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(AMBITO) Dólar: en modo electoral, el mercado reactiva cobertura de devaluación
Los contratos de futuros tocaron un pico y hubo récord de suscripción de FCI dólar linked. Gobierno confía en su poder de fuego y descarta salto cambiario. Rebotan las reservas netas tras ajuste del cepo

Como un clásico de los períodos electorales, retroalimentado por la escasez de divisas, la escena era esperada. En las últimas semanas, el mercado incrementó la búsqueda de cobertura contra una eventual aceleración del tipo de cambio oficial.

La apuesta es por una devaluación posterior a las legislativas ante una estrategia de ancla cambiaria que muchos operadores consideran que no podrá extenderse más allá de noviembre. Así lo reflejan el salto en el volumen de contratos abiertos en el mercado de dólar futuro y la ola de suscripciones de fondos comunes de inversión (FCI) dólar linked. El Gobierno, en cambio, revalidó su política, confía en su poder de fuego y descarta una depreciación posterior a los comicios.

El incremento de la demanda de cobertura de tipo de cambio oficial se vuelca a dos frentes. Por un lado, un informe de la consultora 1816 destacó que existe un flujo récord hacia FCI dólar linked. Se trata de fondos de inversión que orientan sus carteras hacia este tipo de activos que se negocian en pesos pero se ajustan según la evolución del dólar mayorista.

“Hubo suscripciones netas positivas a esos fondos en las últimas 19 jornadas consecutivas (algo totalmente inédito en 2021) y el flujo suma $43.000 millones desde el 8 de septiembre inclusive”, señaló el reporte.

Esta dinámica, destacó la sociedad de Bolsa BAVSA, llevó a todos los bonos dólar linked soberanos con vencimientos 2022 y 2023 a rendimientos mínimos desde su emisión al elevar fuertemente sus precios. Es así que el TV22, que vence en abril, se negoció ayer en el mercado secundario a una tasa negativa del 7,8%, mientras que el T2V2 (a noviembre del próximo año) y el TV23 (a abril de 2023) cerraron con retornos del -6,1% y -2,1%, respectivamente.

Lo propio ocurre en el mercado de futuros del Rofex. Allí, el interés abierto en contratos de dólar futuro cerró la semana pasada en más de u$s4.000 millones, el nivel más alto desde enero. Estos contratos se pactan en pesos y constituyen una especie de apuesta por cubrirse de una devaluación a un plazo determinado: la diferencia entre el precio pactado y el tipo de cambio realmente existente al vencimiento del contrato hace que el comprador gane si dólar oficial finalmente resulta más alto y el vendedor lo haga si es más bajo.

En ese marco, la curva de tasas implícitas en los contratos sumó ayer otros 93 puntos básicos en promedio y, según cálculos del analista Andrés Reschini, desde las PASO acumula un alza de 1.076 en promedio. Todas las posiciones al primer semestre de 2022 se ubican arriba del 60%.

El aumento de la demanda reforzó la actividad del BCRA en esta plaza, donde pulsea con su intervención como vendedor para acotar las expectativas de devaluación. La consultora 1816 estimó en base al interés abierto en el Rofex que la entidad que preside Miguel Pesce ya tiene contratos vendidos por “bastante más de u$s2.000 millones”.

Como adelantó Ámbito en su momento, ante la moderación de las expectativas durante el primer semestre, el Central había logrado cerrar mayo, junio y julio sin contratos vendidos. En agosto recién retomó la actividad y terminó con u$s379 millones abiertos. Todavía no se conocen los datos del mes pasado pero se calcula que cerró en alrededor de u$s1.700 millones.

Si bien ahora la intervención subió otro escalón, la entidad todavía cuenta con amplias espaldas para intervenir: en el pico de la corrida de octubre de 2020, llegó a vender más de u$s5.500 millones en futuros. Como el mercado apostaba por una devaluación que finalmente no se concretó, el BCRA ganó el año pasado unos $23.500 millones por estas operaciones. Ahora el Gobierno también descarta un salto cambiario poselectoral.

Reservas y poder de fuego
Alfredo Schclarek Curutchet, economista del CONICET investigador asociado a Equilibra, considera que estos movimientos eran esperables en el contexto electoral y económico que atraviesa el país. “Hay dudas de qué va a pasar después de las elecciones. Si aumenta el ritmo de depreciación o si hay un salto. Eso genera incertidumbre y lleva a la cobertura”, señaló en diálogo con este diario. Aunque aclaró: “A mi entender, la situación estaría bajo control”.

El gabinete económico confía en el poder de fuego del BCRA y descarta una devaluación poselectoral. En un contexto de muy elevada inflación, que dificulta cualquier intento de recuperación del poder adquisitivo, una disparada del dólar aceleraría la inercia del costo de vida.

“No vamos a hacer ningún salto devaluatorio”, dijo Martín Guzmán la semana pasada en una intervención grabada para el coloquio de IDEA. De hecho, el proyecto de presupuesto 2022 que envió al Congreso prevé un tipo de cambio oficial a $131,10 para fines del próximo año, lo que implica una suba anual del 28% (por debajo de la proyección de inflación del 33% fijada en el mismo texto).

Incluso algunas fuentes con conocimiento de las recientes conversaciones mantenidas en Washington con el FMI aseguran que el organismo no plantea que el cierre de la brecha tenga que hacerse con una suba del tipo de cambio oficial.

En ese contexto, las últimas medidas del BCRA y la Comisión Nacional de Valores (CNV), que endurecieron los límites al pago anticipado de importaciones y a la operatoria de dólares financieros, trajeron algo de alivio a la estrategia oficial. En las últimas ruedas, se vio una recuperación de las aún escasas reservas netas, que arrastraban un importante drenaje producto de la estacionalidad desfavorable y de la intervención oficial para contener la brecha cambiaria.

Por un lado, el Central pasó de vender en el mercado mayorista un promedio de u$s97 millones diarios para abastecer la demanda de los importadores en las cinco ruedas previas a las regulaciones (aplicadas el martes 5) a comprar u$s100 millones por días en las cinco jornadas posteriores. Ayer, adquirió otros u$s110 millones y en lo que va de octubre (un mes de saldo típicamente vendedor por el menor nivel de liquidación de agrodólares) acumula compras netas por u$s433 millones.

Mientras tanto, en el mercado financiero, el BCRA pasó de destinar más de u$s50 millones a contener el contado con liquidación operado con el bono AL30 en el peor día de la última semana de septiembre a vender menos de u$s10 millones durante las últimas ruedas, según estimaciones de 1816.

Así, la consultora Equilibra calculó que “las reservas netas volvieron a superar el umbral de los u$s4.800 millones (sin incluir los DEG) tras haber tocado un piso de u$s4.370 millones el día en el que se anunciaron las nuevas regulaciones”.

Schclarek Curutchet consideró que este cambio de tendencia trajo aire y “reafirmó que hay dólares para pasar esta etapa del año hasta llegar al momento de mayor ingreso de divisas en marzo/abril”. Y concluyó: “Eso significa que no va a haber un problema de falta de dólares, por lo que el BCRA no perderá el control sobre el tipo de cambio oficial.

Entonces, la cuestión pasará allí por cuál sea el plan del Gobierno. Y la intención no parece ser generar una devaluación brusca, que no sería conveniente porque se trasladaría a la inflación. Ahora se necesita más bien estabilidad en el dólar después de tantos saltos en los años previos. Pero no se puede retrasar mucho más porque a la larga genera problemas; quizás sí se incremente un poco el ritmo de depreciación”.

(AMBITO) Según datos oficiales, la deuda total equivale al 74% del PBI
La Secretaría de Finanzas dio a conocer un nuevo informe sobre la deuda total de la Administración Central – interna y externa, en pesos y en moneda extranjera. La deuda total cayó en septiembre de u$s3232 millones a u$s342.619 millones respecto a agosto.

La Secretaría de Finanzas dio a conocer un nuevo informe sobre la deuda total de la Administración Central – interna y externa, en pesos y en moneda extranjera- en medio de la búsqueda del gobierno de buscar financiamiento. El primero de los informes se dio a conocer en enero y el segundo en febrero. Según datos oficiales, la deuda total disminuyó en comparación al mes de agosto en el equivalente neto de u$s3232 millones a u$s342.619 millones.

Al cambio oficial, la deuda total equivale al 74% del PBI mientras que asciende a más de 130% del PBI al cambio libre que rige para las transacciones financieras a través de mercado de capitales, según las normas del Banco Central. De esta manera, se retrajo al nivel que había alcanzado entre el nivel registrado en mayo y junio de 2021 y permitió achicar el monto acumulado desde inicio de año a u$s7036 millones y desde 2019 a u$s29.320.

Si se tiene en cuenta la variación de la deuda pública contraída por parte de Finanzas con el Banco Central se puede observar un incremento en septiembre en u$s1245 millones y u$s11.655 millones en el acumulado de los primeros nueve meses del año. De la información obtenida por Finanzas, la cancelación parcial de algunos de los compromisos financieros de la Administración Central fue el ingreso de u$s4300 millones derivados de los DEG del Fondo Monetario Internacional.

Financiamiento
Según la planilla de la secretaría de Finanzas, el financiamiento neto obtenido ascendió a u$s9002 millones, mientras que los vencimientos pagados sumaron u$s12.375 millones, entre los que se incluye u$s1890 millones de una cuota con el Fondo Monetario Internacional que el ministro de Economía Martín Guzmán presentó en su encuentro con Kristalina Georgieva como muestra de «buena voluntad» para lograr consensos sobre la deuda. Otro dato importante es que pese a la aceleración de la inflación y el aumento en el tipo de cambio, las diferencias anotadas por ajuste de los bonos públicos con claúsula CER y por variación del dólar resultaron neutras (más de u$s916 millones en el primer caso y menos de u$s902 millones en el segundo).

Presiones para el acuerdo
Para los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional que ingresaron en el canje de deuda de agosto pasado, es ahora o nunca. Creen que es el último momento para presionar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de conseguir que el organismo le exija al país fuertes condiciones en el eventual Facilidades Extendidas.

Esto incluye las metas monetarias, fiscales, cambiarias y macroeconómicas más duras posibles. Alertados por los rumores que surgen de las negociaciones entre el gobierno argentino y los funcionarios del organismo, sobre la posibilidad de un acuerdo algo light y a dos años; comenzaron desde la semana pasado un operativo para que Fondo endurezca su posición y le exija al país “las condiciones habituales para un acuerdo de este tipo”, según la interpretación que uno de los fondos le transmitió a este medio.

El temor de los fondos es concreto y puntual. Consideran que sin la firma de un Facilidades Extendidas clásico (en su dureza) y la exigencia de un cumplimiento de metas concretas durante el período en el que el país no debería hacer pagos (hasta el segundo semestre del 2026), sus tenencias en bonos reestructurados continuarán en precios de default. Y, en consecuencia, seguirán con sus activos financieros a un valor inferior al Valor Presente Neto de corte del canje de agosto del año pasado, de 54,8%.

Los títulos lanzados en la reestructuración muestran hoy un valor de entre 32,8 y 37,9%; un nivel que los analistas califican de “distressed”. El principal temor de los bonistas, es que recién hacia fines del 2024, año en donde debería comenzar a aplicarse el pago de capital de los bonos; esos títulos públicos prácticamente no tendrían valor comercial en el mercado de capitales internacional; con lo cual deberían permanecer en las carteras de los inversores. Obviamente se trata de un problema que para el equipo económico que maneja Martín Guzmán, no está en las prioridades de la negociación con el FMI. Por esto saben los fondos de inversión que la única bala debe estar dirigida hacia el FMI.

(AMBITO) Gobierno y empresas seguirán negociando acuerdo para congelar precios de 1650 productos
Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, convocó a representantes de fábricas de alimentos, bebidas y artículos de limpieza. Allí manifestó que el objetivo es retrotraer precios al 1 de octubre y generar una canasta de 1650 productos. Daniel Funes de Rioja, titular de la UIA, señaló a la salida: «Hay voluntad de acordar de las dos partes».

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, mantuvo un encuentro esta tarde con los referentes de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) y representantes de las principales empresas de la industria de alimentos y bebidas, y artículos de limpieza, con el fin de terminar de elaborar una lista de precios que quedarán congelados por 90 días. «Hay voluntad de acordar de las dos partes», dijo Daniel Funes de Rioja, titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), uno de los presentes.

A la salida del encuentro, Feletti manifestó que el objetivo es «retrotraer precios al 1 de octubre», consolidar Precios Cuidados, «agregar otros 900 productos, más “Súper cerca”, para consolidar una canasta básica diversa». En total, según señaló, «hablamos de una canasta amplia y diversa de 1650 productos».

«Queremos dejar en claro que no se trata de pensar siempre que en alimentos hay consumos suntuarios. Es el derecho de los sectores de ingresos medios, de los trabajadores y sectores humildes de poder consumir tranquilamente los últimos tres meses del año», dijo el funcionario.

Asimismo, dejó en claro que desde los empresarios no manifestaron «sorpresa» por este pedido de congelamiento. «Cuando yo planteo la aceleración de precios que se da en la primera quincena de octubre es incontrastable», señaló y puso como ejemplo subas de entre 10% al 25% en conservas, cafés, higiene personal, artículos de limpieza.

«Esto tiene que retrotraerse y estabilizarse por 90 días», dijo el secretario de Comercio Interior, y agregó que el congelamiento fomentará el consumo que los empresarios «van a poder aprovechar por cantidad y no por precios». «Muchas empresas han valorado la experiencia de Precios Cuidados por que les permitió colocarse en la góndola de un supermercado que no es fácil», agregó.

De la reunión de este lunes, consideró que hubo muchos representantes de las empresas que se mostraron a favor del acuerdo, por lo cual abrieron el período de 12 horas más para seguir analizando en detalle las listas. «Creo que tiene que haber vocación de acuerdo», puntualizó.

Por otro lado, negó que esto genere desabastecimiento de productos. «No tendría por qué haberlo. La capacidad instalada en Argentina es del 62%, es decir no hay necesidad de ampliarla. Hasta el 80% no tendría que haber estrangulamiento de problema de abastecimiento. Y segundo tienen la posibilidad de un mercado de consumo que se va a ampliar porque hay más gente en la calle y más movimiento», destacó.

Previamente, Funes de Rioja, manifestó que el encuentro «fue en muy buen tono» y destacó que entre empresarios y el Gobierno «hay muy buen nivel de diálogo». «Estamos conversando para llegar a un acuerdo», afirmó.

Asimismo, adelantó que ahora el Gobierno deberá diagramar empresa por empresa la lista de productos que estarán involucrados en el nuevo programa. “La secretaria va a mandar una lista, que se va a emitir esta noche y durante el día de mañana las compañías van a formular sus propuestas con la lista revisada”, explicó Funes de Rioja.

De la lista inicial de más de 1200 productos por fuera de los programas actuales, Funes de Rioja adelantó que se dialogó sobre la posibilidad de avanzar en una lista «que incluya a Precios Cuidados y Súper Cerca». «Son alrededor de 1650 productos», en conjunto, confirmó.

Previamente al encuentro, el titular de la UIA rechazó el congelamiento de precios y aseguró que medidas de ese tipo «no sirven en ningún país del mundo».

Varias compañías llevaron al encuentro una lista de productos que podría servir como una contraoferta a la elaborada por el Gobierno.

«Ni los controles de precios ni los congelamientos nos gustan. Forman parte de una deformación que es la inflación, que es algo que no le viene bien a nadie», advirtió Funes de Rioja.

Consideró que las políticas de congelamiento «no se justifican en el contexto de multicausalidad de la inflación» y pidió «buscar políticas de Estado que permitan estabilizar a la Argentina».

Una de las dudas del sector empresarial es saber si la medida estará respaldada con una normativa por decreto.

Por otro lado, Funes de Rioja respondió a la advertencia de Feletti respecto a una posible aplicación de la ley de Abastecimiento. “El abastecimiento lo hemos garantizado durante toda la pandemia pasara lo que pasara», dijo.

Además, resaltó que como ciudadanos, los empresarios «estamos sometidos a la ley» y si bien «con la ley de abastecimiento tenemos claras discrepancias, no es el tema que venimos a discutir» ya que «un tema de esa naturaleza se discute en Tribunales».

(AMBITO) ¿Qué pide el mercado a Economía que cambie en las nuevas Letras?
Por delante viene la última y más desafiante licitación del mes. Si el equipo económico quiere empezar a canalizar financiamiento vía las Letras para los FCI, tendrá que hacer algunas concesiones.

El debut de las nuevas Letras del Tesoro de cortísimo plazo (Lelites) fue, como descontaban los analistas, nada auspicioso (recaudaron menos de $3.600 millones). Aunque la última licitación en general dejó un saldo positivo en términos de financiamiento neto, queda ahora la subasta más desafiante del mes con vencimientos de más de $255.000 millones. De modo que, si el Gobierno aspira a captar la atención genuina de los FCI por las Lelites deberá, si o si, mejorar las condiciones del nuevo instrumento, como ser, la tasa ofrecida y/o los términos de pre-cancelación. Ya de por sí será difícil que los Money Market se vean atraídos por títulos soberanos. Pero será aún más complicado, por no decir imposible, hacerlo con la Lelite rindiendo un 33,75% anual, un rendimiento fácilmente alcanzable con un mix de plazo fijo y cuenta remunerada.

Desventaja
A esto se suma otro ingrediente negativo, que son los términos de la precancelación de la Letra que hacen que el Fondo Común de Inversión (FCI) que decida esta alternativa se pierda un día hábil de tasa y liquidez (una desventaja frente a la opción de invertir por ejemplo en una Ledes para un FCI “T+1”). Porque como bien explican los analistas de 1816, la Letra devenga hasta el día en que se solicita la recompra, no hasta la liquidación. Es que, según la normativa, para el cálculo del precio de pre-cancelación de la Letra, el plazo remanente se calcula comparando la fecha de vencimiento con la fecha de solicitud de la pre-cancelación y no con la de liquidación de esa opción, que es “T+1”. Por ende, el FCI que pre-cancele Lelite pierde un día entero de tasa, que en realidad puede llegar a ser de hasta tres días si hay feriados o si pre-cancela por ejemplo un viernes, lo que desalienta más aún el interés de los FCI transaccionales (Money Market y T+1). De por sí para un Money Market que la pre-cancelación sea “T+1” ya es un inconveniente. Al respecto, vale destacar que desde el “reperfilamiento” implementado por el exministro Hernán Lacunza en 2019, los Money Market (“T+0”), se han transformado en las vedettes indiscutibles del mercado de fondos de inversión.

Cabe recordar que una de las “zanahorias” de las Lelite es que los FCI pueden pre-cancelar hasta un 40% y el resto lo deben mantener hasta el vencimiento. Claro que estos porcentajes podrían ser modificados a futuro. Pero además los Money Market fueron habilitados por la CNV, a cargo de Adrián Cosentino, a tener hasta un 25% de la cartera invertida en las nuevas Letras, considerando el 60% no pre-cancelable. En la actualidad, la llamada industria de los FCI administra inversiones por más de $3 billones (equivalente a la base monetaria). Por lo tanto, las estimaciones previas daban cuenta que los FCI podrían invertir en LELITE hasta cerca de $750.000 millones. Pero no puede soslayarse que el nivel de exposición al riesgo soberano de los FCI (excluidos Money Market y los LATAM) supera el 50%.Por eso los Money Market serán remisos a incorporar más soberanos en sus portafolios, salvo que el rendimiento ofrecido se bien atractivo como para compensar el riesgo. Según cálculos de 1816 la tasa de una LELITE no debería ser inferior del 36% para que los Money Market dejen de mirarlas de reojo. Parten de la base que sumando un 25% de LELITE al 33,75%, el rendimiento bruto (en tasa nominal anual a 30 días) de un FCI apenas mejora en 13 puntos básicos versus lo que rinde actualmente antes de comisiones. O sea, el diferencial es muy amarrete ya que una “cuenta remunerada” se rescata en “T+0” y a un precio definido.

Rendimiento
En el caso del resto de los FCI, el atractivo de las Lelite podría ser para algunos ex Money Market reemplazar depósitos a plazo fijo y mejorar el nivel de liquidez, mientras que para otros sería sustituir disponibilidades y mejorar rendimientos, e incluso para otros fondos, según sea la tasa, reemplazar posiciones en Letras o Bonos de Tesoro de corto plazo y así bajar la volatilidad de las cuotapartes. Amén de todo esto, para 1816 la tasa de 33,75% sigue siendo baja como para generar incentivos a cambiar por ejemplo Ledes por Lelite, dada la pérdida de liquidez asociada (al mantener un 60% al vencimiento).

(AMBITO) Bonistas que entraron al canje de agosto renuevan presión al FMI
Creen que es el último momento para presionar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de conseguir que el organismo le exija al país fuertes condiciones en el eventual Facilidades Extendidas. Consideran que si Argentina no cumple metas concretas, sus tenencias en bonos reestructurados continuarán en precios de default.

Para los bonistas con títulos públicos emitidos bajo legislación internacional que ingresaron en el canje de deuda de agosto pasado, es ahora o nunca. Creen que es el último momento para presionar ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de conseguir que el organismo le exija al país fuertes condiciones en el eventual Facilidades Extendidas. Esto incluye las metas monetarias, fiscales, cambiarias y macroeconómicas más duras posibles. Alertados por los rumores que surgen de las negociaciones entre el gobierno argentino y los funcionarios del organismo, sobre la posibilidad de un acuerdo algo light y a dos años; comenzaron desde la semana pasado un operativo para que Fondo endurezca su posición y le exija al país “las condiciones habituales para un acuerdo de este tipo”, según la interpretación que uno de los fondos le transmitió a este medio.

El temor de los fondos es concreto y puntual. Consideran que sin la firma de un Facilidades Extendidas clásico (en su dureza) y la exigencia de un cumplimiento de metas concretas durante el período en el que el país no debería hacer pagos (hasta el segundo semestre del 2026), sus tenencias en bonos reestructurados continuarán en precios de default. Y, en consecuencia, seguirán con sus activos financieros a un valor inferior al Valor Presente Neto de corte del canje de agosto del año pasado, de 54,8%. Los títulos lanzados en la reestructuración muestran hoy un valor de entre 32,8 y 37,9%; un nivel que los analistas califican de “distressed”. El principal temor de los bonistas, es que recién hacia fines del 2024, año en donde debería comenzar a aplicarse el pago de capital de los bonos; esos títulos públicos prácticamente no tendrían valor comercial en el mercado de capitales internacional; con lo cual deberían permanecer en las carteras de los inversores. Obviamente se trata de un problema que para el equipo económico que maneja Martín Guzmán, no está en las prioridades de la negociación con el FMI. Por esto saben los fondos de inversión que la única bala debe estar dirigida hacia el FMI.

La preocupación es en realidad similar a la del organismo financiero. El FMI cree que el acuerdo (sea light o hard), tenga detrás un plan lo suficientemente sólido como para que derive en el ahorro de los dólares que se le deberían liquidar al FMI en el 2026, primer año de pago de capitales e intereses en un Facilidades Extendidas a 10 años. Pero, a diferencia del Fondo, donde los vencimientos pueden renegociarse y extender en el tiempo los pagos, en el mercado financiero voluntario internacional la deuda se debe liquidar. Y esto puede concretarse con reservas o con la emisión de nuevos títulos públicos lanzados en los mercados voluntarios de deuda, preferentemente en Wall Street. Para los bonistas es indiferente si el dinero para el cumplimiento de las obligaciones sale de los dólares acumulados en el BCRA o de nueva emisión de pasivos. Lo importante es que el dinero esté, y que a partir de esa novedad los precios de los papeles se normalicen y coticen a una posición más compatible con títulos públicos de un país con calificación de emergente; y no siempre al borde del default.

Para que esto se concrete, coinciden los bonistas internacionales, este es el momento exacto en el que habrá que presionar sobre el FMI para que el organismo que maneja Kristalina Georgieva obligue a firmar a la Argentina un acuerdo que garantice la solvencia fiscal, monetaria y contable lo suficientemente sólida para que los pagos estén asegurados. Se especula en que en pocas semanas volverán los comunicados conjuntos de los tres grupos de acreedores que representaron a los bonistas durante el proceso de negociaciones de la deuda, y que desde agosto volvieron a expresarse en no menos de tres oportunidades; quejándose de la letanía en las negociaciones con el FMI al ritmo del desplome de sus tenencias de bonos.

(AMBITO) Manzur y Guzmán negociaron en EEUU
Sin embargo, las mesas más picantes fueron las de política con temas de todos los tipos y colores. Por supuesto que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y su viaje a EEUU fue de los primeros en ser abordados, especialmente porque algunos rumores que lo ubicaban respaldando al ministro de Economía, Martín Guzmán, en su gestión con inversores, en realidad, habría sido con mayoría de acreedores inquietos por saber que pasará según el resultado de las elecciones en noviembre.

Hubo inquietud y preguntas molestas en esa ronda que Manzur y Guzmán tuvieron en el Consulado General del país en Nueva York con banqueros y fondos de inversión, pero por ahora ninguna novedad concreta. Pero sin duda, decían en las mesas, uno de los más complicados es el también nuevo ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, y no solo por la escalada pública de su entredicho con un humorista gráfico, sino también por el enrarecimiento del conflicto mapuche en la región y sus múltiples derivaciones, como la militarización de la región sur, dictaminada por el mandatario trasandino Sebastián Piñera, pero sobre la cual no hay mayor definición oficial del lado argentino, aunque si siguen las denuncias de los privados. Para colmo, decía un embajador local por ahora sin destino, la participación del embajador argentino, Rafael Bielsa, en el juicio a Facundo Jones Hualas que busca ser extraditado a la Argentina lo que, para colmo, fue denegado por el tribunal chileno, no ayuda demasiado en la ya compleja relación entre ambos países.

Para Aníbal Fernández, aparecen además los problemas con relacionados con un brote de inseguridad rural, y con violencia, con casos registrados hasta ahora en Santa Fe, Santiago del Estero, y Entre Ríos, que no le dan respiro. Otro tema “caliente” en las mesas políticas es la supuesta próxima renuncia del titular de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y su futuro político de concretarse pero, sin duda, las especulaciones sobre la llegada mañana al país del expresidente, Mauricio Macri, y su presentación el miércoles, ante el juez subrogante de Dolores, Martín Baba, por el caso de las escuchas a los familiares de los marinos del ARA San Juan, es el que más especulaciones disparó en estos días.

(CRONISTA) Más pesos para Guzmán: el BCRA volvió a asistir al Tesoro
La entidad que preside Miguel Pesce volvió a girarle pesos a Economía. Le envió $ 17.712 millones vía Utilidades y acumula transferencias netas por más de $ 90.000 millones en el mes.

El Banco Central (BCRA) volvió a emitir pesos para asistir al Tesoro nacional. Le transfirió $ 17.712 millones vía Giro de Utilidades y acumuló así envíos netos por más de $ 90.000 millones desde que comenzó octubre.

Esta nueva asistencia, que se conoció en las últimas horas, fue concertada el miércoles 13 de octubre. Y representa la segunda transferencia que le realiza el Central al Ministerio de Economía en el mes, luego de los $ 150.000 millones que había liberado vía Adelantos Transitorios el 1 de octubre. De ese monto, cabe recordar, el Ministerio de Economía devolvió la mitad el 7 de octubre, tras el resultado favorable que obtuvo en una licitación realizada en la primera semana del corriente mes.

Con esta última operación, la entidad que preside Miguel Pesce acumula transferencias al Tesoro por $ 1,052 billones desde que comenzó el año. Sin embargo, gracias a una maniobra contable que se realizó con los Derechos Especiales de Giro (DEG´s) del FMI en septiembre y que permitió la cancelación de $ 427.401 millones de Adelantos Transitorios, el saldo neto del año asciende a $ 625.312 millones.

La fuerte emisión que viene realizando el Gobierno nacional, que se aceleró tras el revés que sufrió el oficialismo en las elecciones PASO, llevó a que el pasado mes de septiembre se posicione como uno de los de mayor financiamiento monetario al Tesoro en la historia reciente.

Así lo reveló un reciente informe de la firma Facimex Valores. «En septiembre el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro ascendió a $ 250.000 millones (0,6% del PBI), excluyendo el impacto que tuvo la venta de los Derechos Especiales de Giro que llegaron desde el FMI», sintetizó el trabajo.

«Quitando el atípico 2020, fue el financiamiento monetario más alto de la historia reciente para un mes de septiembre y eleva el financiamiento con emisión acumulado en el año a 2,2% del PBI (excluyendo el impacto de la venta de los DEG), mientras el financiamiento total del BCRA ya escala a 2,6% del PBI», agregó.

Según puede verse en el último Balance Anual del BCRA, el resultado de utilidades de 2020 ascendió a $ 522.558 millones, dejando una disponibilidad de $ 790.285 millones para 2021. Con este último envío, las transferencias de utilidades acumuladas en el año ascendieron a $ 787.712 millones, por lo que prácticamente el Tesoro agotó el financiamiento para el corriente año a través de esa vía.

Eso, no obstante, no significa que no vaya a haber más transferencias del Central al Tesoro en lo que queda del año. Según estiman en el mercado, el Gobierno aún podría solicitarle al BCRA entre $ 650.000 y $ 700.000 millones más de aquí a fin de año. Dicha cifra podría incluso incrementarse gracias a la maniobra contable con los DEG´s del FMI, que permitiría disponer de un extra de $ 422.174 millones, ya sea para este año o el próximo.

(CRONISTA) Brecha cambiaria: por qué el mercado anticipa más presiones
Los economistas señalan que hay pocas expectativas de que la situación cambie sustancialmente e indican qué debería ocurrir para acotar la distancia entre el dólar oficial y los paralelos.

La brecha cambiaria lleva más de 100 días sin perforar el piso del 80%. La última vez que la diferencia entre el tipo de cambio oficial mayorista y el paralelo se ubicó debajo de ese umbral fue el 7 de julio y nada hace suponer que vaya a quebrarlo. Al menos, en un futuro inmediato.

La situación parece incluso agravarse si se tiene en cuenta que la brecha cambiaria no logró ubicarse en ningún momento del año por debajo del 50%, niveles que apenas merodeó durante las primeras semanas en abril, cuando el dólar blue descendió hasta $ 139, su precio más bajo de 2021.

Una brecha cambiaria tan amplia produce múltiples desequilibrios y distorsiones en la economía. Entre ellos, genera expectativas de un salto devaluatorio del oficial, lo cual desincentiva a que los exportadores liquiden sus divisas y promueve una mayor demanda de dólares de las empresas que los requieren por vía oficial para cancelar importaciones.

Es por ello que cobra especial relevancia el hecho de que los economistas indiquen que prevén que en el corto plazo la brecha se mantendrá en niveles similares a las que se observan actualmente, de la mano del lento avance del dólar oficial y de las presiones alcistas sobre los paralelos. Incluso, hay quienes advierten que podría ampliarse aún más.

«La brecha va a seguir ampliándose. Recordemos que hace unos meses estaba en 50% y hoy está entre el 80% y el 90%. El motivo es lógico. Tenemos un dólar oficial creciendo muy por debajo de la inflación, mientras que los dólares libres siguen el ritmo de los precios. Si el resto de los precios crece al 3%, ¿por qué el dólar no habría de hacerlo?», planteó Christian Buteler.

El analista financiero agregó que a esto se suma la emisión monetaria que el Gobierno lleva adelante para financiar el déficit fiscal. Además, destacó que el último trimestre del año estacionalmente es el más deficitario (ahora incrementado por las elecciones) y que «esos pesos en la calle por la mayor emisión generarán más presión sobre los dólares paralelos, por lo tanto habrá más brecha».

«La brecha es hija del cepo cambiario. En cierta forma, el futuro de la brecha tiene mucho que ver con las restricciones que hay para acceder al mercado oficial de cambios. Y en esto no hay expectativas de que la situación vaya a cambiar sustancialmente, incluso después de las elecciones legislativas», señaló Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores.

El economista indicó que esto se debe a que, por un lado, el Gobierno es «bastante afín a este tipo de restricciones», pero además a que con una eventual liberación de los controles lo más probable es que el oficial suba y esto agravaría el problema de la inflación, por lo que considera que es muy difícil que se libere el cepo y, por consiguiente, cree que la brecha va a seguir existiendo.

«Mientras siga el avance lento del oficial y mucha emisión monetaria, la brecha va a persistir e incluso tenderá a ampliarse. Para que se achique, debería moverse más rápido el oficial, reducirse la emisión monetaria para que no suban los paralelos o generar la suficiente confianza o crecimiento para que el dinero que hoy es rechazado empiece a ser demandado», afirmó.

Sin embargo, señaló que no parece un escenario muy probable en este momento y que la posibilidad de acotar la brecha es muy chica. Además, señaló que la dinámica estará más ligada a lo que el Gobierno haga con el tipo de cambio oficial, que según su visión difícilmente tendrá un salto o un movimiento muy rápido por miedo del oficialismo a que aumente más la inflación.

En cuanto al sostenimiento de una economía con una brecha tan elevada por tiempo prolongado, Gabriel Caamaño, director de la consultora Ledesma, indicó que puede seguir marchando, pero con dificultades, como lo está haciendo en este momento, y que lleva a que cada tanto haya que poner más parches, como el refuerzo de los controles.

«Para achicar la brecha se necesita un plan con un eje fiscal-monetario consistente, lo que implica un sendero de consolidación fiscal y una tasa de interés en pesos positiva, lo cual permita anclar expectativas y normalizar el mercado de cambios. Esto último es una unificación. Algunos la plantearán gradual, otros progresiva con un desdoblamiento inicial», indicó Caamaño.

No obstante, resaltó que este Gobierno no tiene cómo llevar adelante esa normalización cambiaria, ya que «lamentablemente, no tiene credibilidad». Por lo tanto, considera que tendría muy poca probabilidad de éxito. Para eso «tendría que sobreactuar mucho» y hacer un cambio fuerte en la coalición gobernante y en los responsables de la política económica, lo cual ve muy difícil que ocurra.

Caamaño recordó que en el período anterior con cepo cambiario, es decir, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, no hubo una brecha tan alta que durara tanto tiempo, ya que los niveles de emisión actuales son mayores. A esto sumó que actualmente no hay ningún tipo de ancla de expectativas: ni desde lo fiscal, ni desde lo monetario, ni desde la política.

(INFOBAE) Pese a los congelamientos, los motores de la inflación siguen funcionando a toda velocidad
Sólo habrá un alivio temporal, pero pagando el costo de aumentar las distorsiones para el 2022. Las expectativas marcan un piso para el año próximo que no bajaría del 50%

Lo único que logrará el Gobierno con los nuevos congelamientos de precios es patear los problemas para adelante y acumular distorsiones. El problema de fondo, que es la elevada y persistente inflación, sigue sin ser encarado seriamente y esto complica más el panorama para 2022. Hoy la mayoría de los analistas económicos coincide que el 50% luce mucho más como un piso que como un techo para el año próximo.

Más allá de las críticas generalizadas, un congelamiento de precios como el que se quiere volver a implementar ahora podría servir si va acompañado de una política de shock para combatir en seco las causas que generan los altos índices inflacionarios. Así podría combatirse la denominada “inercia inflacionaria”, un fenómeno que aparece en todos los libros de texto: aunque las medidas económicas corrigen las distorsiones que generan ese fenómeno, los precios aumentan por un buen tiempo (por lo menos seis meses más) hasta que empiezan a reflejar los frutos de aquellas medidas. El ejemplo más claro fue la Convertibilidad de 1991. Pese a que se trató de un plan de estabilización que dio resultado muy rápido, los precios siguieron aumentando durante varios meses y se encarecieron notablemente en dólares a lo largo de aquel año.

Pero en este caso no hay nada de eso. Al contrario, la aceleración de la inflación en septiembre a 3,5% dejó en claro que la tendencia a la baja de los últimos cinco meses había sido puramente circunstancial. Es muy probable que hasta fin de año no se registren niveles inferiores al 3% mensual, más allá de las medidas artificiales que buscan ponerle un freno momentáneo.

El rebote de la inflación de septiembre a 3,5% demostró que la reducción de los cinco meses previos fue puramente circunstancial. No es difícil inferir que la inflación de 2022 difícilmente baje en relación a casi el 50% que se terminará registrando este año a pesar de todos los congelamientos
Más allá de las políticas que buscan controlar los precios cueste lo que cueste, no conseguirán el resultado esperado porque los motores que generan los aumentos de precios siguen todos encendidos e incluso aceleraron en los últimos meses. Esos motores son los siguientes:

– Mayor emisión monetaria para hacer frente al déficit fiscal. Aunque los primeros meses del año mostraron mayor estabilidad por mayores ingresos extraordinarios, en esta segunda parte del año reapareció el agujero de las cuentas públicas que se irá agrandando hasta fin de año. Esto requerirá de más emisión monetaria, que tiene efectos inflacionarios ante la baja demanda de dinero producto de la desconfianza.

– Fuerte aumento del déficit cuasifiscal por los intereses de las Leliq y pases pasivos: según estimó el economista Ramiro Castiñeira, de Econométrica, los pasivos monetarios le costarán al BCRA la impresionante cifra de 1,5 billones de pesos por año. Al tipo de cambio oficial son 15.000 millones de dólares, que exceden largamente lo que deberá pagar la Argentina por su deuda pública en 2022. Esta situación pone bajo la lupa el déficit cuasifiscal, que llegaría al 3% del PBI y se transforma en uno de los principales motores inflacionarios, como lo fue en buena parte de la década de 1980.

– Faltantes de productos importadores e insumos para la producción: las últimas medidas que endurecieron aún más el cepo cambiario están agravando los problemas de oferta en la economía. Muchos productos no están disponibles, otros tienen fuertes faltantes y en otros casos se consiguen en cantidades muy limitadas. La consecuencia de esto -en un contexto de aumento de demanda por suba de salarios y emisión- es un recrudecimiento de las remarcaciones de precios. Prácticamente no hay un solo sector de la economía que se salve de este fenómeno, que promete agravarse en los próximos meses, ante la necesidad del Central de cuidar las escasas reservas que le quedan.

– Congelamiento de combustibles, tarifas y dólar: se trata de otras medidas artificiales que buscaron a lo largo del año mejorar el poder adquisitivo de los salarios, pero no fueron suficientes. En todos los casos, y por distintas razones, el Gobierno tendrá que buscar una salida gradual para cada caso. En relación a los combustibles, la suba de los precios internacionales vuelve insostenible mantener los valores de la nafta más allá de fin de año. En cuanto a las tarifas, tampoco puede extenderse mucho más el congelamiento porque implica seguir aumentando los subsidios. Y, por último, el tipo de cambio ya es un hecho que se deslizará mucho más rápido (del 1% al 3% mensual) después de las elecciones. Todo esto contribuirá a varios puntos más de inflación en 2022.

(INFOBAE) La compra de dólares del Banco Central traería alivio para importadores a fin de mes
La entidad recuperó en las primeras semanas de octubre el monto equivalente a las reservas perdidas en agosto por el “desvío” entre las importaciones de pago anticipado y las efectivamente ingresadas. Si logran sostenerlo, prometen “remover las trabas a la producción”

La recuperación de divisas por parte del Banco Central, a fuerza de los duros controles impuestos a los importadores, que tienen hoy restringido el acceso al mercado de cambios oficial para el pago anticipado de importaciones, les traería ahora algo de alivio. Es que, en lo que va del mes, la entidad ya adquirió prácticamente el monto necesario para cubrir el “desvío” entre las compras al exterior pagadas y las efectivamente ingresadas en Aduana. Esa cifra alcanzó en agosto los USD 450 millones, el volumen más alto del año de acuerdo a la última información disponible pero, probablemente, inferior al número del mes pasado. Esa evolución es lo que habría motivado la decisión del BCRA -la comunicación A 7375- que limitó las operaciones de pago anticipado, permitiéndolo sólo a partir del despacho a plaza de la mercadería. La medida vence en 10 días y, de mantener el ritmo de recomposición de reservas, no se extendería a pesar de la tensión y el contexto de cobertura pre-electoral. Es decir que se normalizaría una operatoria que registró un fuerte dinamismo durante todo 2021.

“La idea del BCRA es siempre remover obstáculos que puedan afectar al sector productivo, sin alterar el propósito de garantizar la estabilidad del mercado de cambios”, aseguraron a Infobae en la autoridad monetaria. Es que el titular de la entidad, Miguel Pesce, recibe todos los días reclamos por parte de distintos sectores industriales. La semana pasada cobró notoriedad pública una carta de la compañía de neumáticos Fate, que advertía a sus clientes sobre posibles dificultades en la provisión de sus productos. Un reclamo similar le envió ayer la cámara que agrupa a los fabricantes, proveedores y vendedores de motos, con copia al ministro de Producción, Matías Kulfas, en la que advirtió sobre la eventual paralización de la producción por falta de piezas. De esta manera, el sector privado suma presión, con la intuición de que los tiempos políticos son determinantes. “Sería inimaginable que el Gobierno se arriesgue a llegar a las elecciones del 14 de noviembre con plantas paradas o problemas de producción en las fábricas”, aseguró un representante de la industria, importador intensivo de insumos.

Si bien desde el otro lado del mostrador el Banco Central destaca su vocación de “remover las trabas”, la atención está también puesta en la estrategia de stockeo por parte de los importadores. La creciente diferencia entre la compra de divisas para el pago anticipado y el volumen efectivamente despachado en Aduana está detrás de esa lógica.

Un informe privado puso las cifras en negro sobre blanco e, incluso, las comparó con otra época de fuertes restricciones, como lo fue el período entre 2013-2015. “Las importaciones pagadas fueron sistemáticamente mayores que los embarques recibidos en Aduana. Esta es una anomalía respecto de otros tiempos con cepo, si se compara la evolución mensual de la ratio entre importaciones pagadas (MULC) y recibidas (ICA-INDEC) en 2021 y en el período 2013-15″, remarca el informe de coyuntura de la consultora Analytica. Según los números del reporte, la salida de dólares por pago anticipado de importaciones totalizó USD 2.455 millones en los primeros ocho meses del año, de los cuales USD 1.000 se anotaron sólo en agosto. Es una cifra que prácticamente triplica el promedio calculado por la consultora del promedio 2013-2015 y refleja un “desvío” de 45% respecto de las compras ingresadas ese mes. “Los pagos de importaciones cursados por el mercado de cambios totalizaron USD 6.200 millones, 113% más que en igual mes de 2019. Sin embargo, los despachos de Aduana apenas alcanzaron USD 5.750 millones. Entonces, sólo en agosto se pagaron USD 450 millones más por las compras externas efectivamente ingresadas”, afirmó.

Detrás de la aceleración de esta dinámica, previsiblemente, opera la brecha cambiaria, hoy más amplia que en el anterior período de restricciones, y también la incertidumbre cambiaria cada vez mayor, de cara al escenario económico posterior a las elecciones.