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• (Ambito) Letes: postergan pagos por u$s9.000 millones hasta el 31 de agosto. Dentro de la estrategia oficial de trabajar el endeudamiento en un programa de sustentabilidad, el Gobierno nacional, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, resolvió postergar todos los pagos de las amortizaciones de las Letes en dólares hasta el 31 de agosto del 2020. En principio, de esta manera, se difieren casi unos u$s9.000 millones. Esta medida no afecta a las personas humanas y a las provincias, pero si alcanza a las personas jurídicas que representan el 90% de los acreedores. Respecto a los fideicomisos están exceptuados las personas humanas. El DNU se suma al proyecto de Ley de Emergencia y Solidaridad. “Para el gobierno la agenda de la deuda en dólares debe tener un tratamiento diferente a la deuda en pesos”, explican en la Casa Rosada y por esta razón se encaran estrategias diferentes. Es decir que en el caso de los instrumentos en pesos se aplicará otro criterio. Asimismo, reemplaza el DNU de reperfilamiento de la deuda tanto en pesos como en dólares, firmado por el ex presidente Macri. En el caso de las Letes en pesos u otros instrumentos, la decisión oficial es llamar a subastas como es el caso del bono Bopomo, con un vencimiento esta semana por $24.500 millones. La subasta buscará el roll over de una parte del cupón aunque “por un monto significativo”, acota una fuente oficial. La oferta del Gobierno es ajustar con tasa Badlar más unos 200/300 puntos básicos. La recepción de ofertas por esta colocación comenzará hoy a las 10 y finalizará a las 15. La suscripción podrá realizarse únicamente en pesos y el precio de colocación será de $1.000 por cada VN $1.000. Con la intención de no perder tiempo, el Gobierno a través de un escueto comunicado, abre formalmente el diálogo con los acreedores externos. El mensaje de pocas líneas efectúa un breve diagnóstico de la “profunda recesión registrada en los últimos 6 trimestres situación que el mercado comenzó a estimar que se tornaba insostenible para el país”. Luego de señalar la necesidad de tener un plan sustentable de la deuda, invita a que hagan llegar sus propuestas a una casilla de mail que oportunamente indicará el Ministerio de Economía. De esta manera, el gobierno busca evitar el “lobby” de diferentes bancos o colocadores de deuda y las suspicacias. Con la intención de agilizar el proceso se les pedirá a los interesados que hagan llegar sus propuestas con un resumen ejecutivo. Respecto a los diferentes instrumentos en dólares bajo las leyes locales, la estrategia se irá conocerá la próxima semana según adelantaron fuentes oficiales. De acuerdo a cálculos preliminares el total de vencimientos para el 2020 ronda los u$s 50.000 millones. El Gobierno ya comenzó a definir la postergación al menos de unos u$s9.000 millones. Luego de señalar la necesidad de tener un plan sustentable de la deuda, invita a que hagan llegar sus propuestas a una casilla de mail que oportunamente indicará el Ministerio de Economía. De esta manera, el gobierno busca evitar el “lobby” de diferentes bancos o colocadores de deuda y las suspicacias. Con la intención de agilizar el proceso se les pedirá a los interesados que hagan llegar sus propuestas con un resumen ejecutivo. Respecto a los diferentes instrumentos en dólares bajo las leyes locales, la estrategia se irá conocerá la próxima semana según adelantaron fuentes oficiales. De acuerdo a cálculos preliminares el total de vencimientos para el 2020 ronda los u$s 50.000 millones. El Gobierno ya comenzó a definir la postergación al menos de unos u$s9.000 millones. Temas

• (Cronista) Ley de Emergencia Económica: obtuvo media sanción en Diputados. ras una maratónica sesión de más de 15 horas, poco antes de las 6.30, la Cámara de Diputados aprobó y dio media sanción, con 134 votos a favor y 110 en contra, al proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en la emergencia pública, que otorga facultades al gobierno para instrumentar las medidas para superar la crisis económica. Hubo más de 130 oradores, la discusión entre el oficialismo y la oposición estuvo centrada en la delegación de facultades, la suspensión de la movidad jubilatoria, y los alcances que tendrán el aumento de las retenciones agropecuario. La sesión especial, comenzó a las 15 cuando el oficialismo junto al Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo lograron juntar quórum, ante la negativa de Juntos por el Cambio de colaborar para reunir el número para habilitar el debate sobre el proyecto promovido por el gobierno. Previo al inicio del tratamiento del proyecto de Solidaridad Social, el plenario aprobó y giró al Senado un proyecto que autoriza al Presidente de la Nación a entrar y salir del país sin tener que pedir permiso al Congreso Nacional. El proyecto establece la creación de un impuesto a la compra de dólares para turismo o atesoramiento, aumento de alícuotas del impuesto a los bienes personales, moratoria para las pymes, congelamiento y revisión de las tarifas, suba en las retenciones y la suspensión de la movilidad jubilatoria. En la primera sesión extraordinaria conducida por el bonaerense Sergio Massa, el Frente de Todos dio un paso má esta mañana en su objetivo de sancionar esta ley clave para el Gobierno ya que logró cosechar el respaldo de los interbloques Federal -integrado por Consenso Federal y diputados cordobeses- y de Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce el mendocino José Luis Ramón. Tras la votación en general, los diputados votaban en particular distintos artículos del proyecto que será girado hoy mismo al Senado, que tiene previsto comenzar a sesionar a partir de las 14.

• (Ambito) Cambio en Bienes Personales: impuesto regirá por «residencia» y no por «domicilio». En el marco del megaproyecto de Solidaridad Social que se aprobó con media sanción esta madrugada en Diputados, se concretó una modificación clave en el impuesto a los Bienes Personales que ve contra la denominada “mudanza internacional”. Durante la votación en particular, se incorporó el criterio de “residencia de ganancias para Bienes Personales”. “El sujeto argentino que pretenda evitar pagar el impuesto por vivir en el exterior por un mero cambio de domicilio, con esta reforma no lo va a poder hacer”, explicó el diputado Darío Martínez. Y agregó: “El concepto de residencia del impuesto a las Ganancias es más estricto y requiere más condiciones para perderlo”. Bienes Personales es un gravamen de tipo patrimonial que alcanza las distintas manifestaciones de riqueza de personas físicas y sucesiones indivisas, exteriorizadas a través de la tenencia de bienes existentes al 31 de diciembre de cada año. Este tributo tenía hasta esta modificación como criterio de vinculación al domicilio. Es decir, algunos contribuyentes apelaban a la denominada “mudanza internacional”, cambiando el domicilio, pero no la residencia, para eludir el pago del impuesto. Ahora no podrán hacerlo. Concretamente, el artículo 30 de la Ley de Solidaridad Social cambia el título 6 de la ley 23.966 y sus modificatorias del impuesto a los Bienes Personales con relación a la condición de los contribuyentes, y establece que el sujeto del impuesto se regirá por residencia, al igual que en Ganancias, y no por domicilio”.

• (Ambito) Tras el cepo hard, se desplomó un 91% la compra de dólares. Los argentinos compraron dólares por u$s 374 millones para ahorro o viajes en noviembre, informó hoy el Banco Central de la República Argentina (BCRA), unos u$s 3.911 millones menos que el mes anterior (91,27%) producto del cepo a la compra de divisas extranjeras fijadas por el Banco Central el 27 de octubre, apenas unas horas después de la elección presidencial. «Las personas humanas, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta u$s 374 millones», indicó la entidad monetaria el informe de Evolución del mercado de cambios y balance cambiario. Y detalló que ese total se obtuvo por la adquisición de dólares billetes por u$s 101 millones y u$s 273 millones por el resto de sus operaciones. El mes anterior este mismo segmento había comprado en octubre, de forma neta, u$s 4.285 millones (u$s 3.920 millones por billetes y u$s 365 millones por el resto de sus operaciones), según el informe del Central. En el informe de noviembre el Central detalló que a ese mes, las reservas internacionales brutas, finalizaron en u$s 43.772 millones, favorecidos por el ingreso de u$s 22.303 millones desde el sector de oleaginosas y cereales. Informate más: El BCRA compró u$s200 millones y el dólar cerró estable a $63,08 «Las reservas internacionales brutas aumentaron u$s 512 millones, finalizando noviembre con un stock de u$s 43.772 millones», agregó. El informe explicó que «en el marco de las modificaciones normativas introducidas en los últimos días del mes anterior, en noviembre, el BCRA compró u$s 2.156 millones en el mercado de cambios spot, que fueron vendidos por los clientes de las entidades, u$s 1.864 millones, y por las entidades, u$s 292 millones». Añadió que «las empresas del sector real fueron vendedoras netas de moneda extranjera por u$s 2.149 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector con oferta neta en términos históricos, Oleaginosas y cereales, tuvo ventas netas por u$s 2.303 millones, más que duplicando los ingresos netos con respecto a igual período de 2018». Aclaró que «las empresas del Sector Real No Oleaginosas y Cereales realizaron compras netas por u$s 154 millones, principalmente para realizar pagos netos de servicios y para cancelar préstamos locales en moneda extranjera, compensadas en parte con ingresos netos por bienes». A su vez detalló que «el Tesoro Nacional realizó pagos de capital e intereses de deuda por u$s 1.662 millones, destacándose las erogaciones por Letes por u$s 650 millones, los pagos a Organismos Internacionales por u$s 600 millones y los pagos de intereses de títulos por u$s 410 millones. Por otro lado, registró ingresos de deuda por u$s 171 millones correspondientes a Organismos Internacionales y nuevas colocaciones de Letes».

• (Ambito) Debutó directorio del BCRA con una baja de tasas al 58%. El flamante directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) debutó ayer tomando la medida que tanto había adelantado Alberto Fernández en la campaña. La conducción de la entidad que maneja Miguel Pesce decidió bajar la tasa de interés de referencia del 63% heredado de la gestión de Guido Sandleris, al 58%. Con esto, la tasa se ubica en un nivel sólo dos puntos superior al nivel que los privados estiman será la inflación de 2019. La vigencia de la tasa será por siete días, a la espera del resultado de la operación que hoy intentará el Ministerio de Hacienda de Martín Guzmán; que buscará colocar letras del Tesoro en pesos para conseguir fondos para atender el vencimiento de $24.500 millones del Bono de Política Monetaria (Bopomo). Este instrumento colocado durante la gestión de Luis Caputo en el Ministerio de Finanzas de Mauricio Macri, en su mayoría en poder de fondos de inversión como Pimco o Templeton, debe ser liquidado el lunes. La intención de Economía es debutar en el mercado de capitales de deuda con esta colocación, para medir la demanda y confianza del mercado de capitales, en las gestiones que formalmente abrirá hoy el Gobierno nacional con los acreedores externos para comenzar a discutir los pagos de la deuda externa. Si la colocación de hoy es exitosa (y se acerca lo máximo posible a los $24.500 millones requeridos), la intención oficial es continuar con esta política hacia delante abandonando lentamente los reperfilamientos, cambiándolos por operaciones en el mercado. Si, por el contrario, la operación de hoy es compleja y no hay demanda de las Letes que ofrecerá Economía; la política monetaria del BCRA también podría endurecerse. En resúmen, lo que suceda desde hoy con las nuevas tasas y la colocación de las letras de Economía, determinará gran parte de las acciones financieras para las próximas semanas. Confía el Gobierno en que el buen clima para los mercados generado por la discusión del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Congreso, y el inicio del diálogo tanto con los privados como con el FMI ayudará a la buena ventura de la estrategia de colocaciones de letras para atender vencimientos locales en pesos. La colocación de hoy será una letra en pesos que ajusta con tasa Badlar, más un margen, cuyo vencimiento será en junio de 2020. La recepción de ofertas comenzará hoy a las 10 y la suscripción podrá realizarse únicamente en pesos con el precio de colocación que será de $1.000 por cada VN $1.000. De esta manera, el Gobierno busca “rollear” el vencimiento del bono Bopomo, que vence también hoy por unos $24.500 millones, equivalentes a u$s410 millones aproximadamente. La licitación se realizará mediante indicación de margen, en la cual habrá un tramo competitivo y uno no competitivo y se efectuará de acuerdo con los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019. A los fines de participar en el tramo competitivo, deberá indicarse el monto de suscripción expresado por cada $1.000 de valor nominal con dos decimales, y el margen en puntos básicos con incrementos de 25 pb, mientras que para el tramo no competitivo se deberá consignar únicamente el monto a suscribir, dijo ayer el Ministerio de Economía de Martín Guzmán. La liquidación del instrumento se efectuará el lunes. Podrán participar de estas operaciones personas humanas o jurídicas interesadas, debiendo a estos efectos dirigir sus manifestaciones de interés en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV. Por otro lado, la acción del BCRA de avanzar en una reducción de la tasa de interés a través de decisiones del directorio del a entidad indican también un cambio de estrategia a lo que se venía registrando en los tiempos de Sandleris. Ya no será el Comité de Política Moentaria (COPOM) el que determine el piso de las tasas, sino el propio directorio de la entidad, cada siete días. Con esto, la dirección de Pesce asegura que conseguirá más agilidad para actuar sobre los mercados. Se considera que esto es imprescindible para actuar a la par del Tesoro, durante la estrategia de toma de pesos a través de Letes para atacar vencimientos hasta que termine la negociación con los acreedores y el FMI. La decisión de modificar las tasas pudo tomarse luego de la conformación oficial del directorio del BCRA, luego de que el Gobierno nacional designara a los nuevos directores del Banco Central, que acompañarán a Miguel Pesce en los próximos años. A través del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo realizó los nombramientos correspondientes para los cuatro cargos de director de la entidad que se encontraban vacantes, y solicitará al Senado de la Nación el acuerdo para oficializar las designaciones de las nuevas autoridades durante las sesiones extraordinarias que se llevarán a cabo. A través de una serie de decretos el Gobierno aceptó la renuncia de los tres directores del Banco Central que permanecían de la gestión anterior y designó a Zenón Biagosch, licenciado en Administración, exdirector de la entidad y hombre cercano a Roberto Lavagna; Claudio Martín Golonbek, economista colaborador de Pesce en el banco de Tierra del Fuego; y las abogadas Claudia Berger y Betina Stein, militante kirchnerista, como los nuevos integrantes del directorio. De esta forma se completaron los cinco miembros que el organismo precisa para tener quórum.

• (Cronista) El BCRA impulsa el crédito atado al dólar para las pymes exportadoras. En la primera reunión del flamante Directorio del Banco Central (BCRA), la primera medida que se conoció es la creación de una línea de préstamos para pymes exportadoras. Será en pesos pero la tasa estará atada a la evolución del dólar. Se trata de un financiamiento que se desembolsa y se paga en pesos pero cuya tasa será equivalente al avance del tipo de cambio mas un spread que deberá definir el banco con la pyme en cuestión. Lo que se busca es impusar el crédito para las pymes que exportan y tienen ingresos en dólares, que, por el cepo cambiario, deben vender en el mercado. En consecuencia, las empresas podrán pagar esos préstamos con los pesos que obtengan una vez liquidadas sus exportaciones. Nuevo directorio El Gobierno designó este jueves a cuatro nuevos directores del Banco Central (BCRA), lo que le permitió tener quórum y sesionar. Zenón Biagosch, Claudio Martín Golonbek, Claudia Berger y Betina Stein fueron los nombres propuestos por el Ejecutivo para el organismo que preside Miguel Pesce. La incorporación era una necesidad que venía afrontando la entidad, ya que, de acuerdo a su Carta Orgánica, su directorio no puede pasar más de 15 días sin sesionar. El límite para no incumplir dicha normativa estaba fijado para este viernes 20 de diciembre. Si bien los nombramientos deben ser aprobados por el Senado, los cuatro flamantes integrantes del directorio desembarcaron en sus cargos en comisión. En los pasillos de Reconquista 266 continúa la expectativa respecto a dos nombramientos más para la cúpula de la entidad. En ese sentido, Arnaldo Bocco y Jorge Carrera son los que tienen las mayores chances de ocupar las sillas vacantes. Quiénes son los nuevos directores Zenón Biagosch era uno de los principales candidatos a integrarse a la cúpula del BCRA. Cercano a Roberto Lavagna, volverá a ocupar una silla dentro del directorio, tras haberlo hecho entre 2004 y 2010. El economista Claudio Martín Golonbek, por su parte, desembarca en el edificio de la calle Reconquista tras haber sido director del Banco de Tierra del Fuego, donde coincidió con Pesce. Con amplía taryectoria en el sector, tiene en su currículum pasos los bancos de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Santander Río y Finansur, y Nación AFJP, entre otros. Claudia Berger proviene del mundo del derecho y entre 2008 y 2009 se desempeñó en la AFIP. Llega a la cúpula del BCRA tras haber estado al frente de la Coordinación y Supervisión de la Dirección de Secretaría General de la Subdirección General de Coordinación Técnico Institucional. Betina Stein, también abogada y especialista en derecho administrativo y derechos humanos, llega al BCRA luego de haber pedido públicamente y a través de diversos escritos sobre la legitimidad de la deuda contraída por el Gobierno anterior. Entre otras cosas, propuso que sean Macri y sus funcionarios quienes, con su propio patrimonio, hagan frente a la deuda contraída durante la administración de Cambiemos argumentando que dicha deuda fue tomada sin autorización del Congreso de la Nación.

• (Cronista) Buscan que el FGS de la Anses pueda comprar más bonos de deuda pública. El proyecto de Ley de Solidaridad, que se debatía esta madrugada en el Congreso, tiene un punto reservado para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses. En el artículo 53°, la propuesta del Ejecutivo se asegura poder colocar más títulos públicos en la cartera del organismo previsional ya que aumenta los límites regulatorios de esas inversiones. La propuesta del Ejecutivo amplía la cantidad de títulos públicos en los que puede invertir el FGS pero también la magnitud de dinero que puede destinar a ellos. En la redacción anterior de la norma, el FGS podía invertir hasta el 50% de su cartera en bonos de la Secretaría de Finanzas o el Banco Central. El proyecto habilitaría al FGS a invertir hasta el 50% de su cartera en «operaciones de crédito público de las que resulte deudor el Estado nacional» ya sean «títulos públicos, letras del Tesoro o préstamos». A la vez, el articulado aclara que los límites podrán aumentarse hasta el 100% «en la medida que el excedente cuente con recursos afectados específicamente a su cumplimiento o con garantías reales u otorgadas por organismos o entidades internacionales de los que la Nación sea parte». Además, la Ley propuesta incluye una disposición transitoria hasta el 31 de diciembre de 2023 que lleva hasta el 70% la proporción de la cartera la proporción que puede invertir en «títulos públicos, cuenten o no con garantías, debiendo, al cabo de ese período, regularizar la tenencia de estos activos, a los límites establecidos». En el oficialismo argumentan que ese incremento en el límite se debe a la tenencia actual de papeles del Estado, que rondaría el 68% de la cartera. Los precios de esos bonos hoy están en niveles de default, por lo que la disposición transitoria es una forma de anticiparse a una eventual suba en esos precios, que aumentaría la ponderación de los mismos dentro de la cartera. Además, buscan dar espacio para que el FGS pueda invertir en proyectos relacionados con la economía real. Los últimos datos oficiales, al segundo trimestre de este año, mostraban que 62% de las inversiones del FGS estaban en títulos públicos, aunque un 11,9% de ellos eran Bonos Cuasipar, que no se contabilizan en el cálculo del límite del 50% que rige hasta que se apruebe el proyecto de Ley. El segundo lugar lo ocupaban las acciones (13%), seguidas por los préstamos a las provincias (5,8%) y los proyectos productivos y de infraestructura (4,3%). «El FGS tiene exactamente la misma plata que cuando expropiaron las AFJP pero todos los meses el Gobierno se lleva la rentabilidad. Es decir, lo descapitaliza. Esta es una forma más de tener caja para financiar al Tesoro», sintetizó un analista. Con respecto al plazo de la disposición transitoria, que excede el mandato de Alberto Fernández, agregó: «Una vez que colocan los títulos no es fácil sacarlos porque tienen un plazo y, para bajar la proporción en la cartera, tienen que pagarlos».

• (Cronista) El Gobierno concedió compensaciones para desactivar el paro del campo. Con negociaciones de último momento con los bloques opositores y con la intención de desactivar, aunque sea en parte, el descontento creciente entre los productores, que hoy tendrá cese de comercialización en las provincias de Tucumán y de Entre Ríos, el Gobierno aceptó incluir modificaciones en el articulado la ley de «Solidaridad social y reactivación económica» referido a los derechos de exportación. Si bien se mantuvieron los iniciales 33% para la soja y 15% para los cereales como porcentaje máximo para los próximos 2 años (tres puntos más que los actuales), por instrucción presidencial se incorporó al capítulo sobre retenciones que el Ejecutivo establezca mecanismos de compensación de los efectos de los derechos de exportación específicos para pequeños productores y cooperativas. El anuncio se produjo en medio de negociaciones de las que participaron legisladores, la mesa de enlace agropecuaria y funcionarios del Gobierno, encabezado por el ministro de Agricultura, Luis Basterra. Las gestiones apuntaron a morigerar el impacto de la suba autorizada en los derechos de exportación, dado que con los precios internacionales actuales la mayoría de las actividades se vuelven inviables. Así la negociación pasó por incorporar al artículo 48 del Título V del proyecto una tabla progresiva de recompensación del 47% al 100% de los derechos de exportación que recaigan sobre productores primarios en sus operaciones de venta. El coeficiente de compensación dependerá del cultivo y las toneladas que venda, según la nueva redacción del artículo a la que accedió . Así se establece la devolución del total de las retenciones para productores de soja hasta las 600 toneladas vendidas; del 79% entre las 601 y las 1500 toneladas comercializadas, y del 64% de las 1501 a las 2500. Para los productores de trigo, la determinación de las compensaciones será del 100% hasta las 900 toneladas; del 80% de las 901 a las 1500 toneladas, y 60% entre las 1501 y las 2500 toneladas. En maíz, el 100% será hasta las 1200 toneladas; y en girasol hasta 600 toneladas. En todos los casos se trata de volúmenes anuales y será para todo el universo de los productores hasta ese tope máximo. El productor será compensado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a los 30 días de haber realizado su operación (sea con una acopiadora, cooperativa, exportadora o industria) tomando para la cotización el dólar FOB del día de su venta. Para todos los efectos, los montos devueltos a los productores serán tomados por el Fisco como un ingreso, que queda sometido al pago del Impuesto a las Ganancias, a fin de que las provincias no se vean perjudicadas con una disminución en la coparticipación por este tributo. El otro cambio que se buscó en el capítulo de retenciones estuvo en el destino de los fondos. El proyecto original preveía que el 70% de lo recaudado fuera destinado a la ANSES. Se intentó recortar a 67% ese porcentaje y que 3% fuera para un fondo de incentivo al sector rural, aunque la idea terminó naufragando, dado que el resultante de ese porcentaje era insuficiente.

• (Cronista) Anuncian la suba salarial para privados la próxima semana y regirá desde enero. Más de tres horas pasaron reunidos a puertas cerradas, desde la tarde y hasta altas horas de la noche, funcionarios del Gobierno y los pesos pesados de las centrales obreras y los principales gremios negociando la forma en que se instrumentará el aumento salarial que el Ejecutivo prevé para todos los trabajadores del sector privado en el marco de la emergencia. Ayer quedó en firme que el anuncio formal del incremento, que tendrá el formato de una suma fija no remunerativa que podrá tomarse a cuenta de las respectivas paritarias, tendrá lugar la próxima semana (se menciona entre lunes y martes) y regirá desde el mes de enero. Sin embargo, aún no está consensuado el monto del aumento salarial del sector privado ni las condiciones de una mejora para los trabajadores del Estado. «Se va a resolver una vez que este aprobada la Ley», dijeron desde la primera línea del Gobierno en referencia a la sanción del proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva que hoy concretará el Senado. Si se cumplen esas previsiones, en la Casa Rosada especulan con un posible anuncio entre lunes y martes. Cerca de las 18, uno de los titulares de la CGT, Héctor Daer, y el secretario del Sindicato de Peones de Taxi, Omar Viviani, cruzaron la puerta de la Casa de gobierno. Se fueron sumando el camionero Hugo Moyano; el secretario general de la CTA, Hugo Yasky; la CTAA, Ricardo Peidró; ATE, Hugo Godoy; el hombre fuerte en Comercio, Armando Cavallieri, y el de la UOM, Antonio Caló, entre otros. Rezagado, completó la nómina Roberto Baradel, en nombre de los docentes bonaerenses. Los sindicalistas discutieron con el jefe de gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; su par de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, en qué modo se pretende otorgar la recomposición de haberes en el sector privado. Mirá también De Pablo, irónico: «A la Ley de Emergencia solo le falta que se ocupe de la fila … Entrada la noche, las posiciones de los gremialistas no eran compartidas con el lado de la mesa gubernamental, que a través de la ley queda con capacidad de aliviar a las empresas que paguen la mejora salarial con deducciones de contribuciones y aportes patronales. El presidente Alberto Fernández monitoreó el transcurso de la reunión a través de sus asesores y cerca de las 21 dejó la Casa Rosada rumbo a Olivos. Cafiero, Moroni y Béliz siguieron hasta más tarde con los sindicalistas, preparando un anuncio y también limando asperezas por el dinero que la Nación retiene a las obras sociales sindicales, las cuales quedaron excluidas del «perdón fiscal» que regirá en 2020 para congelar ejecuciones y juicios por deudas que sí les valdrá a las clínicas, sanatorios, hospitales y geriátricos.

• (Cronista) Kicillof negocia con propios y ajenos para aprobar su emergencia. No sólo la Casa Rosada estuvo ayer negociando para aprobar su megaproyecto de Solidaridad Social: el gobernador bonaerense Axel Kicillof hizo lo propio, en un escenario legislativo más desfavorable en el poroteo, para avanzar con la pretendida declaración de una cuádruple emergencia. «Se prorroga la sesión en el Senado y confiamos en que los detalles de redacción que se están discutiendo se solucionen rápido, porque tenemos una gran responsabilidad con la vida de las y los bonaerenses», fue el tuit pasado el mediodía de la vicegobernadora Verónica Magario que confirmó lo que se imaginaba: no sería un debate fácil. Al cierre de esta edición, teniendo tiempo hasta 12 de la noche para retomar la sesión tras el cuarto intermedio, se abrió la esperanza de que los legisladores pudieran sentarse en sus bancas. Una parte del proyecto, igual, podría quedar para la semana que viene. Desde Juntos por el Cambio reprochaban, entre otras cosas, que las emergencias solicitadas por Kicillof (Social, Económica, Productiva y Energética) no fueran por 2 años como sentencia el proyecto. En principio habían aceptado dar quórum sólo para extender las heredadas del vidalismo (Seguridad, Infraestructura y Administrativa). Mirá también De Pablo, irónico: «A la Ley de Emergencia solo le falta que se ocupe de la fila … También había un tire y afloje entre oficialismo y oposición por cuatro puestos clave en el organigrama de la Cámara. En un preacuerdo, Juntos por el Cambio había aceptado debatir ayer al menos la prórroga del Presupuesto 2019 hasta marzo, una de las llaves que precisa Kicillof para negociar los vencimientos de deuda que tiene en enero. Pero también hubo quejas internas. Los intendentes del PJ apuntaron contra el artículo 34 que permite un control a la gobernación del Fondo de Infraestructura que gotea a los municipios.

• (Cronista) Retenciones: el campo se encamina a un paro comercial Mientras en el Congreso se trata el megaproyecto de emergencia, productores realizan asambleas y perfilan un cese comercial que puede arrancar este mismo fin de semana. Los productores agropecuarios de todo el país y la dirigencia rural estarán hoy con la atención puesta en lo que suceda en la Cámara de Diputados con el tratamiento del megaproyecto de ley de «Solidaridad social y reactivación productiva», que contiene alícuotas máximas para los derechos de exportación de 33% para la soja y 15% para los cereales con vigencia hasta fines de 2021, como informó ayer El Cronista. Y en paralelo comenzarán a cristalizarse una serie de reuniones de las principales gremiales rurales, como la cordobesa Cartez; la pampeana Carbap, la santafesina Carsfe y la nacional Federación Agraria (FAA) para analizar medidas de fuerza que vienen exigiendo las bases desde que el sábado pasado se modificó el esquema de retenciones y por el cual la soja tributa ahora 30%, los cereales 12% y la carne y otros productos agroindustriales un 9%. El malestar fue en crecimiento desde el fin de semana y si bien el lunes mismo los dirigentes de la mesa de enlace fueron recibidos por el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y apostaron al diálogo, el anuncio de misma noche del presidente Alberto Fernández de ir por tres puntos adicionales para las retenciones (volcado en el megaproyecto oficial) alteró más los ánimos de los hombres y mujeres de campo que reclaman a sus dirigentes acciones de fuerza inmediatas. Ayer, en el Congreso, los diputados de la oposición, en particular los ligados a las provincias de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires encararon negociaciones tendientes a reducir los porcentajes máximos para los derechos de exportación incluidos en el proyecto que el Gobierno espera tener sancionado mañana mismo. Durante la tarde se buscó que los topes fueran de 30% para la soja, 12% para los cereales. Sin embargo, el proyecto llega al recinto con el artículo 49 original, y si bien se espera que los legisladores opositores que pidieron la rebaja voten en contra, todo hace prever que los topes máximos quedarán fijados como los propuso el Gobierno. Ante ese panorama, en las entidades nacionales evaluaban los reclamos de sus distintas filiales y de las bases de productores. Las opciones son simples van desde protestas escalonadas a un paro de comercialización de entre cinco a 7 días. Esa medida puede comenzar el sábado si es que como se espera el Gobierno consigue la sanción exprés de la ley para producir un shock de la economía, por lo que su extensión llegaría al menos hasta Navidad. La presión por un rechazo contundente al alza de las retenciones del agro se sustenta en que hoy el Estado ya se queda con el 60% de lo que produce la agricultura en su conjunto, relación que se eleva al 67% en el caso de la soja. Desde CRA, dijeron que los topes máximos «llevarían a quebranto productivo en amplias zonas del país, como los productores más alejados de los puertos». Y reforzaron que «en un año con clima seco esto se vuelve peligroso». Negociaciones, para enero El intento de negociar por parte de dirigentes de la oposición, e incluso algunos referentes del justicialismo de las provincias agroganaderas, una baja en los topes máximos que tendrán las retenciones a las exportaciones en los próximos dos años quedó detenido, con la ratificación de esas escalas en el dictamen de comisión para que la mega-ley sea tratada hoy mismo en la Cámara de Diputados. Sin embargo, una vez que el Gobierno consiga el aval parlamentario, algo que se prevé ocurrirá este mismo viernes, se habilitará una ronda de negociación para tratar las distintas realidades de las cadenas agroindustriales, como informó El Cronista en su edición de ayer. Una vez iniciado 2020 se habilitarán distintas mesas entre funcionarios nacionales, entre ellos el ministro de Agricultura, Luis Basterra, y los actores de las cadenas para proponer estímulos a la producción y rebajas por zonas, entre otras iniciativas que se pondrán en discusión. «La intención es no llegar a esos máximos», intentó tranqulizar a productores y exportadores el designado secretario de Agricultura, Julián Echazarreta, al asistir al brindis de fin de año de las cadenas de la soja, el maíz, el trigo y el girasol.