El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) En lo que va de enero los alimentos ya subieron más de 2%
Así de desprende de un relevamiento realizado por la Asociación Consumidores Libres, en base al costo de la canasta de alimentos durante la primera quincena de enero. Según un relevamiento de Consumidores Libres, en lo que va de enero los alimentos tuvieron un aumento en torno al 2,15%. Así se desprende del análisis realizado por la asociación que dirige Héctor Polino de los costos en lo que fue la primera quincena de enero.A través de un comunicado, Polino informó que, según el relevamiento efectuado por la entidad en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, el precio de los 21 productos de la llamada “canasta básica de alimentos” tuvo un aumento del 2.15 por ciento durante la 1° quincena del mes de enero del año 2021. La semana pasada se conoció que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor subió 4% en diciembre y de esta forma acumuló un incremento del 36,1% a lo largo de 2020, lo que determinó una baja de 17,7 puntos porcentual respecto al 53,8% de 2019. Durante el último mes del año, los precios de los bienes estacionales subieron 1,3%, los regulados el 2,6% y el IPC Núcleo, 4,9%.

(AMBITO) Confía Argentina en que Biden no querrá el mayor default en la historia del FMI
“Sería un desastre para los dos. Para el Fondo Monetario Internacional (FMI) y para nosotros. Y tampoco creo que la gente de Joe Biden quiera comenzar su gestión en el mundo financiero internacional con el default más grande en la historia del organismo. Pero la verdad es que aún las partes estamos lejos”. Una muy alta fuente del “ala política” del Gobierno, pero por encima del equipo económico, reflexionaba ante este diario el fin de semana sobre la real situación de las negociaciones entre el país y el FMI que se retomaron la semana pasada. Y que, sumando los puntos debatidos durante el último tramo del 2020, puede dar un panorama sobre la verdadera situación de las negociaciones; que esta semana continuarán aun de manera virtual. La definición de la fuente se completa con la frase sobre las expectativas oficiales de llegar a buen puerto en los tiempos estipulados, y que limitan las discusiones hasta fines de abril para llegar a mayo con el acuerdo aprobado y poder así evitar un default también con el Club de París. Según el funcionario, el acuerdo hoy es “improbable, pero no imposible”.
Según las conclusiones que se pueden sacar de los primeros tiempos del 2021 de contactos entre las partes, hay acuerdo en algunos puntos importantes. Argentina y el FMI, tal como adelantó este diario, coinciden en que el déficit local debe cubrirse más con la colocación de deuda que con la emisión de pesos. También en que se debe potenciar el lanzamiento de pasivos en pesos y no en divisas. Otro punto de acuerdo, curiosa y sorpresivamente para el organismo, son los resultados en la evolución de las reservas desde diciembre hasta la primer quincena de enero; donde hubo una recuperación acumulada de casi u$s1.000 millones. Y las expectativas que la tendencia continúe en lo que resta de enero y febrero; al menos hasta la ansiada llegada de las divisas sojeras de marzo a mayo. Hay además coincidencias en cuanto a la alternativa de un sendero de tres años hasta lograr el equilibrio fiscal y la posibilidad que Argentina comience a pagar parte del capital adeudado (unos u$s44.800 millones) desde el 2025 en adelante. Finalmente, y no poco importante, se supone que la tasa de interés del acuerdo Facilidades Extendidas navegará cerca del 1,5%, la menor que puede ofrecer el FMI al mundo. Sin embargo las distancias en otros capítulos, todos clave, son muchas. Las discusiones sobre la política fiscal, monetaria, cambiaria y, fundamentalmente, en el equilibrio sustentable de las variables macroeconómicas; las partes están muy lejos. Tampoco hay acuerdo sobre los tiempos del “Facilidades Extendidas” ni de los montos anuales que Argentina debería liquidar. El país quiere un acuerdo inédito a más de 10 años. En lo posible 20 temporadas, que le permita pagos de no más de u$s2.000 o u$s3.000 millones anuales. El FMI se niega a la alternativa y habla de acuerdos de 7 a 10 años comenzando a contar desde la misma firma y aprobación del board. Y, lo más grave políticamente hablando, el FMI exige controles trimestrales a los que el ala política argentina se niega a aceptar. Así las cosas, todo dependerá de lo que se pueda avanzar en las próximas semanas; pero, más importante, de lo que suceda desde que Joe Biden asuma la presidencia de los Estados Unidos. Y de lo que Janet Yellen imponga sobre el nuevo mundo financiero internacional. El próximo jefe de Estado de los Estados Unidos asumirá esta semana; pero se supone que recién para comienzos de febrero comenzará la toma de decisiones que involucren a los organismos financieros internacionales. Se supone que en algún momento sonará el teléfono del ahora embajador de ese país en el FMI, el exhombre de Wall Street Mark Rosen; a quien se le pediría la renuncia para la llegada a ese cargo de algún hombre o mujer cercana a los pensamientos de Yellen. Rosen, de buen diálogo con su colega argentino Sergio Chodos, no veía hasta acá con malos ojos la posibilidad de un voto no negativo para el país. Sin embargo esperaba instrucciones de su jefe máximo, el casi expresidente Donald Trump. Ahora, lo que ocurra hacia delante, dependerá de la política que imponga la próxima administración; la que, por ahora, es un misterio para el caso argentino. El directorio del FMI se reunirá para tratar este tema en algún momento entre la segunda quincena de febrero y marzo. Allí habrá un veredicto casi final. Como se trata de un acuerdo fuera de lo común, el Fondo requiere de la aprobación del 85% de los votos con lo que, inevitablemente, se tendrá que contar con la mano levantada de EE.UU. Se llega aquí a un cuello de botella, por las circunstancias políticas del caso. El voto imprescindible de este país (16% del total) se da en medio del cambio radical de gestión con la llegada de Joe Biden y la salida de Donald Trump. Desde Buenos Aires surge en este punto una especulación: se cree que Biden no querrá comenzar su gestión financiera internacional hacia los países en desarrollo, con un default de la deuda más importante que el FMI haya tenido en su historia. La generada por el gobierno de Mauricio Macri con el organismo financiero internacional en la era Christine Lagarde.

(AMBITO) Soja: por suba de precios, productores aceleraron ventas
En la primera semana de enero se comercializaron 411.000 toneladas de grano de la campaña pasada, valor poco habitual para esta época del año. El rally alcista en el mercado de Chicago logró lo que ni la baja de retenciones consiguió: que los productores aceleren las ventas de soja de la campaña pasada que aún conservan en sus silos. Según las estadísticas oficiales, en la primera semana de enero se comercializaron en el mercado interno poco más de 411.000 toneladas, valor poco habitual para esta época del año. Es que no es para menos, a la fecha la oleaginosa muestra una suba interanual del 55% mientras se consolida en el mercado internacional en torno a los u$s520 por tonelada, incluso el jueves llegó al pico de u$s527,8. Además, según indica un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en los últimos 30 días el precio de la soja se elevó 23%, es decir u$s100 por tonelada, valores que no resultan para nada indiferentes para el productor agropercuario. Además, este aumento de precios registrado en los mercados internacionales tiene su correlato con lo que ocurre en la plaza local. Por el lado de la soja, el valor publicado por la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario (CACR) para el jueves pasado fue el equivalente a u$s355 por tonelada, un máximo para este momento del ciclo comercial desde la campaña 2011/12, y sellando un aumento del 35% respecto del precio registrado en igual fecha del año anterior. Además, después del pico registrado a mediados de noviembre (también equivalente a u$s355), este valor representa un máximo desde fines de la campaña 2012/13. En tanto, los valores a cosecha también se mantienen en niveles máximos. Tomando como referencia la cotización del contrato Soja Rosario Mayo 2021 de Matba-Rofex, el último cierre fue de u$s347,5/t, un máximo para un contrato futuro con vencimiento mayo para este momento del año desde al menos el 2012, mientras que contemplando los precios disponibles promedio para los meses de cosecha (abril y mayo), es el valor más elevado desde el 2012. En lo que respecta a las exportaciones, desde la Bolsa de Comercio de Rosario detallan: “El conflicto gremial que tuvo lugar entre el 9 y el 29 de diciembre y afectó el despacho granos, aceites y subproductos desde las terminales portuarias generó un importante retraso en los envíos de mercadería argentina al resto del mundo. El volumen embarcado de aceites y harina/pellets de soja totalizó en diciembre 112.600 toneladas y 772.000 toneladas respectivamente, exhibiendo una caída del 75% y 66% en la comparación con igual mes del año anterior. En diciembre, no se embarcaron porotos de soja. En tanto, para el caso del maíz, el volumen exportado desde puertos argentinos fue de 945.000 toneladas, un 53% menos que en diciembre de 2019”. Sin embargo, según los datos oficiales en enero se está trabajando para compensar ese retraso logístico generado por el paro. Sumando a lo ya despachado a la fecha y lo programado para embarcar en lo que resta del mes, los envíos al exterior de aceite de soja totalizarían 620.000 toneladas, un 28% más que en 2020, mientras que el volumen de harina y pellets a embarcar se ubicaría en 2,8 Mt (+48% vs. ene 2020) En este marco, aún restarían por venderse alrededor de 11,6 millones de toneladas de la campaña pasada, justo cuando avanza la siembra de la nueva campaña y las lluvias de los últimos días lograron darle alivio a los cultivos ya implantados. De cara para las próximas semanas se espera un mayor aluvión de ventas por parte de los productores, lo que significa un mayor ingreso de divisas en el primer tramo del año.

(AMBITO) Señalan que reservas líquidas están cerca de volver a terreno positivo
Analistas también advierten por la contracara: cada vez son más fuertes las restricciones a los importadores. Si bien no existe un consenso en cuanto a qué parte de las reservas del Banco Central (BCRA) son netas y, mucho menos, cuáles de ellas son líquidas, la mayoría de los analistas coincide en que estas últimas habían caído a terreno negativo en el último trimestre del año pasado. Sin embargo, los más de u$s1.100 millones que el BCRA lleva adquiridos entre diciembre y la primera quincena de enero, con la ayuda de precios de commodities en alza y una restricción cambiaria cada vez más robusta, empujan para que esta semana que comienza las netas líquidas dejen de estar en rojo. “La fórmula agro + cepo permite recuperar más de u$s1.000 millones de reservas y las líquidas se acercan a cero”, resumió el economista Fernando Marull. Un informe de la firma que dirige calculó que las mismas eran negativas por un total de u$s427 millones hasta el miércoles 13 de enero pasado. No obstante, ese mismo día la autoridad monetaria habría comprado unos u$s55 millones, el jueves unos u$s100 millones y el viernes u$s70. El mencionado documento hace referencia a que ni siquiera la soja por encima de los u$s500 alcanza para abastecer la demanda de importaciones, turismo, pago de deuda en el exterior y dólar ahorro. Además, menciona que el dólar oficial sigue “barato” y que la brecha cambiaria rompe el funcionamiento del mercado. Con este cóctel, el camino que eligieron las autoridades es restringir las importaciones para evitar que falten los billetes estadounidenses. Por otro lado, existen cálculos que permiten ser aún más optimistas respecto del nivel que tienen las tenencias netas líquidas del BCRA. Estimaciones del broker Invertir En Bolsa (IEB) mostraban que, al 11 de enero, las mismas se encontraban en rojo pero por un número sensiblemente menor (-u$s254 millones). En esa misma presentación, acompañada por un informe audiovisual, el economista de IEB Norberto Sosa destacó que las decisiones que se tomaron para lograr estas mejoras “no son gratis, ya que traen muchos problemas a los importadores”. El documento de IEB calcula que al lunes pasado las reservas netas totales (es decir, sin restar el oro ni los Derechos Especiales de Giro) estaban en u$s5.043 millones, cifra a la cual habrá que sumarle que en la semana la entidad que preside Miguel Pesce logró hacerse de más de u$s500 millones. Retomando lo referente a las netas líquidas, Invertir en Bolsa remarca que hubo un momento peor al actual hace un lustro: en noviembre de 2015 se ubicaron en un número negativo cercano a los u$s8.000 millones (-u$s7.678 millones).

Miradas
La posición que adoptó el Banco Central de aumentar el torniquete a las importaciones y compras de dólares para seguir administrando una devaluación en cuentagotas sin que sufran las reservas cuenta con apoyos y críticas, dependiendo el analista consultado. Recientemente, el gerente de research de invertirOnline, José Bano, señaló: “Si a costa de domar el dólar cierran todas las importaciones y gran parte de las importaciones son insumos, puede ser más caro el parate de la economía que el de dejar subir el dólar”. Como suele suceder en estos casos, la tuitósfera participó activamente de este debate. Desde sus redes, el director de Ecolatina, Federico Moll, indicó: “No entendamos como una buena noticia la compra de reservas, en la medida que sea explicada por mayores dificultades para que importadores accedan al Mercado Único y Libre de Cambios. En el límite, el tipo de cambio oficial es irrelevante y el efecto sobre los precios es el de una devaluación”. Mientras que el jefe de Research del Instituto de Capacitación Bursátil, Leandro Ziccarelli, tuiteó el viernes: “Entre ayer y hoy el BCRA compró los dólares equivalentes a todos los vencimientos de bonos hard de 2021”. Ante la consulta de un usuario en relación al efecto sobre importaciones, Ziccarelli contestó: “Preocupémonos cuando rebote la economía y falte algún insumo o algo así. Por ahora, sin actividad, no tenía sentido que los adelantos crezcan al 40%” Lo concreto es que las reservas brutas del Banco Central cerraron la semana pasada en u$s39.807 millones, decir, unos u$s397 millones más que el número se observa al terminar 2021. El alza podría ser superior, teniendo en cuenta las compras netas, pero la caída del oro (-4,1%) en lo que va de enero juega en contra. Ahora bien, si se compara con el 30 de noviembre el incremento de las reservas brutas equivale a unos u$s-1.155 millones.

(BAE) El déficit fiscal de diciembre batió records
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó el rojo primario devengado de diciembre y de la totalidad del 2020. En el último mes del año fue de $432.991 millones. Y en el total llegó a $2 billones, número idéntico al de la emisión monetaria para abastecer al Tesoro. El número oficial del Ejecutivo cerraría por debajo del 7% del PBI.
El déficit primario devengado de diciembre marcó una cifra extraordinaria: fue de $432.991 millones. Es decir, fue de 1,6% del PBI, por lejos el más alto del año, lo que resulta esperable para un mes en el que el gasto fiscal tiene una estacionalidad demasiado alta, por el aguinaldo de los empleados públicos y los eventuales bonos de fin de año. Pero se trata, de todos modos, de una cifra que supera por mucho a los rojos de base caja de los años previos. Los números fueron publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Se trata del dato devengado, es decir de aquellos gastos (e ingresos) ya realizados, que aparecen en los libros contables, más allá de que se hayan realizado o no sus pagos. En otras palabras, muchos de esos pagos se pudieron haber pateado hacia el futuro. Por lo cual, el base caja, que es aquel que publicará la Secretaría de Hacienda durante la semana próxima y muestra la cuenta de los pagos efectivamente realizados, podría dar algo menor, siempre y cuando quede deuda flotando. El déficit primario devengado de diciembre marcó una cifra extraordinaria: fue de $432.991 millones. Es decir, fue de 1,6% del PBI, por lejos el más alto del año, lo que resulta esperable para un mes en el que el gasto fiscal tiene una estacionalidad demasiado alta, por el aguinaldo de los empleados públicos y los eventuales bonos de fin de año. Pero se trata, de todos modos, de una cifra que supera por mucho a los rojos de base caja de los años previos. Los números fueron publicados por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Se trata del dato devengado, es decir de aquellos gastos (e ingresos) ya realizados, que aparecen en los libros contables, más allá de que se hayan realizado o no sus pagos. En otras palabras, muchos de esos pagos se pudieron haber pateado hacia el futuro. Por lo cual, el base caja, que es aquel que publicará la Secretaría de Hacienda durante la semana próxima y muestra la cuenta de los pagos efectivamente realizados, podría dar algo menor, siempre y cuando quede deuda flotando.

(BAE) YPF sube a 50% el piso de adhesión para el canje de sus bonos
La petrolera cedió al pedido de los inversionistas de incrementar el porcentaje mínimo de avales para llevar adelante la reestructuración de más de USD6.000 millones en Obligaciones Negociables. YPF anunció hoy al mercado que decidió incrementar del 30% al 50% el piso de adhesión al canje de los tenedores de sus Obligaciones Negociables por más de USD6.000 millones, en línea con la solicitud formulada por distintos fondos de inversión para adecuarlo a estándares internacionales. Así lo informó la compañía mediante una comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV), en la que formula una adenda a la definición de «Mayorías Requeridas» incluida en el Memorándum de Ofertas de Canje y Solicitud de Consentimiento, lanzada públicamente el 7 de enero. Esta adenda aborda una modificación, que se estima será entendida positivamente por el mercado, con una propuesta más exigente que la que establece la Ley de Sociedades Comerciales Argentinas -de la oferta original- sobre el porcentaje de adhesión mínimo por parte de los tenedores de bonos con el que deberá contar el canje para ser considerado aceptado. Con esta modificación, la propuesta de canje que realizó la petrolera para bonos con vencimientos entre 2021 y 2047 por un total de US$ 6.200 millones, requerirá de un aval de «más del 50% del monto de capital en circulación de la clase de Obligaciones Negociables Existentes que se vea afectada por dicha modificación propuesta». De esta manera, la empresa decidió no guiar el canje en base a la ley local por la cual podría a considerar aceptado el canje con un piso de 30%. «La aclaración busca evitar que se interprete entre los tenedores que hubo mala fe por parte de la compañía», subrayó la empresa. En base a esto, aquellos tenedores que al momento de la adenda ya hayan cursado su aceptación a través de los distintos colocadores, deberán revocar sus poderes antes de la fecha de retiro de la oferta para poder acceder posteriormente a las nuevas condiciones de aceptación. YPF busca refinanciar su deuda, estimada en más de US$ 6.000 millones, a través de la entrega de tres bonos con vencimientos en 2026 con respaldado por el flujo de cobranza de exportaciones, 2029 y 2033, con el objetivo de generar las condiciones para promover un plan de inversiones que permita revertir la tendencia negativa en la producción de petróleo y gas. Fue en ese marco que anunció la puesta en venta de su emblemática torre en Puerto Madero, último resabio de la gestión de Repsol en el lapso en que estuvo privatizada. Se trata de la mayor reestructuración privada de toda la historia argentina, por lo que la operación está en el ojo del gobierno nacional y las provincias: el Ejecutivo busca patear por dos años el pago de capital en dólares del sector privado y subsoberano. Citigroup Global Markets Inc., Santander Investment Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., e Itau BBA USA Securities, Inc. actúan como colocadores internacionales en relación con las Ofertas de Canje y la Solicitud de Consentimiento. En ese marco, la empresa convocó a una asamblea general para el lunes 25 de enero a todos los tenedores de obligaciones negociables emitidas por la compañía, de acuerdo con el cronograma de bonos con vencimientos hasta 2047. El monto aprobado por el directorio de la petrolera de mayoría accionaria estatal que se buscará refinanciar incluye los US$ 431 millones por el capital residual del bono internacional con vencimiento el 23 de marzo próximo La oferta de canje voluntario -que no contempla ningún tipo de quita de capital ni de intereses- estará disponible durante 20 días hábiles pero contempla condiciones más favorables para aquellos tenedores que decidan su adhesión durante un período inicial de 10 días hábiles que vencen el 21 de enero.

(INFOBAE) ¿Y si este año no hay acuerdo con el FMI? Las razones de por qué el Gobierno podría posponer la negociación a 2022

Con un ingreso mayor de divisas, el Poder Ejecutivo tendría margen para pagar los vencimientos a organismos internacionales este año y atravesar el año electoral sin condicionamiento del Fondo. Los números y análisis de dos consultoras.
El Gobierno y el FMI retomaron los contactos formales para continuar definiendo del nuevo programa financiero que busca la Argentina para reemplazar al programa stand by vigente y reprogramar la devolución de USD 45.000 millones. Si bien el Poder Ejecutivo se puso como fecha límite para cerrar el acuerdo el mes de mayo, cuando comienzan a tener lugar los vencimientos más fuertes del año, una consultora planteó que, si la economía tuviera viento de cola a lo largo del año y bajo ciertas condiciones, Economía podría posponer las negociaciones. Tanto la Casa Rosada como el organismo internacional confirmaron que en las próximas semanas las conversaciones entre el staff técnico del Fondo y los funcionarios del equipo económico serán más intensas. El vocero del FMI Gerry Rice afirmó que esperan que el Gobierno defina “su plan económico de mediano plazo”, mientras Martín Guzmán promete un programa plurianual que incluirá metas de acumulación de reservas, déficit e inflación y que será presentado en los próximos meses, según adelantó. En ese marco, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, dijo que el calendario con el que trabaja el Gobierno para acordar con el Fondo Monetario podría estirarse hasta mayo. Esa fecha de referencia se explica porque en ese mes tiene lugar el primer vencimiento de deuda fuerte con el Club de París, unos USD 2.300 millones que quedaron pendientes de pago del plazo de cancelación original que tenía la Argentina con ese consorcio de naciones, que vencía en 2019, luego de un acuerdo firmado en 2014 y que se cumplió puntualmente durante cinco años. Según la lógica del equipo económico, un acuerdo con el Club de París llegaría como consecuencia de un programa firmado con el Fondo, básicamente porque la intención oficial es tener una quita de intereses para el repago de la deuda (con el Club de París) y uno años de gracia y estiramiento de plazos con el FMI. Por otra parte, las naciones del Club de París también forman parte del directorio en Washington, por lo que las dos negociaciones estarían así vinculadas. El segundo vencimiento de deuda abultado que afrontaría el Estado este año sería en septiembre, unos USD 1900 millones que el Gobierno debería girar al FMI como parte de la primera cuota relevante en el cronograma original de devolución del crédito que firmó el Gobierno de Mauricio Macri en 2018. Las sumas se empinan en 2022, cuando la Argentina debería repagar unos USD 20.000 millones. Algunas condiciones particulares podrían hacer, de todas formas, que el Gobierno piense en no apurar un acuerdo con el FMI y atravesar el año electoral sin la tutela de un programa nuevo con el Fondo. Así lo sostuvo un informe reciente de la consultora Econviews. En un reporte enviado a clientes titulado “¿Y si no hay acuerdo con el Fondo?”, planteó que “por mucho tiempo nuestro escenario base fue que la Argentina conseguía un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hacia marzo o abril. Hoy las chances de que ese acuerdo recién ocurra en 2022 o al menos después de las elecciones legislativas han crecido”, publicaron. “Hay dos razones principales para ello. La suerte derivada de los mejores precios de materias primas le ha dado al gobierno grados de libertad que antes no tenía. En segundo lugar, la propia dinámica política hace que las prioridades cambien”, continuó la consultora que dirige Miguel Kiguel. Algunas condiciones particulares podrían hacer, de todas formas, que el Gobierno piense en no apurar un acuerdo con el FMI y sobrepasar el año electoral sin la tutela de un programa nuevo con el Fondo.
“La tesis acuerdista se sostenía en que la falta de reservas, la imperiosa necesidad de credibilidad y en última instancia el pago de capital de USD 1.800 millones que hay que hacer en septiembre llevaban inexorablemente a un acuerdo. Resultó que el BCRA empezó a recuperar algo de reservas en diciembre, continuó con la tendencia en enero y con precios de soja por encima de 500 dólares podría seguir comprando. En nuestros números luce probable que el BCRA termine comprando 3.000 millones en el mercado incluso con una suba de importaciones. La mejora en las importaciones es lógica en una economía que se recupera y que por ejemplo deberá traer más gas este invierno”, explicó Econviews. “Esos dólares que traerán las mayores exportaciones netas servirán al BCRA para que quizás pueda pagarle al FMI sin caer en niveles peligrosos de reservas. Esto dará aire para evitar auditorías que no verán con buenos ojos subas testimoniales de servicios públicos, ni tendrá el chaleco de fuerza que implican programas fiscales y monetarios coordinados por un acuerdo de facilidades ampliadas”, consideró la consultora. Ahora bien, ¿cuánto exigiría a las reservas pagar este año los vencimientos y concretar la negociación en 2022? Según un informe reciente de Quantum Finanzas, de Daniel Marx, el Gobierno tendrá este año un programa financiero que requerirá cubrir pagos a organismos internacionales por un total de USD 7400 millones sin contar el pago previsto al Club de París. De ese total, el FMI se lleva cerca de USD 5.000 millones, el BID USD 1.100 millones y el Banco Mundial por USD 500 millones. En la actualidad la Argentina es, con mucha diferencia, el deudor más grande que tiene el Fondo Monetario. De acuerdo a información oficial, el crédito vigente del organismo con el Estado argentino es de casi USD 46.000 millones, es decir un 30% de los USD 152.000 millones que el organismo tiene distribuidos entre sus países miembro. Como comparación, en segundo lugar se ubica Egipto (USD 19.000 millones), Ucrania (USD 10.900 millones) y Pakistán (USD 7.400 millones). Según los analistas, un acuerdo con el Fondo podría implicar un gesto de confianza y de credibilidad para los mercados. Para Econviews, esa podría no ser la prioridad este año para el Gobierno. “El riesgo país arriba de 1.450 puntos muestra que se pueden comprar reservas mientas YPF hace una restructuración de deuda que el mercado no bendice, la Provincia de Buenos Aires lleva un año negociando con 11 prórrogas a su plan de pagos y los bonos soberanos están a precios de ‘recovery’”, señaló Econviews en su informe. “El mercado parece haber comprado esta teoría de que cuanto mejor, peor. De otra manera, la reacción a la soja cara debió haber sido positiva. Nuestras estimaciones indican que el ingreso por retenciones a las exportaciones puede pasar de 1.48% del PBI a 2.2%. Esos casi tres cuartos de punto (de mejora) van derecho a los bolsillos del gobierno federal. Sin embargo, los precios de los bonos soberanos tienen implícito que la probabilidad de un acuerdo cayó y que buena parte de esos recursos adicionales serán gastados, por ejemplo, en más subsidios a la energía”, concluyó la consultora.

(INFOBAE) No todo es deuda externa: cuáles son los otros vencimientos millonarios que podría tener que pagar el Gobierno

Antes que los acreedores de deuda reestructurada cobren su primer dólar por amortizaciones en 2024, Argentina enfrenta vencimientos de sentencias internacionales que muy probablemente no pueda pagar. La República Argentina nunca defrauda ya que siempre encuentra la manera de generar eventos que inquietan a los inversores. Aunque con la reciente reestructuración de la deuda, los compromisos del país con sus acreedores internacionales se postergaron en su mayoría hasta 2024, la proximidad de sentencias de casos iniciados por los inversores de deuda en default y por las multinacionales cuyas inversiones fueron expropiadas o vieron contratos rescindidos por el gobierno, mantiene a los inversores en alerta. Argentina rara vez gana un arbitraje internacional. Según documentos judiciales y presentaciones del gobierno ante la SEC, desde principios de siglo, el país ha perdido más del 95% de todos los casos presentados en EEUU, el CIADI (Banco Mundial) y en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Naciones Unidas). Argentina ha pagado USD 17.400 millones en compensación con casi USD 10.000 millones de disputas pendientes y en curso, todas con probables sentencias adversas antes de 2024. Argentina rara vez gana un arbitraje internacional. Según documentos judiciales y presentaciones del gobierno ante la SEC, desde principios de siglo, el país ha perdido más del 95% de todos los casos presentados
La emisión de nueva deuda ha sido el método de pago preferido para liquidar resoluciones. El Estado ha pagado a los demandantes con bonos denominados en dólares o ha emitido nueva deuda internacional para liquidar sentencias en efectivo. Sin embargo, reabrir emisiones de bonos en circulación para pagar futuros fallos no será bienvenido por los actuales tenedores de bonos reestructurados y, dado que pocos inversores confían en la solvencia crediticia de Argentina, la emisión de nueva deuda a corto plazo está fuera de discusión. Argentina ya está negociando acuerdos por fallos finales por USD 590 millones con acuerdos finales esperados en 2021 y sin dinero reservado en el actual presupuesto.

Posibles fallos ponen en duda la capacidad de pago de Argentina
Pocas cosas en la vida parecen tan seguras como la muerte, los impuestos y que la Argentina suele perder litigios internacionales. Pruebas no son difíciles de encontrar, especialmente cuando la interpretación imprudente del derecho internacional por parte del país ha resultado ser muy costosa para los contribuyentes. Una y otra vez, los gobiernos han ignorado los acuerdos firmados con acreedores y con corporaciones multinacionales que, a su vez, han presentado numerosas demandas para recuperar las pérdidas financieras y el capital de los bonos en default.

Según una presentación del gobierno ante la SEC en agosto de 2020, la República actualmente enfrenta posibles fallos adversos por USD 9.300 millones que continúan creciendo día a día. Aunque el soberano pudo cerrar un puñado de casos en 2020 sin una compensación monetaria conocida, los nuevos reclamos y pagos de intereses sobre disputas no resueltas continúan acumulándose.

En los últimos diez años, Argentina ha pagado USD 17.400 millones en compensación a acreedores de deuda no reestructurada y a multinacionales cuyas inversiones fueron expropiadas o vieron contratos firmados rescindidos por el gobierno. Estos fallos se pagaron con bonos denominados en dólares según las leyes de Nueva York y Argentina o con efectivo generado por la emisión de nuevos bonos. Según una presentación del gobierno ante la SEC en agosto de 2020, la República actualmente enfrenta posibles fallos adversos por USD 9.300 millones que continúan creciendo día a día
Se espera que la mayoría de los casos en curso reciban un fallo final antes de que el país realice su primer pago de capital sobre los nuevos bonos reestructurados en 2024.

Supuestos y hechos clave:

– Deuda en Default: Argentina tiene USD 831,9 millones en fallos adversos relacionados con casos iniciados por tenedores de deuda en default no canjeada en 2005 y 2010. De este monto, Argentina ya acordó pagar USD 294,4 millones a Attestor Master Value, Trinity Investments y Bainbridge Fund. Se espera que esos pagos se realicen durante el primer trimestre de este año.

– Cupón PBI: La República tiene USD 1.200 millones en reclamos presentados en Nueva York y en Londres por tenedores de los Warrants. Se espera una decisión de un tribunal inferior durante la primera mitad de 2021 y una decisión de un tribunal de apelaciones en 2022. Si Argentina pierde estos casos, el pago debería realizarse durante el segundo semestre del año que viene.

– Naciones Unidas I: Argentina tiene actualmente dos casos con sentencia adversa pendiente de resolución en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El monto total adeudado a los demandantes es de USD 7,5 millones. Esperamos que el pago se produzca en el primer semestre.

– Naciones Unidas II: Argentina tiene un caso con fallo adverso en el proceso de completar un acuerdo negociado en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional por un total de USD 200,7 millones. Ese pago podría ocurrir antes de junio.

– Expropiación de YPF: El soberano tiene una demanda multimillonaria presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York relacionada con la expropiación de YPF en 2012. El valor de recuperación esperado según Burford Capital, propietario parcial del caso, oscila entre USD 1.200 millones y USD 9.000 millones. Se valúa este caso y uno similar presentado por Eton Park Capital en USD 4.400 millones. Si el juez falla en contra de Argentina, el pagó tendría que efectuarse en la segunda mitad de 2020.

– CIADI I: Argentina tiene seis casos con sentencia adversa pendiente de resolución en el CIADI por un total de USD 804 millones. Pago: posiblemente en el primer trimestre del año que viene.

– CIADI II: La República enfrenta demandas por USD 1.600 millones en cinco casos en curso en el CIADI. Si Argentina pierde estos casos, no se esperan pagos hasta 2024.

(CRONISTA) Tras el paro del campo, el Gobierno apuesta a mesas sectoriales para contener inflación en alimentos La Casa Rosada apuesta por recuperar el diálogo resentido tras el cese de la comercialización de granos, y consensuar precios internos y abastecimiento antes que avanzar con más retenciones.
Luego de atravesar una compleja semana signada por el cese de la comercialización de granos por parte de tres entidades que nuclean a los productores rurales, y verse forzado a desandar la suspensión de las exportaciones de maíz, el Gobierno dio señales de apostar por el camino del diálogo de aquí en adelante frente a las patronales del campo para resolver un problema acuciante como lo es el violento aumento de los precios de los alimentos no regulados por la presión que ejerce sobre el mercado interno la pronunciada suba de las commodities en los mercados internacionales. Luego de idas y vueltas, el Gobierno concluyó la semana pasada por ceder ante el paro protagonizado por los integrantes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), de Confederaciones Rurales (CRA), y de la Federación Agraria (FAA) para protestar ante la decisión del Ministerio de Agricultura de cerrar temporalmente el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) para embarques de maíz previos al 1 de marzo, cuando entra la nueva cosecha, para poder garantizar el abastecimiento interno. Apenas se inició la medida de fuerza, a medianoche del lunes 11, la cartera agrícola volvió sobre sus pasos y admitió un tope de 30.000 toneladas diarias para exportación, pero 72 horas después eliminó también esa medida y propuso un monitoreo del saldo exportable del maíz, a partir de un acuerdo alcanzado con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). El desenlace del conflicto puso en evidencia. Aunque la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva dio potestades al Ejecutivo para subir 3% más los derechos de exportación que hoy rigen sobre las ventas de maíz y trigo al exterior, y algunos funcionarios hayan hablado en tal sentido, el sector confía en que el Frente de Todos apostará por no romper totalmente con el campo y, por lo pronto, no avanzará con una mayor carga impositiva que rápidamente puede ser absorbida por una devaluación o la suba de la cotización de los granos. Así las cosas, el Gobierno demora por ahora una suba de retenciones y prefiere recuperar las mesas sectoriales, donde se discute cómo «alcanzar los objetivos de precios accesibles y abastecimiento interno» , en palabras del ministro de Agricultura, Luis Basterra. El éxito de las negociaciones está aún en duda, ya que varios dirigentes rurales ven al Gobierno «sin brújula» para incrementar la producción y atacar los problemas estructurales, ni creen que el «desdoblamiento» que pide la Casa Rosada sea practicable cuando la dinámica de los precios obedece, también, a otras causas. Los ruralistas señalan con el dedo en alto el incremento de los combustibles con su particular afectación sobre todo el proceso de producción, pero también los precios a los que se arrienda la tierra y el rol de los supermercadistas en la formación de los precios finales al consumidor, tras un diciembre marcado por el 4% de inflación, y un enero que los privados ven en iguales términos. El Gobierno viene trabajando desde el inicio de su mandato con los representantes de los productores primarios en la confección de un proyecto de ley que establezca un nuevo esquema tributario, con incentivos para el agregado de valor y las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, antes que la simple venta de granos. Ese proyecto está atado a la reforma tributaria que el ministerio de Economía proyecta enviar en el transcurso del año para su debate en el Congreso de la Nación.