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• (Ambito) Comienza en el Congreso el debate por el megaproyecto del Gobierno. Los titulares de las carteras de Economía, Desarrollo Productivo, Desarrollo Social, Salud y Trabajo concurren a Diputados a explicar los detalles del proyecto de ley. Cinco ministros nacionales y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, defenderán en un plenario de comisiones el proyecto ómnibus de emergencia que ingresó a la Cámara de Diputados y está previsto que sea votado el jueves en el recinto si el oficialismo reúne quórum. El plenario conjunto de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Legislación General, se reunirá a partir de las 9 en el anexo C de la Cámara baja, donde cada funcionario del Gobierno nacional tendrá cerca de 20 minutos para exponer y responder preguntas acerca de esta iniciativa de 86 artículos, que entre otros aspectos suspende el pacto fiscal y delega facultades excepcionales al Poder Ejecutivo para reasignar partidas por el término de 180 días. En Diputados expondrán los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo); además de Marcó del Pont. El paso previo para el debate y eventual firma de dictamen se produjo el martes con la constitución de las comisiones y designación formal de las autoridades respectivas: al frente de Presupuesto quedó el neuquino Darío Martínez, al tiempo que en Legislación General se acordó que encabece la bonaerense Cecilia Moreau. Mientras que el Frente de Todos se encolumnará sin fisuras detrás del proyecto oficial, el debate se da en las filas de Juntos por el Cambio y allí no hay uniformidad de criterio, pero una mayoría cierra filas para dar quórum y votar en contra. A priori, la Coalición Cívica tenía la postura más intransigente de no aportar número, al igual que un sector minoritario de la UCR y del PRO, pero el problema es que en la misma sesión deben tomar juramento una quincena de diputados y la oposición no quiere ser acusada de impedir que asuman colegas e impedir que el Congreso funcione. Si finalmente la sesión se inicia con más de 129 diputados, algunos diputados de Juntos por el Cambio son proclives a reclamar -reglamento en mano- que para habilitar el debate del proyecto deben transcurrir siete días hábiles desde la firma del dictamen, lo que obligaría a tratar sobre tablas con mayoría agravada de dos tercios, un umbral al que el oficialismo no está en condiciones de alcanzar. Fuentes parlamentarias del partido de Elisa Carrió, quien podría reaparecer el jueves en el recinto, advirtieron que no iban allanar el camino para que se deleguen atributos que «destruyan la Constitución, el Congreso y facultades propias de la cámara de Diputados». En sintonía con el jefe del interbloque Cambiemos, Mario Negri, el designado vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Luciano Laspina (PRO), señaló a la agencia NA que el proyecto ómnibus del Gobierno «declara una emergencia muy amplia, con excesivas delegaciones de facultades». Admitió que hay «algunas razonables como la cuestión de la deuda pública pero hay otras en materia de reorganización de los entes descentralizados del Estado que, con fines políticos, pone pendiendo de un hilo a varias estructuras estatales como la AFI, la UIF, la AFIP, la ANSES». Por último cuestionó el congelamiento de tarifas por 180 días que permitiría la sanción de esta iniciativa, ya que de esa forma se podría reeditar el problema de desabastecimiento energético que tuvo el país en la última etapa del kirchnerismo. «Nos parece ridículo que ahora volvamos a rifar el superavit energético. El problema lo vamos a tener en el día 181. Dar un cheque en blanco para que el Gobierno pueda fijar tarifas en niveles insólitos con fines políticos nos parece irresponsable», concluyó Laspina. Desde el Interbloque Federal que encabeza Eduardo «Bali» Bucca señalaron a la misma agencia que van a dar el debate respecto de algunos aspectos que «hacen ruido» para reclamar cambios pero que «lo más probable» es que en el recinto voten a favor «en general». Por su parte, Alejandro «Topo» Rodríguez dijo en declaraciones a Radio 10 que el actual gobierno «recibió una Argentina en crisis». «Somos conscientes de ello», remarcó al tiempo que sostuvo que por eso mismo, el bloque dará quórum. interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que lidera José Luis Ramón todavía no definió la postura que adoptará en la sesión, aunque aclaró que dará quórum para que se desarrolle el debate.

• (Ambito) Emergencias K con 48 horas exprés en Diputados y el Senado espera agazapado. Fuertes discusiones en la oposición macrista, que avisó anoche que no dará quorum. Si ocurre eso, el oficialismo no tendría reemplazos y votos para apurar la iniciativa. Gobernabilidad versus urticante megaproyecto. El papel del Congreso, desdibujado ante Ejecutivo. El serpenteante presidente de Diputados y ahora kirchnerista, Sergio Massa, le prometió a la oposición que el megaproyecto de “solidaridad” que estaba por enviar el Ejecutivo ni siquiera contenía la palabra “emergencia”. La más que polémica iniciativa no sólo contiene nueve emergencias, sino que además delega un festín de facultades a un Ejecutivo que intentará ser más voraz que nunca. Por ese motivo, el principal interbloque de la oposición, el macrista Juntos por el Cambio definió anoche, al cierre de esta edición, no dar quorum ni votar la ley que intentará ser llevada al recinto mañana, tras apurar hoy el respectivo en plenario de comisiones. La decisión que tomó anoche el macrismo -hubo y habrá discusiones sobre gobernabilidad para una gestión que recién inicia su mandato versus la habilitación para tratar un megaproyecto más que urticante- complicaría los planes del kirchnerismo, debido a que necesita de Juntos por el Cambio -no llega con bloques pequeños- para dar quorum y poder activar los reemplazos de cerca de 20 legisladores que se fueron hacia cargos nacionales, provinciales y municipales. Sin ellos, no contaría más tarde con las adhesiones necesarias para votar las emergencias. Todo un embrollo un que gatillará tensiones y gritos cruzados en las próximas horas. Para las 9 de hoy, las comisiones de Presupuesto y Hacienda; y de Legislación General, recibirán a varios ministros nacionales, quienes intentarán atajar los dardos que tiene preparado el macrismo. Por caso, asistirían -el Ejecutivo nunca los confirmó- los ministros Martín Guzmán Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Ginés González García (Salud) y Claudio Moroni (Trabajo), junto a la flamante jefa de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Se espera una jornada extensa. El kirchnerismo también realizó su reunión anoche. Desde allí deslizaron a Ámbito Financiero que “faltan convencer a un par”, pero aspiran a que la foto de anteayer de Alberto Fernández con gobernadores radicales y la suspensión del Pacto Fiscal firmada ayer con 22 mandatarios provinciales y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta aflojen el destino. La picardía fiscal significará la suspensión en la baja de impuestos y la posibilidad de suba en Ingresos Brutos y Sellos. Los contribuyentes, felices. La situación del no quorum que alienta el macrismo en la Cámara baja representa un desafío también para el principal sector antikirchnerista, es decir, hasta cuándo mantendrá esa postura, ante reclamos de gobernabilidad que pedirá el kirchnerismo con su regalo de delirantes emergencias detrás. “El interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio está reunido en plenario y decidió por unanimidad no acompañar una ley que significa anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional. A poco más de un mes de las elecciones del 27 de octubre, en la que más de un 40% del electorado nos eligió para defender los valores republicanos que se conjugan en Juntos por el Cambio, no podemos traicionar a la ciudadanía delegando el mandato popular que hemos recibido en el Gobierno nacional. Además, por unanimidad, el Interbloque resolvió no dar quórum en la sesión del próximo jueves”, expresó anoche la bancada opositora. Sobre ese desafío dialogó anoche el interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, que está en una situación parecida a la de Diputados. Si el kirchnerismo logra el dictamen y la votación entre hoy y mañana, la Cámara alta estará en condiciones de sancionar todo el paquete este mismo viernes. Para ello, el macrismo deberá habilitar con dos tercios la constitución de la Cámara en comisión, ya que no habrá dictamen ni los siete días correspondientes que se esperan -por reglamento- para los despachos firmados en comisión. “Nosotros no queremos ser una traba a la gobernabilidad, pero el proyecto es un delirio. Entonces, vamos a ver lo que ocurre en las próximas horas en Diputados y las repercusiones dentro y fuera del Congreso. En base a eso, definiremos los movimientos”, señalaron a este diario desde la oposición senatorial. Mientras tanto, en Diputados ajustan el cronograma para tener 48 horas a pura tensión y terminar el año este mismo viernes. Hay muchos legisladores que prefieren no sesionar entre fiestas.

• (Ambito)Congelan tarifas de luz y gas hasta junio 2020, intervienen Enre y Enargas y devuelven Edenor y Edesur a Nación. El Gobierno nacional revisará los contratos con las eléctricas y gasíferas para buscar una reducción de la «carga tarifaria real» sobre hogares y empresas. También interviene los organismos de control por un año. El proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva congela las tarifas de electricidad y gas para todo el país hasta junio del 2020, interviene los Entes reguladores y ordena la devolución de la jurisdicción de las empresas Edesur y Edenor al ámbito de la Nación, y ya no dependerán a la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Las modificaciones están contempladas en el TITULO III, bautizado Sistema Energético. El artículo 5 del proyecto establece el mantenimiento por 180 días de las “tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal” actuales y faculta al Gobierno nacional a “iniciar un proceso de renegociación de la Revisión Tarifaria Integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario” para fijar los nuevos valores de los servicios públicos. La renegociación de los contratos con las eléctricas y gasíferas buscará “propender a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020”. El presidente Alberto Fernández había adelantado que “las tarifas no se van a aumentar” y, tal como anunció en la campaña, señaló que se va a “terminar con la dolarización”. El mandatario dijo que los aumentos de tarifas diferidos por Mauricio Macri están suspendido por que el ex presidente los postergó para después de las elecciones. “Se fue sin aplicar esos aumentos y nosotros no los vamos a aplicar”, subrayó. Fernández aclaró que la revisión de los contratos servirá para analizar “el sentido” de las tarifas. “A nuestro juicio deben servir al modelo productivo. Este sistema le sirve a los que producen energía pero no a los otros, no al resto de la Argentina. No tengo interés en discutir lo que han ganado las empresas, ahora necesito que ayuden”, explicó.  El artículo 6 incluye la intervención “administrativa” del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) por un año. Por último, el artículo 7 suspende la aplicación de del artículo 124 de la Ley Nº 27.467, que establecía el traspaso de Edesur y Edenor al ámbito del gobierno porteño y bonaerense. “Durante la vigencia de la emergencia declarada en la presente, el Enre mantendrá su competencia sobre el servicio público de distribución de energía eléctrica de las concesionarias Empresa Distribuidora Norte S.A. (Edenor) y Empresa Distribuidora Sur S.A. (Edesur)”, sostiene la iniciativa que el minsitro de Economía presentó este martes en el Palacio de Hacienda. Macri impulsó en mayo de 2018 el traspaso a partir del primero de enero 2020 de las dos compañías eléctricas a la jurisdicción de Horacio Rodríguez Larreta y de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal. Para concretarlo, creó un ente metropolitano bipartito de control y regulación del servicio público de distribución eléctrica (EMSE) y hasta propuso al ingeniero Héctor Sergio Falzone como presidente y a Osvaldo Rolando de vice. Pero ni el ex gerente general de Central Puerto -de Nicolás Caputo-, ni el ex director técnico de Edesur llegaron a ser nombrados oficialmente.

• (Ambito) El Gobierno usará más de u$s4.500 millones de reservas para pagar deuda. «Los dólares autorizados a adquirir mediante esta norma solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera», señala el proyecto de ley. El Gobierno podrá usar u$s4.571 millones de las reservas de libre disponibilidad del Banco Central para pagar deuda, mediante la colocación de tres letras a 10 años de plazo, según consta en el proyecto de ley de Solidaridad Social y reactivación Productiva. En su artículo 57, se autoriza «al Gobierno Nacional a emitir letras denominadas en dólares estadounidenses por un monto de hasta U$S 4.571.000.000, a 10 años de plazo, con amortización íntegra al vencimiento, la que devengará una tasa de interés igual a la que devenguen las reservas internacionales del Banco Central, para el mismo período y hasta un máximo de la tasa LIBOR anual menos un punto porcentual. Los intereses se cancelarán semestralmente». Con esas letras, el gobierno podrá adquirir divisas en el BCRA, «por igual cantidad a las nominalmente expresadas en las mismas». «Los dólares autorizados a adquirir mediante esta norma solo podrán aplicarse al pago de obligaciones de deuda denominadas en moneda extranjera», señala el artículo 59.

• (Cronista) El detalle: cómo funcionará el impuesto del 30% al dólar Dentro del proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso, se destacó la ampliación del gravamen a la compra de divisas para atesoramiento. De aprobarse, la medida regirá por los próximos 5 años. El Gobierno sorprendió al informar que las compras de divisas para atesoramiento también estarán alcanzados por el impuesto del 30% anunciado en un principio para los pagos en moneda extranjera realizados con tarjetas. La medida forma parte del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Ejecutivo envió al Congreso, por lo que no entrará en vigencia hasta que dicho proyecto sea aprobado y promulgado. El artículo 32 del proyecto de Ley aclara que, en caso de aprobarse, el impuesto se extenderá durante los próximos cinco años y se aplicará a la «compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones en el mercado de cambios, efectuada por residentes en el país». La medida alcanzará también al «cambio de divisas efectuado por las entidades financieras por cuenta del adquirente», a la «adquisición de servicios en el exterior contratados a través de agencias de viajes y turismo del país» así como a «la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática, de pasajeros con destino fuera del país». Quedarán exentos, sin embargo, los pagos referidos a prestaciones de salud, a las compras de medicamentos, a la adquisición de libros y a la utilización de plataformas educativas. Además, permanecerán sin gravamen aquellos gastos asociados a proyectos de investigaciones realizados por personas contratadas por el Estado Nacional, o los estados provinciales, la Ciudad de Buenos Aires y municipios. «Creo que el objetivo primario de la medida fue fiscal, recaudatorio. La otra meta, de cuidar las reservas, ya estaba controlada con el cepo y el nivel de restricciones actual. Para lo que es gastos en el exterior con tarjeta, ahí sí puede apuntar a suturar la salida de divisas que se estaba dando vía turismo y compras en el exterior», indicó Martín Vauthier, economista y director del estudio Eco Go. Pese a ello, y analizando las medidas en su conjunto, agregó: «Se buscó lograr un equilibrio entre recomponer parcialmente el poder adquisitivo de los sectores más golpeados y al mismo tiempo enviar una señal al mercado de que esa recomposición no se va a dar a costa de un aumento en el déficit financiado con emisión. La manera que eso cierre, por lo tanto, es con un aumento en la presión impositiva». Dólar calmo en la City Pese a lo que podía esperarse, las diversas variantes del dólar redondearon una rueda sin sobresaltos mayores a los de las últimas semanas. Tras los anuncios, el dólar blue aumentó $ 1,25 y alcanzó los $ 72,75, por debajo del máximo de $ 74 alcanzado el lunes. La brecha sobre el oficial cerró en 14,5%. El tipo de cambio mayorista se negoció casi toda la rueda en torno a los $ 59,815, precio en el que cerró. La divisa hubiera caído de no ser por las compras del Banco Central (BCRA), que según cálculos privados, ascendieron a u$s 190 millones. El contado con liquidación perdió $ 1,27 y cayó a $ 74,29, por lo que la brecha sobre el tipo de cambio mayorista quedó en 24,19%. El dólar Mep, en tanto, permaneció estable en $ 73,12, con una diferencia de 22,23% sobre el oficial. El precio del billete, por su parte, se mantuvo congelado en $ 63 en las pantallas del Banco Nación, y el valor promedio del dólar minorista tampoco mostró cambios, al cerrar en $ 63,10, un centavos más caro que al cierre de la rueda del lunes. Dentro de la City vincularon la falta de reacción de las distintas versiones del dólar al hecho de que las medidas se tratan de un proyecto de ley, por lo que no se aplicarán de forma inmediata. «No cayó muy bien, no genera mucho optimismo en el mercado», dijo un operador del mercado. En la misma línea, desde otra mesa de dinero, una fuente sostuvo: «Hay que ver qué pasa en el Congreso. Si lo votan tal cual o si le hacen cambios». Hubo muy poco movimiento, salvo sobre el final, cuando una operación puntual «despertó» a los inversores. El monto fue de u$s 323 millones.

• (Cronista) Los principales cambios en los impuestos que pagan las grandes empresas El megaproyecto estipula modificaciones en los ajustes de los balances por inflación, una suba de la tasa que se paga por extracción de efectivo y una postergación de la baja de la alícuota de Ganancias, que debía ser de 25% para 2020. omo parte del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para sancionarlo antes del fin de semana, el Gobierno prevé modificaciones en los regímenes para ajuste de balances por inflación, una tasa que pagan las grandes empresas sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias; así como una suba de la alícuota que tributan sobre las rentas. El artículo 27 del texto titulado ‘Ajuste por Inflación Impositivo’ prevé una sustitución del artículo 194 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. La nueva redacción del apartado indica que el ajuste por inflación positivo o negativo correspondiente al primer y segundo ejercicio iniciado a partir del 1 de enero de 2019, “deberá imputarse un sexto en ese periodo fiscal y los cinco sextos restantes, en partes iguales, en los cinco períodos fiscales inmediatos siguientes”. En tanto, se aclara que lo anterior “no obsta al cómputo de los tercios remanentes correspondientes a períodos anteriores, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 de la ley de Impuesto a las Ganancias, texto según Decreto N° 824 del 5 de diciembre de 2019”. Consultado por El Cronista, Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, consideró que de aprobarse esta medida “otra vez el Estado correría el arco a los contribuyentes”. “Si el ajuste arroja ganancia es un beneficio para el contribuyente, pero si arroja pérdida es un perjuicio importante ya que deberá tributar sobre ganancias ficticias”, evaluó. Además, el tributarista indicó que “el importe que se difiere en los siguientes 5 períodos fiscales no se actualiza, motivo por el cual se desvaloriza”. Por su parte, Ezequiel Passarelli, socio de SCI Group, consideró que las modificaciones “perjudican más a las empresas” y advirtió que existen fallos de la Corte Suprema a favor de las compañías sobre el tema. “Se va a judicializar”, analizó. Iván Sasovsky, de Sasovsky y Asociados, sostuvo que la medida “complica más a las empresas”. Y añadió “se extiende el plazo, pero no el de prescripción que se mantiene en 5 años, con lo que puede darse que una empresa este imputando ajuste por inflación y que caiga en medio de la prescripción”, indicó. mpuesto a las extracciones En tanto, en el capítulo 7 titulado ‘Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias’ el Gobierno propone incorporar a la Ley 25.413, que regula el popularmente conocido como Impuesto al Cheque, la duplicación de la tasa vigente que se aplica en las extracciones en efectivo de las grandes empresas. El concreto, el proyecto apunta que “en el caso previsto en el inciso a), cuando se llevan a cabo extracción en efectivo, bajo cualquier forma, los débitos efectuados en las cuentas mencionadas en dicho inciso, estarán sujetos al doble de la tasa vigente para cada caso, sobre el monto de los mismos”. Lo dispuesto no será de aplicación a las cuentas cuyos titulares sean personas humanas o para personas jurídicas que acrediten ser Micro y Pequeñas Empresas. De aprobarse, evalúan en Gobierno, ayudará a combatir el uso de dinero en efectivo y de esa forma incentivar la formalización de la economía y la inclusión financiera. “En vez de eliminar este impuesto regresivo o permitir el 100% como pago a cuenta se incrementa”, opinó Domínguez. Y explicó que en lugar de tributar el 0,6% deberán tributar el 1,2%, “es decir que si se suma el impuesto al cheque se llega al 1,8%”. “Esto va en contra de la bancarización y el impuesto se traslada a los precios por lo cual lo terminarán pagando los consumidores finales”, completó el especialista. Sasovsky advirtió sobre este punto que “se corre el riesgo de que, si no se ajustan los parámetros (de facturación) para ser pymes, muchas comiencen a dejar de serlo y tengan que pagar esta tasa por el retiro en efectivo”. Renta de las empresas En tercer lugar, el proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva suspende hasta el 31 de diciembre de 2002 la baja de la alícuota del Impuesto a las Ganancias que debían pagar las empresas desde el primer día del año próximo. La alícuota ahora suspendida debía bajar a 25%, según la reforma tributaria de 2017. Con el cambio propuesto por el Ejecutivo, se mantendrá durante todo el año la actual tasa, del 30%. La reforma tributaria realizada durante el gobierno de Mauricio Macri redujo de manera gradual la alícuota del impuesto a la renta empresaria del 35% al 25%, que debía comenzar a regir en el próximo año. A modo de transición, en 2018 y 2019 se había aplicado una alícuota de 30%. De acuerdo a un análisis interno del Gobierno, la reducción hace más regresivo el impuesto ya que, si bien recae también ganancias sobre la distribución de dividendos, los contribuyentes de más alto poder adquisitivo obtienen sus ingresos en gran parte de esta fuente. Una alícuota adecuada asegura de este modo cierto nivel de pago por parte del sector de más altos ingresos.

• (Cronista) Prometen que para petróleo y minería las retenciones serán de 8% Será un régimen especial dentro del capítulo de los derechos de exportación, ya que se diferenciarán de los cereales. Cuidan a Vaca Muerta y los gobernadores de Neuquén y San Juan. Los derechos de exportación (retenciones) para hidrocarburos y minería no podrán superar el 8% del valor imponible, según dice el artículo 49° de la Ley de Solidaridad, con lo que de aprobarse el proyecto se crea un régimen especial para estas industrias extractivas. Pese a que durante la mañana circuló un borrador en el que se elevaban hasta un 15% las retenciones para esos sectores, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, intervinieron en la redacción final para proteger la actividad de las petroleras en Vaca Muerta. El régimen especial para la minería favorece principalmente a San Juan, cuyo gobernador, Sergio Uñac, es aliado de Alberto Fernández. Así, al crudo Brent, que ayer se negoció a u$s 66 por barril, se restarían u$s 4 por calidad y un 8% por retenciones, con lo que el precio efectivo que cobrarían las productoras sería de u$s 57, que largamente excede el break even de los yacimientos más productivos en Vaca Muerta. Una vez aprobada la ley, las petroleras recalcularán el atraso de los combustibles, que hasta el viernes era cercano al 10%.

• (Clarin) Las empresas piden una compensación por el congelamiento de tarifas. Eléctricas y gasíferas sostienen que los precios ya estaban atrasados y reclaman negociar inversiones y subsidios. Alberto Fernández anteayer despejó todas las dudas: el Gobierno congelará y pesificará las tarifas de luz y gas por 6 meses. Frente a esto, las compañías distribuidores reclaman un marco de negociación que contemple una flexibilización en las inversiones comprometidas o que se otorguen subsidios para compensar la baja de ingresos. «Lo mejor es que se convoque a todos los actores para encontrar una salida que contemple todas las realidades», resumió una fuente del sector. Las empresas subrayan que ya tienen ajustes pendientes desde febrero de este año, y que ahora se prolongarían hasta julio del año que viene. Después de algunas idas y vueltas, el lunes por la noche, el Presidente se encargó de clarificar el panorama sobre las tarifas: «No se van a aumentar y vamos a terminar con la dolarización. Y vamos a dar hasta el 30 de julio tiempo para redeterminar el sentido de las tarifas», dijo y añadió que «a nuestro juicio, (esos servicios) tienen que servir al modelo productivo». No son sólo palabras: la propia ley de emergencia que tratará el Congreso establece la intervención de el ENRE y el Enargas, los entes reguladores que fijan los precios de la luz y el gas, y que además controlan la ejecución de las inversiones. El impacto de la novedad se sintió ayer en la Bolsa. Las acciones de las principales energéticas cayeron, entre ellas Pampa Energía (-4%), TGN (-4,6%), TGS (-5%), YPF (-3,2%) y Transener (3,6%). Los papeles de Edenor ayer bajaron 7% y acumula en el año un descenso de casi 60%. Eléctricas y gasíferas plantean la necesidad de revisar con el Gobierno un nuevo marco tarifario acorde a las inversiones requeridas. «Ya estábamos congelados desde febrero del año pasado, tenemos tres ajustes pendientes y ahora nos piden 6 meses más», se lamentó un ejecutivo de una distribuidora. Con mayor o menor énfasis, las empresas recuerdan que en 2016, en el inicio del gobierno de Cambiemos, se acordó un programa para actualizar 2 veces por año las tarifas supeditado a un plan de inversiones para mejorar la calidad de los servicios. «El 90% de nuestros ingresos provienen del pago de las facturas. Y no se actualizan desde abril, porque la suba prevista para octubre no se aplicó y si además se prolonga el congelamiento por 6 meses acumularemos un año de atraso, con una inflación superior al 50%», enumeran las distribuidoras de gas. Para las compañías, sólo existen dos posibilidades. Compensar con una renegociación en los planes de inversión o que el Estado subsidie el retraso de los precios de los servicios. Por ejemplo, Edenor se comprometió a desembolsar $26.000 millones hasta febrero de 2022 y Edesur lleva invertidos US$600 millones en los últimos 3 años. Pese a todo, algunas compañías se mostraron cautelosas. «Por ahora no podemos dejar de invertir y nada cambió desde ayer hasta hoy», dijeron desde una distribuidora de electricidad. Por otro lado, añadió que prefieren esperar a ver cómo se instrumenta lo anunciado por el Gobierno (intervención de los entes de control y congelamiento tarifario), y qué normativa saldrá del Congreso una vez que se apruebe el triple paquete de emergencia económica y social. Por lo pronto, ADEERA (Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica) presentó ayer un informe para ser tomado en cuenta en una eventual mesa de negociación con el actual gobierno. El documento habla sobre la incidencia de la carga impositiva en el monto de las facturas que pagan los usuarios en todo el país (46% en promedio) y postula la necesidad de aplicar una «tarifa social» para los sectores más vulnerables. «Adeera promueve la convocatoria a una mesa de diálogo donde estén presentes las nuevas autoridades nacionales, provinciales y municipales junto con todos los representantes del sector eléctrico. Esto permitirá sentar las bases de un plan de desarrollo energético sustentable que contemple todas las variables involucradas», dijeron.

• (BAE) Baja de tasas y encajes, las dos urgencias del BCRA. Nombran hoy cuatro directores. El Banco Central tendrá desde hoy cuatro nuevos directores para comenzar a definir la nueva política de la entidad que preside Miguel Pesce. Las primeras medidas que tomará la autoridad monetaria están destinadas a dar una fuerte señal en favor de la reactivación del crédito: baja de la tasa de referencia y recorte de los encajes bancarios. Según trascendió de las primeras medidas, «habrá una rebaja no sustancial» sobre la tasa de referencia, aunque evitaron ponerle números concretos. La tasa de política monetaria que dejó la gestión de Guido Sandleris ayer se mantenía en 63% -el piso establecido por la anterior gestión- y una medida de impacto sería llevarla por debajo de los 60 puntos porcentuales. El número concreto estará determinado por la dinámica de los próximos días. Luego de la presentación de la ley ómnibus se espera la convocatoria del presidente Alberto Fernández al acuerdo social y económico que debería tener como efecto la desaceleración de las expectativas inflacionarias, y allanar de ese modo el reacomodamiento de tasas y encajes a la baja. En tanto, los nombres de los cuatro directores que acompañarán a Pesce en el Banco Central en esta etapa de gestión se terminaron de definir el lunes para publicarlos hoy en el Boletín Oficial. Los dos nombres que se barajaban como integrantes en la nueva conformación del directorio eran los de Arnaldo Bocco y Zenón Biagosch, que de ese modo volverían al Central.

• Kicillof envió proyecto de emergencia económica, productiva y energética Las medidas tendrán vigencia por los próximos dos años.  En sintonía con el Poder Ejecutivo nacional, el gobierno bonaerense a cargo de Axel Kicillof anunció el envío a la Legislatura de un proyecto de Ley que declara la emergencia económica, social, productiva y energética en la provincia de Buenos Aires por los próximos dos años. El paquete, que será tratado mañana en sesión especial por ambas cámaras, declara además el estado de emergencia para la prestación de servicios y la ejecución de contratos a cargo del sector publico provincial en los tres poderes y para todas sus dependencias. Asimismo, se decidió ratificar las emergencias dispuestas por el gobierno de la ex gobernadora, María Eugenia Vidal, en seguridad pública, política y salud penitenciaria, infraestructura, hábitat, vivienda y servicios públicos y en materia administrativa y tecnológica. El paquete enviado a la Legislatura por el Ejecutivo provincial, les permitirá oxigenarse durante los próximos 24 meses, mientras avanzan con medidas que les permita paliar la crisis alimentaria, garantizar el acceso a los medicamentos y vacunas, crear programas que permitan contener a las pequeñas y medianas empresas, discutir cuadros tarifarios de los servicios eléctricos y renegociar los contratos del sector público, entre otros ítems. Los anuncios fueron formulados ayer en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la Casa de Gobierno provincial y de la que participaron la vicegobernadora Verónica Magario, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, el ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, y el titular de la Cámara de Diputados provincial, Federico Otermín. «Dada la situación económica, social, productiva y en función de los índices de desocupación y pobreza y la paralización del sector productivo es que pedimos estos mecanismos para agilizar fondos y que lleguen a los sectores que más lo necesitan», explicó Magario, quien advirtió además que «si no reactivamos la producción y ponemos en marcha mecanismos que acompañen a los productores, no vamos a reactivar esta provincia, no vamos a salir de esta grave crisis en que estamos». Pero además, la dirigente matancera advirtió que «el hambre no espera, necesitamos que esos fondos se descentralicen en cada barrio, sociedad de fomento, escuela, club o centro de jubilados; nos interesa se reactiven la salud y la educación para llegan a un buen inicio en marzo», agregó. Al anunciar el congelamiento de las tarifas de luz, agua y gas durante los próximos 180 días, Bianco Afirmó: «Las tarifas no son justas ni razonables, como lo sostuvo la Corte Suprema, no se hicieron inversiones necesarias, siendo el servicio de pésima calidad y las empresas obtuvieron ganancias desorbitantes. A eso, puntualmente lo llamamos emergencia energética», precisó.