Guía de CEDEARs: Estrategias por Sectores  (NUEVO)

Informe Semanal de Bonos: Soberanos y Corporativos
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Canje: aseguran que el costo «real» dependerá del dólar y la inflación
El Gobierno logró canjear $83.149 M que vencían en los primeros cinco meses de 2021 por u$s1.500 M. Estas operaciones fueron diseñadas para darle una «salida ordenada» a los fondos extranjeros sin perder reservas. El combo de medidas diseñadas por el Ministerio de Economía para hacerle frente a las inestabilidades cambiarias contempló, entre otras cuestiones, dos operaciones de canje de activos en pesos por nuevos bonos nominados en dólares por un monto equivalente a u$s1.500 millones en AL30 y AL35. A través de dos licitaciones, el Tesoro logró retirar del mercado alrededor de $83.149 millones de pesos. Según analistas del mercado, el “costo real” de estas operaciones “recién se conocerá dentro de 10 años” y dependerá de la evolución del dólar y de la inflación. Un informe de la consultora Quinquela Asset Management al que tuvo acceso Ámbito estimó que “el costo real de la operación recién se conocerá dentro de 10 años cuando se paguen esos bonos y dependerá de cómo evolucione la relación entre el dólar oficial y el dólar libre”. “Por ahora se rescataron activos con ajuste CER y se entregaron activos en dólares”, describieron en el informe y estimaron que “si el tipo de cambio oficial aumenta menos que la inflación habrá resultado exitoso, en cambio si el tipo de cambio supera a la inflación, el impacto será el inverso”. Las operaciones de “conversión de activos” -como prefieren llamarlas en el Palacio de Hacienda-, se realizaron a comienzos de noviembre y a mediados de diciembre. En la primera, el Ministerio de Economía canjeó $43.037 millones de pesos entre tres Letras a descuento con vencimiento entre enero y febrero de 2021; y, a cambio, les entregó a los inversores u$s500 millones de AL30 y u$s250 millones de AL35. De esta manera, Economía consiguió patear obligaciones de corto plazo entre 10 y 15 años. En la segunda operación, realizada la semana pasada, el Tesoro canjeó $41.112 millones en una mayor diversidad de instrumentos, aunque la mayor parte se concentró entre aquellos que ajustan por CER (alrededor de un 35% del monto total) y los que ajustan por la tasa de pases pasivos a 7 días que fija el Banco Central (alrededor de un 48% del total de la operación). A cambio, le dio a inversores u$s400 millones en AL30 y u$s350 millones en AL35. El martes pasado, cuando se conocieron los resultados de la operación de canje de diciembre, dos funcionarios de Economía le dijeron a Ámbito que consideraban que esta estrategia implementada demostraba el “retorno gradual a una mayor normalidad” en el frente cambiario y que estimaban que provocaría una “retroalimentación positiva en los mercados bursátiles y en la cotización de los dólares alternativos”. “Va a ser positivo”, remarcaron. Pero también hubo espacio para que los miembros del equipo del ministro Martín Guzmán hagan una lectura propia respecto de cuál fue el “costo” de emitir los u$s1.500 millones en AL30 y AL30 a cambio de instrumentos en pesos. Según distintos analistas del mercado, el Gobierno se endeudó a una tasa del 16%. Según el informe de Quinquela Asset Management, si la ponderación de la paridad del AL30 y AL35 es de u$s37,5 y esto se valúa al tipo de cambio MEP de $142,8 (la cotización al que los inversores pueden “dolarizarse” por no tener restricciones), la TIR resultante es de 16%. Aunque, si a esa operación se la valúa al tipo de cambio oficial (que es al mercado al cual tiene acceso el Tesoro), la TIR resultante es de 7,8%. Sobre este punto, funcionarios nacionales aseguraron que no están “filosóficamente de acuerdo”, ya que consideran que no es una operación de emisión de títulos o de endeudamiento genuino sino que está cambiando pasivos en pesos por nuevos bonos en dólares. Desde Quinquela advierten, respecto del costo, que existe una diferencia de cotizaciones que es cubierta por el BCRA. “Si el vencimiento del bono fuera hoy y no hubiera cambios en las cotizaciones, para pagar un bono de u$s100 el Tesoro debería ir al BCRA con $8.250 y el inversor que lo recibe se da vuelta y puede venderlo en el mercado de capitales a $14.280”, diferencia que es cubierta por el Central porque “vende a tipo de cambio oficial dólares que tienen en el mercado un valor mucho más alto”.

(AMBITO) FMI: Gobierno espera flexibilidad y que no exija tope de 1,5% de emisión
Como contrapartida, el gobierno de Alberto Fernández, podría comprometerse a acelerar la reducción del déficit propuesto del 4.5%. El Gobierno confía en que el Fondo Monetario Internacional (FMI) será flexible y comprensivo, y que no exigirá una ajuste desmedido para el 2021. Más concretamente, que flexibilizará el pedido de una emisión monetaria de no más de 1,5% del PBI, que la misión que en noviembre visitó Buenos Aires dejó en claro en varias de las reuniones que mantuvo en el país El reclamo, que volvió a ejecutarse desde Washington en las primeras semanas de diciembre; habría comenzado a ceder en los encuentros en la sede del organismo que varios funcionarios mantuvieron hace 10 días. O al menos eso se interpretó en el Gobierno nacional. Como contrapartida, el gobierno de Alberto Fernández podría comprometerse a acelerar la reducción del déficit general propuesto al 4,5% para el 2021, buscar equilibrios más firmes para el 2022 y el 2023. Y que para el 2024, año teórico en el que Argentina debería comenzar a pagar según el esquema del plan de facilidades Extendidas que las partes tienen en mente; el país esté ya en un sendero de equilibrio y eventual superávit fiscal. Los argumentos que se llevaron desde Buenos Aires para intentar convencer al FMI para que no exija el 1,5% del PBI como tope de emisión monetaria para el 2021 para enfrentar el déficit; son, a los ojos oficiales locales, más que justificados. En primer lugar, se habla de unas consecuencias en la economía mundial del covid-19 que no terminarán pronto y que se extenderán durante gran parte del primer semestre del 2021. Se habla además que para cualquier economía sería imposible poner una aceleración brutal a la velocidad actual de reducción del déficit y la emisión; sin ejecutar en paralelo un plan de ajuste monetario y de gasto público imposible de sostener políticamente para la coalición gobernante. Finalmente hay un argumento final, que sirve para todo lo que pide el país al organismo. El Facilidades Extendidas que se negocia, no incluye dinero de aportes desde el FMI. Simplemente se trata de un plan de pagos para un país megaquebrado que no está en condiciones de ser exigido para que mejore sus capacidades de generación de dinero para cumplir con sus obligaciones. En este marco, pensar en exigencias extremas desde Washington, sería utópico. Argentina deberá ser convincente en sus argumentos, cuando las negociaciones con el FMI retomen en la segunda semana de enero. Para el organismo que maneja Kristalina Georgieva, Argentina no debería superar el 1,5% de emisión. Según los técnicos del organismo financiero, un porcentaje mayor, sería peligroso para la estabilidad monetaria, inflacionaria y cambiaria; y en consecuencia, el gobierno de Alberto Fernández tendría que reducir su proyección incluida en el Presupuesto 2021, de un déficit total de 4,5% del PBI; el que se financiaría en un 40% con endeudamiento y 60% de emisión. La visión de la línea técnica del FMI es que, en el mejor de los casos, la emisión no debería superar el 30%. Esto es casi la mitad. En consecuencia, el país tendría que emitir deuda por casi un 1,5% más que lo proyectado en el Presupuesto. La intención de Martín Guzmán es ahora que los hombres de Washington sean más flexibles y acepten lo ya fijado en el Presupuesto. Argumentan que las tasas de interés que está tomando argentina en las últimas semanas es muy alta (casi 16% real), porcentaje que debería bajar si se firma la Carta de Intención con el FMI primero y el acuerdo final después. Pero que igualmente podría mantenerse en dos dígitos hasta que el país termine de amigarse con los mercados, lo que no sucedería hasta bien entrado el 2021. En este esquema, reconocido también por el FMI, la peor decisión es fomentar el endeudamiento a tasas demasiado elevadas. Por otro lado, la alternativa de una mayor emisión está por ahora vedada políticamente, más si se tiene en cuenta que desde el Senado se prohibió explícitamente la alternativa de tomar deuda para cubrir gastos corrientes. Entendiendo además el déficit fiscal como parte de ese “gasto corriente”. Y más si la alternativa de tomar más deuda es en divisas y no en pesos, operación que de incrementarse en demasía absorbería la suficiente cantidad de moneda como para que el sector privado termine desamparado ante la posibilidad de tomar créditos productivos. Esto, en un año donde lo que busca el Gobierno es la recuperación económica de los privados (especialmente pymes), para el ala política del oficialismo es imperdonable. El 1,5% tope de emisión no es un porcentaje caprichoso. Afirman desde Washington que es el fruto del análisis de los datos obtenidos durante la primer visita de Luis Cubeddu y Julie Kozac de comienzos de octubre; sumado a la información cosechada en la última visita de la misión oficial del titular del caso argentino y la directora adjunta para el Hemisferio Occidental. Ambos trataron el tema en varias reuniones con funcionarios del Gobierno nacional, pero la reiteraron con el laboratorio de análisis fiscal del propio organismo. Según las planillas de cálculo de quienes trabajan en el Fondo, la situación monetaria local no puede soportar una emisión de pesos de más de 1,5% para el 2021, sin tener problemas de contención inflacionaria y cambiaria. Y reiteran: es soportable y aceptable el déficit de 4/ 4,5% del PBI; pero no un financiamiento del desequilibrio de más del 1,5%. Ya un 2% sería considerado insostenible y un 3%, trágico.

(AMBITO) Estiman que las tarifas de servicios públicos deberían aumentar un 40% en 2021 para frenar suba de subsidios
La consultora económica advirtió en su último informe que luego del congelamiento de 2019 y 2020, las tarifas deberían subir alrededor de 40% el año que viene para que «los subsidios económicos no sigan aumentando como porcentaje del PBI». La consultora Ecolatina se planteó analizar los últimos años de evolución de las tarifas de servicios y plantear que podría suceder el próximo año. La conclusión de su último informe es que luego del congelamiento de 2019 y 2020, las tarifas deberían subir alrededor de 40% el año que viene para que «los subsidios económicos no sigan aumentando como porcentaje del PBI». Para hacer la línea de tiempo, la consultora analizó las últimas decisiones políticas. «Cambiemos suspendió los aumentos previstos para el segundo semestre de 2019, esperando que esto no afectara negativamente su performance electoral. En la misma línea, el Frente de Todos extendió el congelamiento seis meses más a comienzos de su gestión, en pos de controlar la inflación durante el primer semestre de 2020. Luego, la irrupción de la pandemia/cuarentena estiró el congelamiento al resto del año y, recientemente, se agregaron tres meses más, al menos hasta marzo de 2021». Ecolatina, explica las consecuencias de estas decisiones, ya que advierte que en los primeros meses de 2021, «la recuperación del salario real será esquiva y la inflación no cederá». Además, la posible llegada de una segunda ola de contagios de Covid-19 antes de la vacunación a gran escala, «pondría en riesgo la incipiente mejora de la actividad», analizan. «Sin embargo, la necesidad de alcanzar una reducción significativa del gasto, en el marco de un acuerdo con el FMI, y de evitar un mayor atraso tarifario que podría desembocar en crecientes dificultades en la segunda parte de la gestión de Alberto Fernández, juegan en favor de una pronta corrección en las tarifas, ya que es posible que menores aumentos representen mayores ajustes mañana. Poner en números esta situación nos permitirá divisar las alternativas que tendrá el gobierno de cara al año electoral» explica el informe. También recuerdan que el último incremento en las tarifas de servicios públicos se remonta al primer semestre de 2019. En el informe también se hace un racconto de los saltos de precios versos valor de las tarifas: salto cambiario post-PASO de 2019, cierto dinamismo de algunos precios regulados (combustibles, comunicaciones, prepagas) y, ya en 2020, un fuerte aumento en productos estacionales -frutas, verduras e indumentaria- junto a subas de bienes no esenciales, más permeables a la creciente brecha cambiaria. De este modo, explica la consultora, «los precios siguieron trepando a un ritmo elevado, en torno al 3% promedio mensual, acumulando una suba del 80%. En cambio, las tarifas de servicios públicos (luz, gas, agua y transporte) avanzaron al ritmo de 0,5% mensual, acumulando un incremento cercano al 10%». «Si además contemplamos los precios mayoristas y los salarios privados, que son parte de los costos operativos de los servicios públicos, durante el período de vigencia del congelamiento, observamos incrementos del orden del 85% y 67% respectivamente. Ante esta dinámica nominal, el congelamiento implica que el Estado se haga cargo de una porción cada vez mayor de las facturas a pagar por parte de hogares y, en menor medida, firmas. Esto explica la suba de los subsidios económicos, que pasaron de 1,6% del PBI en 2019 a 2,6% del PBI en 2020» sostiene el informe. Según Ecolatina, la extensión del congelamiento a marzo continuará presionando sobre los precios relativos y las cuentas públicas y al respecto sostienen que aparecen dos alternativas con significativas implicancias en la inflación y en el sendero fiscal: una es sostener el congelamiento tarifario durante todo 2021 y la otra es dar lugar a una recomposición -relativa- de estos precios.

(AMBITO) Con precios récord, esperan que el ingreso de dólares del campo aumente 17% en 2021
Pese a la caída en la cosecha de trigo y la incertimbre climática, estiman que el próximo año los precios de los granos se mantendrán en los niveles actuales. Preocupa el paro portuario en Rosario, que tiene frenados embarques por USD1.000 millones Para el próximo año, se espera que el ingreso de divisas del complejo agroexportador aumente USD4.600 millones en relación a 2020 y cierre en USD31.100 millones, lo que implicaría un incremento del 17% según estimaciones de la Fundación Mediterránea. En un diciembre con dificultades en la comercialización granaria, originadas en el paro de aceiteros y recibidores de granos en los puertos de Rosario, el buen andar de los precios internacionales de los cereales y oleaginosas en Chicago empuja las expectativas de una mayor liquidación de dólares. Con una soja que la semana pasada se ubicó en valores récord, esta tendencia representa una buena noticia para el Gobierno nacional, que busca recomponer el nivel de reservas en el marco del plan de estabilización macroeconómica. Con un interés cada vez mayor de China por la oleaginosa -materia prima para su producción de proteína animal- y la incertidumbre climática en Argentina y Brasil, dos jugadores de peso en la producción de este cultivo, el grano cotizó el viernes a USD448,26, el mejor registro de los últimos seis años. Desde la Fundación Mediterránea señalaron que en el caso de los principales commodities exportados por Argentina, las cotizaciones de los mercados futuros permiten vislumbrar que para 2021, se mantendría un nivel similar de precios. En la estimación, se contabilizan los granos y sus subproductos, con un precio promedio para la soja de USD448, maíz a USD198 y harina de soja a USD423, entre otros. El dato a tener en cuenta es que en trigo, la falta de lluvias redujo el volumen de cosecha en 3 millones de toneladas con respecto a las expectativas iniciales de campaña, de acuerdo a estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En soja, según el último relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), puede haber un recorte en el área implantada a nivel nacional si en los próximos días no se registran lluvias, que permitan impulsar la siembra de los lotes de segunda (los que rotan con el trigo). Según estadísticas privadas, hasta el momento se sembraron 11,70 millones de hectáreas de la oleaginosa y restan alrededor de 5,50 millones. En el corto plazo, la principal preocupación de los empresarios radica en el impacto del conflicto salarial. Según estimaciones de Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro Exportador de Cereales (Ciara-CEC), la liquidación de divisas al 18 de diciembre alcanzó los USD633,9 millones. De persistir esta situación y tal como adelantó BAE Negocios, el monto liquidado se ubicará por debajo de los USD1.000 en el mes. Para encontrar un registro similar, hay que remontarse a diciembre 2009, cuando el complejo agroexportador declaró ventas por USD796 millones. Desde la Cámara de Puertos Privados Comerciales señalaron que en la zona de influencia del puerto de Rosario unos 111 buques esperan cargar 2,35 millones de toneladas entre granos y subproductos, por un valor de USD1.000 millones. En paralelo, la BCR calculó el porcentaje de granos y subproductos que quedan aún por embarcar para el presente mes. Al 16 de diciembre, se cargaron el 38% de las 1,7 millones de toneladas de maíz; el 25% de las 2,3 millones de toneladas esperadas de harina y pellets de soja y el 14% de las 614.505 toneladas programadas de aceite de soja. En noviembre, la liquidación de divisas del complejo agropexportador cerró en USD1.734 millones, un 1% superior en relación a octubre.

(INFOBAE) Paro en los puertos agroexportadores: las claves de un conflicto que ya retrasa exportaciones por USD 1.500 millonesLa medida de fuerza por parte de tres sindicatos que paraliza puertos y aceiteras lleva 11 días. Desde las cámaras empresarias reclaman que cese el paro para retomar conversaciones salariales. Preocupa al campo que esto afecte la logística de la cosecha de trigo.
El paro en los puertos agroexportadores y en las plantas aceiteras y de procesamiento de granos oleaginosos, no es la mejor noticia para un país ávido de los dólares que puedan ingresar del agro, el principal sostén de la economía argentina. Ya van 11 días desde que tres sindicatos comenzaron una medida de fuerza que paralizó las terminales y cuyas negociaciones con las cámaras empresarias, hasta el momento, no dieron frutos. En sí, las consecuencias se traducen en más de un centenar de barcos a la espera de cargar mercadería por USD 1.500 millones. Si bien el conflicto ya había dados sus primeros pasos el 3 de diciembre cuando la Federación de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (FTCIODYARA), el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) y la Unión de Recibidores de Granos (URGARA) llevaron a cabo un paro de 24 horas, fue el 9 de diciembre cuando comenzó el derrotero que hasta el momento lleva acumulado 11 días fundamentado en un reclamo de actualización salarial y un bono “extraordinario” por la pandemia. Por supuesto que todo paro de actividades trae aparejado un costo económico. En diálogo con Infobae, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, explicó que “no hay una estimación de pérdidas, sino que lo que acá tenemos es una estimación de retrasos. Tenemos 111 barcos en línea de espera en la zona del Río Paraná para cargar 4,5 millones de toneladas de harina de soja, trigo y maíz. Por otro lado, hay cerca de 3.000 camiones por día pendientes de ingresar a los puertos. Eso nos da una estimación de retrasos de exportaciones de alrededor de USD 1.500 millones. Por supuesto, habrá costos de logística que habrá que asumir posteriormente”. La estimación de Idígoras se aproxima a la de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que calculó que entre maíz y subproductos de soja (harinas, pellets y aceite) restan por cargarse en las terminales portuarias del Gran Rosario unos USD 1.000 millones.

(AMBITO) Telecom: el Gobierno «estrangula» a las telcos y «destruye» la ecuación económica de las empresas A través de un comunicado, el mayor operador de Internet y televisión paga del país apuntó contra el aumento de sólo 5% que autorizó el Enacom para las operadoras del sector.
Para Telecom Argentina, los recientes anuncios del Gobierno sobre la industria de las telecomunicaciones «estrangulan» al sector, al que, a través de un comunicado, la empresa -uno de los principales operadores de telefonía celular y el mayor proveedor de Internet y de televisión por cable del país- definió como uno de los sectores más competitivos del país. «El DNU 690/20 cambió drásticamente las reglas de juego del sector, al encuadrarlo como servicio público ‘en competencia’, congelando sus precios, algo que no existe en ninguna parte del mundo» , resaltó Telecom. «El Gobierno ha buscado intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y la competencia» , agregó.
«Ahora, con su reglamentación que determina un aumento del 5% para los servicios de telefonía fija, telefonía celular, TV por suscripción e Internet, está destruyendo la ecuación económica de las empresas TIC, poniendo en riesgo la calidad de los servicios que prestan, su desarrollo, sus miles de puestos de trabajo directos e indirectos y con consecuencias, en muchos casos, irreversibles» , amplió. «La telefonía móvil prepaga (60% de las líneas) y al telefonía fija tienen el mismo precio desde noviembre de 2019. Para el resto de los servicios, el último aumento fue en marzo de 2020 y la inflación, a diciembre, fue del 30%» , recordó. «Los planes de conectividad inclusiva de Telecom alcanzan a 600.000 clientes y más de 700.000 clienets mantienen sus servicios aún cuando tengan hasta siete facturas impagas. Nos ocupamos de la población más vulnerable desde el comienzo de la cuarentena» , indicó. «Los números hablan por sí solos y son conocidos por las autoridades. Un aumento del 5% no nos permite seguir trabajando como lo hicimos hasta ahora» , advirtió la empresa, cuyo capital comparten CV Holdings -firma compuesta por los mismos accionistas controlantes del Grupo Clarín- y el fondo Fintech, del inversor mexicano David Martínez. «El sector de las telecomunicaciones es uno de los más competitivos, con mejores posibilidades de generar empleos de calidad, exportar divisas, atraer inversiones y mejorar las condiciones de competitividad de toda la economía del país» , continuó. «Eso fue posible gracias a la inversión privada, con fondos propios de la empresa y con financiamiento internacional, basado en la performance y la confianza demostrada por Telecom Argentina desde 2016 a la fecha» , añadió. «Esta industria no pudo contar con el Estado como su socio estratégico, para generar consensos que aseguren su desarrollo estratégico, garantizando y expandiendo sus prestaciones en condiciones de mercado, como lo fue hasta el dictado DNU 690/2020» , completó.