(ELECONOMISTA) Exclusivo: este es el acuerdo que Argentina está a punto de firmar con el FMI
El Economista accedió al borrador preliminar en el que están trabajando el Gobierno y el FMI, y se presentaría esta semana
El Economista accedió al borrador preliminar en el que están trabajando el Gobierno y el FMI

El memorando, fechdado el 12 de febrero, se inicia con los antecedentes y la evaluación macroeconómica.

Antecedentes y evolución macroeconómica
Al asumir el Gobierno, Argentina estaba inmersa en una crisis económica y social. Para 2019, nuestra economía se había contraído alrededor de 5% desde 2017 y la inflación anual había llegado a 53,8%. Nos enfrentábamos a una carga insostenible de deuda, un bajo nivel de reservas externas y acceso limitado a los mercados de capital. Es importante señalar que las condiciones sociales se habían deteriorado marcadamente: la pobreza superaba el 35%, el desempleo se aproximaba al 10% y los salarios reales habían disminuido más de 15% con respecto a los niveles de 2017.
Menos de 100 días después de haber asumido funciones, la pandemia de Covid-19 agravó los desafíos que enfrentaba Argentina, pese a los importantes esfuerzos desplegados para salvaguardar la salud y el empleo. La economía se contrajo 9,9% en 2020 debido al lastre que el colapso del comercio mundial y las restricciones de movilidad impusieron sobre la demanda y la actividad. Los indicadores sociales se deterioraron aún más, y la pandemia afectó en especial a mujeres, niños y trabajadores no calificados del sector informal. En respuesta -y sobre la base de la ley de Solidaridad Social de diciembre de 2019 que buscaba sostener el consumo y los ingresos, sobre todo de las personas en situación de pobreza- en 2020 se movilizaron cuantiosos recursos fiscales para proteger a hogares y empresas de los efectos adversos de la pandemia. El apoyo para hacer frente a la Covid se canalizó mediante asignaciones y bonificaciones excepcionales, un nuevo mecanismo de ingreso familiar de emergencia para trabajadores informales, ayudas salariales y la reducción de las contribuciones de seguridad social a cargo de los empleadores. También se expidieron regulaciones para salvaguardar el empleo.
Al mismo tiempo, tomamos medidas decisivas para afianzar la sostenibilidad de la deuda. En septiembre de 2020 logramos reestructurar más de US$ 82.000 millones de deuda en moneda extranjera frente a tenedores privados de bonos, con una tasa de participación superior al 99%, lo cual permitió obtener un alivio de flujo de efectivo de más de US$ 35.000 millones durante 2020–30. Por otro lado, respaldamos los esfuerzos de los gobiernos de provincias para reestructurar US$ 13.000 millones de deuda en moneda extranjera, lo que arrojó un alivio adicional de flujos de efectivo de US$ 6.500 millones durante 2020–27. Cabe destacar que una de las prioridades clave fue reconstruir el mercado de deuda pública en pesos.
Luego, el Gobierno repasa otras acciones tomadas adelante ante el contexto pandémco y señala que “nuestros esfuerzos están empezando a rendir frutos, y la economía creció más de 10% en 2021, registrándose importantes avances en cuanto a los principales resultados macroeconómicos y sociales”.

Entre los datos destacados, están los siguentes:

La economía creció más de 10% en 2021, recuperando con creces el terreno perdido en 2020.
Los desequilibrios fiscales se redujeron, al tiempo que se protegió el gasto prioritario social y en infraestructura.
Se está afianzando el mercado interno de bonos públicos.
El superávit comercial casi alcanzó un máximo histórico de US$ 15.000 millones.
Las condiciones sociales están mejorando gradualmente.
Pese a esos avances, aún existen importantes desafíos económicos y sociales, dice el Gobierno.

El principal es que es “necesario apuntalar la estabilidad macroeconómica”. Así dice el memo: “La persistente inflación elevada sigue siendo un problema, y las reservas externas están en niveles bajos. El nivel general de inflación subió a 50,9%, en cifras interanuales, a finales de 2021, frente a 36,1% al final de 2020, debido a una combinación de mayores precios internacionales de las materias primas, aumento de la demanda interna y dificultades a la hora de anclar las expectativas inflacionarias. Se necesitan más medidas para mejorar las finanzas públicas, depender menos del financiamiento monetario y ampliar la cobertura de las reservas, garantizando a la vez la competitividad del tipo de cambio real”.

Asimismo, persisten profundas brechas sociales y de infraestructura y persisten los obstáculos al crecimiento sostenido e inclusivo.

Luego, el memo se adentra en lo que será el programa por dos años que el Gobierno llevará adelante.

Marco de políticas y programa económico 2022–24
“Ante estos desafíos, nuestros principales objetivos son mantener la recuperación económica y social en curso, y al mismo tiempo reforzar la estabilidad y comenzar a abordar los desafíos para sustentar el crecimiento”, señalan el borrador.

Para ello, dice que es necesario implementar iniciativas y políticas a medida que reflejen las particularidades de la estructura económica y social local:

Mejorar gradualmente y de manera sostenible las finanzas públicas para asegurar la sostenibilidad de la deuda sin comprometer la recuperación, implementando, al mismo tiempo, políticas públicas para reducir las profundas brechas sociales y de infraestructura.
Reducir de forma duradera la persistente inflación elevada mediante una estrategia de varios frentes, que incluya una combinación de políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos.
Fortalecer la resiliencia externa y los colchones de reservas mediante políticas que respalden los superávits comerciales, impulsen las exportaciones netas y las entradas de capitales a largo plazo, y preparen el terreno para un retorno a los mercados internacionales de capital en su debido momento.
Mejorar la sostenibilidad del crecimiento, mediante reformas orientadas a movilizar el ahorro interno, reforzar la eficacia de la inversión pública en infraestructura e innovación, e impulsar el desarrollo de sectores de bienes transables estratégicos.

Esto dice el Gobierno sobre lo que proyecta para el período 2022-2024.

Nuestro programa macroeconómico de base prevé una expansión económica y un proceso de desinflación estables y sostenidos.
Se prevé que el PIB crezca 3,5%-4,5% en 2022 y converja en torno a 1,75% y 2,25% a mediano plazo. Esta expansión se verá sustentada por el consumo privado y la inversión, y las políticas públicas seguirán desempeñando un importante papel para respaldar el empleo y los ingresos reales. Se proyecta que la cuenta corriente externa se mantendrá en superávit, apuntalada por un tipo de cambio efectivo real (TCER) competitivo y reformas orientadas a impulsar las exportaciones en sectores clave. Esto, junto a un aumento de la inversión extranjera directa (IED) y las entradas oficiales netas, facilitará una acumulación gradual de reservas (aumento de las reservas internacionales netas (RIN) de US$ 15.000 millones a lo largo del programa) y reforzará nuestro régimen cambiario. Por otra parte, procuraremos reducir la inflación en un rango de 38-48% para fines de 2022 y en 5 puntos porcentuales adicionales por año hasta fines de 2024. La estrategia de desinflación se basará en un enfoque de varios frentes que abarcará políticas fiscales, monetarias y de precios e ingresos, adecuadamente calibradas. Estas políticas ayudarán a apuntalar la demanda de dinero, que, tras la caída registrada en 2021, se asume constante como proporción del PIB.

Nuestro escenario base está sujeto a importantes incertidumbres, lo que implica que es posible que las políticas tengan que recalibrarse según corresponda.
No se puede descartar una intensificación de la pandemia que den lugar a nuevas variantes y, potencialmente, a nuevas perturbaciones del comercio. Las condiciones mundiales y regionales podrían empeorar, y eso complicaría las perspectivas para Argentina. El crecimiento de nuestros socios comerciales podría decaer y los precios mundiales de los productos agrícolas podrían caer marcadamente, por ejemplo como consecuencia de un endurecimiento inesperadamente rápido de las condiciones financieras mundiales. Los shocks relacionados con el clima podrían afectar nuestras exportaciones, con repercusiones negativas en las entradas de divisas y los ingresos fiscales. Pero tampoco se pueden descartar riesgos al alza. Las condiciones externas podrían tornarse más favorables, y la recuperación podría ser más vigorosa de lo previsto, en especial en los sectores, como el de servicios, que se vieron más duramente golpeados por la pandemia. Ante estas incertidumbres, estamos dispuestos, en consulta con el personal técnico del FMI, a recalibrar nuestras políticas para garantizar el cumplimiento de nuestros objetivos económicos y sociales en caso de que sea necesario.

Los temas más relevantes
Política fiscal y de financiamiento: o quién pone los pesos
Continuaremos buscando una mejora de crecimiento favorable en las finanzas públicas, consistente con la sostenibilidad de la deuda.
Hemos desarrollado una estrategia de consolidación fiscal plurianual con el objetivo de lograr de lograr un déficit primario del 2,5% del PIB en 2022, cayendo al 1,9% del PIB en 2023 y al 0,9% del PIB para el 2024. De conformidad con nuestra legislación nacional, el programa de financiamiento para afrontar las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional se presentará al Congreso para su aprobación, antes de su consideración por parte del Directorio Ejecutivo del Fondo.

Las mejoras en las finanzas públicas se lograrán a través de un paquete equilibrado de medidas de ingresos y gastos, mientras se garantiza que el crecimiento del gasto real (después de excluir el gasto extraordinario por el Covid) siga siendo positivo en términos reales, y el gasto corriente esté focalizado de modo de dar lugar a una expansión en infraestructura e inversiones en ciencia y tecnología. La trayectoria fiscal prevista se financiará principalmente a través de una expansión duradera de títulos públicos denominados en pesos y el apoyo de la comunidad internacional, lo que permitirá reducir a cero el financiamiento monetario del déficit para fines del 2024. Nuestra senda fiscal, que prevé alcanzar el equilibrio primario al 2025 y un superávit primario de más del 1% del PIB en el mediano plazo, ayudará a colocar la deuda pública en una trayectoria firme descendente y respaldará la reanudación gradual del acceso a los mercados internacionales a partir del 2025.

En el frente de los ingresos, nuestros esfuerzos continuarán movilizando y favoreciendo la progresividad de los impuestos.
A corto plazo, se espera que la recuperación del empleo y los salarios respalde la recaudación de impuestos, mientras que las medidas de política tributaria y los esfuerzos de administración tributaria y aduanera en curso deberían ayudar a movilizar ingresos adicionales a mediano plazo y respaldar la consolidación fiscal. En este sentido, si los ingresos reales del sector público nacional (netos de coparticipación) fueren superiores a los programados, nos comprometemos a hacer uso de esa oportunidad para virtuosamente reducir el déficit fiscal de forma acorde.

Allí, hay una especie de nota al pie donde se aclara que se necesita acordar como lidiar con ingresos superiores a los programados y monitorear de manera efectiva el sobre rendimiento “real”. También es necesario, dice la nota al pie, una línea sobre financiamiento externo adicional que permita un mayor gasto de capital. Entre líneas, si el Estado recibe más financiamiento externo, quiere poder gastarlo.

En el área de la política tributaria, sobre la base de esfuerzos anteriores, recientemente se aprobó una ley para aumentar la progresividad del régimen del impuesto sobre el patrimonio personal (con un rendimiento anual esperado de 0,1% del PIB), y se presentó un proyecto de ley al Congreso para cambiar los impuestos especiales sobre productos del petróleo a una base ad valorem para proteger los rendimientos fiscales.

Se esperan mejoras adicionales para garantizar que las valoraciones de las propiedades inmuebles reflejen mejor sus valores reales. Para ello, en estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022.

Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1% del PIB para el año fiscal 2022 y un 0,2% adicional del PIB durante los próximos años. Finalmente, y según lo permitan las condiciones, continuaremos construyendo sobre nuestros esfuerzos continuos para mejorar la eficiencia del sistema tributario, incluso reduciendo aún más los impuestos sobre ciertas exportaciones de valor agregado y evitando impuestos adicionales sobre las transacciones financieras que afecten al ahorro interno o la inversión productiva. Si bien los planes de pago de impuestos seguirán siendo necesarios, se evitarán amnistías fiscales.

“En el área de administración tributaria nuestra agencia tributaria AFIP ha desarrollado un Plan Estratégico para el 2021-25, para abordar los altos niveles de incumplimiento, mejorar la prestación de servicios de la AFIP y fortalecer las capacidades de tecnología de la información. Publicaremos este plan a fines de marzo del 2022. En este contexto, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, desarrollaremos un plan de acción detallado y con plazos definidos, centrado en identificar brechas de cumplimiento y mejorar la gestión de riesgo de cumplimiento de impuestos y aranceles aduaneros internos. Los rendimientos de estas reformas administrativas podrían alcanzar 1% en el mediano plazo y comenzar a dar frutos a partir del próximo año (0,3% del PIB neto de coparticipación)”, dice el Gobierno.

En el frente del gasto, nuestros esfuerzos se centrarán en reorientar aún más el gasto hacia la inversión pública, en particular mejorando la focalización de los subsidios a la energía. Dentro de nuestro enfoque balanceado de la política fiscal, estamos comprometidos a mantener un crecimiento real positivo del gasto y mejorar la eficiencia y progresividad del mismo, particularmente en las áreas de asistencia social, ciencia y tecnología e inversión pública. Los pilares fundamentales de nuestras políticas de gasto son las siguientes:

Subsidios a la energía, uno de los grandes temas
«Para liberar recursos para áreas de mayor prioridad, mejoraremos la focalización de los subsidios a la energía, reduciéndolos con criterios racionales, tendiendo a aumentar gradualmente los índices de recuperación de costos (-…) Como pilar clave de esta estrategia, reduciremos gradualmente los subsidios a usuarios comerciales y mejoraremos la progresividad de los subsidios a usuarios residenciales a través de un esquema de segmentación . Mientras tanto, continuaremos asegurando que las tarifas de los grandes usuarios industriales reflejen completamente la recuperación de costos»
Las acciones a corto plazo se centran en garantizar el logro de la reducción planificada del 0,6% del PIB en subsidios a la energía en el 2022.

Sobre la segmentación de subsidios, el trabajo dice que se ha diseñado un nuevo esquema de segmentación de subsidios para enfocar el esfuerzo en aquellos con mayor capacidad de pago. “El plan busca eliminar los subsidios a la electricidad del primer decil de consumidores residenciales en la ciudad de Buenos Aires y el gran Buenos Aires a partir de marzo, y se ampliará a otras 9 áreas urbanas para fines de mayo del 2022. Los ahorros del plan de segmentación podrían alcanzar 0,08% del PIB durante el 2022”, dijeron.

Para quienes no integren esos deciles, la suba, en promedio, sería del 20%, deja entrever el memo.

Sobre la asistencia social, dice: “Fortaleceremos aún más nuestros esquemas de asistencia social para servir mejor a los más necesitados, centrándonos en abordar la pobreza infantil y reorientando el apoyo para promover la inclusión en el mercado laboral, particularmente de las mujeres y las personas con menor calificación laboral. Con este fin, el programa establecerá una base de gasto en nuestros programas emblemáticos de apoyo -AUH, Tarjeta Alimentar, Progresar- con mejoras en su cobertura en caso de deterioro de las condiciones sociales. Además, se realizarán esfuerzos para reorientar el gasto hacia programas de capacitación y empleo, y desarrollar sistemas presupuestarios para asegurar que el gasto aborde las inequidades de género. Para fortalecer aún más la eficiencia y la focalización de nuestro apoyo social, trabajaremos asociados a bancos de desarrollo para realizar y publicar una evaluación integral de nuestros programas de apoyo social y su estrategia”.

En el ítem de gastos de capital e innovación, dice: “Planeamos continuar aumentando el gasto de inversión en infraestructura a más de 2% del PIB en 2022 (de un promedio del 1% del PIB durante 2018-20) y mantener este nivel a mediano plazo. Esta inversión se enfocará principalmente en mejorar las condiciones de vivienda y saneamiento en las áreas urbanas más pobres, y mejorar la infraestructura vial, energética, digital y logística del país. Asimismo, se protegerá y potenciará el gasto en ciencia y tecnología para fomentar la innovación”.

Otros gastos pendientes
“Para liberar recursos para nuestras prioridades clave, buscaremos racionalizar otros gastos mientras protegemos los ingresos reales de los jubilados y los trabajadores del sector público. Se están realizando acciones para (i) limitar las transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales; y (ii) administrar la masa salarial del sector público para asegurar que crezca consistentemente con el crecimiento de la economía. Mientras tanto, el gasto en jubilacions y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020. Sobre la base de esto, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Se prestará atención especial a la evaluación de los regímenes especiales previsionales, y a los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”, dice el memo y acota al pie que el párrafo completo es objeto de una discusión más amplia.

Fue un ítem que generó una pequeña interna hoy en el FdT.

El finanacimiento
¿Qué dice el Gobierno sobre cómo piensa conseguir los pesos para afrontar el déficit?

“Nuestra estrategia de financiamiento interno sigue enfocada en fortalecer el mercado de títulos públicos y letras del Tesoro en pesos. Nuestro plan tiene como objetivo el financiamiento neto en pesos del sector privado al Tesoro de alrededor de 2% del PIB anual durante el 2022-24, respaldado por nuestro equilibrado plan de consolidación fiscal. En este sentido, y en línea con el proceso de desinflación proyectado, esperamos reducir gradualmente la dependencia de instrumentos ligados a la inflación, ampliar la cartera de títulos domésticos de referencia y alargar el perfil de vencimientos. Sobre la base de nuestros esfuerzos que comenzaron hace dos años, continuaremos fortaleciendo las prácticas de gestión de la deuda para establecer un mercado profundo de deuda soberana y construir una curva de rendimiento de referencia. Para guiar la implementación de estos objetivos a largo plazo, prepararemos una estrategia de gestión de la deuda a mediano plazo con miras a su publicación e implementación en marzo del 2023”.
“Mientras tanto, planeamos desarrollar un plan de endeudamiento anual junto con medidas destinadas a (i) racionalizar la cantidad de instrumentos, (ii) mejorar la previsibilidad de las subastas; (iii) limitar el uso de precios mínimos de subasta solo para brindar orientación para nuevos instrumentos y para periodos de tensión en el mercado; y, (iv) construir bonos de referencia para respaldar la liquidez del mercado secundario y la determinación de precios. También planeamos expandir el programa de creadores de mercado que se estableció hace un año, ampliando el grupo elegible de valores y avanzar en nuestro programa de relaciones con inversionistas, mediante la publicación de presentaciones semestrales de relaciones con inversores, así como reuniones periódicas que proporcionarán información sobre la evolución y las perspectivas macroeconómicas y detalles sobre el rendimiento y la financiación de la deuda pública”
“Esta estrategia, junto con los esfuerzos para movilizar el apoyo externo, permitirá reducir la financiación monetaria del déficit. Se espera que el financiamiento neto de los bancos multilaterales de desarrollo y ciertos acreedores oficiales bilaterales alcance 0,4% del PIB anual durante el 2022-24, una parte del cual ayudará a financiar proyectos de infraestructura, así como programas para fortalecer la protección social y la eficiencia energética. Además, trabajaremos con el Club de París para buscar una reestructuración de obligaciones por un valor de US$ 2.400 millones , consistente con nuestra capacidad de pago y sostenibilidad de la deuda. Este apoyo oficial, combinado con financiamiento neto inicial del FMI en el 2022 (0,7% del PIB), ayudará a limitar el financiamiento del presupuesto por parte del Banco Central a 1% del PIB en el 2022 y 0,6% en el 2023. De hecho, si se consigue apoyo presupuestario externo superior al programado se reducirá aún más la necesidad del financiamiento monetario”
Política monetaria y cambiaria: pesos y dólares
Sin duda, uno de los temas más candentes. La inflación no cede y las herramientas del Gobierno no son eficaces. Por otro lado, las expectativas devaluatorias están muy altas y el BCRA no tiene mucho más margen para estirar la actual situación.

“La alta inflación persistente en Argentina es un problema multicausal y para resolverlo será necesario adoptar una estrategia multifacética. Una baja duradera de la inflación requerirá un paquete integral de políticas económicas. Un pilar importante será una vía fiscal y financiera sostenible que ayude a reducir rápidamente la financiación del presupuesto por parte del banco central. Es importante destacar que será necesario contar con una política monetaria prudente y proactiva para apoyar la demanda de activos en pesos y políticas de ingresos y precios cuidados para enfrentar los desafíos de una fuerte inercia inflacionaria y visiones desancladas sobre la dinámica de la inflación. Al mismo tiempo, la tasa de variación del tipo de cambio oficial también debería apoyar la competitividad externa, con un régimen bien diseñado y calibrado de administración de flujos de capital que respalde aún más la acumulación de reservas”
“Conscientes de los profundos costos económicos y sociales de la inflación, hemos tomado medidas para reducirla y fijar puntos de vista sobre su dinámica. Además de los compromisos de seguir reduciendo el déficit fiscal y la financiación monetaria del presupuesto, recientemente se adoptaron medidas en el ámbito de la política monetaria. Concretamente, a principios de enero, el BCRA elevó la tasa de política efectiva en 350 puntos básicos y perfeccionó los instrumentos de esterilización para mejorar la transmisión y orientación de la política monetaria. También aumentamos los límites máximos de las tasas de interés pasivas reguladas y los límites mínimos de las tasas de crédito para aumentar la transmisión de las tasas de política a las tasas pasivas. Además, a mediados de febrero, el BCRA elevó las tasas de política en 300 puntos básicos adicionales para apoyar aún más la demanda de activos en pesos”
“Esto se complementó con nuestras políticas de ingresos y Precios Cuidados. A mediados de enero, se firmó un nuevo acuerdo voluntario de precios (+Precios Cuidados) con más de 150 participantes del sector privado, lo que garantiza un aumento máximo del precio de 2% al mes en 1.300 productos básicos de consumo. Este acuerdo de precios servirá como un complemento importante de los acuerdos salariales en curso para apoyar el crecimiento de los salarios reales. Nuestras políticas de ingresos y precios se ajustarán en función de las circunstancias cambiantes para atacar la inercia y orientar las opiniones sobre la dinámica de la inflación futura”
“Nuestro objetivo sigue siendo lograr un marco de política monetaria prudente y proactivo. Con ese fin, el BCRA tratará de mantener una tasa de política efectiva real positiva que también sea coherente con un camino sostenible para los títulos del BCRA. La determinación de la tasa de interés real tendrá en cuenta medidas de inflación coincidentes y prospectivas que se actualizarán mensualmente, teniendo en cuenta otros factores, como la evolución de las reservas. Esto ayudará a asegurar que, en el futuro, las tasas de interés sobre los depósitos bancarios sigan siendo positivas en términos reales para apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo del mercado nacional de títulos públicos”, dice el memo y acota que “es necesario ponerse de acuerdo sobre los detalles de la función de reacción de la política monetaria”
“Simultáneamente, calibraremos nuestra administración cambiaria para asegurar la estabilidad a mediano plazo del tipo de cambio efectivo real y apoyaremos la acumulación de reservas. Con este fin y para ayudar a que se logren los objetivos de acumulación de reservas en el marco del programa, la tasa de variación del tipo de cambio oficial preservará la competitividad al mantener el tipo de cambio efectivo real en general sin alteraciones en relación con los niveles de finales de enero de 2022. Mientras tanto, nuestras intervenciones en el mercado oficial (MULC) serán coherentes con nuestro objetivo de acumulación de reservas, teniendo en cuenta la variabilidad que proviene de la estacionalidad y de episodios temporales de volatilidad excesiva. Además, limitaremos nuestra intervención en el mercado a término sin entrega de instrumentos a aquellas circunstancias en las que se requiera orientación en el marco de política monetaria”
Política de administración de flujos de capital
El memo dice que el Gobierno se propone reforzar la transparencia y reducir los costos de cumplimiento, mejorando el marco regulatorio cambiario y consolidando el número de documentos regulatorios.

“Impulsar nuestra supervisión y aplicación de las medidas de control cambiario mediante (i) una mejor recopilación de datos y un mejor seguimiento de las operaciones; y (ii) una mejor coordinación entre los organismos pertinentes (BCRA, AFIP y/o Aduanas) para optimizar la detección de fraudes”
«Mejorar el marco de sanciones, esto incluye la introducción de la autorización de multas administrativas para hacer más eficiente el marco de sanciones y mejorar la oportunidad de aplicación de las medidas de control. La propuesta de modificación al régimen penal cambiario se presentará al Congreso a más tardar a fines de 2022. Además, se examinará la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina»
¿Y los controles cambiarios?
“Se elaborará una estrategia adaptada a las circunstancias imperantes para aliviar gradualmente las medidas de administración de los flujos de capital. Planeamos diseñar una hoja de ruta estratégica para el alivio gradual de los controles cambiarios definiendo las condiciones necesarias para su implementación y sus objetivos. El plan de trabajo, que se preparará en consulta con el personal del FMI, se basará en experiencias internacionales relevantes y al mismo tiempo tendrá en cuenta factores específicos de Argentina, incluido su perfil de deuda pública, cobertura de reservas y alto grado de dolarización. La estrategia implicará converger a un sistema de regulaciones macro prudenciales que aliente flujos de capital estables y sostenibles”, dice el memo

Políticas de crecimiento y resiliencia
“Reformas que fomentan el crecimiento serán fundamentales para empezar a abordar cuellos de botella de largo plazo y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo. Las políticas de fomento del crecimiento y la resiliencia tratarán de potenciar (i) la expansión y la diversificación de las exportaciones; (ii) la inversión y la productividad; (iii) el desarrollo económico local y regional; (iv) el empleo formal y la inclusión laboral; (v) las políticas de mitigación y adaptación al clima; y (vi) el desarrollo más amplio de los mercados de capitales”, dice el memo.

Expansión de las exportaciones a través de incentivos para sectores estratégicos. Estamos avanzando en la legislación y la reglamentación para incentivar la inversión y las exportaciones en sectores estratégicos – incluyendo la economía del conocimiento (aprobada en 2020), los hidrocarburos, la minería, la agroindustria y la industria automotriz- en estrecha consulta con los actores interesados. Las reformas previstas tienen como objetivo reforzar la previsibilidad reglamentaria y los incentivos a la inversión, tratando al mismo tiempo de minimizar sus costos fiscales y administrativos. Esperamos que las iniciativas legislativas pertinentes sean consideradas por el Congreso en el transcurso del 2022.

Empleo formal e inclusión. Estamos avanzando en varias iniciativas del mercado laboral para fomentar el empleo formal y la inclusión laboral, especialmente para mujeres y personas jóvenes con baja calificación laboral. Hemos ampliado significativamente nuestro programa insignia Potenciar Trabajo, que ahora llega a más de un millón de beneficiarios, para profundizar la inclusión laboral entre las personas más vulnerables a través de programas de capacitación laboral y transferencias monetarias directas a los beneficiarios e incentivos a los empleadores. También hemos establecido nuevos programas de apoyo al empleo, incluyendo (i) «Te Sumo», destinado a apoyar el empleo juvenil -con un objetivo inicial de 50.000 nuevas contrataciones- a través de programas de capacitación laboral e incentivos a las PYMES; (ii) «Programa Argentina», destinado a desarrollar una amplia cantera de trabajadores calificados -más de 10.000 nuevos graduados para fines de 2022- para satisfacer las demandas de empleo del sector de la economía del conocimiento; y (iii) un programa de incentivos para fomentar la creación de empleo formal en el Norte Grande. Es importante destacar que, con la fuerte recuperación de la actividad económica y el empleo, hemos reducido gradualmente las medidas extraordinarias introducidas durante la pandemia: en particular, se ha levantado la prohibición de los despidos por circunstancias imprevistas o por falta de trabajo y la doble indemnización por despido sin causa justificada, que ya se está reduciendo en forma paulatina, que quedará sin efecto completamente a finales de junio de 2022.

Políticas de mitigación y adaptación al clima. Estamos desarrollando políticas ambientales para fortalecer la preparación y abordar mejor los desafíos del cambio climático y garantizar el progreso en el cumplimiento de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París.

Políticas de competencia (reducir barreras de entrada). Para fomentar la actividad inversora y la creación de empleo en el sector privado, estamos avanzando en el proceso de creación de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) en línea con la Ley de Defensa de la Competencia. En marzo, se lanzará un concurso público para seleccionar a los miembros de la ANC con el objetivo de buscar la aprobación del Senado de los candidatos seleccionados para junio del 2022.

Esperamos que la ANC se establezca formalmente, junto con los reglamentos de apoyo, más tardar a finales de julio del 2022. Además, antes de finales de diciembre del 2022 se presentarán al Congreso propuestas de modificación a la actual Ley de Competencia para mejorar el papel y la eficacia de la ANC (entre otras cosas, aclarando sus poderes administrativos). Estos esfuerzos apoyarán nuestros objetivos más amplios de garantizar la igualdad de condiciones.

Fomentar la inclusión financiera y promover la financiación sostenible. Hemos relanzado la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera para 2020-2023 a través del Consejo de Coordinación de la Inclusión Financiera, que se considera una política de Estado. Los objetivos clave de nuestra estrategia incluyen (i) ampliar y mejorar el acceso a los servicios financieros; (ii) promover el uso de medios de pago digitales, cuentas de ahorro, créditos y otros servicios, incluyendo el sector bancario y las microfinanzas; (iii) mejorar la educación financiera y la protección de los derechos de los consumidores financieros, (iv) promover la interoperabilidad en los pagos digitales; (v) contribuir a la reducción de las brechas sociales, ampliar la territorialidad y la federalización, e incorporar la perspectiva de género; y (vi) priorizar la inclusión financiera de los grupos vulnerables y excluidos; financiar a las pymes y promover el uso de las nuevas tecnologías. También estamos dando pasos importantes para promover las finanzas sostenibles como forma de aumentar nuestra base de inversores, considerando no sólo la rentabilidad financiera sino especialmente el impacto social y las externalidades positivas.

Reforzar la resiliencia financiera. Aunque los bancos comerciales siguen teniendo liquidez y están bien capitalizados, se mantendrá una fuerte supervisión bancaria, especialmente tras la eliminación de la indulgencia reglamentaria relacionada a la pandemia. Para salvaguardar aún más la estabilidad financiera, estamos tomando medidas importantes para (i) desalentar el uso de criptomonedas con miras a prevenir el lavado de dinero, la informalidad y la desintermediación; y (ii) apoyar aún más el actual proceso de digitalización de los pagos para mejorar la eficiencia y los costos de los sistemas de pagos y la gestión del efectivo.

Acceso, supervisión del programa y planificación de contingencias: ¿qué pide Argentina?
Acceso y escalonamiento. Solicitamos un acuerdo ampliado de 30 meses en el marco de Facilidades Extendidas con acceso excepcional por valor de 31.914 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) (cerca del 1.000% de la cuota). Esto permitiría a Argentina: (i) satisfacer sus grandes necesidades de balanza de pagos, que reflejan en gran medida las recompras al Fondo; (ii) reforzar su posición de reservas a corto plazo; y (iii) fortalecer la estabilidad macroeconómica y tomar medidas para que nuestra economía sea más sólida y resistente.

El nivel de acceso propuesto cubriría las obligaciones de recompra restantes en el marco del Acuerdo Stand By (“SBA” por sus siglas en inglés) de 2018, junto con una pequeña financiación neta (US$ 4.300 millones) para ayudar a impulsar los niveles muy bajos de las reservas internacionales. Es un monto similar al de los DEG recibidos en 2021, luego usados para cancelar la deuda con el propio FMI.

Seguimiento. El programa se supervisará mediante revisiones trimestrales, acciones previas, criterios de rendimiento cuantitativos, objetivos indicativos y puntos de referencia estructurales.

Salvaguardas y apoyo presupuestario. Entendemos que, de acuerdo con la política del FMI, se completará una Evaluación de Salvaguardias y una Revisión de Salvaguardas Fiscales antes de la primera revisión del programa. Solicitamos el uso de la financiación del FMI para el apoyo presupuestario y, a este respecto, las respectivas funciones y responsabilidades para el servicio de las obligaciones financieras con el Fondo se regirán por un memorando de entendimiento entre el BCRA y el Gobierno. Además, todas las adquisiciones del FMI se desembolsarán en nuestra cuenta de DEG para utilizarlas en el cumplimiento de nuestras obligaciones con el Fondo a medida que vayan venciendo y para reconstruir nuestras reservas internacionales.

(AMBITO) FMI y reservas: lo que se discute, lo acordado y las cuentas del Gobierno
Los DEG usados para pagar capital que reintegrará el Fondo contarán para el objetivo de acumulación, pero este será algo mayor que lo anticipado por Guzmán. Las fuentes de divisas que se proyectan.
Junto a los capítulos fiscal y monetario, la meta de acumulación de reservas será uno de los ejes claves del acuerdo que monitoreará de forma trimestral el Fondo Monetario Internacional. En ese marco, el Gobierno discute hasta último momento cuál será el monto del primer desembolso que hará el FMI en marzo y el posterior escalonamiento de los envíos, como contó Ámbito esta semana. Además, el equipo económico saca cuentas de los dólares netos que ingresarán al país por el mercado de cambios oficial y por los giros desde otros organismos multilaterales.

En el anuncio del preacuerdo realizado a fines de enero, Martín Guzmán había señalado que el objetivo de acumulación de reservas para este año sería de u$s5.000 millones. En un borrador del 12 de febrero que se filtró en las últimas horas (ver nota aparte), figuraba una meta de u$s5.800 millones. Aunque este diario supo de fuentes oficiales que hay posibilidades de que finalmente el número plasmado sea algo superior.

La explicación es que los derechos especiales de giro (DEG) que el Gobierno utilizó para pagar los primeros tres vencimientos de capital (unos u$s4.500 millones) del multimillonario Stand By que tomó Mauricio Macri, y que el Fondo reintegrará como parte del nuevo programa de Facilidades Extendidas, serán contabilizados dentro del objetivo de reservas. Así se lo confirmó una alta fuente oficial a Ámbito. Como una parte de esos DEG se usará para cancelar intereses al propio FMI por algo más de u$s1.000 millones, en términos netos quedarán entre u$s3.000 y u$s3.500 millones.

Lo que se negocia hasta último momento es que esos DEG sumados a los correspondientes al vencimiento de marzo (algo más de u$s2.800 millones) ingresen en el primer desembolso que haría el FMI el próximo mes, una vez aprobado el nuevo programa. El Gobierno quiere que el monto sea aún mayor para armar un mayor colchón de divisas de entrada y minimizar las tensiones ante cada revisión trimestral (de las que dependerán la aprobación de cada envío del Fondo para cancelar los vencimientos de la deuda contraída por Macri), pero el organismo es reticente a ampliar mucho más el giro inicial.

Ese punto, junto a la pauta de reducción de los subsidios energéticos y algunos detalles de formulación de los “objetivos que no conllevan metas cuantitativas” son los aspectos que restan definir del acuerdo técnico con el staff de Washington. En el equipo negociador argentino confían en que el entendimiento se cerrará esta misma semana para llegar a tiempo antes del deadline que representa el vencimiento del 22 de marzo ante la escasez de reservas.

Si eso se cumpliera, los pasos serían los siguientes: Guzmán y Miguel Pesce firmarían la carta de intención antes del viernes desde Buenos Aires y esta se enviaría a la capital estadounidense; el nuevo director del FMI para el Hemisferio Occidental, Ilan Goldfajn, pondría entonces su sello y lo elevaría al directorio. El mismo documento llegaría al Congreso para su aprobación y, recién cuando haya aprobación del Parlamento nacional, el board lo votaría. Pese a todos esos pasos, en los despachos oficiales esperan que se llegue a tiempo para el 22 de marzo.

La meta de reservas, como las demás, tendrá carácter trimestral y contemplará la estacionalidad propia del flujo de divisas en el país. Así, será más alta para el segundo trimestre, cuando ingresan los dólares de la cosecha gruesa, y menor en el tercero y el cuarto trimestre. En el equipo económico aseguran que no tendrán mayores problemas para cumplirlas.

¿Cuáles son las cuentas que sacan los funcionarios? Por un lado, esperan que este año los desembolsos netos de otros organismos multilaterales (sin contar los DEG del FMI) sean positivos en cerca de u$s2.000 millones. Los principales aportantes serían el Banco Mundial, el BID y la CAF.

También proyectan un importante saldo neto de divisas en el mercado oficial de cambios (MULC), aunque trazan distintos escenarios. Con la expectativa de que los precios de los commodities compensen el impacto de la sequía en el ingreso de agrodólares, para los funcionarios el factor determinante podría ser la cotización del GNL (junto al volumen de este combustible que se necesite importar) y su correlato en la balanza energética: si afloja, creen que el saldo neto en el MULC podría llegar a u$s5.000 millones este año; si no, el número podría reducirse a alrededor de la mitad.

Por otro lado, trabajan con la pauta de que la deuda con el Club de París (unos u$s2.000 millones) se reestructurará después del acuerdo con el Fondo. Una posibilidad es que se reprograme a cuatro años con vencimientos semestrales, lo que descomprimiría otra vía de demanda de divisas.

Por otro carril, continúa la negociación entre el BCRA y el Banco Popular de China para la expansión en unos u$s3.000 millones del swap de monedas vigente y la ampliación del uso de los yuanes que integran las reservas para pagos al país asiático, sin que esto implique un cargo de intereses.

La dinámica de las reservas es un punto central. No sólo por su meta. Ligado a su evolución estará el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial. Y también la proyección de crecimiento incluida en el acuerdo, que para este año se ubicará en un rango de entre 3,5 y 4,5%; para los siguientes se estabilizaría en niveles más bajos, algo por encima del 2%.

(AMBITO) Acuerdo con el FMI: tasas y dólar estarán atados a la inflación
Según un borrador del entendimiento, se buscará mantener tasas reales positivas y eso se fijará en función de la evolución de los precios y la acumulación de reservas.

La reducción del déficit de las cuentas públicas y una menor asistencia monetaria del Banco Central son dos de los ítems más importantes del acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. El tercero es la meta de acumulación de reservas internacionales. Según un documento borrador del entendimiento que pulen el equipo técnico del FMI y las autoridades nacionales, al que accedió Ámbito, el acuerdo contempla un sendero de acumulación de u$s5.800 millones en 2022, u$s4.000 millones en 2023 y u$s5200 millones en 2024.

Es esa acumulación de reservas la que determinará a su vez el nivel de fluctuaciones en el tipo de cambio, que buscará mantener la competitividad de enero de 2022. En ese marco, tanto el tipo de cambio como las tasas de interés fijadas por el Banco Central tendrán algún tipo de relación con la evolución de la inflación.

“La determinación de la tasa de interés real tendrá en cuenta medidas de inflación coincidentes y prospectivas que se actualizarán mensualmente, teniendo en cuenta otros factores, como la evolución de las reservas”, dice el borrador del entendimiento (fechado el 12 de febrero) en el capítulo de “Política monetaria y cambiaria”. A su vez, explicita el documento, “la tasa de variación del tipo de cambio oficial preservará la competitividad al mantener el tipo de cambio efectivo real en general sin alteraciones en relación con los niveles de finales de enero de 2022”.

Según el borrador del documento, las nuevas estimaciones de inflación hablan de un rango entre 38% y 48% este año, con una meta de reducción gradual de 5 puntos porcentuales al año.

Tal como había anticipado Ámbito, el objetivo que persigue la metodología de actualización cambiaria en el acuerdo con el FMI busca lograr un equilibrio entre ajustar el tipo de cambio sin hacer un salto devaluatorio y que, al mismo tiempo, no impacte en la inflación. Lo que sí parece estar más encaminado en los diálogos es que esta nueva metodología ataría la evolución del tipo de cambio con la inflación. Sin embargo, según supo Ámbito, aún persisten diferencias respecto de la tasa de depreciación que se aplicará en el movimiento.

Intervención en el dólar

Respecto de las intervenciones en el mercado oficial de cambios, el diálogo con el FMI establece que “serán coherentes” con el “objetivo de acumulación de reservas” al mismo tiempo que aclara que tendrá “en cuenta la variabilidad que proviene de la estacionalidad y de episodios temporales de volatilidad excesiva”. Es decir, el Banco Central se reserva la capacidad de intervenir activamente en el mercado ante situaciones disruptivas y evitar de esta manera bruscos saltos devaluatorios que enciendan aún más el motor de la inflación.

Sin embargo, el documento establece limitaciones en otros mercados, como por ejemplo “en el mercado a término sin entrega de instrumentos” en el cual solo intervendrán “a aquellas circunstancias en las que se requiera orientación en el marco de política monetaria”. En otras palabras, el Banco Central limitaría su intervención en el mercado de futuros y también en el de bonos, que permite contener la brecha cambiaria entre los dólares financieros y el dólar mayorista. Esto último ya había sido anticipado por el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, en una entrevista con Ámbito.

En materia cambiaria, los diálogos con el FMI contemplan que el control de capitales “seguirá siendo un elemento clave”, aunque aclara que “a medida que las condiciones se normalicen” se buscará “flexibilizar las regulaciones sobre pagos a la importación para apoyar la recuperación económica”. También, hacia fin de este año, contempla una modificación de la ley penal cambiaria que permita “mejorar el marco de sanciones” para permitir la “introducción de la autorización de multas administrativas”.

(AMBITO) Acuerdo con el FMI: Alberto Fernández se reunió con Sergio Massa para definir la estrategia legislativa
El Presidente y el titular de la Cámara baja estuvieron durante dos horas en Casa Rosada. El proyecto ingresará por Diputados. Esta semana debería llegar al Parlamento.

El presidente Alberto Fernández mantuvo este lunes una reunión de dos horas con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, según pudo saber Ámbito. El cónclave en donde solo tomaron café y agua, se produjo en momentos en que se ultiman los detalles del proyecto de acuerdo por el pago de la deuda al FMI y el apoyo en las distintas bancadas para aprobarlo.

El líder del Frente Renovador arribó a la Casa Rosada a las 16.23 y poco antes de las 18.30 se retiró sin hacer declaraciones a los periodistas acreditados en la sede gubernamental.

Finalmente, el proyecto podría este viernes ingresar al Congreso por Diputados. Durante el encuentro el mandatario le pidió a Massa que su tratamiento «sea ágil».

El Gobierno busca enviar el proyecto de ley de acuerdo con el Fondo antes del próximo martes 1 de marzo, cuando se pondrá en marcha el período de sesiones ordinarias del Congreso.

Pero antes se está a la espera del visto bueno del staff del organismo financiero internacional al principio de acuerdo entablado a fines de enero, para luego poder dar el paso siguiente de presentar el proyecto en el parlamento.

Cerca de Alberto Fernández pretenden que se logre enviar antes del discurso de apertura de sesiones así el mandatario podrá dar un mensaje más centrado en el futuro y no tan atado al tema de la deuda.

(AMBITO) La Sociedad Rural presentó un amparo contra las retenciones
La entidad alega que el Poder Ejecutivo ya no tiene la facultad para fijar y cobrar retenciones desde el 1 de enero por no contar con la Ley de Presupuesto. El planteo terminaría siendo tratado por la Corte Suprema.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), junto con la Sociedad Rural de Jesús María, presentó ayer en los Tribunales de la provincia de Córdoba un amparo para trabar la posibilidad de que el Poder Ejecutivo fije y cobre derechos de exportación. Las entidades rurales reclaman desde comienzos de año que el cobro de retenciones que está concretando el Gobierno es anticonstitucional.

La historia se remonta a fines de 2019 cuando, a partir de la Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno consiguió la facultad de incrementar las retenciones a la soja hasta el 33%, de los cereales hasta el 15% y de la carne al 15% sin necesidad de pasar por el Congreso. Todo incremento por arriba de esos valores debería contar con la aprobación de la Cámara baja. Esa norma tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y justamente en la ley de Presupuesto planteada por el ministro de Economía Martín Guzmán, se buscaba que esa facultad se extienda hasta 2024.

Lo cierto es que El Gobierno no consiguió finalmente que el Congreso aprobara el Presupuesto 2022 y a partir de ahí se abrió un marco de interpretación por la norma en cuestión. Es por eso que ahora los ruralistas salieron con los tapones de punta abriendo también la posibilidad de que se sumen más presentaciones por vía judicial de otras entidades rurales y productores particulares.

“Recurrimos a un amparo después de haber exhortado al Poder Ejecutivo y al Legislativo desde el 8 de enero pasado, cuando advertimos que no hay sustento reglamentario para el cobro del impuesto. Trabajamos estas semanas en esta crítica situación para exigirle al Poder Judicial que nos dé la razón porque las argumentaciones presentadas son contundentes. El cobro de retenciones es inconstitucional”, afirmó el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, en la conferencia de prensa realizada ayer.

Pino señaló además que “se pretende que esta discusión se dé en el Congreso porque hoy el cobro no tiene sustento”, y dijo que luego quedará para el Poder Legislativo establecer “cuál puede ser el mejor sistema tributario”.

Lo cierto es que el Gobierno todavía cuenta con algunas alternativas para modificar las retenciones, la primera sería recurrir al Congreso, algo que parece improbable ante la dificultad que afrontaría para conseguir una votación a su favor; la segunda, sería apelar al artículo 755 del Código Aduanero, que le faculta establecer los derechos de exportación y las alícuotas por decreto.

Concretamente, desde el Gobierno se argumenta que el cobro de retenciones está contemplado en los artículos 755 y 756 de la Ley de Código Aduanero. El primero de ellos autoriza al Poder Ejecutivo a cobrar el impuesto, pero no fija alícuota, y el segundo indica que se podrá cobrar siempre de acuerdo con las normas internacionales aceptadas por la Argentina.

De esta manera también estos dos artículos son objeto de discusión sobre su validez. Para algunos constitucionales no serían legales y para otros sí, e incluso hay proyecto de ley presentados por diputados para pedir su derogación.

Mientras tanto se abre un debate por una cifra millonaria, ya que según las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario el campo aportaría este año, vía derechos de exportación (DEX) alrededor de u$s9.311 millones, una cifra similar a la del año 2021, apenas u$s200 millones superior. En pesos, la recaudación en DEX superaría el billón de pesos este año, estimándose en $1.170.844 millones.

Por lo pronto, según se especula, por tratarse de un planteo de constitucionalidad, es probable que termine definiendo la Corte Suprema.

(AMBITO) El Gobierno nacional prepara un plan de contingencia por la emergencia ganadera en Corrientes
El ministro de Agricultura, Julián Domínguez mostró su preocupación por la actividad productiva y se adelantó que el gobierno buscará créditos de organismos multilaterales para situaciones de desastre.

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, adelantó que el Gobierno trabaja en un plan de emergencia para la ganadería correntina, que incluye el traslado de animales, y aseguró que «el problema de Corrientes se convierte en un problema nacional» por la reducción de la oferta de carne en el mercado nacional y de exportación.

«El problema de Corrientes se convierte en un problema nacional porque va a impactar en toda la ganadería argentina; en la oferta de animales, falta de terneros y la alteración del proceso reproductivo de animales del ciclo 2022-2023», afirmó Domínguez.

Desde la ciudad correntina de Mercedes, el ministro adelantó que está trabajando en un «plan de contingencia de inmediato para la ganadería y de mediano plazo para el resto de las cadenas; un plan de mediano-largo para la recuperación productiva de cinco años, con el INTA y el Senasa y en coordinación con el ministro de Producción de la provincia de Corrientes». Indicó que la ganadería de esta provincia cuenta con 4,6 millones de cabezas y representan «más del 10% del total de la ganadería y el 20% de los vientres».

«Teníamos un programa de trabajo que hubo que modificar. De las 300.000 hectáreas quemadas -que había tres semanas atrás- hoy estamos cerca de las 800.000, más del 12% de la provincia, afectando especialmente la zona ganadera», señaló Domínguez a El Destape Radio. Señaló que la situación de la ganadería provincial que abarca a 27.000 productores, de los cuales el 80% son pymes, «complica más al 1,5 millones de cabezas que ya estaban faltando en la Argentina».

«Los campos no van a poder alimentar a los animales por las dos próximas campañas productivas», consideró Domínguez, quien agregó que en casos así es cuando se deciden «ventas forzadas de animales porque no tienen dónde estar, con toda la alteración del ciclo productivo».

Por ello, el objetivo inmediato es «encontrar una solución para el desplazamiento global de la ganadería» y «acompañar al productor para que lo siga siendo». El Gobierno nacional, en articulación con autoridades provinciales, tiene previsto «una serie de medidas para dar respuesta a la emergencia provocada por el avance del fuego en la provincia, mediante el envío de brigadistas, maquinaria pesada, helicópteros y aviones hidrantes».

En el plano local, la escasez de oferta puede impactar de lleno en la oferta en el Mercado de Hacienda lo que podría elevar aún más los precios de la carne en góndola además de una baja considerable de la oferta exportable.

Las medidas que analiza el Gobierno, adelantaron a Télam fuentes oficiales, también contemplan una ampliación de la emergencia por zona de desastre, auxilio financiero y líneas de créditos especiales para los productores. También se informó que el Gobierno nacional trabaja con organismos financieros multilaterales para activar líneas de atención a situaciones de desastre, que permitan colaborar de manera ágil con las regiones comprometidas.

(AMBITO) Goldfajn ya trabaja en el detalle de la letra chica
El expresidente del Banco Central de Brasil es el responsable del caso argentino
El Facilidades Extendidas Reloaded ya está, al menos en sus líneas generales, en el escritorio de Ilan Goldfajn. El director gerente para el Hemisferio Occidental ya analiza las principales líneas del acuerdo con la Argentina, a partir del “paper” que será la base de la Carta de Intención entre el país y el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se presentará en sociedad, quizá, en horas. La función ahora del brasileño-israelí será la de darle el visto bueno a todo lo negociado por Julie Kozac y Luis Cubeddu, completar el texto final, cerrar el acuerdo preliminar con el país; y, luego, esperar a ver qué ocurre en el Congreso para, finalmente (y si todo sale como las partes creen), elevar la Carta hacia del Board.

Allí se supone que la suerte jugará a favor de la Argentina, siempre que no hayan sorpresas finales. De ambas partes. De esta manera, y aunque no lo quería, Goldfajn ya tomó el tema como propio, en lo que es su primera y más importante misión desde que asumió en el cargo en enero pasado. Si bien lo que buscaba el brasileño era que fuera la anterior gestión la que firmara la Carta de Intención, y él ser el funcionario que fiscalice que se cumpla; el ex presidente del Banco Central de Brasil atará su suerte en el Fondo a lo que ocurra con Argentina y su Facilidades Extendidas. O a la manera en que trate el caso argentino y las eventuales desventuras en el cumplimiento de las variables que el país debería cumplir. Goldfajn, junto con la norteamericana directora adjunta para el Hemisferio Occidental y el responsable del caso argentino, en gran parte; dependerán para la evaluación de su desempeño en el FMI, de lo que ocurra con lo que se firme con Argentina, y que en estas horas termina de negociarse.

Desde Buenos Aires la intervención de Goldfajn causa simpatías. Saben cerca de Alberto Fernández que el curriculum del nuevo director para el Hemisferio Occidental y ex funcionario de Michelle Temer está muy lejos de lo que podría interpretarse como una posible actitud laxa y comprensiva sobre la situación de la economía criolla.

¿Qué se deberá esperar entonces de Ilan Goldfajn? Se trata de un hombre de buen trato, casi amiguero, muy conocedor de la Argentina y sus crónicos problemas económicos, financieros y políticos; pero, en definitiva, un amante de la prudencia fiscal, la solvencia monetaria, los ajustes en el gasto público y los planes de largo plazo, siempre que se cumplan. Había sido elegido por la propia Kristalina Georgieva en septiembre del año pasado, luego de un linkedin con casi 50 hombre y mujeres del hemisferio occidental que se proponían para suceder a Alejandro Werner; quién, precisamente por el fallido Stand By argentino firmado en los tiempos de Mauricio Macri, debió dejar su puesto. Nunca se hizo público pero en Buenos Aires se sabe que la búlgara directora gerente del organismo optó por el brasileño, dado que conoce las vicisitudes argentinas y deberá ser el responsable de aplicar el Facilidades Extendidas al cliente más importante y polémico del Fondo. El que debe casi el 60% de toda la deuda del organismo (u$s44.800 millones). Sólo un conocedor de la situación con timing diplomático y político podría enfrentar el desafío.

Es un defensor de la utilización de instrumentos como tasas de interés o restricciones monetarias para cumplir metas, junto con una transparencia total al público y mercados en la comunicación de los planes, objetivos y resoluciones de las autoridades monetarias. Considera además a los bancos centrales como los responsables máximos (aún por encima del Poder Ejecutivo y obviamente también el ministerio de Economía), de cumplir las metas monetarias; con lo que le otorgaría a la entidad que maneja Miguel Pesce un poder importante dentro de la política económica del Gobierno.

Goldfajn es además un defensor de la política de tipo de cambio flotante, lo que le otorgaría al Gobierno de Alberto Fernández una mayor flexibilidad para manejar el tipo de cambio oficial. Si el brasileño le hace un guiño al país, desde 2022 el país podría aplicar esta estrategia de relación entre el público, empresas y mercados; para fijar el precio del dólar dentro de un esquema de eventual “flotación sucia”. Para esto el FMI debería negociar con Argentina una salida del cepo gradual y acercándose a la meta de equilibrio monetario, fiscal y cambiario hacia 2026. De todos los menús que podría aceptar el Fondo, este sería el más flexible, aunque para el kirchnerismo cualquier restricción de este tipo sería difícil de aceptar.

(AMBITO) Inversiones: ¿qué están diciendo los ahorristas a través de los FCI?
Las expectativas de los pequeños y grandes inversores están reflejando que este año, por primera vez en mucho tiempo, los activos ajustables por inflación podrían ser los ganadores.
Al parecer, el mensaje o mejor dicho la lectura que podría hacerse del actual comportamiento de los grandes y pequeños inversores en la llamada industria de los fondos comunes de inversión (FCI) es que, cada vez más, crecen las apuestas a favor de la inflación futura. Es decir, en el trilema tasa-inflación-dólar hoy estaría ganando por varios cuerpos los activos que ajustan por inflación (CER). Ello explica, según los especialistas y gestores de la industria, la fuerte demanda, tanto a nivel mayorista como minorista, que se viene registrando, y con creciente ímpetu, en las últimas semanas.

Según datos del mercado con información al viernes pasado, en lo que va de febrero el incesante flujo de fondos hacia los FCI CER (fondos que tienen como pauta o benchmark al ajuste por inflación) acumula ya suscripciones netas por casi $26.300 millones, superando a los FCI t+1 en activos bajo administración. ¿Qué es lo que está aconteciendo? Parecería que las expectativas de que la inflación sea la ganadora este año, están muy firmes, o sea, han bajaron las expectativas de que haya un salto disruptivo del tipo de cambio oficial, incluso que los dólares alternativos (Blue, CCL, MEP) también queden doblegados, e incluso la tasa de interés. Es decir, que incluso bajo el imperio de un nuevo acuerdo con el FMI se descarta una devaluación de magnitud, o por lo menos, inferior a la inflación proyectada.

Según explica Eduardo Herrera, CEO de IEB Fondos, lo que siguen viendo es “mucha demanda de instrumentos y fondos CER que son los que más han crecido desde comienzo de año incluso a expensas o canibalizando a otras alternativas como los dollar linked, t+1 o money market. De hecho desde comienzo de año, un tercio del crecimiento de la industria esta explicado por los fondos CER”. “Por el momento, agrega, la realidad es que creo que esto va a seguir en un contexto en el que los inversores no están apostando a un salto del tipo de cambio y ven indices inflacionarios que por ahora no dan señales de aminorar”.

Para Gastón Moltrasio, Gerente de inversiones de Southern Trust, “la demanda por activos CER por parte de inversores minoristas como institucionales responde a que Argentina entró en un proceso inflacionario diferente a cualquiera que se vio desde la salida de la convertibilidad. Si bien hace años tenemos inflación alta, el hecho que la inflación núcleo esté por encima del 3% mensual, ya desde setiembre 2020 ,es algo que no ocurrió nunca desde la salida del uno a uno, y eso hace que la demanda por cobertura contra la inflación sea sostenida, y que dentro del mundo pesos los activos que ajustan con CER sean los más atractivos”. “Por más que el BCRA ahora suba la tasa, por más que haya bonos con ajuste Baldar, bonos con tasa fija o los dólar linked, creemos que el CER va a ser el instrumento ganador cuando uno tiene una mirada un año vista. O sea, si todos pensamos que la inflación no va a estar o difícilmente este por debajo del 2020, eso quiere decir que todos los activos que no ajustan por CER empalidecen frente a esta alternativa y por eso la demanda que estamos viendo”, agrega Moltrasio.

Para Herrera también la demanda que se está viendo sobre los FCI CER es amplia, es decir, incluye tanto a minoristas como institucionales, y a la hora de definir qué mirar aconseja que “lo más importante que tienen que tener en cuenta -sobre todo los minoristas- es el horizonte de inversión ya que al ser instrumentos con volatilidad, en plazos cortos pueden llegar a tener variaciones negativas. Con lo cual no recomendaría este tipo de fondos para colocaciones de menos de veinte días o un mes”.

Moltrasio va un paso más y señala que “por otro lado el Gobierno hizo todo para bajar la inflación y no lo logra. Precios cuidados, deslizamiento cambiario por debajo de la inflación, el BCRA recién ahora empezó a subir la tasa y seguirá haciéndolo, y un acuerdo con el FMI que limitará la emisión monetaria, y sin embargo las expectativas (inflacionarias) que deberían ser más bajas, nada de esto está ocurriendo, y el IPC de enero habla de eso y el de febrero parece que también”. “En un mundo donde los jugadores locales están digamos encepados (la cartera en dólares tiene límites) la realidad es que cuando hay que jugar el partido solo con los pesos, los activos con ajuste CER son ganadores. A esto se suma una situación que no se veía hace mucho tiempo donde quedar posicionado en pesos a tasa puede ser ganador respecto a quedarse en activos dolarizados, no me refiero al dólar oficial porque eso está por verse, pero si el CCL post acuerdo con el FMI queda en $260 a fin de año eso es un 30% en el año, de modo que frente a una inflación de más del 50%, la opción es clara y eso está pasando por primera vez en el Gobierno de Alberto Fernández donde las variables se esclarecen hay pronósticos de que los dólares alternativos ya subieron fuerte, está la expectativa que en pesos ajustados por inflación se le puede ganar, y eso no se veía en los últimos años”, agrega.