamos una deuda de más de $60.000 millones. El precio estacional de noviembre lo dejaron congelado, lo que hizo que se acumule un importante atraso. A esto hay que sumarle que el Tesoro heredó una caja estallada. Por consiguiente, la situación hoy es 100% herencia recibida…”. Así las cosas, admitieron a este diario, “no hay nada que el nuevo Gobierno pudiera hacer para amortiguar la situación de corto plazo”

• (Ambito) Tambalea cláusula gatillo en provincias por rojo en cuentas. En 2019, aplicación de subas de salarios por IPC desequilibró finanzas de los distritos. Agonía prematura en Córdoba y Tucumán. Gobernadores apuntan otros esquemas en paritarias 2020. Las paritarias de este año en las provincias entre gobiernos y gremios de estatales revistarán una paradoja. La misma inestabilidad que originó ese invento argentino como es la “cláusula gatillo” derivó en niveles tales de descontrol inflacionario que llevará a que ese mecanismo se termine ahora disparando a sí mismo. Un esquema de negociación que nació para errar en los cálculos, pero no para soportar los márgenes de pifia de 2019. Por eso, en la antesala de las negociaciones con los sindicatos, los gobernadores ya trabajan en esquemas para ponerle fin al método de actualización automática de salarios en relación a los índices de inflación. Las provincias que habían dado ese beneficio a los estatales tuvieron en 2019 una presión extra sobre sus cuentas, que no pudieron compensar con una recaudación a la baja por la menor actividad. Es que al incluir gatillo en las negociaciones, en las provincias sospechaban que la inflación 2019 quizás fuera más elevada que el 23% que había pronosticado el gobierno de Mauricio Macri… pero no un IPC cercano al 55% (el Indec lo anunciará mañana). Es decir, las erogaciones corrientes por pago de haberes (en muchos distritos, el mayor gasto) también quedaron lejos de los presupuestos provinciales que habían aprobado las respectivas legislaturas entre finales de 2018 e inicios de 2019. Con el sector docente, la decisión del ministro de Educación Nicolás Trotta de convocar a las paritarias nacionales -que había extirpado Macri- le da algo de respiro a las provincias: en esa discusión se fija un piso salarial sobre el que luego empiezan a negociar en cada distrito. En los pagos donde rige la actualización por IPC, ese piso queda bajo. Final anticipado En algunas provincias, la agonía del gatillo fue prematura. Córdoba y Tucumán, por caso, dejaron la actualización automática antes del cierre del IPC 2019. El último en suspender fue el tucumano Juan Manzur, quien anunció la semana pasada la postergación de la cláusula gatillo para los estatales en relación con el último tramo del año. Luego, Manzur voló a Buenos Aires y se reunió con el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro, y al día siguiente recibió un adelanto de coparticipación por $1.000 millones para darle respiro a las finanzas tucumanas. En Córdoba, la administración de Juan Schiaretti se rigió por aumentos automáticos hasta septiembre. Y Santa Fe pasó a un esquema de revisión mensual en agosto pasado, durante la gestión de Miguel Lifschitz. Hasta el momento, se siguió aplicando el gatillo incluso en el primer mes de Omar Perotti como gobernador, quien deberá ahora afrontar una negociación. “Hay que sentarse a hablar con los gremios”, dicen en el entorno del mandatario peronista, donde están expectantes de lo que se cierre a nivel nacional. A raíz de las dificultades económica, Perotti extendió el cronograma de pagos a estatales semanas atrás. Este hecho sumado a las denuncias sobre el estado de las cuentas de Santa Fe, hacen presagiar una discusión tensa con los sindicatos, que exigirán seguir atando los sueldos al IPC. Complicado En Mendoza, el Gobierno dejó entrever que la continuidad de la indexación por inflación será al menos difícil. Durante el mandato de Alfredo Cornejo, su ministra de Hacienda Paula Allasino había señalado que la cláusula gatillo “complicó los números”. Ahora, los funcionarios de Rodolfo Suarez apuntan a modificar el esquema y ofrecer a los sindicatos un porcentaje fijo de aumento, con la posibilidad de una reapertura de la paritaria si se vuelve a disparar la inflación como en 2019. Un caso similar se da en San Juan. Antes de que el peronista Sergio Uñac iniciara su segundo mandato, su actual vice y entonces ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, había manifestado que ”con este escenario, no se va a poder aplicar el año que viene”. Su sucesora en Hacienda, Marisa López, mantuvo el libreto. “Es muy difícil de sostener la cláusula gatillo como única variable a tener en cuenta para un acuerdo salarial”, dijo López ante la consulta de este medio. Si bien no descartó su aplicación, la propuesta a los gremios incluirá modificaciones. Asimismo, los docentes bonaerense, con Roberto Baradel (Suteba) a la cabeza, le pidieron el 26 de diciembre a Axel Kicillof que, como deseo para 2020, mantenga la cláusula gatillo. Será el debut del gobernador en una paritaria que a su antecesora María Eugenia Vidal nunca le ahorró disgustos. En Buenos Aires, Agustina Vila, titular de Educuación, puso paños fríos al reclamo e indicó tras esa reunión que “hay que analizarlo en el contexto de la paritaria”. Y derivó el foco en la mejoras de aspectos edilicios. En La Plata también aguardan el desenlace de las esperadas paritarias nacionales para cada sector. En Neuquén, donde los salarios se actualizan por trimestre en base a un promedio del IPC Neuquén, Córdoba e Indec, manifestaron a Ámbito Financiero desde despachos cercanos a Omar Gutiérrez que están en plena negociación con los gremios. Y en Salta, en la órbita de Gustavo Sáenz señalaron que aún no hay definiciones respecto a la propuesta que llevarán a los sindicatos.

• (Ambito) Central Puerto: Fix confirmó calificación por buen desempeño. Según la calificadora, la generadora de electricidad «aumentó la eficiencia promedio de su parque» y su flujo de caja es «sólido, estable y predecible». La calificadora de riesgo Fix (afiliada de Fitch Ratings) confirmó en Categoría A+(arg) con perspectiva Estable la calificación de Emisor de Central Puerto S.A. (CEPU). Asimismo y en base al análisis efectuado sobre “la buena capacidad de generación de fondos de la empresa y la alta liquidez de sus acciones en el mercado”, Fix confirmó en Categoría 1 la calificación de las Acciones Ordinarias de la energética. Central Puerto es la mayor generadora privada del sector eléctrico nacional. Aporta un 10% de la potencia total del sistema y 14% de la correspondiente a los generadores privados. Fix afirmó que la compañía “posee una capacidad instalada de 4,2 Gw, diversificada en términos de tecnologías operadas, que logró reconvertir casi en su totalidad luego de una inversión de u$s800 millones en los últimos tres años”. Y destacó que “se esperan inversiones adicionales por u$s300 millones para alcanzar una capacidad nominal total de 4,9 Gw en 2021”, es decir, 16,6% más que ahora. Según la calificadora, CEPU “ha disminuido significativamente los riesgos asociados al despacho y al abastecimiento de combustible, tras aumentar la eficiencia promedio de su parque ante una posible mayor competencia y/o desregulación del sector”. La compañía “presenta una generación de flujo de caja operativo sólida, estable y predecible”, remarca el informe. Y dice que el aumento de los contratos de largo plazo “redujeron la dependencia de la resolución 1/19” (de la Secretaría de Energía). Esa es la norma que recortó la remuneración en el mercado spot y provocó, según Fix, “un impacto negativo en el Ebitda (resultado antes de impuestos, intereses y amortizaciones) por unos u$s45 millones anuales, lo que representa cerca del 15% del flujo generado por la compañía”. Fix señala que como compensación hubo un aumento en la generación de fondos provenientes de la central Brigadier López, que aportó u$s40 millones de Ebitda el año pasado y se calculan u$s72 millones en 2020. “La fuerte depreciación del tipo de cambio del último año incrementó el déficit del sector eléctrico, el cual dependía a septiembre pasado en un 30% de subsidios públicos, lo que podría aumentar la discrecionalidad de Cammesa (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) en el pago de sus compromisos”, advirtió Fix. No obstante, Central Puerto “muestra una flexibilidad financiera e indicadores crediticios superiores a la media de su categoría”, concluyó la agencia.

• (Ambito) Pablo López, ministro de Economía bonaerense: «La deuda es insostenible» El funcionario de Axel Kicillof se refirió a la propuesta que le hicieron a los bonistas, que deben aceptar al menos 75% de los tenedores. «Vamos a ir paso por paso», dijo. El ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, dio detalles sobre la propuesta de reperfilamiento a los tenedores de bonos de deuda bonaerense que vencen a fin de mes. «La situación de la provincia es muy compleja y la situación de la deuda es extremadamente difícil de sobrellevar», justificó el funcionario de Axel Kicillof. El titular de la cartera económica bonaerense explicó la idea de postergar el pago de los 275 millones de dólares que vencen el 26 de enero, al próximo al 1 de mayo. La propuesta debe ser aceptada por al menos el 75% de los tenedores para ser válida. «Estamos trabajando para eso, el universo de bonistas es diverso, hay fondos de inversión más grandes y más chicos, inversores particulares, venimos charlando», explicó el funcionario en diálogo con Radio La Red. «Tenemos la confianza en que lo que estamos planteando es algo razonable, los bonistas con los que venimos conversando entienden la situación, hay un consenso generalizado de que la deuda es insostenible», afirmó López. Luego aclaró: «Estamos planteando que hace falta una solución integral, amplia; no es nuestra intención ir trabajando vencimiento por vencimiento, esta es una situación particular por la fecha». “El primer paso fue la ley de emergencia. Luego, nos abrimos al diálogo, recibimos ideas, y en base a eso, sacamos esta solicitud formal de consentimiento del 75%”, destacó López. Sin embargo, advirtió que “si no se alcanza el 75%, no se puede aplicar la enmienda por lo que no estarías en condiciones de afrontarlo. La situación de la Provincia de Buenos Aires es muy compleja” «La situación de la deuda es extremadamente difícil de sobrellevar», alertó.

• (La Nación) Impulsarán los plazos fijos ajustables para contrarrestar la baja de tasas. Además, les pidió que rehabiliten la posibilidad de que sus clientes puedan participar de las subastas de Letras del Tesoro a tasa variable que realiza el Ministerio de Economía para refinanciar la mayor parte posible de la deuda local en pesos que le vence. Dicha posibilidad había quedado vedada tras el reperfilamiento compulsivo de Letes, Lecap y el resto de la familia de títulos de corto plazo emitidos por la administración Macri en la plaza local. En realidad, la opción de constituir un PF indexado ya existe, pero sólo a un plazo mínimo de 90 días, algo que, dada la fuerte incertidumbre en la que se hundió la economía desde hace largos meses, desalienta a muchos ahorristas a considerarlo a la hora de inmovilizar fondos.l Banco Central (BCRA) habilitará esta semana una nueva opción de inversión en pesos: permitirá a los bancos captar plazos fijos (PF) ajustables por la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) precancelables desde los 30 días, para igualarlo -en lo relativo al lapso mínimo de colocación- al plazo fijo tradicional, el más usado por los ahorristas. No en vano mientras hay 1.287.035 millones de pesos de privados depositados a plazo fijo tradicional, sólo hay 25.610 millones de pesos colocados en plazos fijos UVA, es decir, 50 veces menos dinero invertido en la segunda alternativa. La decisión, confirmaron a LA NACION en el BCRA, busca ampliar el menú de opciones de inversión en pesos incorporando un instrumento que, ante el fuerte ajuste a la baja que tuvieron las tasas pasivas en las últimas semanas, hundiéndose en terreno negativo en términos reales (los bancos pagan en promedio 36,6% anual por un PF minorista), al menos disminuye la posibilidad de que se licúen los ahorros. Después de todo, se trata de un indexador que se actualiza a diario a partir del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), que replica con mínimo rezago la inflación minorista, lo que asegura un mejor resguardo del poder adquisitivo de los pesos así invertidos. Por caso, al cabo de 2018 el IPC aumentó 47,6%, mientras que la UVA en el mismo lapso subió 46,9%. Al ajuste por indexación los bancos pueden sumar una tasa adicional. Según el Régimen de Transparencia del BCRA, los bancos que suman un interés al ajuste por inflación (algunos grandes privados lo evitan) ofrecen hoy tasas que van de l,5 al 4% anual . Aval de los analistas Los analistas valoran que se busquen mecanismos para preservar al ahorrista en moneda local, más aun cuando la posibilidad de preservar capitales refugiándose en el dólar quedó casi totalmente vedada. Además, reparan que una mayor aceptación de este instrumento permitiría a los bancos mejorar el descalce que hoy tienen entre un bajo nivel de pasivos que ajustan por UVA y un bastante mayor nivel de activos. «Cualquier alternativa que incentive los depósitos es buena. Técnicamente, tengo dudas de cómo ajustaría un depósito a 30 días, dado el rezago con que se conocen los índices de inflación, que se hacen públicos a mediados del mes siguiente, por lo que rendiría la inflación desfasada», juzga el economista y ex funcionario del BCRA Julio Pieckarz. «Abrir el abanico de opciones para invertir en pesos es positivo aun pagando el costo de que aceptar mecanismos de indexación de corto plazo pueda chocar algo con el discurso oficial de bajar la nominalidad de la economía», coincidió su colega Fabio Rodríguez, de la consultora M&R. Incluso destacan que este mecanismo, de ganar progresiva aceptación, permitiría a los bancos calzar mejor la parte de la cartera de activos que ya tienen ajustables por UVA. «Para el sistema, sería sano», acota Rodríguez. «Permitiría rebalancear carteras, aunque dudo que genere crédito nuevo ya que es difícil pensar en empresas o personas dispuestas a endeudarse con UVA, en un escenario donde aún no hay proyecciones de inflación consolidadas en el plan de mediano plazo», aporta Pieckarz. El punto en contra que tiene esta opción de inversión es que la reciente ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, si bien exceptuó del impuesto a la renta financiera a las inversiones en pesos, lo mantuvo en el 5% para las colocaciones indexadas por inflación, lo que dejaría la renta que aporte el nuevo PF alcanzada. Los exportadores llevan declaradas compras por 13,1 millones de toneladas y declararon ventas al exterior por 11,9 millones de toneladas, con lo que aún tienen 1,2 millón de toneladas en su poder para hacer frente a los compromisos futuros con los mercados externos. Los embarques del primer trimestre de la cosecha (diciembre-febrero) suman 9,6 millones de toneladas, con lo que se romperá el récord alcanzado en el mismo lapso del año pasado. Del total de compromisos, 5,7 millones están previstas exportar entre este mes y el próximo en un cronograma más que acelerado que el año previo. Para marzo, en tanto, los compromisos retroceden hasta 800.000 toneladas de trigo a embarcar, en línea con el mismo mes de 2018. El ajustado cronograma de exportaciones triguera se produce en un contexto en que la cosecha se acerca a las 19 millones de toneladas, como proyectan las estimaciones privadas y públicas. Así, sólo quedarían por ponerle precio a apenas 6 millones de toneladas, y allí empieza a tallar el factor precio para tentar a los productores a desprenderse de su grano. Argentina utiliza por año entre 5 y 6 millones de toneladas de trigo para convertirla en harina y abastecer el mercado interno, por lo que el balance está más que ajustado. Según la última información oficial, los industriales harineros llevan comprada recién 1,4 millón de toneladas de trigo para su posterior molienda. «Se corrobora una importante cobertura de posiciones vendidas que se dieron previo al alza de los derechos de exportación. Esto hace que la mayor necesidad por originar mercadería impulse los precios, principalmente para aquellas entregas más cortas», manifestó Irazuegui. Así, la diferencia entre la posición enero con los contratos más alejados (como puede ser marzo o julio ’20) se achicó en un intento por tentar a los productores a no esperar para desprenderse de la producción en su poder. En tanto, para Javier Buján, presidente de Kimei Cereales, la suba tiene bastante de especulativa dada la poca oferta de trigo que va quedando para la industria molinera. Los principales destinos En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que en diciembre los embarques de trigo sumaron 3,9 millones de toneladas, un nuevo récord. Y que el 35% de los envíos tuvo como destino a Brasil, mientras otro 35% partió al sudeste asiático, con Indonesia a la cabeza. En tanto, los restantes envíos se repartieron entre África y América del sur (Chile, Perú, Ecuador y Colombia).

• (Cronista) El trigo salta a u$s 200 en medio de un apretado plan de embarques Cuando la cosecha está prácticamente finalizada, las ofertas por el cereal disponible cotizaron a valores inéditos para esta época. Entre enero y febrero, se exportarán más de 5,7 millones de toneladas. l precio del trigo en el mercado local se disparó ayer por encima de u$s 200 la tonelada con entrega hasta fin de mes, en un hecho inédito para la altura de la campaña del cereal, cuando la cosecha está prácticamente finalizada y la comercialización del grano ya llega al 74% del total de producción. Ayer, a dos semanas de que expiren los contratos enero’20 avanzaron a valores máximos desde que comenzaron a negociarse, y terminaron con un avanza de 8,5% en lo que va del año y casi 15% en el último mes. Eugenio Irazuegui, del área de Research de la corredora de granos Zeni, explicó ante El Cronista que el impulso en los precios del cereal está relacionado por la necesidad de los compradores (exportadores e industria molinera) de hacerse de mercadería para cumplir determinados compromisos. Eso luego de que se diera una fuerte comercialización de la cosecha triguera en la previa al cambio de gobierno para asegurar precio y cubrirse de la suba de retenciones que finalmente dejó al cereal con una alícuota de 12% (y que puede elevarse hasta 15% según la ley de Emergencia). Los exportadores llevan declaradas compras por 13,1 millones de toneladas y declararon ventas al exterior por 11,9 millones de toneladas, con lo que aún tienen 1,2 millón de toneladas en su poder para hacer frente a los compromisos futuros con los mercados externos. Los embarques del primer trimestre de la cosecha (diciembre-febrero) suman 9,6 millones de toneladas, con lo que se romperá el récord alcanzado en el mismo lapso del año pasado. Del total de compromisos, 5,7 millones están previstas exportar entre este mes y el próximo en un cronograma más que acelerado que el año previo. Para marzo, en tanto, los compromisos retroceden hasta 800.000 toneladas de trigo a embarcar, en línea con el mismo mes de 2018. El ajustado cronograma de exportaciones triguera se produce en un contexto en que la cosecha se acerca a las 19 millones de toneladas, como proyectan las estimaciones privadas y públicas. Así, sólo quedarían por ponerle precio a apenas 6 millones de toneladas, y allí empieza a tallar el factor precio para tentar a los productores a desprenderse de su grano. Argentina utiliza por año entre 5 y 6 millones de toneladas de trigo para convertirla en harina y abastecer el mercado interno, por lo que el balance está más que ajustado. Según la última información oficial, los industriales harineros llevan comprada recién 1,4 millón de toneladas de trigo para su posterior molienda. «Se corrobora una importante cobertura de posiciones vendidas que se dieron previo al alza de los derechos de exportación. Esto hace que la mayor necesidad por originar mercadería impulse los precios, principalmente para aquellas entregas más cortas», manifestó Irazuegui. Así, la diferencia entre la posición enero con los contratos más alejados (como puede ser marzo o julio ’20) se achicó en un intento por tentar a los productores a no esperar para desprenderse de la producción en su poder. En tanto, para Javier Buján, presidente de Kimei Cereales, la suba tiene bastante de especulativa dada la poca oferta de trigo que va quedando para la industria molinera. Los principales destinos En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indicó que en diciembre los embarques de trigo sumaron 3,9 millones de toneladas, un nuevo récord. Y que el 35% de los envíos tuvo como destino a Brasil, mientras otro 35% partió al sudeste asiático, con Indonesia a la cabeza. En tanto, los restantes envíos se repartieron entre África y América del sur (Chile, Perú, Ecuador y Colombia).

• (Cronista) Para el FMI la deuda con el organismo es «difícilmente pagable». Tanto Martín Guzmán como Alberto Fernández destacaron que «los vencimientos de la deuda con el FMI se aceleran hacia el año 2022 y 2023 en cantidades muy considerables de alrededor de los u$s 20.000 millones, difícilmente pagables por Argentina dada las condiciones actuales». Así lo sostuvo el jefe para el departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner, en víspera del inicio de una nueva misión del Fondo en el país, que si bien aún no tiene fecha cierta, el propio Werner aseguró que será «en las próximas semanas». Mientras que se espera que avancen las negociaciones con el FMI, tanto para postergar los vencimientos de los pagos de la deuda con el propio organismo como también los privados esperan que aparezca como «árbitro» en la que existe con el mercado, Werner reconoció que la deuda argentina con el FMI es «muy elevada», por lo que el Gobierno expresó su intención de que se «restructure estos plazos en un contexto probablemente de un nuevo programa con el FMI. Pero eso va ser un diálogo que deberemos tener con ellos». Una vez más, desde el FMI se mencionó la importancia de que la Argentina se vaya moviendo hacia alcanzar superávit primario en sus finanzas públicas y a mantener el superávit externo. «Esto es recibir más divisas por las exportaciones de lo que Argentina gasta y de esta manera ir restableciendo los equilibrios macro económicos tanto en la parte fiscal como en la parte inflacionaria y en la parte externa para que en el mediano plazo Argentina pueda re-acceder a los mercados internacionales de capitales y normalizar su situación financiera», según su respuesta a una consulta en una entrevista en la cadena de televisión CNN en Español. «Han anunciado medidas importantes para estabilizar la economía y amortiguar el impacto de la crisis sobre los grupos más vulnerables», recaló y, tal como trascendió la semana pasada, calificó que estas primeras medidas les hacen parecer que «el gobierno se va moviendo en una dirección positiva». «El gobierno ha anunciado medidas importantes que tienen por objetivo proteger a los más vulnerables, tratar de estabilizar la situación de inestabilidad que se vio en los últimos meses en Argentina. Y todo esto hacerlo en un contexto en el cual las cuentas fiscales no se vean afectadas», sintetizó. Sobre la fecha posible de una nueva misión, deslizó que podría haber intercambios antes de fin de mes. «Es importante que tengamos un diálogo ya más profundo y más detallado en la segunda mitad o hacia el fin de este mes». La última misión del FMI en la Argentina fue en agosto del año pasado, luego de las elecciones primarias. En ese momento los funcionarios del organismo vinieron al país para ver de cerca cómo evolucionaban diferentes cuestiones del programa, pero no se trató de una revisión, por lo que el sexto desembolso, de unos u$s 5400 millones, no se concretó.

• (Cronista) ¿Cuánto margen tiene el Central para bajar aún más la tasa? Las tasas reales negativas desalientan la inversión en pesos; así, el dólar vuelve a ser atractivo. Si bien el cepo impide que el precio del tipo de cambio se dispare, el control solo contiene la demanda en el mercado oficial. En la City creen que, pese al riesgo de que la brecha se amplíe, habrá nuevos recortes. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, el Banco Central (BCRA) promovió la inversión en pesos, elevó las tasas de interés para volver más atractiva la inversión en moneda doméstica que la que se hacía en dólares. La estrategia no funcionó: el dólar no solo subió, sino que la economía se asfixió. Es que las tasas altas volvieron carísima la financiación tanto para las empresas como para las familias. Por eso es que, como parte del plan para reactivar la economía, el gobierno de Alberto Fernández recortó la tasa de referencia; esto permite promover el crédito, pero a cambio, genera tasas reales negativas. La última decisión del Central fue llevar el piso de la Leliq a 52%, y así se consolidó la tasa real negativa, es decir, una tasa que está por debajo de la expectativa de inflación. La inversión en pesos no es rentable y la alternativa en dólares vuelve a escena, aun cuando hay un cepo cambiario. Pero, ¿hasta cuánto podría llegar a ceder la tasa de referencia sin que el dólar se dispare? Los expertos creen que la tasa podría sufrir incluso más rebajas. El pico se registró a mediados de septiembre, cuanto tocó 85,99%; desde ahí la tendencia fue a la baja. Ya con Miguel Pesce a cargo del organismo monetario, se concretaron tres recortes del piso (el mínimo que podía tocar) de la Leliq. La primera fue el 19 de diciembre, de 63% a 58%; la segunda, el 26 de diciembre, de 58% a 55%; y la tercera el jueves pasado, a 52%, el menor nivel en diez meses. «Vemos dos a tres puntos más de baja en el verano y luego una baja de un punto por mes hasta fin de año, terminando cerca de 40%», indicó Miguel Zielonka, director de Econviews. Por su parte, Álvaro Di Carlo, director de Argie Finance, señaló que «la tasa de referencia podría llegar a un 30%, acompañado de una baja en la proyección de la inflación», aunque aclaró que «si la tasa se vuelve altamente negativa, el dólar se va a disparar, porque va a haber muy pocos incentivos para quedarse en pesos». Diego Martinez Burzaco, economista de Inversor Global, sostuvo que «es difícil saber hasta dónde la van a bajar, pero aseguró: «Lo que está claro es que la dirección es seguir a la baja». En sintonía, el experto agregó: «Ya vemos tasas de plazo fijo debajo del 40% anual; negativo respecto a la inflación que tendríamos este año. Tener una tasa de interés real negativa para generar más consumo es grave porque se necesita del ahorro para financiar inversiones de largo plazo». En tanto, sobre lo que podría pasar en el mercado de cambios, Martinez Burzaco sentenció: «Sin dudas va a aumentar la demanda sobre el dólar libre, el de la bolsa (mep)». Por su parte, Di Carlo también opinó que «la baja de tasas genera desprendimiento de pesos por parte del mercado, y esto presiona al blue, al mep y a la inflación, dado que eleva el consumo». Como parece imposible que el dólar no se recaliente, lo ideal sería que se dilate, que no suceda al menos hasta que el gobierno resuelva la situación de la deuda. Según Di Carlo, la tasa podría ceder hasta un piso de 30% sin que se recaliente el dólar siempre que se llegue un acuerdo con la deuda; los bonos podrían volverse más atractivos y canalizar parte de ese apetito por el dólar. «Podrían irse a bonos post reestructuración, antes no», remarcó. Finalmente, Santiago Bulat, economista de Invecq, comentó: «Yo creo que la estrategia hasta que termine la renegociación de la deuda va a ser mantener el dólar quieto y con estas condiciones». A su vez, el especialista aclaró: «Cuando quieran volver al mercado internacional improbablemente pueda seguir sosteniendo todo con alambres. Pero el limite va a estar en los resultados de la balanza comercial. Cuando se empiece a dar vuelta, empieza a correr el segundero».

• (BAE) Sin tiempo, Gran Bretaña podría dejar la UE sin un acuerdo Londres debería hacer concesiones importantes durante la compleja negociación de salida.  El primer ministro británico, Boris Johnson, podría tener que elegir entre hacer grandes concesiones a la Unión Europea (UE) o abandonar el bloque sin un acuerdo, debido a que las negociaciones del Brexit serán muy complejas. Así lo advierte una investigación realizada por el Instituto de Gobierno (IFG por sus siglas en inglés), un centro de estudios independiente que trabaja para mejorar la efectividad de la administración británica, que indicó que el poco margen que hay entre la salida del Reino Unido el 31 de enero y la finalización del período de transición a fines de este año, hace que lo que venga por delante sea un proceso muy complicado. «Si la prioridad del gobierno es la velocidad, tendrá que hacer algunos sacrificios importantes», indicó Joe Owen, director del programa del Instituto para el Gobierno, en el informe al que accedió la agencia oficial Télam. Según el IFG, cada estado miembro de la UE tendrá un voto y un veto sobre el acuerdo, lo que hará que las negociaciones sean más complicadas para el Reino Unido. En ese sentido, alertó que «es posible que Johnson tenga que elegir entre hacer grandes concesiones a la UE o alejarse sin un acuerdo». Explicó que en diciembre de este año entrarán en vigencia importantes cambios administrativos, incluyendo a la inmigración y el comercio y aunque casi 30.000 funcionarios trabajarán en el Brexit en marzo, «es probable que el gobierno solo esté parcialmente preparado para estos cambios». De acuerdo con los expertos del IFG, también «es casi seguro que el gobierno no pueda implementar el Protocolo de Irlanda del Norte para diciembre de 2020» debido a que el acuerdo del Brexit no cuenta con el apoyo de ningún partido político norirlandés. «Si no se implementan los nuevos sistemas, la Comisión Europea se podría ver forzada a iniciar acciones legales contra el Reino Unido», según el Instituto. El Protocolo implica acuerdos aduaneros complejos y controles regulatorios y aduaneros entre Irlanda del Norte y Gran Bretaña. También es probable que el gobierno tenga que aprobar otra legislación para poner en práctica la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. Sin embargo, los miembros del Parlamento Europeo (MEPs) tendrán más voz en la futura relación que los parlamentarios en el Reino Unido, limitando la capacidad de Wesmister para dar forma al acuerdo. Además tiene que aprobar al menos seis leyes para establecer nuevas políticas en el Reino Unido en materia de agricultura, pesca e inmigración. La decisión del gobierno de no extender el período de transición hará además que las empresas británicas tengan sólo unas semanas para ajustarse a los detalles de la futura relación entre el Reino Unido y la UE.