Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) La negociación con el Fondo y su paso por el Congreso: reflejos que debe tener Guzmán
Cristina advierte que en el Senado el eventual acuerdo con el FMI podría sufrir modificaciones. De manera indirecta, Cristina Fernández de Kirchner se lo dejó claro en las últimas horas a Alberto Fernández. Si el acuerdo eventual con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pasa por el Congreso, y obviamente el Senado, el oficialismo legislativo puede tener poder de control y fiscalización sobre lo que se firme. O, dicho de otra manera, si lo que Martín Guzmán acuerde con el organismo financiero que maneja Kristalina Georgieva no cierra por todos los costados, especialmente el político, la expresidenta dejó claro que en el Senado podría sufrir modificaciones. Y que estas podrían incluso llegar a alterar lo que el ministro de Economía y el presidente Alberto Fernández acuerden con el Fondo. En consecuencia, Guzmán debería tener en cuenta las críticas que la exJefa de Estado le hace en estas horas por privado a lo que se está discutiendo con el FMI, para que luego el proyecto de ley que busca el ministro para darle peso político a la negociación sea aprobado en el Congreso. Parta Guzmán las cosas están claras. El escenario que el ministro y el FMI tienen sobre la mesa a ya casi tres meses de negociaciones más o menos aceleradas, es que el acuerdo no podrá ser a más de 10 años, del tipo “Facilidades Extendidas” y con cumplimientos de pago que deberían comenzar a ejecutarse 4 o 5 años después de firmado el pacto y aprobado por el “board” del organismo. Si este directorio de países que maneja el Fondo avalara estos términos, el primer pago concreto que la Argentina debería ejecutar para comenzar a liquidar los u$s44.800 millones que se le deben al FMI sería en el segundo semestre de 2025. Probablemente bajo la fórmula de intereses en todos los primeros semestres, y capitales en el segundo. Y teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023 el primer compromiso puntual con el organismo deberá cumplirse a dos años de asumida al próxima presidencia. Mientras tanto, durante los 4 o 5 años de gracia que tendrá el país sin compromisos de pagos al FMI, la Argentina deberá cumplir con las fiscalizaciones habituales del organismo incluidas en el artículo IV, alcanzando las metas a las que se comprometa ante el Fondo. Esto incluye objetivos fiscales, monetarios, inflacionarios y cambiarios. ¿Cómo se pagarán el dinero en 4 o 5 años? El equipo de Martín Guzmán confía que para 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza en los mercados internacionales como para poder volver a tomar deuda. En consecuencia, lo que esperan los negociadores con el FMI, es que no se toquen las reservas y que estas permanezcan en aquellos hoy lejanos tiempos futuros, acumulando divisas para mostrar solidez cambiaria y fiscal a los mercados internacionales. Se descarta entonces cualquier etapa épica como la de comienzos de 2005, cuando Néstor Kirchner anunció el pago de toda la deuda que el país mantenía con el FMI, y que llegaba a los u$s9.800 millones. Esa alternativa, por décadas, estará cerrada. Gobierne quien gobierne. Estas son las condiciones generales que ya están prácticamente cerradas, y que, salvo sorpresas desagradables, serían avaladas oportunamente por el “board” del organismo. Serían condiciones, a los ojos de Guzmán, inmejorables y absolutamente provechosas para el país. Y que no deberían tener mayores problemas de ser aceptadas por toda la clase política argentina, incluyendo la oposición. Y obviamente, el oficialismo legislativo. Como ya adelantó este diario, el ministro quiere darle una fuerza política inédita al acuerdo, y que este sea aprobado por el Congreso Nacional a pleno, con mayorías lo suficientemente convincentes como para que desde Washington y los mercados internacionales se tenga la plena confianza que el país ahora sí cumplirá con sus compromisos. Todo este planteo es cuestionado, por ahora sin estridencias, desde el Senado. Desde el kirchnerismo duro se plantea un acuerdo fuera de lo normal y de los estatutos del FMI, similar al que Néstor Kirchner logró en 2003-2005. Tiene en su mirada la necesidad de un acuerdo de más de 10 años, con pagos no mayores a los 2.000 millones por mes y sin recurrir a los mercados internacionales para su pago. Y, fundamentalmente, sin ajustes de ningún tipo.

(AMBITO) Tarjetas: se desacelera el consumo por límites de crédito e impuesto a sellos en Ciudad
El consumo con tarjetas de crédito perdió empuje en enero según un informe de First Capital Group. Las razones. El consumo con tarjetas de crédito se desaceleró en enero debido a los límites de crédito impuestos por las entidades bancarias emisoras y la entrada en vigencia del impuesto a los sellos dispuesto en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), según un informe de First Capital Group. «Luego de un último trimestre de 2020 marcado por una fuerte aceleración de los consumos con tarjetas de crédito, esta línea de financiación encuentra un techo», consignó el trabajo difundido hoy. Para First Capital Group, esto se debió a que «los bancos se muestran cautelosos a la hora de ampliar los límites de crédito y comienza a regir el impuesto a los sellos para los consumos con tarjeta de crédito en CABA». En el primer mes del año, las operaciones a través de tarjetas de crédito registraron un saldo de $930.732 millones, lo cual significa una suba de 2% respecto al cierre del mes pasado, unos $17.848 millones por encima de diciembre marcando una desaceleración en lo que respecta al uso y compras financiadas. Sin embargo, el crecimiento interanual llegó a 55,5%, muy por encima de la inflación del período. «Luego de un último trimestre del año 2020 marcado por una fuerte aceleración de los consumos, encontramos un techo en la actividad», aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group. Según Barbero «a partir de enero comenzó a regir el impuesto a los sellos para los consumos con tarjeta de crédito en CABA, lo que podría estar afectando a estas operaciones». Además, «los bancos se muestran cautelosos a la hora de ampliar los límites de crédito debido a los efectos negativos de la pandemia sobre la situación financiera de los usuarios en general», completó. En el caso de las operaciones con tarjetas de crédito en dólares, las mismas registraron una baja interanual de 44%, aunque con un comportamiento mensual irregular. En enero crecieron 11,3% respecto al mes anterior; sin embargo, «estos valores no son significativos en función de la totalidad de operaciones del rubro», finalizó Barbero.

(AMBITO) Prevén aumento menor para la canasta básica durante enero
Informes privados estiman la suba entre 3,3% y 4%, cuando en diciembre habían trepado por encima de la inflación. El INDEC dará a conocer hoy dato. Por impacto de los mayores controles de precios sobre los alimentos, en enero menguó el efecto que tiene la inflación sobre la canasta básica. Por lo menos así lo indican algunos estudios privados conocidos antes de que el INDEC de a conocer hoy los resultados de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y la Canasta Básica Total (CBT) que son consideradas como las líneas de indigencia y pobreza, respectivamente. Para los privados el rango de suba va entre el 3,3% y el 4%, lo cual constituye una mejora en comparación con diciembre, cuando ambos indicadores se incrementaron por encima del IPC general. En diciembre, el valor de la CBA se disparó un 5,1% hasta alcanzar los $ 22.680,97 para una familia de cuatro miembros, marcando un nuevo límite de la indigencia. A su vez, el costo de la CBT fue de $ 54.207,53, con una suba del de 4,7% en comparación con noviembre. El costo de la canasta básica alimentaria trepó 45,5% a lo largo de 2020 y se ubicó muy por encima de la inflación minorista, que finalizó el año pasado con un incremento de 36,1%. El dato preocupa al gobierno, quien entiende que durante el 2021 el incremento de los precios en el sector de los alimentos, por lo menos, se tiene que alinear con las pautas generales establecidas por el ministro Martín Guzmán, de un 29% de suba para todo el año. Al respecto, el director de Focus Market, Damián Di Pace, estimó que la suba de la CBA de enero se ubicó en el 3,3%. El analista aclaró en diálogo con Ámbito, que esa medición replica a la que hace el INDEC, pero solo en los supermercados y entre los 10 productos más vendidos. “Hay que tener en cuenta que la medición está influida por el efecto de los programas Precios Máximos y Precios Cuidados porque es en supermercados”, señaló. Para Focus Market, la CBA de enero llegó a $25.156, cifra que sería unos $3.000 más alta que la oficial porque el INDEC promedia los valores de todos los canales de ventas en más puntos a lo largo del país. En tanto, el Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESAC), estimó que en la ciudad de Buenos Aires, una familia tipo requirió en enero de $122.344 para poder vivir. “La Variación General fue del 1,67%. La variación de Productos de Consumo Masivo registró un incremento promedio de 3,48%. El rubro Servicios Básicos se incrementó en 1,14%”, señaló en un reporte la entidad. Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), consideró que “la suba de la CBA de enero podría ubicarse cerca del 4% pero no por encima del índice general de inflación”

(AMBITO) Confirman interés de Rusia en millonarias obras de infraestructura
Entre los proyectos, una central nuclear, la represa de Chihuido y un tren Vaca Muerta-Bahía Blanca. Exportaciones de vino y alimentos, un encuentro entre Putin y Fernández y vacunas también están en la agenda diplomática. La llegada de la vacuna Sputnik V al país volvió a poner en el centro del panorama noticioso a la relación bilateral entre Argentina y Rusia. La posibilidad de producir el fármaco desarrollado por el instituto Gamaleya en el país es real y factible. Sin embargo, esta no es la única cuestión que ocupa al Gobierno. Fuentes oficiales adelantaron a Ámbito que ya se trabaja en la llegada de inversiones para fortalecer la infraestructura. La sexta central nuclear, la represa de Chihuido en Neuquén y un tren que uniría Vaca Muerta con Bahía Blanca entre los proyectos que forman parte del borrador oficial. A pesar de que la prioridad absoluta de las gestiones en Moscú será garantizar la provisión de vacunas y avanzar en la posibilidad de llevar adelante la fabricación del fármaco en el país, la embajada ya diagramó una hoja de ruta inicial para aumentar las exportaciones y atraer inversiones. En 2008 ambos países elevaron el rango de su vínculo al de Asociación Estratégica Integral. El acuerdo suponía fortalecer la cooperación política, comercial, científica y tecnológica al máximo nivel. Con ese marco, en 2015 meses antes de las elecciones Argentina y Rusia firmaron un acuerdo para construir la sexta central nuclear. Sin embargo, la asunción de Macri representó un giro en las relaciones exteriores y el proyecto se frenó. De acuerdo a lo que revelaron altas fuentes de la Cancillería a este medio, los capitales rusos están interesados en reflotar el plan para construir una planta nuclear con un reactor de uranio enriquecido y agua liviana con una potencia de 1.200 megavatios. De acuerdo a estimaciones preliminares podría demandar alrededor de 6.000 puestos de trabajo en mano de obra local y la sustitución de combustible fósil generaría un ahorro neto superior a los u$s20.000 millones en un plazo de 20 años. Un alto funcionario dijo a Ámbito que Rusia valora la política exterior Argentina, la considera “independiente e impulsora de la multipolaridad”. En este marco, adelantó el interés ruso por avanzar en la represa de Chihuido I que está valuada en u$s 2.250 millones. La iniciativa lleva seis años de dilaciones y se paralizó durante el mandato de Macri como parte de la austeridad fiscal acordada con el FMI. Otro de los proyectos en carpeta es el del Tren Norpatagónico. La intención sería unir el puerto de Bahía Blanca con los chilenos de Concepción y Talcahuano y tendría un desvío hacia Añelo y Rincón de los Sauces. Esto permitirá llegar a Vaca Muerta y tener un transporte más económico para la llegada de insumos y la salida de productos. Por lo que surgió de las conversaciones entre el ministro de Transporte, Mario Meoni, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, el total a desembolsar sería cercano a los u$s 1.000 millones de dólares. El paquete de obras incluirá la intervención de 309 kilómetros de vías, playas ferroviarias y refacciones de señalamiento. Se estima que generará de manera directa 690 puestos de trabajo. En la hoja de ruta del flamante embajador Eduardo Zuain ya está en carpeta un encuentro presencial entre Alberto Fernández y Vladímir Putin que todavía no tiene una fecha definida. También tiene apuntada una feria comercial del rubro de alimentos. En la cartera que conduce Felipe Solá consideran que Argentina tiene potencial para aumentar las exportaciones en ese sector. En cuanto a las relaciones comerciales, la embajada apuntará además a promover los envíos de la industria vitivinícola. Zuain tuvo un encuentro la semana pasada con la Corporación Vitivinícola Argentina donde acordaron llevar adelante un trabajo coordinado entre sector público y privado. Según explicaron, el gobierno ruso está promoviendo disminuir el consumo de vodka y proponen para eso terciario con el de vino. Actualmente el país vende una buena cantidad a granel pero poco fraccionado y buscarán así imponer el sello nacional.

(AMBITO) FMI: avanza la idea de un acuerdo de «baja condicionalidad» que habilite chances en año electoral
Para el Gobierno, por un lado, incrementa la posibilidad de cumplimiento en el largo plazo. Por otro, la viabilidad política en el corto. La ecuación que impera en los despachos. La marcha para cerrar un acuerdo con el FMI antes de mayo podría tener algunos registros adicionales. Uno que comienza a mensurarse por estas horas entre los responsables de llevar la negociación adelante del lado argentino es la posibilidad de que el acuerdo con el FMI tenga una consistencia “light”, es decir que, en términos de las metas cuantitativas y objetivos estructurales acordados, las condicionalidades sean flexibles. Esto depararía una doble suerte al Gobierno: por un lado, incrementa la posibilidad de cumplimiento en el largo plazo. Por otro, la viabilidad política en el corto. Los trabajos tendientes a alimentar el diseño de este escenario no son sorpresa. Si bien lo han planteado en las últimas horas aquellos analistas y brokers que siguen de cerca la negociación y que mensuran la trayectoria política del Gobierno para este 2021, año electoral, hace tiempo que, entre las alternativas existentes, esta variante forma parte del “manual de procedimientos” que Guzmán lleva bajo el brazo. Los trabajos tendientes a alimentar el diseño de este escenario no son sorpresa. Si bien lo han planteado en las últimas horas aquellos analistas y brokers que siguen de cerca la negociación y que mensuran la trayectoria política del Gobierno para este 2021, año electoral, hace tiempo que, entre las alternativas existentes, esta variante forma parte del “manual de procedimientos” que Guzmán lleva bajo el brazo. A priori, se trata de un escenario que no es de difícil representación para el imaginario colectivo: un acuerdo “tradicional” con el Fondo (y sus condicionalidades correspondientes) podría contraponerse con los grados de libertad necesarios para asegurar un buen resultado electoral para la Casa Rosada. Sabido es que el acuerdo buscado por Argentina (Extended Fund Facility) es un programa con plazos de repago de 10 años, distribuidos en 12 cuotas semestrales de amortización con un periodo de gracia de hasta 48 meses. A ese registro se le agrega otro, una gestión adicional, que podría buscar una extensión de hasta 20 años para el repago, pero algunas fuentes sostienen que esto resulta bastante difícil de lograr porque las condiciones de las líneas de préstamo del FMI se encuentran determinadas estatutariamente. Según la consultora Delphos Investment, actualmente ocho países tienen un acuerdo EFF por un total comprometido de u$s21.365 millones aproximadamente. La refinanciación argentina alcanza casi los u$s46.000 millones, equivalente a más de dos veces ese monto y comenzaría con pagos de capital en 2025 y hasta 2032 o 2033 aproximadamente. Ahora bien. Las metas que usualmente contienen este tipo de acuerdo son de dos tipos: metas cuantitativas y objetivos estructurales. En las metas cuantitativas se incluyen objetivos consensuados de déficit fiscal, acumulación de reservas, crédito del banco central al gobierno, y dependiendo del régimen de política monetaria, metas de inflación o crecimiento de agregados monetarios, entre otros. El dato es que más de la mitad de los programas del Fondo entre 2011 y 2017 han incluido también metas mínimas de gasto social. Para Delphos, “esto daría una mayor consistencia a la política económica del gobierno sin descuidar el aspecto social”. Dentro de los objetivos estructurales, se incluyen mejoras en diversos aspectos como el manejo de la deuda pública, la independencia del Banco Central, reformas en la administración impositiva, el control del lavado de dinero, etc. Según el organismo, el número de objetivos ha ido en aumento desde 2011 reflejando los crecientes desafíos de los países. Es destacable que los plazos de implementación acordados pueden ser de varios años, sin requerimientos en el corto plazo. De todas maneras, esta parte del acuerdo quizás sea el menos atractivo en términos políticos de cara a las elecciones. Es importante mencionar que varios países que han ingresado en acuerdos EFF (Ucrania, Grecia, Ecuador, Barbados) han reestructurado su deuda pública como parte de las metas. Argentina ya realizó su reestructuración el año pasado y no tiene vencimientos importantes con bonistas privados en el mediano plazo. De esta manera un acuerdo con el Fondo resulta menos urgente. “Antes o después de las elecciones, el Acuerdo con el FMI será “light” en términos de las metas cuantitativas y los objetivos estructurales acordados”, señalan en Delphos. “El acuerdo cerraría el ciclo de normalización con los acreedores externos y mejoraría las expectativas inflacionarias, ya que bajo el programa EFF, los primeros pagos de capital comenzarían en 2025 para finalizar luego de 2030, brindando 5 años de aire financiero para mejorar el desempeño económico y social. La historia demuestra que las condiciones externas son claves en este camino, junto con políticas que aprovechen las oportunidades que nos brinda el contexto”, señalaron. En la misma línea se manifestó el economista Eduardo Levy Yeyati entrevistado por Ámbito: “Creo que apunta a un programa “ligth” con escasa condicionalidad. Es lo que el FMI propone cuando no hay acuerdo para hacer reformas pero el país necesita tiempo para repagar. Hoy el Gobierno precisa dólares frescos, pero esto requiere presentar un programa fiscal sostenible que hoy no tiene. Igualmente, no es obvio que encuentren la letra de ese “no-programa”. Según Yeyati, “la discusión se centrará en metas fiscales y de reservas que aseguren la sostenibilidad según el criterio del FMI, el Gobierno propondrá medidas para alcanzar esas metas y el FMI dirá si las ve viables. Dado el contexto, los dos tienen incentivos para acordar, con vistas a una revisión en el futuro”.

(BAE) El Gobierno convoca a Audiencia Pública para definir una nueva tarifa de gas
La Secretaría de Energía convocó ayer para el 15 de marzo a la realización de una Audiencia Pública para analizar en un «proceso participativo» el costo del gas natural por redes, y la proporción de la cual se hará cargo el Estado vía subsidios, en el marco del Plan Gas.Ar vigente. Así lo dispuso el secretario de Energía, Darío Martínez, a través de la resolución 117/2021 y en la que se convoca a la Audiencia Pública para el 15 de marzo, a partir de las 10, a través de la plataforma Webex.
El secretario consideró tras el llamado público que «es sumamente importante asegurar la transparencia en la toma de decisiones que afectan el interés común de la ciudadanía, como lo es el costo del componente gas natural que pasa a la tarifa, que debe adecuarse al salario de los argentinos, y no al revés». Martínez recalcó, mediante un comunicado de su cartera, que «es necesario que la ciudadanía se sume a este tipo de instancias, por lo que se habilitarán centros de participación con herramientas tecnológicas para que todos los interesados e interesadas puedan acceder a la audiencia». En el debate podrá participar toda persona humana o jurídica, pública o privada, y deberán inscribirse hasta dos días hábiles previos, a través del formulario disponible en el sitio web https://www.argentina.gob.ar/economia/energia
El informe técnico que se expondrá en la Audiencia Pública, elaborado por la Secretaría de energía, estará a disposición de quienes estén interesados, en la página web de la Secretaría: https://www.argentina.gob.ar/economia/energia La convocatoria se da en el merco del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino û Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024 (conocido como Plan Gas.Ar), que busca abastecer de gas natural de producción nacional la demanda local, reemplazando fuentes importadas y más caras de ese fluido.

(INFOBAE) Con el impulso del precio de la soja, el Banco Central acumula compras por USD 1.200 millones desde diciembreLa autoridad monetaria atraviesa la mejor racha positiva en un año. En 2021 las liquidaciones del agro promedian USD 100 millones diarios.
Mientras que en el plano doméstico las miradas siguen puestas en la inusual calma cambiaria, que llevó al dólar libre al umbral de los $150, con una pérdida de 9,6% o 16 pesos en el acumulado de 2021, el Banco Central continúa “aspirando” divisas de la plaza, en provecho del gran momento que atraviesa la cotización de los productos exportables del agro. El Central finalizó la semana pasada con un saldo neto a favor de USD 235 millones en las cinco ruedas, mientras que las compras netas de febrero suman unos 400 millones de dólares. Si se toman en cuenta los saldos positivos de diciembre y enero, la autoridad monetaria acumula compras netas en el mercado mayorista por unos USD 1.200 millones, su mejor racha en un año, desde el trimestre noviembre de 2019 a enero de 2020, trimestre en el que acumuló 4.106 millones de dólares. Sin embargo, esa serie de ingresos de divisas a las arcas del BCRA no se refleja plenamente en el nivel de reservas, cuya mejora a partir de diciembre alcanza los USD 718 millones -desde los USD 38.652 millones del 30 de noviembre a los USD 39.370 millones del viernes pasado-, debido a que la autoridad monetaria también debe abastecer de dólares al Tesoro para cumplir con los vencimientos de deuda. El ritmo sostenido de liquidación de exportaciones del agro, relevante dada la época del año, es el fundamento de esta etapa positiva para el Banco Central, con la expectativa puesta en el segundo trimestre del año, cuando el ingreso de agrodólares es el más alto del año por cuestiones estacionales. Aunque en diciembre los ingresos de dólares por exportaciones se desplomaron por las tres semanas de medidas de fuerza de portuarios y aceiteros en el cierre del 2020, la mejora de las liquidaciones fue notable en enero y lo que va de febrero. Según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en diciembre, las liquidaciones del agro cedieron 24% interanual, desde un promedio diario de USD 105,9 millones en 2019 a USD 80,5 millones. Pero en enero este promedio diario trepó 46%, de 73,4 millones a USD 107 millones, y en lo que va de febrero crece más de 100 por ciento, desde los USD 45,3 millones a los 98 millones de dólares. La mejora tiene fundamento en la suba de los precios internacionales, que impulsaron las liquidaciones en el corto plazo, ante la volatilidad de esta variable. En los últimos dos meses y medio, el precio del la tonelada de soja subió un 17% y superó los USD 500 millones por primera vez desde mediados de 2014, hace casi siete años. Un informe de Portfolio Personal Inversiones indicó que “tras el ‘sainete’ de la posibilidad de un alza de las retenciones, el Gobierno -buscando evitar mayores conflictos crecientes con los proveedores de divisas, que es el campo- está iniciando un ‘proceso de desinflación’ reduciendo el ritmo de depreciación del tipo de cambio, con el objetivo de que los bienes transables operen con menor indexación hacia delante”. “Entendemos que el BCRA no sólo reduce el ritmo del tipo de cambio para bajar la inflación, sino también para incentivar a los productores a vender”, acotó Portfolio personal, y agregó que “la pregunta del millón seguirá siendo, por ahora, si los productores venderán. Incógnita, incluso, que puede estar hoy más del lado de los precios internacionales. Los expertos del agro estiman que por las condiciones de oferta, demanda global y stocks, los precios de los granos tendrían aún potencial alcista. De darse dicha expectativa, los silobolsas seguirían siendo el mejor refugio para el productor”. Por otra parte, el último reporte de Índices de precios y cantidades del comercio exterior del INDEC, correspondiente al cuarto trimestre de 2020, también reflejó esta mejora en los precios de las exportaciones de 5,4% para los Productos primarios -como granos sin procesar- y de 5,5% para las Manufacturas de origen agropecuario -como aceites y harinas-. Cabe recordar que en el acumulado de doce meses de 2020, el Indec informó un total exportado de unos USD 54.884 millones, de los cuales un 37% correspondió a ventas del agro y sus derivados industriales. Ciara-CEC informaron que el total liquidado por el sector el año pasado ascendió a unos 20.274,4 millones de dólares.

(CRONISTA) Inflación y controles de precios ponen en riesgo el rebote
El ritmo de vacunación, alta inflación y desabastecimiento pueden reducir el rebote de 2021, que no llegará a recortar la mitad de la caída del año pasado según Ieral-Fundación Mediterránea.
La caída del producto bruto interno (PBI) de más de 10% en 2020 propicia que 2021 anote el primer guarismo positivo desde 2017. Las proyecciones apuntan a una recomposición que oscilará entre 4% y 5,5%. Ieral Fundación Mediterránea detectó tres factores que pueden comprometer esta leve recuperación. El informe planteó que los sectores más golpeados aún tienen un peso mayor para la actividad que los sectores menos afectados, al registrar en promedio en noviembre una caída interanual ponderada de 15,7% y representar un 25,2% del total. Esta porción incluye a transporte, enseñanza, minería, servicios comunitarios, pesca y hoteles y restaurantes, y depende más de la eficacia de las políticas de salud y del avance de la vacunación que de medidas económicas. El resto, salvo impuestos netos de subsidios, en el promedio ponderado de noviembre arrojó una variación positiva de 2,14%. Pese a ser el 56,4% de la economía, no llegó a compensar la baja que produjo el conjunto de sectores más afectados. El segundo factor que identifica el informe tiene que ver con la inflación, que marcó ya un 4% en enero y que tiene una relación inversamente proporcional con el consumo privado: a mayor inflación, menor consumo, una variable clave en año electoral. Además, advierte que la monetización del abultado déficit fiscal de 2020 pudo ser parcialmente contenida por algunos mecanismos de absorción, pero dejó una «situación precaria» con una «marcada presión inflacionaria subyacente». El informe estima que para cumplir el 29% se debería bajar este año el déficit fiscal primario a 2,5% del PBI, bastante menos que el 4,5% previsto. El tercer factor pasa por los «cuellos de botella» derivados de los estrechos controles de precios y de importaciones. Para el informe, estas medidas se traducen en una disminución del «crecimiento potencial» y en el encarecimiento de los bienes faltantes o escasos. Los importadores denuncian que hay atrasos de más de 60 días en las licencias no automáticas que frenan compras del exterior.

(CRONISTA) Leliq, el regreso: bancos esperaban más tasas del BCRA y creció el stock
La entrada en vigencia de la alícuota de 8% en CABA no impidió que las entidades volvieran a este instrumento del BCRA. Sólo en febrero, crecieron $ 116.000 millones. Muchas tocaron límites de exposición a riesgo soberano
El apetito por las Leliq parece haber vuelto a despertarse. Mientras el Banco Central (BCRA) y las principales entidades financieras del país aguardan que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie respecto de los reclamos contra la Ciudad de Buenos Aires por la aplicación de impuestos sobre los pasivos remunerados de la autoridad monetaria, el stock de Leliq volvió a crecer con fuerza, particularmente desde el inicio de este mes. A pesar de la entrada en vigencia de la nueva alícuota del 8% sobre Ingresos Brutos a las Leliq y los pases que impuso la Ciudad para compensar la quita que sufrió por la coparticipación, las tenencias de estos instrumentos a 28 días por parte de los bancos ya aumentaron en más de $ 153.379 millones desde que empezó el año y 75% de ese incremento ($ 116.213 millones) se produjo desde que comenzó febrero. De esta manera, el stock total de este pasivo remunerado del BCRA escaló a $ 1,855 billones, niveles similares (en términos nominales) a los que se registraban a fines de septiembre, antes de que la entidad que preside Miguel Pesce decidiera que los bancos debían reducir en 20 puntos porcentuales su posición neta excedente de Leliq. El aumento en el stock de Leliq responde, en buena medida, a que diversas entidades apostaron a que el BCRA convalidaría una suba de tasas, algo que no ha ocurrido. Desde una entidad analizaron que, incluso con el gravamen, las Leliq continúan brindando un rendimiento superior al que pueden obtener en relación con el resto de instrumentos disponibles en el mercado de duration similar. «En cuestiones de tasa, a 28 días, la Leliq pagando 38% es imbatible», dicen, y enumeran que ni los bonos CER, ni las Ledes, ni los Lepase ni los Lecer les ofrecen hoy un rendimiento mayor. «Los bonos CER tuvieron un rally, lo que hizo que bajara la tasa y no sean tan atractivos», coincidieron en otro banco. La contracara la ofrece el stock de pases pasivos, que se redujo en $ 206.975 millones desde que comenzó el año y en $ 150.714 millones desde que se inició el corriente mes. Las tenencias de pases por parte de bancos, por lo tanto, se redujeron a $ 934.459 millones, alejándose así de la zona de $ 1,2 billones de fines de 2020. «Se compensa un poco el mix de aumento de Leliq con la baja de pases en febrero. El Banco Central emite porque le cancelan pases y esteriliza vía Leliq. A ningún banco central le conviene tener todos sus pasivos a un día, a pesar de que la tasa sea menor, ya que es un riesgo enorme tener que renovar todos los días ese nivel de stock», explican desde un banco local. «Hay un factor estacional. La gente ya no necesita tantos pesos en el bolsillo y esos pesos empiezan a volver a los bancos, en forma de plazos fijos. Otra parte va a consumo y otra a dólar. Pero cuando suben los plazos fijos, tiene lógica que los bancos demanden más pasivos remunerados. Esos pesos pueden colocarse en pasivos remunerados del Banco Central o en bonos soberanos, pero en bonos depende del riesgo que se quiera asumir y el límite RPC (Responsabilidad Patrimonial Computable) que tienen los bancos», agregan. «El tema de Ingresos Brutos había sido funcional al objetivo del Gobierno de ir canalizando pesos de pasivos remunerados del BCRA a deuda del Tesoro», dice Martín Vauthier, director de Eco Go. Sin embargo, cree que «ahí los bancos están a tope de lo que podrían colocar». «En promedio, los bancos están bastante cerca de la posición tope de deuda del Tesoro que pueden tomar. Algunos bancos pueden estar un poco más holgados que otros, pero en promedio el sistema está bastante cerca del límite. Eso significa que tampoco tienen demasiado margen para seguir desarmando pasivos remunerados y yendo a deuda del Tesoro, al menos con las regulaciones actuales», explica Vauthier.