Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Caso YPF-Burford: comienza hoy nueva etapa en Nueva York con perspectivas favorables
La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan intentará que las partes se pongan de acuerdo en la manera en que se aplica el proceso de «Discovery» por el cual el fondo litigante. Las perspectivas con las que YPF y el Ejecutivo encararán esta nueva etapa 2021 del juicio; presenta mejores expectativas que las perspectivas que se esperaban hasta 2019. El caso YPF-Burford en Nueva York tendrá hoy un nuevo, y clave, capítulo en los tribunales de Loretta Preska. La jueza del Segundo Distrito Sur de Manhattan intentará que las partes se pongan de acuerdo en la manera en que se aplica el proceso de “Discovery” por el cual el fondo litigante, la defensa de la petrolera y el Gobierno argentino deberían poner sobre la mesa los argumentos y pruebas financieras, económicas y contables, con los que se definirá el caso en el segundo semestre del año. Y, para sorpresa, las perspectivas con las que YPF y el Ejecutivo encararán esta nueva etapa 2021 del juicio; presenta mejores expectativas que las perspectivas que se esperaban hasta 2019. Preska dispuso a fin del año anterior un tenue pero claro giro a favor de la posición argentina; mostrando un concreto malhumor hacia el principal demandante en el juicio por la manera en que el país reestatizó la petrolera en 2012. La jueza decidió posponer los tiempos de la resolución; permitiéndole al país la posibilidad de aportar todos los datos que necesite para fundamentar su posición sobre la necesidad de tratar el caso en los Estados Unidos, pero con las leyes locales. Además se mostró abiertamente crítica ante los movimientos del último trimestre del año pasado de Burford y sus cambios de abogados, para comenzar a cotizar en Wall Street con el único objetivo de estar mejor posicionado en el caso. Ante estos movimientos sospechosos del fondo de origen inglés, que decidió radicarse en Nueva York para que se le apliquen las leyes norteamericanas y no estar en igual de condiciones que la empresa como extranjera, Preska dictaminó postergar la definición a partir de junio del 2021, pero con resolución del caso recién desde octubre de este año. Preska se molestó por la estrategia de Burford Capital, por haber cambiado de abogados y por haber elegido radicarse en el mercado neoyorquino para tener una posición privilegiada para el cobro de eventuales ganancias por este caso. Según Preska, esta actitud determina una posición de ventaja del fondo, para lograr una representación de “local” en el tribunal, cuando desde que comenzó el caso hacia delante siempre dejó en claro que se trataba de un fondo de inversión europeo que se sintió perjudicado por la manera en que la Argentina habría violentado leyes de los Estados Unidos. Lo que siempre Preska tomó en cuenta y consideró como válido, es que se trataba de dos litigantes extranjeros que debían definir sus diferencias en Nueva York. Y ahora considera un intento de obtener una ventaja injustificable el intentar convertirse en local, solo para tener una posición privilegiada y no para radicarse como fondo de inversión estable en Wall Street. esta posición de Preska les dio tiempo a los abogados que representan al país para que puedan armar mejores argumentos para justificar la posición diseñada por la Procuración del Tesoro local de llevar las leyes locales hacia la jurisdicción norteamericana; y que sean estos criterios los que Preska tengan en cuenta para tomar una decisión final. A partir de esta posición es que la jueza abrió el nuevo proceso de “Discovery”, etapa que comenzará con la audiencia de hoy. Originalmente el fondo especializado en litigar en el mundo en casos como el del YPF, había comprado el 70% de la causa; y actualmente sostiene el 30%, habiendo colocado a inversores privados (en principio unos 10 fondos comunes de inversión), el resto de la causa. El 40% que ya vendió lo fue ubicando en diferentes momentos del avance del caso y a medida que se aproximaba el momento actual su precio iba en incremento otorgándolo a Burford (un especialista en manejar los tiempos de la oferta y demanda de las casos que va litigando), ganancias extraordinarias. El fondo abrió ayer sus números a Wall Street, al haber presentado su balance anual, incluyendo sus movimientos de activos, pasivos y rentabilidades contables y financieras; proceso obligatorio para cualquier empresa que cotice en Wall Street. Según mencionó el especialista de FinGuru Sebastián Maril, los números de Burford muestran que por primera vez en el proceso, el fondo no se desprendió de sus posiciones de YPF, a la espera de una resolución del caso. Se podría especular con que ante el cambio de actitud de Preska, tampoco podría colocar esas acciones a un porcentaje de ganancias similar al que Burford había logrado en los primeros años del caso; cuando con los fallos favorables había conseguido comprar a u$s15 millones y vender a u$s230 millones. Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, tras la nacionalización de 2012. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo ingresar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos.

(AMBITO) Acuerdo de precios y salarios: arrancan rondas por alimentos, construcción y electrodomésticos
El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, confirmó el adelanto de Ámbito. «Se convocará a todos para lograr un buen acuerdo de precios que se alinee con la pauta económicas», dijo. La semana próxima serán convocadas las cadenas de valor de alimentos, construcción y productos electrónicos y electrodomésticos para discutir precios y salarios, según anticipó el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al confirmar el adelanto de Ámbito. “En el día de hoy, en gabinete económico estuvimos delineando los próximos pasos para trabajar el formato que tendrán estas mesas de acuerdo de precios y salarios”, sostuvo el funcionario. A estos encuentros serán convocados tanto dirigentes empresarios como sindicalistas. “Hemos decidido convocar para la semana próxima las tres primeras mesas de cadena valor, que en realidad integran toda la cadena completa. Estarán el rubro de alimentos, arrancan con las mesas ya conformadas en Agricultura como trigo y maíz y toda la cadena productiva de alimentos en Argentina”, dijo Kulfas. La segunda es la de construcción y “se convocará a todos para lograr un buen acuerdo de precios que se alinee con la pauta económicas”. En cuanto al tercer sector, es decir electrónicos y electrodomésticos, el ministro afirmó que “queremos generar un acuerdo de precios para mejorar su accesibilidad” Tras recordar que “somos un Gobierno de diálogo”, Kulfas aseveró que “la idea es generar acuerdos, es evitar descoordinaciones que se producen en el mercado, generar buenas pautas económicas que ya ha planteado el Ministerio de Economía y sumarle este tipo de acuerdos que sabemos que ayudan a la desinflación”. La inflación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo de la población, son los temas que generan mayor preocupación a corto plazo en el Gobierno. Tanto en diciembre como en enero pasados, el índice de precios al consumidor registró un aumento de 4%, es decir que se encuentra a un ritmo de 60% anual, el doble de la meta establecida en el presupuesto (29%). Peor aún, los alimentos vienen subiendo a una mayor velocidad (75% anual) afectando particularmente al consumo de los sectores con menores ingresos, es decir los que destinan una mayor proporción de su presupuesto a la comida. Los pronósticos de las consultoras para el mes en curso adelantan una variación de los precios minoristas del orden de 3,2 a 3,5%, es decir algo menor que en enero, pero igualmente elevada. Las discusiones en las mesas sectoriales se darán en un contexto complejo, signado por el marcado deterioro sufrido por los salarios en los últimos años y reclamos empresarios por ajustes en los precios regulados por el Gobierno.
Deterioro
El poder adquisitivo de los trabajadores formales sufrió una pérdida de 17,5% entre 2018 y 2019 como consecuencia de paritarias que no anticiparon las aceleraciones inflacionarias que se dieron en esos años. A comienzos de su gobierno, el Frente de Todos intentó revertir la situación con aumentos de suma fija establecidos por decreto. Así, el salario en blanco creció casi 14% (el doble que la inflación) durante el primer trimestre de 2020, pero “la llegada de la pandemia y la cuarentena dieron por tierra cualquier intento de recuperación del salario real”, señala Ecolatina. En suma, el año pasado agregó un nuevo deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de 3%, según esta consultora. En el primer trimestre del año históricamente se resolvieron las negociaciones paritarias. En la actualidad, las conversaciones resultan difíciles no sólo por la magnitud del deterioro salarial, sino también por el fuerte retroceso que sufrió la economía el año pasado en el marco de la pandemia. Con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los sectores con menores recursos, una alternativa que se baraja en el Gobierno es la suba del salario mínimo, según adelantó una alta fuente oficial a Ámbito. A su vez, los empresarios se quejan por lo que consideran un retraso en la actualización de los precios regulados por el Estado que no sería inferior al 15%, según estiman.

(INOFBAE) Tensión por el abastecimiento: los supermercados advierten que hay demoras en la entrega de algunos productos Las inspecciones de la Secretaría de Comercio y de los movimientos sociales también alcanza a las cadenas y se detectan faltantes. Aceite, arroz y yerba son algunos de los productos que más escasean.
“El problema no era en los supermercados, sino del abastecimiento. La imputación busca que esto no se vuelva a producir. Es una gran preocupación del gobierno que no falte ningún producto importante en la mesa de los argentinos”, dijo ayer el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, al término de la reunión de gabinete económico. Las góndolas nunca han estado vacías ni semivacías desde el comienzo de la pandemia. Los esfuerzos del Gobierno y de las empresas de consumo masivo por seguir produciendo bajo las restricciones del Covid-19 son indiscutibles. Pero la política de precios que encaró la actual administración para evitar disparadas de los alimentos en plena recesión se extendió más de la cuenta y fue generando cada vez mayores tensiones al interior de las estructuras productivas. ¿Qué generó eso? Que algunos productos dejaran de estar en las góndolas y fueran reemplazados y que en otros casos la disponibilidad sea menor. Comenzó a notarse de a poco, pero empeoró en el último tiempo. Las cadenas de supermercados ya advertían, hacia mediados del año pasado, que los niveles de entrega habían mermado y que las empresas proveedoras intentaban filtrar listas con aumentos de precios pese a la resolución 100 que establecía los Precios Máximos. El retail se resistía, por lo que en muchos casos las entregas se demoraban o directamente se frenaban. El Gobierno incrementó las inspecciones de precios en las últimas semanas, de la mano también de los intendentes y movimientos sociales. Y detectó irregularidades, no sólo “valores abusivos en distintos artículos”, sino también “algunos faltantes de productos incluidos en el programa Precios Cuidados”, dijo la Secretaría de Comercio días atrás en un comunicado. Los mayoristas no tenemos nada que ver. No producimos la mercadería. Tenemos los locales con las puertas abiertas y estanterías con todo a la vista (Víctor Fera)
“El viernes pasado -momento en el que se retomó la acción coordinada que se había desplegado en marzo del año pasado con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19- fue la primera jornada de labor conjunta -con AFIP- y se realizaron un total de 53 inspecciones en el área metropolitana. Como resultado, se elaboraron 14 actas por infracciones”, dijo el parte de prensa. También hubo inspecciones para controlar el acuerdo de la carne y sucedió lo mismo: se encontraron algunos problemas de stocks. Según fuentes del supermercadismo consultadas por Infobae, de un nivel de entrega histórico que llegaba al 90% -es decir que de cada 100 productos pedidos, se entregaban 90-, hoy ese porcentaje se ubica en el 50% a 60%, dependiendo de cada cadena. “En los productos de alta rotación, la entrega promedio es del 50% de los pedidos. En los productos innovadores, no hay problema. Pero sí, por ejemplo, con el aceite o el tomate enlatado. Si se hace un análisis de góndolas de las grandes cadenas tienen agujeros rellenados por otras cosas”, dijeron fuentes del sector. Sobre las inspecciones, afirmaron que “comenzaron hace tiempo y que detectaron faltantes en góndolas”. “Entonces buscaron en la trastienda de los locales, en los depósitos, pidieron órdenes de compra y las cruzaron con las entregas. Y ahí es cuando fueron a las empresas a ver los niveles de producción y encontraron que el agujero estaba ahí”, agregaron desde el sector. Seguidamente, Comercio Interior requirió información a los proveedores alimenticios y del sector de cosmética y limpieza y este miércoles les envío una intimación a once compañías para que informen niveles de producción y despacho a supermercados y que acrediten haber incrementado su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y que arbitren las medidas para asegurar el transporte y provisión de los productos detectados en falta. En cada caso, diferentes.

(INFOBAE) Los inversores se tomaron en serio los anuncios de Guzmán y se desprenden de los bonos que ajustan por el dólarHubo una importante rotación que favoreció a los títulos en pesos. Los mercados esperan que el tipo de cambio suba más lento, pero la expectativa de inflación sigue casi en 50%
Los mercados se tomaron en serio el anuncio que realizó la semana pasada el ministro de Economía, Martín Guzmán. La promesa de un menor ritmo de aumento del dólar oficial para contener la inflación ya está impactando en el comportamiento de los inversores. La consecuencia más importante es una fuerte caída en los precios de los bonos que ajustan por tipo de cambio (dollar linked), pero al mismo tiempo una fuerte suba de los bonos en pesos, tanto a tasa fija como los que están ligados a tasa de plazo fijo (Badlar). Se trata de una rotación que tuvo como protagonista sobre todo a fondos comunes de inversión, que son los elegidos por las empresas para manejar su liquidez y no pueden dolarizarse por las restricciones cambiarios. Las compañías buscan sustitutos al dólar que les permitan cuidar sus patrimonios. Por eso, están todo el tiempo evaluando qué puede pasar con las principales variables del mercado local. En el radar de estas decisiones entran el comportamiento del dólar, la inflación esperada y las tasas en pesos. Las primeras conclusiones que se pueden sacar sobre el comportamiento de los inversores y el precio de los bonos en esas tres variables serían las siguientes:

– Dólar: El mercado definitivamente “compró” el anuncio de Guzmán sobre una reducción en la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial. Tiene además toda la lógica y en definitiva es lo que han hecho todos los gobiernos en un año electoral. Los bonos que ajustan al tipo de cambio oficial venían siendo los favoritos de los inversores básicamente cayeron en desgracia. Hubo fuerte caída de precio, porque el horizonte para los próximos meses es que tendrán un menor ritmo de ajuste. De todas maneras, parece difícil que el dólar mayorista termine el año a $ 102, como aseguró el ministro. La tasa de devaluación de ahora hasta fin de año tendría que ubicarse en 1,3% mensual y ahora está en el orden del 2,8%. Es decir que el frenazo por delante debería ser sustancial. En año electoral y si se consigue que la inflación afloje, no sería extraño que el Banco Central impulse una reducción de tasas para favorecer el crédito a público y empresas meses antes de las elecciones
– Inflación: al revés de lo que sucede con el dólar oficial, los inversores por ahora no piensan que el IPC vaya a caer de manera significativa. En el precio de los bonos está implícito un nivel del 49% anual. Esto es sustancialmente más alto que el “objetivo” de Guzmán de bajarla al 30% como viene pregonando. Según las cifras de los últimos tres meses (noviembre, diciembre y enero), la tasa anualizada de inflación está en el orden del 55%. Bajarla casi 25 puntos en lo que resta parece una tarea casi imposible. Los más optimistas, como el caso de la consultora EcoGo, proyecta que podría ubicarse con viento a favor en niveles del 40% al finalizar el 2021.

– Tasa de interés: los bonos que más subieron son los emitidos a tasa fija y recién después los que ajustan por BADLAR. La lectura inicial es que los inversores esperan que las tasas podrían permanecer altas por un tiempo pero luego podrían empezar a ceder. En año electoral y si se consigue que la inflación afloje, no sería extraño que el Banco Central impulse una reducción de tasas para favorecer el crédito a público y empresas meses antes de las elecciones.
Un informe elaborado por Delphos Investment lo resumió de esta manera: “La dinámica de la tasa de devaluación implícita muestra como las declaraciones de Guzmán sirvieron como estocada final a una expectativa que venía en baja Pero la inflación implícita no se mueve. El mercado confía poco en la capacidad del gobierno para recortar la tasa de desindexación que viene mostrando la economía”. Mientras tanto, aunque no hay información oficial, todo indica que continúa la venta de bonos dolarizados por parte del Banco Central para mantener el dólar financiero contenido. Ayer el “contado con liquidación” volvió a cerrar en baja (a $147,90), lo que ayuda a contener las expectativas de devaluación y mantener la brecha en torno al 70%. El peligro de atrasar el dólar oficial es justamente que vuelva a incrementarse la brecha cambiaria y con ello las distorsiones. Una brecha más alta alentaría las importaciones artificialmente, al tipo que desalienta a los exportadores porque reciben un tipo de cambio menos favorable.

(INFOBAE) Los accionistas de Pampa Energía aprobaron la venta de Edenor La operación, que está pendiente de aprobación por parte del ENRE, alcanza el 51% del paquete accionario de la principal distribuidora de electricidad del país.
La Asamblea General de Accionistas de Pampa Energía aprobó la venta del 51% de las acciones de Edenor, la principal distribuidora de energía del país, en favor de Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (Edelcos), una compañía encabezada por el Grupo Vila-Manzano en sociedad con Mauricio Filiberti. La operación, que había sido anunciada el 28 de diciembre pasado, está pendiente de aprobación por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), organismo de control del sector. “Los principales términos y condiciones de la transacción son de conocimiento público dado que Pampa Energía es una empresa pública que cotiza en Bolsa y Mercados Argentinos y en la Bolsa de Comercio de Nueva York. Por tal motivo, la operación se realizó cumpliendo las normas de la SEC de los Estados Unidos y de la Comisión Nacional de Valores de Argentina”, señaló Pampa Energía a través de un comunicado. Pampa Energía aseguró que en los 15 años que manejó la concesión de Edenor nunca repartió dividendos a sus accionistas ni retiró ganancias de la compañía, reinvirtiendo absolutamente todos los ingresos en mejoras a la red
La compañía agregó que el monto de la operación “fue un 25% más alto que el valor de mercado. Actualmente, Edenor tiene un valor aproximado de USD 167 millones en la bolsa y Pampa vendió el 51% a USD 100 millones”. Ese pago de USD 100 millones “está compuesto de la siguiente manera: (i) 21.876.856 Acciones Clase B de Edenor (el “Precio en Especie”) por un valor de USD 5.000.000; (ii) USD 95.000.000 (el “Precio en Efectivo”), a pagarse USD 5.000.000 a la firma de la transacción, USD 50.000.000 al cierre y USD 40.000.000 financiados a un plazo de un año”, según había informado la compañía en diciembre. A este número debe añadirse la deuda de casi USD 100 millones que tiene Edenor, que quedará a cargo de los nuevos operadores. Tras la aprobación de sus accionistas, Pampa Energía anunció que tomó la decisión de vender “basado en su mejor criterio de negocios” y que “la operación contó con el asesoramiento de prestigiosos bancos internacionales de inversión”.

(CRONISTA) La Rosada avanza con el operativo para postergar las PASO
Al ministro de Salud nacional, que puso en duda las primarias en agosto, se sumó el viceministro bonaerense, que también apuntó que la elección se debería realizar uno o dos meses después de agosto. Desde JxC denuncian que el Gobierno quiere suspenderlas. Lo que empezó siendo un reclamo de los gobernadores, terminó calando en la Casa Rosada. Al final, fue el ministro de Salud, Ginés González García, quien hizo público lo que desde diciembre se habla en los pasillos de Balcarce 50: que en agosto será muy difícil realizar las PASO. ¿La alternativa? A falta de una, hay varias. Desde que las provincias insistieron con la suspensión de las primarias 2021, el Gobierno atendió parte del reclamo: con pocas chances de encolumnar a la oposición detrás de la idea, con un Alberto Fernández que pateó la iniciativa al Congreso en busca de «consenso», en el ministerio del Interior, de Eduardo «Wado» de Pedro, se elaboró un plan B: su postergación, con la esperanza de darle tiempo a la campaña de vacunación. A diferencia del argumento de la administración de Cambiemos, que quería eliminarlas por una cuestión presupuestaria, el albertismo apunta al foco sanitario. «No puedo decir cómo estará la situación sanitaria para ese momento, pero creo que es un riesgo absolutamente innecesario que no debemos correr», opinó González García en La Red. Y sentenció: «Todo lo que pueda ser evitable, debe ser evitable». La contradicción en ofrecer un panorama de esperanza en el combate contra el coronavirus, en medio de las demoras mundiales por falta de stock de las dosis, llevó al funcionario a pronosticar que para las mismas fechas («agosto o septiembre») podría culminar la vacunación de todos los argentinos de más de 18 años. Precisamente para fines de septiembre se evalúa poder postergar las PASO, y realizar las generales en noviembre. El viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, respaldó a su par nacional, pero dejando en claro el escenario de patear las primarias y no cancelarlas. «En agosto vamos a estar en alta tensión del sistema. Si se pudieran atrasar uno o dos meses más sería muy bueno», apuntó. No sólo se debe modificar en el Congreso la ley de las PASO, en un año electoral rompiendo una regla no escrita: cada legislatura provincial también deberá tratarlo. No es algo fácil. La oposición tomó las poco precisas declaraciones de González García para salir a coro a criticar. «Basta de especulaciones. El desarrollo de nuestra democracia es esencial», le reclamó Cristian Ritondo (PRO). «En 2020 se votó, con pandemia, en 80 países», le enrostró Mario Negri (UCR). Lo cierto es que hay mandatarios de JxC que tampoco quieren las PASO.

(INFOBAE) Las gasíferas esperan el llamado oficial para discutir los aumentos de tarifas
Distribuidoras y transportistas de gas aguardan que el Gobierno convoque otra audiencia pública para definir una suba en sus ingresos, después de que la Secretaría de Energía llamara a analizar exclusivamente el costo del gas. Las distribuidoras y transportistas de gas quedaron a la espera de ser convocadas para discutir en audiencia pública los futuros aumentos de tarifas, luego de que la Secretaría de Energía realizara el llamado exclusivamente para analizar el costo del gas y su traslado (pass through) a las facturas que les llegarán a los usuarios por lo que consuman a partir de abril, que deberán pagar a partir de mayo y junio. Tal como contó El Cronista, el Gobierno está a punto de cerrar un acuerdo con las licenciatarias de estos servicios públicos regulados para acceder a una suba de entre 25% y 29% en sus ingresos, que repercutiría en un incremento final de entre 7% y 9% en las tarifas. Las empresas consultadas por este diario se mostraron muy cautas y la mayoría prefirió el silencio. Pero fuentes del sector quedaron inquietas porque mientras el secretario de Energía, Darío Martínez, convocó para el estudio de qué proporción del costo del gas debe pasar a las tarifas y cuánto deberá cubrir el Estado nacional mediante subsidios, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) todavía no hizo lo propio. El acuerdo sería inminente, aunque según dijo el interventor del organismo, Federico Bernal, no habrá nada firmado hasta terminar la evaluación de los resultados de las audiencias públicas. «Para nuestro Gobierno la participación ciudadana es un derecho consagrado por la Constitución Nacional, que debe recuperarse y defenderse a rajatabla. Y no se trata solo de escuchar, sino fundamentalmente de evaluar lo que la ciudadanía, las PyMEs y los sectores más postergados opinan y proponen en materia tarifaria y de servicio público», sostuvo Bernal. Mediante la Resolución 117/2021, que firmó Martínez el martes pero que aún no se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó para el lunes 15 de marzo a las 10 a una audiencia pública que se realizará por la plataforma digital Webex. Allí se analizará solamente el costo del gas que arrojó el Plan Gas 2020-2024, con un promedio de u$s 3,50 por millón de BTU para el abastecimiento de la demanda prioritaria de las distribuidoras (hogares y comercios), las estaciones de Gas Natural Comprimido (GNC) y la generación eléctrica de fuente térmica. En otros términos, se evaluará cuánto pagarán los usuarios y cuánto subsidiará el Estado. No obstante, el marco regulatorio establece que el Enargas es el que debe validar el pass through a las tarifas del costo del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Autorizar aumentos en la parte mayorista de la cadena le permitiría al Tesoro un alivio fiscal por el lado de los subsidios, pero restaría margen para cumplir con la intención de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de que la suba de tarifas no llegue a los dos dígitos. De otra forma, se podría resquebrajar la cadena de pagos del sector.

(CRONISTA) Crecen los amparos judiciales para liberar importaciones
Desde que comenzó la pandemia se realizaron 350 presentaciones en tribunales. Unas 200 ya tuvieron el visto bueno para acceder a la mercadería desde el exterior según datos de la Cámara de Importadores.
La escasez de dólares llevó a restringir el acceso al pago de importaciones pero también hay demoras en las aprobaciones de licencias (LNA), según aseguran algunas empresas que ante ese escenario, decidieron volcarse a la vía judicial para destrabar las operaciones. Para el Gobierno, se trata de casos puntuales. «La mayoría de las empresas operan con normalidad», aseguran. En ese contexto, según indicaron fuentes de la Cámara de Importadores (CIRA), cada vez más compañías recurren a los amparos judiciales, en especial desde el comienzo de la pandemia. De las 350 empresas que se presentaron en los tribunales comerciales, unas 200 lograron pronunciamientos favorables por parte de los juzgados de primera instancia. En las sentencias, los jueces ordenan al BCRA que habilite al banco comercial a pagar o a la Aduana, para que libere la mercadería. Desde el Gobierno aseguraron que las empresas que van por la vía judicial «no representan una cifra significativa» y remarcaron que «la mayoría de las empresas opera normalmente y no recurren a la justicia». «La Cámara de Apelaciones del Fuero ya ha confirmado numerosos pronunciamientos dictados por este Juzgado, lo que denota un entendimiento claro por parte de la Justicia de la operatoria que está llevando a cabo el Estado y la problemática que están viviendo las empresas», indicaron desde la Cámara de Importadores. El amparo puede tardar entre 60 y 80 días, según «el ímpetu» de los abogados o los juzgados. Pese a las mayores restricciones, las importaciones avanzaron un 25% en el último mes del año pasado, muy por arriba del 5% de recuperación industrial. El 80% de las compras al exterior son materias primas, insumos o maquinarias para producción. «Una brecha elevada alimentó las expectativas de devaluación, posponiendo ventas al exterior y adelantando compras», indicó un análisis de LCG sobre los últimos números disponibles del Indec. El recurso de atrasar al tipo de cambio real podría abaratar las importaciones y aumentar la presión sobre las divisas, remarcan los economistas.