(Infobae) Advierten que el dólar seguirá en alza si no hay un acuerdo por la deuda. Inversores y analistas afirman que si el Gobierno pone ingenio, sin un costo financiero importante, podría evitar un default desordenado que afectará la estabilidad financiera del país; además, aclaran que el FMI no avalará una cesación de pagos. Tan lejos y tan cerca. Si se diferencian las declaraciones de los números, posiblemente el Gobierno y sus acreedores puedan llegar a un acuerdo razonable para ambas partes. De lo contrario, inversores y analistas creen que continuará la presión sobre el valor del dólar CCL y otras variables financieras. Esto implicaría subir la oferta de los USD 30 que vale para el mercado a un piso de 40 dólares. Diez o quince dólares: eso es lo que separa a la Argentina de un nuevo default, frente a diferencias irreconciliables del pasado. Los detalles del prospecto publicado hoy no cambiaron el mal talante de los inversores y analistas que siguen de cerca la cuestión de la deuda. Creen que el Ministerio de Economía priorizó hasta ahora los mensajes para la política interna y que no toma dimensión de las consecuencias del default, que ya se perciben en el valor del dólar CCL y podría afectar el stock de depósitos en dólares. Y aseguran que Economía da por descontado un apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para arrinconar a los acreedores que no es tal: la nota técnica que pidió una alta quita a los bonistas no refleja el pensamiento de varios miembros del directorio del grupo de los países del G7. Versiones bien fundadas afirman que algunos de estos directores hicieron saber su enojo al respecto. Ni el Tesoro norteamericano ni sus pares europeos van a apoyar un acuerdo de un Gobierno que sigue sin mostrar su plan económico, pese a los mensajes conciliadores de la directora gerente, Kristalina Georgieva. Ni siquiera, aclararon, hay que pensar en si la Argentina puede acceder o no al mercado por la pandemia, pese a que Perú salió la semana pasada con una colocación al 2,2% anual. Las consecuencias ya están: el sistema financiero, sobre el que el Gobierno deposita muchas expectativas para que aumente el nivel de crédito en medio de esta crisis brutal, sufrirá las consecuencias de un default desordenado. Para que se destrabe, se necesita ingenio y voluntad de diálogo más que dinero: subir un punto la tasa de los cupones que se pagan en tres años o reducir la quita de capital de los bonos de largo plazo no afectarán la capacidad de repago del país, aclaran. “Si suben la tasa del cupón que devenga desde 2022, ¿cuál es el estrés sobre el programa financiero? Si el país crece, lo podrán pagar. Y, si no, lo volverán a refinanciar, pero parece infantil no ofrecer algo mejor hoy y arriesgarse a un default por tan escasa diferencia”, planteó, enojado, un hombre del sistema financiero de muy buen diálogo con el Gobierno. “De afuera no entra nadie. No hay, en esta etapa, ningún incentivo para hacerlo”, sentenció. Los fondos como BlackRock no tienen incentivos para entrar si en los próximos tres años no reciben nada Un ex negociador agregó que “la propuesta es mala, pero se puede mejorar con poco. Si es el último paso, es muy malo; si es solo el primero, es aceptable” “El equipo del ministro se encierra en su oferta sin hablar con gente que conozca del tema y creen que si cierran el canje con una aceptación del 30% las consecuencias serán menores”, expresó. Sin embargo, acotó, “el resultado de un default en este contexto espantoso será una crisis más profunda, por la volatilidad financiera en términos del precio del dólar y de la salida de los depósitos”. “Deberían mirarlo al revés: si solucionaran el problema de la deuda, van a tener ciertas líneas de crédito abierto y mayor certidumbre financiera. Si no, la señal va a ser que el país va hacia un mayor populismo. Y, aun con el mundo en crisis, no es lo mismo una dirección que la otra”, advirtió. En este sentido, consideró que, aunque el staff del FMI haya respaldado la decisión de la Argentina de proponer una fuerte quita a los bonistas, el organismo “no va a estar a favor de un default, porque si la economía empeora, también le va a costar cobrar” los USD 44.000 millones que le debe el Gobierno. “Creo que el FMI se equivocó nuevamente con la Argentina. Jugó un papel raro”, opinó. La propuesta es mala, pero se puede mejorar con poco. Si es el último paso, es muy malo; si es solo el primero, es aceptable. dice un ex negociador de la deuda. “El arreglo que propone la Argentina es malo, pero puede cambiar. Sobre todo, porque, en este contexto, lejos de perder dólares, está acumulando reservas”, agregó el ex negociador. Un colega agregó que “es tonto y amateur desconocer los intereses devengados como lo hicieron en la oferta”. “¿Por qué un fondo de inversión va a ceder derechos ahora por tres años a cambio de nada, si puede esperar y ver si en 2023 le hacen una propuesta mejor?”, explicó la fuente. Por su parte, el banco Pactual indicó en un informe que la propuesta “es negativa desde la perspectiva de los posibles juicios. Creemos que el FMI, que ha sido el campeón de las nuevas cláusulas de acción colectiva en los últimos años, no apoyará un canje que deje al país a mitad de camino en una renegociación, en la que el uso de estas cláusulas pueda verse afectado”. En este sentido, un alto funcionario del Fondo dijo hoy que el organismo pretende que ambas partes lleguen a un buen acuerdo.

(Infobae) En el comienzo de las medidas de aislamiento, las exportaciones argentinas registraron el peor marzo desde 2009. El intercambio comercial muestra que se registró un superávit superior a los USD 1000 millones por la fuerte caída de las importaciones provocada por la recesión. Una de las grandes incógnitas que está trae la pandemia del Covid-19 en el mundo tiene que ver con el comercio internacional de bienes y servicios. Con la mitad de la humanidad en sus hogares, los comercios cerrados, los aviones en tierra y cada vez menos barcos navegando, el intercambio comercial ya muestra caídas. El Instituto de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el dato de marzo del intercambio comercial argentino (ICA) el cual señala que en el tercer mes de 2020 las exportaciones alcanzaron los USD 4.320 millones y las importaciones los USD 3.175 millones. Con estos números, el intercambio (exportaciones más importaciones) disminuyó 17,6% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 7.495 millones de dólares.
Con estos números, las exportaciones alcanzaron los USD 4.320 millones y las importaciones los USD 3.175 millones.
Las cifras muestran que en lo que se refiere a las ventas al exterior de la Argentina, este fue el peor marzo desde 2009. Sin embargo, el ajuste en las importaciones logró que el número final sea positivo. Según el trabajo del Indec, en marzo pasado la balanza comercial registró un superávit de 1.145 millones de dólares. Las exportaciones en marzo disminuyeron 15,9% (-817 millones de dólares) respecto a igual mes de 2019, debido a la caída en cantidades de 14,4% y en precios, 1,7%. En términos desestacionalizados y de tendencia-ciclo, las exportaciones de marzo se redujeron 11,6% y 0,9%, con relación a febrero de 2020, respectivamente. En lo que se refiere a las ventas el exterior por rubros, el informe del tercer mes de 2020 en que se comenzaron a cerrar todos los mercados del mundo, muestra que las exportaciones de todos los rubros descendieron de manera interanual: combustibles y energía (-35,2%), manufacturas de origen industrial (-20,5%), manufacturas de origen agropecuario (-18,2%) y productos primarios (-1,7%).
Las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) cayeron -18,2%
Por el lado de las compras que realiza la Argentina, el número de importaciones también cayó con fuerza. Más allá de que la pandemia fue marcando un cambio en el comercio internacional, la Argentina le sumó el arrastre de dos años de recesión. Así fue que las importaciones en marzo disminuyeron 19,7% respecto a igual mes del año anterior (-781 millones de dólares). Las cantidades bajaron 17% y los precios se contrajeron 3,2%. En términos desestacionalizados y de tendencia-ciclo, las importaciones cayeron 8,4% y 2,0%, con relación a febrero de 2020, respectivamente. En marzo, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 24,8%; las de bienes intermedios, 12,8%; las de combustibles y lubricantes, 27,6%; las de piezas y accesorios para bienes de capital, 27,3%; las de bienes de consumo, 10,7%; y las de vehículos automotores de pasajeros, 31,8%. Con estos números de importación y exportación, el superávit comercial de USD 1.145 millones fue USD 36 millones menor que en el mismo mes de 2019, (1.181 millones de dólares). Si bien el superávit se mantuvo relativamente estable, “se dio en el contexto de fuerte caída tanto de las exportaciones como de las importaciones; siendo la baja de las exportaciones mayor en valores absolutos (-817 millones de dólares) que la de las importaciones (-781 millones de dólares)”, explica el informe del Indec. El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 17,6% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 7.495 millones de dólares.
El intercambio comercial (exportaciones más importaciones) disminuyó 17,6% en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 7.495 millones de dólares.
Con estos números, el intercambio comercial mostró que este fue el peor marzo para las exportaciones desde 2009 cuando se había vendido al exterior por USD 4.324 millones. Pero oculta la buena noticia que el superávit fue mayor a los mil millones de dólares porque la caída de los precios de los productos que importa la Argentina fue mayor a la caída que sufrieron los precios de las exportaciones locales. Para Nadin Argañaraz y Bruno Panighel, economistas del IARAF, las exportaciones comienzan a mostrar una ralentización. En marzo cayeron un 15,9% en valor (14,4% menores cantidades físicas, y a un precio 1,7% más bajo) respecto al mes de marzo 2019. El resultado superavitario es explicado en mayor proporción por el lado de la fuerte contracción de las importaciones, dada la suba del tipo de cambio real y también por la contracción de la actividad económica a nivel mundial y local. Las importaciones de marzo resultaron un 19,7% menores que las del mismo mes del año pasado (17% menos cantidades físicas a un precio 3,2% más bajo).

(Infobae) Cómo es el período de gracia en el que entra el Gobierno al no. Para hoy estaban programados pagos de intereses de tres bonos ley extranjera. No hay aviso de pago y el ministro de Economía señaló que “no se va a poder hacer frente a los pagos de los próximos días”. De no concretarse los desembolsos, se abre un período de 30 días en el que hay tiempo para hacer el pago y evitar el default. Para hoy está programado el pago de los bonos globales 2021, 2026 y 2046, tres títulos en moneda extranjera y regidos por tribunales del exterior que forman parte del universo de papeles que el Gobierno busca canjear con su oferta de reestructuración que se oficializó hoy mismo ante el regulador del mercado de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que el pago no se concretará en la fecha estipulada, el prospecto de emisión de esos papeles aclara que todavía el país no entra en default. Los tres bonos en cuestión tenían previsto para hoy pagos de intereses. Suponían desembolsos por unos u$s 504 millones en total, u$s 155 millones del título con vencimiento en 2021, u$s 244 millones del que vence en 2026 y 105 del que fue emitido a 2046. Las condiciones de emisión de estos bonos dan margen para que el Gobierno se retrase en sus pagos. Ese margen, o período de gracia, está establecido en 30 días. Si desde hoy hasta el 22 de mayo al cierre del mercado el Tesoro concretara el desembolso, e default no se materializaría a pesar de la demora. “Tenemos 30 días de plazo de gracia. Por ahora, los bonos se operan con el cupón adentro (el monto que debería haber sido pagado pero ajustaron el precio a la expectativa que van a empezar a cotizar planos (como cuando caen en default). El 22 de mayo, si no se hizo el pago, entramos en default y a partir de ahi, EMTA (Emerging Markets Traders Association) va a indicar que coticen planos”, resumió Juan Manuel Pazos de TPCG. Existe un antecedente muy cercano que grafica la situación en la que se puso el ministro de Economía, Martín Guzmán. Se trata del vencimiento que en enero de este año la Provincia de Buenos Aires intentó postergar hasta mayo. Ante el vencimiento de un pago de u$s 250 millones entre capital e intereses del bono Buenos Aires 2021, el gobernadpr Axel Kicillof impulsó una solicitud de consentimiento para que los tenedores aceptaran empujar el pago hasta después de que le Nación cerrara su reestructuración de deuda. Sin un programa económico detrás ni una propuesta integral para la deuda provincial y nacional en vista, el consenso no fue suficiente. Se necesitaba que tenedores de bonos con al menos el 75% del capital emitido en el bono en cuestión aceptaran las condiciones y, aunque hubo fondos que lo avalaron, no se llegó al umbral necesario a tiempo. En su momento, Kicillof contó con un período de gracia de apenas 10 días, ya que las condiciones de emisión del bono eran más estrictas y parte del pago era de capital, no sólo de intereses. Después de dos intentos por mejorar la oferta, justo antes del 4 de febrero -momento en que vencía el período de gracia y se activaba el default-, la provincia pagó y esquivó la cesación de pagos. El “chicken game” al que jugaron Kicillof y los acreedores, en esa ocasión, terminó con una victoria para los acreedores. En ese juego fue destacado el rol de Fidelity Investments, que con más del 25% de la emisión en su poder tuvo capacidad de bloqueo suficiente como para bloquear cualquier acuerdo. Con este retraso en el pago Guzmán se ubica en un juego similar frente a los acreedores de la Nación. El chicken game se usa en teoría de los juegos para ejemplificar una situación en la que dos competidores aceleran en dirección a una colisión, con la esperanza de que el rival cambie de curso primero. Guzmán dijo en una entrevista radial que “la oferta es la que es”, mientras que los principales acreedores -reunidos en tres comités de bonistas- llaman a reanudar las conversaciones. Si ninguna de las dos partes volantea a tiempo, el riesgo es un default que demore la recuperación de la inversión para los bonistas y arroje al país otra vez a tribunales de Nueva York para pulsear con tenedores de sus bonos en default. El Gobierno estableció un plazo de “algo más de 20 días” para que los bonistas den su respuesta, algo más corto que el plazo de gracia, lo que sugiere margen para alguna clase de negociación. Con todo, la oferta presentada a la SEC sí deja abierta una puerta para modificar lo ofrecido. Sin embargo, y aunque los principales fondos tenedores de deuda se ilusionan con una mejora de la oferta, también hay jugadores pesimistas que, dadas las declaraciones de Guzmán, consideran la posibilidad de que el default ya sea un hecho. “Las plantillas de cláusulas de default son todas las mismas, el plazo de estilo para intereses es de 30 días. Ahora, en mi opinión, es posible que la Argentina esté en default antes de eso porque ya hubo una declaración de un no pago, que puede ser interpretada como un repudio a la deuda”, dijo Juan Pablo Giancaterino, abogado de tenedores minoristas de bonos argentinos.

(Ambito) Alberto Fernández ante una decisión límite: cómo rescatar a YPF. Según los números del mercado, el «barril criollo» no debería superar hoy los u$s37 en lugar de los u$s50 actuales. El juicio en Delaware por la compra de Maxus (en la era Menem) es otra amenaza. La joya del Estado argentino, YPF, está hoy en una situación difícil. Y si las circunstancias no mejoran (lo más probable), la estabilidad de la principal empresa del país dentro de la economía real podría tornarse muy grave. Y, en el largo plazo, terminal. Todo dependerá de la evolución de la cuarentena, del grado de profundidad de la depresión de la economía argentina y de si el país entra o no en default con los acreedores de deuda bajo legislación extranjera. La petrolera de bandera sufre, como el resto de las compañías del sector en todo el mundo, de la demolición del precio del petróleo; y del derrumbe de su valor como empresas; con una valoración de mercado cercana a los u$s1.000 millones, mucho menos que la deuda que la empresa tiene en la actualidad. Y muchísimo menos que los juicios internacionales que la amenazan. La primera amenaza inminente es obvia: el precio del barril de petróleo Brent está en niveles de default mundial, impidiendo que la propia actividad petrolera sea negocio. De no mejorar la valuación del commodity, ni YPF ni ninguna compañía de combustibles del mundo será rentable este año. Y, en consecuencia, su ingreso en crisis o su rescate dependerá de las espaldas de los socios de esas compañías. En el caso de los privados, dependerá de la voluntad de ampliar capital, de inyectar dinero o de rescatar acciones. En el caso de petroleras públicas o mixtas (como YPF), la respuesta está en la voluntad del Estado. La situación local se complica por la aplicación de la política del “barril criollo” que le garantiza a las provincias un valor mínimo del barril, que actualmente se encuentra entre 45% y 50%, cuando la cotización del Brent de referencia se encuentra navegando más cerca de los u$s20 que de los u$s25. Esto quiere decir que, hoy por hoy, la petrolera le debe garantizar a las provincias un subsidio de la mitad del valor del barril y, según los cálculos de la propia empresa, no podría garantizar un valor del barril local de más de u$s35 a u$s37, y únicamente para empatar la ecuación. Salvo que la cotización mundial del Brent mejore sustancialmente y el porcentaje de exportación de YPF aporte soluciones vía divisas. Algo que, mientras continúe la pandemia, parece lejano. En poco tiempo Alberto Fernández tendrá que tomar una decisión: aplicar o no un primer rescate a YPF. y mantenerla o no en niveles sustentables para una empresa pública o privada. Dependerá si decide respetar los valores actuales del “barril criollo”. Si lo hace, se ganará la enemistad de muchos gobernadores de provincias petroleras, hoy aliados. Si no lo hace, tendrá que echar mano al Tesoro Nacional y mantener el valor del “barril criollo” a 45 o 50 dólares, o reducir su valor a niveles más cercanos a los del mercado. Si la decisión es la de aceptar una reducción del precio del barril criollo, el problema lo tendrá con algunos gobernadores que sostienen que el dinero que reciben vía regalías es imprescindible para su supervivencia. En ambos casos, al final de la delgada línea decisoria, lo que tendrá que resolver Alberto Fernández es en qué dirección y con qué amplitud abre nuevamente las agotadísimas arcas del Tesoro Nacional. O si decide que sea la petrolera la que deba absorber los costos de sostener el barril ante un mercado internacional que no reacciona y que amenaza con continuar con una oferta controlada y a la espera de una recuperación del mercado imposible de prever en el tiempo. Para el mediano plazo, hacia marzo del próximo año, el Presidente deberá resolver una situación aún más importante correspondiente a la petrolera de bandera. Si Argentina no llega a un acuerdo con los acreedores de la deuda privada con legislación de Nueva York por u$s68.000 millones, y el país entra el default, todas las compañías de capital nacional (incluyendo las mixtas como YPF), tendrán serias (por no decir utópicas) dificultades para poder acceder a créditos internacionales. Esto implica que no habrá fondos para poder cubrir vencimientos de deudas ya emitidos y que deben cubrirse para que los propios privados no entren en default. Muchos menos se conseguirán fondos para inversiones en infraestructura. En el caso de YPF la situación empeora por una cuestión numérica: en marzo de 2021 la petrolera estatal debe hacer frente al vencimiento más importante de su historia, con pagos comprometidos por u$s1.000 millones. La norma de civilidad de las compañías indicaría que ese dinero debería ser obtenido en los mercados voluntarios de deuda y, se supone, que para ese momento la situación del mercado petrolero mundial post-pandemia estará solucionado o en vías de llegar a la normalidad. Y, en consecuencia, con los precios del barril de petróleo algo más cercanos a la racionalidad que los de la depresión absoluta actual. Sería el momento para que YPF vuelva a tomar dinero de los mercados para poder cubrir esa deuda, y continuar con sus planes de inversión a futuro; con el desarrollo de Vaca Muerta en el horizonte. Sin embargo, si el país ingresa en default por no haber llegado a un acuerdo con los acreedores, la posibilidad de tomar esos 1.000 millones del mercado se desvanecerá. La alternativa sería tomar ese dinero en el mercado local (difícil en el país de la post-pandemia); o, algo más lógico, que sea su principal accionista el que rescate a la petrolera. Debería aparecer entonces el Estado nacional con el dinero, cubrir la deuda y capitalizar el crédito o ejecutar un crédito de mediano o largo plazo. El vencimiento será el 30 de marzo próximo. Pero también antes de esa fecha YPF debe hacerse cargo de saldar deudas por unos u$s300 millones. Es casi el mismo dinero que en los últimos tiempos se acumuló de pasivos provenientes de múltiples dependencias oficiales y los subsidios al transporte del AMBA; todas cuentas que durante la cuarentena tendrán la tendencia a profundizarse que a normalizarse. Para el largo plazo las amenazas son mayores. Queda en los tribunales de Estados Unidos la definición de un megacausa heredada de los tiempos de Carlos Menem por la compra de la compañía Maxus, en 1995. Esta petrolera traía como mochila un juicio por daños ecológicos de los años 60 y 70, pero que no fueron tenidos en cuenta en el momento de adquirirla en aquel año; pero luego, a raíz de una acción de los damnificados por la contaminación del río Passaic por parte del estado de Nueva Jersey. La demanda da escalofríos: llega a los u$s14.000 millones. Sin embargo, desde Buenos Aires aseguran que los argumentos legales para defenderse son sólidos. Demandante y demandado esperan las definiciones del tribunal de Delaware, donde alguna vez el fondo buitre Elliott, de Paul Singer, llegó a perseguir a la Argentina en los años de Cristina Fernández de Kirchner haciendo presentaciones por la causa de la “ruta del dinero K”. La causa comenzó hace 60 años, cuando se comprobó que Maxus Energy Corporation vertió en los años 50 pesticidas Dioxin, fabricados en la planta Diamond Alkali, en la ciudad Newark, en Nueva Jersey, fábrica que en esos momentos era de su propiedad. La denuncia la hizo el propio Estado local, al confirmarse que el río Passaic contenía este producto, altamente cancerígeno y uno de los más contaminantes de vías fluviales; y utilizado por los marines norteamericanos en la guerra de Vietnam. El Diamond Alkali es uno de los componentes básicos del desfoliante Agente Naranja. Las primeras presentaciones datan de fines de los 60, pero fue luego durante toda la década del 70 donde el estado de Nueva Jersey profundizó las demandas. Ante el juicio, y por la mala imagen de la compañía, Maxus modificó su nombre rebautizándola Diamond Shamrock, empresa que luego fue vendida a Tierra Solutions, una subsidiaria de Maxus. A fines de los ’80, Maxus se la vendió a Occidental Petroleum Corporation (Oxy). El caso continuó sin resolución durante décadas pero siempre estuvo activo. En 1995, durante el gobierno de Carlos Menem, luego de la apertura de las acciones de la petrolera a los privados y durante la gestión de José Estenssoro como presidente de la compañía, compró Maxus por unos u$s762 millones con el objetivo de expandir a YPF dentro del mercado norteamericano. Y de allí convertirla en una empresa multinacional. En 2012 (el mismo año de la renacionalización), la corte de Delaware falló en contra de Maxus y Tierra. Durante la gestión de Miguel Galluccio se ordenó un estudio puntual sobre la situación real de la petrolera y sus potencialidades cuyos resultados determinaron que lo mejor era el cierre de la empresa y su presentación en concurso. Galuccio dejó la conducción de YPF, pero el informe fue tan lapidario (Maxus no dio rendimientos en ninguno de los ejercicios en los que operó bajo el ala de la petrolera argentina), con lo que con la llegada de Miguel Angel Gutierrez como presidente de YPF se decidió avanzar con la quiebra definitiva.

(Ambito) Póquer del Canje: señales inducen a un acuerdo parcial. Poco a poco se van develando los misterios que rodean la negociación del canje de deuda y cómo juegan los jugadores en el «póquer del mentiroso». Poco a poco se van develando los misterios que rodean la negociación del canje de deuda y cómo juegan los jugadores en el “póquer del mentiroso”. Primero, tras conocerse la oferta de canje, varios comités de acreedores “jugaron” con sendos comunicados rechazando los términos de la propuesta argentina. Ayer fue el turno del Gobierno argentino quién a través del Ministerio de Economía informó que finalmente decidió no pagar los intereses de los bonos Globales 21/26/46 (unos u$s503 millones), y a su vez les fijó el deadline a los bonistas: el próximo 8 de mayo expira la oferta. De modo que Argentina echó mano a una de sus últimas chances apostando a los períodos de gracia contemplados para los intereses de estos bonos, evitando así perder parte de sus anoréxicas reservas (el vencimiento representaría más de un 4% de las reservas líquidas del BCRA) pero activando el reloj de un default real. Cabe señalar que estos bonos tienen cupones que van desde el 6,875% hasta 7,625% anual, que a la luz de las tasas internacionales actuales parecen alienígenas, de no ser por el track récord argentino. Lo cierto es que lo que más se escucha del lado acreedor es que “hay margen para evitar lo peor para ambas partes”. Claro que esa es la sensación o más bien parece ser el rezo de los que piensan bajo un esquema de lógica racional. Pero en este “póquer” entran a terciar otras variables. Hoy los estrategas de los acreedores ya no solo se debaten entre los escenarios posibles hacia el cierre de la oferta sino que ya empiezan a vislumbrar como “la” estrategia oficial, en el caso de no alcanzarse un acuerdo, la de arribar a un acuerdo parcial, es decir, dar lugar a una nueva generación de “holdouts” (bonistas que no entran al canje). O sea, un second best frente al default total. Creen que no le disgustaría al Gobierno la idea de un default parcial. Todo lo contrario, lo ven en una situación de comodidad frente a ese escenario. En tal sentido, los análisis se enfocan en los dos universos de bonos según su Indenture (contrato del título), porque están los Globales 21/22/23/26/27/28/36/46/48 y Century que se rigen por el Indenture 2016 y los bonos Par y Discount 2005/2010 bajo el Indenture 2005. En el caso de los primeros hay tres formas de llegar a un acuerdo total: 75% de cada serie, 66% del grupo y 50% de cada uno y 75% del grupo si la oferta es uniforme. Acá el objetivo oficial parece ser el de juntar las mayorías de la forma que se pueda. Mientras que en el segundo caso, hay dos formas: 75% de cada serie o 85% del grupo y 66% de cada uno. La visión del mercado es que será muy difícil conseguir las mayorías. De modo que vislumbran el camino, más probable ahora, hacia un acuerdo parcial con holdouts, o bien, el default total. Muchos especulan con el hecho de que gran parte de las series de bonos emitidos por el gobierno anterior están en manos de los llamados fondos “real money”, son aquellos que gestionan ahorros genuinos de trabajadores o jubilados, los más parecidos a los que en el 2003 representaban a los carpinteros de Oregón o los jubilados italianos o japoneses. No son especuladores natos sino que privilegian el dinero de sus clientes, porque al fin y al cabo, son a los que les deberán rendir cuentas, por ende, tampoco podrán aceptar cualquier cosa. Pero se especula que teniendo a estos fondos aceptando las mayorías son plausibles de conseguir. Pero no son muchos, lamentablemente. En estas horas también se ha hablado mucho sobre el negocio de los holdouts pero valen algunas reflexiones que alimentan la opción del acuerdo parcial. Se suele comparar la amarreta oferta de cupones presentada con la opción del devengamiento de intereses que tendría un eventual holdout yendo a la justicia. En el caso de los títulos bajo ley Nueva York, ante un default, un bonista devenga la tasa del cupón original hasta el vencimiento original del bono y una tasa de penalidad del 9% para todos los flujos de capital e intereses no cobrados, hasta tanto haya una sentencia. De ahí que los holdouts que acordaron en 2016 tenían principales por poco más de u$s5.500 millones pero reclamaban cobrar, con el aval judicial, u$s17.400 millones. El gobierno de Macri terminó pagándoles casi u$s11.400 millones, o sea, más del doble de su acreencia original. Claro que invirtieron 15 años en juicios y abogados. Hoy la situación es diferente. Porque esos holdouts lograron cobrar en 2016 por un fallo pari passu, que impedía al país volver a tener crédito a menos que arreglaran con ellos. Pero la cláusula pari passu de los bonos emitidos a partir de 2016 es muy distinta a la de los bonos de los 90, y además los holdouts lograron un acuerdo porque eran el 7% de los bonistas originales (el resto había entrado al canje).

(Ambito) Desde cuándo y por qué la Argentina se referencia en el barril de petróleo Brent. A la crisis ocasionada por el parate ante la expansión del coronavirus, y como consecuencia de ella, se suma la preocupación mundial por el derrumbe de precios. El mundo en estas tres últimas décadas, fue integrándose a través de la denominada globalización. Uno de sus combustibles fue el petróleo, cuyo consumo fue incremental, fruto del desarrollo de sectores como el transporte por sus diferentes vías, aérea, marítima y por supuesto terrestre, con el objeto de satisfacer necesidades de los habitantes de ese universo. Las zonas más demandantes de este insumo, Estados Unidos, Europa, Japón, en la década del 90, mediante diversas políticas que se aplicaron en esa globalización, incentivaron la incorporación de un gigante como es el caso de China, quien aprovecho esa oportunidad, siendo en la actualidad uno de los países con mayor consumo de petróleo, en compañía de las zonas antes mencionadas. Este progreso se logró principalmente, sobre la base de la economía del planeta fuera sostenida, como también dependiente, del petróleo y su diversidad de subproductos, a saber dentro de los más destacados naftas, gas oil, fuel oil, diésel oil, lubricantes. Esta situación produjo que se establecieron mercados en diferentes partes del mundo, en los cuales se comercializaba los petróleos de diversas zonas, siendo una de las principales sin lugar a dudas, Medio Oriente con Arabia Saudita a la cabeza. Los países demandantes fueron nutriéndose de subproductos del refinado del petróleo, haciendo evolucionar las diversas zonas del mundo, dentro de ellos los mayores desarrollados fueron y son, países como Estados Unidos, Europa incorporando a Rusia, Japón, a los que se incorpora China Como se puede observar, fue una construcción que demandó unas tres décadas, tiempo en que además se fue optimizando el consumo de petróleo a partir de la mejora substancial de sus subproductos, como la tecnología producto de la evolución del conocimiento del hombre, que utilizó para su bienestar. Se establecieron precios de referencias para diferentes petróleos, dentro de esos aparecen: el WTI, West Texas Intermediate, producido en Texas, Estados Unidos que cotiza en Chicago, crudo denominado Brent, obtenido en el mar del Norte, cotizando en Londres, existen otros pero estos dos son los que nos interesan para nuestro país. El WTI fue utilizado desde mediados de la década de 1990, como referencia para los contratos ce compraventa de crudo generados en nuestro país hasta primeros meses de 2015, en virtud de su similitud con el crudo Medanito de Cuenca Neuquina, el más requerido por las refinerías del país, seguido en magnitud por el crudo Escalante de la Cuenca del Golfo San Jorge. A posteriori de abril de 2015, dada la alta volatilidad de este crudo texano, se referenciaron los contratos de ventas con el Brent, el cual tiene mayor estabilidad, siendo su mayor, valor que el WTI. En la actualidad, vemos un derrumbe abrupto tanto de la demanda como del precio del petróleo, provocando que en el transitar de estos casi cuatro meses del año en curso, este colapsando las estructuras bases de la globalización, cuya construcción demandó décadas. El origen, es por todos conocidos, la aparición del virus denominado Covid-19, que provocó la declaración de la pandemia del 11 de marzo próximo pasado. A su vez colaboró con la declinación del precio del petróleo, el desacuerdo que en su momento tuvieron Arabia Saudita y Rusia, cuestión superada con el acuerdo realizado hace casi una semana que regirá a partir del 1 de mayo próximo. El transitar desde diciembre 2019 hasta el presente, la dinámica del impacto de este nuevo virus que afecta a la humanidad, es demoledor y catastrófico. A medida que se fue instalando el procedimiento de distanciamiento social, para el cuidado de las personas, se han cerrado fronteras, caminos, evitando que las personas circulen como era antes de la aparición de este virus, por ende ha disminuido enormemente el consumo de combustible para transportes aéreos, marítimos y terrestres a niveles impensados, nunca antes visto. Produciendo así que la demanda en todo el planeta se frenara drásticamente, sin dar lugar a adoptar medidas correctivas con el fin del cuidado de ese mercado, es algo histórico, inimaginable, también algo para aprender. Como consecuencia se observa, que la producción de subproductos de petróleo en refinerías, mermó abruptamente y en algunos casos es nula, y por supuesto esto se traslada a la determinación de disminuir la producción en los yacimientos que existen en el planeta. Esta reducción de la producción, no pudo ser inmediatamente coordinada, en virtud del acelerado cierre de fronteras y consecuente aislamiento social, con el objeto de cuidar la salud de la población en cada lugar del planeta. De esta forma se inundó el mercado con petróleo, mientras esto sucedía la demanda se desplomaba drásticamente, trayendo como contrapartida que los precios de referencia del petróleo se desmoronan a valores insignificantes. Esto también viene acompañado porque el impacto mayor en esta corta historia pero muy dinámica del coronavirus, está ocurriendo en las zonas de grandes consumos como China, Estados Unidos, Europa, Brasil. Observando este panorama, como manifestara en artículo anterior, nos obliga a encontrar determinadas reglas en común básicas para todo el planeta, pues la globalización que tanto construimos en años, hoy se derrumba por la acción de un virus nuevo en cuestión de meses, sin una salida en un futuro inmediato.
Conclusión, en el presente el mercado mundial del petróleo se encuentra afectado por una cuestión de salud pública, tiene una sobreoferta de petróleo dado que el acuerdo de recortes a la producción entre la OPEP y demás países productores comienza el próximo 1 de mayo, la demanda tiene una reducción drástica, existiendo de esta forma volúmenes de petróleo sin ser procesado ni vendido, trayendo a colación la disminución de la capacidad para almacenamiento en diversas zonas. No se encuentra registro en la historia del mundo, de esta situación impactante e imprevista.

(Cronista) Coronavirus en la Argentina: empiezan los test rápidos en estaciones de trenes y subtes Se harán de manera voluntaria, a partir de una mínima muestra de sangre. Formarán parte de una investigación epidemiológica de 170.000 pruebas. El Gobierno llevará a cabo desde este viernes una investigación epidemiológica con testeos rápidos para medir la circulación del coronavirus en la población. Según confirmó el ministro de Salud, Ginés González García, la primera etapa del estudio se hará en los grandes centros de trasbordo de transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, como las estaciones de Constitución y de Retiro. Se trata de una investigación epidemiológica que abarcará 170.000 pruebas, a partir de kits de exámenes serológicos que llegaron el lunes de China, sostuvo Ginés anoche en diálogo con el canal TN. Los testeos, según detalló se harán de manera voluntaria entre los pasajeros de trenes, subtes y colectivos. Las pruebas se harán por medio de una mínima extracción de sangre, que se somete a un examen instantáneo. Arrancarán con unos 350 testeos por día. La idea es que la información sirva como insumo para tomar decisiones. Es un análisis complementario a la técnica PCR que se usa actualmente. Esta última es considerada «lenta» y utiliza para detectar la existencia del virus desde el primer día que está en el cuerpo. Mientras que la «rápida» sirve para la investigación de la circulación epidemiológica del COVID-19. Permite detectar el virus recién siete u ocho días después de su ingreso al organismo, cuando ya desarrolló anticuerpos. Ginés González García explicó que los tests empezarán en la estación Constitución y que después se realizarán en otros centros neurálgicos de transporte como Retiro u Once. «De esta manera vamos a medir la intensidad de la circulación del virus», afirmó. Dijo que con estas pruebas van a determinar si la persona estuvo en contacto con el virus a pesar de ser asintomática. También afirmó que están en condiciones de realizarlas porque hay circulación comunitaria de Covid-19. En los primeros días se harán entre 300 y 350 análisis diarios, y después se ampliarán a las provincias. Además defendió la cantidad de pruebas que se hacen por el COVID-19 y aseguró que siempre se hizo lo necesario, después de que uno de los especialistas que asesora al Gobierno como Eduardo López reclamara que se hicieran más tests. «Nunca hubo pocos, siempre se realizó lo que se necesitaba. Actualmente estamos en niveles muy altos», aseguró.

(Cronista) Gas: distribuidoras mejoraron su recaudación pero mantienen deuda con productoras Lo informó el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). l Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) informó que las empresas distribuidoras de gas por redes reportaron una mejora en la recaudación al habilitarse nuevas bocas de cobro en efectivo, tras el desplome sufrido en el inicio de la cuarentena, aunque mantienen una deuda considerable con las productoras. El sector de distribución había informado una caída en la recaudación del orden del 60%, y con ese argumento sólo pagó el 10 % del gas adquirido a los productores, quienes no obstante decidieron mantener las entregas sin interrupciones. Según trascendió, algunas distribuidoras decidieron unilateralmente no pagar, por lo que en conjunto existe una deuda acumulada por el gas entregado por las productoras durante enero de aproximadamente 3.500 millones de pesos. La deuda pone en riesgo la viabilidad del suministro, según advirtieron desde el sector productor. Con la mejora de la recaudación de las distribuidoras, gracias a la habilitación gestionada por el ENARGAS para del pago en efectivo a través de bancos y de redes no bancarias, los productores esperan que la deuda pueda regularizarse para así recomponer la cadena de pagos y garantizar el suministro de cara al próximo invierno. Según informó el ENARFAS, Camuzzi Gas Pampeana S.A. reportó un aumento en su recaudación en la categoría de usuarios residenciales del 25% mientras que Naturgy BAN S.A. registró un aumento del 5%, unos 80 mil usuarios residenciales abonaron su factura en los últimos 10 días. Por su parte, Camuzzi Gas del Sur informó un incremento del 18% en la misma categoría; Metrogas, 5%, Distribuidora de Gas del Centro, 20%; y Distribuidora de Gas Cuyana, 14% . La mejora en la recaudación se produjo luego de que el ENARGAS gestionó la declaración de «servicios esenciales» a la recaudación y pago en efectivo a través de bancos y de redes no bancarias de cobranza que permiten realizar los pagos de impuestos y servicios como Pagofácil y Rapipago. Las licenciatarias habían reportado, a principios de abril, sustanciales caídas en sus recaudaciones: Camuzzi Gas Pampeana, -60%; Naturgy BAN, -75%; Camuzzi Gas del Sur, -63%; Metrogas, -70%, Distribuidora de gas del Centro, -69%; Distribuidora de Gas Cuyana, -71%; Litoral Gas, -66%; Gasnea, -61% y Gasnor, -71%. Esas cifras fueron reportadas al ENARGAS por la Asociación de Distribuidoras de Gas (ADIGAS) y corresponden al lapso transcurrido entre el inicio de la cuarentena hasta el jueves 2 de abril, en comparación con enero, febrero y primera quincena de marzo de 2020.

(Cronista) Con la recaudación en picada, advierten que la expansión monetaria récord impactará después de la cuarentena El derrumbe de ingresos tributarios por la parálisis del coronavirus y los malos números fiscales del primer trimestre llevan al Gobierno a concentrar el fondeo de las medidas de apoyo en la emisión monetaria. Pese a que no hubo postergaciones de los vencimientos de impuestos, la caída contundente de la recaudación tributaria de marzo se prolongará en abril y llevará al Gobierno a concentrar cada vez más el sostén de sus medidas de asistencia en la emisión monetaria. El dato se desprende del monitoreo semanal del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que en los primeros 19 días de abril registra una contracción real de 13% de la recaudación nacional y una baja algo menor, de 6,5%, de lo embolsado por las provincias. Gran parte de la baja proviene del retroceso en términos reales del IVA (24,8%) y de Ganancias (14,6%), que entre ambos reúnen casi el 70% de los ingresos. En las provincias, una pérdida de 1,5% contra la inflación de Ingresos Brutos moderó la contracción, dado que representa las tres cuartas partes de lo que recaudan las jurisdicciones subnacionales. Con la persistencia de estas cifras y la disparada del déficit fiscal de más de 850% en marzo, las necesidades de financiamiento del programa de apoyo (estiman que será de $ 850.000 millones, 3% del PBI) llevarán a un incremento mayor de la base monetaria, que entre el 20 de marzo y el 16 de abril creció de $ 2,02 billones a $ 2,43 billones (19,8%). Economistas consultados por El Cronista coinciden en que este crecimiento del circulante impactará en la inflación cuando se normalice la actividad, pero en el corto plazo no habrá una aceleración de la suba de precios. Base monetaria Infogram Luciano Cohan, de Seido, alertó que la expansión de la base monetaria generará un “riesgo grande” a mediano plazo, pero en para abril y mayo no ve una aceleración significativa de la inflación. “Hay un riesgo grande por la expansión de la base monetaria, ya la magnitud del último mes duplica o triplica los máximos de las últimas dos décadas y sin duda los meses que vienen van a ser muy agresivos, pero no creo que tenga consecuencias a corto plazo en la inflación”, comentó Cohan. Agregó: “Obviamente es un riesgo enorme y al salir de la cuarentena cuando la actividad se normalice esto va a implicar riesgos inflacionarios muy altos, pero no creo que para abril o mayo tenga ningún impacto.” El economista señaló que los férreos controles de precios postergarán la inflación para después de abril y mayo, meses para los cuales pronostica variaciones inferiores a 2% “si no hay sorpresas”. No obstante, aclaró que esta contención acumulará riesgos mayores para la segunda parte del año y que el Gobierno deberá buscar esterilizar la mayor parte de la base monetaria, “lo que no será fácil”. En tanto, Fernando Marull, economista de FMyA Asociados, considera que impactará en el mediano plazo e incluso recién en 2021. «Si no impacta en 2020, lo hará en 2021. Pero el impacto se producirá sí o sí», señaló. Por su parte, Matías Rajnerman de Ecolatina indica que habrá un repunte de la inflación cuando se normalice la economía, aunque aclaró que no ve riesgos de hiperinflación por el momento. “Va a haber un repunte de la inflación, más allá de la metodología de medición que impone la cuarentena. A la salida de la cuarentena, cuando haya precio para todos los bienes y servicios de nuevo. Pero no veo un riesgo de hiperinflación”, planteó. Y agregó: “En un contexto de cepo y tarifas congeladas, la verdad es que no veo riesgos de una disparada inflacionaria de esa magnitud, con un stock de reservas que resiste. Esta liquidez en otro contexto habría sido mucho más problemática”. Topes a la emisión Los analistas coinciden en sostener que la emisión monetaria será el principal sostén de la expansión del gasto. No obstante, remarcaron que esta opción no será fácil de implementar, debido a los límites legales que establecen las normas del Banco Central (BCRA). Es que el nivel de emisión, que se instrumenta bajo la forma bajo la forma de adelantos transitorios (AT) del Central al Tesoro, está casi al límite que permite la Carta Orgánica de la autoridad monetaria en su artículo número 20. Allí se establece que las transferencias pueden acumular hasta el equivalente al 12% de la base monetaria M1 (circulación monetaria más depósitos a la vista) más el 10% de los recursos corrientes en efectivo de los 12 meses previos, que puede ampliarse hasta por 10 puntos porcentuales más en contextos extraordinarios como el actual. A fines de marzo, este límite alcanzaba los $ 1,089 billones, mientras que el stock de adelantos transitorios se ubicaba $ 1,084 billones, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Al 15 de abril, el stock de AT totalizaba $ 1,164 billones y, ante una recaudación que crecerá mucho menos que la expansión de la base monetaria y por ende incremente menos el umbral, posiblemente finalice el mes sobre el tope, sin margen para seguir aumentando. Un financiamiento íntegro vía emisión monetaria rebasaría ese límite adicional, por lo que el Gobierno debería conseguir pesos por otra vía o impulsar un cambio en la Carta Orgánica. Esto último sólo podría instrumentado por medio de una ley en el Congreso, actualmente inactivo.

(Cronista) Qué productos argentinos quiere comprar el mundo para enfrentar la pandemia Un informe de inteligencia comercial elaborado por el Gobierno detectó demandas en varios países de la región y más lejanos adonde la producción local podría llegar con más facilidades. Aunque los análisis más optimistas pronostican una caída del comercio del 13% en términos globales y un derrumbe todas las economías de la región, el flujo de bienes y servicios no se detiene del todo y muchos países han abierto puertas de entrada a sus mercados para hacerse cuanto antes de bienes críticos que podrían escasear en un contexto de incertidumbre a corto plazo como el que plantea la pandemia del coronavirus. En este escenario, un informe de inteligencia comercial elaborado por el Gobierno argentino a través de la red de embajadas y consulados desplegados por el mundo detectó oportunidades de negocio que podrían aprovechar productores argentinos de alimentos e insumos médicos, al igual que contratistas de la obra pública. De acuerdo al reporte al que accedió El Cronista, varios países han determinado reducir temporariamente impuesto a la importación y derechos antidumping, y a la vez relajar el control de medidas sanitarias y fitosanitarias de productos vinculados a la contención de la pandemia, de manera de hacerse rápidamente con esos recursos. Insumos médicos para Brasil Con el gobierno federal enfrascado en su estrategia de combate de la pandemia, varios estados han tomado la iniciativa contra el Covid-19 y llevan la delantera en materia de mitigación del riesgo. En este sentido, el estado de Paraná, en el sur del vecino, busca proveedores alcohol etílico al 70%, alcohol en gel antiséptico, vestuario de protección y máscaras faciales. El problema aquí es que esos insumos fueron decretados esenciales para el combate del coronavirus, pero de todos modos, en forma previa a la exportación, las mercaderías señaladas podrían exportarse con un permiso otorgado por el ministerio de Desarrollo Productivo con la intervención del ministerio de Salud. La licencia estará supeditada a la total cobertura de las necesidades de abastecimiento local. Alimentos a Centroamérica, Europa y Asia Para afrontar la emergencia, el gobierno de El Salvador hizo varios llamados a licitación para hacerse con toneladas de arroz semiblanqueado o blanqueado y porotos comunes, que son la base de buena parte de la dieta de los salvadoreños. Para asegurarse la provisión de productos agroganaderos, El Salvador definió sustituir el requisito de inspección técnica en origen por la verificación documental de compañías que ya exporten a mercados de mayor exigencia regulatoria (como lo son Estados Unidos, Rusia y Europa), lo cual reduciría el tiempo de los trámites antes del embarque de las mercancías. El informe de inteligencia comercial también advirtió oportunidades para la exportación de langostinos a Alemania y carne bovina deshuesada -fresca o refrigerada- a Italia. Otro mercado que aumentó su demanda es Azerbaiyán. La antigua república soviética, adonde la Argentina tiene sede diplomática desde 2012, busca satisfacer la demanda interna de aceite de maíz y de girasol, nueces y almendras, camarones, langostinos y pescados enteros congelados.