LOCAL

(AMBITO) Después del pago de hoy al FMI, en enero vence deuda en dólares por más de u$s1.700 millones
Corresponde a intereses con los bonistas, a otro vencimiento con el Fondo y a préstamos bilaterales. Es en el marco de la negociación con el organismo y en un verano desafiante en materia cambiaria.

El Gobierno le pagará hoy al Fondo Monetario Internacional algo más de u$s1.850 millones, luego de que la Justicia rechazara ayer una medida cautelar que buscaba impedir ésta y las futuras cancelaciones al organismo.

Pese a la delicada situación en materia de reservas, el Ejecutivo decidió afrontar el segundo vencimiento de capital correspondiente al multimillonario préstamo que contrajo Mauricio Macri en 2018 como señal de la vocación de alcanzar un acuerdo. Pero el cronograma de compromisos en moneda extranjera muestra que en enero habrá otra posta exigente: vencen más de u$s1.700 millones entre distintos acreedores.

De acuerdo con los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, u$s718 millones corresponden a un nuevo vencimiento de capital con el FMI(valuado a la cotización del DEG al cierre de noviembre), u$s693 millones a intereses de distintos bonos emitidos el año pasado como parte de la reestructuración de la deuda con acreedores privados, u$s178 millones a préstamos bilaterales, u$s129 millones a otros compromisos multilaterales y u$s53 millones a una letra en poder de la provincia de Mendoza. En total, son unos u$s1.771 millones. Aunque el tipo de acreedores es distinto.

Por caso, la letra tiene como contraparte un estado subsoberano. Pero la principal duda es qué ocurrirá con el tercer vencimiento de capital con el Fondo. El proyecto de Presupuesto 2022, elaborado en septiembre y con la expectativa de un acuerdo para refinanciar la deuda de u$s45.000 millones antes de fin de este año, no incluía pagos de capital al organismo durante todo el próximo ejercicio fiscal. Sin embargo, ese proyecto fue rechazado por la oposición en el Congreso.

Tras la derrota parlamentaria, la decisión del Gobierno es prorrogar el Presupuesto 2021, mediante un decreto que, según fuentes oficiales, podría publicarse la próxima semana o los primeros días de enero. Con una negociación que parece extenderse ante el pedido del Fondo de un ajuste más acelerado, no está claro qué ocurrirá entonces con los u$s718 millones de capital que vencen en enero. Una fuente cercana al equipo económico no descartó que se pague y señaló que los vencimientos de intereses sí están previstos, como los u$s365 millones de febrero.

Verano
En cualquier caso, como manda la estacionalidad y la fragilidad actual, será un verano desafiante para la gestión cambiaria. Los funcionarios lo saben pero aseguran que al igual que ocurrió el año pasado y el actual podrán capear los tiempos de escasez de divisas, y resaltan la expectativa de una importante cosecha fina (principalmente trigo) que oxigene al frente externo.

Según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, habrá una liquidación récord de agrodólares para esta época del año: unos u$s2.300 millones en diciembre, u$s3.000 millones en enero y u$s2.300 millones en febrero, muy por encima de la campaña previa.

En las últimas jornadas ya hubo un respiro. Luego de comenzar el mes con un importante drenaje de reservas (u$s384 millones hasta el día 10), el Banco Central hilvanó siete ruedas consecutivas sin ventas y compras a cuentagotas por algo más de u$s20 millones. Ayuda la estacionalidad más favorable de diciembre, un mes en el que, además del comienzo de la cosecha de trigo, hay un incremento de la demanda de pesos por parte de personas y empresas para el pago de aguinaldo, impuestos, vacaciones y compras de las fiestas. Ese comportamiento de la demanda de dinero suele revertirse en enero y febrero.

Lo cierto es que la racha compradora del BCRA en el mercado oficial coincide con un retroceso del volumen de operaciones pactadas. Ayer, por caso, se comercializaron apenas u$s187 millones; desde el 9 de agosto que no se negociaban menos de u$s200 millones. Algunos operadores señalaban que la baja en el volumen podía deberse a que el Gobierno haya vuelto a pisar autorizaciones de importaciones. Pero fuentes oficiales lo descartaron y aseguraron que, en realidad, hay un crecimiento de las ventas al exterior en diciembre, que cerrará como el mes de mayores importaciones del año.

Para el camino a marzo, cuando empiecen a llegar los dólares de la cosecha gruesa, el economista Federico Furiase (de la consultora Anker Latinoamérica, fundada por Luis “Toto” Caputo) señaló durante una charla organizada por la sociedad de bolsa BAVSA que será clave para evitar cimbronazos cambiarios garantizar un flujo importante de la cosecha de trigo. En ese sentido y ante la aceleración del ritmo de devaluación que comenzó a implementar el Central este mes, consideró probable que haya una suba de la tasa de interés para evitar el estímulo a los exportadores de apalancarse en créditos a tasas negativas en pesos y postergar liquidaciones a la espera de un tipo de cambio mayor.

Como contó Ámbito, la autoridad monetaria evalúa la posibilidad de mover la tasa de referencia con ese objetivo. Por el momento, decidió mantenerla en 38% nominal anual, como desde noviembre de 2020, pero la decisión seguirá bajo análisis. De hecho, el staff del FMI reclamó fijar “tasas de interés reales positivas” en la declaración posterior a la visita de funcionarios de Economía y el BCRA a Washington.

Cautelar
Ayer, la jueza María Eugenia Capuchetti, que lleva la causa por las presuntas irregularidades cometidas por el gobierno de Macri al contraer el crédito con el FMI, rechazó una medida cautelar que había presentado un conjunto de dirigentes para impedir los próximos pagos al organismo, incluido el de hoy. La presentación fue hecha, entre otros, por Claudio Lozano, director del Banco Nación e integrante del Frente de Todos, en una demostración de que no todo el oficialismo acompaña la estrategia de negociación del Gobierno. Rechazada la cautelar, la cancelación se realizará: días atrás, Economía había enviado al BCRA la orden de pago.

(AMBITO) Se necesitan 33 años para recuperar la inversión en un inmueble para alquilar
Según un informe, el valor de la locación en Puerto Madero es la más alta de la Ciudad de Buenos Aires y duplica al promedio del resto de la Capital.

El alquiler en el barrio de Puerto Madero cuesta más del doble que el de un departamento promedio en la Ciudad de Buenos Aires, con un valor promedio de $95.706 por mes, frente a una media de $45.350 en el resto de la Capital Federal.

El alquiler de un departamento de dos ambientes y 50 m2 en la Ciudad ya se ubica en $45.350 por mes, un 3,3% por encima del mes anterior. Una unidad de tres ambientes y 70 m2 se alquila por $63.457 por mes, según un relevamiento de Zonaprop. Puerto Madero encabeza el ranking de precios como el barrio más caro con un valor de 95.706 pesos por mes; le siguen Nuñez ($51.797 por mes) y Palermo ($51.782 por mes). En el medio se encuentran Villa Devoto ($47.322 por mes), Caballito ($45.174 por mes), Villa Luro ($43.972 por mes), Monte Castro ($42.742 por mes) y San Telmo ($40.579 por mes). Los barrios más económicos para alquilar son Lugano ($30.737 por mes), La Boca ($36.626 por mes) y Barracas ($37.931 por mes).

Los alquileres acumulan una suba del 47,8% en 2021, levemente por encima de la inflación. En los últimos doce meses el precio medio de los nuevos contratos de alquiler acumula una suba del 52,2%, levemente por encima de la inflación (51,8%) y del ajuste de los contratos existentes firmados hace 12 meses (50,5%).

Por otro lado, la oferta de alquileres en CABA disminuye un 10% desde 2020 y es un 20% menor a 2019. Esta baja genera un aumento de los precios en el mercado de alquileres por encima de la inflación.

Precios
En los últimos 6 meses, el precio del 32% de los departamentos en CABA publicados en Zonaprop fue retasado por un valor menor al que tenían. En 2017, esta cifra era solo de un 18% pero, desde finales de 2018, viene en aumento. El descuento promedio realizado es actualmente de un 8,1%.

Los precios de las propiedades bajan un 0,6% respecto del mes pasado y en lo que va de 2021 acumulan una caída del 7%. Desde el valor máximo que tuvieron en 2019, el descenso es de un 15,5%. Las unidades de pozo son las que mejor resisten la depreciación: decrecen solo un 3.9% en el año.

Las bajas varían en los distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nueva Pompeya y Agronomía son aquellos con mayor baja interanual con un 16,2% y 13,5%. En el otro extremo, los barrios lindantes a la Gral. Paz en el oeste y el sur de la Ciudad presentan las menores bajas.

El precio promedio de una propiedad en CABA se ubica en los 2.366 dólares por metro cuadrado. Por ejemplo, el departamento medio de dos ambientes y 50 m2 tiene un valor de 123.185 dólares. Uno de 3 ambientes y 70 m2 alcanza los 175.373 dólares.

El rango de precios en CABA también encuentra su valor máximo en Puerto Madero con 5.552 dólares/m2. Le siguen Palermo con 3.053 dólares/m2 y Belgrano con 2.937 dólares/m2. En la otra punta, el valor mínimo está en Lugano con 1.143 dólares/m2.

Mientras los precios de venta de las propiedades en CABA bajan, los costos de construcción vuelven a registrar una suba: en los últimos tres meses acumulan un aumento del 5.7%. En el mismo periodo, la venta de departamentos disminuye un 2%. Construir hoy cuesta un 23% menos que el promedio 2012-2021. La relación alquiler/precio sube y se ubica en un 3,05% anual. Esto significa que se necesitan 32,7 años de alquiler para recuperar la inversión inicial. Este valor está un 27% por debajo de lo requerido en noviembre de 2020.

La zona oeste de CABA es la que tiene mayor rentabilidad promedio: un 3,3% anual. Dentro de los barrios, Lugano y Constitución son los que demuestran mayor rentabilidad de alquiler con un 4,3% y un 3,6%. En la otra punta, Retiro y Palermo son los de menor retorno con un 2,7%.

(AMBITO) Alimentos: Gobierno avanza con medidas para desacoplar precios internos de las materias primas
El foco está puesto no sólo en asegurar el abastecimiento en el mercado interno, sino también en tener volúmenes de equilibrio para las exportaciones. Para la carne, se busca generar más oferta.

El Gobierno puso el pie en el acelerador en el último tramo del año con un claro objetivo: desacoplar los valores internacionales de las materias primas, fundamentalmente el trigo y el maíz, de su incidencia en el precio de los alimentos en el mercado interno. Una tarea para nada sencilla pero que a través de una serie de mecanismos sería la base fundamental con la que el oficialismo buscará pelear contra la inflación de alimentos en el 2022.

En tanto, para el sector cárnico se buscará fomentar, con créditos a tasa subsidiada a la producción ganadera para que haya más oferta en el mediano plazo y salir, de una vez por todas, de la tensión constante generada por el consumo doméstico y las exportaciones.

Por lo pronto, el fideicomiso, con dinero aportado por el sector exportador de ambos cereales, avanza entre mesas de negociaciones plantadas por el Gobierno con los diversos actores del sector. El plan será concretamente subsidiar 3,1 millones de toneladas de trigo y 1,5 millones de toneladas de maíz que en la práctica están destinadas a la producción y el consumo de la bolsa de 25 kg de harina de trigo 000, la bolsa de 25 kg de harina de trigo 0000, fideos secos en paquete de 500 g y por último el pollo frío o congelado.

De esta manera el Gobierno se asegura que productos de consumo básico en la mesa de los argentinos, como el pan, los fideos y el pollo, que actualmente se consume alrededor de 48 kilos por habitante por año, tengan precios diferenciales en el mercado interno y que estos sean subsidiados por el sector exportador que gracias a los altos valores de los commodities internacionales acumulan ganancias millonarias.

Las empresas exportadoras deberán aportar alrededor un total de u$s150 millones y el monto se calculará por las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) que declaran periódicamente. El fondo estará administrado por el Gobierno y mantendrá una mesa de diálogo permanente con los actores de la cadena como la industria molinera y la avícola. Además, en estos momentos se evalúa la posibilidad de que tenga vigencia hasta el 2024.

En tanto, respecto a los volúmenes de equilibrio para las exportaciones de trigo y maíz, el Gobierno se alejó de cualquier polémica planteada por el sector y fue el propio ministro Julián Domínguez quien detalló que este año el trigo se encamina a una cosecha récord en producción que redundará en más envíos al exterior. Más allá de las críticas de la Mesa de Enlace, el oficialismo detalla que el actual esquema no perjudicará el comercio internacional y que claramente busca asegurar el consumo doméstico.

Más producción de carne
En este contexto y dentro de la batería de medidas que está encarando el Gobierno para contener el precio de los alimentos, ayer oficialmente el ministerio de Agricultura presentó el Plan GanAr, Ganadería Argentina 2022-2023, que comprende $100 millones en créditos a tasa subsidiada a que estarán vigentes para los productores ganaderos y la industria de la carne, a partir de febrero de 2022.

El Acta de Puesta en Marcha de los instrumentos financieros indica que “el monto global de crédito es de $100 mil millones”, los cuales “serán bonificados siete puntos porcentuales de la tasa de interés por parte del FONDEP sobre las líneas de crédito a implementar con las siguientes instituciones: Banco Nación y Banco de la Provincia de Buenos Aires” y aquellas entidades bancarias provinciales que adhieran a la iniciativa.

Además, el texto detalla que “se pondrán a disposición del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, instrumentos de asistencia financiera coordinados con las Provincias, a través de sus Organismos Financieros, y el Ministerio de Desarrollo Productivo, así como el financiamiento para proyectos estratégicos con el propósito de poder complementar la oferta crediticia”.

Con esta iniciativa el Gobierno busca que se incremente la oferta de carne en el mercado interno, fomentando claramente las inversiones en el sector de ganados y carnes. Lo cierto es que también se están llevando adelante mesas de negociación con los frigoríficos exportadores para alcanzar un acuerdo que tenga extensión durante todo el próximo año para apaciguar la acelerada suba que mostró la carne durante este año y que ya trepa el 75,5% anual.

(AMBITO) Presentaron una cautelar para evitar inminente pago de u$s1.800 millones al FMI (y de todos los pagos)
Dirigentes políticos y sociales, incluido el director del Banco Nación Claudio Lozano, solicitaron frenar todos los desembolsos al Fondo hasta que se investigue la legalidad del endeudamiento de Macri.

Dirigentes políticos y sociales y agrupaciones de derechos humanos presentaron una medida cautelar en la Justicia para suspender los pagos de deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), incluido el inminente desembolso de u$s1.800 millones previsto para este miércoles 22 de diciembre.

La solicitud fue presentada por Claudio Lozano, director del Banco Nación y militante de Unidad Popular, Jonatan Baldiviezo, del Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos – ODC) y otros referentes del movimiento de Derechos Humanos, de Unidad Popular (UP), la CTA Autónoma, el Partido del Trabajo y del Pueblo, entre otros.

Los u$s1.800 millones corresponden a la segunda liquidación anual por los intereses del stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Días atrás, trascendió que el ministro de Economía Martín Guzmán buscaba que en el acuerdo de Facilidades Extendidas, cuya negociación sigue en vigencia, se incluyan los 3.600 millones de dólares de vencimientos de este año; y cuya primera liquidación de u$s1.885 millones se concretó en septiembre pasado (equivalente a 1.327 millones de DEG, la moneda del FMI).

Según informaron Lozano y Baldiviezo a Ámbito, la cautelar tiene por objeto que el Estado nacional «suspenda todo pago de deuda al Fondo Monetario Internacional, hasta que el Congreso nacional analice la legalidad y constitucionalidad de dicho endeudamiento y trate nuevos acuerdos con el FMI», incluyendo el pago de u$s1.800 millones programado para este miércoles.

«Solicitamos al Tribunal que remita con urgencia al Congreso copia de la totalidad de las causas penales donde tramita la investigación de la comisión de delitos en el marco del endeudamiento con el FMI, a fin de que el máximo órgano democrático del país cuente con toda la información disponible para evaluar y considerar el nuevo acuerdo, y la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI a partir del año 2018», destacaron los dirigentes.

La cautelar fue presentada en el marco de la causa iniciada por la Oficina Anticorrupción, que quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, con el número de expediente 3.561/2019 y la carátula: «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública».

Lozano y Baldiviezo aseguraron que el endeudamiento por más de u$s44.700 millones con el FMI durante el macrismo «violó numerosas leyes, la Constitución nacional y tratados internacionales» y que al día de hoy el acuerdo suscripto por Mauricio Macri y Christine Lagarde «no ha sido convalidada ni tratada por el Congreso».

«Los organismos estatales que dictaminaron (Oficina Anticorrupción, Sindicatura General de la Nación, Banco Central y la Procuración del Tesoro) sostuvieron la posible comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y abuso de autoridad; malversación de caudales públicos; y defraudación por administración infiel, en perjuicio de la Administración Pública Nacional», enfatizaron los denunciantes.

En este sentido, los amparistas consideraron que «el Estado no debería estar pagando una deuda con el FMI, cuando la formación de dicha deuda constituyó parte esencial de la comisión de diversos delitos denunciados» y enfatizaron que «esto implica reconocer una defraudación pública, pero continuar con los perjuicios económicos derivados de ella».

«Debe frenarse la profundización de los perjuicios al Estado Nacional hasta que el Congreso Nacional analice la legalidad y constitucionalidad del endeudamiento con el FMI durante el año 2018 o trate un nuevo acuerdo con el FMI», concluyeron.

A la denuncia suscribieron Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz – SERPAJ); Nora Irma Morales de Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora); Ricardo Peidro (CTAA Nacional); Leticia Beatriz Quagliaro (Unidad Popular); Hugo Ernesto Godoy (CTAA Nacional); Beverly Keene (Diálogo 2000); Víctor Norberto de Gennaro (Unidad Popular); Juan Carlos Alderete (PTP – Diputado Nacional); María Eva Koutsovitis (Unidad Popular – El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos); Luis Tiscornia (CONADU Histórica); Oscar «Colo» Gerardo De Isasi (CTAA Nacional); Cecilia Valerga (Coordinadora Serpaj) y Pablo Damián Spataro (CTAA Nacional), entre otros.

(AMBITO) Estiman en $31.500 millones el costo fiscal por cambios en Bienes Personales
De acuerdo con un informe del IARAF la mayor parte del costos será para las provincias que reciben casi el 60% de la recaudación como coparticipación.

El costo fiscal de subir el mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales de $2 millones a $6 millones será de $31.500 millones distribuidos entre 2022 y 2023, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La suba del mínimo no imponible es un beneficio para unas 500 mil personas que hubieran tenido que pagar el tributo por el efecto inflacionario sobre el valor de las cosas. No obstante, por tratarse de un impuesto coparticipable, la merma de los recursos no solo la afronta la Nación. El conjunto de las provincias va a tener que volver a estimar los recursos fiscales del año próximo. Casi el 60% del dinero que genera el tributo tiene por destino a las gobernaciones.

En la versión final de la iniciativa se establece que se va a elevar el mínimo no imponible a $6 millones para los bienes gravados (no incluye acciones o participaciones en el capital) y a $30 millones en el caso de inmuebles utilizados como vivienda propia. Según la OPC la merma de recursos sería de $31.564 millones, de los cuales $24.462 millones corresponden al 2022 y $7.102 millones al 2023.

Un elemento a tener en cuenta es que del total que ingresa por Bienes Personales se coparticipa el 93,73%. El 1,9% ingresa a un fondo de autarquía de la AFIP; $3 millones van al INCUCAI y otra parte se distribuye entre las cajas jubilatorias de las provincias que no se transfirieron a la Nación.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) plantea en un informe sobre la caída de recursos, que el 58,9% va a ser soportado por el conjunto de las provincias. La Nación pierde $12.979 millones, unos $10.057 millones en 2022 y $2.921 en 2023. Las provincias, por su lado, dejan de percibir $18.585 millones, un total de $14.405 millones el año próximo y $4.181 el año siguiente.

“Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe son las provincias más perjudicadas ya que concentran el 24,3%, 9,5% y 9,3% de las pérdidas respectivamente”, advierte el estudio del IARAF. El reporte privado plantea también un análisis de costos por habitante. En el caso de las provincias de bajos ingresos y baja densidad como Catamarca, Formosa, La Rioja, Salta, San Juan y Santiago del Estero, la caída es de $793 anuales por persona. Las de altos ingresos y baja densidad, que son las patagónicas más La Pampa y San Luis, la caída sería de $706. Las de bajos ingresos y alta densidad, como Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Misiones y Tucumán, $585 por persona y las de altos ingresos y alta densidad como Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe, la baja es de $382 anuales por habitante.

El proyecto que finalmente fue aprobado en el Congreso incluye un nuevo tramo de escala del impuesto del 1,5% para los bienes en el país. Se deberá pagar el 1,5%, es decir, un 0,25% más de que se abonaba hasta ahora por los bienes que superen los $100 millones y con ello se espera compensar parte del costo que genera la mejora del mínimo no imponible.

Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), destacó que el oficialismo en el Congreso logró aprobar un proyecto propio, que incluye la alícuota incrementada del 2,25% para contribuyentes con bienes en el exterior. Se trata de una facultad delegada que concluye el 31 de diciembre. Se había incluido su renovación en el proyecto de presupuesto que al final fue rechazado. “La intención del gobierno era que se concentre la recaudación en la parte superior de la pirámide”, explicó.

“Con la suba del mínimo no imponible beneficias a 500.000 personas, pero con la no prórroga de la alícuota incrementada se beneficiaba a 16.000 personas de muy alto poder adquisitivo. Es contradictorio en un país que tiene 40% de pobreza” explicó Letcher. Y estimó que por esa vía el Gobierno logró salvar unos $80.000 millones anuales que de otro modo se hubieran perdido. Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, destacó que si el Senado no aprueba la modificación antes del 31 de diciembre, estos no tendrán efecto para el periodo fiscal 2021, y por lo tanto, comenzarían a regir desde el período 2022.

(INFOBAE) Dólar, tasas e inflación: cómo funcionará “la tablita” de Miguel Pesce durante 2022
Si se cumplen las proyecciones de inflación para diciembre que todos los analistas ubican nuevamente por encima de 3%, la aceleración del tipo de cambio oficial de las últimas semanas podría frenarse

La aceleración del ritmo devaluatorio que impuso el Banco Central desde principios de mes podría entrar, en pocos días, en una nueva pausa. El inicio de la carrera de devaluación y suba de tasas, que se avizoraba a la par de los avances en la negociación con el Fondo Monetario, se enfrenta con un obstáculo insalvable: la inflación. En el nuevo esquema para ajustar el tipo de cambio que tiene en mente el titular del BCRA, Miguel Pesce, existe por ahora margen para sostener un ritmo de depreciación más acelerado, pero eso será válido siempre y cuando la inflación no supere 3% mensual. Con un dato que supere ese registro, tal como se espera para el indicador de este mes, no se verán movimientos mayores del dólar oficial, según confiaron fuentes del BCRA.

La imprevista baja de la inflación en noviembre, que anotó una reducción de 1 punto respecto al 3,5% de los dos meses anteriores, animó al Banco Central a apurar el paso del ajuste cambiario, tras una larga plancha durante todo el año que tuvo un alto costo en términos de reservas y también de ampliación de la brecha. Así, durante los primeros días del mes el dólar alcanzó un ritmo de devaluación anualizado de 35%, tasa que fue aminorando desde la semana pasada en torno a 25%. De ahí que, si se cumplen a la vez tanto las proyecciones de inflación para diciembre que todos los analistas ubican nuevamente por encima de 3% como la premisa que regirá la nueva “tablita” de Pesce, entonces el mercado no debería esperar mayores novedades.

“Desde mayo hasta las elecciones, el Banco Central mantuvo el ritmo de devaluación en 1% mensual, favorecido por el fuerte ingreso de divisas durante el primer semestre. Pero en el segundo semestre, la situación se tensó, se reforzó el cepo, aumentó la brecha. Y después de las elecciones, más por el nivel que por la dinámica, la caída de reservas se profundizó que hoy, ante pagos que hay que hacer, quedan en nivel crítico. En ese contexto, se aceleró levemente la suba del dólar”, sostuvo Martín Polo, jefe de Estrategia de Cohen, quien descarta que el BCRA apunte a empatar la inflación. “La baja de la inflación del mes pasado fue transitoria, en diciembre va a volver a subir y el dólar va a volver a perder contra los precios y también contra las tasas de interés”, pronosticó.

En el BCRA confirman esa presunción ya que admiten que, si bien existe la decisión de ir subiendo la tasa de referencia, ese ajuste no contempla la proyecciones de inflación del mercado relevadas por el REM, que se ubican por encima de 50% para 2022, lo que implicaría un salto intolerable. “Es cierto que hay ciertas anclas, como tarifas y el manejo del tipo de cambio, que el próximo año no van a estar, pero no estamos tomando en nuestras estimaciones la proyección del REM. Nosotros no somos gente de poner la tasa en 70%”, advirtieron en la entidad.

“La baja de la inflación del mes pasado fue transitoria, en diciembre va a volver a subir y el dólar va a volver a perder contra los precios y también contra las tasas de interés” (Martín Polo)
Sin embargo, las razones para avanzar en el reacomodamiento de las tasas son contundentes. Esencialmente, son un incentivo a adelantar exportaciones y también para las colocaciones en el sistema financiero, lo que contribuye a la capacidad del BCRA de aumentar reservas, tal como se discute con el FMI.

Pero lo cierto es que, por ahora, el margen de acción del Banco Central, que hoy anotará en sus reservas el impacto del pago al FMI por USD 1.800 millones, está condicionado por el contexto de incertidumbre y la expectativa por el acuerdo con el Fondo. En la institución monetaria interpretan que el mercado refleja un alto escepticismo respecto del acuerdo y que se mueve como si el acuerdo no se fuera a alcanzar. Por eso, Pesce es tal vez quien más ansioso está dentro de todo el Gobierno por alcanzar ese entendimiento, al que considera alcanzable tal como quedó planteada la negociación en la última misión que integraron funcionarios del equipo de Martín Guzmán y del propio Central. Con reservas al límite y un verano complejo por delante, el presidente Alberto Ferández ya escuchó varias veces su queja. “Cada día que pasa sin acuerdo, nos pega a nosotros”, le repite.

(INFOBAE) El oscuro panorama para la Argentina que prevé Goldman Sachs: actividad, dólar, inflación y otros riesgos para 2022
El gigante de Wall Street distribuyó un informe lapidario respecto de sus proyecciones para la economía local

La Argentina se enfrenta a un 2022 en el que la tasa de crecimiento vista este año, resultado del rebote tras la pandemia, va a desacelerarse en forma abrupta. No se ven en el horizonte cercano soluciones significativas para una inflación que marcha en torno al 50% anual sin anclas a la vista y tampoco para el persistente déficit fiscal, mientras que el peso va a necesitar devaluarse y un programa con el FMI difícilmente sea suficiente para torcer el rumbo. Esa visión tan oscura surge del análisis que hizo sobre el país uno de los gigantes de Wall Street.

El banco de inversión estadounidense Goldman Sachs distribuyó entre sus clientes un análisis de la situación económica de la Argentina y de las perspectivas para 2022 y el futuro inmediato. El reporte, que lleva la firma del economista jefe para América Latina Alberto Ramos, hace un repaso punto por punto por las distintas variables macro para concluir que el escenario está lejos de ser prometedor.
En su análisis citado por Bloomberg Línea, Ramos asegura que la Argentina continúa siendo “un caso aparte” por sus políticas heterodoxas y su estrategia monetaria permanentemente laxa. El economista espera que la economía local enfrente vientos de frente debido a sus múltiples desequilibrios -inflación muy alta y presiones cambiarias impulsadas en parte por la emisión monetaria para financiar el déficit público-, además de todo tipo de desequilibrios microeconómicos resultado de regulaciones.

“Se prevé una fuerte desaceleración del crecimiento en 2022, pero no de la inflación. El ajuste fiscal es urgente, pero no se está buscando. El ajuste del tipo de cambio es una necesidad”
El stock de reservas es “peligrosamente bajo” sin que se esperen giros de política económica orientados a mejorarlo. Y sin dar por hecho un acuerdo con el FMI, Ramos tampoco deposita muchas esperanzas en que alcance para un cambio de rumbo.

“Se prevé una fuerte desaceleración del crecimiento en 2022, pero no de la inflación. El ajuste fiscal es urgente, pero no se está buscando. El ajuste del tipo de cambio es una necesidad, pero es una cuestión de difícil gestión dado el entorno de inflación muy elevado, superior al 50%. Las cuentas exteriores están ancladas por controles amplios pero insostenibles. En nuestra línea de base no prevemos grandes reformas fiscales y/o de fomento del crecimiento. Por último, tras los malos resultados de las elecciones de mitad de mandato, el Gobierno entrará en 2022 con un capital político y una representación en el Congreso reducidos”, sentenció.

A continuación, detallamos siete claves del sombrío panorama que traza Goldman Sachs para la economía argentina.

Actividad económica

El crecimiento de en torno a dos dígitos que caracterizó a 2021, luego del abrupto desplome de 2020, no se sostendrá según Goldman Sachs.

“Esperamos que el PIB real crezca un 9,9% en 2021, compensando la mayor parte de la gran contracción del 9,9% en 2020. Esperamos que el crecimiento se reduzca significativamente en 2022, hasta el 2,9% (potencialmente menos), dado el peso acumulado de los desequilibrios macroeconómicos, las distorsiones de los precios micro y relativos, la disminución del stock de capital físico, la falta de reformas que potencien el crecimiento y, en general, la escasa credibilidad de las políticas”, escribió Ramos.

Inflación

El 50% anual es la nueva velocidad crucero del nivel general de precios, según el informe.

“Se prevé que la inflación general finalice en 2021 por encima del 50%, y estimamos al menos 10 puntos de inflación reprimida debido al amplio conjunto de controles de precios y la estricta gestión de las tarifas públicas. Las expectativas de inflación están a la deriva y la dinámica de la inflación es ahora muy inercial y persistente. Esperamos que la inflación se mantenga en el rango del 50% en 2022, dada la rápida expansión de la liquidez interna impulsada por la monetización de los déficits fiscales, y los controles monetarios y de precios cada vez más ineficaces e insostenibles”, sostuvo Goldman Sachs.

Dólar

Para Ramos, “el peso argentino necesita devaluar”.

“revemos una devaluación considerable del peso, fuertemente gestionado, (hasta $160 para finales de 2022)”
“La brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal supera el 100%. Prevemos una devaluación considerable del peso, fuertemente gestionado, (hasta $160 para finales de 2022) y el restablecimiento de algunos controles de precios y tarifas reguladas obsoletas. Sin un marco político creíble respaldado por un ajuste fiscal estructural y una política monetaria más estricta, cualquier ganancia de competitividad exterior derivada de la devaluación de la moneda será probablemente efímera, ya que avivará la inflación. Esperamos que la política monetaria siga siendo flexible en 2022, y que esté subordinada en gran medida a la dinámica fiscal”, afirma el reporte.

Gasto y déficit

El frente fiscal mejoró en 2021, pero más que nada por la asignación de derechos especiales de giro (DEG) del FMI y el impacto del Impuesto a la Riqueza. Para 2022, Goldman Sachs no espera una continuidad de esa mejora.

“Las cifras oficiales del saldo fiscal primario para 2021 reflejarán el impacto puntual de la asignación de DEG del FMI (1,0% del PIB) y del impuesto sobre el patrimonio (0,6% del PIB). Por lo tanto, se prevé que el saldo fiscal primario aumente en 2022, incluso si se produce un modesto ajuste. Un nuevo programa del FMI podría implicar una senda de ajuste fiscal gradual a medio plazo, pero es probable que se cargue a posteriori y que carezca de credibilidad”, analizó el informe.

Balanza cambiaria

En el frente externo, mientras tanto, Ramos espera que el Gobierno logre mantener un pequeño superávit comercial. Aunque la cuenta capital, financiera, permanecerá tensionada.

“Esperamos que el superávit de la balanza por cuenta corriente se reduzca de más del 1% del PIB en 2021 a un pequeño 0,5% del PIB en 2022, gracias a un superávit comercial aún sólido impulsado por la firmeza de la relación de intercambio de las materias primas y la moderación de la demanda interna. En general, como en los últimos años, en 2022-23 los principales retos y vulnerabilidades de la balanza de pagos residen en la cuenta de capital”, aseguró.

Acuerdo con el Fondo

En cuanto a un eventual acuerdo con el FMI, principal esperanza de los inversores, Goldman Sachs no está seguro de que se concrete y, aún en caso de que sí, tampoco espera un impacto determinante del mismo.

“El FMI (más o menos) lo quiere, las autoridades (más o menos) lo quieren y, sin embargo, ha sido muy difícil cerrar el acuerdo”, escribió Ramos.

“No esperamos que el panorama macroeconómico a corto plazo mejore significativamente, incluso con un programa del FMI”
“El mercado ha estado esperando y deseando un nuevo programa del FMI desde la última operación de reestructuración de la deuda de Argentina (agosto de 2020). Las perspectivas macroeconómicas de Argentina en los próximos 2-3 años estarían condicionadas por las políticas, reformas y objetivos de rendimiento acordados en el contexto de un nuevo programa del FMI. Pero no todos los programas son iguales, y la probabilidad de una negociación fallida, o de un programa fallido, no es baja”, agregó.

“En cualquier caso, no esperamos que el panorama macroeconómico a corto plazo mejore significativamente, incluso con un programa del FMI. Aunque un programa no sea el presagio de una mejora de las políticas y de los resultados macroeconómicos, el hecho de no alcanzar un acuerdo enviaría una señal negativa y empeoraría aún más una situación macroeconómica compleja, potencialmente inmanejable”, concluyó.

Equilibrio político

Por último, desde el punto de vista político las internas dentro de la coalición gobernante y la pérdida de peso legislativo del oficialismo hacen difícil implementar políticas sólidas.

“Con el mal resultado de las elecciones de mitad de mandato, el gobierno de Alberto Fernández salió debilitado políticamente y el desacuerdo interno sobre la dirección de la política podría aumentar aún más. Perder el control del Congreso implica que el gobierno tendrá que negociar con una oposición más fuerte y revitalizada. Esto podría dar lugar a controles y equilibrios más eficaces, pero también a un proceso de elaboración de políticas más ruidoso y volátil”, concluyó el informe.

(CRONISTA) A cuánto caerán las reservas netas tras el pago por u$s 1900 millones al FMI
El Gobierno afrontará el pago de capital por u$s 1900 millones y casi agotará los DEGs que recibió en agosto. En el mercado advierten que el nivel de reservas netas sería insuficiente para afrontar pagos más allá de marzo

El Banco Central (BCRA) le pagará u$s 1900 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y sus reservas caerán a su nivel más bajo en 10 meses. Pese a las duras críticas que Cristina Kirchner lanzó contra el organismo hace apenas 12 días, el Gobierno afrontará el pago de capital correspondiente al mes de diciembre, lo que llevará a las reservas internacionales a perforar el piso de u$s 40.000 millones y a ubicarse en niveles similares a los que mostraban a principios de febrero.

Para hacer frente al pago, la autoridad monetaria echará mano al remanente de los 3055 millones de Derechos Especiales de Giro (DEGs), equivalentes a u$s 4334 millones, que recibió en agosto por parte del propio FMI. Se estima que una vez efectuado el giro, al Central le quedarán alrededor de u$s 200 millones de ese monto que recibió cuatro meses atrás.

Pero en el mercado, la preocupación pasa por otro número. Estimaciones privadas calculan que, tras el pago, el nivel de reservas netas quedará por debajo de los u$s 4000 millones.

Un reciente informe de Goldman Sachs alertó precisamente sobre ese bajo nivel de reservas. «El stock de reservas internacionales netas utilizables se está agotando peligrosamente», advirtió.

Según cálculos de Francisco Ballester, director en MindY-Economics, la consultora fundada por el ex presidente del BCRA Guido Sandleris, las reservas netas rondan hoy los u$s 5000 millones, por lo que caerían a u$s 3140 millones en las próximas horas.

«Mi estimación es que ese monto no es suficiente para llegar a fines de febrero, dadas las necesidades de dólares», alerta. Y detalla: «En enero vencen u$s 720 millones con el FMI y en febrero, otros u$s 380 millones. El 9 de enero vencen intereses de los bonos step up reestructurados por unos u$s 600 millones y entre enero y febrero vencen unos u$s 450 millones con Instituciones Financieras Internacionales, de los cuales u$s 200 millones son con el Club de París».

«Entre esas tres cosas tenés pagos por unos u$s 2150 millones, con lo cual te quedarían reservas netas por u$s 1000 millones», indica. Por ello es que cree que «la alternativa que van a utilizar es profundizar los cepos, sobre todo en importación de bienes y en turismo».

El economista de MindY-Economics incluso señaló otro factor de preocupación: «Con este nivel de reservas, la liquidación de la cosecha de soja va a tender a retrasarse ante la expectativa de una devaluación».

Lorena Giorgio, economista jefe de la consultora Equilibra, calcula que al 20 de diciembre las reservas netas se situaban en torno a los u$s 3850 millones. «En nuestros cálculos neteamos el stock de DEGs del FMI, porque a pesar de que el BCRA los compró como parte de la maniobra contable que se hizo en septiembre, en enero se van a terminar de transferir al Tesoro contra letras intransferibles. Es decir que en realidad no serían reservas de libre disponibilidad, por lo que el pago al FMI no impactaría sobre ese número», precisó.

La economista de Equilibra recuerda que, según sus estimaciones, el BCRA cerró 2020 con reservas netas por unos u$s 3300 millones, por lo que «hoy están unos u$s 500 millones por encima».

No obstante, 2022 luce mucho más desafiante en términos de vencimientos de lo que fue 2021. Por ello es que Giorgio advierte que si el Gobierno no alcanza un acuerdo con el FMI antes de marzo, a la Argentina no le quedará otra opción que defaultearle al organismo y al Club de París. «No le podes pagar, no hay forma. Ya en enero te quedás sin DEGs».

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