(AMBITO) La tarifa de gas subirá hasta 20% para los residenciales y un 15% para las pymes a partir de marzo
El Gobierno nacional autorizó un aumento en las tarifas del gas del 17% promedio a partir de marzo próximo. Las empresas habían pedido que ese ajuste llegue al 80%

El Gobierno nacional autorizó un aumento en las tarifas del gas del 17% promedio a partir de marzo próximo. Según pudo saber Ámbito, los usuarios residenciales tendrán un incremento de entre 19% y 20%, como había anticipado el secretario de Energía, Darío Martínez, mientras que para las pymes será de entre 14% y 15% en la tarifa final.

La medida se oficializó este miércoles con la publicación del Decreto 91/2022 en Boletín Oficial, que establece ajustes para las empresas productoras y distribuidoras de gas de entre 36% y 70%, según el usuario. En la audiencia pública las compañías habían solicitado incrementos en las tarifas finales de entre 76% y 80% en promedio.

Sin embargo, la decisión final fue optar por otro camino, para evitar un mayor impacto inflacionario y para proteger el bolsillo de los usuarios y de las pequeñas y medianas empresas, que impulsan la producción nacional. Por eso, en el costo final del cliente residencial el 20% de aumento del gas se verá reflejado en un adicional de unos $300 por cada factura de $1.500, lo que marca una amplia diferencia con los pedidos de las distribuidoras y productoras. Los aumentos comienzan a regir a partir de marzo, pero se empiezan a pagar en abril.

El Decreto 91/2022, de apenas 10 artículos y 11 Anexos, puso en vigencia los nuevos Acuerdos Transitorios de Renegociación – Régimen Tarifario de Transición entre las empresas, el Enargas y el Estado nacional. Estos Acuerdos habilitaron aumentos para las distribuidoras y productoras. Por ejemplo, Camuzzi recibió una adenda en el cargo fijo de 36% para residenciales, 35% para el servicio general P, 35% para GNC, 70% para Grandes Usuarios, 10% subdistribuidores y 50% para el servicio general G. Lo mismo se resolvió para GasNOR, Distribuidora de Gas Cuyana, y Distribuidora del Centro, entre otras.

(AMBITO) Gobierno y FMI buscarán modificar la ley penal cambiaria y darle más poder al BCRA
La Casa Rosada (y el FMI) quieren que el BCRA regule y supervise un conjunto más amplio de transacciones que afectan la balanza de pagos.

El Gobierno trabaja en una propuesta para modificar el régimen penal cambiario. Para ello le dará más poder de control y sanción al Banco Central (BCRA), en coordinación con AFIP y Aduana. La Casa Rosada (y el FMI) quieren que el BCRA regule y supervise un conjunto más amplio de transacciones que afectan la balanza de pagos. La finalidad pareciera ser tener mayor poder de policía para detectar y castigar todo tipo de maniobra irregular tendiente a defraudar al Estado mediante el aprovechamiento de las divisas a un tipo de cambio ventajoso. Los primeros apuntes, la intención de avanzar en este sentido, ha quedado de manifiesto en las conversaciones con el FMI. Esos diálogos -hoy devenidos parte de un rosario de propuestas y compromisos asumidos con el organismo- tendrán su rúbrica en las próximas semanas.

El argumento central para incorporar en su derrotero esta modificación tiene su raíz en una ecuación que recorre transversal todas las conversaciones entre el ministro Guzmán y la negociadora Julie Kozack: la Casa Rosada ha conformado en su propuesta una arquitectura futura de menores gastos y mayores ingresos. Esos mayores ingresos implicarían también un mejor control de las divisas y su utilización, tanto a nivel impositivo como también cambiario. La intención del Gobierno es avanzar en esta modificación hacia fines de este año, previo trabajo mancomunado con el FMI. Según se desprende del documento que se trabaja para ser enviado al Congreso, pretende “mejorar la efectividad y equidad” del régimen de administración de flujos de capital, es decir el ingreso y la salida de dólares financieros del país.

Con respecto a esto, señala que la administración de la cuenta capital -de la cual deriva el cepo cambiario, pero también las distintas ventanillas del tipo de cambio financiero- “seguirá siendo un elemento clave de nuestro conjunto de herramientas que requerirá una calibración continua en el marco de circunstancias que según como evolucionan las circunstancias”.

Guzmán señala que recientemente se ha dejado sin efecto ciertas regulaciones que limitaban la negociación de títulos en divisas. Y sostiene en el documento que “…a medida que las condiciones se normalicen, intentaremos flexibilizar las regulaciones sobre pagos a la importación para apoyar la recuperación económica”.

Ahora bien. Ligado a esto, avanza en la idea de impulsar la “supervisión y aplicación de las medidas de control cambiario” mediante una mejor recopilación de datos y un mejor seguimiento de las operaciones. También promete al FMI una mejor coordinación entre los organismos pertinentes (BCRA, AFIP, Aduanas) para optimizar la detección de fraudes.

Sin embargo, va más allá cuando menciona “la introducción de la autorización de multas administrativas para hacer más eficiente el marco de sanciones y mejorar la oportunidad de aplicación de las medidas de control”.

Aquí anuda entonces la propuesta de modificación al régimen penal cambiario que, dice el documento, se presentará al Congreso a más tardar a fines de 2022. En esa línea, la intención del Gobierno es también “examinar la posibilidad de ampliar las facultades del BCRA para regular y supervisar un conjunto más amplio de transacciones que afectan a la balanza de pagos de Argentina”.

Por supuesto también el Gobierno abre una ventana de expectativa. Sostiene que se tendrá en cuenta el diseño de una “hoja de ruta estratégica” para el alivio gradual de los controles cambiarios “definiendo las condiciones necesarias para su implementación y sus objetivos”.

Un detalle no menor es la mención de un “plan de trabajo”, que “se preparará en consulta con el personal del FMI, se basará en experiencias internacionales relevantes y al mismo tiempo tendrá en cuenta factores específicos de Argentina, incluido su perfil de deuda pública, cobertura de reservas y alto grado de dolarización”.

Cambios comprometidos

El Régimen Penal Cambiario es el que aplica sanciones de multa y prisión. La particularidad es que el BCRA actúa, hasta ahora, como un juez de instrucción. Aquí es donde el Gobierno quiere darle mayor poder a la entidad, para imponer control y castigo. Las infracciones a la normativa que rige el control de cambios son sancionadas por la Ley 19.359 que data del año 1971.

Siempre hablando en materia cambiaria, y desde el punto de vista de las personas y empresas, según los especialistas, la responsabilidad en este rubro es de tipo penal, es decir que la falta implica consecuencias con mayor rigor que una mera multa administrativa.

Tal como hoy está vigente, el incumplimiento del Régimen Penal Cambiario se presenta como un “delito” y, como tal, los imputados son sometidos a un tratamiento legal similar al que puede tener alguien que ha sido procesado por un delito contra la propiedad, como robo o hurto. Por ejemplo, durante el proceso de sustanciación del sumario penal cambiario, el Banco Central puede imponer medidas de porte, como prohibir la salida del país, trabar embargos, etc. De hecho, quienes son encontrados como organizadores y hasta aquellos que participan de alguna maniobra, depende el caso, pueden ser denunciados por asociación ilícita, una figura que ostenta una pena máxima de 10 años. Ligado a esto, muchas veces deriva en cargos por lavado de dinero, evasión tributaria o intermediación financiera no autorizada.

Como se dijo, el Régimen Penal Cambiario actual no solo sanciona a las personas humanas que hubieran cometido una infracción, sino también a la empresa. Las actividades que se sancionan pueden ir desde una negociación de cambio que se haga sin intervención una de institución autorizada, declaraciones falsas vinculadas con las operaciones de cambio, olvidos u omisiones a la hora de rectificar las declaraciones producidas (o efectuar los reajustes correspondientes), incluso operaciones que no se perfeccionen por la cantidad, moneda o incluso la cotización, en los plazos y condiciones establecidos. Los especialistas sostienen que la multa se hace efectiva solidariamente sobre el patrimonio de la compañía y de los directores, representantes legales, mandatarios, gerentes o síndicos.

A menudo sucede que, ante una infracción formal, como la omisión de liquidar en el plazo previsto las divisas del cobro de una exportación, por más insignificante que sea el monto, deriva en un sumario cambiario sobre el apoderado de la empresa que firmó el boleto de cambio, el responsable del área de comercio exterior, el presidente de la sociedad, y en algunos casos, todos los miembros del directorio.

(AMBITO) Más impuestos y menos subsidios: plan para la meta fiscal con el FMI
Para bajar medio punto el déficit primario en 2022, habrá un revalúo inmobiliario, segmentación tarifaria, recorte en jubilaciones de privilegio y mayor injerencia de la AFIP.

El Gobierno deberá bajar el déficit fiscal en medio punto del PBI este año, para cumplir con la meta fiscal pactada con el FMI: en 2021, fue de 3% del producto y este año deberá cerrar en 2,5%. Sin embargo, el año pasado el aporte extraordinario a las grandes fortunas aportó 0,5% del PBI, por lo que en la práctica la baja a lograr es de 1 punto del PBI. Para lograrlo, hará varios cambios, cada uno con poco impacto fiscal, por el lado de los ingresos y de los gastos.

No habrá nuevos impuestos y el crecimiento económico sumará mayor recaudación, proyectan en el Gobierno. La estimación oficial para 2022 es un aumento del PBI de entre 3,5% y 4,5%, que significará que la economía volverá a crecer dos años seguidos después de una década. Con este crecimiento, para cumplir con la baja del déficit y que crezca el gasto en términos reales, se necesita además una mejora de por lo menos 0,3 puntos de los ingresos totales, según PxQ.

Gastos
Por el lado de los gastos, habrá un recorte en los subsidios energéticos, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, buscará que sea de un 0,6% del PBI. Una parte lo aportará la segmentación de tarifas: la eliminación de los subsidios a la electricidad al decil más alto de consumidores residenciales del AMBA y otras nueve áreas urbanas implicaría un ahorro del 0,08% del PBI. No se descarta seguir ampliando esa segmentación.

Otra parte en ese ahorro energético lo aportará la reducción de subsidios a los costos de la energía para usuarios comerciales y para los grandes usuarios industriales. Si bien el plan gas redujo a la mitad el precio garantizado del gas (de u$s7,5 a u$s3,5 por millón de BTU) y las tarifas de luz y gas aumentarán en un 20% para toda la población, la reducción de los subsidios energéticos en esa proporción luce “muy difícil”, según aseguró el economista Julián Rojo, especializado en temas energéticos.

“Hay alternativas para bajar el costo de la energía por el lado de la oferta en un contexto normal, pero ahora los precios internacionales están al alza. El GNL pasó de u$s8 a u$s25, y el barril de petróleo se encamina a los u$s100, algo histórico, cuando hace un año estaba u$s50, y la expectativa es que los precios sigan altos”, describió Rojo.

Otro de los recortes se aplicará en las jubilaciones, en los regímenes especiales de diplomáticos y servicio exterior, confirmó el presidente Alberto Fernández. Hay 7.150 beneficios para el Poder Judicial, con un haber medio de $519.611, y 665 del Servicio Exterior, con un haber medio de $563.372 por mes. El pago de ANSES a estos dos sectores representó en diciembre el 1,4% del total de las jubilaciones. El impacto fiscal sería bajo, anticipó Rafael Rofman, economista de Cippec: “Entre ambos sistemas gastan 0,082% del PBI, porque si bien tienen haberes altos, son pocas personas. Y por más extrema reforma que hagas, no afectás a los que ya cobran, sino a los nuevos beneficiarios. El año pasado hubo 180 altas”.

En cuanto a recorte de gastos, habrá “acciones para limitar transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales”, según el borrador preliminar del acuerdo con el FMI. Los subsidios a las empresas públicas equivalen al 1,2% del PBI, según la consultora Idesa. “Un área que merece especial atención son las empresas públicas. Es una flagrante inequidad que de cada $1 que se destina a la AUH, se asignan $2 a las empresas públicas”, describió en un informe.

Ingresos
Por el lado de los ingresos, no habrá nuevos impuestos, pero sí mayores ingresos por cambios en tributos actuales. El Ministerio de Economía considera que el crecimiento del empleo significará mayor recaudación de aportes y las contribuciones. Los cambios que se votaron en el Congreso en el impuesto a los Bienes Personales implicarán una mejora del 0,1% del PBI en la recaudación, según información oficial.

Un impacto más importante en ingresos lo dará la administración tributaria de AFIP. Además de evitar amnistías fiscales, implementarán un plan estratégico para abordar el incumplimiento, que podría mejorar la recaudación en 0,3% del PBI, neto de coparticipación, aunque recién en 2023. Además, se aplicará un revalúo inmobiliario a nivel federal, con un rendimiento neto de coparticipación del 0,1% del PBI en 2022.

(AMBITO) El Gobierno negociará con dos trumpistas (BID y Banco Mundial)
Los organismos son manejados por Mauricio Claver-Carone y David Malpass, exfuncionarios de Donald Trump. Varias políticas complementarias del acuerdo con el Fondo serán coordinadas con ellos.
Durante el tiempo que dure el Facilidades Extendidas Reloaded con el Fondo Monetario Internacional, Argentina deberá profundizar sus relaciones con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos dos organismos serán las cajas a las que deberá recurrir el país para avanzar en créditos para profundizar políticas sociales o grandes obras de infraestructuras, además de planes de modernización de la administración del gasto público.

Martín Guzmán negocia también un capítulo, para los intereses del Palacio de Hacienda, aún más importante. Que estos organismos multilaterales (y quizá otros), giren dólares frescos por fuera de las líneas habituales; para reforzar durante los ejercicios 2022 y 2023 los niveles de reservas, pero con la posibilidad de habilitarlos para cubrir parte del financiamiento de la demanda de divisas para la producción industrial. Esto liberaría pesos para cubrir los déficits fiscales comprometidos de 2,5% de este año y de 1,5% del próximo ejercicio. Si bien no hay montos comprometidos, desde el Ejecutivo se habla de la alternativa que sean no menos de u$s2.000 millones por ejercicio…

A los ojos del cuerpo técnico del FMI, esta operación es posible, junto con la profundización de los otorgamientos de créditos para apoyar y complementar el cumplimiento de lo que se firme en el Facilidades Extendidas. Pero todo dependerá de lo que suceda en el momento de votación del board del organismo, donde los accionistas más importantes son además los financistas del BID y el Banco Mundial. Por lo que se sabe, siempre que Argentina vaya cumpliendo con las pautas y variables comprometidas en el Facilidades Extendidas, desde esos bancos multilaterales hay voluntad de acompañamiento.

El problema para Argentina es político. En los tiempos que le tocó vivir la relación al Gobierno de Alberto Fernández y la coalición oficialista, las conducciones en ambas entidades internacionales hacen ruido. El BM está manejado por David Malpass, un norteamericano que tiene mandato hasta abril de 2024 y llegó al cargo luego de haber sido uno de los organizadores (y sponsor) de la campaña presidencial que llevó a Donald Trump a la presidencial, para ser luego subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos entre 2017 y 2019. Se encargó desde ese cargo de representar a su país en las cumbres del G20 y de sostener las relaciones con los organismos financieros internacionales. Desde esa plataforma fue muy crítico, aportando un contenido ideológico alto. Consideró a los organismos como “intrusivos” y “atrincherados”, embistió contra los créditos bilaterales chinos y opinó que el “multilateralismo” de este tipo de instituciones ha “ido demasiado lejos”.

Más polémica fue la llegada de Mauricio Claver-Carone al BID. Abogado de origen cubano nacido en Miami, fue uno de los principales asesores de la campaña de Trump en su relación con la comunidad latina, a partir de su posición crítica contra Barak Obama y su política de acercamiento con La Habana. Con la llegada de Trump a la Casa Blanca, se convirtió en el principal funcionario del republicano en cuanto a la relación con América Latina desde su cargo de asistente especial del presidente y director principal de la Dirección de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

Su impulso como titular del BID fue polémico. Aunque no por escrito, la tradición indicaba que la titularidad del organismo la ocupara un latinoamericano, pese a que EE.UU. sea el principal financista de la entidad. Sin embargo, se impuso la voluntad de Trump y Claver- Carone fue apoyado por Brasil, Bolivia, Uruguay, Colombia, El Salvador, Guyana, Haití y Paraguay, además de, obviamente, los Estados Unidos y Canadá.

Si bien tendió siempre puentes con Buenos Aires, dentro de la coalición oficialista se lo recuerda como el responsable de una confirmación. El ahora titular del BID dijo en julio de 2020, durante un evento diplomático vía Zoom, que “Trump consideraba a Mauricio Macri una pieza clave en el tablero geopolítico de América Latina y utilizó todo su poder institucional para sostener al Gobierno de Cambiemos”. Con el tiempo la frase se convertiría en una de las argumentaciones principales de la acusación judicial presentada por el Gobierno contra funcionarios de Mauricio Macri y de la conducción del FMI, en los tiempos del otorgamiento del Stand By de 2018.

Es con estos dos trumpistas de ley, con los que el Gobierno deberá negociar la complementariedad del acuerdo con el FMI. Difícil.

(AMBITO) En enero, el superávit comercial fue de u$s296 millones (cae 70% vs. 2021)
La balanza tuvo un saldo positivo de u$s296 millones en el primer mes de 2022, lo que representó una caída del 70% interanual. A

El intercambio comercial arrojó un leve superávit durante enero, condicionado por un mayor crecimiento de las importaciones. Según publicó ayer el INDEC, las exportaciones se incrementaron 12,9% interanual hasta los u$s5.547 millones en el primer mes del año, mientras que las importaciones treparon 36,6% a u$s5.251 millones. Así, la balanza cerró con un saldo favorable de u$s296 millones, por debajo de los u$s1.068 millones alcanzados en el mismo mes del año anterior.

El superávit se debe, fundamentalmente, a que los precios de las exportaciones mantuvieron una mayor suba que los de las importaciones en la comparación interanual (20,5% versus 13%).

En cuanto a los valores exportados, desde la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería destacaron por su parte que se observó un crecimiento del 21% frente a enero de 2019 y 12,9% superior al mismo mes de 2020.

“Con este incremento, las exportaciones acumulan trece meses consecutivos de crecimiento mientras que el total exportado durante enero constituye el segundo mayor valor histórico para este periodo del año, sólo superado por el primer mes de 2008”, señalaron desde la Secretaría.

Según INDEC, por rubros, las exportaciones de productos primarios se incrementaron 79,6% de forma interanual; las manufacturas de origen industrial, 32,2%; y los combustibles y energía, 12,5%; en cambio, las manufacturas de origen agropecuario registraron una baja de 24,2%. Las importaciones se incrementaron como consecuencia de una suba de 20,5% en las cantidades y de 13% en los precios; y, en términos desestacionalizados, disminuyeron 12,5%.

“En enero se vio una fuerte reducción del superávit, un 70% interanual, que también estuvo influido por un enero atípico como fue el año pasado, cuando se estaban restableciendo las operaciones en los puertos tras los conflictos gremiales que hubo en diciembre de 2020. Por lo que es un dato a tener en cuenta”, analizó a Ámbito el consultor económico Santiago Manoukian, quien agregó: “Más allá de eso, es importante cómo vienen ayudando los términos de intercambio, que el año pasado explicaron casi el 50% del superávit que tuvo el país. Este año, van a seguir siendo relevantes, sobre todo en el desafío de acumular reservas internacionales en el marco del acuerdo con el FMI a través de la principal fuente genuina, que son las exportaciones. Y, más precisamente, el saldo comercial. Porque eso es finalmente lo que va a terminar definiendo la capacidad de absorber divisas en el MULC al Banco Central”.

Lo que viene
Diversos factores, tanto globales como locales, hacen prever que en 2022 el superávit comercial será menor al del año pasado, cuando alcanzó los u$s14.750 millones. “Para este año se espera una caída del superávit comercial en relación al año pasado. El desafío es no atrasar más el tipo de cambio, eso debería vislumbrarse en una suba del tipo de cambio más parecida a la inflación”, sostuvo Manoukian, quien agregó: “El panorama del comercio exterior es un poco más desafiante este año, en parte porque va a haber un crecimiento más lento del PBI, porque China desacelera su crecimiento y porque sigue habiendo expectativas de que la suba de tasas de la Fed impacte en el precio de los commodities en algún momento. Y la persistencia de los cuellos de botella en la oferta de algunos insumos y la moderación del crecimiento de Brasil, son factores adicionales para pensar cómo puede evolucionar el intercambio comercial”.

En la misma línea, desde LCG analizaron que “2022 se perfila con un escenario nacional e internacional menos favorable para el comercio exterior del país”. “Esperamos menores exportaciones producto de la conjugación de varios factores: por un lado, los productos primarios y parte de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se verán afectadas por las condiciones climáticas adversas (de convalidarse el escenario esperado, estimamos que la pérdida rondará los u$s3.000 millones) y por el otro, las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) dependerán en gran parte de los senderos de crecimiento de los principales socios comerciales de Argentina, los cuales se espera disminuyan respecto a 2021. En suma, esperamos que las exportaciones se encuentren alrededor de los u$s75.000, lo que representaría una caída del 3% interanual”, remarcaron desde la consultora

“Por su parte, las importaciones dependerán en gran medida del nivel de exportaciones debido a que en el contexto de escasez de divisas que la economía atraviesa. En este sentido, en un contexto de cuenta capital cerrada, los dólares necesarios para adquirirlas deberán a provenir de las liquidaciones de exportaciones que se ejecuten. Adicionalmente, esperamos un menor dinamismo en el crecimiento de la economía, lo que compensará en gran medida la demanda de productos al exterior”, señalaron desde LCG, por lo que para este año estiman un superávit total de u$s8.000 millones, lo que implicaría una caída del 46% respecto al de 2021.

(INFOBAE) Qué falta para que la Argentina y el FMI cierren su acuerdo, a un mes del próximo vencimiento por USD 2.800 millones
En seis días, la Argentina deberá pagar USD 200 millones al Club de París. Y el 22 de marzo, otros USD 2.824 millones al Fondo Monetario. El Gobierno prevé una negociación abierta al menos hasta el fin de semana. Ocho claves para entender la negociación
La cuenta regresiva marca que en exactamente un mes el Gobierno debería pagarle al Fondo Monetario Internacional USD 2.824 millones de un vencimiento previsto en el calendario de devoluciones del crédito de 2018. Esa fecha funcionó durante estas semanas como “pivote” y referencia para el equipo económico y el staff del organismo, que se engarzaron en negociaciones full time sin días francos para cerrar la brecha de aspectos técnicos que separan a Buenos Aires y Washington de un entendimiento definitivo.

En el Gobierno cedieron al optimismo inicial que había hasta la semana pasada, cuando estimaban que las conversaciones podrían estar cerradas en cuestión de días. El fragor de la negociación llevó al equipo económico a aplazar la zona de definición al menos hasta este fin de semana, con la intención de presentar en el Congreso el memorando técnico firmado por el ministro de Economía Martín Guzmán y el presidente del Banco Central Miguel Pesce la semana próxima y que inicie su camino legislativo.

La idea original en los despachos ligados a la negociación técnica con el Fondo Monetario era cerrar a tiempo la letra chica del acuerdo Extended Fund Facility (EFF) para darle un mes de tiempo al ala política del Frente de Todos para que consiga pasar el plan económico plurianual consensuado con el FMI por el parlamento, que luego sea girado al directorio del organismo y que allí consiga la luz verde final.

Para que eso suceda, todavía el Gobierno necesita afinar la sintonía con el staff del Fondo en algunos elementos decisivos del programa económico, que durará dos años y medio. Luego de esa primera etapa del EFF, sobrevendrán los años de devolución del nuevo préstamo que el Fondo Monetario le hará a la Argentina para que pueda afrontar los pagos del crédito anterior y fallido, de 2018.

Ocho claves para un mes decisivo

-Puntos sin definición: el memorándum de entendimiento con el FMI estaba ya incluso hace algunos días en un estadio avanzado, con la mayor parte de su letra chica diagramada y con los principios rectores del acuerdo ya redactados por el Ministerio de Economía.

El ritmo y tamaño de los desembolsos es uno de los primeros ítems que forma parte de las cuestiones aún sin resolver. La expectativa del Gobierno es poder contar con un primer aporte de (al menos) USD 7.500 millones en marzo, que incluya los Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Gobierno ya usó para pagar deuda al Fondo en los últimos meses.

El memorándum de entendimiento con el FMI estaba ya incluso hace algunos días en un estadio avanzado, con la mayor parte de su letra chica diagramada y con los principios rectores del acuerdo ya redactados por el Ministerio de Economía
Otro tema es cuál será el nivel de crecimiento del PBI en los años en que dure el programa, al menos en los primeros tres años en que hay metas exigibles. La inflación también fue un tema de conversaciones y de tira y afloje entre el Gobierno y el organismo. El Poder Ejecutivo confía en una pauta de suba de precios para este año cercana al 40% y el FMI está más alineado con las proyecciones del sector privado.

También formaron parte del debate entre la capital argentina y la norteamericana un plan para los subsidios y tarifas. Los lineamientos principales que fueron anunciados el 28 de enero no incluyeron metas mensurables de recorte del gasto en subvenciones, pero el FMI remarcó que su reducción “sostenida” es un elemento decisivo del programa macroeconómico plurianual.

-Fechas clave: hay varias fechas que operan como referencia en el proceso de refinanciación de la deuda con el FMI. La primera ya sucedió: el 28 de enero el Gobierno tenía que pagar más de USD 700 millones al organismo por un vencimiento de deuda. Esa misma mañana el Ministerio de Economía anunció el primer entendimiento técnico. El giro de divisas a Washington, a pesar de la endeble situación de reservas del Banco Central, se realizó igual.

La fecha clave más próxima no influirá de forma directa en la negociación pero sí la tocará de manera lateral. Se trata del segundo pago del acuerdo “puente” al que llegaron el Gobierno y el Club de París a mediados del año pasado, para evitar un default con ese grupo de países acreedores a los que el Estado les debía unos USD 2.400 millones y el plazo para el repago ya había finalizado.

El lunes próximo el Poder Ejecutivo debería girar unos USD 200 millones a los países que integran ese foro. Al considerar el primer pago del año pasado, serán en total pagados a la entidad USD 430 millones. El 31 de marzo termina ese período “puente” luego del cual el Ministerio de Economía negociará una nueva reestructuración. Ese proceso está atado a la suerte del acuerdo con el FMI.

La fecha clave más próxima no influirá de forma directa en la negociación pero sí la tocará de manera lateral. Se trata del segundo pago del acuerdo “puente” al que llegaron el Gobierno y el Club de París a mediados del año pasado
El 21 y 22 de marzo son las fechas centrales en el calendario hacia adelante. Esos dos días la hoja de ruta del pago de la deuda muestra que el país debería devolverle al Fondo Monetarios USD 2.824 millones. Solo si el Gobierno llega a tener un programa financiero aprobado por el directorio podría contar con un primer desembolso desde Washington que le permitiese cumplir con ese vencimiento.

De otra forma, como esa cantidad de dólares no están en el BCRA, la Argentina entraría en situación de incumplimiento. No obstante, en un medio de una negociación avanzada en marcha -y a esa altura- posiblemente en la recta final de todo el proceso, un impago de estas características no implicaría un problema serio.

Una vez terminada la etapa de refinanciación, cuando el acuerdo esté vigente, comenzarían las revisiones trimestrales. Si se cumplen los tiempos previstos, la primera evaluación del Fondo sería en junio, para habilitar un nuevo desembolso. Y, aunque todavía está en discusión, habrá otras fechas que el Gobierno nombra en la negociación como “puntos de referencia estructurales”. Se trata de plazos potenciales para la toma de acciones ligadas a la vigencia del préstamo nuevo.

Por ejemplo, la presentación de un plan estratégico de administración tributaria, una mejora en el proceso de selección de proyectos de inversión, en junio próximo, un estudio sobre la sostenibilidad del sistema jubilatorio, que estaría terminado cerca de septiembre; una evaluación sobre los programas de apoyo social hacia diciembre, objetivos de endeudamiento público a mediano plazo, también a fin de año.

-Jubilaciones: el Gobierno estudiará en los próximos meses de qué manera “incentivar” a los trabajadores que están por alcanzar la edad jubilatoria a que prolonguen su vida activa, con el beneficio de obtener luego un haber más alto. Desde la Casa Rosada, el Ministerio de Economía y el de Trabajo descartaron que se trate de una “reforma” al estilo de las que suele reclamar el organismo financiero para este tipo de acuerdos.

Una vez terminada la etapa de refinanciación, cuando el acuerdo esté vigente, comenzarían las revisiones trimestrales. Si se cumplen los tiempos previstos, la primera evaluación del Fondo sería en junio, para habilitar un nuevo desembolso
Sí, en cambio, admitieron que apuntarán a dos regímenes especiales: el de judiciales y el del cuerpo diplomático, que son los dos esquemas más onerosos y que incluyen haberse promedio diez veces superior al esquema tradicional. Según pudo saber Infobae, el Poder Ejecutivo planteó que el estudio sobre la “sostenibilidad y equidad” del sistema jubilatorio tendría lugar durante la segunda mitad de este año.

De acuerdo a datos oficiales de Anses, los trabajadores retirados del Poder Judicial ganan en promedio $385.181, con información hasta diciembre pasado. En total son beneficiarios de este régimen especial 7.252 personas. Para el personal del cuerpo diplomático, por su lado, el haber promedio para los jubilados es de $445.508.

-Metas exigibles: a grandes rasgos, el Poder Ejecutivo se compromete a reducir de forma paulatina en los próximos tres años su nivel de déficit fiscal y de asistencia monetaria desde el Banco Central al Tesoro para alcanzar hacia 2025 equilibrio en sus cuentas públicas y, en ese trayecto, acumular reservas suficientes en el BCRA que le permitan sostener cierto nivel de fortaleza en el frente cambiario, pagar deudas y cubrir la cantidad de divisas de importaciones que demande el crecimiento de la economía.

Los tres criterios exigibles por el Fondo (déficit primario -es decir antes del pago de deuda-, asistencia monetaria desde el BCRA y acumulación de reservas) tendrán metas trimestrales. Esas mediciones servirán en esas revisiones que tendrán lugar cada tres meses para gatillar desembolsos.

Para ponerlo en números: en 2022 el Gobierno deberá, según la hoja de ruta oficializada el viernes, bajar el déficit de cerca del 3% del PBI a 2,5%, es decir un ajuste de 0,5 puntos del Producto. Para 2023, del 1,9% del PBI y para 2024 del 0,9% y llegar al déficit cero en 2025.

También habrá objetivos exigibles por parte del Fondo Monetario para el tamaño de la asistencia del Banco Central al Tesoro en forma de emisión monetaria. Mientras en 2021 fue del 3,7% del PBI; en 2022 se apunta a que sea del 1%, un recorte pronunciado de partidas.

El tercer objetivo será la acumulación de reservas. Para este año, en un principio se anunció una meta de USD 5.000 millones, pero según afirman fuentes oficiales, esa cifra terminaría siendo mayor. Se estima que el horizonte para los tres años de duración del programa podría ser de USD 15.000 millones más en las arcas de la autoridad monetaria.

Los tres criterios exigibles por el Fondo (déficit primario -es decir antes del pago de deuda-, asistencia monetaria desde el BCRA y acumulación de reservas) tendrán metas trimestrales. Esas mediciones servirán en las revisiones que tendrán lugar cada tres meses para gatillar desembolsos
-Tratamiento parlamentario: el equipo económico buscará cerrar el acuerdo definitivo durante el fin de semana para poder presentarlo ante el Congreso. En ese momento comenzará el otro frente abierto en el oficialismo. La segunda de esta doble pulseada con el staff del FMI por un lado, y con la propia facción de la coalición de Gobierno que rechaza abiertamente los términos en los que el Gobierno acuerda con el organismo.

Según publicó Infobae, hay cuatro diferencias principales entre el ala “albertista” del Frente de Todos y el que responde a Cristina Kirchner. El primero de los puntos que discute el kirchnerismo tiene que ver con los plazos, que entienden que son muy ajustados. Por esa razón, en una primera instancia ese sector del oficialismo presionó por negociar un programa a 20 años.

En segundo lugar, cuestionan la reducción de la asistencia financiera que hará el Banco Central hacia el Tesoro en los próximos años, ya que lo consideran una herramienta menos de financiamiento. Los subsidios es el tercer tema clave: el kirchnerismo controla dos despachos con las perillas para habilitar aumentos de tarifas, como son el Enargas que controla Federico Bernal y la subsecretaría de Energía, de Federico Basualdo. El último punto en cuestión es la exigencia de tasas de interés positivas que, argumentan, encarecerán el crédito.

(INFOBAE) Para los analistas, la baja del dólar es circunstancial y responde a la expectativa de un acuerdo con el FMI
Hoy las cotizaciones del dólar negociadas en Bolsa cayeron a sus precios más bajos de 2022, a menos de un mes de haber alcanzado máximos históricos. Y el dólar libre acompañó ese movimiento y cerró en 210 pesos

A contramano de lo que vino sucediendo en 2021, tanto los dólares financieros como el tipo de cambio libre registran bajas en las últimas ruedas del mercado cambiario, algo que -según analistas consultados por Infobae- responde principalmente al anclaje de expectativas por parte de los grandes operadores, que ven cerca un acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para restructurar el crédito stand by por USD 44.000 millones que le otorgó el organismo de crédito al país en 2018.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cedió casi 3%, a $201,63; mientras que el MEP cayó más del 2%, a $ 196,51, en el tramo final de la rueda.
En ese marco, el dólar libre recortó hoy $1,50 y cerró ofrecido a $210 para la venta en el reducido mercado informal. Se trata de la cotización más baja desde el 17 de enero, cuando se pactó a 209 pesos. El “blue” mantiene un incremento de tres pesos o 1,4% en el breve transcurso de 2022. Con la tendencia declinante, quedó a 12,50 pesos o 6% del récord de $222,50 del 27 de enero, un movimiento que va en línea con el retroceso de las paridades bursátiles.

Para Diego Martínez Burzaco, Head Research & Strategy de Inviu, “el anclaje de expectativas que da el saber que tarde o temprano va a salir el acuerdo con el FMI es una de las razones por la cual caen las cotizaciones paralelas”.

No obstante, dijo a Infobae que no considera que este valor de los dólares financieros se sostenga a largo del tiempo con una inflación en el país arriba del 50%. “Con una inflación yendo a tasas del 3,5 o 4% mensual es muy difícil ver el valor de los dólares libres a este nivel para el segundo semestre de este año”, consideró.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) cedió casi 3%, a $201,63; mientras que el MEP cayó más del 2%, a $196,51, en el tramo final de la rueda
De acuerdo al especialista, también hay un factor exógeno que es una fortaleza que está mostrando los mercados emergentes a pesar del ruido geopolítico y el mal comienzo de Wall Street en lo que va del año. “Eso hace que haya ingreso de capitales en mercados golpeados como Brasil o Chile. Hay una apreciación de esas monedas y un efecto derrame para la Argentina que ayuda a controlar las expectativas”.

En ese sentido, Sergio Morales, CEO de InterFinance, dijo a este medio: “La caída del precio de los dólares financieros actual puede deberse a los motivos que lo llevaron en un principio a un precio más elevado. A su vez, influyen otros factores excepcionales como el elevado precio de las commodities y las mejoras en los términos de intercambio, en vísperas del comienzo de la cosecha gruesa, entre otras cuestiones”.

Sin embargo, remarcó que en Argentina siempre la apreciación del peso sobre la divisa norteamericana es circunstancial, al tiempo que añadió que “el precio del dólar es un precio más de la economía y mientras exista altos niveles de inflación en el país este tendrá tendencia alcista”.

Con una inflación yendo a tasas del 3,5 o 4% mensual es muy difícil ver el valor de los dólares libres a este nivel para el segundo semestre de este año (Burzaco)
A su turno, Lucas Yatche, Head of Strategy and Investments de Liebre Capital, explicó: “Con las commodities en máximos, las subas de tasas recientes y las menores expectativas de un salto discreto en el tipo de cambio, los exportadores tienen mayores incentivos a liquidar y la motivación de los importadores a adelantar pagos se reduce. Esto genera mayor tranquilidad para el tipo de cambio oficial, donde también observamos un tipo de cambio real sostenido por la reciente apreciación en los tipos de cambio de principales socios comerciales como Brasil y Chile”.