(AMBITO) El Gobierno analiza más medidas para apuntalar los ingresos
Están en estudio nuevas subas del salario mínimo, bonos para jubilados y trabajadores informales, modificación del piso de Ganancias y aumentos de suma fija por decreto.

La disparada inflacionaria modificó todos los planes del Gobierno y, en off the record, los funcionarios del gabinete ya reconocen que este año será imposible reducir el índice con respecto a 2021. Con este escenario, el Ejecutivo se enfoca en distintas medidas para reforzar el poder adquisitivo. Nuevas subas del salario mínimo, bonos para jubilados y trabajadores informales, modificación del piso de ganancias y aumentos de suma fija por decreto están en estudio.

La cifra de abril del IPC se posicionó nuevamente por encima de las expectativas del gabinete económico y de las estimaciones de las consultoras. La desaceleración es más lenta de lo esperado. Las proyecciones indican que, con un escenario optimista, en el caso de que la inflación baje al 3% desde mayo hasta fin de año, 2022 cerrará con un 56% de avance en los precios. Si se posiciona en un 4%, culminaría en un 68%.

En este contexto, la posibilidad de una baja fuerte que deje al índice de precios al consumidor por debajo de los valores de 2021 está prácticamente descartada. Por eso en el Gobierno analizan distintas medidas para fortalecer los ingresos. “En mayo se paga la primera cuota del bono de $18.000, en junio la segunda parte, eso calienta la economía, pura demanda. Así, tenemos que impulsar iniciativas todos los meses”, dijo a Ámbito un estrecho colaborador del presidente Alberto Fernández.

La misma fuente, no descartó que durante el segundo semestre, si la inflación continúa jaqueando el poder adquisitivo, se implemente una medida similar al bono de refuerzo de ingresos que paga la ANSES. “Forma parte del menú ya tradicional de nuestra economía. Son las herramientas que tenemos”, señaló.

En esa línea, explicó que pese al adelantamiento de paritarias que se dispuso semanas atrás, no se descarta la idea de un aumento generalizado de suma fija que se instrumente por decreto. “No creo que a la CGT le guste. Pero una vez que se cierren una buena cantidad de paritarias, se puede llevar a cabo para empujar a los gremios más rezagados o los sectores con menos poder de negociación”, se explicó.

Por otro lado, el viernes pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, hizo público un pedido para actualizar el piso del impuesto a las Ganancias. La respuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, fue inmediata: «Es una obviedad que se actualizará”, dijo a la Agencia Télam. El secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, anticipó en declaraciones radiales que será entre junio y julio. Según explicaron desde el entorno de Massa, el piso que hoy se encuentra en $225.937 se elevaría a $265.000 de remuneración bruta.

El 10 de mayo, cinco días después de que el diputado Máximo Kirchner presentara un proyecto para adelantar los tramos pautados para el salario mínimo vital y móvil, el Ministerio de Trabajo anunció que las mejoras previstas para diciembre se cobrarán en agosto. En ese momento, el incremento alcanzará el 45%. Como en función de la mayor inflación, la negociación de principio de año quedó desactualizada, es probable que el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, convoque nuevamente al Consejo del Salario para llevarlo a una cifra cercana al 60%, como vienen cerrando la mayoría de los gremios de peso.

La duda que persiste entre los economistas es cuánto de ese esfuerzo por recomponer ingresos terminará diluido por la aceleración de precios que las mismas medidas pueden generar. El fenómeno fue analizado de forma exhaustiva por el ex viceministro Emmanuel Alvarez Agis en un informe que publicó su consultora PxQ: “Las medidas intentan que los salarios y los ingresos se acomoden a la nueva velocidad de la inflación, pero si no se tiene forma de controlar los precios, responder con subas de salarios puede resultar contraproducente. En un marco como el actual, las conquistas nominales sólo se mantienen reales por algunos meses. Y así es como el proceso vuelve a empezar y la inflación se retroalimenta”, concluye el trabajo.

(AMBITO) Confían en el Gobierno que cerrará en positivo la inspección fiscal del FMI
Se afirma en el Ejecutivo que el dato del primer trimestre (-0,3%) será aceptado, pese a la contabilidad especial.

Si bien lo que se refleja desde Washington en las pantallas del Zoom con el que avanzan las fiscalizaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) es prudencia y debates técnicos, desde Buenos Aires crece la esperanza. El Ejecutivo está cada vez más convencido de que el organismo financiero finalmente aceptará los datos del primer trimestre del año, especialmente en el capítulo más importante que el país debe cumplir: la evolución del déficit fiscal. Lo que se desprende de las primeras jornadas de fiscalizaciones es que no hay mayores cuestionamientos desde el otro lado de los Zoom, y el resultado de un desequilibrio entre ingresos y gastos de 0,3% entre enero y marzo será avalado y recibiría el tilde verde. Si esto ocurre, sólo restaría fiscalizar la evolución de las reservas en el mismo período, el nivel de crecimiento de la economía y la política monetaria aplicada desde el palacio de Hacienda, para que Argentina reciba la aprobación del primero de los tres exámenes que el gobierno de Alberto Fernández tendrá que superar para que el Facilidades Extendidas permanezca vivo. Si bien se reconoce en Buenos Aires que esta primera revisión es, en teoría, la más fácil de superar; el momento de recibir la aprobación será un espaldarazo a la gestión de Martín Guzmán para poder continuar con su estrategia fiscal, monetaria y cambiaria para el período abril-junio; el que, obviamente, presenta más complicaciones fiscales que el período en evaluación.

Lo importante del 0,3% de déficit del primer trimestre se ubica en sintonía con el 2,5% comprometido para todo el 2022. Incluso puede hablarse de algún sobrecumplimiento, ya que se trata de un desequilibrio de unos $192.700 millones, cifra que se ubica por debajo de la meta de $222.300 millones del resultado comprometido. Sin embargo, saben ambas partes, a la cifra se llega con algunos movimientos contables polémicos; los que a los ojos de Guzmán y su equipo estarían en sintonía con lo negociado con el FMI y lo aprobado por el organismo en la reunión del board del 25 de marzo pasado.

Se trata de la contabilización como ingresos por unos $124.000 millones (casi la totalidad del desequilibrio) y mucho más que el sobrecumplimiento de $30.000 millones, que son parte de las colocaciones de deuda que realizó el Gobierno durante los primeros tres meses del año, explicados por la diferencia entre el lanzamiento de la deuda y el valor nominal de mercado (el famoso Valor Presente Neto) de la misma. Se trata de una especie de “rentas de propiedad” de los activos del sector público, cuyo valor se incrementó por los movimientos del mercado, y que según los analistas no deberían ser tomados como ingresos genuinos del Estado Nacional; salvo que se aclaren como no disponibles o por fuera de las metas fiscales.

Para Economía todo es lícito y abierto al análisis, sin contabilidades ocultas. O, dicho de otro modo, lo que importa que el FMI lo apruebe como válido. Al presentar los datos del primer trimestre, la secretaría de Hacienda de Raúl Rigo había dicho que hacia marzo “el incremento nominal del déficit primario se encuentra dentro de los valores previstos al inicio del ejercicio, incluso considerando los efectos del alza de los precios internacionales sobre las cuentas públicas, generados por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”. Y que, lo más importante, entre enero y marzo se registró un aumento real del 9,1% interanual de los ingresos totales, lo que “se asocia a la mayor recaudación de tributos ligados a la seguridad social y a la actividad económica, en el marco del proceso de crecimiento acompañado por una mejora de los salarios y una recuperación del empleo registrado”.

La esperanza de Economía es que los datos se aprueben en la misión de la próxima semana, junto con la acumulación de reservas en el Banco Central y el crecimiento proyectado de 4% del PBI para todo el año. Y que sobre la base de estos datos se avalen el resto de las variables que el país debe cumplir, y cuyo tilde verde está seriamente comprometido. Especialmente el dato de inflación y, en menor medida de inconsistencias, la política cambiaria y la emisión monetaria, terrenos donde el Palacio de Hacienda no puede mostrar resultados positivos y esperanzadores para el futuro. O al menos datos que proyectados para todo el ejercicio se acerquen a lo pactado.

La estrategia desde Buenos Aires, es que los números de las variables que sí se cumplirían, sean lo suficientemente sólidos y lógicos, para que opaquen a las metas y objetivos que ya se sabe no se cumplirán. Sabe Guzmán y su equipo, que en algún momento del resto del año, quizá durante las próximas misiones del FMI que restan para lo que queda del 2022, habrá que recalcular varias de estos números y porcentajes; y se necesitará renegociar un waiver general.

(AMBITO) Postergan vencimiento de Ganancias y Bienes Personales
La fecha prevista originalmente era el 13 y el 14 del mes próximo pero se correrá debido a que los aplicativos para liquidar el tributo estuvieron disponibles la semana pasada

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) postergará para “fines de mes” el vencimiento de los Impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales previsto en principio para los próximos 13 y 14 de junio. Se trata de la liquidación de tributos correspondiente a las personas físicas del 2021 y la postergación obedece a que el organismo habilitó los aplicativos en la web oficial recién el jueves de la semana pasada.

Fuentes de la AFIP confirmaron la novedad a Ámbito Financiero. En tanto, según precisaron contadores, tras un encuentro en el marco del Diálogo Institucional entre entidades que representan a los profesionales y funcionarios del organismo, la nueva fecha se correría para el 24 de junio.

“Claramente es insuficiente, poco más de una semana”, señaló Vicente Lourenzo, asesor tributario de pequeñas y medianas empresas y dirigente de la Cámara de Estudios Profesionales Económicos y Tributarios (CEPET).

El planteo de los profesionales es que la demora de la AFIP en la habilitación del sistema para cargar las declaraciones juradas y liquidar el tributo anual provocó que se junten con otros vencimientos, lo que genera acumulación de tareas administrativas de parte de los estudios. El CEPET presentó una nota a la AFIP en la cual reclamó que el plazo se postergue para fines de julio.

Entre los argumentos se señala que tras un período en el que el organismo recaudador se abstuvo de iniciar inspecciones, debido a los efectos de la pandemia, ahora las fiscalizaciones se retomaron, y eso implica mayor carga de tareas para los contadores que tienen que reunir información.

Al respecto, Gabriela Russo, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, señaló que “los aplicativos se pusieron a disposición el jueves y ya estamos viendo que presentan errores al ingresar”. “Según el calendario original, el vencimiento comenzaría el 13 de junio. AFIP nos informó que pasarían al 24 pero no es suficiente. Hay que tener en cuenta que las aplicaciones deberían estar disponibles a principio de año, ya que es la liquidación de un impuesto del año anterior”, dijo Russo. La titular del Consejo indicó que “pedimos siempre que, como mínimo, estén listas 60 días antes de vencimiento para poder presentarlo correctamente pero postergaron 10 días, y encima en ellos hay dos feriados, teniendo en cuenta el tiempo que se tomó el organismo para ponerlo a disposición”.

Por otro lado, los profesionales cuestionaron la última decisión de la AFIP de impedir el uso de programas informáticos para la realización de cargas de información de manera automatizada, denominados “bots”. La medida afecta sobre todo a los estudios contables más importantes, debido al costo de la inversión en ese tipo de tecnología.

La AFIP comunicó que no se pueden usar los “bots” debido a problemas de seguridad informática. El uso de esos programas acelera las tareas administrativas, a través de funciones como la importación y exportación de datos. Ahora los estudios tienen que hacer las tareas manualmente.

Lourenzo consideró que esa decisión no impacta tanto en los contadores independientes y estudios pequeños, que no están en capacidad de hacer esa inversión, y no manejan un nivel de datos que justifique el gasto. “Estos bots pueden hacer el trabajo de dos o tres empleados”, explicó.

Russo dijo al respecto que hubo una reunión con funcionarios de la AFIP. “Escucharon nuestras inquietudes y nos respondieron que iban a evaluar nuestras propuestas para resguardar el equilibrio. Entendemos que hay que resguardar la información de los contribuyentes, pero eso no tiene que ir en contra del avance tecnológico en perjuicio de los profesionales y de los contribuyentes que invirtieron en estas herramientas”, señaló.

(AMBITO) El trigo se disparó en Chicago: asegura ingreso de divisas (y suma presión a los precios internos)
El mercado vuela ante la prohibición a las exportaciones del cereal que impuso India. Arrancó la siembra 2022 y productores podrían sumar hectáreas.

La siembra de trigo recién acaba de comenzar en la Argentina y las proyecciones parecen ser de lo más alentadoras en lo que respecta al ingreso de divisas que dejaría el cereal de invierno. Es que el precio internacional hoy subió más de u$s25 para cerrar la jornada a u$s458,38 para la posición julio y a u$s459,66 para septiembre. La decisión de India de prohibir las exportaciones del cereal alteró al mercado que ya descontaba una menor producción y abastecimiento mundial a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, ya que este país en la práctica es considerado el granero de Europa.

En esta historia la producción Argentina de trigo toma mayor revalorización y según las primeras proyecciones se sembrarían un total de 6,35 millones de hectáreas con un potencial de rendimiento a cosecha de 19 millones de toneladas, pero eso es algo que está por verse. Es que los mejores precios internacionales y algunas bajas en los valores de los fertilizantes podrían alentar a los productores locales a sumar más hectáreas de trigo, a la par que también recurrían a estrategias comerciales agresivas para captar los actuales valores a cosecha.

Por lo pronto, las proyecciones más conservadoras de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires indican que la cosecha fina (trigo y cebada) generaría al menos unos u$s6.000 millones a la economía argentina, pero esta cifra puede crecer bastante en caso de que los productores sumen más hectáreas de trigo a sus planteos productivos y logren aprovechar los máximos valores que hoy muestra el mercado.

Lo cierto es que mientras suben los precios de los commodities del agro la Argentina se asegura este año un ingreso récord por parte de los principales complejos agroexportadores que superarían en total los u$s41.000 millones y si esta cuenta se le suman por ejemplo los envíos de carne vacuna, maní y otras economías regionales el campo en su conjunto aportaría más de u$s51.000 millones. Es decir, este 2022 será un año en el que el país contará con divisas frescas durante prácticamente todo el año gracias al campo en un contexto de máxima tensión para las arcas nacionales.

Pero, por otro lado la situación abre un frente de conflicto para nada menor. El alza de los commodities del agro, principalmente los cereales (trigo y maíz) también afecta el valor interno de los alimentos. En primer lugar, el trigo es el producto básico de la harina para la fabricación de pan y otros productos farináceos claves de la canasta básica como las pastas secas o galletitas. En cuanto al maíz, tiene múltiples usos en el negocio alimenticio y en forma directa es un insumo clave para la alimentación animal (cerdos, aves y bovinos). Es por ello que si el mercado local paga también altos precios por los cereales el traslado a las góndolas de los supermercados también se hará sentir en el corto plazo. Justamente, en un contexto de alta inflación que el Gobierno busca frenar mediante diversos mecanismos que no están logrando su objetivo.

En este contexto, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apura la puesta en marcha del denominado fideicomiso triguero con el que busca desacoplar el precio del trigo en el mercado interno que será destinado a la fabricación de harina mayorista. Es decir, el funcionario busca un acuerdo marco con los molinos harineros y las empresas fabricantes de pastas y galletitas para lograr la máxima trazabilidad en el sector y de esta manera destinar unos u$s400 millones a subvencionar las bolsas de harina de 25 kilos. El dinero, en su totalidad, proviene del incremento de las retenciones a los subproductos de la soja.

Mientras tanto, algunos molinos harineros pymes advierten que puede haber un reparto discrecional en estos subsidios al trigo y piden mayor claridad a la hora de establecer el acuerdo. Es por ello que ayer Feletti se reunió con diversas líderes de empresarios molineros para ponerse de acuerdo y mañana le llegará el turno a las empresas de alimentos.

(AMBITO) Advierten que los pedidos de mayores gastos podrían llevar el déficit fiscal a 6% del PIB
El gasto público -descontada la inflación- creció a una tasa superior al 10%, según pudo saber Ámbito. En tanto, un informe del economista Emanuel Álvarez Agis advierte que en los últimos «reclamos distributivos» el déficit fiscal de 2022 sería de 6%, más del doble del 2,5% comprometido ante el Fondo Monetario Internacional.

En el primer trimestre del año, el país cumplió con la meta de déficit primario. El límite acordado con el FMI era de 222.000 millones de pesos y el resultado fue de 193.000 millones. Sin embargo, el gasto público siguió creciendo en ese período, descontada la inflación, a una tasa superior al 10%, según información a la que pudo acceder Ámbito.

Los gastos se aceleraron el mes pasado como consecuencia, entre otros factores, de las mayores erogaciones que demandaron el área energética y la atención de los sectores más vulnerables.

Se estima que el déficit del Tesoro en abril rondó los 200.000 millones de pesos. Este desequilibrio lleva a los analistas a prever que el Gobierno no cumplirá con la meta acordada con el Fondo para el segundo trimestre del año, que no debería superar – en todo el período – los 344.000 millones.

En momentos en que aumentan las demandas de mayores gastos por parte del Estado para compensar la caída en los ingresos – derivada de la aceleración inflacionaria -, entre los analistas económicos tiende a crecer la preocupación por las cuentas públicas.

Uno de los últimos en alertarlo fue Emanuel Álvarez Agis; en un informe difundido este fin de semana el titular de la consultora pxq alerta que si el Poder Ejecutivo diera lugar a los últimos “reclamos distributivos” el déficit fiscal de 2022 sería de 6%, más del doble del 2,5% comprometido ante el Fondo Monetario Internacional.

Conflicto
Existe una “división explícita” entre el «albertismo» y «kirchnerismo», según analiza Álvarez Agis al señalar que a los primeros les toca administrar la política monetaria y fiscal acordada con el FMI, mientras los segundos empujan una recuperación de los ingresos formales e informales.

Al albertismo le toca – explica- “aumentar tarifas de gas y electricidad, descongelar los precios de los combustibles y de las prepagas y mantener una política cambiaria que evite la apreciación real”.

En tanto, por el lado del kirchnerismo, la estrategia consiste en tratar de morigerar los aumentos de tarifas, manifestarse públicamente en contra de la política cambiaria y monetaria, e intervenir directa e indirectamente en la dinámica de las paritarias y los ingresos informales, con reclamos fiscales de todo tipo y color”.

Y, menciona que el diputado Máximo Kirchner consigue, adelantar las cuotas del salario mínimo, vital y móvil. Y desde el propio Frente De Todos aparecieron dos nuevos proyectos de ley orientados a crear un salario básico universal, que abarcaría a 9 millones de personas, y un régimen de inclusión previsional.

En términos del producto bruto interno, el impacto fiscal de este conflicto distributivo es, según explicita Agis:

+1% por no aumentar las tarifas en línea con el nuevo escenario internacional.
+1% si no se sub ejecuta el gasto en infraestructura para mantener el estímulo fiscal.
+1% por el ingreso universal.
+0.5% por la inclusión previsional.
De esta forma, se concluye que los reclamos distributivos suman 3,5% del PIB. Es decir, si el Poder Ejecutivo decidiera «dejar a todos contentos», el déficit fiscal de 2022 sería de 6%, casi el mismo nivel que el año de la pandemia.

Problemas
El trabajo se interroga ¿en qué nivel quedarían las reservas internacionales y la inflación si tal escenario tuviera lugar? Y asevera que “dejar a todos contentos podría, paradójicamente, dejar a todos en la calle” ya que “los pedidos distributivos son, a todas luces, inconsistentes”.

Tras señalar que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno distributivo -encuentra actualmente hiper-estimulado-, Álvarez Agis considera que “en el escenario actual, es impensado que el gobierno pueda ir por un programa de desinflación consistente, puesto que carece del poder político necesario para diseñarlo, implementarlo y monitorearlo”.

Refuta a los que piensan que el déficit fiscal se reduce gracias al «impuesto inflacionario» ya que en el actual escenario de indexación y de conflicto distributivo, el «impuesto inflacionario» se ve compensado por el «gasto inflacionario».

Esto es así porque 60% del gasto público se encuentra formalmente indexado a los salarios y a parte de la recaudación; y el resto del gasto tiene una indexación política a la inflación, puesto que cada vez que los precios aumentan, se multiplican los reclamos sociales y sectoriales para que el ritmo del gasto público se acomode al nuevo escenario nominal.

Y concluye que “a los actuales ritmos de inflación, la estabilidad necesaria para atravesar la segunda mitad del mandato no está garantizada. Es imposible pensar en estabilizar la economía sin antes estabilizar la política”.

(AMBITO) Tarifas, tema único por tres semanas en los cruces del FdT
Martín Guzmán estuvo ayer 40 minutos a solas con Eduardo Wado de Pedro. Fue en la Casa Rosada y en la previa de la firma del Fideicomiso para el Desarrollo Austral con el fueguino Gustavo Melella. Esa foto, con risas y cuidado buen humor, fue la excusa para mostrar algo que el Gobierno intentó publicitar por todos los medios: el intento por pacificar la interna y calmar ánimos dentro del Frente de Todos.

El problema para esto son los antecedentes, como el mensaje de Máximo Kirchner directo al ministro el sábado pasado en el Club Podestá, de Lanús.

En todo ese ruido, el oficialismo tiene hoy un tema casi excluyente que relega a lugares mas abajo de la lista al resto de las diferencias que Cristina de Kirchner, Máximo y La Cámpora habitualmente le recuerdan al Presidente: la suba de tarifas.

La situación del nuevo cuadro tarifario que Guzmán aplicará y que está en el corazón del acuerdo con el FMI como una de las pocas herramientas que llevarán a calmar el déficit fiscal (vía reducción de subsidios) brinda hoy algunos datos interesantes.

Los funcionarios del área Energía como el secretario del área, Darío Martínez, o el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, ambos integrantes del universo kirchnerista aunque quizás con distintas intensidades, no parecen hoy con voluntad de obstruir el proceso de suba de tarifas. Confían en el gobierno que ya tienen instrucciones específicas para no poner palos en la rueda. De todas formas, Guzmán será la imagen que deberá quedar asociada al nuevo esquema de valores que regirán para luz y gas y, además, a la segmentación que se está llevando adelante y donde participan funcionarios de todos grupos del oficialismo.

Esa negociación técnico-política es la que se lleva hoy toda la atención de la interna del Frente de Todos. No es para menos: de ese resultado dependerá claramente el costo político que pagará el gobierno por llevar adelante la suba, por otro lado imposible de evitar. De hecho, el porcentaje de incremento que varía de acuerdo al sector social que quede definido, es sólo parte del camino para reducir subsidios. Especialistas creen que representa menos del 25 % de la suba total que marcan las planillas de costo.

Quizás por eso sea tan intensa en la interna la vigilia que vive el Frente de Todos antes que se firme el nuevo cuadro tarifario. En Economía estiman que aun faltan dos o tres semanas para que este terminado el esquema tarifario. Para la interna del oficialismo ese plazo es una eternidad que hasta puede resultar peligroso.

Nadie pone en duda que la suba “sale o sale”, como definen en Economía, pero el tema es saber hasta donde quedará comprometido el ministro. Mientras tanto, Malega Galmarini sigue recordando que las tarifas de AySA siguen retrasadas mas de 30 %.

(AMBITO) Tarjetas de crédito: cuál será la tasa de interés para los que financien con el “pago mínimo” a partir de junio
El costo para financiar con tarjetas se encareció en el marco de la suba de la tasa de interés de referencia establecida por el Banco Central en medio del alza inflacionaria

El Banco Central incrementó la tasa de refinanciación de deudas de tarjetas de crédito para las personas que no alcanzan a cancelar el resumen o pagan los importes mínimos o simplemente para quienes quieren refinanciarlas.

A través de la Comunicación “A” 7512 del BCRA, se incrementó la tasa para la refinanciación de créditos del 51 al 53% anual.

La suba viene luego de haber sostenido durante mucho tiempo tasas inferiores a las que cobran los bancos para créditos personales. De hecho desde 2020 el BCRA viene limitando las tasas que los bancos pueden cobrar a los clientes por la refinanciación de las tarjetas de crédito.

La tasa para refinanciación de créditos con tarjeta era del 51% nominal anual y pasa al 53% a partir de junio y será de aplicación para créditos inferiores a los $200.000.

En estos últimos años la tasa fue aumentando desde el 43% a inicios de 2021 hasta enero de 2022 que fue cuando el BCRA la incrementó hasta llegar al 49%, mientras que en marzo tuvo una nueva alza hasta llegar al 51% y a partir de junio ascenderá al 53 por ciento.

Con este panorama, el Costo Financiero Total de las tarjetas de crédito superará el 80% llegando a rondar el 82% anual.

La tasa de refinanciación de la tarjeta de crédito está limitada por el Gobierno nacional poniendo como límite el 53% para la refinanciación de hasta 200 mil pesos. Sin embargo, la tasa de los préstamos personales ronda el 60%, lo cual termina llevando el Costo Financiero Total a poco más del 105% según información oficial del Banco Nación.

La suba de tasas para refinanciar las tarjetas de crédito se da un contexto en el que las operaciones en pesos, de acuerdo a los datos de abril informados por el Banco Central, registran un saldo de $1.404.116 millones, lo cual significa un aumento de un 4,5% respecto al cierre del mes pasado, unos $60.082 millones por encima de marzo pero por debajo de la inflación esperada.

El crecimiento interanual llegó al 43,8%, por lo que tampoco alcanzó los niveles de la inflación del período.

“El incremento de los índices de inflación, motivan a un sector de los consumidores a adelantar sus compras, sobre todo utilizando las ofertas de cuotas sin interés, tratando de ganarle la carrera a los aumentos de precios, por tal motivo veremos un mayor dinamismo en el rubro en estos meses”, aseguró Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.

Cabe recordar que el Gobierno acusó recibo del dato de inflación de abril y activó la semana pasada una suba de la tasa de interés de referencia del Banco Central para evitar que los rendimientos en pesos queden atrás de la expectativa de suba de precios para los próximos meses. El directorio del BCRA reajustó la tasa con la que maneja su política monetaria en 200 puntos básicos, mientras que el ministerio de Economía dio pistas de que haría lo mismo con el interés que pagan los bonos y letras del Tesoro que ofrece a los inversores en sus licitaciones quincenales.

El Poder Ejecutivo trabaja con una expectativa de inflación anual cercana al 60%, y esa será la referencia que utilizará para alinear el esquema de tasas de interés en moneda doméstica.

El primer paso fue el jueves pasado, pocas horas después de que el Indec diera a conocer el IPC de abri, de 6%, cuando la autoridad monetaria decidió subir 200 puntos básicos (2 puntos porcentuales) la tasa de política monetaria, que pasó de esa manera de un interés nominal de 47% a 49% y una tasa efectiva entonces cercana al 60 por ciento.

(AMBITO) La deuda pública bajó en USD 2.018 millones en abril por la revaluación del dólar, sumó USD 374.260 millones
La secretaría de Finanzas registró un efecto positivo de la caída de la mayor parte de las divisas en el mundo. En sentido inverso incidió el atraso cambiario sobre los bonos ajustables por inflación
La deuda de la Administración Pública Central -no incluye provincias y municipios- disminuyó en abril en el equivalente a USD 2.018 millones, luego del salto que acusó en marzo en casi USD 10.000 millones, pese a que la diferencia simple entre las operaciones de “Financiamiento, canjes y emisiones” que sumaron USD 14.475 millones fue similar a la de “Amortizaciones, canjes y cancelaciones” que totalizó USD 14.574 millones, fue de mínima baja de USD 99 millones, según consignó el informe mensual de la Secretaría de Finanzas.

Sin embargo, apareció en el mes un factor externo inesperado que permitió “licuar” parte de la deuda contraída en monedas diferentes al dólar. La apreciación de la moneda de los EEUU en el mundo en un 2,8% en el mes generó diferencias de cambios “negativas” en el equivalente a USD 3.084 millones, de los cuales USD 1.265 millones correspondieron a la contraída con el FMI, la cual junto al pago de vencimientos por USD 709 millones, se redujo de USD 46.632 millones a USD 44.658 millones.

La apreciación de la moneda de los EEUU en un 2,8% en el mes generó diferencias de cambios “negativas” en el equivalente a USD 3.084 millones

Por el contrario, el atraso cambiario en el mercado doméstico, esto es un tipo de cambio que sube notablemente menos que la tasa de inflación del 6,7% en marzo y 6% en abril, determinó que los compromisos nominados en moneda nacional ajustables por CER se elevaran en el equivalente en USD 1.187 millones.

Como resultado de esos movimientos, la deuda total con organismos de crédito internacional que alcanzó un pico de 21,8% del total en agosto 2019, cuando se produjo el último desembolso del FMI del acuerdo que había firmado el gobierno de Cambiemos, se mantuvo en ese rango el trimestre siguiente, hasta que empezó a descender con pagos e interrupción de los giros pendientes (unos USD 13.000 millones) desde el triunfo del Frente de Todos en las PASO y ratificado en noviembre de ese año y registrar un mínimo desde entonces del 18,3% en febrero último, hasta que en marzo 2022 con la firma de un nuevo acuerdo con el FMI y giro neto de USD 6.532 millones se elevó a 19,5%, mientras que en abril volvió a descender, a 19,1% del total

La participación de la deuda con el FMI pasó del 12,4% del total en marzo a 11,9% en abril, por la caída del valor de la moneda del organismo
En ese período, la participación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el total del financiamiento de la Administración Central pasó de un máximo del 14,1% en agosto de 2019 a 10,9% en febrero 2022, y repuntó a 12,4% el mes siguiente, pero por la caída del 2,8% del valor de los DEG -la moneda del organismo que se define por una canasta integrada, además del dólar (41,73%), por el Euro (30,93%), Yuan chino (10,92%), Yen Japonés (8,33%) y la Libra esterlina 8,09%)-, se redujo a 11,9% del agregado.

Por su parte, la deuda del Tesoro con el Banco Central, a través de Adelantos transitorios que se cancelan y renuevan simultáneamente cada comienzo de año (actualmente en el equivalente a USD 12.879 millones) y Extraordinarios -hasta 10 años de plazo, suman USD 7.718 millones-, pasó de un mínimo de 2,7% del total en agosto de 2019 -venía de 4% en enero de ese año- a un máximo de 6% en enero 2022 y 5,5% en abril.

Muchos economistas tienen la costumbre de “netear” esos compromisos en el balance de las finanzas públicas y concluir que “la Argentina no tiene un problema de solvencia”, porque el incremento del pasivo de un organismo del Estado es acompañado con el aumento del activo de otro. Sin embargo, en ese ejercicio pareciera subestimarse el efecto de esos movimientos no sólo sobre otra variable macroeconómica, con fuerte impacto negativo sobre la microeconomía empresaria y más aún familiar, como es la aceleración de la inflación que genera, como se observa con claridad desde principios del corriente año.

El Banco Central acumuló adelantos al Tesoro Nacional por USD 20.597 millones, y deuda con el sistema financiero por USD 43.269 millones
Destaca un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que “en abril el Tesoro obtuvo financiamiento neto del Banco Central de la República Argentina (BCRA) mediante el uso de Adelantos Transitorios por $80.000 millones, por lo que el stock aumentó a $2,38 billones a fin de mes”. Y agregó que “además, colocó una Letra del Tesoro en dólares al BCRA por USD 5.674 millones para refinanciar el vencimiento de otra Letra en poder del organismo por igual monto”.

Asimismo, la OPC que dirige Marcos Makón registró en el Análisis y Sostenibilidad de la Deuda Pública -a cargo de Mariano Ortiz Villafañe- el pago de intereses por el equivalente a USD 315 millones, de los cuales 87% se abonaron en moneda nacional.

Por otra parte, la deuda que contrajo el Banco Central con el sistema financiero en su conjunto, a través de la colocación semana de Notaliq y de operaciones de Pases, como instrumentos de absorción de la liquidez derivada del creciente financiamiento al Tesoro Nacional, junto al pago de intereses con un rendimiento que supera a la tasa de devaluación del peso, ascendió en el equivalente a USD 1.175 millones al cambio oficial, a un total acumulado de USD 43.269 millones.

Creciente financiamiento con bonos ajustables

Entre los títulos negociables en el mercado, se destacaron en abril los pagos de Bonte 2026 (TO26) y Boncer 2025 (TC25P) por un total de $10.303 millones (US D91 millones). Las colocaciones de títulos ajustables por CER representaron 44% del total mes a través de licitaciones programadas (y 54% de las emisiones de los primeros cuatro meses del año).

Los títulos en pesos a tasa fija tuvieron una participación de 33%, mientras que los bonos USD linked y títulos en pesos a tasa variable representaron 21% y 3% de las colocaciones del mes, respectivamente.

En abril, 2 de cada 3 pesos de la nueva deuda local se emitió con cláusula ajustable por inflación y por dólar
Desde el inicio de la presidencia de Alberto Fernández, la deuda pública neta de los compromisos asumidos por la Administración Central con el Banco Central, pero con el agregado de la que la entidad monetaria contrajo con el sistema financiero en su conjunto se elevó en USD 76.597 millones: pasó del equivalente a USD 320.335 millones a USD 396.932 millones, a un ritmo de USD 87 millones por día.

Exigencias para el corto plazo

La OPC estimó que los vencimientos de deuda para mayo totalizan el equivalente a USD 8.502 millones, entre los que se cuentan pagos de intereses al FMI por USD340 millones.

Aclara la Oficina de Presupuesto del Congreso que “Al excluir las tenencias intra sector público, los vencimientos se reducen a USD 7.866 millones”.

Además, este mes comenzó la primera revisión del avance del programa de Facilidades Extendidas con el FMI, en la cual se verificará el cumplimiento de las metas acordadas para el primer trimestre del año, en particular en el plano fiscal, el cual de aprobarse por parte del Directorio Ejecutivo del FMI habilitaría un nuevo desembolso por el equivalente a USD 4.017 millones (DEG 3.000 millones) que posibilitará cubrir los pagos con el organismo en el curso de segundo trimestre.
“Entre mayo y diciembre de 2022 la OPC estimó vencimientos de la deuda de la Administración Central por el equivalente a USD 64.782 millones. En su mayor parte corresponde a títulos públicos en moneda nacional, por el equivalente a USD 35.523 millones.

Los pagos de capital e intereses al FMI se proyectan en aproximadamente USD 13.776 millones, los cuales en su mayoría se calzarán con el cronograma de desembolsos trimestrales, previa aprobación del directorio del organismo del cumplimiento de las metas comprometidas en el acuerdo sellado el 25 de marzo último.

(INFOBAE) Por la suba de tasas, el Banco Central pagará a los bancos $3,4 billones en un año por los intereses de su deuda
La entidad elevó el jueves en 200 puntos básicos la tasa de política monetaria con la que remunera sus pasivos, al 49% nominal anual

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso este jueves elevar 200 puntos básicos la tasa de política monetaria, de 47% a 49% nominal anual. La nueva medida de la entidad monetaria a cargo de Miguel Ángel Pesce se dio a conocer luego de que se publicara el índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de abril, el cual fue de 6 por ciento.

La suba de la tasa de política monetaria, con la referencia de la Letras de Liquidez (Leliq) se transmite a todo el sistema financiero, ya sea para que los bancos remuneren mejor a sus depositantes o para todo el espectro del crédito. El objetivo del BCRA es el de premiar con mayores rendimientos a los actores del mercado para que no retiren sus pesos y así contribuir a ponerle un freno a la inflación, impulsada por el excedente de liquidez.

Una consecuencia de la suba de tasas es el del incremento de la masa de pesos que el BCRA debe destinar para pagar los vencimientos de sus propios títulos de deuda. Con un stock de pasivos remunerados por el BCRA que supera los $5,5 billones, la suba de tasas implicará un incremento de dicho stock de $3,4 billones en los próximos doce meses solo por la renovación de vencimientos.

Ese pago de intereses por las Leliq, los Pases pasivos y las Nobac (Notas del BCRA) es un monto comparable al de la Base Monetaria, es decir el dinero con el que funciona la economía, hoy del orden de los $3,7 billones, que está constituida por todo el dinero legal en circulación -billetes y monedas en poder del público- sumado a las reservas de los bancos comerciales en cuentas del BCRA.

Un informe de la consultora Quantum señaló que “desde principios de año el BCRA viene subiendo la tasa de interés nominal en pesos -la de referencia y las pasivas de plazos fijos menores a $10 millones-, con el objetivo de estimular la demanda de dinero, aunque en términos reales siguen siendo negativas”.

“En ese contexto, enfrenta el desafío de subirlas a niveles consistentes con ese objetivo. Pero llevar las tasas reales a terreno positivo tiene impacto en los intereses que paga por los saldos de dinero esterilizados vía Leliq, Notaliq y Pases”, refirió la institución que dirige el ex secretario de Finanzas, Daniel Marx.

De hecho, en lo que va de 2022 se observa que el principal factor de explicación de expansión de la Base Monetaria es la cuenta de intereses de esos instrumentos. Entre el 31 de diciembre y el 9 de mayo se pagaron unos $550.000 millones de intereses, que se absorbieron íntegramente con los mismos instrumentos del BCRA. El resto de los factores prácticamente se cancelaron entre ellos.

En este aspecto, el informe aclaró que “la asistencia al Tesoro por $285 mil millones -el equivalente a 0,3% del PBI, algo menos de la mitad del total de 0,7% del PBI acordado con el FMI para todo el año- es compensada parcialmente con la venta de divisas que el Tesoro le hizo al BCRA -absorción-. De esta manera, la Base Monetaria creció $76.000 millones en el período, un aumento nominal de 2,1% en el período”.

Quantum subrayó que “esa variación nominal representa una caída real de 17,9%, casi el doble de lo habitual en ese período según el promedio observado entre 2003-2022 (-11%). En la comparación interanual la variación real también es negativa, de casi 5%, un reflejo claro de la caída en la demanda de dinero”.

“Las restricciones para acceder a los mercados de dólar -tanto al oficial como al libre para ciertos segmentos- funcionan como un factor de ralentización de esa caída. Esto le permite al BCRA, al menos hasta ahora, mantener tasas de interés pasivas reales negativas sin mayor impacto sobre el tipo de cambio libre”, explicaron desde Quantum.

En este marco, en parte, por normativa del Banco Central, los bancos están otorgando financiamiento al sector privado a tasas subsidiadas. Comparando el saldo de abril con el de un año atrás, los préstamos al sector privado crecieron 4% real anual, mientras en el mismo periodo los agregados monetarios (M2 y M3 privados en pesos) crecieron a un ritmo menor en términos reales, de 2,3 y 1,4 por ciento.

“En síntesis, el BCRA se encuentra frente a un escenario de caída en la demanda de dinero. Adaptar su política monetaria a este marco lo lleva a realizar un esfuerzo adicional, mucho más en un contexto donde la tasa de inflación sigue siendo un problema y un déficit fiscal posiblemente mayor requerirá más financiamiento monetario”, señaló Quantum