Llamado a licitación para la conversión de instrumentos en el marco del Decreto 193/2020.

Los tenedores que acepten participar podrán optar por cualquiera de los cuatro Nuevos Instrumentos (NI) que se detallan a continuación:

1) 1) Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1% vto. 5 agosto 2021, (BONCER 2021) (T), precio de colocación $ 1.048,70 por cada VNO $ 1.000.

2) 2) Reapertura del BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,2% vto. 18 de marzo de 2022 (BONCER 2022) (U), precio de colocación $ 1.004,16 por cada VNO $ 1.000.

3) 3) Nuevo BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,4% vto. 25 de marzo de 2023 (BONCER 2023) (X), precio de colocación $ 1.000,00 por cada VNO $ 1.000 y

4) 4) Nuevo BONO DEL TESORO NACIONAL EN PESOS AJUSTADO POR CER 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 1,5% vto. 25 de marzo de 2024 (BONCER 2024) (Y), precio de colocación $ 1.000,00 por cada VNO $ 1.000.

ANTES DE LAS 17 HS DEL DÍA VIERNES 20 DE MARZO (t+1), los participantes que presenten ofertas deberán transferir el total de los TÍTULOS ELEGIBLES aceptados desde sus cuentas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros (CRYL) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), a la cuenta de la Secretaría de Finanzas 99990-01 en esa entidad.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE ALGUNO O TODOS LOS TITULOS ELEGIBLES, la liquidación se realizará el 25 de marzo de 2020 mediante el débito del valor efectivo correspondiente de la cuenta corriente en pesos de la entidad participante en el BCRA. La participación en la presente oferta implica la aceptación de esta condición.

El miércoles 25 de marzo de 2020 (t+2), la CRYL acreditará los Nuevos Instrumentos en las cuentas de cada participante en esa entidad contra la recepción de los Títulos Elegibles o debitará el valor efectivo en los casos de incumplimiento.

(Clarin) Coronavirus en Argentina: Horacio Rodríguez Larreta afirmó que “en los próximos días podríamos entrar en la etapa de circulación social” El jefe de Gobierno porteño anunció un fortalecimiento del sistema sanitario de la Ciudad y resaltó el trabajo coordinado con la Nación y la provincia de Buenos Aires. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que ante el aumento de casos registrado en la Argentina, “en los próximos días” llegaría “la etapa de circulación social” del coronavirus en el país. “El aumento de los casos y la experiencia que recogemos de otras ciudades, nos hace presumir que en los próximos días podríamos entrar en la etapa de circulación social del virus”, sostuvo el mandatario al anunciar nuevas medidas de fortalecimiento del sistema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el momento, Argentina registra 97 casos positivos de la enfermedad, con tres fallecidos: el último, un hombre de 64 años que murió en la noche del miércoles en una clínica porteña. Sin embargo, todavía no fue detectado un caso autóctono, aunque se investiga el de una médica chaqueña como tal. Larreta resaltó que está trabajando «en total coordinación con la Nación y la provincia de Buenos Aires», y también agradeció «a los vecinos de la Ciudad que colaboran cada vez más». Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, aseguró que ”a partir de abril habrá un aumento sostenido de las necesidades llegando en mayo a un máximo y luego irá descendiendo”. “La forma de esta curva dependerá del impacto de las medidas tomadas. Hemos diseñado el fortalecimiento del sistema de salud para hacer frente a ese momento en particular”, aseguró.

(LaNacion) Coronavirus: cierran hasta el 2 de abril los puertos cerealeros de Timbúes. n medio de la emergencia por el coronavirus, la comuna de Timbúes, en el sur de la provincia de Santa Fe, resolvió, entre otras medidas, suspender las actividades en sus puertos cerealeros y prohibir el ingreso de camiones. Así lo resolvió el jefe comunal local, Amaro González. La medida entra en vigor mañana en el caso de los camiones que van a los puertos y se extenderá hasta el 2 del mes próximo. «Quedan suspendidas en el ámbito del distrito de Timbúes todas las actividades comerciales e industriales, lo que significa también en la zona de puertos cerealeros», informó la comuna en su cuenta de Twitter. En Timbúes hay cinco puertos cerealeros. Timbúes se encuentra sobre la ruta nacional 11, a 11 km de San Lorenzo, a 7 km de Puerto General San Martín y a 35 km de Rosario. Según la disposición de la comuna, los camiones con destinos a los puertos solo podrán ingresar a los mismos hasta las 24 de hoy. «No son medidas convenientes a la economía pero son las mejores que podemos tomar para preservar la vida de nuestros vecinos», dijo el jefe comunal a los medios locales. Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores (Ciara-Cec), criticó la decisión sobre los puertos: «Es increíble e inédito. Las medidas preventivas están vigentes desde el inicio de la crisis sanitaria y se actúa con muchísima responsabilidad para proteger la salud de los trabajadores y prestadores de servicios. Todos los protocolos sanitarios están activos y en pleno funcionamiento. No debemos hacer usos políticos de la grave situación sanitaria. El transporte y exportación de granos y subproductos es una actividad esencial del país. Si alguien la detiene sin justificaciones reales esto causará un daño para los trabajadores y para el país». Agregó que ese puerto opera el 60% del volumen de ventas al exterior de granos.

(Ámbito) Deuda: Gobierno acuerda con tenedores locales canjear cerca de $200.000 millones de bonos en pesos. Así lo confirmó el ministro de Economía, Martín Guzmán, a Reuters. El canje, que ofrece nuevos instrumentos que vencerán entre el 2021 y el 2024 por títulos que expiran este año, es parte del objetivo del Gobierno de ganar más tiempo para realizar pagos. en medio de la crisis de la deuda soberana. El Gobierno argentino alcanzó un acuerdo con tenedores de bonos locales para canjear cerca de 200.000 millones de pesos (3.200 millones de dólares) de deuda en pesos, en una licitación planeada para el jueves, dijo a Reuters el ministro de Economía, Martín Guzmán. El canje planificado, que ofrece nuevos instrumentos que vencerán entre el 2021 y el 2024 por títulos que expiran este año, es parte del objetivo de Argentina de ganar más tiempo para realizar pagos en medio de la crisis de la deuda soberana. «El objetivo es diferir una significativa porción de la deuda en pesos a tasas de interés sustentables», dijo a Reuters Guzmán, que agregó que el Gobierno espera «canjear alrededor de 200.000 millones de pesos en deuda de corto plazo en esta primera ronda». Guzmán, que también mantiene duras negociaciones con acreedores internacionales para reestructurar cerca de 70.000 millones de dólares en deuda bajo ley extranjera, agregó que diferir pagos de deuda en pesos aliviaría «la presión sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro y, en las condiciones actuales, sobre el Banco Central también». «Un resultado favorable facilitaría un gradual pero persistente proceso de acumulación de reservas extranjeras, que en opinión del Gobierno es una condición necesaria para aliviar los controles a capitales», dijo. El Gobierno estuvo concentrado en diferir bonos en pesos a través de una serie de licitaciones para canjear deuda. Pero en el plano internacional de sus obligaciones el panorama es más difícil. Al mismo tiempo, el Gobierno mantiene conversaciones por un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el 2018 aprobó una línea de crédito por 57.000 millones de dólares a Argentina. De ese total, el país utilizó 44.000 millones de dólares. La semana pasada Guzmán dijo que Argentina necesita un «alivio sustancial» de los tenedores internacionales de instrumentos en su proceso de reestructuración, en una señal de firmeza ante acreedores. Sin embargo, esas negociaciones podrían sufrir algunas demoras debido a los efectos del coronavirus, cuyos casos crecen en Latinoamérica y han obligado a Argentina a imponer estrictas medidas de cuarentena y cerrar sus fronteras.

(Ámbito) El BCRA lanza hoy medidas para alivio financiero. Lo que prima es salvaguardar el tejido económico y por ende a las pymes más castigadas y a las endeudadas familias. El Banco Central hoy difundirá la normativa vinculada con el anuncio oficial sobre una ayuda extraordinaria a las pymes y familias por $350.000 millones en créditos blandos. Tras haber mantenido una serie de reuniones con los representantes de la banca local y extranjera, pública y privada, el Directorio del ente monetario se apresta a presentar los lineamientos para que el sistema financiero pueda brindar el apoyo financiero necesario para que tanto el sector de las pequeñas y medianas empresas y las personas no sufran ni generen inconvenientes en la cadena de pagos. El esquema básico se centra en una reducción de los encajes y de la posición en deuda del BCRA (esto es, tanto Letras de Liquidez o Leliq, y Pases Pasivos), o sea, una liberalización de capacidad prestable que hoy está estacionada en el ente monetario. De modo que lo que parecía iba a tardar más tiempo de lo esperado, es decir, una reactivación del crédito al sector privado, lo logró la crisis del Covid-19. Son tiempos de economía de guerra, de una crisis desconocida, por lo que los efectos de los remedios quedarán para los historiadores. Ahora lo que prima es salvaguardar el tejido económico y por ende a las pymes más castigadas y a las endeudadas familias. Nadie va a venir ahora con argumentos ortodoxos ante semejante debacle de la que aún hoy se desconoce su profundidad y alcance, local y global. Por eso, el Gobierno recurre como el resto de los principales bancos centrales del mundo y de la región a flexibilizar las condiciones financieras. Algunos recortan más las tasas de interés y otros acompañan con otras medidas de estímulo monetario como compra de activos. En Argentina se irá desandando el camino arrancando con un aumento de la capacidad prestable orientada principalmente a pymes y familias. El monto de arranque equivale a poco más del 17% del stock actual de préstamos privados en pesos o al 20% del stock de Leliq. Por lo que se desprende que el BCRA tiene margen, en las actuales circunstancias extraordinarias, de poder inyectar más liquidez vía la reducción de Leliq. Por lo pronto, según participantes a las reuniones entre el BCRA y la banca, se operaría sobre el stock actual en principio, de modo que la baja de encajes las entidades deberían canalizarla hacia las nuevas líneas promocionales, de lo contrario el excedente queda “encajado”. Dado que los fondos para los nuevos créditos salen de los depósitos captados por los bancos, por los cuales pagan una tasa de interés pasiva y como la tasa a la cual se prestarán los nuevos préstamos será menor, quedó claro en dichos encuentros que el esfuerzo será compartido. Es decir, todos ponen. Claro que aún resta ver hoy la letra chica de las resoluciones y comunicaciones del BCRA para vislumbrar el resultado final. Un exmiembro del directorio del BCRA posconvertibilidad señalaba a este diario que todo lo anunciado tiene pinta de ser tipo la Línea de Inversión Productiva (LIP), donde un porcentaje de los depósitos de los 20 principales bancos se va a colocar en un determinado tiempo, por ejemplo, un trimestre. Este economista y conocido consultor del sistema estima que el mayor esfuerzo será con Leliq de modo de ir bajando el déficit cuasifiscal y otra parte vía baja de encajes. “Hay que cuidar a las empresas y personas ya endeudadas. Además de promover el nuevo crédito el BCRA y la banca deberían por un período de 3 a 6 meses flexibilizar los vencimientos de cuotas, bajar las exigencias de capital y de previsiones, facilitar las refinanciaciones, suspender las ejecuciones, etc.”, recomienda este experto como se hizo en 2003. O sea, se trata de un amplio menú lo que hoy debería estar implementando el BCRA para enfrentar la actual crisis. Esto implica que por un tiempo las exigencias de Basilea (en cuanto a capitales mínimos y otras normas) deberán “freezarse”. “Sin minimizar los daños en el sector real no hay sustentabilidad fiscal ni estabilidad financiera”, sentencia el exdirector del BCRA.

(Ámbito) Provincias temen duro golpe en ingresos por cuarentenas. Alerta máxima en gobernaciones y despachos de Hacienda, que tras la sombra del Covid-19 ven venir una merma en los envíos automáticos y en la recaudación. Algunos van más allá y advierten por lo bajo que si no hay un auxilio extraordinario de Nación ya evalúan reflotar las prohibidas cuasimonedas, en versión de «emergencia». A la preocupación y los esfuerzos de los gobernadores por enfrentar el avance del coronavirus se sumó otro previsible y acuciante desafío: esperan ya un duro impacto en los envíos de coparticipación de abril, frente a la amenaza de una potencial escalada de incumplimientos en los pagos de los contribuyentes en medio de la pandemia y a la merma de la recaudación nacional y de las provincias por el freno a la actividad económica producto de las cuarentenas. Por eso distintos funcionarios provinciales consultados por Ambito Financiero coincidieron en un diagnóstico pesimista en materia de recursos y enfatizaron la necesidad imperiosa de un auxilio financiero del Gobierno de Alberto Fernández. Incluso, dejaron trascender que un ramillete de distritos ahogados por la asfixia de cuentas potenciada por la pandemia no descarta la posibilidad de recurrir a las polémicas cuasimonedas, pese a las restricciones legales actuales que -argumentan- “deben ser dejadas de lado por la emergencia imperante”. Con este telón de fondo, desde algunas provincias sugieren la vía de asistir a los gobernadores con Aportes del Estado Nacional (ATN), pensados para situaciones de emergencias. “La recaudación se cae vertiginosamente y es imprescindible alguna medida compensadora de Nación, dado que provincias y municipios no tienen potestad de emitir y sí tienen crecientes demandas de servicios, no sólo los sanitarios”, aseguraron desde un despacho provincial a Ambito, frente a la facultad de emitir con la que sí cuenta la administración de Fernández. Los ministros de Economía de las provincias siguen con lupa la performance de las transferencias automáticas, ya golpeadas desde hace meses por caídas reales producto de la escalada de la inflación y, desde este año, por el desfasaje respecto de las previsiones macroeconómicas 2020 que legó Mauricio Macri y sobre las que se montaron los presupuestos provinciales. “Hay números que asustan”, dijo otro funcionario provincial respecto a las estimaciones de los envíos de coparticipación de abril, e hizo foco en un riesgoso doble impacto: una potencial “rebelión fiscal” masiva o extendida de contribuyentes. “En una pandemia lo primero que se deja de pagar son los impuestos; la gente no tiene ganas de pagar y esperan prórrogas”, graficó y
una previsible menor recaudación por las cuarentenas, que redundarán en un freno a la actividad económica y por ende en las percepciones nacional y provinciales, con varios tributos atados al pulso productivo.
“Los goteos de este martes y miércoles cayeron mucho, aunque hoy (por este miércoles) comienzan los vencimientos más importantes por el IVA y hay que ver cómo marcha a partir del viernes”, aseguró el titular de una cartera económica provincial a este diario, además de remarcar que en este caso se trata de un impacto “por lo que dejan de pagar” los contribuyentes, en medio del terremoto en la vida cotidiana generado por el Covid-19. Sin embargo, enfatizó que “el impacto por la falta de la actividad económica nos va a repercutir el mes próximo” y admitió que el temor sobre esa erosión es “muy grande”. Por su parte, otro ministro de Economía consultado señaló que si bien “aún” no se siente una erosión en las remesas, están “preocupados” por “lo que puede ocurrir en el corto plazo”. Desde distintos distritos destacaron las estrategias encaradas hasta el momento por la Casa Rosada, incluídas las medidas de estímulo a la economía anunciadas el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Pero las necesidades de recursos de los Ejecutivos provinciales son crecientes, y se vieron agravadas por la necesidad de destinar cuantiosos fondos adicionales al combate de la pandemia. Por eso desde varias provincias bregaron por una urgente asistencia financiera extra a los gobernadores por parte de la gestión Fernández. “Podrían liberar fondos adeudados a las provincias a través de ATN; la ley lo habilita porque es una situación de emergencia”, afirmaron a este diario desde un distrito. Según un informe de Economía & Regiones, en enero pasado los envíos de coparticipación a las provincias mostraron un aumento nominal del 38,3% pero una caída real interanual del 10%, producto del impacto de la inflación.

(Ambito) Primera pista del canje de deuda: quita de 55%. La deuda reconocida fue 68.842.528.826 dólares. Será la oferta original a los acreedores. Se podrá mejorar pidiendo nuevas emisiones o negociando tasas de interés atractivas en un mercado deprimido. El Gobierno hizo el lunes pasado el primer movimiento serio para avanzar en la reestructuración de deuda. Y también la primera pista abierta para conocer cuál es la intención oficial sobre la quita que se les ofrecerá a los acreedores privados: aproximadamente 55%. El dato surge de un movimiento concreto. El estudio de abogados norteamericano Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton (CGS&H), un clásico argentino, emitió el pedido formal a nombre del país al Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), la autoridad que deberá autorizar la eventual emisión de deuda, para la colocación de nueva deuda por unos u$s31.652.645.202 para rescatar el pasivo con legislación exterior emitido desde 2005 hasta 2019. Ese dinero, comparado con el total de u$s68.842.528.826 que el Gobierno reconoció como los bonos a negociar; representaría una quita lineal de 55%, al menos el cuanto al capital adeudado. Obviamente se trata de un porcentaje que, cuando se confirme, generará un rechazo visceral entre los bonistas con los que se negociará la reestructuración. Y, en consecuencia, se confirmará el pronóstico del ministro de Economía Martín Guzmán sobre que la propuesta generará “frustración” entre los tenedores de la deuda argentina. Sin embargo, al tratarse de la primera propuesta que se le hará a los acreedores, podría ser mejorada al iniciar las negociaciones. Esto podría ejecutarse desde dos costados diferentes. En primer lugar, nada impediría que el estudio de abogados vuelva a pedir la autorización a la FINRA para una nueva colocación. En segundo término, el gobierno podría discutir los intereses a pagar por la nueva emisión de deuda. Desde el “albertismo” se considera esta segunda opción la más favorable, quizá, para a las dos partes. Para la Argentina implicaría la reducción sustancial de la deuda real con legislación en el exterior. Se considera además que el momento de los mercados mundiales generados por la crisis del coronavirus, con tasas de la Fed a cero e inversores espantándose de los bonos locales e internacionales; podría generar cierta demanda en los acreedores si el país ofrece intereses cercanos al 6 o 7%, una rentabilidad hoy inexistente en el mundo de la pandemia. Todas las dudas comenzarán a dilucidarse cuando comience a aplicarse la nueva versión del cronograma oficial de renegociación de deuda, que ayer oficializó Economía. Según los tiempos actualizados, se extendió hasta el 25 de marzo el plazo que tienen los tenedores de bonos emitidos bajo legislación extranjera autorizados a entrar en el canje, para que informen sus tenencias y brinden su opinión formal sobre la operación. Según una nota que emitió ayer el ministerio de Guzmán, la decisión se tomó para “contactar al mayor número posible de tenedores con el fin de entablar relaciones y conocer sus opiniones” sobre el proceso de reestructuración. La fecha original había vencido el lunes pasado; dentro de un cronograma que ya tenía un delay de tres semanas y que, si se hubieran cumplido todos los tiempos estipulados en el momento de ser anunciado, debería haber cerrado todo el proceso el 31 de marzo. Con el cierre del canje y el eventual apretón de manos entre el gobierno y los acreedores incluido. Se sabía hasta hace 10 días que el cumplimiento era difícil. Casi imposible. Luego del primer lunes negro del 9 de marzo pasado, directamente esa alternativa se transformó en una utopía. Lo más probable ahora es que el Gobierno de Alberto Fernández se tome todo abril para avanzar sobre el proceso, y que recién hacia fin del próximo mes haya algún panorama concreto de los tiempos para cerrar la complejísima operación. Hay un límite teórico. El 7 de mayo Argentina debe pagar unos u$s1.374 millones correspondientes a un pago del Bonar 24; bono incluido en el proceso de canje y que, si no hay arreglo, debería ser liquidado con reservas del Banco Central. Sería entonces decisión del Presidente, en el caso que las negociaciones continúen y no se haya alcanzado el mínimo indispensable del 75% de aceptación obligatoria, ordenarle a Miguel Ángel Pesce que libere el dinero o, opción B, ingresar en default. Esta lamentable situación igualmente no sería inmediata. Las normas del sistema financiero internacional le dan un plazo de 30 días más a un deudor en problemas para que complete el pago. El plazo máximo sería entonces el sábado 6 o, técnicamente, el lunes 8 de junio. Según una fuente del oficialismo, “tiempo hay”. Completa el pronóstico afirmando que “mientras tanto se irá aclarando el panorama generado por la crisis financiera, que aún no sabemos si los ayuda o perjudica”. Así, el Gobierno reconoce algo hoy innegable: el proceso de reestructuración de deuda, en medio de la megacrisis, implica una enseñanza para todos los actores interviniente. Tanto acreedores como deudores. Mientras tanto, los trámites oficiales continuarán esta semana en Nueva York, a través de las gestiones del estudio CGS&H; el que, según aclara el especialista Sebastián Maril de FinGuru, es “hace ya más de una década, el asesor legal de la República Argentina en EE.UU. en términos de emisión de deuda y uno de los estudios de abogados que representa al país en las cortes norteamericanas en los numerosos litigios que enfrenta”. Fue el estudio que ayudó a colocar la deuda de salida del default del 2001 con la operación del 2005 y 2006; y fue también el estudio que defendió al país durante el Juicio del Siglo contra los fondos buitre. Luego, durante la gestión de Alfonso Prat Gay fue corrido del escenario. El entonces ministro de Economía y Finanzas decidió contratar a Cravath, Swaine & Moore (CS&M), quienes completaron la operación en 2016. La presentación del pedido formal a la FINRA, determina un regreso del estudio CGS&H a las filas de la defensa jurídica de los casos financieros en Wall Street. Los acreedores y su nivel de aceptación determinarán si además será el defensor del país ante eventuales juicios en los famosos tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York. Esto, a su vez, dependerá de la evolución de los precios de la deuda argentina a renegociar, en medio de una catástrofe financiera que llevó las cotizaciones de los títulos públicos más cerca del 30% que del 40% de límite para que la eventual oferta argentina sea potable. Lo preocupante para el país, es que la aparición del Cisne Negro del coronavirus, provocó la perforación del límite psicológico del 40%, con lo que los precios ahora sí son potables para los únicos demandantes en escena: los fondos buitre que desde hace 10 días ya están con su mira en Buenos Aires. Estos, en su versión moderna, ya vienen diseñando su cálculo econométrico a tres bandas desde diciembre del año pasado, con la llegada de Alberto Fernández al poder y la seguridad que el país iría a una nueva reestructuración de su deuda; para conocer el momento exacto en que comenzar a comprar deuda argentina sería un buen negocio a futuro. Obviamente apostando a un nuevo juicio en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde Thomas Griesa abrió el Juicio del Siglo, falló a favor de los demandantes y les generó una ganancia de casi 1000% en dólares a 10 años, una rentabilidad superior a lo que rinde en el mundo moderno el narcotráfico y el contrabando de armas. El cálculo exacto que hicieron los fondos buitre, es el mencionado anteriormente: por arriba de 40% no hay posibilidades de éxito; entre 35 y 40% puede ser rentable, por debajo de 35% es un éxito asegurado. Los bonos cotizan hoy cerca del 30%. Estos fondos venían monitoreando la proyección de los valores de los precios locales de los bonos desde fines de enero. En algunas jornadas (Bono Dual y deuda de la provincia de Buenos Aires entre el 5 y el 12 de febrero) se convencían que el desembarco era posible. Otros días (la designación del HSBC y el Bank of America como agentes financieros entre el primero de marzo) se desilusionaban y consideraban que la quimera de volver a enjuiciar al país era imposible. Muchos estuvieron incluso la semana pasada a punto de abandonar la eventual batalla, ante cotizaciones de la deuda argentina cerca del 50% y cálculos de posible presencia de bancos internacionales fuertes demandantes de esos títulos. Sin embargo, curiosamente, un “golpe de suerte” los despabiló. El “lunes negro” del pasado 9 de marzo, que combinó el coronavirus con la inoportunísima guerra petrolera entre Arabia Saudita, generó una debacle generalizada en los mercados mundiales que inevitablemente contagió a los activos argentinos; llevando la cotización de los bonos a reestructurar por debajo del 40%, estacionándose, por ahora, en el 35%. Inmediatamente las computadoras se encendieron, los cañones enfocaron a Buenos Aires, y comenzaron a llover las ofertas a los pequeños fondos de inversión tenedores de deuda argentina.

(Cronista) Guzmán: «Esperamos canjear alrededor de $ 200.000 millones» de deuda Lo dijo en declaraciones a Reuters. Mañana se llevará a cabo un megacanje de 13 instrumentos en pesos que suman unos $ 500.000 millones, según estimaciones privadas. El Gobierno alcanzó un acuerdo con bonistas locales para canjear cerca de $ 200.000 millones de deuda en moneda local en el megacanje planeado para mañana, dijo a Reuters el ministro de Economía del país, Martín Guzmán . El canje planificado, que está ofreciendo nuevos instrumentos que vencerán entre el 2021 y el 2024 por instrumentos que expiran este año, es parte del objetivo de Argentina de ganar más tiempo para realizar pagos en medio de una amplia crisis de su deuda soberana. «El objetivo es diferir una significativa porción de la deuda en pesos a tasas de interés sustentables», dijo Guzmán a Reuters. Y agregó que el Gobierno espera «canjear alrededor de $ 200.000 millones en deuda de corto plazo en esta primera ronda». De hecho, de acuerdo a estimaciones privadas, los vencimientos de los 13 instrumentos que se buscan canjear (12 letras y el Botapo) suman unos $ 500.000 millones, por lo que los $ 200.000 millones del primer tramo implicarían alcanzar un 45% de adhesión. Guzmán, que también mantiene duras negociaciones con acreedores internacionales para reestructurar cerca de u$s 70.000 millones en deuda bajo ley extranjera, agregó que diferir pagos de deuda en pesos aliviaría «la presión sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro y, en las condiciones actuales, sobre el banco central también». «Un resultado favorable facilitaría un gradual pero persistente proceso de acumulación de reservas extranjeras, que en opinión del Gobierno es una condición necesaria para aliviar los controles a capitales», dijo. El canje está ofreciendo nuevos instrumentos que vencerán entre el 2021 y el 2024 por instrumentos que expiran este año.. El Gobierno buscó diferir sus bonos locales a través de una serie de licitaciones para canjear deuda. Pero en el plano internacional de sus obligaciones el panorama es más difícil. La nación quiere alcanzar un acuerdo con acreedores externos para fines de marzo. Al mismo tiempo, el Gobierno del presidente Alberto Fernández mantiene conversaciones por un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en el 2018 aprobó una línea de crédito por u$s 57.000 millones a Argentina. De ese total, el país utilizó u$s 44.000 millones. La semana pasada Guzmán dijo a Reuters que Argentina necesita un «alivio sustancial» de los tenedores internacionales de instrumentos en su proceso de reestructuración, en una señal de firmeza ante acreedores. Sin embargo, esas negociaciones podrían sufrir algunas demoras debido a los efectos del coronavirus , cuyos casos crecen en Latinoamérica y han obligado a Argentina a imponer estrictas medidas de cuarentena y cerrar sus fronteras.

(Cronista) Previo a coronavirus, préstamos a empresas ya se derrumbaban 23% De acuerdo al informe monetario del Banco Central de lo ocurrido en enero. Se prevé que aumente la caída durante este mes por la caída en la actividad económica. En términos interanuales, los préstamos totales a las empresas se redujeron 23,4% en términos reales, según el informe monetario de enero del Banco Central (BCRA). La caída, sin embargo, será anecdótica dentro de algunos meses: se prevé que en marzo, con la pandemia, será mucho mayor. Por su parte, los créditos a las familias (en moneda nacional y extranjera) se redujeron 0,7% en términos reales en el mes. Dentro de este segmento, prendarios y personales mostraron las mayores caídas relativas, que fueron atenuadas por los hipotecarios. En una comparación interanual, los créditos a los hogares disminuyeron 17,3% en términos reales. En enero la irregularidad de las financiaciones al sector privado alcanzó 6% de la cartera total, aumentando 2,5% interanual. El ratio de mora de los préstamos a las empresas se incrementó hasta 7,8%, En enero el saldo de financiamiento bancario en pesos al sector privado disminuyó 2,1% en términos reales. Dentro de este segmento, las líneas comerciales (adelantos, documentos y leasing) mostraron mayores caídas mensuales. En tanto, el saldo de crédito al sector privado en moneda extranjera se redujo 5% en el mes. En una comparación interanual, el crédito en moneda nacional al sector privado acumuló una caída de 17% real en enero, mientras que el saldo de los préstamos en moneda extranjera se redujo 37,2% en moneda de origen.

(BAE) El mercado chino empieza a reactivar de manera paulatina la exportación de carne bovina. China vuelve al ruedo, pero con menores precios. El consumo interno podría contener la baja de las exportaciones. Las ventas a China empezaron a mostrar algunos signos de reactivación, en un contexto de caídas de la operatoria con Europa y un mercado interno que por el momento apuntala el negocio, según coinciden distintas fuentes de la industria frigorífica argentina. En los dos primeros meses del año, la faena mostró buenas cifras, pero se sienten los efectos del paro del campo, las últimas lluvias que dificultaron el traslado de hacienda y el coronavirus. Los exportadores reconocen el escenario delicado que se vive con la venta de las Cuotas Hilton y 481, cortes de alta calidad que se destinan al mercado europeo. Ante la consulta de BAE Negocios, un empresario del sector detalló: «Está todo Europa cerrado, los exportadores prácticamente no vamos a operar, solo saldrá vaca a China». Además agregó que este cese de las ventas al viejo continente no es una cuestión de precio: «No reciben mercadería, y muchos barcos están regresando». En declaraciones a Canal Rural, el Gerente General del frigorífico Forres-Beltrán, Ricardo Schiavoni, destacó que en China «se registra una mayor actividad y prácticamente se ha normalizado su producción». Para el directivo, si bien no se manejarán los elevados precios que pagaron a finales del año pasado, entre la población china empezó a percibirse «un mayor consumo a futuro y tienen la precaución de empezar a comprar más». Carlos Riusech (h,) de Frigorífico Gorina, explicó que luego de una caída de hasta un 40% en los precios pagados por el gigante asiático y la consecuente preocupación de este sector, » China empieza a reaccionar». De todas maneras, y ante la incertidumbre generada por el escenario de pandemia global, agregó que «es difícil marcar un tendencia, tanto a nivel nacional como internacional». Por el lado del mercado interno, desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) remarcaron que si bien la faena en los dos primeros meses de año evidenció signos de recuperación, hay factores puntuales a tener en cuenta, como la mayor cantidad de ventas ante una población que compró de más por temor a un posible desabastecimiento. El secretario de la entidad, Javier Peralta, también advirtió sobre otro de los problemas que podrían enfrentar las plantas frigoríficas: «Si se producen contagios de coronavirus, esto implicaría que todo el personal de la planta tendrá que estar en cuarentena». Desde FIFRA plantearon esta cuestión ante las autoridades cordobesas, para buscar alternativas. «Si esto ocurriera, las empresas estarían en serias dificultades de poder abonar salarios», afirmaron. El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes ( Ciccra), Miguel Schiariti, estimó que si bien es posible que el consumo interno «puede contener el impacto en la caída de exportaciones», existe una sensación de inestabilidad a causa del coronavirus, las últimas lluvias y los coletazos del paro del campo, que han sumado presión alcista a los precios de la carne.