Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Gobierno confía en que Fondo avale déficit (siempre que no emita más de 1,5% del PBI).
El Gobierno confía. Los negociadores argentinos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) que encararon la etapa de discusiones del último tramo del 2020 (algunos ya no están en la mesa de debate en 2021), y los que continúan ejerciendo ese rol este año; creen haber escuchado que los delegados del organismo financiero internacional avalarían los dos datos fiscales más importantes que necesita la gestión de Alberto Fernández. Según esta visión, desde Washington se aceptaría que en la eventual “Carta de Intención” que los técnicos del FMI y los negociadores locales deberían firmar antes de marzo; el déficit fiscal primario del ejercicio anterior sea de 6,5%, y que el de este año se reduzca al 4/ 4,5%. Creen en Buenos Aires, que los hombres y mujeres que trabajan con el director gerente para el Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, podrían otorgarle este guiño al país. Siempre que sea la llave para destrabar el acuerdo y trabajar sobre lo más importante para el Fondo: la manera en que el Gobierno se comprometerá a continuar con la contracción del déficit en el bienio 2022 y 2023; para llegar en 2024/2025 a la ansiada meta del déficit fiscal. Y con esto, a la posibilidad, hoy muy remota, de conseguir fondos sólidos para poder atender las múltiples exigencias de pagos en dólares ante los vencimientos con los acreedores externos privaros y los organismos financieros internacionales. Desde el ministerio de Economía creen tener los argumentos para el aval. La explicación para el déficit fiscal es la clásica de estos tiempos, relacionada con la necesidad de encarar la pandemia con las herramientas disponibles. Las que en la Argentina estuvieron además restringidas a la languidez de las reservas con las que comenzó la gestión de Alberto Fernández. Se considera además que los números primarios fueron algo mejores a los que se hablaron al final del 2020 con el Fondo; cuando se discutía un 7,5%. Los números de las cuentas del Estado Nacional cerraron el año pasado con un déficit primario equivalente al 6,5% del PBI. El resultado equivale a un punto porcentual menos; pero manteniendo la misma proyección presupuestaria para el 2021, según las estimaciones del Presupuesto aprobado por el Congreso a fines del año pasado. Esto es un 4,5%. Están convencidos desde las oficinas de Guzmán, que el dato es sustentable con la rebaja que reclama el FMI y absolutamente coincidente con las intenciones de políticas fiscales activas que quiera aplicar el Gobierno este año. Ejercicio donde además el Gobierno se jugará su preeminencia legislativa en las próximas elecciones. Para cerrar el capítulo de las promesas fiscales, Argentina y el FMI deben ponerse también de acuerdo en un tema clave: cómo se financiarán estos desequilibrios anuales. Verbalmente hay coincidencias en un concepto general: la Argentina debe reducir al mínimo su nivel de emisión monetaria, y concentrar el cierre de los desequilibrios tomando deuda. Y que ese pasivo financiero sea, en su mayoría, implementado a través de colocaciones en pesos y no en moneda extranjera. Obviamente, la recomendación final es que la deuda sea lanzada en el mercado doméstico, abandonando el país en lo posible la alternativa externa. Para el FMI, el cambio de denominador del pasivo en endeudamiento en pesos y no en dólares, contablemente es fundamental para la calidad de los números de la propuesta argentina. El Ministerio de Economía no ve mal la alternativa y está dispuesto a que el cronograma general de este año, y de los próximos hasta lograr el equilibrio fiscal surja de la toma de deuda en moneda doméstica, abandonando lo máximo posible las colocaciones en dólares, euros o similar. Y dejar para un nivel no mayor al 1,5% de cobertura de ese déficit, a través de la emisión de pesos. Desde el ala política monetaria del Gobierno, se le da la seguridad a Economía que todas esas metas son logrables. Se habla que el Banco Central tiene las espaldas suficientes como para ejecutar política contractiva para la velocidad de circulación del dinero en el mercado doméstico, para evitar presiones inflacionarias y sobre el tipo de cambio de la colocación de esa deuda. La entidad que maneja Miguel Pesce afirma que conoce lo suficiente el mercado de títulos públicos emitidos en pesos, como para mantenerlo en un nivel de flotación positivo sin que afecte ni la inflación ni la reactivación de la economía.

(AMBITO) Contacto Alberto Fernández-Georgieva: hablaron de la deuda y Biden
El Presidente habló con la titular del FMI. Desde el Gobierno aseguraron a Ámbito que las negociaciones se resolverán «lo antes posible y de la mejor manera». El presidente Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvieron durante una hora y a solas, un diálogo vía zoom en el que trataron los temas vinculados a la lucha contra la pandemia de Covid-19, a la situación internacional y a las negociaciones que mantiene la Argentina con el organismo multilateral. La llamada estaba ya previamente pautada y se desarrolló entre la quinta de Olivos y el despacho de la titular del Fondo en Washington. “Alberto Fernández y Kristalina Georgieva coincidieron en la necesidad de trabajar, desde lo que se espera sea un renovado multilateralismo, por una economía mundial más justa e inclusiva. Argentina, desde su posición en la región y como nación miembro del G-20 y el FMI, trabajará en esta dirección”, señaló a Ámbito una alta fuente oficial. Con relación a las negociaciones entre el Fondo y el país, sostuvo que “se continúa trabajando en un programa apoyado por el FMI y diseñado y conducido por Argentina”. Al respecto, precisó que “se remarcó la importancia de la recuperación económica como condición necesaria para la estabilización, así como la necesidad de poner las cuentas fiscales en orden a una velocidad consistente con la recuperación para garantizar la estabilidad de mediano plazo”. Además “se coincidió en que el programa debe estar basado en supuestos realistas sobre cómo funciona la economía argentina”. Las negociaciones se resolverán “lo antes posible y de la mejor manera”, afirmó una fuente del Gobierno ante una consulta de Ámbito, y agregó que “el mejor acuerdo es el que se puede pagar y no tirar la pelota para adelante al que venga como hizo (Mauricio) Macri”. Cabe agregar que sobre fin de año, el país debe afrontar vencimientos por un monto superior a los 5.000 millones de dólares con el organismo multilateral. Con relación a la pandemia, tanto Georgieva como el primer mandatario coincidieron en la preocupación por la segunda ola de contagios que sin dudas afectará a la economía mundial. En este sentido, Fernández planteó la necesidad de contar con más ayuda “no sólo para Argentina, sino también para América Latina”, región particularmente afectada por la enfermedad y que será la que tendrá menor recuperación en este año, según las propias estimaciones del FMI. Por su parte, el Fondo también ratificó la conversación ante la consulta de este medio. Fuentes del Gobierno señalaron también que se trató de “una conversación excelente” que ratifica el buen vínculo que establecieron desde un comienzo ambos mandatarios. Tanto el FMI como el gobierno argentino, en más de una oportunidad, han manifestado su preocupación por la suba en los precios de los alimentos derivada de la recomposición de las cotizaciones de las materias primas. También se abordó la asunción de Joseph Biden como presidente de los Estados Unidos y el impacto que tendrá el cambio de conducción en la economía internacional. Durante la conversación, además, se remarcó la importancia de la recuperación económica como condición necesaria para la estabilización, así como la necesidad de poner las cuentas fiscales en orden a una velocidad que sea consistente con el crecimiento para garantizar la estabilidad de mediano plazo. Del mismo modo, coincidieron en que el programa debe estar basado en supuestos realistas sobre cómo funciona la economía argentina.

(AMBITO) Por paro de transportistas, agroindustria ya perdió más de u$s145 millones
Los autoconvocados confirmaron que continuarán con la protesta. Mientras tanto, desde el Ministerio de Transporte consideran que el reclamo del sector se debe resolver con la intervención de la Justicia local en cada una de la zonas de conflicto para garantizar la transitabilidad. Los transportistas, que desde el sábado mantienen cortes de ruta intermitentes en gran parte de la zona centro del país, podrían endurecer la medida de fuerza mientras siguen esperando una convocatoria por parte del Gobierno. El reclamo de quienes tienen una pequeña flota de camiones y mantienen presencia en las rutas, consiste en una reformulación de la Ley Nacional de Cargas en la que se fije una tarifa de referencia de cumplimiento obligatorio donde se garantice rentabilidad. Según el documento al que pudo acceder Ámbito, los autoconvocados piden que la tarifa por kilómetro se fije en al menos $85 cuando el costo de mover una unidad es de aproximadamente $52. La lista completa contiene 15 puntos entre los cuales se solicitan mejoras de las condiciones laborales y que el Gobierno intervenga a la hora de fijar el precio del gasoil. Si bien el conflicto lo plantean los dueños de los camiones, desde el Ministerio de Transporte aseguran que no son ellos los que deben convocar a una mesa de diálogo ya que la lista de reclamos involucra a varias áreas del Gobierno e incluso al poder legislativo. En cuanto a los problemas que se generaron desde que comenzaron los cortes, los transportistas aseguran que no es cierto que haya desabastecimiento porque las rutas se liberan varias veces en el día y pasan los camiones con carga. Sin embargo por la enorme cantidad de demoras hay actividades productivas que directamente no envían mercadería o prefieren esperar a que se resuelva el conflicto. El sector de la agroindustria fue uno de los más damnificados. Según datos del Departamento de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, en los primeros cuatro días de esta semana el ingreso de camiones cayó un 82% respecto a la semana anterior. Dejaron de ingresar a puerto cerca de 10.000 camiones, lo cual representa una carga promedio de 300.000 toneladas por un valor aproximado de u$s145 millones. Y a estas cifras hay que sumarle los u$s30 mil de costo que implica cada día de demora en la carga de un buque. Esta coyuntura se suma a las demoras del mes de diciembre, cuando el ingreso de camiones a puertos fue el más bajo en, al menos, los últimos 20 años. Por eso desde el sector agroindustrial destacan que la reiteración de interrupciones al flujo de exportación termina por aumentar el costo del flete de los productos que Argentina vende al mundo. Como referencia, por cada dólar que aumenta el flete marítimo para la Argentina, representa para el país un costo adicional de u$s70 millones por año. Sin diálogo entre los transportistas y el Gobierno, los autoconvocados evalúan distintas alternativas para continuar con el reclamo. Hay quienes sostienen que es posible mantener el conflicto con las características actuales -cortes con liberación de ruta de manera intermitente- pero hay miradas más duras que proponen cortar todas las rutas importantes del país e impedir la circulación e incluso hay se podría generar una movilización masiva hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(AMBITO) Guzmán desmiente los rumores sobre la estatización de YPF
El ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió un supuesto plan para la estatización total de la petrolera YPF. Esos rumores fueron lanzados después de que Guillermo Nielsen confirmara su salida de la conducción de la empresa. El ministro de Economía, Martín Guzmán, desmintió enfáticamente los rumores sobre un supuesto plan para la estatización total de la petrolera YPF. Una vez terminada la reunión de Gabinete Económico, Guzmán fue consultado por Télam acerca de esos rumores, que fueron lanzados después de que Guillermo Nielsen confirmara su salida de la conducción de la empresa. «De ninguna manera. El rumor es falso. YPF es una empresa privada con 51% de participación estatal que tiene un rol estratégico en el desarrollo energético de Argentina, y así seguirá siendo», respondió el ministro. Ayer, Nielsen, a través de su cuenta en la red social Twitter, dijo que su salida responde a un «nuevo desafío» que le fuera ofrecido por el presidente Alberto Fernández. Si bien el economista no lo explicitó, el nuevo desafío será la Embajada de la Argentina ante el Reino de Arabia Saudita, cargo para el que la Cancillería ya formalizó el pedido de plácet, informaron fuentes del Palacio San Martín. El principal postulante para reemplazar a Nielsen en la presidente de YPF es el diputado nacional Pablo Gerardo González, un abogado que ocupó distintos cargos en la función pública desde que, en 1993, se desempeñó como asesor legal de Servicios Públicos Sociedad del Estado de Santa Cruz.

(AMBITO) Empiezan a actualizarse tarifas y se suma presión a inflación desde marzo
Analistas señalaron que el impacto en los precios dependerá de cuánto sea el aumento, aunque destacaron que no se espera un «golpe inflacionario». Mediante dos resoluciones publicadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), el Gobierno inició ayer el proceso de análisis, discusión y determinación de una nueva tarifa residencial, industrial y comercial de la energía eléctrica. Se estima que comenzará a regir a partir de mediados de marzo y será de “transición” hasta que concluya la nueva Revisión Tarifaria Integral. La actualización, que se pospuso en distintas oportunidades a lo largo del último año y medio, supondrá una presión extra para una inflación en alza. “El miércoles se conoció el dato de balance fiscal del 2020 y vimos que los subsidios económicos superaron los 2,5 puntos del PBI: es decir, un punto más que 2019. Por tanto, ese ritmo de crecimiento en subsidios obliga a realizar algún tipo de ajuste en esta materia. Claramente, este crecimiento se vio propiciado por la necesidad de evitar un ajuste de tarifas en un año (2020) de pérdidas de ingresos y empleo, que hubiese golpeado mucho más a las familias”, analizó a Ámbito Santiago Manoukian, de Ecolatina, quien agregó: “El Gobierno está en un gran dilema este año: elegir entre un mayor rojo fiscal financiado con emisión o aplicar correcciones a las tarifas de servicios públicos, con un impacto en la inflación de los hogares. Una inflación que ya viene en la zona del 3,5%/4% y que esperamos que se mantenga en ese nivel en el primer trimestre”. “La inflación ya viene con una inercia que es preocupante. En nuestro relevamiento de precios semanales, detectamos que la inflación de alimentos se está acelerando y ya tiene un piso de 4%. En este contexto, descongelar tarifas va a ejercer presión sobre los precios. El hecho de que sea una ‘adecuación transitoria’, entiendo que tiene más implicancia sobre la progresividad de los aumentos. Pero inevitablemente se debe avanzar con el descongelamiento y eso ejerce algún tipo de presión en los precios. Es un poco preocupante el tema, considerando que los últimos meses del año pasado ya tuvieron registros mensuales superiores al 3%, a pesar de tener muchos precios regulados”, sostuvo por su parte Julia Segoviano, economista de la firma LCG, quien remarcó que resta esperar de cuánto serán los aumentos, “si son significativos o si en cambio se hace un descongelamiento más lento”. Para Jorge Neyro, de ACM, un incremento moderado en las tarifas no propiciará un fuerte salto en los datos de inflación: “Suponiendo un aumento del 10%, que es lo que se estima que podría aprobarse, en el corto plazo podría sumar 1% más de inflación entre marzo y abril, contando los efectos de segunda vuelta. Se va a notar, pero no va a ser un golpe inflacionario muy grande. Por otra parte, hay que ver cuándo son los próximos aumentos, si se posponen para después de las elecciones o cómo va a ser el cronograma. Pero comparado con un aumento de un solo momento de 30%, que sería la inflación prevista en el presupuesto, el impacto es mucho menor al hacerse escalonado y el efecto es menos disruptivo”. “Vemos una inflación cerrando en torno al 45% en 2021, asumiendo que no hay un salto cambiario, que la brecha sigue alta y que hay un ajuste de tarifas que permite no expandir el gasto en subsidios este año. Hay incertidumbre de si el Gobierno va a mantener el objetivo de hacer crecer los subsidios en líneas con la inflación, que es lo que estaba en el presupuesto. Si el Gobierno decide ir por un ajuste tarifario menor a lo que decía el presupuesto, los impactos inflacionarios serían menores en el corto plazo”, concluyó Manoukian.

(BAE) Millonaria deuda de empresas eléctricas con Cammesa: Energía oficializó el plan de regularización
Lo oficializó el secretario Darío Martínez mediante la Resolución 40/2021. Incluye un régimen especial para que las distribuidoras salden un pasivo total de más de $140.000 millones. Edenor y Edesur encabezan la lista. El Gobierno nacional oficializó este viernes la creación de dos regímenes especiales para la regularización de las millonarias deudas que las empresas distribuidoras de energía eléctrica mantienen con Cammesa, la administradora del mercado mayorista, y para generar un sistema de créditos destinado a aquellas firmas que estén al día. Así lo dispuso el secretario de Energía, Darío Martínez, a través de la Resolución 40/2021 que se publicó a primera hora en el Boletín Oficial, con la que se apunta al resguardo de la integridad y regularidad de la cadena de pagos y cobrabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En total, las distribuidoras adeudan más de $140.000 millones. La medida se apoya sobre lo previsto en el Presupuesto 2021. Y establece que los créditos del Tesoro Nacional que reciba cada empresa podrán ser equivalentes hasta cinco veces la factura media mensual del último año de la compañía, o al 66% de la deuda existente con Cammesa. El resto del pasivo deberá ser pagado en hasta 60 cuotas, con seis meses de gracia y una tasa de interés equivalente a la mitad de la vigente en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). En el artículo primero se estableció el «Régimen Especial de Regularización de Obligaciones» para las deudas mantenidas con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) o con el MEM de las distribuidoras de electricidad. Se contempla las deudas ya sean por consumos de energía, potencia, intereses y/o penalidades, todas acumuladas al 30 de septiembre de 2020. Las empresas que más le deben a Cammesa son Edenor ($17.479 millones) y Edesur ($15.682 millones). Le siguen la Empresa Provincial de Energía (EPE) de Santa Fe, con $13.937 millones, y Electricidad de Misiones (EMSA), con $11.624 millones. Por otra parte, se estableció el «Régimen Especial de Créditos» para aquellas distribuidoras que no registren deuda con Cammesa o con el MEM, o sean consideradas dentro de valores razonables en relación a su nivel de transacciones al 30 de septiembre de 2020. Estos dos regímenes se instrumentarán a través de la suscripción de actas acuerdo particulares que se celebrarán entre las distribuidoras y su poder concedente o el ente de control y la secretaría. Allí, se establecerá el tratamiento de la totalidad de la deuda comprendida y las obligaciones a las que quedará sujeta la distribuidora. Las actas incluirán compromisos en materia de eficiencia energética, tecnología aplicada a la prestación del servicio o inclusión de herramientas de focalización de subsidios o estructuración tarifaria en función de las características socioeconómicas de los usuarios. cada acta será notificada a Cammesa, con el objetivo de que se realicen las gestiones o ajustes que correspondan en las transacciones económicas con relación a las deudas que hayan sido adheridas al régimen y los créditos que por la presente se reconozcan, debiendo en caso de corresponder excluir las mismas de todo reclamo judicial o extrajudicial. Para los casos en que no se resuelvan las regularizaciones de los saldos deudores antes del 31 de marzo de 2021, Cammesa deberá iniciar o continuar las acciones administrativas o judiciales y todas aquellas medidas operativas y legales necesarias para el resguardo de la integridad y regularidad de la cadena de pagos y cobrabilidad en el MEM.

(INFOBAE) El gabinete económico analizó la suba de precios de alimentos y estudia medidas El Gobierno observa los aumentos en productos frescos como verduras, frutas y carnes, que están fuera del alcance de Precios Cuidados. La canasta básica tuvo en 2020 un incremento más elevado que el IPC. El Gobierno tomó nota de la fuerte suba de precios de alimentos de las últimas semanas y trató ese tema en la reunión de gabinete económico que realizó este jueves por la tarde en la Casa Rosada, según pudo saber Infobae. El Indec dio a conocer que la canasta básica tuvo en 2020 un incremento superior a la inflación general. El encuentro, encabezado por el jefe de Gabinete Santiago Cafiero, que se realizó el Salón de los Científicos de la Casa de Gobierno. El temario que trataron los funcionarios estuvo integrado por tres cuestiones: alimentos, programa ATP y el nuevo Repro II. En primer lugar, se habló la situación de los precios de alimentos, tras un repunte de la inflación en diciembre (marcó un 4%, la marca más alta de 2020) y que según consultoras privadas la tendencia era de un ritmo de precios mayor al 3% en este primer mes del año. El gabinete económico analizó un sector en particular que está fuera del alcance de los acuerdos con el sector privado como Precios Cuidados: los alimentos frescos, como verduras, frutas y carnes. Según un estudio de la consultora LCG, “en la primera semana de enero la suba de precios de los alimentos promedió 1,2%, acelerándose 0,8 puntos porcentuales respecto a la semana anterior”. “El índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 4,5% en las últimas 4 semanas y 5,5% medida punta a punta (primera semana de enero contra primera semana de diciembre). Estos niveles de precios dejan un arrastre para el resto de enero de 3 por ciento”, resaltó. El gabinete económico analizó un sector en particular que está fuera del alcance de los acuerdos con el sector privado como Precios Cuidados: los alimentos frescos, como verduras, frutas y carnes.
De acuerdo a un relevamiento realizado por Infobae en base a datos oficiales, a lo largo de 2020 hubo productos con incrementos de hasta casi 180% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2020. Es el caso del kilo de naranja, que pasó de costar $26,41 hace un año a $73,49, lo que implicaría así un incremento de su valor de 178,3%. El relevamiento del Indec incluye precios promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En segundo lugar, el kilo de manzana tenía un valor de $72,99 en diciembre de 2019 y experimentó un aumento de 154% hasta los $185,56 actuales. Completó el podio de los bienes con mayor nivel de incrementos a lo largo del año el kilo de limón, que subió 135% desde los $56,49 hasta $133,12, midió el Indec. En ese sentido, al terminar la reunión de gabinete económico, el ministro de Agricultura Luis Basterra afirmó: “Lo mejor que nos puede ocurrir es que los argentinos nos comprometamos a garantizar el acceso a los alimentos para toda nuestra población”. “Hay muy buena voluntad de los actores del sector agropecuario y el rol del consejo agroindustrial de congregar sectorialmente a todos los actores de la cadena, y eso nos da la oportunidad de garantizar los alimentos para todos” destacó el funcionario, y amplió: “estamos explorando todas las posibilidades para que sea por consenso, por acuerdos, que alcancemos esos instrumentos para que la población acceda a los alimentos”. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) registró en diciembre un aumento del 5,1%, lo que determina que un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesite percibir ingresos por $ 22.680,97 para no caer en situación de indigencia, con lo que a lo largo de 2020 marcó una suba acumulada de 45,5%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Estamos explorando todas las posibilidades para que sea por consenso, por acuerdos, que alcancemos esos instrumentos para que la población acceda a los alimentos.
Por su parte, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), que además de alimentos reúne indumentaria y transporte, marcó un incrementó 4,7% en diciembre, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $54.207,53 para no caer debajo de la línea de la pobreza, mientras que el acumulado del año cerró con un aumento de 39,1 por ciento. En segundo lugar, respecto al programa ATP, el gabinete estudió los casos de empresas que fueron aceptadas para recibir la asistencia salarial y no respetaron las restricciones de la normativa, como la prohibición de comprar dólar mediante contado con liquidación. Esta semana AFIP adelantó que investiga a unas 2000 empresas en falta. Como balance del programa en 2020, el gabinete económico concluyó que el ATP alcanzó a más de 306.000 empresas (más del 99% de ellas pymes) que percibieron, al menos una vez, los beneficios de ese esquema de asistencia salarial. “El programa permitió complementar los salarios de más de 2,9 millones de trabajadoras y trabajadores del sector privado. La inversión estatal afectada al pago del Salario Complementario en el marco del ATP, durante sus nueve meses de vigencia, alcanzó los 236.000 millones de pesos, equivalente a 0,8% del PBI”
El Gobierno dio el primer paso en su esquema de control de precios con un acuerdo con las empresas del sector alimenticio y de limpieza para llevar adelante una nueva etapa de Precios Cuidados hasta abril. El próximo escalón, y que ya empezó a desandar el Poder Ejecutivo en los últimos días es un pacto con los frigoríficos para establecer una canasta de referencia para las carnicerías, después de un 2020 en que los cortes llegaron a aumentar por encima del 90 por ciento. Como condición para la entrada en vigencia de los acuerdos de regularización de deudas, las distribuidoras deberán replicar los mismos términos a las deudas que las Cooperativas de Distribución de Energía Eléctrica no agentes del MEM, que presten servicios en su área de concesión, mantengan con ellas.

(CRONISTA) Las lluvias de los últimos días trajeron alivio y la siembra de maíz y soja está muy avanzada
Es un momento crítico para la determinación de los rendimientos de los granos. La previsible menor cosecha por la seca podría recortar la caída, en un contexto de fuerte suba de los precios internacionales. Las precipitaciones caídas la última semana en importantes áreas de la zona núcleo llegaron en un momento crítico para la determinación de los rindes de los principales granos de verano (soja, maíz y sorgo), señala el informe semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). En el contexto de un año Niña, caracterizado por fuerte reducción de la oferta hídrica, este dato es alentador de cara a la próxima cosecha gruesa. La soja y el maíz, con una estimación de 49 y 50 millones de toneladas cada uno en esta campaña, son dos productos clave en la composición de las exportaciones argentinas, así como aportantes de divisas y recursos al fisco vía retenciones. Hasta hace algunas semanas los analistas del mercado granario encendían las luces amarillas por lo que consideraban un escenario complejo, por falta de lluvias en un momento en que el proceso de floración y formación de las vainas en el caso de la soja, que requiere determinados niveles de agua. Así, los buenos precios internacionales de los principales granos, los mejores en más de seis años, tenían la contracara de una posible baja de la producción por menores rindes. El reporte de la Bolsa de Cereales destaca que la siembra de soja ya se ubica en 98,6% del área prevista, con la incorporación de 195.000 hectáreas en la última semana. Sólo restan implantar unas 244.000 hectáreas, localizadas especialmente en el norte del área agrícola, estimándose finalizar la labores en los próximos días. Federación Agraria propone eliminar el IVA a alimentos, usando el ingreso extra por retenciones a los granos Por su parte, en este momento, un 7,8% de los cuadros de soja de primera se encuentran iniciando su período crítico de formación de vainas, concentrándose en el centro del país. «La región depende de las precipitaciones en el corto plazo para sostener la mejora registradas en los días previos», afirma la entidad. En cuanto a la siembra de maíz destinado a grano comercial, ya se pudo sembrar el 93,4% de las 6,3 millones de hectáreas estimadas para esta campaña, con un interesante avance semanal de de 2,5 puntos porcentuales. Esto se da en momentos en que un tercio de los lotes «transita etapas críticas de formación de rinde y las lluvias mejoraron los niveles hídricos, frenando el deterioro en siembras tempranas y mejorando el panorama en siembras tardías». Por su parte, el sorgo, grano que se utiliza especialmente para forraje (alimentación de animales), alcanzó el 86,1% de las 950.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2020/21. Aún falta avanzar en lotes de las zonas norte y sur del área agrícola del país. Asimismo, las lluvias retrasaron, en cierta forma, la cosecha de girasol, que avanzó en 6,1% del área apta para el cultivo. Se esperan rindes promedio a nivel nacional de 15 qq/ha, «6,1 qq/ha por debajo del rinde medio a igual semana en el ciclo previo», explica la Bolsa de Cereales porteña. Sin embargo, el documento señala que las lluvias podrían favorecer los cuadros que transitan desde botón floral en adelante. De este modo, «si este escenario persiste, las expectativas de rinde podrían elevarse por encima de los promedios históricos en zonas claves», concluye el informe.