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• (Ambito) Semana clave para la deuda: dos provincias en la mira de mercados y ruego al Vaticano. Expectativa por posibles derivaciones para Buenos Aires, el eventual efecto sobre la renegociación nacional y por eventual catarata de reestructuraciones. La atención de los mercados estará concentrada esta semana en el grado de adhesión de los bonistas a la propuesta del gobernador Axel Kicillof para postergar al 1 de mayo el vencimiento de capital de un título de la provincia de Buenos Aires, el BP21, por 250 millones de dólares. Este miércoles vence el plazo para que al menos 75% de los tenedores de ese título provincial presten su conformidad al reperfilamiento del capital y acepten cobrar el 26 de enero solo los intereses por u$s27 millones. El dato es clave porque para el cómputo no califica la deuda que está en manos de entes estatales o empresas del sector público. Solo los tenedores privados cuentan a la hora de manifestar el consentimiento. E importa el grado de adhesión, por las posibles derivaciones para la provincia de Buenos Aires, por el eventual efecto sobre la próxima renegociación de la deuda nacional y también por los temores de que se esté asistiendo al prólogo de una catarata de reestructuraciones de las obligaciones subsoberanas, cuya lista encabezaría Chubut. El fin de semana circuló un informe reservado de una sociedad de Bolsa con sede en Uruguay especializada en clientes institucionales referido al panorama de la renta fija argentina. El trabajo de 9 páginas de TPCG Financial Services sostiene que en opinión de sus analistas, será difícil para Kicillof alcanzar el 75% de consentimiento. ¿El motivo? Que se trata del pedido de reestructuración de un bono aislado, mientras que está pendiente la renegociación del resto de la deuda provincial. Y subraya que, aún si la Provincia lograra postergar los vencimientos más allá de 2020, todavía necesitaría financiar obligaciones por el equivalente a unos 2.200 millones de dólares. Nada fácil, sabiendo que el ministro de Economía nacional, Martín Guzmán descartó un rescate a Buenos Aires y no se percibe mayor apertura en el mercado de crédito voluntario. Por otra parte, si como dijo el gobernador no tiene la plata para pagar ahora, qué hace pensar que la tendrá en apenas 3 meses más. El trabajo de TPCG remata con una frase inquietante: si no alcanzara el porcentaje crítico de 75%, es probable que La Plata defultee no solo el capital sino también los intereses del BP21. Esa eventualidad podría ensombrecer la estrategia nacional, que consiste en cumplir el pago de intereses mientras duren las conversaciones para la reestructuración. ¿Dejará Alberto Fernández caer a Kicillof, mientras que a otras provincias las asistió con partidas de 1.000 millones de pesos? El panorama comenzará a despejarse este miércoles con el resultado de la solicitud de consentimiento, y el 26 que es el día previsto para el pago. En caso de no reunir 75%, a partir del lunes próximo, la Provincia tiene 10 días de gracia antes de ser declarada en default. Si esto ocurriera, arrastraría al resto de la deuda provincial, ya que las cláusulas de cross-default dispararían la aceleración de los restantes compromisos. El número final importa a los analistas porque podría ser considerado un indicio de lo que podría esperar el Tesoro nacional en el intento por reestructurar la deuda soberana. Para este caso el gobierno del presidente Alberto Fernández busca obtener el aval del FMI, que ya se pronunció a favor de las políticas puestas en marcha por la nueva administración, y cuya directora gerente, Kristalina Georgieva, ya tomó contacto con el representante argentino ante el organismo, Sergio Chodos. A principios de febrero las autoridades del Fondo y de la argentina se verían las caras en un seminario que organiza en Roma la Pontificia Academia de Ciencias Sociales con una agenda centrada en la solidaridad y la inclusión. Del mismo participará el papa Francisco y fuentes políticas aseguran que el Vaticano se involucraría más allá de una recomendación de apoyo a la Argentina. Días antes de esa reunión, está previsto el encuentro de Francisco y Alberto Fernández en la Santa Sede. Hay quienes hablan de algo inédito: ¿garantía del Vaticano para las obligaciones que surjan de la reestructuración? En tanto, también seguirá de cerca el mercado lo que suceda con Chubut, que ya manifestó la necesidad de renegociar los pagos de capital del bono provincial que vence en 2026. La intención del gobernador Mariano Arcioni es la de lograr el consentimiento de los acreedores para postergar 4 años el pago del capital y recortar en 50% el pago de intereses. El objetivo final es el desafectar las regalías de gas y petróleo que figuran como garantía para el cumplimiento de la deuda y que en caso de incumplimiento retiene automáticamente la firma Pan American Energy. Para poder reestructurar, Arcioni necesita también 75% de adhesión de los tenedores del bono garantizado Chubut 26 (PU26), que fueron emitidos bajo Ley Nueva York. Para la mayoría de los analistas, la provincia que está fuera de cualquier sospecha es Córdoba además de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), que la semana pasada logró colocar en el mercado local 9.400 millones de pesos en un bono a 3 años, a tasa Badlar más 8,25% anual. La cifra equivale a poco menos de u$s150 millones, que Horacio Rodríguez Larreta prevé utilizar para la cancelación de u$s180 millones del bono CABA21 que vence el mes próximo. En el caso de Córdoba, el gobernador Juan Schiaretti se despegó de Kicillof asegurando que su provincia cumplirá en tiempo y forma con los compromisos de deuda local. Claro, la provincia mediterránea solo tiene obligaciones previstas por 35 millones de dólares entre febrero y marzo próximos. Por el momento, fueron más los ruidos que las certezas respecto de la renta fija y eso de alguna manera enfrió el clima positivo que venía arrastrando en alza a los títulos soberanos.

• (Ambito) Alberto sube a Kicillof al avión a Israel por la crisis de la deuda. El Presidente no quiere descuidar la postergación del vencimiento de un bono emitido por la provincia que podría tener impacto en el proceso de renegociación de obligaciones ante el FMI. Relaciones exteriores pero también urgencias locales. Alberto Fernández viajará mañana a Israel, en su primera visita oficial a un país desde que asumió el 10 de diciembre, y subió al avión a Axel Kicillof tras el anuncio de incapacidad de pago de la provincia del bono BP21. El Presidente sigue de cerca el proceso bonaerense de renegociación de la deuda que tendrá impacto en las negociaciones que Martín Guzmán deberá llevar adelante ante el Fondo Monetario Internacional y los tenedores privados de deuda a nivel nacional. El Gobierno de la provincia de Buenos Aires propuso prorrogar hasta el 1 de mayo el pago de un vencimiento de capital previsto para el 26 de enero. En paralelo, desde la Casa Rosada advirtieron que no habrá un salvataje de esa deuda con fondos nacionales para testear el desenvolvimiento de esa renegociación. “Los acreedores entienden bien la solución que le presentamos. Este año la provincia tiene 2.900 millones de dólares de vencimientos de deuda. Nosotros aclaramos que hay cuestiones y prioridades que vamos a atender, porque no dejaremos a los sectores que la están pasando tan mal sin alimentación, sin cuestiones básicas y con las escuelas rotas”, dijo Kicillof este fin de semana en una entrevista. El viaje de Fernández a Israel tendrá también impacto en el apoyo que Estados Unidos debería dar en el FMI, como socio mayoritario, para acceder a nuevo plazos de pago de los u$s 44.000 millones que el organismo desembolsó en el país durante la gestión de Mauricio Macri. El encuentro en Jerusalén se perfila además como la primera oportunidad para que el mandatario argentino mantenga reuniones bilaterales con líderes mundiales, pero esa agenda no está confirmada aún. Además del ruso Vladímir Putin y el francés Emmanuel Macron, el jueves participarán del Foro “Recordando el Holocausto y luchando contra el antisemitismo” el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, la mayor parte de los líderes de Europa, el príncipe de Gales y el presidente israelí, Reuven Rivlin. La comitiva que acompañará al Presidente estará integrada por la primera dama, Fabiola Yáñez; el canciller Felipe Solá, el designado embajador en ese país, Sergio Urribarri, y el vocero presidencial, Juan Pablo Biondi, además de Kicillof, y el diputado Eduardo Valdés, según información suministrada por Cancillería. El viernes, cuando concluya el foro, Fernández partirá rumbo a la Argentina, para llegar a Buenos Aires el sábado. La última semana, cuando se conoció la decisión del mandatario de asistir a los homenajes, el director del Departamento de América Latina en la Cancillería de Israel, Modi Ephraim, había considerado que su presencia “es una muestra del compromiso del Gobierno argentino en la lucha contra el antisemitismo” y destacó “la importancia que tiene la relación con la colectividad judía argentina, la más grande y la más importante en América Latina”, según declaraciones a la agencia de noticias AJN. Pero el viaje a Israel no será la única presencia oficial cuando se conmemoran los 75 años de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz. Según la información oficial, la Argentina estará presente en la recordación de ese aniversario que se realizará en Oeswiecim (Polonia) el 27 de este mes, con una delegación encabezada la embajadora en ese país, Ana María Ramírez. Desde la Cancillería recordaron que la Argentina es el único miembro pleno de América Latina de la organización internacional “International Holocaust Remembrance Alliance” (IHRA), de la que forma parte desde 2002, bajo la presidencia de Eduardo Duhalde. En ese marco, el actual embajador en Bélgica, Pablo Grinspun, asistirá a la reunión convocada por el ministro de Relaciones Exteriores de Luxemburgo, en su carácter de presidente de la IHRA, que se celebra en Bruselas. Se trata de una reunión de trabajo que culminará con la adopción de un documento de mucha significación para la continuidad de los esfuerzos realizados desde 2000 y la reafirmación de los países miembros de continuar la lucha contra el antisemitismo, según la información previa al evento. Mientras tanto, en la Argentina -siguiendo lo establecido en 2005 por las Naciones Unidas que instituyó el 27 de enero como “Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto”- esa fecha también tendrá su acto recordatorio. La ceremonia estará a cargo del “Capítulo Local de la IHRA”, conformado por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Educación y de Relaciones Exteriores y Culto, junto a instituciones de la sociedad civil. Esa conmemoración fue declarada “de interés nacional” por el Poder Ejecutivo en 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner ejercía la Presidencia.

• (Cronista) Deuda: los vencimientos por casi 2% del PBI suman presión hasta marzo El plazo que se fijo Alberto Fernández para tener cerrada la renegociación de la deuda no parece caprichoso. Con fuertes vencimientos hasta el 31 de marzo, se necesita el acuerdo con los acreedores, o sino deberán emitirse pesos para cubrir las obligaciones. La necesidad de avanzar con las negociaciones para la deuda y tener una pronta resolución no es caprichosa. Los vencimientos de deuda hasta el 31 de marzo suman por el equivalente de casi 2% del PBI. «En el primer trimestre el Tesoro tiene que afrontar vencimientos de capital e intereses de más de $ 530.000 millones, algo menos de 2% del PBI. Ese monto se distribuyen en $ 50.000 en enero; $ 150.000 en febrero y casi $ 330.000 en febrero», sostuvo Bárbara Guerezta, de Arriazu Macroanalistas. El esquema que planteó es el vigente, antes del llamado a la licitación para canjear hoy algunas Lecap por otras letras que ajustan por tasa Badlar (ver pag.6). Según su visión, los vencimientos se pueden afrontar con colocaciones de deuda y con superávit fiscal primario este mes. Pero para febrero y marzo, aún si el sector público mantiene un superávit, «no alcanzaría a cubrir todo y se necesitaría renovar más de la mitad de los vencimientos de febrero, que incluye el pago del bono dual (por casi u$s 1800 millones el 13 de febrero) y casi el 90% de los vencimientos de marzo». En ese sentido, se planteó si sería imposible avanzar con un esquema de rolleo de estas características, y consideró. «No, pero sí es desafiante». Avanzó cuando dijo que si no cierran la negociación antes del 1 de abril, deberán imprimir todos los pesos que falten para hacer frente a los compromisos, como ocurrió endiciembre. «Si renuevan el 60% como estuvieron haciendo hasta ahora, tendrían que volcar al mercado pesos por casi 10% del stock de base monetaria, y casi todo en marzo», sostuvo Guerezta. El punto en cuestión ahí se resume a ver cómo evoluciona la demanda de dinero. De no crecer a un ritmo tan rápido como necesita el Gobierno puede «generar presiones en los mercados cambiarios ´alternativos´», describió. Lorena Giorgio, de Econviews, calculó que en lo que resta del primer trimestre el Gobierno deberá afrontar vencimientos en pesos por el equivalente a unos u$s 5200 millones, entre Lecaps, el bono dual y el Bogato, también aún sin el resultado del canje que ahora propone la Secretaría de Finanzas. «Este monto es neto de intereses, y sólo con el sector privado. La presión va a ir en aumento durante los próximos meses, y en caso de que esos pesos se obtengan del financiamiento del BCRA, luego tendrán que ser esterilizados», señaló. Y agregó: «No hay demasiado tiempo para cerrar un acuerdo con acreedores, y que marzo es un mes bisagra en cuanto a los vencimientos de capital». En abril vence el Boncer, por más de $ 40.000 millones; en mayo Lecap por casi $ 60.000 millones, y el junio el Bopomo por más de $ 130.000 millones. Coincidió Federico Furiase de EcoGo: «Se haría muy difícil reconstruir la curva de pesos y rollear los vencimientos de pesos de febrero / marzo si se extiende en el tiempo la negociación de la deuda en dólares y no hay buenas señales al respecto». Es por eso que resaltó que la señal de la colocación de las letras intransferibles del Tesoro al BCRA por u$s 4500 millones ya que da margen para hacer frente a los vencimientos de bonos en dólares con sector privado legislación local e internacional de los primeros seis meses del año, o bien para el total de los vencimientos de bonos en dólares con sector privado legislación internacional del año. «Si se extiende más allá del primer trimestre el riesgo es que la brecha pase factura y de ahí complicar la inercia inflacionaria y la nominalidad», advirtió.

• (Cronista) El plazo que fijó el Gobierno para negociar la deuda crea dudas entre los inversores Hasta ahora el Gobierno recibió propuestas y evalúa a las instituciones que rastrearán en manos de quién están los títulos públicos. Los analistas evalúan poco probable llegar a abril con el tema resuelto. Los días corren y el plazo para llegar al 31 de marzo con la renegociación de la deuda ya resuelta se ve más difícil. Es que hasta ahora se conocieron pocos avances de manera oficial, por lo que los analistas ven cuesta arriba terminar de negociar para esa fecha. El encargado de transmitir ese plazo como fecha límite fue el propio Alberto Fernández. «Creo que de acá al 31 de marzo vamos a tener bien claro cómo estamos, porque ahí también vamos a tener resuelto cómo queda la deuda externa», afirmó el mandatario en una entrevista reciente. Hasta ahora, el Gobierno recibió propuestas y evalúa a las instituciones que serán las encargadas de rastrear en manos de quiénes están los títulos públicos. Además, Martín Guzmán tiene previsto estar hacia fin de mes en Nueva York, en una reunión en la que presentaría el programa económico local.¿Por qué existe ansiedad por resolver esta cuestión? Es un condicionante que define en buena parte, según sea su resolución, cómo evolucionará la política económica del Frente de Todos. «Parece un plazo bastante ambicioso. Con los escasos o nulos avances formales e informales que hubo; para el 31 de marzo deberíamos llegar con algo concreto que dé la expectativa de si la cosa camina o no, pero no creo que sea con el tema resuelto», dijo Leonardo Chialva, de Delphos Investment. Coincidió Lorena Giorgio, de Econviews, cuando marcó que por ahora pareciera que la negociación va más lenta de lo que se esperaba en principio. «Si bien se avanzó en el frente fiscal dando señales al mercado de que la intención es profundizar el proceso de consolidación, continuar pagando la deuda en pesos y crear (o reflotar) un nuevo instrumento de ahorro y financiamiento en pesos, los desafíos en los próximos meses no son menores», mencionó la analista. De acuerdo con análisis privados, el saldo que deja la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva es de una mejora fiscal que oscila entre 1 punto y 2,5 del PBI, según quién lo calcule. Esta señal fue bien tomada por el mercado, que reaccionó de manera positiva. Aunque esa «luna de miel» se esfumó tras la intención de la provincia de Buenos Aires de postergar hasta mayo el pago del bono BP 21. También Guido Lorenzo mencionó que ven complicado, desde LCG, que se llegue a renegociar antes del 31 de marzo. «Los interlocutores con los que tiene que interactuar el ministro no tienen todos las mismas preferencias y una oferta one size for all posiblemente no funcione», describió. Otro aspecto que señaló es que es nunca se trató finalmente en el Congreso el hecho de que los títulos bajo ley local siguen sin tener las cláusulas de acción colectiva (CAC) y «eso podría disparar litigios». En ese sentido, definió que se podría pensar en una reestructuración rápida pero que «dejaría al país en una situación en la que sigue siendo insolvente y en dos o tres años se vuelve a chocar». Para Federico Furiase, de EcoGo, el Gobierno debería liquidar la negociación de la deuda en el primer trimestre, «sobre todo con el ruido que hay en provincia de Buenos Aires y el que vendrá con otras provincias, y por la presión que hay en la brecha cambiaria frente a la emisión monetaria, la incertidumbre en general y los fuertes vencimientos de bonos en pesos que se vienen» en los próximos dos meses. El economista definió a la negociación de la deuda como un «evento bisagra». Es que analiza que «una negociación exitosa es condición necesaria para bajar riesgo país, moderar presión en la brecha y estabilizar variables nominales, lo cual permitiría empezar a descongelar dólar y tarifas con menor impacto en inflación». El viaje de Guzmán El ministro de Economía, Martín Guzmán, viajará a Nueva York, en una visita breve, en la que participará de una reunión del Consejo de las Américas. Será el próximo martes 28. Según informaron desde el Ministerio de Economía, Guzmán presentará los lineamientos del programa económico en el encuentro y no pasará, luego, por Washington para reunirse con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, como se había especulado. Tampoco se confirmó si, en su primer viaje como titular de Economía, Guzmán tendrá alguna reunión con inversores, analistas y empresarios extranjeros en relación a la renegociación de la deuda. Luego del paso por Nueva York, el funcionario partirá hacia Europa donde participará el 5 de febrero de un encuentro sobre economía en el Vaticano. Allí sí podría concretarse un contacto con Georgieva. La jefa del Fondo ofreció este viernes en Washington otra señal de cercanía con el gobierno de Alberto Fernández. «Hemos tenido interacciones muy constructivas hasta ahora con el nuevo liderazgo en la Argentina», dijo Georgieva, durante un evento en el Instituto Peterson de Economía Internacional, en Washington. En tanto el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se mostró confiado en que la Argentina va a «contar con la invalorable ayuda» del papa Francisco en temas como la renegociación de la deuda.

• (Cronista) La energía de Alberto, entre el déjà vu de Chevron y las «actas acuerdo» El envío de una nueva Ley de Hidrocarburos y el congelamiento de las tarifas alimentan recuerdos en las empresas privadas. El delicado equilibrio entre beneficios a medida y tarifas insuficientes. El primer mes de gobierno de Alberto Fernández sumó ilusionados y desencantados en el sector energético, un área que podría atraer inversiones multimillonarias pero para la que todavía no se definió una política clara. Entre la ansiedad y la desesperación, quienes llevan una larga trayectoria en las empresas privadas empiezan a imaginar un revival de la política energética imperante durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo dos etapas distintivas: congelamiento férreo de precios y tarifas entre 2003 y 2012, y una progresiva salida posterior con incentivos a la producción después de la estatización de YPF, aunque con tarifas aún congeladas y apagones masivos en los veranos hasta 2015. Para petróleo y gas, el presidente Alberto Fernández les prometió el jueves a las compañías productoras el envío de una nueva Ley de Hidrocarburos, que complemente y/o suplante a la 27.007, sancionada en 2014. Tendría reminiscencias del acuerdo suscripto entre YPF y Chevron en 2013 que motorizó las inversiones en la formación Vaca Muerta. Aunque los detalles de ese convenio todavía hoy, a más de seis años de su concreción, no se conocen (es ultra secreto), el Decreto 929/2013 blanquea algunos beneficios: libre disponibilidad para el giro de divisas al exterior aún pese al control de capitales o cepo y exportaciones sin retenciones o con una alícuota menor. La nueva Ley de Hidrocarburos, que elaboró el actual titular de YPF, Guillermo Nielsen, y que también tiene «bajo siete llaves» se tratará en el Congreso Nacional durante las sesiones extraordinarias de febrero. «La norma dará certezas para generar inversiones que permitan incrementar la producción de gas y petróleo, desarrollar una cadena productiva, impulsar la creación de puestos de trabajo e impulsar las exportaciones», adelantaron fuentes del Gobierno. En rigor, el oficialismo intentará poner en un pie de igualdad tributaria y regulatoria a todas las cuencas productoras y hacer viables las inversiones en el convencional (que dinamizaría la actividad en Chubut, en medio de una grave crisis provincial) y en la actividad off shore (Costa Afuera, en el Mar Argentino). También podría extenderse la adenda del acuerdo laboral de Vaca Muerta a todo el país, mientras que se podría sancionar un nuevo marco regulatorio para exportar Gas Natural Licuado (GNL) a gran escala. El espíritu Chevron que tendría la nueva Ley de Hidrocarburos alimenta un déjà vu en los sectores regulados, como el transporte y la distribución de gas y electricidad. Allí, recuerdan que Kirchner asumió en 2003 con la promesa de congelar las tarifas por solamente 180 días, al igual que su entonces Jefe de Gabinete, pero siempre se les corrió el arco y el congelamiento duró 12 años. Aunque en el Gobierno juran que el congelamiento de las tarifas es por «hasta 180 días» y que se puede alcanzar una solución incluso antes que a mitad de junio, cuando vence ese plazo impuesto por la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública, en las licenciatarias de servicios públicos desconfían. Los antecedentes hablan por sí mismos: los ingresos de estas empresas en términos reales fueron cayendo rápidamente por la devaluación de 2002 y la inflación que se aceleró en 2006 mientras las tarifas permanecían en el freezer. En respuesta, las compañías dejaron de pagar el gas a las productoras y dependieron del Estado Nacional para extender sus redes. En abril de 2006 se dictaminó el primer incremento de las tarifas, que no fue generalizado sino direccionado a la única empresa que negoció: Gas Natural BAN. Se dispuso un ajuste de 27,5% en sus ingresos, pero que recién fue efectivizado al año siguiente, en 2007. Por aquel entonces, sin una Revisión Tarifaria Integral (RTI), proliferaron las «actas acuerdo», que fueron negociaciones individuales. Los accionistas más duros llevaron sus casos al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Ya en 2017, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, propuso un sendero de suba de tarifas compatible con la necesidad de ingresos de las transportistas y distribuidoras de gas a cambio de que olviden sus reclamos ante el Estado en el CIADI, que totalizaban unos u$s 3400 millones. En el oficialismo saben aquel viejo axioma que reza que a un congelamiento es fácil entrar pero es difícil salir y por eso prometen celeridad en el asunto. Fuentes empresariales que participaron de una reunión hace diez días con el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales, vieron una buena recepción en la Secretaría de Energía. Allí, les comentaron que en el Gobierno plantean salir de esta situación mirando hacia adelante, al futuro. Es decir: que se olviden de lo perdido por el congelamiento electoral que determinó el ex presidente, Mauricio Macri, que paró el aumento programado de las tarifas de octubre 2019, en el caso del gas, por la cercanía con las elecciones presidenciales. Desde abril del año pasado, cuando se hizo el último ajuste, el margen del transporte y la distribución acumuló un atraso superior al 40%, que las licenciatarias deberían llevar a pérdida para mantener una buena relación con las autoridades y ajustar sus ingresos a partir del segundo semestre de 2020 con un índice de inflación esperada para los meses siguientes.

• (Cronista) El BCRA baja tasa de pases y ofrece Leliq a 14 días para estirar plazos Desde mañana el Banco Central empezará a licitar Leliq a 7 y 14 días, con el rendimiento de 50% prefijado. La remuneración de los pases a 1 día, en tanto, será la mitad de la tasa de política monetaria. esde mañana, el Banco Central (BCRA) ofrecerá Leliq a 7 y 14 días, aunque dará prioridad a las ofertas a mayor plazo. Las subastas se realizarán los martes y jueves con un único llamado diario. Así, la entidad dio por finalizada formalmente la modalidad que rigió hasta el viernes, de dos llamados por día hábil. En los hechos, la doble licitación había perdido sentido luego de que el BCRA asegurara un piso de tasa y limitara la cantidad de ofertas que podían hacer los bancos. La operatoria seguirá realizándose mediante el sistema Siopel del Mercado Abierto Electrónico (MAE), al que sólo acceden los bancos. «En cada licitación, los agentes podrán cargar hasta un máximo de tres posturas, cada una con un monto mínimo de $ 10 millones. Las posturas, una vez ingresadas, no podrán ser modificadas ni canceladas por las entidades. Se dará prioridad a las posturas ingresadas en el plazo más largo. Las posturas serán adjudicadas con precios múltiples. Se utilizará un sistema de prorrata en caso de ser necesario. La apertura de la licitación será a las 14.15 horas y las ofertas se aceptarán hasta las 14.30 horas», explicó el BCRA. Por otra parte, el organismo también decidió bajar la tasa de pases pasivos a día. Estos instrumentos siempre pagaron un rendimiento menor a la tasa de referencia. El viernes, el coeficiente había sido de 87,5 de la tasa de Leliq, por lo que pagaban 43,75% frente al 50% de las Letras de Liquidez. La autoridad monetaria decidió que desde el 27 de enero estos instrumentos pagarán la mitad de la tasa de referencia. «El coeficiente a ser utilizado para el cálculo de la tasa de pases pasivos a un día se mantendrá sin cambios la próxima semana para luego, a partir del 27 de enero, reducirse a 0,5. Esto permitirá tender a un alargamiento de los plazos de maduración de los pasivos remunerados de este BCRA», expresó. El organismo también bajó la tasa que cobra por los pases activos, es decir, por prestarle dinero a los bancos. Pasó de 1,5 a 1,2 sobre la tasa de referencia, aunque el BCRA no indicó desde qué día operará ese cambio. La baja en la remuneración de los pases pasivos a 1 día busca desincentivar estas colocaciones de corto plazo. Es que, luego de las medidas que había tomado la entidad para limitar las ofertas por Leliq (sólo renovaba el vencimiento), los bancos se habían volcado a este instrumento y su stock había llegado a superar al de Letras. Según el último dato disponible, al jueves pasado, los pases totalizaban $ 798.715 millones, mientras que las Leliq sumaban $ 777.399 millones. Con esta nueva baja de la tasa, los bancos estarían más tentados a volver a colocar su liquidez en Letras. Según pudo averiguar El Cronista, el piso de tasa de 50% fijado por el BCRA aplicará a ambos plazos de Leliq y la entidad regulará la colocación a 7 y 14 días por cantidades, con prioridad en el plazo más largo. Más allá de eso, e inmersos en un sendero descendente de la tasa, es probable que las instituciones financieras prefieran asegurarse el mayor rendimiento por más tiempo y, por ello, suscribir a dos semanas. No obstante, la autoridad monetaria no aclaró si emitirá más Leliq en lugar de solo renovar los vencimientos. Si lo hiciera, los bancos tendrían más espacio para suscribirlas y el BCRA podría absorber mayor cantidad de los pesos que inyectó en los últimos meses.

• (Cronista) Wall Street en alerta por una medida de Trump que busca controlar la especulación financiera Desde marzo, los datos mensuales de empleo ya no serán entregados a periodistas con anticipación. La empresa fundada por el candidato demócrata Michael Bloomberg es una de las más perjudicadas. Hace rato que los inversores conviven en los mercados financieros con los algoritmos que permiten realizar operaciones de compra y venta de acciones (pero también de monedas, commodities y productos derivados) en milésimas de segundo. Es lo que se conoce como «trading de alta frecuencia», y cobra especial relevancia en estos días debido a que el gobierno de Donald Trump acaba de ponerlo en la mira, ya que parte de la especulación que existe en las bolsas mundiales pasa por estas sofisticadas computadoras que realizan transacciones en fracciones de tiempo, sin ningún tipo de intervención humana. Todos en Wall Street están alertas ante una medida que entrará en vigor a partir del 1° de marzo, que busca impedir que los traders de alta frecuencia dispongan antes que el resto de una de las informaciones más sensibles que publica el gobierno de EE.UU.: los datos mensuales de empleo. El Departamento de Trabajo de ese país anunció que ya no entregará los datos 30 minutos antes de su publicación oficial a los periodistas acreditados, una tradición que se mantuvo durante décadas y que permitía a los cronistas preparar sus notas durante media hora para poder brindar la información en tiempo real. De acuerdo con autoridades del gobierno de Trump, este lapso de tiempo en el que se entregaban por anticipado los datos mensuales a los periodistas especializados no impidió que los especuladores contaran con la información antes que los demás, lo que daba una ventaja comparativa muy importante a la hora de invertir en los mercados. Las milésimas de segundo que estos algoritmos tardan en enviar enormes cantidades de órdenes de compra y venta a muy corto plazo hacían que pudieran obtener mayores ganancias que los demás, aparte del riesgo de que se generaran fraudes financieros con la información obtenida. En la práctica, los periodistas que tienen derecho a recibir cada primer viernes de mes los datos de empleo antes que los demás, cuentan con una autorización para ingresar a una sala especial del Departamento de Trabajo ubicada en Nueva York, donde están obligados a mantener un embargo informativo de media hora. Después de atravesar varias medidas de seguridad y dejar sus celulares, cámaras y relojes inteligentes en la entrada, son encerrados a las 8:00 de la mañana en un búnker donde se les entrega el informe de empleo, que consta de 40 páginas. Media hora más tarde, la información se hace pública, mientras que los periodistas tienen derecho a empezar a enviar sus comentarios, análisis y crónicas a sus medios y clientes, entre los que se encuentran los traders de alta frecuencia. Antes, estos cronistas habían escrito sus textos en computadoras sin conexión de Internet, la que es reestablecida a las 8:30 para que puedan transmitir. Pero ahora, el gobierno de Trump decidió poner fin a esta práctica, ya que considera que beneficia a los especuladores. A partir de marzo, todos los datos serán publicados primero en el sitio web del Departamento de Trabajo, desde donde los periodistas podrán tomar la información y divulgarla. «El gobierno está gastando millones de los contribuyentes para garantizar estos embargos que benefician a los traders. Esto no va en línea con la misión de una agencia de estadísticas de proveer un acceso igualitario para todos», opinó Erica Groshen, ex directora de la Oficina de Estadísticas Laborales. La medida tomada con las estadísticas de empleo no es una novedad en esta materia. En 2018, el Departamento de Agricultura había decidido hacer lo mismo con sus datos mensuales de cosechas, al considerar que los traders de alta frecuencia tenían una ventaja de dos segundos entre el momento en que recibían la información y que el organismo publicaba los datos en la web. Desde entonces, las cifras son publicadas directamente en el portal del Departamento de Agricultura, que no está exento de cometer errores, demoras y que, en más de una ocasión, vio saturarse el acceso a su sitio por la cantidad de interesados que pugnaban por ver los datos recién publicados. Incluso más de un analista advirtió del riesgo de que la información fuera hackeada en el momento en que se estaba cargando. ENEMIGOS ÍNTIMOS Para la prensa especializada, tanto escrita como televisiva, cuyos ingresos provienen en gran parte del trabajo de anticipar y analizar en tiempo real los datos publicados, la medida es un golpe duro de asimilar. Muchos consideran que se trata de un capítulo más en la pelea que libra el presidente estadounidense con buena parte de los periodistas, muy críticos con la gestión de Trump. Pero la más perjudicada es la agencia Bloomberg, fundada por Michael Bloomberg, pre-candidato a la presidencia por el partido Demócrata. La empresa obtiene buena parte de su facturación del envío de estas informaciones a través de sus terminales a los distintos operadores en Wall Street, entre ellos los traders de alta frecuencia. Para varios analistas, con la campaña comenzando a recalentarse por el juicio político a Trump, el presidente podría intentar que la cobertura de las elecciones que haga la agencia no sea tan contraria a sus intereses.

• (BAE) Consultora advierte que la estabilidad del dólar durará poco y seguirá la recesión. Los analistas ortodoxos desconfían de la política monetaria. Para la consultora Economía & Regiones (E&R) la estabilización de la economía será temporal y tarde o temprano la brecha entre el paralelo y el oficial generará un pico inflacionario. Una de las claves para el derrotero de la actividad económica 2020 será lo que ocurra con el dólar: las proyecciones más optimistas estiman que con el cepo se evitará una corrida y habrá una apreciación relativa, que permitirá que el PBI muestre a fin de año mejoras en la comparación con diciembre del 2019. Es decir: caída entre promedios entre este año y el anterior. Pero mejora punta a punta. A través de un informe, la firma sostuvo: «En E&R pensamos que más temprano que tarde el dólar paralelo volverá a saltar y la brecha ensancharse, con lo cual la inflación volverá a acelerarse y el problema cambiario terminará siendo peor que el actual. El nivel de actividad también. Nadie puede sorprenderse. Por el contrario, la locura sería pensar que haciendo más de lo mismo el resultado puede ir en sentido opuesto». La consultora dirigida por Diego Giacomini sostuvo que el país está «frente a un nuevo plan de estabilización transitoria, que sólo podrá desacelerar algo la inflación en el muy corto plazo, pero luego más temprano que tarde, la inflación volverá a acelerarse». E&R destacó que «los pasivos monetarios relevantes multiplican por 4,43 a las reservas de libre disponibilidad en noviembre de 2019». «Un BCRA quebrado es promesa certera de más devaluación e inflación para licuar los (muchos) pasivos en pesos y ponerlos en línea con los (pocos) activos en dólares», afirmó. En ese sentido, los analistas ortodoxos advierten por la «trampa de febrero», en la que cayeron los últimos presidentes del BCRA. Bajaron la tasa en los picos de demanda de pesos de diciembre-enero y pagaron con devaluaciones en febrero.

• (Infobae) Los exportadores argentinos de trigo ganan mercado por los incendios en Australia La sequía en Australia hace que los envíos de trigo argentino a Asia se preparen para batir récords este año, luego de haber alcanzado números altos el año pasado. Los despachos de trigo argentino a Asia treparían a máximos récord en los próximos dos meses debido a la sequía que afecta la producción australiana y ante los menores inventarios del Mar Negro, dijeron a agencias fuentes de comercio de Singapur. Indonesia, el mayor importador de Asia, junto con Vietnam, Tailandia y Filipinas deberían recibir cerca de 1,2 millones de toneladas de trigo argentino, indicaron los operadores, que tienen acceso a datos de envíos. “Los volúmenes de este año de trigo enviado a Asia desde Argentina son sustancialmente más altos que en 2019, que fue un año récord para los suministros argentinos”, afirmó a Reuters una de las fuentes, que opera desde Singapur y abastece de trigo a los molinos de la región. “Argentina tiene una gran cosecha que vender este año”, agregó. Argentina se convirtió en un exportador clave de trigo a Asia a principios de 2019, ya que el tercer año consecutivo de sequía frenó las exportaciones de trigo de Australia La Bolsa de Cereales de Buenos Aires elevó sus pronósticos para la cosecha de trigo en el ciclo 2019/20 a 18,8 millones de toneladas desde una previsión anterior de 18,5 millones de toneladas. Así, Argentina contaría con un excedente de cerca de 12 millones de toneladas para exportación en 2019/20, según fuentes del mercado asiático. “Más de la mitad de los 1,2 millones de toneladas (para febrero y marzo) van sólo a Indonesia”, apuntó uno de los operadores.Indonesia tiene previsto recibir cerca de 700.000 toneladas. Se espera que a los puertos vietnamitas lleguen cargueros con cerca de 300.000 toneladas en los próximos dos meses.Para Tailandia hay cerca de 150.000 toneladas de trigo argentino en camino, mientras que Filipinas recibiría alrededor de 60.000 toneladas. Para todo 2019, Indonesia compró 1,7 millones de toneladas de trigo argentino, según datos de Refinitiv Eikon. Vietnam importó 182.000 toneladas y Tailandia, 396.000 toneladas. Argentina contaría con un excedente de cerca de 12 millones de toneladas para exportación en 2019/20 Argentina se convirtió en un exportador clave de trigo a Asia a principios de 2019, ya que el tercer año consecutivo de sequía frenó las exportaciones de trigo de Australia, hasta entonces el principal proveedor de ese mercado. De la misma manera, las reservas de grano se redujeron en la región del Mar Negro después de un ritmo frenético de exportaciones. Este año, el Ministerio de Agricultura de Rusia está buscando establecer una cuota no arancelaria para las exportaciones de grano de 20 millones de toneladas en enero-junio, dijo en un comunicado el martes, añadiendo que la cuota sería eliminada más tarde en la parte más activa de la temporada para el comercio. El mes pasado, Australia redujo su pronóstico de producción de trigo en casi un 20% para el año hasta junio de 2020, ya que la incesante sequía en la costa este del país probablemente hará que la producción caiga a su nivel más bajo de los últimos 11 años.