Licitación de Letras en Pesos (17/05/2021)

La Empresa del Momento: BAYER (17/05/2021)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (14/05/2021)

Invirtiendo a Largo Plazo: Fondos que replican a las ex AFJP (12/05/2021)

Cartera Recomendada: MAYO (10/05/2021)

Guía de ONs: Deuda en Dólares y Fondos Corp (07/05/2021)

Guía de Deuda Soberana en Dólares: Perspectivas y los mejores bonos (07/05/2021)

Las Empresas del Momento: Mayo (06/05/2021)

Licitación Primaria de Letras en Pesos (04/05/2021)

¿ARGENTINA RECLASIFICADA A FRONTERA? DE QUÉ TRATA Y LAS CONSECUENCIAS (04/05/2021)

PAGO DE CSGUO: ¿QUE ALTERNATIVA HAY PARA LOS DÓLARES? (03/05/2021)

Las Empresas del Momento: BIOGEN (29/04/2021)

Colocación de Deuda de PAE crea una oportunidad en equity (28/04/2021)

Guía de Instrumentos CER y TASA VARIABLE (26/04/2021)

Estrategia en Deuda Corporativa: Tasa de 10% (23/04/2021)

Guía de CEDEARs: Estrategia Sectoriales (23/04/2021)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (22/04/2021)

Suscripción Primaria de IRSA (20/04/2021)

Estrategia de Renta en Dólares (19/04/2021)

Guía de ONs en Dólares: Bonos y Fondos ( 16/04/2021)

Las empresas del momento (15/04/2021)

Perspectiva Mercado de Cambio: Abril-Mayo (15/04/2021)

Suscripción de ON de YPF LUZ 10.24% DE CUPON EN DOLARES  (05/04/2021)

Plan de Infraestructura de Biden: CEDEARs afectados (31/03/2021)

Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(CRONISTA) Las jubilaciones especiales cuestan 7% del PBI, más que el sistema general
Los sectores que son considerados «de excepción» perciben haberes hasta un 85% mayores que el promedio del Sistema Previsional.
Más de la mitad del gasto en jubilaciones y pensiones en Argentina corresponde a los regímenes de excepción, que representan el 7% del PBI, por arriba del 5,8% del sistema general. «Existen al menos 177 regímenes previsionales diferenciales, especiales, provinciales, profesionales o no contributivos con sus propias reglas, instituciones y mecanismos de financiamiento, que se diferencian del régimen general conocido como SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino) y explican un 40% de los beneficios y más de la mitad del gasto del sector», explicó el economista Rafael Rofman, director del programa de Protección Social del think tank Cippec. Según el análisis, existen más de 3,7 millones de beneficios bajo regímenes de excepción, que corresponden a un 40% del total de los beneficiarios. En la mayoría de los casos, perciben haberes que son hasta un 85% superiores al promedio del SIPA, detalla el documento «Los regímenes previsionales de excepción en Argentina». Con el diferencial que representan esos regímenes, se podría mejorar en un 30% las jubilaciones promedio del sistema general. Los $ 21.000 pesos promedio que cobran jubilados y pensionados podrían pasar a $ 30.000 mensuales, de acuerdo con las estimaciones de Rofman, que aclara que la propuesta, que será presentada a autoridades y legisladores, es gradual. «No se puede afectar los derechos adquiridos. La reforma que proponemos es hacia futuro», indicó en una reunión virtual con Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de Cippec. Según indicaron los especialistas, los regímenes de excepción «no responden a una estrategia para identificar sectores con mayores vulnerabilidades sino al éxito puntual» de lobby de los distintos grupos de interés. El documento plantea que el sistema produce «costos excesivos, inequidades e ineficiencias». Las pensiones no contributivas son el componente más relevante en términos de cobertura, pero dado los montos relativamente bajos que pagan, su impacto fiscal es menor. En cambio, los esquemas provinciales son los más importantes, ya que implican un gasto del 2,5% del PBI. En medio de discusiones sobre la sustentabilidad del sistema y la negociación con el FMI, que aboga por una reforma del sistema de pensiones, Rofman consideró que una política que apunte a mejorar la racionalidad del gasto puede ser bien recibida por el Fondo. «Hoy gastamos casi el 13% del producto en jubilaciones y pensiones. Es uno de cada 8 pesos que se generan», dijo el ex analista del Banco Mundial.

PRIVILEGIOS EN ASCENSO
El número de jubilaciones bajo el régimen general de ANSES se mantuvo estable desde 2010, mientras que las jubilaciones en los regímenes especiales aumentaron más de un 40%. De los siete regímenes nacionales especiales vigentes, cinco fueron restablecidos o creados entre 2005 y 2009. Esta tendencia continúa, lo que profundiza los problemas del sistema. «Solo en 2020 se presentaron 33 proyectos en la Cámara de Diputados que crean nuevos regímenes o amplían los existentes, y en los primeros meses de 2021 el Poder Ejecutivo anunció dos normas que amplían esquemas ya vigentes», remarcó Rofman, que reconoció que los incentivos políticos para desarmar el esquema son bajos.

(CRONISTA) La prohibición de exportar carne sumará presión a la inflación por la menor oferta de cortes
Si bien a cortísimo plazo estiman que puede moderar la suba de los precios, los analistas consideran que la restricción provocará una retracción del stock en el mercado interno que sobrecompensará el efecto inicial.
El cierre de las exportaciones de carne por 30 días que anunció el Gobierno no cumplirá con el objetivo de aliviar la inflación en alimentos y generará el efecto contrario por una retracción de la oferta, además de despertar una oleada de cuestionamientos del sector por el desabastecimiento a mercados del exterior que significa su aplicación. A pesar de que el primero de los ‘diez consensos’ surgidos del decálogo del Consejo Económico y Social abogaba por «exportar más», el Ejecutivo sacrificará esta máxima con el objetivo de frenar o al menos disminuir el ritmo de los aumentos de los precios de los alimentos, que en el año subieron 18,7%, un punto más que el nivel general. En el Gran Buenos Aires, la suba de la división es de 19,6%, mientras que las carnes y derivados escalaron 22%, con el agravante de que en el último trimestre de 2020 el incremento fue de 24,8%. Así, desde octubre, con la apertura de la cuarentena, las carnes subieron 52,5% en apenas siete meses. Estos aumentos impactan con más fuerza en los sectores de menores recursos que destinan una mayor proporción de su ingreso en alimentos. Y, lejos de ponerle fin a esta dinámica inflacionaria, los analistas coinciden en que la prohibición de exportar carne generará una retracción de oferta por medidas de fuerza, un menor abastecimiento al mercado local o una menor producción que como corolario terminarán elevando los precios, más allá de que a cortísimo plazo puede generar el vuelco de la producción que iba a exportarse y moderar en el margen los incrementos previstos. «Si el volumen que ahora no va a exportarse se vuelca al mercado interno puede que a cortisimo plazo modere la suba en carnes, pero a costa de romper contratos, desincentivar producción y sumar tensiones con el campo. Si hay paros o problemas con la oferta, puede ocurrir que eso implique más presiones de precios. La clave va a estar en cómo reaccione el sector», señaló Matías Carugati, de la consultora Seido. La Mesa de Enlace ya definió que desde el jueves cesará la comercialización de carne por ocho días, por lo que el impacto podría ser inmediato. Gabriel Caamaño, de Consultora Ledesma, coincidió en que la medida generará una disminución de la oferta y que la clave pasará por cuánto tiempo tardará en hacerlo, al tiempo que señaló que la dinámica inflacionaria local de la carne está desacoplada de las variaciones internacionales. «La medida tiene muchos costos en cuanto a los mercados que se dejan de abastecer y cómo van a penalizarnos en el futuro. Tornar un producto transable no transable no parece la mejor estrategia de cara a desactivar el proceso inflacionario o evitar que el precio del producto suba», señaló. Y agregó: «Es lo que pasó la última vez, el precio de la carne terminó subiendo más y siendo más caro que en otros países que exportaban carne. En el corto plazo puede haber algún efecto circunstancial de baja porque lo que no se puede exportar se vende en el mercado interno, pero al no tan largo plazo la oferta se retraerá y el precio subirá más.» La prohibición del Gobierno se suma a la lista de medidas con las que busca combatir los aumentos a través de la reducción de los márgenes de las empresas, como los controles de precios y las intimaciones al uso máximo de la capacidad de producción y abastecimiento, que en estos meses no lograron contener la aceleración inflacionaria. Los otros pilares de la estrategia del Gobierno se asientan sobre el ancla cambiaria, a través de un menor ritmo depreciación del tipo de cambio oficial, y el atraso de la suba de tarifas de servicios públicos, que como contracara incrementó severamente el gasto en subsidios económicos. Si bien la semana pasada tuvo la menor depreciación en 15 meses y el ajuste tarifario previsto todavía no se consumó, los analistas coinciden en que estas dos herramientas no están siendo efectivas hasta el momento. Martín Vauthier, de la consultora Eco Go, planteó que, si bien «puede haber una desaceleración en la inflación en general de los próximos meses», el ancla cambiaria y el atraso tarifario atacan los mecanismos de transmisión de los aumentos de precios y no los desequilibrios fiscales y monetarios, a costa de mayores distorsiones, en referencia al incremento de la oferta monetaria durante el año pasado para cubrir casi todo el déficit fiscal primario récord.

(CRONISTA) El cepo a la carne calentó al dólar, pero el Central enfrió el CCL cuando pasó $ 160
Al cierre de la rueda, cuando el contado con liquidación superaba los $ 162, el Banco Central salió a intervenir: le bastaron u$s 5 millones para bajarlo a $ 159
Carnegate. Esa fue la palabra que usaron en las mesas para describir el apetito por dolarizar las carteras que generó el cepo a la exportación de carne. El contado con liquidación, que es el dólar que marca la agenda del blue, estuvo a punto de pasar los $ 162 cuando, en los últimos veinte minutos, apareció el Banco Central para ponerle un nuevo techo. Si bien algunos brokers habían calculado una intervención de u$s 20 millones, los mesadineristas que tienen más contactos con el Gobierno aseguran, de acuerdo a sus estimaciones, que al BCRA le bastaron u$s 5 millones para bajar al CCL a $ 159. Siempre es al final de la rueda donde suele aparecer el Central, en caso de que el billete se vaya para arriba, para ponerle un freno y marcar tendencia sobre las demás cotizaciones. No es para menos: el volumen del conti liqui fue de u$s 62 millones, contra u$s 33 millones del MEP y apenas u$s 3,5 millones del blue. Así fue como hizo bajar al MEP de $ 157,50 a $ 155,50, y detener la marcha del blue, que luego de abrir en $ 152,50, se frenó en $ 154 y quedó firme, lo que en la jerga cuevera quiere decir estable. En cuanto al CCL, si bien cerró en $ 159, el CCL plus quedó en $ 160. Hay mesas que lo denominan así porque, según describen, «tiene otro tratamiento». Se trata de operaciones de más de de u$s 200.000 que se cierran por teléfono entre operadores, o chats de Bloomberg o Reuters, y después se usan bonos parqueados (que ya se tienen de antemano, listos) para cruzar. En una jornada caliente, por el cierre a la exportación de carne, en la mesa del Central estaban atentos minuto a minuto con lo que podía llegar a pasar con el dólar.
Debían intervenir para que no salte previo a las elecciones y tenían municiones para usarlas. Suelen hacer salidas puntuales, no todas sobre el cierre, para que el mercado no sepa; también han hecho a primera hora o al mediodía en diversas jornadas. Pero lo cierto es que la de hoy no fue de las más fuertes en la que hayan tenido que intervenir, con u$s 10 millones, sino que en las mesas calculan que fue la mitad, ya que el volumen que se movió en el liqui fue el mismo promedio que durante el primer trimestre. Los días violentos son cuando el Banco Central debe intervenir con u$s 10 millones para hacerlo bajar. De todos modos, hoy con el techo de $ 160 vienen manejando al CCL. Claro que si lo quisieran ‘bancar’ en $ 150 sería imposible, pero en la City sostienen que en estos márgenes de $ 160 es manejable por ahora. Ante este escenario, los fondos del exterior que están posicionados en el bono TC21 que vence en julio no se tentarán con un rollover, sino que preferirán irse, por temor a una intervención del Indec y que el CER no le rinda más 3 o 4%. «Todas las medidas de represión que toma el Gobierno contra el campo ahora, lo único que provocan es un alza en el dólar», advierten los mesadineristas.

(AMBITO) Tasa reducida de 4,05% a 2,05%: el argumento para avanzar con el FMI
De confirmarse la reducción de sobretasas en términos financieros implicaría una reducción de 4,05% a algo más de 2% anual. El Gobierno se entusiasma con poder anunciar en el mediano plazo una buena señal en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Creen en el Poder Ejecutivo que Kristalina Georgieva podría avalar el reclamo particular que Alberto Fernández le hizo en la reunión de Roma del viernes pasado y que oficialmente se le reducirían al país las tasas de interés que se le deberían aplicar a la Argentina por no liquidar en tiempo y forma el stand by vigente. De confirmarse la noticia (dependerá de lo que Kristalina le explique al board del organismo que maneja), en términos financieros implicaría una reducción de 4,05% a algo más de 2% anual. En términos de dinero contante y sonante, y mientras dure el eventual Facilidades Extendidas que podría cerrarse (dependerá de la política interna), serían entre u$s6.000 y u$s8.000 millones menos a pagar, tomando en cuenta un acuerdo a 10 años. Exactamente la mitad de los intereses que se deberán pagar en el caso de cerrar el pacto de facilidades de pago. El cálculo que deberá hacerse es el siguiente. El FMI le cobra al país por el stand by firmado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 un 1,05% más dos puntos porcentuales extra por el exceso de dinero otorgado por superar el límite autorizado por la cuota que le correspondería. Esto fue negociado en el primer semestre de ese año por el Ministerio de Economía que manejaba Nicolás Dujovne, y renovado cuando se extendió el acuerdo en julio de 2018. Al no poder cumplir el país el primer stand by firmado, y necesitar una renegociación de plazos y montos a otorgar, llegando al préstamo record del organismo financiero internacional, la entonces titular Christine Lagarde negoció llevar el crédito a unos u$s57.100 millones de los cuales se entregaron u$s54.000 millones hasta julio de 2019. En total el stand by le costaba al país un tasa del 3,05% anual. Sin embargo, al no poder cumplir en tiempo y forma, automáticamente el FMI debe cobrar una tasa del 4,05% por los u$s44.500 millones que debe renegociar en un Facilidades Extendidas. Lo que habló Alberto Fernández con Georgieva en la capital italiana es que esa tasa se reduzca a la mitad, que se elimine el sobrecosto del 2% por no poder cumplir con el pago en los términos y plazos determinados y el extra por haberse excedido el gobierno de Macri en el límite establecido por el organismo por la cuota que tiene Argentina ante el Fondo. Esto implicaría que la tasa final sería levemente superior al 2%. Más de la mitad de reducción que lo que se le cobraría a la Argentina en términos normales. En términos numéricos, en lugar de 8.000 millones, se deberían pagar unos 4.000 anuales de intereses. Por otro lado, un número inmensamente menor al 16/ 17% de interés que se le cobraría hoy a la Argentina si se le ocurriera salir al mercado voluntario de deuda soberana internacional; según el nivel de riesgo país medido por J.P.Morgan, y que navega entre los 1.500 y 1600 puntos básicos. Suponen en el Ejecutivo que luego de confirmarse desde Washington esta potencial reducción, servirá también para plantear puertas adentro del gobierno la conveniencia de avanzar en el acuerdo con el FMI. A ello se sumarían además, las dos cláusulas de flexibilización de normas del FMI que el ministro de Economía Martín Guzmán negocia con el organismo. Estas son, la inclusión de la obligación por parte del Fondo de habilitar para la Argentina un plazo de más tiempo de acuerdo por encima de los 10 años, en el caso que se modifique su estatuto que impide hoy acuerdos de facilidades Extendidas más allá de ese plazo. La otra cláusula es la alternativa de aplicar un automático refinanciamiento de los pagos de un año si el país cumple en tiempo y forma con las metas fiscales, cambiarias y financieras pactadas en el acuerdo. Por otro lado, se le mostrará al kirchnerismo que el primer pago caería recién 4,5 años después de firmado el acuerdo, y con la tasa reducida que se discutió en Roma. Lo que es imposible de modificar, es que el límite del acuerdo sea a 10 años; que incluya inspecciones de las misiones de los funcionarios del Fondo previstas en el artículo IV del estatuto, y, lo más importante, que haya metas concretas y mensurables que la Argentina deberá cumplir. Hay algo que se especula en Buenos Aires y que lleva al optimismo. Kristalina Georgieva, en su conversación con el presidente argentino, le dio la certeza a AF que es intención del FMI llegar a un acuerdo ya que lo último que se busca desde el organismo es que un país entre en default en medio de la crisis económica más importante en casi un siglo provocada por una pandema mundial. Menos si ese país en default es el principal deudor.

(AMBITO) Economía sale a captar $250.000 millones y u$s700 millones para cubrir vencimientos
El Ministerio de Economía ofrece tres letras a descuento, dos a tasa variable, dos ajustadas y dos en dólares. Sobre la hora agregó a la oferta un bono en pesos a tasa fija por $20.000 millones. El Gobierno realizará hoy una nueva colocación de deuda en distintos tipos de letras y bonos, con la que buscará financiarse por $250.000 millones y u$s700 millones, para cubrir vencimientos del mes. El Ministerio de Economía enfrenta uno de los meses más complicados en vencimientos de deuda en pesos de todo el año, ya que este viernes vencen más de $305.000 millones. De ese total, un 20,6% está en manos de bonistas locales, y un 26,3% lo tienen entre ANSeS y BCRA, que podrían ser renovados y el resto en fondos extranjeros. El Ministerio agregó este martes al llamado de licitación original la oferta de un bono en pesos a tasa fija por $20.000 millones, que vencerá el 21 de mayo. Según se informó, el primer llamado del viernes último incluyó la colocación de tres letras a descuento, una por $10.000 millones y otras dos por $35.000 millones, con vencimientos en agosto, octubre y noviembre próximo. La licitación incluye otras dos letras a tasas variable, una por $10.000 millones y otra por $35.000 millones, que vencerán en agosto y octubre. Economía también buscará adjudicar dos letras que ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), ambas por $35.000 millones, que vencerán en febrero y mayo del año próximo. La licitación incluye también dos bonos denominados en dólares por 200 y 500 millones que vencerán en abril y noviembre del próximo año, y otro titulo similar en pesos por otros $35.000 millones que lo hará en marzo del 2022, el cual también ajusta por CER. La recepción de ofertas comenzará a las 10:00 y finalizará a las 15:00. La licitación de todos los instrumentos se realizará mediante indicación de precio y las letras que son reapertura en pesos y los bonos en dólares no tendrán precio mínimo, mientras que en los títulos nuevos el precio al cual se oferte deberá ser igual o superior a los precios mínimos anunciados para cada una de ellos. Para todos los instrumentos habrá un tramo competitivo y uno no competitivo. Las ofertas que se presenten en los tramos no competitivos estarán limitadas a un monto máximo de $3.000.000 para los bonos denominados en pesos y de 50.000 para los instrumentos vinculados al dólar estadounidense, debiendo consignarse únicamente el monto a suscribir. La licitación y colocación de los títulos se efectuarán de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019. Podrán participar de la licitación personas humanas o jurídicas través de los agentes de liquidación, compensación y de negociación registrados en la Comisión Nacional de Valores.

(AMBITO) Retenciones y Aporte Extraordinario dan aire fiscal al Gobierno: $600.000 millones extra
Aun con más gasto Covid y más subsidios, permiten sostener la meta presupuestada, según privados. Los fondos de las Grandes Fortunas impactarán recién en mayo, confiaron fuentes oficiales a Ámbito. En abril siguió la prudencia. Pese al crecimiento de los subsidios ante las subas de un dígito de las tarifas y las últimas medidas anunciadas para paliar la segunda ola de la pandemia, el Gobierno sostiene las metas fiscales trazadas en el Presupuesto. Mientras mantiene la cautela en el gasto, gana aire con los recursos adicionales provenientes del salto de las retenciones gracias al boom de precios de los commodities y del Aporte de las Grandes Fortunas. Según un informe privado, estos dos factores aportarán unos $600.000 millones en ingresos no presupuestados. Así, las consultoras recalculan al alza sus proyecciones de déficit para 2021 producto de los últimos movimientos pero las ubican todavía en línea con el objetivo planteado por Martín Guzmán. El primer trimestre estuvo marcado por la prudencia fiscal y monetaria. En ese lapso, el déficit primario fue de apenas 0,2% del PBI, lo que implicó una drástica baja respecto de 2020 hasta niveles similares a los de 2018. Por el canje de la deuda, el déficit financiero fue de 0,5% del PBI, el menor en seis años. La mejora en la recaudación, la fuerte disminución del gasto Covid y la reducción real de las prestaciones sociales habían dejado incluso un leve superávit primario de $5.000 millones en el primer bimestre. En marzo la dinámica se revirtió y el rojo antes del pago de intereses marcó $74.500 millones, 40,3% más bajo que un año atrás, cuando comenzó la cuarentena. Este jueves, la Secretaría de Hacienda publicará el resultado fiscal de abril, un mes en que el Gobierno impuso mayores restricciones a la circulación ante la llegada de la segunda ola e incrementó (aunque todavía de forma cautelosa) el gasto Covid: anunció el bono de $15.000 para beneficiarios de la AUH y monotributistas A y B del AMBA, y amplió el Repro para sectores afectados. Como la AFIP informó que ese mes ingresaron $103.788 millones correspondientes al Aporte de las Grandes Fortunas, algunos analistas esperaban que incluso el saldo primario fuera superavitario. Sin embargo, una alta fuente de Economía le dijo a Ámbito que esos recursos impactarán en las cuentas públicas recién en mayo “por una cuestión operativa y de registro” Esto hará que los ingresos del mes pasado sean menores a los previstos aunque le garantizará al Gobierno un importante oxígeno fiscal en las cuentas de mayo. Y en los siguientes cinco meses, el llamado Aporte Solidario y Extraordinario aportará cuotas de alrededor de $26.000 millones. Con todo, el dato de abril volverá a mostrar otra fuerte reducción del rojo contra los niveles de 2020. “Si no impacta el impuesto a las grandes fortunas, esperamos que el déficit primario sea levemente mayor al de marzo porque empiezan a impactar las medidas de gasto tomadas por el Covid”, señaló Joaquín Waldman, economista de Ecolatina. Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) publicó días atrás el resultado de abril sobre las cuentas devengadas por la Administración Pública Nacional, que confirmó la continuidad de la disciplina fiscal impulsada por el Ejecutivo. Un punto que fue motivo de debate con otros sectores del oficialismo, que promueven mayores políticas expansivas. Si bien el dato es distinto al que publicará Hacienda (que realiza la medición base caja) sirve para observar la tendencia. La OPC midió un déficit primario de $55.000 millones, casi cinco veces menor al de un año atrás (en el mes de cuarentena más estricta) aunque también más bajo que el de marzo de 2021. Pesaron principalmente la contracción real del gasto Covid, jubilatorio y salarial (61,7%, 13,4% y 12,9% interanual) y el salto del 83,5% real de los ingresos por retenciones. Más allá de las últimas decisiones dispuestas por el Gobierno tras las discusiones internas, que trastocaron los planes iniciales (como la importante ampliación de la Tarjeta Alimentar y la suba de un dígito de las tarifas, que implicará más subsidios), la intención de Guzmán es sostener las metas presupuestadas: un déficit primario del 4,5% del PBI y un rojo financiero del 6% para todo 2021. Su premisa es que una mayor inyección de pesos en la economía podría reavivar las presiones cambiarias y complicar aún más la desaceleración de la inflación. Los privados creen que tiene aire para lograrlo. Un reciente informe de Delphos Investment recalculó al alza su proyección y ahora espera un rojo primario de entre 4,3 y 4,6% del PBI. “El mayor gasto en subsidios y ayuda social estaría financiado por los ingresos no previstos de retenciones e impuestos extraordinarios, manteniendo el déficit primario cercano a la meta presupuestaria”, planteó. Según sus cálculos, a los $223.000 millones que agregará el Aporte de las Grandes Fortunas de acuerdo a datos de AFIP, los altos precios de los commodities dejarán $380.000 millones adicionales (casi 1% del PBI) en derechos de exportación por sobre el nivel estimado en el Presupuesto. Entre ambos conceptos, son más de $600.000 millones, que permitiría compensar los $370.000 millones extra en subsidios y los cerca de $200.000 millones en gasto Covid. Waldman coincidió y proyectó un rojo primario en torno al 4,4% del PBI. Además de los ingresos no previstos, señaló que también jugará a favor el hecho de que en 2020 la actividad cayó menos de lo planteado en el Presupuesto: “El arrastre estadístico para 2021 es mayor de lo esperado y el crecimiento va a estar por arriba”. Sin embargo, se trata de una foto con los datos al día de hoy en un escenario más que cambiante. Nuevas restricciones, como las que por estas horas analizan los Gobiernos nacional, bonaerense y porteño, podría modificar las previsiones.

(BAE) Loma Negra pone un marcha una planta que demandó 350 millones de dólares
En el primer trimestre tuvo un beneficio neto de 2.568 millones de pesos, más del doble que en igual período del año pasado El director ejecutivo de Loma Negra, Sergio Faifman, destacó que el primer trimestre para la compañía «comenzó en muy buena forma, con una sólida generación de flujo de caja operativo, y una posición financiera muy sólida», y ratificó la inminente puesta en marcha de una nueva planta con una inversión de 350 millones de dólares. El ejecutivo de la empresa propiedad del grupo brasileño Camargo Correa agregó que «dado el mayor apalancamiento operativo y el fuerte enfoque en la gestión de costos, se lograron niveles de rentabilidad de clase mundial», con un beneficio neto en enero-marzo que fue de 2.568 millones de pesos, 104,4% más que en igual período del año pasado. En declaraciones consignadas en el informe de resultados de la compañía, el directivo recordó que «debido al cierre del Covid-19 la demanda de cemento tocó fondo en abril del año pasado», pero «desde entonces el volumen de ventas se ha recuperado de manera sostenida y en este primer trimestre se ha estabilizado en valores comparables a los niveles pre pandémicos del primer trimestre de 2019». Por el contrario, aclaró Faifman que «nuestros otros segmentos comerciales continúan recuperándose de una situación relativamente peor y aún están lejos de los niveles pre pandémicos». El empresario adelantó, por otra parte, que la ampliación de la planta de L’Amalí y la puesta en marcha total «está prevista para los próximos meses». A su vez, el inicio de operaciones de la línea de clinker (el principal componente del cemento portland) «está programada para los próximos días». «Dada la sólida generación de flujo de caja operativo de la empresa y nuestras fortalezas competitivas, no sólo hemos avanzado con nuestras inversiones de capital en la planta de L’Amalí (en la localidad bonaerense de Olavarría) y hemos reducido nuestra deuda neta, sino que también hemos construido las bases en las que confiar en los próximos años», afirmó Faifman.

Obras
La nueva instalación agregará 2,7 millones de toneladas anuales e impulsará una mayor rentabilidad. A fines de marzo el proyecto presentaba «un avance general del 98%» y ya se completó toda la ingeniería detallada, mientras todos los suministros de equipos y materiales se entregaron en el sitio. Faifman destacó que «con la demanda de cemento estabilizándose alrededor de los niveles previos a la pandemia de coronavirus, esperamos perspectivas de crecimiento moderadas para el resto del año». Explicó en este sentido que «el contexto macroeconómico, junto con la segunda ola de Covid-19, podrían aumentar la incertidumbre y afectar la reanudación de grandes proyectos de construcción». Según el informe de resultados de Loma Negra, las «sólidas» ventas de cemento en sacos se vieron «impulsadas por la fuerte demanda de hogares y minoristas», que se estabilizan alrededor de los niveles pre emergencia sanitaria. El cemento a granel, en tanto, «aún se está quedando atrás de los niveles previos a la pandemia», aunque el volumen despachado en este formato aumentó aproximadamente un 47% interanual, «ya que las restricciones de la segunda ola de Covid-19 han sido menos severas que en el mismo período del año pasado».

(INFOBAE) Las cinco claves sobre el conflicto entre el Gobierno y el campo por el cierre de las exportaciones de carne vacunaLa decisión del Gobierno provocó un rechazo amplio de la cadena agroindustrial. La Mesa de Enlace convocó a un cese de comercialización de hacienda. Mientras el malestar aumenta, se abriría una instancia de diálogo a partir de un pedido el Consejo Agroindustrial
Hace tiempo que no existía en la cadena agroindustrial un rechazo tan amplio a una medida del Gobierno. Todos los actores que la conforman salieron en las últimas horas a manifestarse en contra del cierre de las exportaciones de carne vacuna por 30 días y los sectores gremiales que representan a los productores realizarán una medida de fuerza durante nueve días. En una Argentina con muchas necesidades de dólares de la exportación, donde la carne vacuna aportó casi USD 3.000 millones en divisas en 2020, frenar la comercialización de carne al mundo no es una buena señal a los importadores que necesitan que el país sea un abastecedor confiable y lo mismo sucede con la cadena que necesita de previsibilidad y reglas claras para aumentar los niveles de inversión y productividad, para que no se resienta el abastecimiento del mercado interno y externo. Además de transformarse en un productor de carne de alta calidad, la Argentina está entre los mayores consumidores de proteínas de origen animal, con un consumo de 117 kg anuales per cápita, sumando carne vacuna, porcina y aviar. Según la Mesa de las Carnes, a nivel interno el consumo de carne bovina es de casi 48 kg per cápita y puede exportar el 30% del total de la producción. “Estos números demuestran que el país no tiene un problema de abastecimiento de carne, el problema es de acceso, incluso cuando Argentina tiene la carne más barata del mundo. La realidad es que los argentinos venimos perdiendo poder adquisitivo desde hacer tres años, por lo que cada vez nos cuesta más comprar alimentos, combustible, vestimenta, no sólo carne”, dijeron desde dicho espacio. Es por eso que hay una coincidencia en el ámbito privado que un freno a las exportaciones de carne vacuna no logrará evitar que haya inflación ni que bajen los precios de la carne de manera duradera. En el mediano plazo no sólo los precios habrán subido, sino que habrá menos producción, empleo y exportación. Si bien hasta el momento no se publicó la Resolución oficial que reglamente el cierre de las exportaciones, ya hay productores que decidieron por el momento frenar sus inversiones, hay remates que estaban programados para los próximos días que ya se suspendieron y el temor que hay que una medida de este tipo pueda provocar una vez más una menor oferta de hacienda en el mercado, que derive en una suba de los precios al consumidor. En ese escenario de conflicto, habrá que tener en cuenta cinco claves:

– El sorpresivo anuncio

En la noche del pasado martes, Alberto Fernández le comunicaba a los frigoríficos exportadores en forma sorpresiva la instrumentación de un conjunto de medidas de emergencia tendientes a “ordenar el funcionamiento del sector, restringir prácticas especulativas, mejorar la trazabilidad de las exportaciones y evitar la evasión fiscal en el comercio exterior. Mientras se terminan de implementarse tales medidas, se decidió cerrar las exportaciones de carne vacuna por un período de 30 días”.

Horas más tarde, en declaraciones radiales, el presidente justificó la decisión. Al respecto, dijo: “El tema de la carne se desmadró. Cuando uno mira el escenario que había quedado en 2015 y el que recibimos en 2019, se da cuenta que lo único que cambió es que se le dio total apertura al sector; y que no aumentaron la cantidad de toneladas, no aumentaron la cantidad de cabezas, que cada vez es menor el peso del novillo que se faena, lo único que aumentó fue el precio de la carne, que pasó de 250 a alrededor de 800 pesos el kilo de asado. Eso quiere decir que no es verdad que la apertura y la libertad favorece a los mercados; favorece a los más poderosos”.

– El amplio rechazo

No solamente la cadena de ganados y carnes se pronunció en contra del cierre de las exportaciones y pidiendo que se deje sin efecto la medida, sino el Gobierno fue cuestionado por los gobernadores de Santa Fe y Córdoba, que ya plantearon en las últimas semanas sus diferencias con Alberto Fernández por la demora en la Cámara de Diputados del tratamiento de la prorroga de la Ley de Biocombustibles, que ya tiene una media sanción del Senado aprobada por unanimidad.

También hay que resaltar las críticas que surgieron desde sectores como las Bolsas de Comercio y Cereales de todo el país, de las cuatro cadenas de cultivos y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre otras entidades.

– El campo va al paro

Luego de más de una hora de reunión virtual, los integrantes de la Mesa de Enlace decidieron organizar un cese de comercialización de todas las categorías de hacienda vacuna, desde la 0 hora del jueves 20 de mayo hasta las 24 horas del viernes 28 de mayo, en rechazo al cierre de las exportaciones de carne vacuna.

Los dirigentes del campo anunciaron que la medida de fuerza tendrá una contundencia sin la necesidad de tener que hacer controles, ya que existe un convencimiento en toda la cadena de acompañar el cese de comercialización. También señalaron que el paro lanzado en el día de ayer es el comienzo de un paquete de medidas. En el caso de no conseguir una respuesta clara y concreta del Gobierno, que responda a los pedidos del sector, se podría profundizar el reclamo.

El comportamiento el precio de la carne vacuna durante el cierre de las exportaciones de carne en 2006. (Sociedad Rural Argentina)
El comportamiento el precio de la carne vacuna durante el cierre de las exportaciones de carne en 2006. (Sociedad Rural Argentina)
Es muy grande el malestar de los dirigentes y productores con el Gobierno. En ese sentido, advierten que este tipo de medidas ya se aplicaron en el pasado y no lograron frenar la inflación, sino todo lo contrario, ya que el precio de la carne al mostrador aumentó en medio de una caída significativa de la oferta, como consecuencia del cierre de las exportaciones. Ahora el temor que hay en el sector agropecuario, es que la historia se repita.

Además, los dirigentes de la Mesa de Enlace todavía se acuerdan que Alberto Fernández se comprometió en campaña no volver a las políticas que se aplicaron en los gobiernos kirchneristas de intervención en los mercados, y además dijo que todo lo concerniente a la política agropecuaria se iba a dialogar y consensuar con los representantes de los productores. Nade de eso sucedió hasta el momento.

– El temor a volver al pasado

En todos los pronunciamientos estuvo presente el recuerdo de lo que sucedió a partir de 2006 cuando el ex presidente Néstor Kirchner adoptó la misma medida temporal, que no logró frenar a la inflación, sino todo lo contrario, el precio de la carne al consumidor siguió subiendo.

El alejar a la Argentina del mundo, significó que el mercado terminó siendo intervenido por 9 años. Los resultados, según la Mesa de las Carnes: el precio del kilo de asado pasó de USD 2,70 en 2006 a USD 8 en 2012; las exportaciones cayeron a menos de la mitad; se cerraron 123 frigoríficos; se perdieron 15.000 puestos de trabajo directo y 50.000 indirectos; y miles de productores abandonaron la ganadería.

(CLARIN) Ganancias: Martín Guzmán se sienta sobre la caja y demora la salida de los cambios
Fastidio en el Frente Renovador por el retraso en la reglamentación del impuesto, que afecta a 1,2 millón de trabajadores.
Cuarenta días después de la aprobación del proyecto que liberó del impuesto a las Ganancias a 1,2 millón de empleados en relación de dependencia que ganan menos de $ 150.000 brutos al mes, la nueva ley aún no entró en vigencia. Esto ocurre porque todavía está pendiente la reglamentación por parte del ministerio de Economía y de la AFIP. «Se está trabajando en el tema» es la respuesta que aparece ante la consulta de por qué se demora la instrumentación. Si la reglamentación no se concreta esta semana, se escapan las chances de que los cambios empiecen a regir con el sueldo de mayo. El tema empezó a generar rispideces dentro de la coalición de gobierno. Es que el gran impulsor de los cambios en la ley fue Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados. Desde el Frente Renovador destacan que el tema despierta «fastidio». «No sabemos por qué no salió la reglamentación, estaba todo encaminado para que saliera», indican en el entorno de Massa. Y apuntan que si el tema no se resuelve en las próximas horas, el dirigente saldrá a reclamarle públicamente a sus socios. La postergación se da en un mes complicado para las arcas públicas: crecen los gastos relacionados con la pandemia, las restricciones a la movilidad amenazan con impactar en la recaudación y el Tesoro necesita renovar este miércoles más de $ 300.000 millones de vencimientos en un mercado al que le cuesta entusiasmarse con una tasa que se queda corta en medio del recrudecimiento de la inflación. La buena noticia es que la arcas fiscales cuentan con ingresos extras por el precio excepcional de la soja y el maíz, que a lo largo del año dejarán retenciones adicionales por cerca de US$ 3.000 millones. A esto se suman los $ 230.000 millones que ya aportó el impuesto a la Riqueza. Con una de cal y una de arena el ministro Martín Guzmán prefiere ser cauto y seguir estirando la reglamentación de la nueva ley de Ganancias que supondrá una caída en los ingresos públicos de $ 45.000 millones en el año. Además de una menor recaudación, la puesta en marcha de la nueva ley incuba un riesgo potencial. Como el impuesto es anual, una vez que sea reglamentada los trabajadores no solo dejarán de pagar sino que además recibirán un reintegro por lo que abonaron a lo largo del año. El temor del equipo económico es que parte de esos pesos en lugar de ir al consumo, como el Gobierno desea, vayan a presionar sobre el dólar blue. El mercado informal había estado quieto la semana pasada, pero este martes retomó la tendencia alcista y dio un salto de tres pesos, que lo lleva a $ 156. Aun así sigue siendo la opción más barata para los que buscan atesorar billetes. Si el reintegro de Ganancias se vuelca al blue, esto generará mayor demanda y podría derivar en un nuevo salto de la brecha cambiaria, que en las últimas semanas se había estabilizado por debajo del 70%.

Crece el gasto Covid
Hasta ahora el gasto adicional que la segunda ola de Covid generó llega a $ 180.000 millones. Allí se incluye el bono de $ 15.000 para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para los monotributistas de las categorías A y B del AMBA. Se trata de casi un millón de beneficiarios que demandará del Estado $ 13.900 millones si el pago se hace por única vez. Además están las 23.000 empresas que se sumaron al REPRO, muchas de ellas de sectores como gastronomía, uno de los más golpeados por las nuevas restricciones, lo que supone una extensión de ese programa en $ 12.000 millones. En este renglón también está la ampliación de la Tarjeta Alimentar que pasará de 1,9 millón de beneficiarios a 4 millones. Esto llevará el gasto anual de la Tarjeta de los $ 123.000 millones previstos a los $ 250.000 millones. A esto hay que agregar otros $ 4.000 millones que se destinan a aumentar la asistencia a comedores comunitarios y $ 27.000 millones en partidas del ministerio de Salud para la adquisición de vacunas, pago de bonos al personal que atiende Covid y otros gastos. Pero en el Palacio de Hacienda admiten que este monto es provisorio ya que podría ampliarse si se profundizan las restricciones, tal como se está analizando por estas horas. Por eso en el Gobierno buscan moverse con cautela y no descartan atar la reglamentación a la aprobación en el Congreso del proyecto que cambia la escala del impuesto a las Ganancias para las empresas. Este proyecto, que compensaría el efecto fiscal de la suba del mínimo imponible para las personas, será tratado este miércoles en el recinto.