ROCH S.A..
INFORMACIÓN FINANCIERA – OTROS – HR ON PRIVADA
https://aif2.cnv.gov.ar/Presentations/publicview/83571F26-6FC8-4585-9176-122394A5CE27#

Rizobacter Argentina S.A.
Resultado de colocación de Obligaciones Negociables Serie III
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PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.
Aviso de suscripción complementario de Obligaciones Negociables Clase 5
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Provincia de Buenos Aires
Aviso de licitación de Letras del Tesoro
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Local

(Ambito) Deuda: vence el acuerdo de confidencialidad y el Gobierno presentará nueva oferta. El VPN de los bonos en la propuesta que prepara el ministro Guzmán superaría los u$s50. Sin embargo, todavía persistían diferencias con algunos grupos de acreedores. Los acuerdos de confidencialidad firmados en el marco de las negociaciones para reestructurar la deuda emitida bajo ley extranjera vencen este martes, por lo cual es inminente la nueva oferta que presentará el Gobierno. «Se extiende la fecha de cierre de la oferta para poder enmendarla luego del martes, al finalizar los acuerdos de confidencialidad», precisó el ministro de Economía, Martín Guzmán, tras el anuncio de postergación hasta el 19 de junio del plazo para la aceptación de la propuesta a los acreedores, que ya fue publicada en la SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EEUU). El Valor Presente Neto (VPN) de los bonos en la propuesta que prepara el ministro superaría los u$s50, cada cien de valor nominal, más un cupón atado a la evolución de las exportaciones agropecuarias y un pago de u$s500 millones el próximo año. Economía estaba cerca de llegar a un acuerdo con el grupo de bonistas Exchange Bondholder Group, que posee más del 16% del total de bonos soberanos del país y está integrado, entre otros por los fondos Monarch Alternative Capital, HBK Capital y Cyrus Capital Partners. Sin embargo, Dennis Hranitzky, el abogado que representa al grupo, cambió de postura y parece no moverse de su intención de lograr un valor presente de u$s55. Desde el Ministerio de Economía se sospecha que, ante la inminencia de la presentación formal de la propuesta, los tenedores de deuda volvieron a mostrar una posición unificada como la que mantuvieron hasta el 8 de mayo. También persistían las dificultades con el grupo Ad Hoc Bondholder Group, compuesto por Alliance Bernstein, Amundi, Ashmore, Black Rock, Blue Bay, Fidelity, T. Rowe Price, Western Asset Management y Wellington. Por el contrario, se habrían acercado las posiciones con el denominado Comité de Acreedores de Argentina que incluye a Greylock Capital, entre otros fondos de inversión. Las negociaciones continúan en medio de acuerdos de confidencialidad hasta este martes para impedir maniobras especulativas con bonos argentinos.

(Infobae) Renovada expectativa de los mercados ante la nueva oferta que presentaron los acreedores Los principales grupos de bonistas ya no piden cobrar más de USD 60, sino que estarían dispuestos de aceptar menos de USD 55, lo que se acerca mucho a la oferta de Guzmán. Hoy los bonos podrían repuntar ante la posibilidad de un acuerdo más cercano. ¿Impactará el caso Vicentín en esos precios? Con el riesgo país nuevamente en niveles de 2.600 puntos, los bonos se tomaron una pausa luego de la fuerte suba que tuvieron el último mes. Ahora los inversores están bastante más cautos, por dos razones: Martín Guzmán dio señales de no estar dispuesto a mejorar sustancialmente la oferta y el anuncio de expropiación de Vicentín tampoco cayó bien en los mercados. Sin embargo, hoy podría haber un nuevo giro luego de la noticia de una nueva propuesta por parte de los acreedores más duros. Según reveló ayer la agencia Bloomberg, tanto el grupo Ad Hoc como Exchange Bondholder presentaron nuevas ofertas que se acercan mucho a lo que el Gobierno estaría dispuesto a pagar. Ahora estarían dispuestos a aceptar una quita del 45%, aunque recibiendo como parte de pago un “endulzante” que podría ser un cupón PBI. La propuesta de Guzmán incluiría un cupón, pero atado a la evolución de las exportaciones agrícolas. Esta nueva oferta de los acreedores llega justo antes de que el propio ministro de Economía elabore una contrapropuesta oficial, que según él mismo se encargó de aclarar sería la definitiva. La ofensiva sobre la cerealera, sin embargo, no impacta de manera directa en la negociación con los acreedores, claramente puede influir en el futuro precio de los bonos argentinos. Si el clima se vuelve más negativa para las inversiones, el futuro rendimiento de los títulos se ubicaría en niveles claramente superiores al 10 por ciento. El denominado “exit yield” es un dato clave para la negociación porque permite calcular cuál será el nivel de ganancia para los bonistas que acepten entrar en la transacción. Cuanta más inseguridad haya por delante, más alto será el rendimiento de los bonos y menores sus precios futuros. Guzmán está dispuesto a mejorar su última propuesta, en la que ofreció informalmente UDS 47 y los grandes bonistas presentaron una nueva oferta para bajarla a menos de 55 dólares. De esta forma, es inminente la posibilidad de un cierre de la transacción en los próximos días Es difícil medir el impacto del “episodio Vicentín” en el valor de los bonos y el riesgo país, que ayer subió cerca de 2%. Sucede que la última semana fue extremadamente volátil para los mercados internacionales y los activos locales fluctuaron muy influidos por el ánimo cambiante de los inversores. El viernes el Gobierno anunció una nueva prórroga hasta el 19 de junio para el cierre de la oferta de canje, pero en el medio debe dar a conocer una nueva oferta y que los bonistas definan si la aceptan o no. Todo indica que una vez cumplido ese paso habrá un plazo adicional para elegir, ya que la oferta “enmendada” debe durar como mínimo diez días. Mientras tanto rige un acuerdo de confidencialidad en las negociaciones, pero que implica básicamente que los bonistas se comprometen a no arrancar causas judiciales en contra de la Argentina ante los tribunales de Nueva York, pese a que el país cayó formalmente en default el 22 de mayo. Martín Guzmán dio señales de no estar dispuesto a mejorar sustancialmente la oferta y el anuncio de expropiación de Vicentín tampoco cayó bien en los mercados En caso de que haya un principio de acuerdo en los próximos días, la principal variable a monitorear será el grado de aceptación de la nueva oferta. En los bonos emitidos después de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, con un 66% que ingrese en el canje alcanza para arrastrar al resto de los bonistas. En el caso de los bonos provenientes del canje 2005 la situación es más compleja, porque hace falta una mayoría especial del 85% para que entre el resto y evitar que haya “holdouts”, es decir grupo de acreedores que se queda afuera para litigar.

(Infobae) El Banco Central suma reservas, pero genera más expansión monetaria que presiona al dólar blue El Central adquirió más de USD 900 millones desde que dispuso el ajuste del cepo a importadores con la emisión de unos 63.000 millones de pesos. El Banco Central ajustó el alcance de las restricciones cambiarias el pasado 28 de mayo, con un efecto de mayor contracción de la demanda, básicamente de empresas importadoras. La autoridad monetaria consiguió desde el viernes 29 de mayo adquirir en el mercado mayorista más de USD 900 millones en once ruedas cambiarias, lo que posibilitó una mejora del stock de reservas internacionales. Sin embargo, la entidad que preside Miguel Pesce debió imprimir pesos para comprar las divisas liquidadas en el mercado de cambios, lo que significó la inyección de unos $63.000 millones a una plaza financiera con exceso de liquidez. El Banco Central se convirtió en el principal aportante de fondos al fisco, que en el contexto de incremento del gasto social para combatir el COVID-19 profundizó su déficit. En el bimestre abril-mayo, ya en plena cuarentena, más de la mitad de los recursos públicos se originaron en emisión monetaria, fueron al Tesoro unos $740.000 millones en concepto de Adelantos Transitorios y Transferencia de Utilidades, un 3% del PBI. “Este exceso de liquidez y la incertidumbre propia de la economía argentina, aumentada por el Coronavirus y la negociación de la deuda pública, impulsaron la demanda de dólares paralelos, elevando la brecha cambiaria de 40% a 80% entre mediados de marzo y mayo”, subrayó un análisis de Ecolatina. Este exceso de liquidez y la incertidumbre propia de la economía argentina, aumentada por el Coronavirus y la negociación de la deuda pública, impulsaron la demanda de dólares paralelos (Ecolatina) “La emisión monetaria pasó a ser el principal sostén de las finanzas públicas nacionales. Si bien la Argentina tiene una larga tradición de cubrir déficit fiscales con emisión, este nivel de expansión monetaria para ese destino es inédito”, refirió un informe de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino). “La situación fiscal ya era muy precaria antes del aislamiento. Pero con el confinamiento, se produjo una parálisis productiva que hizo caer la recaudación impositiva y, a la vez, expandir el gasto público para compensar las pérdidas económicas del estancamiento”, describió IDESA. A estos pesos emitidos para cubrir el déficit se le suman en las últimas dos semanas los destinados a comprar dólares y apuntalar las reservas. En el bimestre abril-mayo más de la mitad de los recursos públicos se originaron en emisión monetaria En forma indirecta, estos pesos presionan sobre las paridades alternativas del dólar, ajenas al “cepo” oficial. Para los bursátiles “contado con liqui” y MEP esta inyección de pesos se traslada a un alza de las valuaciones en pesos de los activos financieros, que eleva el precio del dólar implícito. Para el dólar blue las consecuencias son similares, pues desde la instauración del “cepo hard” -como lo llaman los cambistas-, la evolución del tipo de cambio marginal estuvo correlacionada con el aumento del dinero en circulación (billetes y monedas y cuentas a la vista), el principal ítem de la Base Monetaria. Desde el 28 de octubre -cuando se impuso un límite de USD 200 mensuales para la compra de individuos- el precio del dólar blue acumula un alza del 63%, mientras que la circulación monetaria informada por el BCRA creció poco más de 62% en los últimos siete meses y medio. El 25 de octubre del año pasado, el dólar blue se negociaba a $75,50. Al promediar la semana era ofrecido a $123, mientras que la circulación monetaria alcanzaba a $923.534 millones y se amplió a $1.500.403 millones el 9 de junio último. “El Banco Central parece evitar a toda costa una devaluación del dólar oficial, aplicando todas las medidas posibles en todos los tipo de cambio que tenga al alcance, para evitar un aumento de las brechas entre el dólar oficial y el MEP y contado con liquidación. Mientras más controlada esté esa brecha, el Gobierno gana tiempo para no tener que devaluar», comentaron desde Portfolio Personal Inversiones. «Da la sensación que todas estas medidas son de última instancia para llegar a un momento determinado sin una fuerte devaluación que se traslade en los precios. ¿Si ese momento determinado es un acuerdo con los acreedores? Es posible, que el Gobierno espere a ese acuerdo para que traiga alivio al tipo de cambio, y mientras tanto, mantenerlo en estos niveles y ganar tiempo, cueste lo que cueste”, añadió Portfolio Personal.

(Ambito) Las claves de la semana: reestructuración de la deuda, brecha cambiaria y absorción de pesos El vencimiento del plazo para la aceptación de la oferta argentina para reestructurar su deuda externa acaparará casi todas las miradas. En ese marco, el Gobierno buscará tener controlada la brecha cambiaria y absorver el excedente de pesos generado por la pandemia. El vencimiento del plazo para la aceptación de la oferta de Argentina para reestructurar su deuda externa acaparará casi todas las miradas en materia económica durante esta semana. La presentación de una nueva oferta por parte del Ministerio de Economía es inminente aunque todavía persisten diferencias con los acreedores. En ese marco, el Gobierno buscará mantener controlada la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los tipos de cambio en el mercado bursátil, y tendrá nuevas ruedas para ratificar sus intenciones de reconstruir el mercado de deuda en moneda local y absorver el excedente de pesos producto de la fuerte emisión monetaria generada tras la pandemia de Covid-19 En ese marco, el Gobierno buscará mantener controlada la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los tipos de cambio en el mercado bursátil, y tendrá nuevas ruedas para ratificar sus intenciones de reconstruir el mercado de deuda en moneda local y absorver el excedente de pesos producto de la fuerte emisión monetaria generada tras la pandemia de Covid-19

(Ambito) Gobierno anuncia hoy que quiere pagar $130.000 millones del bono que vence esta semana Economía oficializará hoy su salida al mercado para el jueves en busca de fondos en pesos con el fin de compensar el pago de la semana próxima. Podría ofrecerle otro bono a PIMCO. El Ministerio de Economía decidió fondearse en el mercado de deuda en pesos para pagar más de $130.000 millones del bono TJ20 que vencen el próximo 21 de junio. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Ámbito. Se trata de uno de los pagos más relevantes del año, todo un desafío para el Gobierno, acosado por la crisis económica que decantó la pandemia y que confluye además con la ‘recta final’ en las negociaciones por la deuda bajo legislación extranjera. Si bien las fuentes no avanzaron en detalles sobre la intención de ofrecerle otro bono a PIMCO (el tenedor más importante), se trata de una herramienta que se constituye como una alternativa adicional posible. El BoPoMO (Bono de Política Monetaria) tiene una amortización de $118.519 millones e intereses por $ 20.453 millones, lo que significa un total de $138.972 millones que el Gobierno debe pagar el 21 de junio. Los datos pertenecen a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). De ese total, la consultora 1816 estima que entre el 80% y el 90% está en manos de inversores extranjeros, aunque el 66% del stock residual está en poder de un solo inversor: PIMCO (ver aparte). Con la finalidad de conseguir los pesos para gatillar el pago, a fines de mayo Economía comunicó un cronograma de licitaciones que incluyó la fecha de esta semana: el jueves 18 será la subasta y cuatro días después, el lunes 22 de junio, la liquidación. “Mañana (por hoy) se anuncia los instrumentos de la licitación”, le dijo a este medio una fuente de la cartera que conduce Martín Guzmán. La estrategia del Gobierno frente a este vencimiento genera una fuerte expectativa en el mercado. Según analistas, la administración nacional puede tomar tres caminos: pagar el total, reperfilar los vencimientos o buscar un canje voluntario para estirar la curva. Cada estrategia tiene sus riesgos. Si opta por pagar completo el vencimiento, eso significaría una inyección de pesos que podría presionar el tipo de cambio debido a que la mayor parte del bono está en manos de inversores extranjeros y posiblemente busquen mecanismos para hacerse de dólares. Desde el Banco Central esperan que los controles implementados para contener la suba de dólares financieros operen como una contención ante una mayor demanda de divisas. El análisis que hace el Central es que hay empresas que están vendiendo dólares en el mercado contra bonos y esos dólares son comprados por los fondos que buscan dolarizarse. “El efecto que buscamos es oferta de dólares financieros para que se vayan los fondos extranjeros”, es el resumen que hacen desde la entidad monetaria. Un antecedente que puede dar una pista sobre la estrategia del Gobierno puede estar en la manera en la que el Ministerio de Economía manejó el vencimiento del TC20, que el 28 de abril había concentrado un total de $351.828 millones. En ese momento, “se ofreció un canje por una canasta de cuatro instrumentos: 10% en Ledes con vencimiento en julio, 20% en Lecer con vencimiento en diciembre, 40% en un nuevo Boncer 2021 y 30% en Boncer 2022”, analizó la OPC. Solo el BoPoMO representa el 41% del total de lo que el Gobierno debe pagar en todo el mes de junio. “Es la última gran batalla”, graficó un analista de mercado al test que debe pasar la administración nacional la próxima semana. Para los próximos meses, los bonos de mercado bajo ley local que debe afrontar la administración nacional recién vuelven a aparecer en noviembre y diciembre, con un total que la OPC calcula en u$s 6,2 millones.

(Ambito) Reactivación productiva: 21 provincias ya tienen más del 75% del empleo privado habilitado Según un informe del Gobierno, la industria y el comercio ya pueden operar casi en su totalidad en la mayoría de las provincias. Tras la reapertura de las actividades en gran parte del territorio argentino, un informe oficial reflejó este lunes que 21 provincias ya tienen más del 75% del empleo privado habilitado para trabajar, y que la industria y el comercio pueden operar casi en su totalidad en la mayoría de ellas. Según los datos recolectados hasta comienzos de junio por el Centro de Estudios para la Producción(CEP XXI), que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, 15 provincias tienen más del 80% del empleo habilitado mientras que otras 6 poseen entre el 75% y el 80% de los trabajos en funcionamiento. Paralelamente, el relevamiento mostró que la industria manufacturera está plenamente habilitada en casi todo el país, salvo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y que la actividad comercial está habilitada en un 95% en 20 provincias. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la Provincia de Buenos Aires (PBA) y Chaco son los tres territorios que más restricciones al empleo y a la producción tienen ya que son las más afectadas por la pandemia de Covid-19. Este no es un dato menor ya que en el AMBA se concentra gran parte del producto generado en Argentina. La reactivación del trabajo en diferentes jurisdicciones del país fue uno de los pocos puntos positivos que resaltó el CEP en este contexto de pandemia a través de su «semáforo de la economía real». Los otros aspectos que tuvieron un carácter esperanzador fueron la desaceleración de la inflación de alimentos en supermercados, que pasó del 2,5% en marzo al 0,8% en mayo, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, y el crecimiento en las exportaciones de productos primarios. Por otra parte, el centro de estudios destacó que la gradual puesta en marcha de la economía también se reflejó en otros indicadores como el consumo de energía en las plantas industriales que, según CAMMESA, se recuperó en la mayoría de los sectores aunque «todavía permanece por debajo de los niveles pre-cuarentena». A modo de ejemplo, el consumo energético en la industria automotriz, en relación a la etapa previa al aislamiento, aumentó desde el 33% registrado en la primera quincena de mayo hasta el 68% contemplado a principios del mes en curso. En el mismo sentido, en la siderurgia pasó del 20% al 72%. A pesar de los alentadores indicadores, el informe aclaró que las secuelas de la pandemia ya comenzaron a sentirse. Esto se percibió al observar que, entre febrero y abril, alrededor de 15 mil empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP, con una incidencia relevante del sector de hoteles y restaurantes Además, en marzo se redujeron 48 mil puestos de trabajo asalariado formal, lo cual significó una caída mensual del 0,8%, la mayor disminución desde la crisis de 2002. De acuerdo al análisis del CEP, esto no se produjo por despidos sino por ausencia de nuevas contrataciones, que no lograron compensar las bajas por renuncias o finalización de contratos. En ese marco, desde el Ministerio de Producción resaltaron la importancia de los programas de asistencia estatal para evitar un aumento de la pobreza y sostener los ingresos de las empresas afectadas por la paralización económica. Los datos del informe mostraron que la primera ronda del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanzó a 8,4 millones de personas. En conjunto con otras medidas como el refuerzo de la AUH o la Tarjeta Alimentar, evitaron que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre. En cuanto a la ayuda a las empresas, se destacó que 2,34 millones de ocupados que trabajan en alrededor de 245 mil empresas cobraron sus salarios de abril a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) mientras que, para los salarios de mayo, se aprobó este beneficio para 242 mil empresas que emplean a 2,04 millones de trabajadores. Frente al deterioro de la actividad económica, la inversión y el empleo, el centro remarcó la importancia de que se haya retomado la actividad en la mayor parte del país. «Si abril será recordado como el mes con caídas récord históricas en la mayoría de los sectores productivos, mayo se caracterizó por la puesta en marcha de buena parte del aparato productivo», sostuvo el CEP. Al respecto, aclaró que en la gran mayoría del país la reapertura fue pronunciada aunque en el AMBA se dio a un ritmo menor debido a las evidentes dificultades para controlar la pandemia.

(Cronista) Deuda: provincias se suman a Nación y reestructuran bonos Los problemas para refinanciar deudas están en todo el país. Córdoba y Mendoza se sumaron a Buenos Aires y, asesoradas por Nación, están en plena reestructuración. Los casos de Jujuy y Santa Fe. as provincias de la Argentina se apuraron en este 2020 a reestructurar su deuda junto a la Nación, ante el fantasma de la insolvencia. Los estados subnacionales buscan la forma de renegociar vencimientos por más de u$s 11.000 millones. Se trata de las más solventes del centro del país y también de las periféricas, con una situación fiscal más complicada y una mayor dependencia de los Aportes del Tesoro Nacional. La brutal pérdida de valor del peso y el desplome en la recaudación forman el contexto de esta ola de reestructuraciones de deuda, mientras la Covid-19 (nuevo coronavirus) hace estragos en las arcas. Buenos Aires fue la locomotora y ya se subieron al tren Córdoba, Mendoza, Río Negro, Jujuy, Salta, Chubut y La Rioja, que están en pleno proceso o asesorándose. Santa Fe tiene un estrés financiero y podría ser la próxima, aunque hoy no está en proyecto. Nación había marcado el camino y creó en marzo la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial, a través de la Resolución 217 del Ministerio de Economía, que conduce Martín Guzmán. El funcionario, que rescató de sus conocimientos académicos el estandarte de la «sostenibilidad», abrió la cancha antes de que el coronavirus impactara de lleno en la Argentina. En la actualidad, los problemas del Estado nacional y los subnacionales son de liquidez y no de solvencia, pero se evita llegar a que la crisis se agudice. La calificadora de riesgo Moody’s concluyó en un informe reciente que «la severa contracción económica de Argentina afectará los ingresos ya débiles de los gobiernos locales y regionales». La analista de Moody’s Úrsula Cassinerio escribió que la decisión del gobierno nacional de asistir a las provincias con $ 120.000 millones en transferencias y créditos «no impedirá completamente el deterioro crediticio de los gobiernos regionales, ya que esta ayuda no cubrirá la totalidad de los gastos corrientes». Las provincias más expuestas con los acreedores privados son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tierra del Fuego y Chubut, mientras, por el contrario, Formosa y Tucumán mantienen la mayor parte de su deuda con el gobierno nacional. Misiones y Chaco están en la escala media de exposición. El Cronista conversó a fondo con dos ministros de Economía, Hacienda y Finanzas de las provincias en problemas y dialogó con los voceros de otras tantas. A continuación, un repaso de los casos más destacables.

Córdoba

Mendoza
La crisis de la deuda también llegó hasta Cuyo. Mendoza previó en su Presupuesto 2020 que entraría en un proceso de reestructuración, ahora en marcha. El 19 de mayo la provincia no cumplió con el pago inicial de u$s 25 millones de un bono que vence en 2024 y si no lo hace, este jueves 18 caerá en default. El ministro de Hacienda de Mendoza, Lisandro Nieri, encabeza la renegociación de 2 bonos (1 con ley extranjera y otro con ley local) por u$s 590 millones. Credit Suisse y AdCap Securities son los asesores. La propuesta está abierta hasta este martes 16. «Requerimos una refinanciación, independientemente de que recién en mayo de 2022 íbamos a pagar capital, porque ya veíamos dificultades para acceder a mercados incuso en 2021», explicó Nieri ante la consulta de El Cronista. La deuda de Mendoza está en un 60% en dólares y el 40% restante en pesos. Unos 25 puntos porcentuales sobre esos 40 son en pesos corrientes y otros 15 en pesos ajustados por distintos índices, como Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). El stock ronda el 12% del Producto Bruto Geográfico (PBG). «La provincia tenía un déficit muy grande en 2015. A partir de ahí se hizo un proceso de consolidación, que terminó con un superávit en 2018. La situación se complicó en 2019 por la indexación del gasto, sobre todo en lo salarial», dijo Nieri. La caida de recursos extraordinarios en 2020 complicó a Mendoza, sobre todo a partir del 20 de marzo (cuando empezó en Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -ASPO- en todo el país). «La baja real interanual es de 16% en los primeros cinco meses de 2020», calculó el ministro de Hacienda provincial. «El Covid-19 aceleró los tiempos por los problemas de liquidez que se generaron. Tuvimos una caída dramática de la recaudación», se explayó Nieri. En los últimos días, Mendoza anunció que pagará la primera mitad de los aguinaldos de sus empleados públicos recién en septiembre. Al margen de estas complicaciones, otro tema que levantó polvareda en la provincia fue el congelamiento del proyecto para construir la represa hidroeléctrica Portezuelo del Viento, que saldaría una deuda de Nación por excluir a Mendoza de la promoción industrial en la zona décadas atrás. La provincia gobernada por el radical Rodolfo Suárez ya cobró tres veces el servicio de intereses de una Letra del Tesoro Nacional en pesos (Letes) emitida el año pasado por u$s 1023 millones pero la oposición de los gobiernos peronistas en La Pampa y Río Negro hizo mella en el presidente, Alberto Fernández, que corrió el arco de la licitación, prevista en primera instancia para junio y, luego, para julio.

Santa Fe
La provincia que está hoy en el centro de la discusión política por la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin es un caso aparte. El caso de la cerealera conmovió los cimientos políticos en una de las zonas más productivas de la Argentina, que tenía a su cúpula ocupada en otros asuntos. Hace 10 días, la Auditoría General de la Nación (AGN), que conduce el radical Jesús Rodríguez, terminó un trabajo sobre la situación financiera de Santa Fe a fines de 2019, a pedido del nuevo gobernador Omar Perotti, del Partido Justicialista (PJ). El peronista había solicitado los informes para blanquear cómo quedó económicamente la provincia tras 12 años de socialismo (primero con la gestión de Hermes Binner, luego de Antonio Bonfatti y, por último, de Miguel Lifschitz) y para justificar las medidas que tomaría. Perotti acusó que los socialistas dejaron a Santa Fe con un déficit de $ 30.000 millones. La AGN confirmó que la provincia estaba en rojo en diciembre de 2019, material que significó una victoria política para Perotti justo antes de que estallara la intervención y el proyecto de expropiación de Vicentin. Al mismo tiempo, la Dirección de Análisis Fiscal de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), concluyó que Santa Fe tuvo en 2019 un Resultado Primario deficitario en $ 14.018,4 millones y un Resultado Financiero en rojo por $ 16.474,4 millones. «El stock de deuda pública consolidada al 31 de diciembre de 2019 fue de $ 39.562,2 millones y la deuda flotante de $ 28.569,5 millones. En el primer caso, se verifica un incremento de 54,5% en valores corrientes con relación al último dato de 2018 y del 78,2% para la deuda flotante. En la composición de la deuda flotante se destaca la utilización del Fondo de Cuentas Oficiales (FUCO) por $ 16.450 millones (con un salto de 36,7% interanual), deuda con Proveedores y Contratistas por $ 6804,40 millones (y un aumento de 125,1%) y la deuda salarial por $ 9835,2 millones (78% mayor)», destacó la ASAP. La provincia destinó $ 2849,4 millones para el pago de la deuda pública o un 9% de su gasto, con un incremento interanual de 159,5%. Fuentes gubernamentales santafesinas contaron a este diario que «no se viene una reestructuración» y añadieron: «Estamos expuestos al riesgo soberano y dependemos de cómo se solucione la renegociación nacional». «Nuestro stock de deuda no es demasiado alto en términos relativos, pero está nominado en dólares y se volvió significativo por la devaluación. Los vaivenes cambiarios dejaron expuesta a la provincia, que tiene acreedores externos diseminados», dijeron. «Los bonos que emitió la provincia entre fines de 2016 y principios de 2018 tienen amortización de capital que empiezan a operar en 2021. Este año tenemos vencimientos de intereses por $ 1200 millones, en la medida en que el tipo de cambio se mantenga en este nivel», aseguraron. Hoy lo que preocupa es el desplome de la recaudación propia (casi un 25% en términos reales), aún mayor que la baja en los fondos que recibió Santa Fe por la coparticipación. «A esta altura a la provincia le faltan $ 15.000 millones de recaudación», avisaron. Torino Economics calculó que Santa Fe depende en un 48% de los recursos del Gobierno nacional. Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales (CESO) Scalabrini Ortiz, «durante el periodo marzo-mayo la pérdida real de recursos tributarios fue del 18% respecto al año anterior y la caída en los recursos de origen nacional recibidos por Santa Fe fue del 20% en términos reales». «Bajo el concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), a Santa Fe le corresponden cerca de $ 5000 millones de los $ 120.000 millones que destinará Nación. Si bien este monto podría cubrir la caída de recursos de origen nacional para los meses de marzo, abril y mayo, no alcanzaría a compensar la pérdida total de ingresos tributarios que ha dejado de recaudar la provincia», explica el informe coordinado por María Celina Calore.

Jujuy
En el extremo norte de la Argentina también se reflejó el rápido proceso de endeudamiento externo de los últimos años. Jujuy tiene la intención de reestructurar un «bono verde» que emitió en septiembre de 2017 y que vence en 2022 por u$s 210 millones de capital, a una tasa de 8,625%. Esa emisión se colocó para financiar la construcción de tres parques solares en Cauchari, al sudoeste de la provincia, en plena Puna. Los parques solares también fueron financiados por el Exim Bank de China, país que fue proveedor de la tecnología y el equipamiento (más de 1 millón de paneles solares). A pesar de que tuvo una fecha prevista de inicio de operación comercial en mayo de 2018, después postergada para marzo de 2019, los parques solares todavía no entregan energía al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) por demoras en la conexión con una Estación Transformadora. Ese bono verde que sirvió para financiar los parques solares que todavía no entregan energía tiene amortizaciones semestrales en marzo y septiembre y podría ser renegociado. «Hemos cumplido bien, sin problemas. Pero hay una posibilidad de reestructurar ese bono, mejorar las tasas y las condiciones», contaron cerca del gobernador, el radical Gerardo Morales. La situación fiscal de Jujuy empeoró en 2019 y con la cuarentena, se agravó. Ya estiman un déficit de $ 5000 millones o más en 2020. «La principal erogación que tenemos en Jujuy son los sueldos y no va a haber paritarias. Solo hubo aumento para docentes y Nación ya mandó los recursos. Habrá menos obra pública, más gastos de alimentos y seguridad», lamentaron. El gobernador y sus funcionarios se encuentran buscando recursos para el aguinaldo. «Esperamos que Nación reparta ATN para sueldos y aguinaldos, que los vamos a pagar pero estamos viendo cómo», expresaron. Los salarios de los empleados públicos representan el 70% del gasto en Jujuy y la coparticipación apenas cubre los sueldos mensuales. La provincia tiene a principios de este año unos 85.000 empleados públicos y unos 50.000 privados, con un claro desbalance. «Pero cerraron muchos negocios y perdieron el trabajo muchas personas en los últimos meses», matizan en San Salvador de Jujuy.

Buenos Aires
Buenos Aires fue la provincia que en enero arrancó con el proceso. El gobernador Axel Kicillof adelantó parte de la estrategia de Nación al rivalizar con Fidelity y amenazar con no pagar, pero luego cumplir con el vencimiento de capital del BP21. La provincia más grande del país tiene un 84% de su deuda en moneda extranjera y este viernes 19 cerrará el extendido plazo para entrar al canje. Si sigue sin haber acuerdo, se estima volverá a postergar el período de oferta y no descartó que alguna mejora de los términos ofrecidos desde el 22 de abril pasado pueda surgir. Al igual que en Nación, se viene corriendo el arco ante la imposibilidad de cerrar un buen acuerdo con una parte importante de los acreedores. Buenos Aires apunta a reestructurar u$s 7150 millones en deuda bajo denominación extranjera, mediante el canje de los bonos actuales por 6 nuevos instrumentos, con quitas de capital de 7% promedio, de intereses en torno a 53% y así lograr un alivio de u$s 5000 millones para los próximos cuatro años.

Otras provincias en la mira
Salta, por su parte, busca reestructurar $ 9600 millones y La Rioja, por u$s 250 millones. En Chubut asedia la crisis tras la elección ganada por Mariano Arcioni en 2019. El peronista confía en el apoyo de sus diputados provinciales para renegociar 2 bonos por u$s 700 millones. Río Negro, en tanto, activó esta semana el período de gracia de 30 días y prorrogó el plazo de pago por el vencimiento de un cupón de intereses de deuda por US$ 10,5 millones, a la espera de iniciar un diálogo con sus acreedores tras la autorización que le otorgó la Legislatura para llevar adelante una reestructuración de deuda por u$s 300 millones. A medida que la pandemia agudice las complicaciones, la cantidad de provincias que renegociará su deuda irá in crescendo.