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• (Ambito) Completan la mesa chica de Pesce en el Banco Central. El Gobierno solicitó además que se incluyan las designaciones en el temario a tratar durante las sesiones extraordinarias. A través del decreto 43/2019, el Gobierno aceptó las renuncias de los tres directores del Banco Central de la República Argentina, al tiempo que designó por decreto a cuatro nuevas autoridades. Con Miguel Ángel Pesce a la cabeza del organismo, el oficialismo completó los 5 miembros que necesitaba para obtener quórum, con los nombramientos de Zenón Alberto Biagosch, Claudio Martín Golonbek, Claudia Berger y Betina Susana Stein como directores, “para completar un período de ley que vencerá el 23 de septiembre de 2022”. Al mismo tiempo, se solicitó al Congreso que incluya las designaciones en el temario a tratar durante las sesiones extraordinarias. El flamante presidente del Banco Central, estimó que la inflación podría llegar a un dígito anual recién en el segundo semestre de 2021, y señaló que el acuerdo social que impulsa el Gobierno apunta a lograr ese objetivo. «La inflación en el segundo semestre de 2021 debería estar en el orden de un dígito. El reacomodamiento (de precios) debería darse en los próximos 18 meses. Tengo confianza en el acuerdo social porque va a cortar la indexación inflacionaria. No va a ocurrir de golpe, pero se va a acomodar en ese período», consideró el funcionario en una entrevista que brindó a C5N. Asimismo, Pesce comentó que el Banco Central va a financiar al Tesoro cuando sea necesario, pero aclaró: «No vemos que esa emisión vaya a espiralizar la inflación». «Esperamos que la expansión que haya en 2020 sea menor que la demanda de dinero, porque el Producto Bruto nominal va a crecer. Pienso que con los incentivos al consumo para los sectores más bajos, tendría que haber un efecto positivo de crecimiento en el PBI», evaluó.

• (Ambito) Emergencia: Alberto ya piensa en el día después y mira al FMI. El Presidente confirmó que el paquete fue comunicado a Washington. Una vez puestas en marcha las principales medidas fiscalistas, habrá plataforma para comenzar las negociaciones por la deuda. Desde la Casa Rosada se garantizaban anoche dos acciones consecutivas: la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Económica estará reglamentada, casi en su totalidad, la próxima semana; e inmediatamente después, comenzarán los contactos directos y formales con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La intención oficial, es que antes que termine el 2019 el organismo que maneja Kristalina Georgieva tenga ya sobre su escritorio las líneas generales y formales de lo que el oficialismo asegura, es un plan serio de “estabilización y consistencia macroeconómica”. O dicho de manera más sintética y directa; para el FMI, lo importante es que los números que en poco tiempo Martín Guzmán presentará ante el organismo (en Washington o en Buenos Aires), garanticen tres resultados innegociables para los acreedores. Que en 2020 el déficit primario no superará el 1%. Que la generación de dólares continuará a un ritmo constante de u$s1.500 millones mensuales. Y que la salida de divisas quede restringida a su mínima y casi simbólica expresión. Sólo así desde la sede del organismo se aceptará pasar a la segunda fase de la negociación: la fórmula para que Argentina pueda tener al menos dos años de gracia en el pago del capital e intereses de los u$s44.500 millones que se le deben al FMI. El Presidente dio ayer pistas sobre la situación con el organismo, ante un auditorio VIP. Alberto Fernández almorzó (literalmente) con la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), al afirmar que su administración “no está improvisando” y que el FMI “aceptó esta lógica de trabajo”. “Le hemos pedido al Fondo Monetario cambiar la lógica, que nos dejen construir un plan que sea sustentable y, sobre la base de este plan, nosotros resolver cómo pagar la deuda. El Fondo ha aceptado esta lógica de trabajo, no estamos improvisando. Tenemos un plan que silenciosamente hemos construido durante dos meses”, dijo. La señal que el Gobierno tiene ahora desde Washington, es que una vez que todas las medidas estén en funcionamiento, será la hora de abrir el primer capítulo serio de tratamiento de la deuda externa argentina: la negociación con el FMI. La orden que dio Alberto Fernández a sus ministros y funcionarios directa o indirectamente involucrados en las medidas que, se descarta, se aprobarán en los próximos días en el Congreso (ver págs. 10 y 11); es que durante toda la próxima semana, estas estén reglamentadas y puestas en marcha. Especialmente aquellas, como el flamante impuesto PAÍS (30% a las compras de bienes y servicios y atesoramiento de divisas), que determinarían un rápido aporte recaudatorio. Saben en el Gobierno que se hace imprescindible que una variable clave muestre rápidamente resultados positivos: la recaudación impositiva, sí o sí, debe estar en el primer trimestre de 2020 por encima de la inflación mensual para que la promesa de un déficit fiscal controlado sea creíble. Sólo entendiendo la lógica de la mirada puesta en el FMI, se entienden la decisión del Presidente de terminar volcándose a de la aplicación de retenciones a las exportaciones, especialmente a la soja; suspender la fórmula de indexación de las jubilaciones, avanzar sobre bienes personales y el molesto impuesto PAÍS. Sabe que aplicando este duro ajuste se analizarán con mayor seriedad las promesas de solvencia fiscal que la Argentina quiere plantear para comenzar a renegociar la deuda con el FMI y los privados. Y que la idea de garantizar un déficit fiscal primario ordenado para el 2020 y un equilibrio para el 2021 es una promesa seria y una convicción. Que sea con un ajuste sobre los privados y no sobre el gasto público, descarta Fernández, no será una queja de los hombres de Washington. El Presidente tiene un antecedente que lo convenció. El propio organismo financiero había presionado en la última semana de agosto de 2018 al gobierno de Mauricio Macri al negociar la segunda versión del stand-by; para que aplique retenciones duras y clásicas contra el campo y modifique la fórmula de indexación dentro del sistema previsional; para garantizar la solvencia fiscal de las cuentas nacionales ante el reclamo de una mejora de las condiciones del paquete de desembolsos del organismo. Fue en una reunión en Washington, durante los primeros días de septiembre del año pasado, donde Werner y el italiano Roberto Cardarelli le reprocharon a Nicolás Dujovne, la poca solvencia en los números fiscales que le mostraba el ministro de Hacienda. El entonces hombre fuerte de la relación del país con el FMI, le aseguraba a sus interlocutores del Fondo; que la intención del gobierno de Mauricio Macri era la de llegar este año a un nivel final de déficit primario cero. El ministro se comprometía a demoler todos los proyectos de obra pública, a congelar los gastos con proveedores, a reducir cualquier atisbo de gastos superfluo; como garantía para lograr el equilibrio fiscal. En esa era los hombres de Washington ya no creían en sus promesas, y le reclamaban mayores esfuerzos fiscales para liberar el dinero que se negociaba. Al no haber mayores avances en las negociaciones, avanzó el equipo negociador de Christine Lagarde y, con los números fiscales sobre la mesa generados luego de la devaluación de abril del 2018; sin mayores vueltas le reclamaron por un regreso a las retenciones según el modelo que Macri había heredado del último kirchnerismo. Al regreso de Dujovne a Buenos Aires, comenzó una batalla en el gabinete macrista entre el ministro de Hacienda, al que acompañaba Marcos Peña; y el titular de Agricultura Luis Miguel Etchevehere, que incluso amenazó con renunciar si el proyecto avanzaba.

• (Ambito) Calvo: «Estamos en el pozo, la cuestión es no irnos más abajo». El economista criticó el impuesto del 30% al dólar y consideró muy poco probable que la inflación llegue a un dígito en el corto plazo. “La Argentina es un enfermo terminal, que necesita que lo cuiden”. Con esa metáfora, Guillermo Calvo se refirió a la situación económica del país. En ese contexto, sostuvo que ve improbable la llegada de inversores extranjeros, cuestionó el impuesto al “dólar turista” y consideró difícil que la inflación llegue a un dígito en el corto plazo. También se refirió a la relación con el FMI y la importancia de una rápida renegociación. El economista, profesor de la Universidad de Columbia y quien anticipó el “efecto tequila”, disertó en la Conferencia Internacional de Economía (CIEF). Consultado por Ámbito Financiero, se refirió al gravamen para la compra en dólares: “Creo que se dijo que el impuesto del 30% iba a hacer que la gente se pasara a pesos. Creo que lo que va a hacer es que la gente se pase a billete dólar. Es un abuso, no le veo la lógica, nadie va a querer dejar el dólar y querer más el peso”. En la misma línea, no descartó que el salto del blue pueda trasladarse a la inflación en el futuro próximo: “Aunque veo peligro de que se traslade a la inflación, de todas maneras sería de una vez y para siempre: sería un aumento del 30% y punto. Aunque para ciertas transacciones, el dólar no va a subir”. Para Calvo, este tipo de medidas ahuyenta la llegada de inversores extranjeros. “Olvídense de eso”, respondió, tajante, aunque agregó: “No es una crítica al Gobierno, es donde estamos ahora. Estamos en el pozo. Acá la cuestión es no irnos más para abajo. Con que se tranquilice la cosa, con que la calle se tranquilice, creo que damos un paso positivo. De crecimiento, por ahora, ni hablemos…”. Al referirse al ministro de Economía Martín Guzmán, Calvo dijo que es un profesional “bien formado” y respaldó su política de no emitir: “Eso es un progreso”. De todas formas, cuestionó algunas de las declaraciones que realizó en materia impositiva: “Dijo: ‘le vamos a cobrar más a los bancos porque ellos ya ganaron’. Eso es horrible, porque quiere decir que si alguien encuentra un lindo negocio, se mete y le va bien, entonces viene el Gobierno y le dice: ‘vos ganaste mucho’. Es terrible hacer una cosa así: si ganaste mucho te pongo un impuesto. No sé si es en serio o es una frase hecha ‘pour la galeri’. Entonces, ¿quién va a querer invertir? Si invertís, es para ganar…”. El economista también cuestionó la declaración de Miguel Pesce, presidente del Banco Central, quien vaticinó en una entrevista que “se puede pensar en una inflación de un dígito para fines de 2021”. “Que lo llame a Macri, que le va a explicar…”, bromeó Calvo, y señaló: “Mejor no hablar. Creí que iba a decir que no iba a subir 100%. Esa la creo un poco más que bajarla a un dígito. Se puede ir todo al diablo, que tengan cuidado y no empiecen a decir cosas así. Esto llega a Wall Street y todo el mundo se empieza a reír. Además, hay que ver nuestra historia reciente, como cuando asumió Sturzenegger (dijo que iba a ser de un dígito en 2019)”. En ese sentido, Calvo reconoció que “no hay un camino” para bajar la inflación, “el Gobierno tiene que tratar de mantenerlo tranquilo” y sin “sorprender” a los mercados. Uno de los tópicos que mencionó durante su exposición es que la Argentina ahorra apenas “el 14% del PBI y que por lo menos necesita ahorrar un 20% para crecer”. “Necesitamos un 6%, ¿pero quién nos va a prestar? Si nadie nos presta, no vamos a crecer…”, remarcó Calvo, quien también hizo referencia al FMI, a quien definió como “un prestamista de última instancia medio raro”: “Precisamente presta cuando al país le va mal. Acá dijeron que no prestaban más porque no estaban seguros de si la Argentina iba a seguir pagando…”. En ese sentido, el economista reconoció la importancia de llegar a un nuevo acuerdo con la entidad en el corto plazo: “Lo que queremos es atraer capital y para eso, si no se arregla con el Fondo, es muy difícil. Está esa nube negra, que la gente cuando va a invertir no sólo piensa en el proyecto, sino en qué van a hacer estos tipos cuando le tengan que pagar al Fondo. Va a ser muy difícil en un corto plazo, porque hay que arreglar con el Fondo y los privados. Sería milagroso que en tres meses se pueda hacer…”. En una entrevista brindada en junio, Calvo había dicho que -en caso de ser Gobierno- “Cristina iba a ajustar con apoyo popular, culpando a Macri”. Consultado ayer sobre esa frase, dio su explicación al respecto: “Si ganaba Mauricio Macri, la oposición no le iba a dar espacio para hacer las reformas; la situación iba a ser muy peleada, y viniendo de una gran depresión, no iba tener la autoridad para manejar la economía”.

• (Ambito) Buenos Aires: cerca de un acuerdo para desdoblar emergencia que pide Kicillof. La legislatura bonaerense aprobaría mañana la prórroga del presupuesto 2019. El próximo jueves, después de Navidad, sería el turno del tramo que incluye congelamiento de tarifas, entre otros. En medio de la discusión y las diferencias por el paquete de la ley de emergencias que impulsa el gobernador Axel Kicillof, en espejo con la iniciativa nacional, legisladores de la oposición y ministros provinciales se encaminaba a desdoblar el tratamiento en la Legislatura bonaerense De esta manera, el parlamento provincial intentará sesionar este jueves a partir de las 11.30, primero en Diputados y luego en Senado, para avanzar con la prórroga del presupuesto 2019 y la aprobación de los pliegos para la designación de cargos en el Banco Provincia, puntualmente en Tesorería y en el Directorio, sillas que los sectores que responden a María Eugenia Vidal dicen que les corresponden por acuerdo político. Además, en la sesión de mañana las cámaras avalarían la extensión de las emergencias que estaban vigentes durante la gestión anterior en materia de seguridad, infraestructura, vivienda, hábitat y salud penitenciaria, entre otros. Sin embargo, el capítulo de la emergencia social, económica, productiva y energética que reclama Kicillof debería esperar a la sesión de la próxima semana, un día después de la Navidad. Esa porción del megaproyecto que ingresó el martes en la Legislatura contempla, por caso, la suspensión por 180 días de la suba de tarifas en servicios públicos y el otorgamiento de facultades para que el gobernador «gestione la sustentabilidad de la deuda pública». El paquete de emergencia trae consigo, además, la revisión de contratos a cargo del sector público provincial para los tres poderes. De aprobarse el proyecto, el Ejecutivo autoriza a “disponer la renegociación y/o rescisión de contratos de obras y de bienes y servicios debido a la existencia de múltiples contratos en suspenso”. En materia de emergencia productiva se creará un programa de emergencia para las pequeñas y medianas empresas, industrias, productores agrícolas y comercios. Arba implementará un régimen de regularización de deudas fiscales al 2019. De la reunión de esta tarde participaron la vicegobernadora, Verónica Magario, el secretario general de Gobierno, Federico Thea; el ministro de Producción, Augusto Costa; de Hacienda, Pablo López, y de Infraestructura, Agustín Simone, entre otros.

• (Ambito) Vicentin vendió parte de sus acciones en Renova para hacer frente a los pagos de deuda. La aceitera informó que el dinero recibido por la venta del 16,67% de las acciones fue destinado al pago de obligaciones. Inmersa en una compleja dificultad financiera, la aceitera Vincentin confirmó este miércoles la venta parcial de su paquete accionario en Renova a la firma Glencore. La firma informó que se desprendió del 16,67% de las acciones y además confirmó que el dinero de la operación fue utilizado para abonar obligaciones de deuda. La firma agroindustrial se desprendió a principio de mes del 16,67% de las acciones que tenía en la compañía productora de harinas, aceites de sojas y biodiesel. Allí, se repartía el total de las acciones con el grupo suizo: cada una contaba con el 50%. A partir de ahora, Vicentin poseerá el 33,33% y Glencore tomar “Cómo ha tomado estado público, creemos importante señalar que la venta parcial de nuestra tenencia accionaria en Renova, ha sido el resultado de negociaciones que tuvieron inicio tiempo antes de las circunstancias informadas a la Bolsa de Comercio de Rosario y fue contratada también con anterioridad a nuestro comunicado de fecha 6 de diciembre de 2019”, informó la compañía. Asimismo, señaló que “el producido de la venta indicada fue aplicado en tal oportunidad a atender obligaciones del giro de la sociedad”. A través de un comunicado, el directorio ratificó que “el empeño de Vicentin -como hemos comprometido- pasa por restablecer su estructura operativa, defender sus activos industriales, sus fuentes de trabajo y honrar sus obligaciones, priorizando la reanudación de nuestro flujo de trabajo con los productores”. Tal como dio a conocer este medio, Vicentin atraviesa una situación compleja de endeudamiento, principalmente con bancos públicos, lo cual días atrás la obligó a frenar un pago que debía realizar, el cual ascendía a u$s350 millones. La propia empresa sostuvo que atraviesa “una situación de estrés financiero” producto del aumento de las tasas de financiamiento, el cierre de mercados y el costo argentino. Ante ese panorama, la firma de capitales 100% nacionales informó que debió entablar negociaciones con acreedores y proveedores con respecto a futuros vencimientos, los cuales continúan por el canal del diálogo. La intención es, por sobre todo, evitar caer en un Procedimiento Preventivo de Crisis debido a la falta de liquidez. La crisis que atraviesa Vicentin se agudizó luego de las PASO de agosto. Ante la victoria de Alberto Fernández y el riesgo – finalmente consumado – de una revisión de las regulaciones impuestas por Mauricio Macri, los productores optaron por adelantar ventas de la cosecha para cubrirse. Esto obligó a la compañía santafesina a acelerar compras de materia prima pero la dificultad para acceder al crédito tuvo su impacto.

• (Cronista) Llega la primera colocación de deuda de la era Fernández El Gobierno planea la emisión para el próximo lunes. Denominada en moneda local, con un vencimiento a seis meses y a tasa Badlar +200 puntos. La última colocación hecha por el ministro de Economía de Mauricio Macri, Hernán Lacunza había quedado desierta. El gobierno de Alberto Fernández planean emitir este lunes su primera colocación de deuda denominada en pesos. El fin es renovar los vencimientos a una tasa más baja que la de mercado. Con esta emisión, el Gobierno busca rollear el vencimiento del bono Bopomo que caduca esta semana por $ 24.500 millones, equivalentes a u$s 410 millones aproximadamente. La colocación será denominada en moneda local, con un vencimiento a seis meses y a tasa Badlar +200 puntos básicos, según da cuenta Bloomberg. Fuentes de la administración Fernández aseguraron que la novedad surgió durante el encuentro que el secretario de Hacienda, Diego Bastourre, y su adjunto, Ramiro Tosi, mantuvieron con banqueros locales. Qué pasó en la última colocación El día del reperfilamiento de la deuda, el 29 de agosto pasado, era el primer test del por entonces recién llegado ministro de Economía Hernán Lacunza. Con un riesgo país que superaba los 2000 (ahora experimenta un fuerte retroceso) esa colocación, la última que hizo el gobierno de Mauricio Macri quedó desierta. Desde las elecciones PASO, Hacienda y el BCRA venían evaluando alternativas. Y se intensificó tras la licitación previa en la que descartaron emitir una Lete a más largo plazo. Cinco meses atrás, presionado por los malos resultados Nicolás Dujovne -el ministro de Hacienda hasta entonces- renunció y dio paso al administrador de la economía bonaerense, Lacunza en un intento por disponer de mayores recursos de las reservas internacionales para intervenir en el mercado de cambios y frenar la suba del dólar (que trepaba a $ 60), decidió con su equipo emprender un «reperfilamiento» de la deuda de corto y mediano plazo, y el inicio de negociaciones con el FMI para reprogramar vencimientos del stand-by.

• (Cronista) El blue superó los $ 75, pero en la City ven margen para que siga subiendo Con más pesos en la plaza, gracias al cobro del medio aguinaldo, creció la demanda y el precio del dólar paralelo se encareció. Cerró en 75,25 tras haber sido alcanzado en algunas cuevas los $76. El dólar blue salió finalmente de su letargo y se negoció con más crispación que en las ruedas previas. Pese a que la versión informal de la moneda estadounidense abrió con un alza tímida, se despertó este miércoles y hacia el mediodía se acomodó en $ 75 -en algunas cuevas también se llegó a vender a $ 76-. Se trató entonces de una nueva marca récord. La anterior, de $ 74, quedó atrás. ECabe recordar que el viernes el oficial valía $ 63 y el blue $ 67, porque la necesidad de pesos, típico de la primera quincena de diciembre, mantenían al dólar barato. Tras el fin de semana, con el anuncio de que el Gobierno buscaría imponer un impuesto del 30% a los pagos realizados con tarjetas para compras en moneda extranjera, se descontó que ambos segmentos podrían subir, pero como el dólar formal está alcanzado por el cepo, el único que puede despegarse es el informal. La explicación es simple: con la ley, el pago de dólares con tarjeta pasaría a tener un costo 30% superior y las otras opciones resultarían más baratas. En definitiva, los distintos precios del dólar se equiparan en el nivel más alto. En cuanto al dólar oficial, los operadores y corredores vieron otra rueda de operaciones deprimidas. Al igual que en las últimas sesiones, los inversores no concretaron negocios hasta que no pasaron casi dos horas desde el arranque. Es que pese a que continuó persistiendo la incertidumbre sobre el impuesto al dólar, ya que el proyecto aún debe ser aprobado por las dos cámaras del Congreso, no hay volatilidad en este mercado porque el cepo lo impide. La cotización mayorista estuvo prácticamente congelada. Si bien abrió a $ 59,82, luego cedió hasta el valor de cierre de las últimas ruedas: $ 59,815. El billete se mantuvo sin cambios en las pantallas del Banco Nación, a $ 63 para la venta. El precio promedio también estuvo estable, se ubicó en $ 63,09, en línea con el cierre de la víspera. «Como viene sucediendo desde hace una semana, la divisa norteamericana operó estabilizada. Los precios estuvieron otra vez cristalizados en torno a la postura de compras del Banco Central (BCRA), que sostuvieron los precios impidiendo una baja importante», describió Gustavo Quintana, en su informe de PR Corredores de Cambio. En la City porteña estimaron que el Central compró u$s 100 millones. Mientras que el volumen en el mercado spot fue de u$s 280 millones.l dólar blue salió finalmente de su letargo y se negoció con más crispación que en las ruedas previas. Pese a que la versión informal de la moneda estadounidense abrió con un alza tímida, se despertó este miércoles y hacia el mediodía se acomodó en $ 75 -en algunas cuevas también se llegó a vender a $ 76-. Se trató entonces de una nueva marca récord. La anterior, de $ 74, quedó atrás. El fin de semana se conoció la noticia de que el Gobierno quería un dólar turista un 30% más caro que el oficial, y el martes no solo se confirmó este plan sino que se agregó la novedad de que el formato sería un impuesto que además de alcanzar los consumos por compras y por servicios en dólares con tarjeta de crédito abarcaba otras operaciones, entre las cuales estaba el atesoramiento. Lo llamativo fue que el récord del blue en $ 74 se batió el lunes, mientras que el martes, con la confirmación de la noticia, se operó más estable, en $ 72,75. La clave fue la falta de demanda. Y esto fue precisamente lo que cambió. «Mucha gente ya cobró aguinaldo, aparecieron los pesos», aclaró una fuente del mercado sobre el repunte que se percibió. Las subas podrían ser mayores debido a que, si el impuesto de 30% es ley, esto daría un precio final para el dólar impuesto PAIS (acrónimo de Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) de $ 82. Por lo tanto, dentro del mercado consideran que el blue aún tiene un camino ascendente por recorrer.

• (Cronista) Los cortes de luz bajaron hasta 35% en cuatro años Especialistas y ex funcionarios muestran los resultados del aumento de las tarifas y de la maduración de las inversiones. La frecuencia media de los cortes de energía eléctrica en Capital Federal y Gran Buenos Aires (GBA) disminuyó un 20% en cuatro años, mientras que la duración media cayó hasta 35%, según muestran ex funcionarios como resultado de la gestión del ahora ex presidente Mauricio Macri. En el otoño-invierno de 2019 (marzo-agosto) la frecuencia de las interrupciones del servicio de Edenor y Edesur llegó a 2,9 veces por semestre, contra las 3,6 que había en el último período de Cristina Fernández de Kirchner, en 2015. La duración, a su vez, disminuyó de 14,3 a 9,2 horas comparando 2019 versus 2015. Los datos que reconstruyeron en el macrismo contabilizan exclusivamente los cortes que no fueron ocasionados por eventos de fuerza mayor. El promedio de las dos gestiones fue casi idéntico e incluso durante los últimos cuatro años hubo un mínimo incremento en la frecuencia de cortes promedio por usuario en un semestre, de 3,7 a 3,8 veces. La comparación favorece a la última administración cuando se toman los picos, ya que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dejó índices en ascenso, mientras que las caídas de estos índices se empezaron a verificar en el macrismo a fines de 2017, cuando maduraron las inversiones. «Las cifras son muy buenas y explican la sensacion de que los cortes de años atrás dejaron de ser noticia», explicaron a este medio especialistas energéticos, con pedido expreso de reserva. La frecuencia de cortes refleja la inversión y la duración, la gestión, argumentan expertos en energía eléctrica. En su único discurso por cadena nacional, Macri había asegurado que los cortes de luz bajaron un 40%. Recién pasado este verano (al término del 28 de febrero y luego de que se contabilicen los índices de interrupciones) quedará a las claras la herencia en este sector, luego de los aumentos de las tarifas que mejoraron las ecuaciones económicas de las distribuidoras para que reinviertan y golpearon a la sociedad.

• (Cronista) El Instituto Argentino de la Energía (IAE) General Mosconi cuestionó el proyecto de ley que propone la emergencia energética y sugirió al nuevo Gobierno encarar una revisión de los precios del gas en boca de pozo, que es la parte que cobran las petroleras por producir el fluido. Con técnicos de larga historia de militancia en el radicalismo, el documento del IAE está firmado por el ex secretario de Energía Jorge Lapeña y los especialistas Alejandro Einstoss y Gerardo Rabinovich, quienes sostienen que «no es necesario una emergencia económica o tarifaria para posponer aumentos y modificar las estructuras tarifarias», ya que existen los instrumentos administrativos y regulatorios para hacerlo. Por caso, en el IAE recordaron que Cambiemos finalizó su Gobierno posponiendo todos los incrementos que estaban pactados sin la necesidad de recurrir a la intervención de los entes reguladores del gas y la electricidad, que es una «medida no justificada». «Es un paso atrás que vuelve a romper los marcos regulatorios, otorgando discrecionalidad a la regulación de los servicios públicos. La intervención excede a la fijación de tarifas y afecta al proceso de inversión en las redes y a la calidad de servicio», criticaron. Los organismos que controlan a las transportistas y distribuidoras de gas y electricidad (el ente nacional solo regula a Edenor y Edesur) estuvieron intervenidos desde el 2007, luego de que explotó el escándalo por supuestas coimas en el denominado «Caso Skanska». En cambio, los técnicos radicales pidieron que se revise el costo del gas en boca de pozo, que se fija en un «mercado oligopólico, de alta concentración y sin ninguna transparencia». También apoyaron la decisión oficial de revisar las transferencias de Edenor y Edesur a la Ciudad y a la provincia de Buenos Aires por las «dificultades técnicas, económicas y regulatorias» que acarreaba. El IAE Mosconi es un think tank de políticas públicas, que junto a la Fundación Pensar y el grupo de los ex secretarios de Energía ayudaron entre 2014 y 2015 a armar el programa de gobierno de Mauricio Macri. El IAE mantuvo su independencia y se tornó muy crítico de la gestión anterior cuando Macri y el ex ministro Juan José Aranguren quisieron que el Estado se desprenda de Transener.

• (Cronista) Retenciones: el campo se encamina a un paro comercial Mientras en el Congreso se trata el megaproyecto de emergencia, productores realizan asambleas y perfilan un cese comercial que puede arrancar este mismo fin de semana. Los productores agropecuarios de todo el país y la dirigencia rural estarán hoy con la atención puesta en lo que suceda en la Cámara de Diputados con el tratamiento del megaproyecto de ley de «Solidaridad social y reactivación productiva», que contiene alícuotas máximas para los derechos de exportación de 33% para la soja y 15% para los cereales con vigencia hasta fines de 2021, como informó ayer El Cronista. Y en paralelo comenzarán a cristalizarse una serie de reuniones de las principales gremiales rurales, como la cordobesa Cartez; la pampeana Carbap, la santafesina Carsfe y la nacional Federación Agraria (FAA) para analizar medidas de fuerza que vienen exigiendo las bases desde que el sábado pasado se modificó el esquema de retenciones y por el cual la soja tributa ahora 30%, los cereales 12% y la carne y otros productos agroindustriales un 9%. El malestar fue en crecimiento desde el fin de semana y si bien el lunes mismo los dirigentes de la mesa de enlace fueron recibidos por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y apostaron al diálogo, el anuncio de misma noche del presidente Alberto Fernández de ir por tres puntos adicionales para las retenciones (volcado en el megaproyecto oficial) alteró más los ánimos de los hombres y mujeres de campo que reclaman a sus dirigentes acciones de fuerza inmediatas. Ayer, en el Congreso, los diputados de la oposición, en particular los ligados a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires encararon negociaciones tendientes a reducir los porcentajes máximos para los derechos de exportación incluidos en el proyecto que el Gobierno espera tener sancionado mañana mismo. Durante la tarde se buscó que los topes fueran de 30% para la soja, 12% para los cereales. Sin embargo, el proyecto llega al recinto con el artículo 49 original, y si bien se espera que los legisladores opositores que pidieron la rebaja voten en contra, todo hace prever que los topes máximos quedarán fijados como los propuso el Gobierno. Ante ese panorama, en las entidades nacionales evaluaban los reclamos de sus distintas filiales y de las bases de productores. Las opciones son simples van desde protestas escalonadas a un paro de comercialización de entre cinco a 7 días. Esa medida puede comenzar el sábado si es que como se espera el Gobierno consigue la sanción exprés de la ley para producir un shock de la economía, por lo que su extensión llegaría al menos hasta Navidad. La presión por un rechazo contundente al alza de las retenciones del agro se sustenta en que hoy el Estado ya se queda con el 60% de lo que produce la agricultura en su conjunto, relación que se eleva al 67% en el caso de la soja. Desde CRA, dijeron que los topes máximos «llevarían a quebranto productivo en amplias zonas del país, como los productores más alejados de los puertos». Y reforzaron que «en un año con clima seco esto se vuelve peligroso». Negociaciones, para enero El intento de negociar por parte de dirigentes de la oposición, e incluso algunos referentes del justicialismo de las provincias agroganaderas, una baja en los topes máximos que tendrán las retenciones a las exportaciones en los próximos dos años quedó detenido, con la ratificación de esas escalas en el dictamen de comisión para que la mega-ley sea tratada hoy mismo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una vez que el Gobierno consiga el aval parlamentario, algo que se prevé ocurrirá este mismo viernes, se habilitará una ronda de negociación para tratar las distintas realidades de las cadenas agroindustriales, como informó El Cronista en su edición de ayer. Una vez iniciado 2020 se habilitarán distintas mesas entre funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y los actores de las cadenas para proponer estímulos a la producción y rebajas por zonas, entre otras iniciativas que se pondrán en discusión. «La intención es no llegar a esos máximos», intentó tranqulizar a productores y exportadores el designado secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, al asistir al brindis de fin de año de las cadenas de la soja, el maíz, el trigo y el girasol.

• (Cronista) Retenciones: el campo se encamina a un paro comercial Mientras en el Congreso se trata el megaproyecto de emergencia, productores realizan asambleas y perfilan un cese comercial que puede arrancar este mismo fin de semana. Los productores agropecuarios de todo el país y la dirigencia rural estarán hoy con la atención puesta en lo que suceda en la Cámara de Diputados con el tratamiento del megaproyecto de ley de «Solidaridad social y reactivación productiva», que contiene alícuotas máximas para los derechos de exportación de 33% para la soja y 15% para los cereales con vigencia hasta fines de 2021, como informó ayer El Cronista. Y en paralelo comenzarán a cristalizarse una serie de reuniones de las principales gremiales rurales, como la cordobesa Cartez; la pampeana Carbap, la santafesina Carsfe y la nacional Federación Agraria (FAA) para analizar medidas de fuerza que vienen exigiendo las bases desde que el sábado pasado se modificó el esquema de retenciones y por el cual la soja tributa ahora 30%, los cereales 12% y la carne y otros productos agroindustriales un 9%. El malestar fue en crecimiento desde el fin de semana y si bien el lunes mismo los dirigentes de la mesa de enlace fueron recibidos por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y apostaron al diálogo, el anuncio de misma noche del presidente Alberto Fernández de ir por tres puntos adicionales para las retenciones (volcado en el megaproyecto oficial) alteró más los ánimos de los hombres y mujeres de campo que reclaman a sus dirigentes acciones de fuerza inmediatas. Ayer, en el Congreso, los diputados de la oposición, en particular los ligados a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires encararon negociaciones tendientes a reducir los porcentajes máximos para los derechos de exportación incluidos en el proyecto que el Gobierno espera tener sancionado mañana mismo. Durante la tarde se buscó que los topes fueran de 30% para la soja, 12% para los cereales. Sin embargo, el proyecto llega al recinto con el artículo 49 original, y si bien se espera que los legisladores opositores que pidieron la rebaja voten en contra, todo hace prever que los topes máximos quedarán fijados como los propuso el Gobierno. Ante ese panorama, en las entidades nacionales evaluaban los reclamos de sus distintas filiales y de las bases de productores. Las opciones son simples van desde protestas escalonadas a un paro de comercialización de entre cinco a 7 días. Esa medida puede comenzar el sábado si es que como se espera el Gobierno consigue la sanción exprés de la ley para producir un shock de la economía, por lo que su extensión llegaría al menos hasta Navidad. La presión por un rechazo contundente al alza de las retenciones del agro se sustenta en que hoy el Estado ya se queda con el 60% de lo que produce la agricultura en su conjunto, relación que se eleva al 67% en el caso de la soja. Desde CRA, dijeron que los topes máximos «llevarían a quebranto productivo en amplias zonas del país, como los productores más alejados de los puertos». Y reforzaron que «en un año con clima seco esto se vuelve peligroso». Negociaciones, para enero El intento de negociar por parte de dirigentes de la oposición, e incluso algunos referentes del justicialismo de las provincias agroganaderas, una baja en los topes máximos que tendrán las retenciones a las exportaciones en los próximos dos años quedó detenido, con la ratificación de esas escalas en el dictamen de comisión para que la mega-ley sea tratada hoy mismo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una vez que el Gobierno consiga el aval parlamentario, algo que se prevé ocurrirá este mismo viernes, se habilitará una ronda de negociación para tratar las distintas realidades de las cadenas agroindustriales, como informó El Cronista en su edición de ayer. Una vez iniciado 2020 se habilitarán distintas mesas entre funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y los actores de las cadenas para proponer estímulos a la producción y rebajas por zonas, entre otras iniciativas que se pondrán en discusión. «La intención es no llegar a esos máximos», intentó tranqulizar a productores y exportadores el designado secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, al asistir al brindis de fin de año de las cadenas de la soja, el maíz, el trigo y el girasol.

• (Cronista) Acreedores de Argentina ya contrataron asesores para renegociar la deuda En grupo de tenedores de bonos emitidos por la Argentina contrató asesores para las negociaciones con el país en dificultades después de que el presidente Alberto Fernández, confirmara que quiere reestructurar la deuda del país el año que viene. El grupo de acreedores designó a UBS Securities LLC y Mens Sana Asesores LLC para que los representen en las conversaciones, según un comunicado que consignó la agencia Bloomberg. Los acreedores están trabajando para facilitar un “diálogo constructivo” con el nuevo Gobierno y están comprometidos en trabajar con él para garantizar que se satisfagan los intereses de los tenedores de bonos argentinos, sostuvo el comunicado, que no especifica quiénes participan en el grupo. La administración de Fernández ya dijo que intentará negociar con los tenedores de bonos ya que se enfrenta a una gran cantidad de vencimientos de deuda que el próximo año. Argentina debe pagar casi u$s 11.000 millones entre capital e intereses en dólares a los bonistas durante los primeros seis meses completos de Fernández en el cargo, según datos recabados por Bloomberg. El grupo de acreedores es representativo de la base más amplia de tenedores de bonos de Argentina, afirmó el comunicado. Entre los inversores de bonos soberanos argentinos figuran Greylock Capital Management y T. Rowe Price Group Inc. Conflicto en Buenos Aires Otro grupo de acreedores, representado por Mens Sana Asesores y Broadspan Capital, se creó para negociar con la provincia de Buenos Aires, después de que el gobernador Axel Kicillof dijese que la provincia no podrá cumplir con sus obligaciones de deuda durante el próximo mes. Bloomberg también consignó que la provincia de Buenos Aires planea emitir deuda mañana por hasta $ 500 millones para refinanciar bonos que vencen este viernes 20 de diciembre. Según el comunicado enviado por la provincia bonaerense al regulador del mercado, emitirá hasta $ 250 millones en bonos a 42 días, $ 150 millones en títulos a 70 días y otros $ 100 millones en deuda a 182 días atada a tas Badlar. Fuentes de la gobernación bonaerense explicaron que esa emisión es parte del programa habitual de Letras del Tesoro de la provincia, contemplada en el Presupuesto 2019. Será la décimo tercera emisión en lo que va del año, destacaron.