Local
(Infobae) Martín Guzmán y los fondos de Wall Street pactaron una tregua: habrá extensión de la oferta oficial y default sin denuncia judicial
El ministro de Economía y los acreedores privados acordaron un nuevo plazo de negociación de la deuda externa y postergar la presentación de una demanda multimillonaria en los tribunales de Nueva York ante el anunciado incumplimiento del pago de intereses de los bonos Global. Tras semanas de compleja negociación en círculos, Martín Guzmán y los bonistas pactaron una tregua tácita y oportuna, si se considera que está en juego la reestructuración de la deuda externa privada por 66.000 millones de dólares, la profundización de la crisis económica y el aislamiento financiero de la Argentina por su conocida recurrencia a caer en default. Este acuerdo entre el ministro de Economía y los fondos de inversión implicó un compromiso asumido por cada una de las partes en conflicto: la Quinta de Olivos no declarará desierto el canje y extiende la oferta oficial durante junio, mientras que los acreedores privados evitarán concurrir a los tribunales frente al default que mañana consumará Argentina cuando ratifique que no pagará 503 millones de dólares por intereses del bono Global. La extensión de la vigencia de la propuesta oficial se manifestará en una resolución que se publicará en el Boletín Oficial, en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), el New York Times, el Financial Times, un matutino en Luxemburgo y otro en Buenos Aires, acorde a las normativas previstas en la oferta presentada a los acreedores privados. La resolución está a la firma de Guzmán, no excede de cinco párrafos y su aspecto más importante -plazo de extensión de la oferta- aún no fue definido por el ministro de Economía. “Apostamos a terminar todo en junio”, opinó un miembro del gabinete que conoce Olivos de memoria. La Argentina caerá en default mañana al incumplir un pago de 503 millones de dólares por los intereses vencidos del bono Global. Si no hubiera una negociación de buena fe, los fondos de inversión acelerarían las cláusulas corporativas y los procedimientos legales que permiten denunciar al país ante los tribunales de Manhattan. Pero los acreedores privados también apuestan a un acuerdo, y se comprometieron con Guzmán a que no harán nada -por ahora- para que el default lastime las arcas del Tesoro Nacional. Al margen de este acuerdo tácito entre el ministro de Economía y los acreedores privados, la negociación sufre el síndrome del Día de la Marmota. Guzmán se mantiene firme en su oferta, y los fondos de inversión en las tres propuestas que presentaron en la cartera de Hacienda. Guzmán afirma en la intimidad de Olivos que su método de negociación es apropiado a las circunstancias, mientras que los bonistas replican que el ministro “está enamorado” de su discurso académico y se hace complejo encontrar un punto de contacto. Alberto Fernández respalda a Guzmán, pero ya comenzó a escuchar otras perspectivas a la búsqueda de una solución definitiva a la crisis de la deuda externa. El Presidente conversó con un importante CEO de un fondo de inversión con valiosos activos en la Argentina y escucha en silencio las opiniones de Sergio Massa. El titular de la Cámara de Diputados tiene muy buenos contactos en Wall Street y Londres, y está preocupado por la lentitud en la negociación. En cónclaves informales, BlackRock soslaya a Guzmán y busca un backchannel para llegar sin escalas a Olivos. Este poderoso fondo contactó a dos influyentes personajes -de las finanzas y la política-, pero la respuesta fue idéntica: “Por ahora, Guzmán está a cargo. Hay que esperar”. Alberto Fernández conoce las intenciones de BlackRock y no habilitará una vía paralela que implique debilitar a su ministro de Economía. “Martín soy yo”, repite el jefe de Estado cuando escucha los recurrentes cuestionamientos de los acreedores privados. Y remata: “Estamos negociando; nadie regala nada”. Si no hay cambios en la agenda política y burocrática, la extensión del plazo de negociación con los bonistas aparecerá publicada entre sábado y domingo. Sería la tercera prórroga de una pulseada multimillonaria que es seguida con atención por la Casa Blanca y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Donald Trump aún no movió: aguarda que todo se encarrile antes que llegue el verano a Washington.
(Infobae) Default “anecdótico”, nuevos plazos, aceleración de bonos y el regreso de los holdouts: qué puede pasar con la deuda a partir de mañana
El viernes 22 vence el plazo para pagar un vencimiento de unos USD 500 millones. Operadores, funcionarios y analistas se ilusionan con un impago con bajo impacto. Prevén, aún así, que se activen los seguros contra default y que no haya grandes riesgos legales mientras duren las negociaciones. El ministro de Economía, Martín Guzmán, reveló esta semana que la fecha del 22 de mayo fijada como límite para no caer en default va a llegar sin un acuerdo con los acreedores privados. El default, desde el punto de vista de la letra escrita de las condiciones de emisión de la deuda, se va a volver una realidad. Selectivo, “anecdótico” o de otra clase, mientras las negociaciones continúen camino a buen puerto las consecuencias del impago pueden ser menores, pero fuerzan al Gobierno a negociar a mayor velocidad y con el riesgo de una complicación judicial siempre presente. El viernes vence el período de gracia para el pago de un vencimiento de tres bonos globales que deberían haber sido abonados originalmente el 22 de abril. Los tres bonos en cuestión –los globales 2021, 2026 y 2046– tenían previsto para ese día pagos de intereses. Suponían desembolsos por unos USD 504 millones en total, USD 155 millones del título con vencimiento en 2021, USD 244 millones del que vence en 2026 y USD 105 millones del que fue emitido a 2046. De no concretarse el desembolso en la tarde del viernes, se darán las condiciones para un default. “Seguramente las calificadoras que no hayan tenido una nota lo suficientemente baja como para no contemplarlo van a tener que bajar la nota o hablar de un evento de crédito, y lo seguros contra default se van a gatillar”, dijo Santiago López Alfaro de Delphos Investment. “Va a ser un default selectivo, sobre algunas series de bonos específicos y no un repudio generalizado de la deuda”, dijo. El límite para el período de gracia coincide con la fecha límite que fijó el ministro de Economía, Martín Guzmán, para que los acreedores privados tenedores de deuda ley extranjera den su respuesta a la oferta de canje lanzada en abril pasado. Según el compromiso que tomó al presentar su oferta ante la SEC (el regulador del mercado de capitales de los Estados Unidos), el lunes 25 el Tesoro deberá informar a los tenedores de deuda una de tres posibles novedades: declarar desierta la oferta, extender el plazo de su vigencia o informar el resultado con su nivel de adhesión, sea cual fuere. El consenso entre funcionarios, analistas y operadores es que será un default asintomático. O, al menos, eso es lo que esperan. Esto es porque aunque la concreción del impago le da toda una serie de derechos de los bonistas para litigar, creen que con una conversación en marcha no es lo más conveniente para los acreedores. Desde el momento en el que un plazo de gracia fue superado, los acreedores gozan del derecho de pedir al trustee, el Bank of New York Mellon, una aceleración de sus acreencias. No sólo los tenedores de los tres títulos que gatillan el default, sino todos aquellos que tengan bonos ley extranjera en sus manos. Para hacerlo, sin embargo, hay una traba. El pedido sólo se puede concretar si se reúne a bonistas que, en total, sumen al menos el 25% del capital de uno de esos bonos. El más riesgoso en ese sentido es el bono en francos suizos, emitido por el equivalente a unos USD 400 millones, que vence en octubre de este año. Riesgoso porque al ser la emisión más pequeña en circulación, con apenas USD 100 millones en valor nominal –mucho menos si tenemos en cuenta que esos papeles cotizan con grandes descuentos– ya se puede pedir la aceleración. Una aceleración supone volver presente todos los pagos futuros de un bono. Así, toda la deuda Argentina debería ser pagada de una sola vez. Algo inaplicable que sirve sólo como herramienta para un litigio en tribunales neoyorquinos, precisamente lo que el Gobierno argentino intenta no repetir. “Nadie va a hacer eso”, dijo López Alfaro. “Los tres bonos que quedan impagos son bonos emitidos por el gobierno de Mauricio Macri, que son mucho más favorables para el emisor, y mientras haya una negociación el incentivo es a mantenerse en la mes, más complicado es el vencimiento de bonos del canje del 30 de junio”, agregó. Para un ex funcionario del área económica, la aceleración es una posibilidad, pero no una catastrófica. “Es probable que algunos de los tenedores aceleren sus series, porque si las negociaciones se alargan tiene sentido ya ir avanzando en dirección de la vía legal. Pero si esos bonos después entran en el canje, acelerados o no, no hace mucha diferencia”, agregó.
Seguros contra default
El otro punto en cuestión es el de los seguros contra default, los credit default swaps o CDS, que algunos de los inversores más grandes toman para cubrirse ante impagos. Esos seguros, que cotizan en el mercado como un bono o una acción, pagan una porción del valor del título a sus tenedores en caso de que su emisor deje de pagarlos.
“Puede ser un incentivo a negociar para los bonistas. Porque en esta parte de la negociación, quienes tengan CDS tienen un incentivo a empujar a la Argentina a un default y cobrar los seguros. Una vez que ya se activaron, esa ganancia ya no está más en juego y tiene más sentido cerrar el acuerdo”, dijo el mismo ex funcionario.
Antecedentes hay. En 2012, Grecia cerró una restructuración con una reducción de deuda de aproximadamente el 50% de su PBI, los acreedores tomaron las dos opciones entraron al canje y además cobraron los CDS: unos USD 2.500 millones.
Desde el lunes, quienes estén cubiertos contra un default con esos instrumentos podrán consultar a ISDA si es que existió un “evento de crédito”. Un comité en el que participan empresas como Bank of America, Barclays Bank, BNP Paribas, Citibank, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, JPMorgan Chase Bank y Mizuho Securities deberá determinar si lo hubo y, en caso de que la respuesta sea que sí, se activarán los seguros.
Además, también quedará la posibilidad de iniciar demandas contra la Argentina por el incumplimiento.
“El lunes mismo se puede empezar demandas o acelerar los bonos, aunque es esperable que mientras que sigan las negociaciones no haya predisposición de los acreedores con al menos el 25% de emisiones hacer esas presentaciones”, dijo el abogado Pablo Giancaterino, que representa a minoristas tenedores de deuda argentina.
“La primera demanda colectiva, una class action, por el default de 2001 no llegó de inmediato sino en marzo de 2002. La primera acción individual a final de ese año, no es necesariamente tan rápida la presentación”, agregó Giancaterino, quien también participó del juicio pari passu represetando a bonistas con tenencias menores.
“La estrategia de los fondos que negocian es agotar todas las instancias, mostrar buena voluntad y hasta respetar los parámetros de sustentabilidad del FMI. Si después la postura de la Argentina no les convence, ya van a tener tiempo de litigar”, agregó.
Según operadores, mucho dependerá de qué haya para comunicar el lunes 25 y de la manera en que se comunique. Si se logra mostrar avances y hasta conseguir que los bonistas organizados den sus propias señales públicas respecto a que e camina a un acuerdo, la posibilidad de que haya free riders moviéndose por fuera de la negociación se disminuye.
Pero ni siquiera con un acuerdo con los tres grupos de bonistas organizados la saga de la deuda llegaría a su fin. Para poder darle un punto final al tema necesita alcanzar en 21 series de bonos diferentes que el canje sea aceptado por tenedores que sumen en total entre el 65% y el 85% del capital emitido, para forzar a los que queden en una posición minoritaria a aceptar las condiciones del canje. En caso contrario, quienes no quieran aceptar el acuerdo podrán seguir litigando.
“Es para largo, y va a haber holdouts”, dijo Giancaterino.
(Infobae) A cuánto llegará el dólar a fin de año: el preocupante pronóstico de bancos y consultoras. Todas las estimaciones sobre la evolución de la actividad económica, el tipo de cambio y la inflación para 2020 y 2021. El dólar oficial podría llegar hasta los $102 a fin de este año y a $140 el próximo, en una economía que caería hasta el 10,7%, el peor resultado desde 2002. Así lo indicaron los bancos y consultoras en el informe de este mes de FocusEconomics, en el que indicaron además que la inflación puede llegar hasta el 56 por ciento pese a la fuerte parálisis económica que se registra desde marzo. Ayer, el Ministerio de Desarrollo Productivo que conduce Matías Kulfas afirmó que en mayo ya hay síntomas claros de recuperación y la cartera económica que conduce Martín Guzmán afirma que quiere despejar el tema de la deuda para encarar los problemas económicos de manera más integral. En promedio, bancos y consultoras prevén que la economía caiga el 6,9%, un poco más que el -6,5% pronosticado por el Gobierno, pero Invecq estiró ese derrape al -10,7%, muy cerca del 11 por ciento registrado en 2002. Luego se ubicaron el banco JP Morgan con el -9,8%, FIEL con el -9,2%, Econométrica con el 8,5%, y Eco Go -ganadora de los pronósticos del año pasado- y Abeceb con -8,3 por ciento. El número más optimista fue de Credit Suisse con el -3,7 por ciento. Para el año próximo, creen que la recuperación rondará el 3,5 por ciento. En cuanto al tipo de cambio, afirmaron en promedio que llegará a $86,5, pero el Citi calculó $ 102, seguido por el HSBC con $100 y Galicia con $95. En cambio, Credit pronosticó que terminará el año en 71,5. Para el año próximo el promedio es de $ 112, pero algunos creen que podría llegar a $140. En cuanto a la inflación, el promedio es del 47%, pero el Citi se estiró hasta el 56,5%, seguido por LCG con 54,4%, Invecq 53,3% y Eco Go con el 52,5%. En cambio, Societe Generale cree que será del 38 por ciento. Para 2021, el promedio es del 41 por ciento. El informe subrayó que “la pandemia de coronavirus ha afectado al país en tiempos difíciles; la actividad se redujo en los primeros dos meses de este año después de caer en picada ya que la demanda interna paralizó la economía en 2019”. “El aislamiento causó la caída de la actividad industrial y las exportaciones en marzo, mientras que la confianza del consumidor cayó más profundamente en territorio pesimista en marzo-abril”, se indicó. Mientras tanto, “la saga de renegociación de la deuda continúa: después de que tres grandes grupos de acreedores rechazaran la propuesta inicial de reestructuración de más de USD 65 mil millones de deuda, el Gobierno extendió las negociaciones hasta 22 de mayo, el mismo día que vence un período de gracia para una deuda de USD 503 millones”. El plazo se extenderá nuevamente, aunque el país caerá técnicamente en default si no paga mañana. “Dada la necesidad del Gobierno para cumplir con un umbral mínimo de participación necesario para una reestructuración integral, las perspectivas para llegar a un acuerdo parecen sombrías”, advirtió. Según el informe, “la crisis de Covid-19 causará estragos en una economía argentina que ya está enferma, golpeando la demanda interna y externa”. La decisión de “exacerbar la problemática posición fiscal del país, con un aumento del uso de déficit con financiación monetaria”. “Si el Gobierno incumple con su deuda, probablemente se producirán turbulencias financieras y las fuentes de financiamiento se terminarán”, se aclaró. En realidad, el Gobierno no tiene acceso al mercado voluntario desde hace más de 2 años y por eso tuvo que apelar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero esto no significa que un default desordenado no empeore las condiciones cambiarias y financieras a nivel doméstico, como se observó en las últimas semanas. Y si bien la inflación no aparece en el corto plazo como un problema por la parálisis económica y la profunda recesión, un escenario más complejo desde el punto de vista financiero puede ser un desafío para el nivel de reservas del Banco Central, que son el único alimento para el Tesoro Nacional. Por otro lado, el consumo privado caería 8% este año y crecería 3,6% el próximo; la inversión fija -19,5% y 6,8%, respectivamente; la producción industrial -8,5% y 3,3%; el déficit fiscal 6,7% y 4,7%; y el desempleo 12,5% y 11,6%, cifras que reflejan la profunda crisis en la que se combinan factores locales y globales.
(Infobae) Las razones por las que el Gobierno y los acreedores tienen apuro por llegar a un acuerdo con la deuda. Hubo señales de acercamiento de ambos lados. La intención es acelerar todo lo posible las negociaciones en curso y minimizar los efectos del default que se produciría mañana. Martín Guzmán ya había señalado que las conversaciones con los bonistas venían siendo “productivas” y que el Gobierno sería “flexible” para poder llegar a un acuerdo. Pero también del lado de los bonistas aparecieron señales concretas que apuntan a la misma dirección. Sin ir más lejos, el fondo más grande del mundo, BlackRock, tomó la posta ayer al dejar trascender que estaba dispuesto a bajar las pretensiones y facilitar el diálogo con el Gobierno. La propuesta original presentada por Martín Guzmán tiene un valor de USD 40 por cada 100 nominales que se están estructurando. Pero en promedio las tres ofertas presentadas por los grupos de bonistas representan una exigencia de entre USD 58 y 60. Todo eso suponiendo un rendimiento futuro de los bonos argentinos (la denominada “exit yield”) del orden del 10%. Existe apuro por llegar a un acuerdo de ambas partes. El principal motivo es que en caso de alargarse demasiado las conversaciones, podría dar lugar a la aparición de fondos “buitre”. Si esto sucede, ya no sería una negociación “técnica” sino que pasaría al plano “legal”. Para el Gobierno sería mucho más difícil cerrar un acuerdo y muchos acreedores tendrían que salir a malvender sus bonos. De ambas posturas extremas no es muy difícil llegar a la conclusión que un acuerdo razonable podría estar en el medio de ambas, es decir en torno a USD 50. Y de hecho fue el valor que dejaron trascender desde BlackRock a través de la agencia Reuters. Allí hablaron que buscarán convencer a los fondos que integran el grupo de acreedores (denominado “Ad hoc”) para que acepten rebajar la propuesta a USD 50 o 55. La Argentina precisa el acuerdo para salir de la crisis económica, lo cual sería imposible si se alarga el default. Y los bonistas prefieren recibir un bono que valorice sus tenencias antes que vendérselos a fondos “buitre” para que litiguen por largos años. Detrás de esta jugada está Larry Fink, el CEO de BlackRock y uno de los hombres más respetados de Wall Street, con un patrimonio bajo administración de 6,2 billones de dólares (15 veces más grande que el PBI de la Argentina). Algunos consideran que se trata de una jugada “políticamente correcta” de alguien que incluso fue mencionado para ocupar el cargo del secretario del Tesoro estadounidense. Lo cierto es que desde ambas partes precisan un acuerdo y que sea rápido. El Presidente Alberto Fernández dejó en claro cuál es su postura la semana pasada, cuando señaló: “No somos necios, no queremos un default”. Y ayer fue el propio Guzmán quien reconoció que recuperar el acceso a los mercados financieros será clave para que la Argentina pueda “volver a ponerse de pie”. Además, se mostró a favor de acelerar todo lo posible las negociaciones: “Lo antes que lleguemos a un acuerdo, mejor”. El default podría incluso ser funcional en otro plano, al dejar contento al ala dura kirchnerista. No se pagarían los USD 503 millones que vencen el viernes ni se aceptarían los pedidos excesivos de los acreedores. Pero de ninguna manera eso significa que no se pueda llegar a un acuerdo días, semanas o meses más tarde. Los bonistas tampoco apuestan a un default. Al contrario, siempre se manifestaron a favor de lo que comenzó a ocurrir luego del 8 de mayo: una verdadera negociación en vez de una oferta unilateral del Gobierno. Prácticamente todos los fondos que participan de los tres grupos que negocian con la Argentina son de “dinero real”, es decir no realizan transacciones altamente especulativas ni están pensando el litigar. Pero sí buscan hacer valer las cláusulas de los títulos emitidos por la Argentina bajo ley internacional, que claramente les dan más protección que aquellos títulos colocados bajo ley local.
(Infobae) La facturación en los supermercados llegó a su nivel más bajo desde que se inició la cuarentena. Según un relevamiento privado, en la segunda semana de mayo el valor promedio del ticket fue de $483, menor que en las semanas anteriores. Cada compra incluyó en promedio 6,5 unidades. Durante la segunda semana de mayo, la facturación de los supermercados estuvo entre las de menor nivel desde que comenzó la cuarentena pero, al mismo tiempo, creció la cantidad de transacciones, por lo que los consumidores están concurriendo más veces a los lugares de compra. Los datos corresponden a un estudio sobre consumo masivo realizado por la consultora Focus Market vía Scanntech —los lectores de scanner— en más de 900 puntos de venta en todo el país. Según el relevamiento, el valor de cada ticket fue de $483 en promedio, más bajo que en las semanas anteriores, y cada uno incluyó en promedio 6,5 unidades, un nivel similar a la semana previa a regir la cuarentena. En tanto, en los primeros días en los que estuvieron vigentes las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, el ticket promedio alcanzó $576 y 8,2 unidades en promedio. La canasta de consumo masivo tuvo variaciones positivas, pero desaceleró su crecimiento, con excepción del rubro de cuidado personal que mantuvo sus tasas por encima del 10% El informe detalló que durante la segunda semana de mayo, la canasta de consumo masivo tuvo variaciones positivas, pero desaceleró su crecimiento, con excepción del rubro de cuidado personal que mantuvo sus tasas por encima del 10%. En tanto, las bajas más importantes se dieron en el rubro de bebidas, que cayó 8,3% en su segmento sin alcohol y 7,1% en su segmento con alcohol.“El consumo pasó del stockeo en grandes superficies comerciales y canal mayorista en la precuarentena a los comercios de cercanía durante la cuarentena. Observamos que frente a la aceleración del crecimiento del consumo en estos formatos en forma general en todas las categorías comienza a producirse una desaceleración de ese crecimiento”, explicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market.A comienzos de abril —entre el 4 y el 10—, la canasta básica de consumo masivo (que incluye alimentos, bebidas, productos de higiene personal y limpieza) tuvo una suba de 40% en comparación con la misma semana del mes anterior. Sin embargo, si se compara la segunda semana de mayo —del 9 al 15—, el crecimiento de la canasta fue del 13,2%, que si bien es un porcentaje positivo, es el más bajo desde que comenzó la cuarentena. “El consumo masivo es traccionado en categorías básicas como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y cuidado personal por la clase media que hoy tiene al menos cuatro inconvenientes importantes. En el caso de autonómos y monotributistas, hay perdida de ingreso y en muchos casos no obtuvieron los créditos a tasa cero y los asalariados se vieron damnificados por el recorte salarial en diferentes sectores”, agregó Di Pace. Entre otras causas que explican la desaceleración en los niveles de consumo masivo durante mayo, mencionó la “selectividad” en la categorías, por la necesidad de sustituir y excluir bienes y servicios habituales de la canasta, a los efectos de racionalizar su nivel de gasto y las deudas anteriores que presionan y limitan la economía hogareña.
(AMBITO) Gobierno en alerta por festival de cautelares de importadores para acceder a dólar oficial. El escenario que se monitorea tendrá epicentro en el fuero Contencioso Administrativo Federal. Los estudios de abogados buscan tentar posibles demandantes que buscan evitar brecha con el blue.El fuero Contencioso Administrativo Federal puede convertirse en el epicentro de un festival de medidas cautelares interpuestas por importadores para acceder libremente a dólares al precio oficial para garantizase operaciones. Fruto de la brecha cambiaria con el “blue”, y luego de la advertencia de la AFIP de monitorear las transacciones, especialmente del rubro dedicado al comercio exterior, grandes estudios de abogados se pusieron en contacto para librar una batalla en tribunales que el Gobierno comienza a mirar con preocupación. Necesitan para esto una primera receptividad que llegue por parte de tribunales de primera instancia. Los controles cambiarios en el contexto de Covid-19 atraviesan las decisiones políticas en todo el mundo. Pero a nivel local, se le agrega la lentitud para hacerse de divisas en la autopista del comercio exterior, algo que requeriría una “colectora” -todavía no pavimentada por el Poder Judicial- para asegurar una jugada de éxito que un sector del Ejecutivo comienza a visualizar. La discusión gira en torno al valor de la divisa y a la brecha entre el oficial respecto del “blue”, mercado que por marginal, no ha dejado de ser utilizado también para cuestiones de comercio exterior. Esa diferencia movió a la creatividad de estudios de abogados que plantearon la chance de recurrir a tribunales para intentar una maniobra judicial que sostenga un amparo. Y que pueda incluir una medida cautelar. El fuero elegido es el Contencioso Administrativo Federal, que se encuentra no solo ceñido a las cuestiones de la feria judicial, sino en pleno proceso de recambio por vacantes. Suma, incluso, la chance cierta de formar parte de lo anunciado dentro del paquete de reforma judicial para ser fusionados con el fuero Civil y Comercial Federal, lo que altera ánimos en los tribunales que deben decidir sobre cuestiones de derecho administrativo y las cuales son necesarias para los Ejecutivos desde el punto de vista de la gobernabilidad. Advertidos de esta cuestión, un sector del gabinete económico que encabeza Matías Kulfas, pero también desde el BCRA empezaron a prestar atención de cualquier movimiento judicial en este sentido que podría abrir una nueva hemorragia en el torniquete realizado en torno al dólar, en sus diferentes variantes, con controles estrictos para operaciones cambiarias en Bolsa. Esto redundaría en un nuevo goteo de reservas que, pese a un resultado de balanza comercial favorable, solo responde al derrumbe general del intercambio comercial. Desde AFIP se implementaron controles respecto a maniobras ligadas a la sobrefacturación de importaciones, de alto costo fiscal. Pero el enfoque estaba ligado a presuntos intentos para burlar controles cambiarios, sobre todo en las ventas intra firmas. Aduanas dio aviso de la situación que ya puso a los importadores en la mira, hoy el único grifo para las empresas para girar fondos al exterior. Otras vías no están autorizadas o tienen controles al estilo “cepo”. El precio mayorista es el oficial, pero puede ocurrir que exista una maniobra de triangulación donde participan firmas importadoras que pagan de más a exportadoras que funcionan en realidad como revendedoras de un bien originalmente importado desde otro lugar. Ese intermediario se queda con el precio superior del bien pagado por el importador local a un valor superior y con el dólar mayorista. El foco de la AFIP está puesto en transacciones que involucren jurisdicciones que no cooperen con datos o asentados en lugares con nula o baja tributación. Por esto, el organismo recaudador apunta a una nueva reglamentación que ponga restricciones e incorpore nuevos sujetos obligados. El contexto Covid-19 abre la puerta para que importadores –de insumos médicos por ejemplo- sean los que traccionen una acción cautelar como la que apareció en el radar de las autoridades, y que pueden tener decisiones de los tribunales como protagonistas.
(AMBITO) Los fondos están más pesimistas. Un relevamiento del BofA entre los mayores administradores internacionales mostró un creciente pesimismo sobre las acciones, especialmente las de mayor riesgo, y sobre la recuperación económica que ahora esperan que sea más lenta mientras persista el riesgo de una segunda ola de infecciones. Si nos guiáramos por el sentimiento y la toma de decisiones de los principales gestores de fondos de inversiones del mundo, todavía no pasó lo peor. Eso se refleja en la última encuesta del BofA entre los mayores administradores internacionales que manifestaron su creciente pesimismo sobre las acciones, especialmente las de mayor riesgo, y sobre la recuperación económica que ahora esperan que sea más lenta mientras persista el riesgo de una segunda ola de infecciones. Cabe señalar que desde el derrumbe de marzo las acciones subieron más del 30%, recuperando más de la mitad de las pérdidas en aras de que se pensaba en una rápida recuperación de la actividad económica tras la pandemia. Lo que se ve claramente en la encuesta BofA es una mayor sobreponderación de liquidez en las carteras desde 2008 y el menor peso de la renta variable desde marzo de 2009. Además el 90% considera que el riesgo de default es la mayor amenaza actual para la estabilidad de los mercados financieros (es el mayor nivel en una década, similar a marzo de 2009 con la última crisis económica). Mientras que un 57% anticipa que se producirá una segunda ola de contagios lo que sería el mayor riesgo y podría desencadenar una crisis de crédito sistémica.La última vez que estos profesionales estimaron que las acciones “value” (menos riesgosas, más estables) rendiría menos que las “growth” (más riesgosas, más rentables) fue en diciembre de 2007, en los albores de la crisis financiera global que se desataría en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, las “growth” o de crecimiento, como por ejemplo las tecnológicas, le ganan por goleada a las de “valor”. Todo eso desemboca en que los gestores internacionales continúan mostrando una perspectiva más bajista que alcista, basta solo con destacar que un 75% de los encuestados cree que la recuperación económica poscoronavirus tendrá forma de “U” o de “W” (lenta), mientras que solo un 10% sigue confiando en una recuperación en “V” (más rápida). Asimismo, un 68% considera que el mercado está en una tendencia bajista, frente a solo un 25% que lo ve ya en tendencia alcista. Un mes atrás, la encuesta ya mostró pesimismo con un 52% que esperaba una recuperación en forma de “U”, solo el 15% confiaba en una “V” y 22% en una “W” (el 93% esperaba una recesión global, dos trimestres de crecimiento negativo). Otra señal que aporta el sondeo es que las carteras de los gestores internacionales muestran un fuerte sesgo hacia los activos defensivos, entre ellos las acciones de compañías de cuidados de la salud y los bonos (en detrimento de activos cíclicos), y un elevado nivel de liquidez hoy en el 5,7% (100 puntos básicos por encima de la media de la última década). Con relación al nivel de liquidez, vale recordar que en abril lo llevaron al 5,9%, lo que implicaba un nivel sin precedente desde hace 19 años, cuando se produjeron los ataques a las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Por último vale destacar que los más activos a la hora de comprar renta variable están siendo los “hedge funds” que tienen una posición neta larga del 34% en las Bolsas (por debajo de los niveles de enero y febrero de este año) tras incrementar su exposición en 15 puntos porcentuales en abril, el mayor crecimiento mensual desde junio de 2018.
(Cronista) Cuarentena: de qué trata el proyecto para estatizar acciones de las empresas asistidas por el Gobierno La diputada nacional del Frente de Todos Fernando Vallejos explicó cómo funcionaría la iniciativa y aclaró que no abarca a las pymes. La diputada del Frente de Todos Fernanda Vallejos quedó en medio de la polémica tras proponer que el Estado nacional se quede con parte de las empresas a las que ayuda con fondos para superar la crisis profundizada por el coronavirus. Ahora, intentando bajarle el tono a sus declaraciones, aclaró que se trató de “un tuit que ni siquiera es una idea” suya y continuó: “Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia…”. La idea de Vallejos surgió luego de que el Gobierno Nacional decidiera extender los beneficios del Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP), a través del cual el Estado volverá a pagar hasta la mitad de los salarios de mayo, del sector privado, y reducirá el pago de contribuciones patronales. En diálogo con Animales Sueltos, la diputada explicó cómo se implementaría el proyecto de participación del Estado sobre las empresas: “No sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos. No para las pymes que en esos casos seguirían siendo asistidas”. Además, Vallejos apuntó contra las críticas por parte de la oposición a la iniciativa y consideró que “hay un enorme prejuicio ideológico”. “He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropación, confiscación, control, quedarse con las empresas, la capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso”, declaró y agregó que en la Argentina, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, “ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años”. “Es un mecanismo usual, de mercado, que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. En este caso quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad es el Estado, es un mecanismo de protección”, enfatizó. Además, la diputada justificó la iniciativa al asegurar que son “medidas necesarias” en medio de la “crisis pandémica”, y agregó que en el país hay “una crisis preexistente a la cuestión sanitaria”. Desde el Poder Ejecutivo recibió el visto bueno del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, quien calificó la idea como “interesante”. El titular de la cartera laboral señaló que “es un tema que se está discutiendo a nivel mundial”, aunque aclaró que “quizá le veo algunos problemas operativos, pero no discuto el tema de fondo”.
(Cronista) Alberto recibió a Larreta y Kicillof: analizan mantener a Ciudad y GBA en la fase 3 de la cuarentena Después de los últimos cruces por el aislamiento entre Ciudad y provincia, el Presidente citó a ambos mandatarios en Olivos. El bonaerense llevó la idea de mantener el actual aislamiento en el AMBA pero recomendar a la población que limite su circulación. De un lado Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, autoridades porteñas; del otro, Axel Kicillof, gobernador bonaerense. Alberto Fernández fue una vez más el anfitrión en la residencia presidencial de Olivos de un cónclave de la tríada de administraciones que deben evaluar cómo continuará la cuarentena el próximo lunes en el AMBA, epicentro del coronavirus en las estadísiticas nacionales de la pandemia. «No va a haber anuncios hoy. Primero Larreta y Kicillof deberán hablar con sus comités de emergencia para tomar las definiciones», adelantaron fuentes oficiales. A partir de mañana hasta el mismo domingo, el jefe de Estado tendrá tiempo para dar los detalles de la nueva prolongación del confinamiento obligatorio: con la Ciudad y la provincia de Buenos Aires retenidas en la Fase 3, que permite sólo la circulación del 50% de su población, el resto de la Argentina podrá avanzar más allá de la cuarta etapa en la que ya están, sobre todo distritos que hace semanas no detectan casos. La escalada de casos, en especial en los barrios vulnerables, hizo sonar la alarma en la jefatura de Gobierno porteño y en La Plata. Con sus críticas a la circulación entre Ciudad y Conurbano, Kicillof amagó durante la semana con restringir aún más la cuarentena, que comenzó a flexibilizarse por medidas de Larreta, en acuerdo con la Casa Rosada. Por eso, además de los ministros de Salud de cada distrito, el bonaerense Daniel Gollán y el porteño Fernán Quirós, estuvo en Olivos el titular de Transporte nacional, Mario Meoni. Este funcionario ya había auspiciado un cónclave el sábado pasado para limar asperezas, al prometer mayores controles en el transporte público, sobre todo en los trenes. Incluso se evalúa limitar el uso de la SUBE para trabajadores esenciales si se satura el sistema.También se debatió en la reunión la situación en los barrios vulnerables. Fernández recibió en la previa de la cumbre a referentes sociales para prometerles que se pondrán en marcha inmediatamente políticas públicas para evitar que se potencien los contagios. El Gobierno evalúa, además, proponer un aislamiento diferenciado en estas zonas. Ahora bien, en la previa, el gobernador bonaerense recibió a su propio comité de expertos. «El aislamiento es la política más efectiva contra el coronavirus, y en este contexto de aumento del contagio no sería lógico pensar en una flexibilización”, concluyó Kicillof antes de partir a Olivos. Dar marcha atrás con las reaperturas, con énfasis en las fábricas, parece no ser opción por ahora en territorio bonaerense. Incluso a pesar del antecendente que marcó esta semana Córdoba Capital que debió retrotraer ciertas flexibilizaciones por un brote de contagios. Tampoco Larreta querría, por ahora, frenar la repartura de comercios que habilitó, para reactivar la economía porteña. Un punto intermedio sería, según adelantaron fuentes oficiales, mantener la próxima semana la misma reglamentación que al día de hoy pero reforzando las recomendaciones a la población de limitar sus salidas.
(Cronista) Deuda: el Gobierno redacta la resolución que extenderá el plazo para negociar con los bonistas Se publicaría en las próximas horas en el Boletín Oficial. Explicará que las conversaciones irán más allá del 22 de mayo, la fecha prevista. En el Ejecutivo descartan un efecto negativo en las tratativas porque esto ya está hablado con los acreedores. El Gobierno tomó la determinación de postergar el pago de vencimientos de deuda por u$s 503 millones (previsto para el próximo viernes 22 de mayo) para los próximos días, y tiene casi todo dispuesto para dar a conocer una resolución al respecto, que será publicada en el Boletín Oficial. Allí se explicará, particularmente sobre esta extensión de los plazos previstos. La idea oficial es hacerlo lo más cerca posible del mismo 22, por lo que esto podría ocurrir entre mañana y el mismo viernes. Además, y cumpliendo con las disposiciones correspondientes, se realizará una presentación ante la SEC, donde también se informaría sobre el la extensión de las negociaciones. En forma paralela, el Gobierno tiene previsto también realizar en breve alguna comunicación a los mercados, algo que se espera para las próximas horas Las fuentes consultadas por El Cronista sostienen que este default técnico (como lo llamen en el Gobierno) por no pagar los u$s 503 millones no tendrá una repercusión negativa en las negociaciones con los bonistas, ya que todo está previamente hablado con ellos. Durante los últimos días la relación entre el Gobierno y los bonistas tomó un rumbo más calmo y productivo en relación con semanas atrás. Desde ambos frentes intentaron acercar posiciones, y reconocen que lo mejor para las partes es llegar a un buen acuerdo.