LOCAL

(AMBITO) Reunión BCRA-UIA: analizan flexibilizar restricciones al pago de importaciones
Pesce almorzó con la cúpula de la entidad fabril tras los reclamos de las empresas. Habrá una serie de encuentros con cámaras sectoriales para acercar posiciones. Buscan evitar stockeo especulativo.

En pleno acercamiento del Gobierno al empresariado con el objetivo de impulsar un acuerdo social y, en particular, en medio de las tensiones por los límites al pago anticipado de importaciones impuestos recientemente por el Banco Central para cortar el drenaje de reservas, Miguel Pesce se reunió con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA). El impacto de esta medida en el ingreso de insumos fue el eje principal del encuentro, que abrió la puerta a una flexibilización. El presidente de la autoridad monetaria les planteó a sus interlocutores que analiza la posibilidad de remover restricciones siempre y cuando se mantenga el respiro que generó la regulación en la intervención cambiaria oficial y las empresas no aprovechen el acceso al dólar oficial para especular con sobrestockeos. Acordaron crear una mesa de trabajo para avanzar en este y otros temas.

“Fue una buena reunión”, coincidieron fuentes de ambas partes consultadas por Ámbito. Se trató de un almuerzo en la sede de la UIA, que comenzó a las 13:30. Pesce acudió acompañado por su vicepresidente primero, Sergio Woyecheszen. Por la entidad fabril, participaron los vicepresidentes David Uriburu y Guillermo Moretti; el secretario, Miguel Rodríguez; el tesorero, Martín Rapallini; el director ejecutivo, Diego Koatz; y el presidente, Daniel Funes de Rioja, quien horas más tarde se reunió en su calidad de titular de la Copal con el flamante secretario de Comercio, Roberto Feletti, en medio de la puja por el acuerdo de precios que impulsa el Gobierno.

El telón de fondo del encuentro fue el reclamo por parte de algunas empresas sobre las dificultades para acceder a insumos del exterior que habría generado la última regulación del BCRA. El martes 5 de octubre, la autoridad monetaria decidió limitar hasta fin de mes el pago anticipado de importaciones, un mecanismo que se había disparado en los últimos meses y había contribuido a una mayor salida de divisas en septiembre. Como suele ocurrir en momentos de presión sobre la brecha cambiaria, algunos importadores especulan y cancelan por adelantado el grueso de sus compras al exterior para garantizarse un dólar más barato del que esperan conseguir más adelante en caso de que hubiera una devaluación (algo que el Gobierno descarta). Esas prácticas hicieron que el mes pasado se pagaran u$s400 millones más que las importaciones efectivamente ingresadas al país.

La medida, que a fin de mes el BCRA deberá definir si extiende o discontinúa, torció la tendencia y permitió un rebote de las reservas netas. El Central pasó de vender en el mercado mayorista un promedio de u$s97 millones diarios en las cinco ruedas previas a comprar u$s100 millones por días en las cinco jornadas posteriores. Desde entonces, ya compró más de u$s700 millones netos. Esta dinámica positiva, en un mes de estacionalidad desfavorable, es la que ahora abre la puerta a una posible flexibilización de los controles que impiden realizar un pago adelantado de una porción de la mercadería, lo que –según los empresarios- muchas veces es un requisito para garantizar que los proveedores del exterior envíen sus productos.

En la reunión, se conversó sobre este punto. El titular del BCRA dijo que el compromiso del Gobierno es “priorizar el uso de las divisas para sostener el proceso de recuperación y crecimiento económico”. Desde la autoridad monetaria, explicaron que la intención es corregir los obstáculos que puedan afectar al sector productivo “sin alterar el propósito de garantizar la estabilidad del mercado de cambios”.

En ese sentido, Pesce les dijo a los industriales que en la medida que las compañías mantengan “prácticas comerciales habituales se seguirá en el camino de remover regulaciones”, como las dispuestas para favorecer inversiones destinadas a generar exportaciones o la libre disponibilidad de divisas de entre 5% y 15% de las ventas incrementales. En concreto, según pudo reconstruir este diario, el funcionario les dijo que la idea es garantizar que no haya un “stockeo” que afecte a las reservas con importaciones muy superiores a las que las firmas necesitan para producir.

Uno de los empresarios presentes en el almuerzo, que definió la reunión como “excelente”, le dijo a Ámbito que les pidieron a las autoridades que liberen la mercadería ingresada y que se revisen las trabas al pago anticipado para acceder a insumos y bienes de capital. El industrial reconoció que “existen especuladores” que pagan de antemano el 100% de las compras para asegurarse el precio del dólar y aseguró que la intención es trabajar con el BCRA para encontrar mecanismos que permitan cuidar las reservas al tiempo que se remuevan restricciones.

En el encuentro, según informó la UIA, se acordó “generar un espacio que aborde las problemáticas en las diferentes cadenas de valor”. Al respecto, fuentes del BCRA le dijeron a este medio que mantendrán una serie de reuniones con cámaras sectoriales, como ADIMRA (metalúrgica), AFAC (autopartes), UIPBA (industriales bonaerenses), ENAC (pymes).

Exportación y crédito
El Central informó que Pesce también “sintetizó las políticas para sostener la actividad de las empresas tomadas en el marco de la emergencia sanitaria por el Covid y el trabajo realizado por el BCRA para lograr la inclusión financieras de las pymes y poner a disposición líneas de crédito para la inversión y el capital de trabajo”.

Además, el presidente del Central insistió en “la necesidad de pegar un salto exportador para superar las restricciones en la balanza de pagos”. En esa línea, las fuentes señalaron que se acordó trabajar en conjunto para alcanzar la meta de exportación de u$s90.000 millones -que Pesce plantea desde hace tiempo como vía para resolver las tensiones en el frente externo- y desarrollar el mercado de capitales para canalizar el ahorro interno hacia la actividad productiva.

(AMBITO) Divisas récord: cuáles son las empresas del agro que más exportaron en el año
La china Cofco lidera en el rubro granos sin procesar mientras que Viterra (ex-Glencore) en aceites y subproductos. Las norteamericanas Bunge, Cargill y ADM completan el podio de los envíos.

Hasta septiembre pasado las empresas agroexportadoras liquidaron en el mercado local poco más de u$s25.600 millones, lo que refleja un incremento interanual del 69,62 % y récord absoluto para ese período desde comienzos de este siglo. De la mano de los altos precios internacionales el campo se encamina a cerrar este año con una liquidación cercana a los u$s32.000 millones y un dato para nada menor es entender qué firmas están detrás de este fenómeno clave de la economía local. Un dato: capitales chinos y norteamericanos lideran la operatoria, mientras que las compañías locales tienen una participación acotada.

En el rubro granos, según las estadísticas oficiales elaboradas por la subsecretaria de Mercados agropecuarios del ministerio de Agricultura de la Nación, en el acumulado a septiembre, lidera los envíos la firma de capitales chinos Cofco con un total de poco más de 6,86 millones de toneladas, captando de esta manera prácticamente el 15% de los granos sin procesar que exporta la Argentina que en los primeros nueve meses del año ascienden a 46,69 millones de toneladas.

A partir de aquí comienzan a aparecer en el ranking las firmas de capitales norteamericanos, más precisamente el tridente conformado por Cargill, ADM y Bunge, ubicándose cada una en segundo, tercer y cuarto puesto respectivamente. Cargill con 6,4 millones de toneladas (14,31%), ADM con 6,4 millones de toneladas (13,8%) y Bunge con 5,4 millones de toneladas (11,73%). Es decir, estas tres empresas en conjunto enviaron al exterior 18,4 millones de toneladas, lo que se traduce en nada menos que el 39,4% de los embarcaciones de granos hasta septiembre pasado.

Las empresas de capitales nacionales hacen su aparición recién a partir del quinto puesto con la cooperativa ACA que exportó hasta septiembre un total de 4,1 millones de toneladas, lo que representa el 9% sobre el total. Le sigue en volumen Dreyfus, otra multinacional, en este caso fundada en Francia y que el año pasado vendió el 45% de sus acciones a un fondo emiratí, con 3,84 millones de toneladas (8,2%). Recién en séptimo lugar hace su aparición la argentina Aceitera General Deheza (AGD) con 3,1 millones de toneladas (6,6%). Finalmente el séptimo puesto fue para Oleaginosa Moreno, la firma con la que opera la suiza Viterra con 2,86 millones de toneladas (6,14%). El resto de las empresas que completan el ranking no llegan alcanzar ni siquiera el 5% de los envíos.

Mientras tanto en el rubro subproductos (principalmente harina y expeller de soja) las exportaciones están altamente concentradas en una empresa. Como sucedió durante todo el año pasado, la suiza Viterra (ex Glencore) acapara gran parte de las exportaciones locales, hasta septiembre envío al exterior 5,2 millones de toneladas, lo que se traduce en el 20,7% del total que alcanza a 25,1 millones de toneladas. Muy detrás, en segundo lugar, aparece la argentina AGD con 3,5 millones de toneladas (14%), mientras que el tercer puesto también quedó en manos locales, fue para el brazo agropecuarios de la familia Pérez Companc, la empresa Molinos Agro que exportó 3,071 millones de toneladas (12,2%).

La concentración en este sector se da por un hecho puntual y para nada menor. Con la caída de Vicentin del negocio exportador, a partir de su default, su socio comercial Viterra, en la planta Renova, acaparó prácticamente toda su cuota de mercado.

Mientras tanto, en el cuarto puesto aparece una vez más la norteamericana Cargill con 3 millones de toneladas (12,11), le sigue en orden de importancia Bunge con 2,28 millones de toneladas (9%) y la china Cofco con 2 millones de toneladas (8,2%).

Finalmente, en el rubro aceites una vez más la líder indiscutida es la suiza Viterra con un total de 710.00 toneladas, 24,3% del total que asciende a 5,97 millones de toneladas. Muy detrás en volumen, es decir con la mitad de su competidora directa, aparece Cargill en segundo lugar con 710.000 toneladas (11,8%). Mientras que el tercer lugar fue para la argentina AGD con 700.000 toneladas (11,8%) y el cuarto puesto para la también local Molinos Agro que exportó 692.000 toneladas. Completa el quinteto la china Cofco con 634.900 toneladas, es decir 10,6% sobre el total.

(AMBITO) Gobierno congeló los precios de 1.432 productos ante la falta de acuerdo con las empresas
Se amplían los Precios Cuidados y regirán por tres meses. Sorpresa entre los empresarios que asistieron a la reunión.
Finalmente, el Gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial la Resolución 1.050/2021 que establece la “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.432 productos de consumo masivo en todo el territorio nacional”. Así lo adelantó la secretaria de Comercio a través de un comunicado el día previo.

El titular de la cartera, Roberto Feletti defendió la medida al indicar: “Creemos que es acertado lo que estamos haciendo. Va a ser un precio cuidado mucho más amplio, con más del doble de productos, y asegurar por 90 días cierta estabilidad en esa canasta para facilitar el consumo”. Para el funcionario el listado de casi 1.500 productos es resultado del acuerdo alcanzado con las empresas.

Los empresarios consultados por Ámbito se manifestaron sorprendidos por el anuncio del secretario de Comercio y, en principio, dijeron que van a esperar a la publicación de la lista para analizar los pasos a seguir. “No hemos visto ese listado” aclaran.

Feletti se refirió a las observaciones de las empresas sobre la lista y al comunicado de la COPAL en donde denunciaba que no había garantías para avanzar en un acuerdo. «Todo el día recibimos observaciones de las empresas, de los casi 1500 productos de la lista hay observados 139 por las empresas, de los 139 68 corresponden a observaciones de una sola empresa». De esta manera, el funcionario ratifica que el listado es resultado de un ida y vuelta con las compañías.

Es más, insistió que «ni el titular de COPAL ni el titular de las grandes cadenas comercializadoras rechazaron de plano la resolución».

Además, criticó la actitud empresaria porque a su juicio: «No parece un gran esfuerzo para un número de empresas que serán unas 60. Unos 1500 productos para 60 empresas no parecen un esfuerzo muy grande», enfatizó.

Antes del encuentro COPAL emitió un comunicado donde si bien ratificaban la “voluntad de colaboración y diálogo para el acuerdo”, sin embargo, advertían que “en la convocatoria recibida no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.

Al respecto, Feletti considero que “no ayuda el comunicado de la COPAL”. También comentó que se lo hizo saber a Funes de Rioja quien le habría confesado que “pudo haber sido un error».

El secretario de Comercio se mostró satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia.

Sin embargo, lamentó que “haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”.

A pesar de esta actitud de la minoría mencionada, Feletti remarcó que seguirá “abierto al diálogo y con voluntad de construir acuerdos lo más abarcativos posibles”.

Idas y vueltas
Desde temprano el Gobierno insistía en su objetivo de llegar a un acuerdo con empresarios para conformar una lista de precios congelados. “Vamos a esperar a último momento porque nuestra intención es llegar a un acuerdo” fue la respuesta de la portavoz del presidente Alberto Fernández, Gabriela Cerruti ante la pregunta de Ámbito respecto al rechazo de los empresarios al acuerdo de precios planteado por el gobierno y que fuera expresado en un comunicado de COPAL.

Con esa intención el secretario de Comercio, convocó a una reunión al titular de Copal, Funes de Rioja y el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), Juan Vasco Martínez. El encuentro con Feletti comenzó a las 18 horas y termino a las 19.20.

Las empresas convocadas comentan que, en la reunión del lunes en Comercio, las autoridades directamente les entregaron el listado de 1.650 productos en vez de analizar las propuestas de las compañías. “A pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, señala el comunicado de COPAL.

“No es una negociación” explica a Ámbito una importante empresa productora de productos de la canasta básica. “La secretaria te indica el producto y al precio que quiere que lo vendas”. Esta es la razón por la cual el secretario de Comercio tuvo que ampliar el plazo para recibir las respuestas por parte de los proveedores.

En el caso de los supermercados la situación es diferente ya que el compromiso de las cadenas de comercialización es el cumplir en trasladar los precios “congelados” que reciben de los proveedores.

Aunque tampoco están conformes con este “congelamiento” de precios porque el gobierno los pone en un rol de “policía”. Es que los supermercados serán la cara visible para que los consumidores encuentren los “los 1650 productos a precios congelados” y esto los ubica en una posición incómoda: “vamos a tener que controlar a nuestros proveedores”, se quejan, o lo que es peor “denunciarlos si hay faltantes”.

En ambas reuniones con Comercio el clima no fue muy bueno. Hubo casos de empresas que el producto que solicitó la secretaria de Comercio que figure en la lista representa el grueso de su producción. “No puedo trabajar a pérdida”, se quejan.

“El problema es que para el gobierno nosotros nos la llevamos con palas y no tienen en cuentan, por ejemplo, la caída del consumo”, comentaba a Ámbito una importante empresa productora de alimentos. “La caída en conservas en lo que va del año fue del 10%”.

Otro fabricante de productos para la canasta básica explica “en el 2011 Copal que agrupa a las empresas productoras de alimentos y bebidas ocupaba 500 mil personas hoy 400 mil”, graficaba cómo está el sector.

Estos números explican la resistencia que hay en el sector empresario para para cumplir con el pedido de la Secretaría de Comercio.

(INFOBAE) Precios congelados por decreto: el Gobierno les exige a las empresas rebajas de hasta 50% en algunos alimentos
El nuevo listado contempla valores de venta al público, en algunos casos, muy inferiores a los que regían el 1° de octubre. Crece la tensión entre el sector empresario y Comercio Interior

Finalmente, el congelamiento de precios se regirá por una resolución, luego de que ayer no hubiera acuerdo entre el Gobierno y los fabricantes de alimentos, que denunciaron que “no hay condiciones para acordar” y que la inflación no sube por sus productos.

Tras la tensión generada entre las partes luego de un segundo encuentro con las empresas y una segunda lista de 1.650 productos (la primera había sido de 1245), se concretó ayer por la tarde una reunión de urgencia entre el titular de Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja; el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos, Juan Vasco Martínez, y el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, con el objetivo de reencausar la negociación.

Pero el clima no fue el mejor. El funcionario estaba molesto por el comunicado que Copal había enviado a los medios horas antes, y no hubo acuerdo. Feletti les informó que al Gobierno le urgía emitir una resolución, aunque les aseguró que continuaría con el diálogo. Finalmente, los artículos a precio congelado serán 1.432, número al que se llegó luego de considerar correcciones que le hicieron llegar algunas firmas, pero se trató de apenas un tibio retoque. Esta situación tensó más aún la relación de los empresarios de consumo masivo con Feletti, quien recibió advertencias de Funes de Rioja sobre una posible judicialización de la norma.

Según los empresarios, la nueva lista contemplará valores que son mucho más bajos que los que regían el 1° de octubre. Así lo advirtieron diferentes miembros de la Copal y de las cámaras que agrupan a firmas de cosmética, higiene personal y limpieza, así como también pudo ser corroborado mediante un análisis comparativo realizado por Infobae entre los precios que integraran el listado y los que están vigentes hoy en las grandes cadenas. Prácticamente no habría diferencias con el anterior.

El listado oficial corrobora que los precios de los 654 ítems que son parte del programa Precios Cuidados mantienen el precio acordado hace tres meses, por lo que no incorpora los incrementos de octubre concedidos por la ex titular de Comercio Interior, Paula Español. Además, incluye los 70 que integran “Súper Cerca” y los otros 708 son nuevos y contemplan reducciones de entre 15% y 20%, en la mayoría de los casos, pero con casos puntuales de rebajas de entre 50 y 70%. Es el caso, por ejemplo, del dulce de leche repostero marca La Serenísima de 400 gramos, que cuesta hoy en góndola $ 201,10 (precio en una cadena) y en la lista del Gobierno figura que debe venderse hasta enero a $116,37, es decir, 72% más barato y sólo $4 por encima del dulce de leche La Armonía, que está en Precios Cuidados.

También se detectaron diferencias importantes en el paquete de 50 unidades de mate cocido en saquitos marca Unión; en el té en saquitos Green Hills de 25 unidades, y en el litro de shampoo marca Plusbelle, en donde las diferencias entre el listado oficial y los precios actuales de góndola son de 65%, 50% y 66%, respectivamente. Son apenas meros ejemplos, que según las compañías se replican en muchos otros ítems elegidos por el Gobierno.

Hay otros, sin embargo, que tienen rebajas de entre 10 y 25%, los porcentajes que subas que el secretario Roberto Feletti anticipó que habían tenido muchos productos durante los primeros 18 días de octubre. “Hay vocación de acuerdo, pero firmeza en la necesidad de concretarlo porque la aceleración de los precios de la canasta básica es un tema que preocupa sumamente al Gobierno Nacional. Entre el 1° y el 18 de octubre, la canasta del supermercado aumentó 2,2%, con productos que registraron aumentos de entre 10 al 25%”, señaló Feletti luego del encuentro que mantuvo este lunes con las principales empresas de consumo masivo.

De los 20 ítems analizados por este medio, sólo dos reflejan bajas menores al 10%. Uno es el paquete de 1 kilo de sal gruesa marca Celusal, que muestra un recorte en el precio actual de góndola del 4%, y otro es la botella de 1,65 litros de agua sin gas Villa del Sur, donde el Gobierno propuso una reducción del 2% versus su valor vigente. A su vez, productos como la Coca-Cola regular de 2,25 litros debería bajar 17% su precio, mientras que la Coca-Cola light de 1,5 litro, 15%. Lo mismo que el queso crema Casancrem de 270 gramos, que hoy se comercializa a $254,60 y deberá bajar a $222,37. Y los ejemplos continúan.

Finalmente, serán 1432 los productos y no 1650, como estaba registrado en la lista de precios que el Gobierno había entregado el lunes por la noche
El cuestionamiento del sector privado es, en primer lugar, que Comercio Interior está desacreditando los aumentos que la propia secretaría había otorgado recientemente, muchos de los cuales ya estaban aplicados; y por otro, que los precios plasmados en la lista son, en muchos casos, anteriores al 1° de octubre. Y Feletti planteó claramente que los valores debían retrotraerse a esa fecha.

“Esto pasa cuando cambian el esquema, lo que veníamos respetando de las pautas oficiales. Por eso, es necesario con tiempo sentarse y tener una negociación que termine de satisfacer a todos y sea en beneficio del consumidor. Si no, no es un acuerdo, es una imposición, que a su vez desconoce convenios como Precios cuidados, que estipulan subas trimestrales, y ya con márgenes negativos”, remarcaron en una alimenticia.

En otra, en tanto, coincidieron en que “si esto tuviera sentido de acuerdo, las empresas deberían haber podido proponer sus listas y eso no fue tenido en cuenta”, tal como quedó reflejado en el duro comunicado que emitió este martes Copal, antes de que su titular y presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, fuera recibido nuevamente por Feletti, junto con el supermercadismo.

“Además -recalcó este empresario-, hay una diferencia de precios muy grande. Y eso es porque esa lista oficial desconoce las pautas que las empresas acordaron con Comercio cuando estaba Español. Es un retroceso y una situación delicada”.

(INFOBAE) Pese a ser una fórmula fracasada, el Gobierno impone el congelamiento de precios que resisten las empresas
Se sigue pateando hacia adelante el problema central que tiene la economía argentina, que es encarar seriamente una baja de la inflación. Ahora se optó por un nuevo parche en una nueva medida de claro contenido electoralista

Pese a la fuerte resistencia de las empresas en avanzar hacia una nueva versión de un congelamiento de precios de la canasta básica, el Gobierno terminó imponiendo su punto de vista. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, decidió avanzar con una “resolución” en la que dispone los precios de una lista de 1.432 productos. Son valores retroactivos al 1 de octubre y deberán mantenerse hasta el 7 de enero próximo, es decir por poco más de 90 días.

Las compañías alimenticias, agrupadas en COPAL, habían emitido un duro comunicado ayer por la tarde, en el que advirtieron sobre la poca voluntad del Gobierno por negociar y escuchar la problemática del sector. Pero lo más fuerte llegó al final de esa carta pública, en la que pone en duda la lógica de la medida oficial.

“La realidad es que la política de congelamiento de precios no logra resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación”, para rematar indicando que “resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la actividad productiva”. El comunicado que lleva la firma del titular de Copal y de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se mete así en un tema central para el futuro de la economía: de qué manera combatir seriamente la inflación, a partir de una política fiscal y monetaria mucho más ajustada de la que se vino llevando adelante en los últimos años.

La respuesta fue la decisión del Gobierno de avanzar de todas maneras con el congelamiento, a través de una resolución que involucra a 1.432 productos. La “fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor” fue dispuesta para toda la cadena de productores, comercializadores y distribuidores”.

Esta medida es un nuevo capítulo en la enorme cantidad de episodios de congelamiento de precios dispuestos por este Gobierno y también en las últimas décadas. Durante la pandemia se dispuso el programa de Precios Máximos con más de 2.000 productos de la canasta de consumo. Aquel esquema se fue adaptando con leves aumentos tanto en 2020 como en la primera parte del 2021, hasta que el propio Gobierno decidió discontinuarlo, a principios de junio. Duró apenas cuatro meses la búsqueda de una “normalización” del mercado.

Las alimenticias pusieron fuertes reparos a este nuevo congelamiento, como no había sucedido en ninguna otra ocasión durante el gobierno kirchnerista, incluyendo los tres períodos anteriores tanto con Néstor como con Cristina Kirchner. En general, siempre se habían presentado estos programas como acuerdos “voluntarios” entre el Gobierno y las empresas. Fue justamente la vicepresidenta la que se quejó en su polémica carta post PASO que los precios no se estaban controlando como corresponde, incluyendo alimentos y medicamentos. Pocas semanas después fue desplazada la entonces secretaria de Comercio Interior, Paula Español, reemplazada por un “cristinista puro” como Feletti.

Hace sólo cuatro meses el Gobierno había finalizado el programa de Precios Máximos, con el objetivo de salir gradualmente del congelamiento en los precios de los alimentos. Pero duró poco el intento de “normalización”, ante las urgencias electorales del oficialismo tras la derrota en las PASO
Se trata de un sector heterogéneo, que tiene grandes jugadores pero también pequeñas empresas. En Copal son cerca de 14.000 compañías alimenticias, cada una de ellas con su realidad, lo que dificulta un tratamiento homogéneo para todos los casos. Además, también se considera un programa extremadamente difícil de controlar, ya que no sólo involucra a los supermercados (un 30% del total del consumo), sino también a los almacenes de barrio en todos sus formatos. Se trata de cerca de 300.000 bocas en todo el país, lo que dificulta sustancialmente mantener un control del cumplimiento del congelamiento tal como fue dispuesto.

Feletti eligió también seguir la confrontación con las entidades empresarias. “Lamento que haya fracciones de la cúpula empresaria que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa”.

La medida tiene claramente una intencionalidad electoral. Por un lado busca frenar artificialmente la suba de precios en góndola, pero además generar una fricción adicional con las empresas, a las que el Gobierno sigue culpando por la alta inflación. Pero por otra parte resulta difícil pensar que se llegará hasta principios del año que viene con la misma lista de productos sin modificaciones de precios. Seguramento todo entrará en revisión a partir del 15 de noviembre, es decir el día después de las elecciones legislativas

Las compañías alimenticias, y muy especialmente las miles de PYMES del sector, ya venían atravesando una situación muy compleja. Las ventas estuvieron en bajos niveles durante toda la pandemia por la caída del poder adquisitivo y los costos no paran de aumentar. Además de los aumentos salariales, también se siguen incrementando fuerte las materias primas y los costos de la logística para llevar el producto de la puerta de la fábrica hasta la góndola.

Los empresarios del sector, por otra parte, resaltaron que será muy difícil que se congelen los costos de toda la cadena de comercialización como exige el Gobierno. Incluso también advirtieron que podrían producirse cambios en los plazos de pago en la cadena de proveedores para compensar parte del efecto de los congelamientos.

Mientras tanto, el Gobierno sigue acumulando distorsiones en la economía, de las que tendrá un alto costo salir luego de las elecciones. Al planchazo del dólar y de las tarifas, ahora suma este nuevo congelamiento de productos de consumo masivo. El “drama” será levantarlo y que genere un nuevo pico inflacionario a principios del 2022, justo cuando habrá que tomar otras medidas de “sinceramiento” económico que además exige el FMI para llegar a un acuerdo.

(INFOBAE) Se demora el avance del Presupuesto por las diferencias entre el bloque oficialista y Economía acerca de las tarifas y el gasto social
En medio de las disputas internas en el Frente de Todos, la Cámara de Diputados todavía no convocó al ministro de Economía, Martín Guzmán, a que vaya a comisiones para defender el proyecto. Cuáles son las críticas del propio oficialismo a la iniciativa

En el Ministerio de Economía ya se resignan a que el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2022 pasará para después de las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre. Las autoridades de la Cámara de Diputados aún no convocaron al ministro Martín Guzmán a que vaya al plenario de comisiones para defender la iniciativa, que afronta cuestionamientos desde el propio Frente de Todos, lo que dificultó en estas semanas el avance legislativo.

La ley de leyes fue presentada ante el Congreso hace 34 días y tuvo un nulo avance en el tratamiento legislativo. A diferencia de lo que sucede habitualmente, el jefe del Palacio de Hacienda y su equipo no fueron citados en los días posteriores a la publicación del proyecto para que expliquen ante legisladores del oficialismo y la oposición los fundamentos de la iniciativa que prevé ingresos y gastos para el año próximo.

Esa demora se explica en la falta de consenso hacia el interior de la coalición de Gobierno sobre algunos puntos críticos del Presupuesto. Uno de los principales es sobre la política tarifaria que llevará adelante el Poder Ejecutivo el año próximo.

La ley de leyes fue presentada ante el Congreso hace 34 días y tuvo un nulo avance en el tratamiento legislativo. Esa demora se explica en la falta de consenso hacia el interior de la coalición de Gobierno sobre algunos puntos críticos
La iniciativa presentada por Guzmán establece un sendero de reducción de fondos para subsidios, que pasarían de 2,2% o un poco más a 1,5% del Producto Bruto Interno. Ante algunas declaraciones de dirigentes oficialistas como Máximo Kirchner horas después de conocido el proyecto, desde Economía aclararon que esa poda estaría explicada por la segmentación de tarifas y la pérdida de vigencia de un subsidio a la producción de gas puesto en marcha durante el gobierno macrista.

Según explican desde adentro del oficialismo parlamentario, tarifas y el nivel de gasto social previsto para el 2022 forman parte de las objeciones que hacen en el Frente de Todos a la hoja de ruta que planteó Guzmán para el año próximo. El Presupuesto establece un recorte del déficit del sector público, aunque se trata de un ajuste leve: proyecta un rojo fiscal primario del 4% para este año y del 3,3% para el próximo.

En el Palacio de Hacienda aseguran que Martín Guzmán todavía espera ser citado para comparecer ante el plenario de comisión de Presupuesto y Hacienda, pero estiman que los tiempos electorales no permitirán que el Presupuesto avance antes del 15 de noviembre. Muchos legisladores, afirman, están en sus provincias en plena campaña, por lo que la actividad legislativa será limitada hasta que se celebren los comicios.

Lo que todavía no está claro y en el oficialismo no arriesgan una explicación, es cómo se harían operativos los cambios eventuales que el Frente de Todos negocie con el ministro de Economía, si será a través de alguna adenda al proyecto o si se podrían modificar más adelante durante el tratamiento legislativo.

Incluso se habló de reuniones preliminares entre Guzmán y referentes del oficialismo en la cámara baja, como Sergio Massa, el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, y el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, encuentros que también fueron aplazados y esperan fecha.

En el Palacio de Hacienda aseguran que Martín Guzmán todavía espera ser citado para comparecer ante el plenario de comisión de Presupuesto y Hacienda, pero estiman que los tiempos electorales no permitirán que el Presupuesto avance antes del 15 de noviembre
“Cuando nos convoquen vamos a ir sin problema”, insistieron desde el Ministerio de Economía. Cerca de Guzmán además tratan de desligar la negociación con el Fondo Monetario al tratamiento del Presupuesto, algo que también levantaba resquemores en el oficialismo. “Las proyecciones que están en el Presupuesto son exactamente las mismas que habría si no estuviéramos en negociación”, aseguraron.

Las estimaciones oficiales incluidas en el Presupuesto recalibraron también distintas proyecciones para este año, en relación con las metas originales del presupuesto vigente, presentado hace un año. En 2021, el Gobierno estima una inflación de 45,1% -frente al 29% anual que dijo inicialmente- y un crecimiento del PBI del 8%. También estima una suba del salario real del 3,8% y un saldo comercial de USD 12.800 millones.

En materia de recaudación impositiva, el Presupuesto 2022 contempla una recaudación total de $15,7 billones, un 45,3% por sobre los $10,7 billones en que cerrarían este año. Desde el gobierno confirmaron que en 2022 no se crearán nuevos impuestos y que no habrá una nueva edición del “impuesto a la riqueza”.