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(AMBITO) Argentina desembolsa hoy al FMI u$s1.885 millones por el crédito que recibió Macri en 2018
Es el primer pago de capital del préstamo del FMI de u$s44.000 millones contraído por Cambiemos. Equivale a 1.327 millones de DEG.

La Argentina abonará hoy cerca de u$s1.900 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), en concepto del primer pago de capital del mega préstamo contraído por la administración de Mauricio Macri en 2018, que dejó un deuda de 44.000 millones de dólares.

Para el pago casi exacto de 1.885 millones de dólares (equivalente a 1.327 millones de DEG, la moneda del FMI), se utilizarán parte de los Derechos Especiales de Giro distribuidos por el organismo a los distintos países miembros a fines de agosto, cuando la Argentina recibió el equivalente a 4.334 millones de dólares.

En cuanto al proceso, no se trata de un giro de fondos, ya que los recursos que recibió en la Argentina están en una cuenta que debita automáticamente el FMI.

El presidente Alberto Fernández sostuvo el martes ante la Asamblea de las Naciones Unidas que durante el Gobierno de Juntos por el Cambio se aplicó un «deudicidio» en el país. «La Argentina fue sometida a un endeudamiento tóxico e irresponsable con el FMI, una deuda insostenible de 57.000 dólares en un año, equivalente a lo que el FMI destinó durante la pandemia a 85 países del mundo», dijo.

Para lo que queda de 2021, restan pagar al FMI casi u$s400 millones en intereses en noviembre, y otros u$s1.880 millones el próximo 22 de diciembre, en el caso de que el Gobierno no alcance antes a cerrar un nuevo programa de financiamiento con el organismo multilateral.

El acuerdo con el FMI está previsto para la ejecución del Presupuesto 2022, según el proyecto enviado la semana pasa al Congreso por el Ministerio de Economía.

(AMBITO) Las miradas puestas en la FED: expectativa por tapering y reducción gradual de compra de activos
Pese a que no se esperan grandes cambios con las tasas de interés, el discurso de Jerome Powell podría anticipar las futuras medidas a tomar por la Reserva Federal. Analistas aseguran que su discurso estará marcado por la influencia que tuvo en los mercados el derrumbe de Evergrande.

Los mercados esperan que la Reserva Federal (FED) despeje el camino para las reducciones en sus compras mensuales de activos a finales de este año y muestre en proyecciones actualizadas si es que una inflación más alta de lo esperado está pesando más en las perspectivas económicas que una resurgente pandemia de coronavirus.

Las autoridades de la Fed se han enfrentado a una serie de acontecimientos contradictorios desde finales de julio: señales de una desaceleración en el sector servicios, un aumento del COVID-19 y el débil crecimiento del empleo en agosto, todo junto con una aún fuerte inflación, y han estado en conflicto entre ellos sobre cómo reaccionar.

Los funcionarios han dicho en su mayor parte que la recuperación económica continuará y permitirá que el banco central proceda con sus planes para reducir sus u$s120.000 millones en compras mensuales de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas para fines de 2021, y liquidarlos por completo durante el primer semestre del próximo año.

Pero en los mercados esperan que la Fed cubra exactamente cuándo podría comenzar el denominado «taper» y lo vincule a un repunte en el crecimiento del empleo luego del informe desconcertantemente tibio de agosto, cuando sólo se crearon 235.000 puestos de trabajo.

La Fed publicará su comunicado de política monetaria y proyecciones económicas y el presidente del organismo, Jerome Powell, realizará una conferencia de prensa media hora más tarde para discutir el resultado. El comunicado probablemente reconocerá que la economía ha dado otro paso hacia el «progreso sustancial adicional» que la Fed ha dicho que quiere ver en el mercado laboral antes de reducir sus compras de bonos, dijeron en un análisis los economistas de Jefferies Aneta Markowska y Thomas Simons.

Si bien el crecimiento del empleo en agosto fue decepcionante, las nóminas no agrícolas aumentaron en poco más de 1 millón en julio y han crecido en un promedio de 716.000 desde mayo.

Aún así, los datos de alta frecuencia y los indicadores del mercado laboral alternativos han insinuado que las próximas ganancias de empleo también pueden decepcionar, y los analistas de Jefferies dijeron que la primera reducción real en las compras de activos probablemente estará «condicionada a una sólida ganancia de empleo en septiembre».

El mercado laboral sigue estando a unos 5,3 millones de puestos por debajo de donde estaba antes de la pandemia. Más del 60% de los economistas que respondieron a una encuesta de Reuters dijeron que esperaban que la reducción de las compras de bonos comenzara en diciembre.

Sin embargo, las autoridades de la Fed podrían decidir que necesitan más tiempo para evaluar el riesgo de un puñado de problemas en evolución antes de decidir seguir adelante con la reducción del programa de compra de bonos.

Cuando llegue la reducción gradual de la compra de bonos, marcará el comienzo de un cambio de las medidas implementadas en marzo de 2020 para ayudar a la economía a superar la pandemia, y hacia políticas monetarias más normales que eventualmente incluirán tasas de interés más altas.

Powell, quien probablemente se enterará antes de la reunión de la Fed del 2 al 3 de noviembre si el presidente Joe Biden quiere nominarlo para un segundo mandato como jefe del banco central, ha enfatizado en varios discursos de alto perfil, que el posible inicio de la reducción gradual de la compra de bonos no está relacionado con el debate sobre las tasas de interés. Es un punto que probablemente reiterará el miércoles.

(AMBITO) Qué impacto económico tendría un nuevo IFE de $15.000 para 3 millones personas
Economistas advierten que expansión del gasto generará mayor inflación y deterioro de las cuentas públicas.

Tras el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre, el Gobierno pretende lanzar una serie de medidas para apaciguar la crisis económica que atraviesan los argentinos en la actualidad y que se profundizó luego con el inicio de la pandemia del Covid-19.

Entre ellas, se confirmó que aumentará el mínimo del Salario Mínimo Vital y Móvil, se brindará un bono de $6.000 a los jubilados, las organizaciones sociales podrán acceder a un crédito no bancario en caso de que lo necesiten y se aumentará el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias.

Respecto a la posibilidad de otorgarse un nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aún se espera la palabra del ministro de Economía, Martín Guzmán. Sin embargo, aunque todavía no se oficializó, se rumorea que podría alcanzar a los $15.000 por mes.

Según una estimación del Estudio Broda y Asociados, la ampliación de gasto extra previsto para el año ronda casi $600.000 millones, monto equivalente a 1,4% del PBI.

De cara a ello, la consultora que encabeza Fernando Marull sostuvo que hasta agosto el déficit fue de sólo 1% del PBI y el año cerraría con un 4%, con lo que el gobierno «puede gastar hasta un 3% más hasta fin de año y aún así cumplir la meta del 4,2%» de déficit presupuestario. Por lo que se estimó que esto podría incluir «un nuevo IFE de $ 15.000 para 3 millones personas, que tendría un impacto del 0,1% del PBI y un bono extraordinario de $ 6.000 millones para los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y para el 80% de jubilados, lo que llevaría a un gasto de 0,16%».

El economista agregó que «el principal miedo viene por el lado del financiamiento del déficit. Hasta fin de año el Tesoro tiene que financiar $1.500 millones y con un rollover del 100%, la emisión necesaria sería de $1.000 millones, un 30% de la base monetaria actual, que es mucho».

Dicha emisión «tendría impacto a partir del verano de 2022, ya que la estacionalidad de la demanda de pesos juega a favor en diciembre», es decir que después de las elecciones habría una deterioro de la economía y mayor inflación.

Cabe destacar que la vicepresidenta Cristina Kirchner reclamó aumentar el déficit hasta el 4,5% del PBI y volcarlo a los bolsillos de la gente, para intentar una mejora en las próxima elecciones tras la derrota en las PASO.

En su carta política, señaló que hasta agosto pasado sólo se había alcanzado un déficit primario del 2,1% frente al 4,5% fijado como meta en la ley de Presupuesto.

Para la presidenta del Senado, ese nivel del gasto refleja que el gobierno está haciendo un ajuste, y pidió gastar el 2,4% que tiene de margen para cumplir la meta presupuestaria en políticas sociales.

Por otra parte, el ex presidente del Banco Nación Carlos Melconian advirtió que la mayor emisión monetaria «va a impactar en la inflación».

«El 2,5% de la inflación de agosto fue consecuencia de la menor emisión de la primera parte del año y la de ahora la van a pagar a principios de 2022, ese es el drama de la Argentina», dijo Melconian.

La consultora GMA -en tanto- vaticinó que las cuentas públicas «empeorarían notablemente en los próximos meses», al señalar que hasta julio el déficit acumulado fue del 0,7% del producto, lo que da un margen gobierno de aumentarlo en $ 1,4 billones entre agosto y diciembre».

«Cualquier desvío sistemático de este monto será saldado con emisión, que ya aportó 68% ($850.000 millones) del total del financiamiento del Tesoro en lo que va del año», agregó GMA.

El economista Claudio Zuchovicki agregó que el gobierno utilizará los derechos especiales de giro del FMI para pagar la deuda con el organismo y sostuvo que eso «permitirá emitir mucho más dinero, para tratar de dar vuelta la elección a un costo enorme, quiere decir que voy a tener más pesos en la calle con menos producción, con más puja para conseguir estos pesos».

(AMBITO) Dólar: en medio de tensiones y anuncios, el Gobierno sostiene su estrategia cambiaria
El mercado advierte sobre el drenaje de reservas. El gabinete económico, en cambio, destaca que no hubo grandes sobresaltos pese al ruido pre y pos-PASO, y espera una estabilización de la demanda.

En medio de las pujas políticas y los anuncios de medidas económicas, el Gobierno definió sostener su estrategia de administración del dólar. El Banco Central extenderá su política de ancla cambiaria en busca de ayudar a consolidar la lenta desaceleración de la inflación y la intervención en los mercados financieros para contener la brecha.

Luego de jornadas tensas, en las que se recalentó la presión en los distintos frentes que atiende la autoridad monetaria, los operadores advierten que el drenaje de reservas actual es insostenible y algunos auguran nuevas restricciones. Los funcionarios, en cambio, valoran que se haya capeado el temporal pre y pos-PASO sin grandes sobresaltos y esperan una normalización de la demanda de divisas.

n lo que va de este septiembre electoral, las previsibles tensiones redundaron en una ola de ventas de activos en pesos, protagonizada por los bancos y otros inversores que buscaron dolarizarse. Esto forzó al Central a intervenir con fuerza en el mercado oficial y también en el financiero.

Esta dinámica cortó la seguidilla de nueve meses con saldo comprador de divisas en la plaza oficial. Era algo esperable: por la estacionalidad (ya finalizada la cosecha gruesa), septiembre siempre es un mes de ventas netas. Por eso, los funcionarios no monitorean el signo sino la magnitud de lo que se vende. De hecho, ya había sido bastante atípico el saldo neutro de agosto, que también suele ser un mes de salida de reservas por esta vía.

El mes comenzó con elevadas ventas en la antesala de las PASO, aunque luego el BCRA hilvanó cuatro jornadas consecutivas de compras. El miércoles, cuando se desató la ola de renuncias y la crisis en el Gabinete, se aceleró la demanda de divisas y se trasladó también a la búsqueda de cobertura en los futuros del dólar. El viernes, el Central llegó a vender u$s150 millones en un día con récord de operaciones desde 2019. Y, según estimaciones de BAVSA, también intervino “fuertemente” en futuros para contener las expectativas de devaluación. La entidad había logrado reducir a cero su posición vendida en esta plaza de cobertura en mayo, junio y julio; y, como adelantó Ámbito, terminó agosto con contratos abiertos por poco más de u$s300 millones, lo que le dejó un amplio poder de fuego.

Ayer, según fuentes privadas, la entidad que preside Miguel Pesce vendió u$s40 millones para abastecer la demanda en el mercado, un volumen menor al de las ruedas previas. Así, en los primeros 15 días hábiles de septiembre acumula ventas por u$s700 millones, un número importante pero lejano a los u$s1.116 millones que se habían ido en el mismo lapso de 2020.

En paralelo, continuó elevada la demanda de MEP y CCL. En consecuencia, se sostuvo el accionar oficial. En el mercado estiman intervenciones diarias por entre u$s10 y u$s20 millones del BCRA para contener la brecha.

Esto presiona sobre las reservas netas, que rondan los u$s6.000 millones, según cálculos privados que no incluyen los DEG ya que casi en su totalidad se irán en los pagos al FMI de acá a fin de año, como el que hoy hará el Gobierno por unos u$s1.880 millones.

Lecturas
En ese marco, BAVSA advirtió: “Creemos que el BCRA tiene capacidad para intervenir en estos frentes en el corto plazo, pero que el ritmo de intervención actual es insostenible en el tiempo. Nuestro escenario base es que la entidad continuará realizando intervenciones en el MEP y el CCL para mantener la brecha, en el oficial spot para mantener su política cambiaria de crawling peg y en el mercado de futuros para contener las expectativas de devaluación. De continuar con fuerte presión en los tres mercados, creemos que recurrirá a regulaciones para disminuir el volumen requerido en sus intervenciones”.

Esa lectura es la que llevó a incrementar la búsqueda de cobertura también en los instrumentos atados al tipo de cambio oficial. La creciente demanda de bonos dólar linked con vencimiento en 2022 por parte de quienes especulan con una devaluación poselectoral, que los funcionarios descartan, profundizó la contracción de los rendimientos: el TV22 llegó a rendir -5%, aunque ayer operó fuertemente ofrecido y cerró con una tasa negativa del 2,4%.

En el Gobierno, si bien evitan hablar de restricciones, tienen una evaluación distinta. Consideran que era lógica una presión cambiaria alrededor de las PASO pero que fue mucho menor de la que se podía esperar tanto en la plaza oficial como en la financiera. Lo cierto es que se dieron los habituales adelantos de compras por parte de los importadores y muchos bancos decidieron esperar los comicios y transitar los días de puja dentro del oficialismo dolarizados. Pero las entidades financieras necesitarán volver a hacerse de los pesos y esto aportará algo de oferta de divisas, según esperan en los despachos oficiales. Además, las cerealeras aflojaron la liquidación de exportaciones pero se mantienen en un buen nivel para tratarse de septiembre. Todo eso en un contexto de estricto cepo.

Por eso, según supo Ámbito, la decisión es mantener la estrategia cambiaria. Muestra de ello fue también el hecho de que las autoridades del BCRA prácticamente estuvieron al margen de los pedidos de recambios en el funcionariado. Es algo que no ocurrió con otras piezas del gabinete económico, como Martín Guzmán, Matías Kulfas y Claudio Moroni (ante los cuestionamientos por la política fiscal, de precios y de ingresos), quienes igualmente mantuvieron sus puestos al frente de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo.

Así, seguirá el ancla cambiaria, que consiste en deslizar el dólar oficial en torno al 1% mensual, es decir, bien por debajo de los precios. El objetivo: que la aún muy elevada inflación, que en agosto cedió al 2,5%, continúe su lenta desaceleración mensual. Ayer el mayorista subió apenas un centavo a $98,47. También continuarán los controles y las intervenciones sobre las cotizaciones financieras para contener la brecha entorno al 75%. Ayer el MEP y el CCL “regulados” (los que se operan con bonos) cerraron estables algo por encima de los $172. Las variantes en las que no opera el BCRA ya rondan los $186.

El impacto de los anuncios
Uno de los temores agitados por el mercado es el impacto sobre la brecha cambiaria de un eventual shock de emisión monetaria ante el paquete de medidas del Gobierno para recuperar los golpeados ingresos tras la derrota en las PASO y luego de que el mecanismo de contabilización de los DEG del FMI ampliara el margen de asistencia del BCRA al Tesoro con adelantos transitorios. En el gabinete económico, aseguran que eso no será así. Señalan que se cumplirá la pauta fiscal (que el Presupuesto 2022 más el ingreso de los DEG recortaron al 3% del PBI) y que, en todo caso, lo que se acelerará es la ejecución. Incluso algunas fuentes plantean que si el gasto social resultara mayor se podrían subejecutar otras partidas.

El elenco económico por ahora ratificado coincide en que una mayor impresión de pesos recalentaría las tensiones cambiarias. Y considera que la clave pasará porque la Secretaría de Finanzas incremente el ritmo de financiamiento neto en sus colocaciones de deuda en pesos para que la emisión monetaria baje del actual 70% y se acerque al 60% de las fuentes financieras anuales, que puso Guzmán como meta. En ese marco, el BCRA no planea mover la tasa de política monetaria. Serán eventualmente las tasas del Tesoro las que se muevan para garantizar el rollover, como ocurrió en las últimas licitaciones.

Con todo, el Presupuesto y la política fiscal están aún sujetos a disputas internas, como mostró la carta de Cristina Fernández. Desde su ala, cuestionan el “ajuste” e impulsan una mayor inyección de recursos para mejorar los ingresos.

(AMBITO) «Lo vulnerable de la economía hace necesario que el FMI y el Gobierno trabajen para mejorar las condiciones»
La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ponderó la aplicación del aporte extraordinario de las grandes fortunas en el país

Desde 2008 es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), pero previamente ocupó diversos cargos de relevancia en otros organismos internacionales. Alicia Bárcena es una de las personalidades más importantes de la región en materia de desarrollo sostenible, igualdad, medioambiente y distribución del ingreso. En una entrevista exclusiva con Ámbito, afirmó que “el Gobierno y el FMI deben analizar el cronograma de pagos y la reducción del costo del financiamiento”. Ponderó la aplicación del aporte extraordinario de las grandes fortunas, rechazó la idea de una fuerte apertura comercial en la región y señaló que “el desafío más urgente es profundizar la integración regional”.

Periodista: ¿La propuesta de imponer un impuesto global del 15% a las transnacionales es suficiente o sigue siendo un piso muy bajo?

Alicia Barcena: Los acuerdos que se están desarrollando al nivel internacional para adecuar el sistema tributario global a la realidad económica representan un avance importante. El impuesto mínimo global a la renta corporativa es uno de los instrumentos que se está considerando. No obstante, para beneficiar los países en desarrollo y los mercados emergentes es imprescindible ser más ambicioso en cuanto a la tasa mínima. Las estimaciones que hay sugieren que la recaudación adicional producto del impuesto mínimo global en países como Brasil, Chile y México sería limitada con una tasa de 15%. El Independent Commission for the Reform of International Corporate Taxation (ICRICT) está planteando una tasa de 25% que generaría una recaudación adicional importante. Es por ello que se deben impulsar posicionamientos regionales sobre el impuesto mínimo a la renta corporativa y argumentar por una tasa mínima más alta, por ampliar el universo de empresas multinacionales a las que aplicará el acuerdo y lograr una distribución más equitativa de la recaudación entre países desarrollados y en desarrollo.

P: En el marco de la pandemia, en la Argentina se cobró un aporte por única vez a las principales 13 mil fortunas ¿Cómo evalúa las medidas de este tipo?

A.B: La idea de gravar el patrimonio de las personas físicas está tomando fuerza en el mundo. Son numerosos los estudios que muestran la desigual distribución de los ingresos. Estos estudios muestran que los impuestos sobre la renta son regresivos en la cima, es decir, que el 1% de mayores ingresos paga tasas inferiores a las que paga la clase media. Uno de los instrumentos bajo consideración es el impuesto sobre el patrimonio neto, que es parte de los denominados impuestos a la propiedad. Por tratarse de un impuesto directo, es factible, y común, darle un diseño progresivo. Los países de América Latina y el Caribe tienen elevados niveles de desigualdad y sistemas tributarios muy regresivos, y este tipo de instrumentos contribuye a aumentar la capacidad recaudatoria con un esquema de progresividad, como fue en el caso de Argentina. Estos recursos fueron muy importantes para hacer frente a los gastos destinados al sistema sanitario y a las políticas de asistencia a los sectores más afectados por la crisis.

P: CEPAL afirma que Latinoamérica es la región más endeudada del mundo ¿No debería revisar el FMI su política de sobretasas?

A.B: Las sobretasas del FMI afectan a los países que tienen créditos muy abultados con el organismo y solo se aplican a los créditos no concesionales que alcanzan principalmente a los países de ingreso medio. Esta política tiene dos problemas. Primero, tiene un sesgo procíclico, porque hace que la carga de intereses aumente en los momentos en que los países necesitan más financiamiento; y, segundo, resulta regresiva, porque afecta en mayor medida a los países con menor cuota relativa. En la región, los países que se encuentran alcanzados por los sobrecargos son tres: Argentina, Barbados y Ecuador. Pero entre ellos sobresale el caso argentino: se estima que en el último año más de la mitad de los sobrecargos totales que percibió el FMI correspondieron sólo a la Argentina. El sistema de sobrecargos es un tema que actualmente está en la agenda internacional, y es por este motivo que en la reunión del G20 en Italia se encargó al FMI una revisión de esta política para aliviar la carga sobre los países más afectados, como es el caso de la Argentina.

P: ¿Cree que el Gobierno argentino está encarando bien las negociaciones de la deuda?

A.B: El gobierno de Argentina está procurando restablecer la situación macroeconómica sin resentir el crecimiento, y las negociaciones que se están llevando a cabo apuntan en esa dirección. La situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la economía argentina requiere de un trabajo conjunto entre su gobierno y el FMI para mejorar condiciones, es decir analizar cuál es el cronograma de pagos más adecuado, las posibilidades de reducir el costo de financiamiento y el marco general de las políticas macroeconómicas.

P: ¿Es un momento oportuno para abrir más las economías de los países en vías de desarrollo o el mundo está yendo por otro camino?

A.B: En la CEPAL proyectamos una importante recuperación del comercio de América Latina y el Caribe en 2021: tras caer 10% en 2020, el valor de sus exportaciones crecería alrededor de 24% este año. Si bien la recuperación de las exportaciones es una buena noticia, nos preocupa que la región siga profundizando su patrón primario exportador. Con una estructura exportadora como la actual, la región no será capaz de dar el salto que necesita hacia una economía más sofisticada, inclusiva y verde. En este contexto, la profundización de la apertura comercial de las últimas tres décadas no es lo que la región más necesita. De hecho, la apertura no impidió que se sufriera un severo desabastecimiento de insumos médicos desde la irrupción de la pandemia, dado que decenas de países limitaron sus exportaciones para privilegiar el consumo interno. En la CEPAL consideramos que el desafío comercial más urgente es profundizar la integración regional. El porcentaje de las exportaciones que se dirige a la propia región ha caído sistemáticamente desde mediados de la década pasada, y en 2020 alcanzó apenas al 13%, su menor nivel en tres décadas. Esto es muy grave, dado que el comercio intrarregional tiene un mayor componente de manufacturas que las exportaciones al resto del mundo, y también porque el mercado regional es el principal para las mipymes latinoamericanas. Por ende, la caída del comercio intrarregional implica pérdidas de capacidades productivas y tejido empresarial muy difíciles de recuperar.

P: Brasil comenzó su presidencia pro témpore del Mercosur en medio de un debate interno sobre el futuro. ¿Usted cree que el bloque debe flexibilizarse?

A.B: Para la CEPAL, profundizar la integración regional es un componente esencial de cualquier estrategia de desarrollo sostenible e inclusivo. Sin embargo, desde hace aproximadamente una década observamos una pérdida importante del peso del comercio entre los países del MERCOSUR. El bloque necesita revertir esta tendencia, no solo por el bien de sus países miembros, sino por el de toda la región. En algunos casos (de ciertas cadenas productivas) el fortalecimiento del Mercosur puede requerir mayor flexibilidad, como sugieren algunos analistas; pero en otros puede exigir un mayor apoyo financiero, el establecimiento de nuevas estrategias de vinculación tecnológica o, incluso, la introducción de nuevas reservas de mercado. En cualquier caso, el Mercosur ha sido históricamente una política de Estado para sus integrantes. Mantener vivo, vigente, activo el proyecto integrador que entraña la construcción del MERCOSUR es hoy tan importante como en el momento de su creación, hace treinta años. Y como hace treinta años, podrá lograrse si se combinan el interés estratégico regional y el pragmatismo.

(AMBITO) El déficit fiscal se aceleró a $147.756 millones en agosto
De esta manera, en lo que va del año el «rojo» del Tesoro alcanzó los $431.504 millones, lo cual representa el 1,5% del PBI si se excluyen los recursos por el Aporte Solidario de las grandes fortunas y el 1% si se contabilizan estos ingresos.

El déficit fiscal primario fue de $147.756 millones en agosto, por lo cual mostró una aceleración en comparación con el mes pasado. De esta manera, el «rojo» acumulado de 2021 representa el 1% del PBI si se contemplan los recursos obtenidos en concepto del Aporte Solidario y 1,5% si se excluye este ingreso extraordinario.

En el octavo mes del año, el gasto primario del sector público nacional fue de $860.548 millones. Esto implicó un incremento interanual de casi 65% ($338.515 millones), superior a la inflación del último año, algo que no ocurría hace tiempo. Asimismo, el aumento trepa a 87,3% si se excluye el gasto excepcional por el Covid-19 tanto de 2020 como de 2021.

El mayor gasto fue traccionado en gran parte por un crecimiento anual de 64,9% (+$111.645 millones) en las transferencias corrientes al sector privado. Dentro de esta división se destacaron los incrementos de tres programas: Políticas Alimentarias (+$17.236,4 millones); Potenciar Trabajo (+$7.145,8 millones); y Acciones de Empleo (+$10.089,9 millones), principalmente REPRO II.

En segundo lugar resaltó un notable incremento de casi 252% ($106.329 millones) en los subsidios económicos (tarifas), que representaron el 17% de los desembolsos totales. Según datos de la consultora Ledesma, este apartado del gasto ya significa el 1,8% del PBI.

El Ministerio de Economía precisó que la asistencia a CAMMESA creció en $89.460 millones aunque desde la cartera conducida por Martín Guzmán aclararon que «en agosto de 2020 se registraron menores pagos efectuados a CAMMESA, lo cual afecta la base de comparación».

Por otra parte, el gasto de capital (obra pública) saltó un 123,4% anual ($25.355 millones). Las principales erogaciones fueron impulsadas por inversiones de empresas públicas (+$6.821,7 millones), de la Dirección Nacional de Vialidad para la construcción de autopistas y autovías (+$6.027,9 millones), y del Ministerio de Defensa (+$1.052,5 millones), en el marco del programa Mantenimiento, producción y soporte logístico para la defensa.

Las prestaciones sociales, que concentraron el 56,3% del gasto total, subieron 31,9% en comparación con agosto de 2020, muy por debajo de la inflación del período. En particular, las prestaciones de la seguridad social treparon 46,3% por la actualización de la fórmula de movilidad, como así también por el bono de $5.000 a jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

Por el lado de los ingresos, el Estado recaudó $712.792 millones sin contar el Aporte Solidario, lo cual significa un alza interanual de 64,8% (+$258.055 millones). Contando el también denominado «impuesto a la riqueza» el monto subiría a $735.712 millones.

El principal componente de los ingresos nacionales, los ingresos tributarios, arrojó un aumento anual de 68,1%, impulsados por los recursos provenientes de Derechos de Exportación (retenciones), IVA, Ganancias e impuesto a los Créditos y Débitos.

Con estos números, el déficit fiscal primario de 2021 ya suma $431.504 millones. «Hasta agosto de este año el déficit primario acumulado sumó un 1% del PBI, de manera que restaría que en el último trimestre se triplique para cumplir con el 4% del producto presupuestado para todo el año», detalló el economista Nadin Argañaraz.

«Para lograr esto, se debe producir una aceleración del gasto en la última parte del año. El mismo cayó en términos reales en los primeros 8 meses un 5,7% y deberá incrementarse un 10,5% real en el último tercio del año», acotó.

Desde Ledesma remarcaron que el Gobierno no llevó a cabo ningún ajuste este año sino una normalización fiscal a raíz de la normalización de la actividad económica. Los datos de la consultora marcan que el gasto representa el 13,2% del PBI hasta agosto, cuando en 2020 representaba el 15,3%.

Lo que sí hubo, según dijo el director de Ledesma Gabriel Caamaño en su cuenta de twitter, fue un cambio de prioridades ya que se verificó una mayor preponderancia de subsidios económicos y sociales y un menor peso de jubilaciones.

El déficit financiero, que incluye pago de intereses de deuda, asciende en lo que va del año a $ 870.554 millones, equivalente al 2% del PBI contando ingresos por Aporte Solidario y al 2,5% del PBI sin contabilizarlos.

(AMBITO) Bueno: en 2022 la agroindustria aportaría por exportaciones más de u$s36.300 millones
Las últimas proyecciones indican que el fenómeno climático La Niña será débil por lo que los cultivos no se verían afectados por el recorte de precipitaciones

Buenas noticias para la economía argentina de cara al 2022, las primeras proyecciones de exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial alcanzan los u$s36.328 millones, mostrando así un incremento de u$s185 millones versus lo que se espera que aporte el campo durante este año.

De esta manera, la caída en las cotizaciones internacionales de los commodities del agro sería más que compensada con una mayor producción, principalmente de soja y maíz, en una campaña además en la que se prevé que el fenómeno climático la Niña, caracterizado por menores lluvias de lo normal, se presenta en forma débil.

Según indican las proyecciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, el complejo soja continuaría siendo la industria líder en generación de divisas por exportación, con un total de u$s21.308 millones. Le sigue el complejo maíz, con u$s8.729 millones y el 2022 sería el segundo año consecutivo en que el cereal supera la barrera de los u$s8.000 millones, consolidándose como un complejo clave en las exportaciones argentinas.

En tercer lugar, se erige el complejo trigo, con exportaciones por u$s3.929 millones entre el grano y la harina. Por último, los complejos cebada y girasol se apuntan con envíos al exterior por u$s1.171 y u$s1.190 millones cada uno, superando ambos los u$s1.000 millones también por segundo año consecutivo.

“El mayor incremento se registraría en las exportaciones de poroto de soja, producto de un aumento en el tonelaje despachado que más que compensa los menores precios de exportación. Una situación análoga se proyecta para el maíz, con el incremento del volumen compensando con creces el recorte en los precios. Para el caso del trigo, los precios de exportación se mantendrían elevados, por lo que el mayor volumen proyectado a exportar con relación al año actual decanta en un considerable aumento en el valor de las exportaciones. Del lado opuesto, el mayor recorte se proyecta para la harina de soja, seguido para el aceite de la oleaginosa, lo que responde principalmente a los menores precios proyectados para el próximo año”, adelantan los analistas.

A su vez, otro dato clave que destacan desde la entidad rosarina es que durante el año próximo el resto de los complejos exportadores totalizaría u$s46.589 millones. De esta manera, las exportaciones del país superarían en u$s8.063 millones lo estimado para el corriente año.

Cierre 2021
Mientras tanto, para este año, la estimación de exportaciones de los principales productos del sector agroindustrial a los precios vigentes alcanza u$s36.143 millones, u$s1.032 millones más que en la estimación realizada por la entidad en agosto. Esto se debe principalmente a tres factores: en primer lugar, a una mejora en los precios de exportación del trigo, que se han elevado considerablemente en el último mes; en segundo lugar, a un incremento en la estimación de volumen de exportación de maíz; y en tercer lugar a un aumento en los precios obtenidos por el aceite de girasol.

Clima en la mira
En este marco apareció otra buena noticia para el sector, la Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) publicó su informe semanal en el que advirtió que la aparición del fenómeno climático La Niña está cada vez más cerca, pero trajo a la vez una señal de alivio, todo indica que será débil y es por ello que los productores de la zona núcleo no tendrían grandes inconvenientes durante la campaña, eso sí durante el verano habrá menos precipitaciones de lo normal.

En este contexto, según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, durante la campaña 2021/22 la superficie sembrada con cultivos extensivos en Argentina se incrementaría un 2,1%, hasta 34 millones de hectáreas, que permitirían una expansión de la producción de un 7,2%, alcanzando 129,8 millones de toneladas de granos.

(AMBITO) Por impacto de la segunda ola, el PBI cayó 1,4% en segundo trimestre
Frente al mismo período de 2020, mejoró un 17,9%. Se espera crecimiento para la última parte del año, impulsado por medidas de estímulo y una «relativa recuperación de la inversión».

En el segundo trimestre del año, el Producto Bruto Interno (PBI) descendió 1,4% en términos desestacionalizados frente al primer trimestre de 2021, afectado por el impacto de la segunda ola de covid. Así se desprende del informe de avance del nivel de actividad difundido ayer por el INDEC, en el que destacó que en la comparación interanual, la economía mostró un aumento del 17,9% frente al mismo período de 2020. Así, en el primer semestre del año, el PBI acumuló un crecimiento del 10,3% interanual.

“En términos desestacionalizados, casi todos los componentes de la demanda agregada mostraron subas frente al primer trimestre del año: el consumo privado aumentó 1,1%; el consumo público, 0,5%; y las exportaciones, 5,7%; mientras que la formación bruta de capital fijo se mantuvo sin variación. El aumento de la demanda estuvo acompañado de un incremento de las importaciones, 5,4% por el lado de la oferta global”, destacó el organismo oficial en su informe.

Por el lado de la demanda, en el segundo trimestre del año se registraron fuertes incrementos en el consumo privado (21,9% interanual) y la formación bruta de capital fijo (76,6%), seguidos por el alza en el consumo público (8,2%) y las exportaciones (6,3%).

Por el lado el lado de los sectores de actividad, se destacaron los incrementos en Otras actividades de servicios comunitarias, sociales y personales (113,8% interanual), Hoteles y restaurantes (90,3%) y Construcción (84,2%). Además, el sector comercio mayorista, minorista y reparaciones ascendió 26,0% y la industria manufacturera registró un aumento en el nivel de actividad de 32,4%. Por su parte, “el valor agregado del sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura se redujo un 3,9% en el segundo trimestre con respecto a igual lapso del año anterior”.

Panorama
La caída desestacionalizada del segundo trimestre frente al primero, puede vincularse con las medidas adoptadas para contener el avance de la segunda ola, más allá del freno esperable luego del fuerte rebote en la actividad a partir de los últimos meses del año pasado. Para conocer cómo continuó evolucionado la actividad, el INDEC dará a conocer el 28 de septiembre el EMAE correspondiente a julio.

A modo de anticipo, según la consultora Orlando Ferreres la actividad registró en el séptimo mes del año un crecimiento del 8,2% interanual, y una contracción de 1,8% frente a junio. “La actividad muestra un comportamiento errático, volviendo a exponer en julio un declive luego de la recuperación de junio. Entre los sectores que impulsaron la actividad en julio se destacan el comercio, la construcción y la actividad en minas y canteras”, remarcó el estudio.

Por su parte, según el informe del Instituto de Trabajo y Economía (ITE) de la Fundación Germán Abdala, en julio “la economía se incrementó un 10,8% respecto del mismo mes de 2020, marcando aun crecimientos que se explican por la baja base de comparación”. “La dinámica del julio refleja una tendencia de evidente mejoría en casi todos los componentes del IMA. Como ocurre en los últimos meses, sin considerar los préstamos comerciales en términos reales que se contrajeron un -17%, todos los indicadores reflejan un crecimiento respecto a julio 2020. Sin embargo, la baja base de comparación dificulta el análisis en la mayoría de los casos”, señaló el estudio, que destacó que en la comparación sin estacionalidad la economía se incrementó un 0,1% respecto a junio, “consolidando el amesetamiento en torno de los niveles alcanzados en los meses previos al aislamiento en 2020”.

Lo que viene
En ese escenario, el Gobierno proyecta para este año una recuperación del PBI del 8%. “Lo veo factible, e incluso puede ser algo superior, si se confirma el paquete de medidas de estímulo que podría anunciarse en esta semana. El escenario base que manejamos hoy es de 7,5%, que debería ser corregido al alza. Igualmente, no debemos perder de vista que un crecimiento mayor implica una aceleración en la demanda de divisas y este es el principal limitante al crecimiento de cara a 2022”, señaló a Ámbito Nicolás Zeolla, economista jefe de FIDE.

“Oficialmente el país estaría recuperándose en términos de nivel de producción de la crisis que supuso la pandemia, a pesar de la caída circunstancial del segundo trimestre asociado a las restricciones. Dicha recuperación vendría siendo con variaciones heterogéneas y un efecto histéresis en términos de empleo y know-how producto del cierre de empresas”, analizaron desde la consultora ACM, que detallaron: “Sin embargo, todo parece indicar que el año corriente exhibirá un crecimiento considerable (6,5%), tanto por el efecto del rebote estadístico (5%), como también por mejores precios internacionales de las commodities y una relativa recuperación de la Inversión ante las bajas tasas de interés en términos reales, así como también por la amplitud de la brecha cambiaria”.

(INFOBAE) Menos dólares para el país: Estados Unidos ratificó una sanción para el biodiésel argentino
Así lo anunció ayer la Corte de Comercio Internacional de ese país; las primeras repercusiones en la Argentina

La Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos ratificó los aranceles sobre el biodiésel de la Argentina, a pesar de la revisión del Departamento de Comercio de los Estados Unidos ; es una señal negativa para el gobierno de Alberto Fernández y el exportador de biodiésel LDC Argentina S.A., que habían iniciado el año pasado un juicio sobre la problemática.

En su momento, las ventas de biodiesel argentino a Estados Unidos llegaron a representar USD 1.200 millones, transformándose en el principal producto de exportación a ese país. Se trata de un mercado fundamental para la cadena productiva de la soja. Acceder al mercado estadounidense es muy relevante, porque tiene una alta demanda que sostiene los precios, y en los últimos años la Argentina ha demostrado ser muy competitiva.

Ayer el juez Gary S. Katzmann dictaminó que el Departamento de Comercio no había sobrepasado los límites de la Ley Arancelaria de 1930, y que se le permitía cambiar de opinión entre las determinaciones preliminares y finales en una revisión por cambio de circunstancias. “El tribunal concluye que Comercio no se equivocó al revisar su decisión inicial de que existía un cambio de circunstancias porque … la ley, aunque no dice nada sobre el análisis sustantivo requerido por Comercio en una RCC, requiere que exista un cambio de circunstancias para que Comercio modifique la tasa de depósito en efectivo”, detalló el juez, según consignó la agencia internacional.

Todo esto comenzó en 2016 cuando los productores de biodiésel de los Estados Unidos reclamaron ante el Gobierno de Donald Trump que se implementaran medidas de represalias contra el biodiésel que se exportaba desde la Argentina, ya que consideraban que al mercado estadounidense ingresaba con dumping y además que tenía subsidios.

Desde comienzos de 2018, Estados Unidos había decidido aplicar derechos antidumping y compensatorios que, sumados, llevaron los aranceles para el biodiésel argentino por encima del 130%. Luego de que se modificara el régimen en la Argentina para aumentar las retenciones al biodiésel y con ello eliminar los incentivos para el exportador, los productores locales hicieron una presentación por “cambio de circunstancias” para pedir que se revise esa decisión.

En julio de 2019, se conoció una decisión preliminar que preveía eliminar los derechos antidumping pero mantener los derechos compensatorios. Pocos días atrás, esa resolución fue revertida y se decidió mantener ambos aranceles en el nivel original. El Departamento de Comercio determinó que el “cambio de circunstancias” no era lo suficientemente relevante para modificar el régimen arancelario.

Los integrantes de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO) desde hace tiempo vienen rechazando las decisiones que se toman en los Estados Unidos, ya que según expresaron “no existieron ni existen condiciones de dumping ni de subsidios en las exportaciones de biodiésel de soja”. Tras conocerse el fallo de ayer, el presidente de la entidad, Luis Zubizarreta, dijo a este medio: “Es una mala noticia, consideramos que es injusta la sentencia y estamos analizando la posibilidad de apelar. Junto con el Gobierno argentino venimos trabajando en reabrir el mercado de Estados Unidos y el de Perú, ya que es muy importante para la agroindustria nacional contar con dichos mercado, porque nos permite diversificar nuestras exportaciones”.

(INFOBAE) Hoy se pagarán USD 1.870 millones al FMI y el equipo económico avanza en la negociación del acuerdo a la espera del aval político
Desde el gabinete descartan un anuncio antes de las elecciones generales. El Gobierno realizará el pago al organismo con los derechos especiales de giro (DEG) que el propio Fondo envió al Tesoro hace un mes

Las negociaciones con el FMI ya pasaron largamente el año completo de duración y las elecciones parlamentarias pusieron al nuevo programa financiero que reemplazará al firmado en 2018 en un segundo plano de la agenda del Gobierno. En el equipo económico del gabinete dejaron trascender en las últimas horas que el trabajo con el staff técnico ya está completado y que lo que le falta es un último empujón político que contemple el aval de todos los sectores de la coalición oficialista.

El Ministerio de Economía deberá abonar este miércoles USD 1.870 millones al Fondo Monetario Internacional en lo que configurará el primer pago de capital del acuerdo Stand By firmado durante el mandato de Mauricio Macri. Hasta esta fecha, los giros trimestrales que hizo el Tesoro hacia Washington se trataron centralmente de intereses.

El pago será realizado con los propios derechos especiales de giro (DEG) que el organismo envió a la Argentina hace un mes, cuando repartió unos USD 650.000 millones entre los países miembro como parte de un paquete de financiamiento de medidas contra el Covid. Al país le tocaron unos USD 4.300 millones de ese total.

El Ministerio de Economía deberá abonar este miércoles USD 1.870 millones al Fondo Monetario Internacional en lo que configurará el primer pago de capital del acuerdo Stand By firmado durante el mandato de Mauricio Macri
Por eso, tal como había quedado determinado tras un debate interno en el Frente de Todos sobre qué utilización se le daría a ese ingreso extra desde el FMI, los DEG en poder del Ministerio de Economía finalmente tendrá una doble función: por un lado cancelarán ese vencimiento de capital y, por otro, serán vendidos al Banco Central para conseguir un financiamiento en pesos cercano a los $420.000 millones.

Esto se dará mientras el Gobierno aún mantiene abiertas las conversaciones con los técnicos del Fondo Monetario para conseguir la firma de un programa financiero a 10 años que reestructure los USD 45.000 millones que se necesitan devolver, de los cuales la mayor parte tienen como fecha de pago entre 2022 y 2023.

En el Ministerio de Economía, que lidera las negociaciones, aseguran que el acuerdo no está cerrado porque aún restan cuestiones técnicas a definir, como por ejemplo la política de sobrecargos de tasas de interés que tiene el organismo para los países que firman programas de financiamiento. A la Argentina, estiman, esas tasas le cuestan unos 900 millones de dólares por año.

En otras áreas del gabinete económico, ahora ratificado tras el recambio de ministros de los últimos días, van más allá y arriesgan que las cuestiones centrales del acuerdo ya están acordadas y que esperan la luz verde de todos los sectores del Frente de Todos para concretarlo, según aseguró una alta fuente del equipo económico a Infobae. Sin decirlo, apuntan directamente al ala oficialista que responde a Cristina Kirchner que, aseguran, considera que un programa nuevo con el FMI no debería salir durante los meses de elecciones.

“Si hay algún detalle técnico por cerrar se puede hacer rápido, el resto del acuerdo está cerrado”, se confiaron. Incluso desde un despacho oficial eligieron contraatacar a la otra orilla del oficialismo, que en los últimos días pidieron el puesto de Martín Guzmán y de Matías Kulfas. “Con la plata que hay que pagarle al FMI este mes podrías haber aumentado el gasto público, seguir demorando el acuerdo te sale caro”, cuestionaron.

En el Ministerio de Economía, que lidera las negociaciones, aseguran que el acuerdo aún no está cerrado aunque en otras áreas del gabinete económico arriesgan que las cuestiones centrales ya tienen consenso y que esperan la luz verde de todos los sectores del Frente de Todos para concretarlo
Consultados por este medio, desde el Fondo Monetario Internacional eligieron no agregar comentarios a los que realizó el portavoz del organismo Gerry Rice el jueves pasado, en conferencia de prensa: “Continuamos el trabajo con las autoridades para profundizar las discusiones técnicas y llegar a un acuerdo auspiciado por el FMI que siente las bases para un crecimiento sustentable e inclusivo y que ayude a la Argentina a superar los desafíos que presenta. No tenemos una actualización sobre el timing del nuevo programa”, explicó.

Los pasos formales para un nuevo acuerdo podría continuar el mes próximo, cuando tendrá lugar la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre el 15 y 17 de octubre, en Washington. La presencia del jefe del Palacio de Hacienda en la capital norteamericana, de todas formas, aún no está confirmada, aunque el evento se realizará de manera híbrida in situ y virtual en simultáneo.

El intercambio de dardos entre el ala económica del Gobierno, cuyo núcleo responde al presidente Alberto Fernández, y el sector con terminal política en la vicepresidenta, se intensificó en los últimos días, aunque tampoco fueron una novedad en el paisaje frentetodista. La carta del jueves pasado de Cristina Kirchner criticó abiertamente el sendero de gasto público que encaró Guzmán en los primeros meses del año y reclamó una aceleración de las partidas presupuestarias.

Desde el equipo económico se defienden asegurando que la ejecución de fondos depende más de las decisiones de gestión diaria de cada ministerio que de una bajada de línea desde el Tesoro. Además repiten que no hubo un ajuste en las cuentas públicas, como acusan desde el otro borde de la coalición de gobierno.

Las fuentes del gabinete económico descartan, dado el contexto, que el acuerdo con el Fondo Monetario pueda concretarse en antes de las elecciones generales de noviembre, pero aguardan que sí sea antes del 22 de diciembre. Ese día el Ministerio de Economía debería efectuar un nuevo pago de vencimientos de capital por otros USD 1.870 millones al Fondo Monetario, también con los DEG recibidos hace un mes.

Los pasos formales para un nuevo acuerdo podría continuar el mes próximo, cuando tendrá lugar la asamblea anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, entre el 15 y 17 de octubre, en Washington
El Presupuesto 2022 que presentó Guzmán hace una semana en el Congreso da por sentado que habrá un nuevo programa financiero con el FMI que liberará al Estado de tener que afrontar pagos por cerca de USD 19.000 millones a Washington. De hecho, el ministro eligió distintas comparativas para graficar por qué alcanzar un acuerdo con el Fondo sería relevante para la economía.

En ese sentido, planteó que si se pagaran todos los compromisos financieros con el organismo en 2022 el Estado debería, por ejemplo, recortar en su totalidad la partida presupuestaria para obras públicas, y dejaría de poder cubrir el financiamiento de $733.000 millones de Asignación Universal por Hijo, casi $300.000 millones de políticas alimentarias y $241.000 millones del plan Potenciar Trabajo, enumeró.

El tratamiento de la ley de ingresos y gastos comenzaría en los próximos días, con la visita del ministro al plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Si bien en un principio se especuló que podría ser este jueves, según habían adelantado desde el oficialismo parlamentario, la cita podría pasarse para la semana próxima. Guzmán enfrentará cuestionamientos de la oposición por el planteo presupuestario aunque, a la luz de los hechos, las críticas podría provenir del propio oficialismo.

(INFOBAE) El Gobierno acelera el gasto electoral y los mercados responden: el riesgo país volvió a 1.600 puntos
El fuerte aumento del déficit y la emisión alertaron a inversores. La presión del kirchnerismo tras el pobre resultado de las PASO condiciona al ministro de Economía, virtualmente intervenido por flamante jefe de Gabinete, Juan Manzur

La mejora de los bonos argentinos posterior a las PASO duró un suspiro y lo mismo pasó con la mayoría de las acciones locales que cotizan en Wall Street. La crisis del gigante inmobiliario chino Evergrande afectó a todos los activos, pero en el caso argentino existe un componente adicional: el temor de los inversores por el deterioro de las variables financieras y cambiarias de cara a las elecciones de noviembre y el impacto que generará en la economía en 2022.

El fuerte rebote del riesgo país, que ayer nuevamente quedó al borde de los 1.600 puntos básicos es el principal reflejo de esta renovada onda negativa de los mercados. Inmediatamente después de las PASO, este indicador había quedado en su mejor nivel del año, cayendo hasta los 1.450 puntos y algunos títulos llegaron a superar los USD 43 de paridad. También las acciones llegaron a nuevos máximos anuales. Pero no se trató del inicio de un rally alcista como muchos esperaban.

La mayoría de las acciones y bonos ya cotizan por debajo del nivel que tenían previo a las PASO. La euforia generada por la victoria opositora abrió rápidamente paso a las dudas por cómo será el manejo de la economía hasta las elecciones y cómo esto impactará en el 2022

La mayoría de las acciones locales y de los bonos volvieron a cotizar por debajo del nivel que tenían el viernes previo a las PASO. Se evaporó demasiado rápido la euforia generada por el revés electoral del kirchnerismo.

Hay algunas explicaciones que se pueden ensayar para justificar este deterioro:

– La crisis generada por el posible default de Evergrande no se puede soslayar. Los inversores salieron más rápido de los activos riesgosos en un contexto de alta incertidumbre y allí sufre más la Argentina que el resto.

– Pero los aspectos locales influyen y mucho. El recambio de gabinete definido por el Gobierno no cayó bien entre los inversores. Los primeros movimientos demuestran que las decisiones económicas más pesadas quedaron a cargo del flamante Jefe de Gabinete, Juan Manzur, el elegido para intentar dar vuelta el pobre resultado que obtuvo el Gobierno en las primarias. Guzmán parece haber quedado en un segundo plano. Pero además nadie tiene muy claro a esta altura si el Gobierno logrará dar vuelta al menos parcialmente el flojo resultado electoral. Las miradas nuevamente se posan en la provincia de Buenos Aires, donde irán apuntadas las principales medidas económicas, atiendo a la situación de pobreza del conurbano.

Entre los inversores, nadie tiene muy claro a esta altura si el Gobierno logrará dar vuelta al menos parcialmente el flojo resultado electoral
– Ya desde una mirada más financiera, los pasos que está dando el ministro de Economía, Martín Guzmán, en materia de gasto público también encendieron alertas rojas. En el proyecto de Presupuesto 2022 reconoce que el déficit fiscal primario con el que terminará el año es de 4%, producto del aumento del gasto que tendrá lugar en los próximos meses. Economistas privados esperaban que en realidad finalizara más cerca del 3%. En forma paralela, se anunció la aplicación de los Derechos Especiales de Giro (FMI) que recibió el Banco Central por parte del FMI para expandir el gasto público sin violar la Carta Orgánica de la entidad. Este rojo fiscal se financiará con más emisión monetaria.

– Sobre todo, crecen las dudas respecto a cómo será el 2022. Guzmán también anticipó que el déficit primario para el año que viene será de 3,3% del PBI, pero sumando los intereses de la deuda se acercará al 5%. Esta proyección desalentó a los inversores que esperaban una mayor consolidación de las cuentas públicas. Sin embargo, el ministro le “hizo caso” a la vicepresidenta, que públicamente le pidió a través de una carta dirigida a Alberto Fernández que “gaste más”. Se trata de un enfoque peligroso, en un contexto de falta de acceso a los mercados internacional y una elevada inflación. El rojo de las cuentas públicas es en buena medida financiado por emisión monetaria.

– Pasa el tiempo y hay más dudas respecto a la situación de la deuda argentina hacia el 2025, que es cuando empiezan a vencer los bonos reestructurados el año pasado. Moody´s aclaró que mantiene a los bonos argentinos con calificación cercana al “default” y considera “altamente probable” que el país vuelva a incumplir con la deuda aún cuando fue refinanciada recientemente. Sin posibilidad de refinanciar vencimientos la deuda es impagable y se está haciendo poco y nada para reconciliar al país con los inversores.