(Ambito) El FMI, la causa por la que los acreedores reclaman 4,9% de interés en el cupón.
Los bonistas saben que el Gobierno argentino aceptará negociar, y que se acercan las horas finales de una larga discusión que se inició formalmente en abril. Y están dispuestos a defender hasta el final varias de las nuevas cláusulas presentadas en sociedad el lunes pasado, y que forman parte de la nueva oferta. Los bonistas saben que el Gobierno argentino aceptará negociar, y que se acercan las horas finales de una larga discusión que se inició formalmente en abril. Y están dispuestos a defender hasta el final varias de las nuevas cláusulas presentadas en sociedad el lunes pasado, y que forman parte de la nueva oferta. En este marco, los acreedores con deuda externa emitida bajo legislación extranjera defienden su reclamo de una tasa de interés de 4,9% para el cupón 2030 con un curioso argumento. Este capítulo, considerado por los bonistas como central en el diseño de la contraoferta presentada el lunes pasado en sociedad, implica para el país el encarecimiento en esa emisión, algo que para el Ministerio de Economía es, directamente, inaceptable. Al menos en ese nivel. Sin embargo, la defensa de los bonistas a ese 4,9% tiene argumentos: es la tasa que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le aplicó a la Argentina en su último stand by, hoy vigente, y el interés que el organismo que maneja Kristalina Georgieva volvería a cobrarle al país si renueva el acuerdo con otro stand by. Además, afirman, que el dinero extra implicaría un encarecimiento de menos de u$s800 millones, dependiendo del momento en que el Gobierno haga el corte del reconocimiento de los intereses no devengados hasta septiembre de 2020. Este bono fue el principal “anabólico” incluido por Martín Guzmán en su oferta del 3 de julio, e incluye el pago con un título con vencimiento en 2030 con interés de 1% en dólares y 0,5% en euros, destinado exclusivamente a premiar a los inversores que ingresen antes del 4 de agosto al canje. Incluye los pagos de los bonos globales vencidos entre abril y septiembre de este año, más el Discount que el próximo 30 de julio ingresará en default total. Fue el instrumento financiero que diseñó el Palacio de Hacienda para excluir de la oferta final (final, al menos hasta ahora) un cupón PBI, la elección primaria de Economía, luego de la polémica insalvable planteada por BlackRock, que exigía que la medición del crecimiento del producto nacional se calcule según la versión FMI en lugar del INDEC. Para el Gobierno de Alberto Fernández aceptar esa imposición era impensable. Tampoco funcionó la idea de un bono indexado por la evolución de las exportaciones, aportada por los bonistas tenedores de títulos emitidos durante el kirchnerismo y que había sido aceptada en un principio por el Gobierno. Luego terminó siendo rechazada por no haber acuerdo sobre la medición de la evolución de las ventas al exterior, y si el cupón seguiría pagándose si no hubiera superávit comercial. Finalmente Guzmán diseñó con su equipo el nuevo bono medido sobre los intereses no devengados con el plazo extra de alcanzar hasta septiembre de 2020 y con un interés, a los ojos locales, más que aceptables. La propuesta fue evidentemente bien recibida por los acreedores. Prueba de ello es que se basan en la idea para aplicar sobre ese bono la mejora financiera en la contraoferta presentada el lunes pasado. Algo inaceptable para el Gobierno. El mensaje de la justificación de la tasa del 4,9% con el argumento que es la que aplica el FMI fue transmitida por uno de los abogados del flamante grupo tripartito blanqueado el lunes pasado; y que tuvo como presentación oficial el comunicado conjunto publicado en el after market de ese día, y que luego se profundizó con la presentación de la oferta. Este fue firmado por el Ad Hoc (BlackRock y compañía), Exchange Bondholders (tenedores de deuda K) y el Comité de Acreedores renovado. Esto es, sin Greylock de Hans Humes ni el Fintech de David Martínez. Sobre la crisis de este último grupo y las internas que llevaron a su rompimiento, los fondos de inversión que quedaron del lado combativo de la propuesta (sumándose a la posición irreductible de rechazar la posición argentina), el Comité actual aclara dos situaciones internas. La primera es que Fintech, de David Martínez, nunca fue integrante sino asesor. Y que no tiene gran cantidad de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera para renegociar. Y que la posición cercana al Gobierno argentino molestó varias veces a los tenedores de deuda menos friendly del Comité. Sobre la salida de Greylock son más duros. Aseguran que Hans Humes siempre mantuvo una posición combativa dentro del grupo y que hacia fuera se mostraba contenedor. Y que su salida como integrante no representa una disminución en el poder de presión, sino una liberación en la capacidad de llegar a consensos en la nueva etapa de definiciones que comenzó el lunes pasado.
(Ambito) Deuda: Gobierno se abre a negociación legal, pero blinda la oferta económica
Se admite que si hay cláusulas legales que disipen inquietudes y cuenten con apoyo de la comunidad internacional, eso puede ser parte de un diálogo. Desde que el Ministerio de Economía oficializó ante la SEC la nueva oferta a los bonistas extranjeros, el mensaje que repitieron todos los funcionarios, incluido el presidente Alberto Fernández, fue el mismo: el período de negociaciones había terminado y quedaba en los bonistas aceptar o rechazar la propuesta argentina porque la pelota estaba en su lado de la cancha. Pero esta semana, tres grupos de acreedores (Ad Hoc, Exchange y una parte de ACC) presentaron al ministro Martín Guzmán una oferta conjunta con una estructura similar a la presentada por la Argentina y desde el Gobierno abrieron una posibilidad de diálogo sobre uno de los aspectos, pero volvieron a cerrar filas sobre otro. Desde el Palacio de Hacienda le dijeron a Ámbito que es posible revisar algún detalle de las cláusulas legales que permanezca “equidistante”, pero que los términos económicos de la propuesta argentina no se tocan. Desde que el Ministerio de Economía oficializó ante la SEC la nueva oferta a los bonistas extranjeros, el mensaje que repitieron todos los funcionarios, incluido el presidente Alberto Fernández, fue el mismo: el período de negociaciones había terminado y quedaba en los bonistas aceptar o rechazar la propuesta argentina porque la pelota estaba en su lado de la cancha. Pero esta semana, tres grupos de acreedores (Ad Hoc, Exchange y una parte de ACC) presentaron al ministro Martín Guzmán una oferta conjunta con una estructura similar a la presentada por la Argentina y desde el Gobierno abrieron una posibilidad de diálogo sobre uno de los aspectos, pero volvieron a cerrar filas sobre otro. Desde el Palacio de Hacienda le dijeron a Ámbito que es posible revisar algún detalle de las cláusulas legales que permanezca “equidistante”, pero que los términos económicos de la propuesta argentina no se tocan. Si bien la mayor parte de la atención se concentra en los grandes grupos de acreedores, que según ellos mismos reúnen un tercio de los títulos en disputa, desde Economía aseguran que la estrategia oficial no mira únicamente a esos bonistas “cartelizados”. “Los bancos apuntan a maximizar la participación de todo el universo de la base inversor”, remarcó un funcionario al tanto de las últimas novedades. Sin embargo, el equipo de Guzmán es muy cuidadoso a la hora revelar detalles sobre los contactos (existentes o no) con representantes de los grupos más hostiles con el país. A pesar de abrir un canal de diálogo, la posibilidad de acercar posiciones sobre las cláusulas legales tiene un límite: debe contar con apoyo de la comunidad internacional. Dicen en Economía que “si hay cláusulas legales que disipen inquietudes y cuenten con apoyo de la comunidad internacional, eso puede ser parte de un diálogo, pero sobre la base de los términos económicos planteados en la oferta definitiva”. El análisis que hace el mercado es que la propuesta de los tres grupos de bonistas arroja un VPN de u$s56,1; tres dólares por encima de lo que valúan a la propuesta oficial. Esa diferencia, indica un análisis realizado por la consultora 1816, se explica por el “bono PDI” (por el cual los acreedores piden cupón anual fijo de 4,9% versus el 1% que ofreció el Gobierno) y también por el flujo de los bonos. Sobre esto último, desde la consultora estimaron que los comités piden “u$s1.000 millones más de flujos en el actual mandato presidencial y, en total, u$s1.600 millones durante la vida total de los bonos”. Sobre los términos legales, la nueva propuesta de los acreedores pide modificaciones al Indeture 2016, que regula las cláusulas de acción colectiva. Estas cláusulas le permiten al país deudor reagrupar distintas series de bonos con diferentes vencimientos para modificar los cálculos de las mayorías necesarias para cerrar el proceso de negociación. Esta normativa fue aprobada e incorporada en 2014 por la Asociación de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y se volvieron un estándar en la colación de la deuda soberana. Pero aún no queda claro en la propuesta de los acreedores cómo debería ser la nueva redacción del marco legal. Este pedido sobre las cláusulas de acción colectiva es menos exigente que la presentación inicial de los bonistas. La intención inicial era que los nuevos bonos que se emitan en este canje respeten los estándares legales de la deuda emitida en 2005 y 2010, a lo que la Argentina se negaba porque permitieron el ingreso de los holdouts y abrieron un litigio millonario contra el país en el juzgado de Thomas Griesa. “No vamos a volver atrás”, repitió una y otra vez Guzmán en cada instancia pública en la que se refirió a las diferencias con los acreedores. También dejaron de lado el reclamo de la obligatoriedad de que la Argentina cumpla con el artículo IV del FMI. En el calendario quedan todavía 13 días por recorrer. Pero en el Ministerio de Economía aseguran que el 4 de agosto sigue siendo la última fecha.
(Ambito) Emisión: carrera contra el tiempo entre el BCRA, la Moneda y G+D La pandemia hizo implosionar la programación monetaria del Central.
La Casa de Moneda no da abasto. Los exiguos plazos impuestos por la crisis global podrían complicar llegada de nuevo dinero. Podría decirse que es la única actividad que viene operando a plena capacidad, no solo acá sino en el mundo entero. Lo cierto es que la impresión de dinero ha estallado a nivel global. La Argentina, más allá de los vicios y costumbres históricos, acompaña con ahínco la tendencia. El BCRA viene emitiendo ciento de miles de millones mes a mes. Y todavía falta mucho más para cerrar el año. Sin duda la pandemia hizo implosionar la programación monetaria que tenía pensada Miguel Pesce al llegar al BCRA para su primer año de gestión. Pero ya en medio del campo de batalla no tiene otra alternativa que seguir emitiendo para auxiliar al fisco. Pero a diferencia de lo que el público creería la capacidad operativa de la Casa de Moneda es finita y ha llegado casi al tope. Por eso la línea telefónica directa entre Pesce y Rodolfo Gabrielli, titular de Casa de Moneda, está que arde. Claro que la decisión del presidente Fernández de desestimar, por motivos políticos, la impresión de un nuevo billete de $5.000, que tenía en gatera el BCRA, también explica hoy los contratiempos por los que pasan Pesce y Gabrielli. Ya que Moneda está “trabajando” a todo vapor en tres turnos imprimiendo billetes de $1.000. Por eso días atrás Casa de Moneda llevó a cabo una licitación para proveerse de billetes de $500. La invitación a los proveedores internacionales fue para una cantidad de 250 millones de billetes (esto, equivalente a una emisión de $125.000 millones, lo que no parece gran cosa teniendo en cuenta los volúmenes emitidos recientemente). Hasta acá nada del otro mundo. Pero hay que tener presente que todos los bancos centrales del mundo están emitiendo “a lo loco” y por lo tanto no hay mucha capacidad ociosa disponible. Por ende se plantean algunos interrogantes. El más relevante es si llegan a tiempo los billetes. La licitación planteo tres fechas para la entrega en Buenos Aires (100 millones de billetes en agosto y en septiembre y el resto en octubre). La licitación la “ganó” el grupo alemán Giesecke+Devrient (G+D), que en realidad fue el único que se presentó, pese a que otro grupo europeo compró el pliego. El precio cotizado fue cercano a los u$s20 millones, o sea que cada “yaguareté” costará poco más de u$s12 (casi el doble del valor facial). Para los conocedores de este negocio es sin duda un precio exhorbitante, o digamos fuera de lo “normal” por lo que en ésta época de “anormalidad” rige el “siga siga”. No son tiempos para mirar los costos, dirían algunos. Pero ocurre que este precio solo involucra el costo de impresión y el flete hasta Buenos Aires. A propósito, dado el apuro del BCRA, se pidió que el envío fuera preferentemente vía aérea, lo que es mucho más oneroso. Volviendo al tema del costo, la empresa alemana cotizó solo la impresión porque Casa de Moneda ya había comprado el papel y la tinta (ya están en Europa), de ahí lo caro que resulta esta compra. Al respecto cabe señalar que tanto el “hilo de seguridad”, elegido oportunamente para el “yaguareté”, como el “papel”, ambos insumos pertenecen al grupo alemán (dueños de las patentes) por lo que finalmente terminan “regulando” los precios del mercado. Ahora bien, y quizás lo más importante son los plazos y en tal sentido los alemanes, criteriosos, ya han avisado que son incumplibles, recién podría empezar a entregar los billetes a partir de los 4,5 meses de que se haya firmado la orden de compra. Por lo tanto, si finalmente, se adjudica esta licitación al grupo G+D difícilmente lleguen los 250 millones de $500 a tiempo, o bien, para que el BCRA satisfaga el apetito del Tesoro no antes de fin de año. Con relación al tema del precio cotizado, se especula que también podría incluir internamente, o sea, para G+D algún tema de castigo o multa al que será pasible porque seguramente incumplirá algún otro pedido para satisfacer el de Moneda argentina. Se podría desmenuzar que un tercio del costo sería el flete y en el resto estaría contemplado una posible multa al grupo con sede en Munich.
(INFOBAE) El Gobierno reconoció que la brecha cambiaria impulsó la venta de autos y electrodomésticos
La suba del dólar paralelo abarató los precios en moneda dura. Según un informe oficial, los bienes durables se beneficiaron de esta situación en los últimos meses La suba del dólar paralelo y el aumento de la brecha cambiaria son tendencias indeseadas para el Gobierno por distintos motivos. Entre otros porque presiona sobre la inflación y aumenta la incertidumbre en la economía. Sin embargo, también tiene algunos efectos positivos, fundamentalmente el incentivo a la compra de bienes durables, que se vuelven mucho más baratos medidos en “dólar billete”. El motivo de esta situación es que los precios de los bienes ajustan mucho más lento, en muchos casos siguiendo de cerca el dólar oficial. Por lo tanto, cuando se calcula el valor del mismo en moneda dura se produce un abaratamiento notable. Este fenómeno se notó particularmente con la venta de autos. En algunos casos, hubo reducciones superiores al 40% medido en dólares porque la suba de los precios en pesos fue muchísimo más lenta que la escalada del dólar en el mercado informal. Por ahora, esa brecha entre ambos tipos de cambios se mantiene, por lo que este fenómeno de compra alimentada por diferencia cambiaria podría sostenerse al menos por un tiempo. Ayer el “blue” finalizó a $133, mientras que el oficial lo hizo a $75,50, una diferencia superior al 75%. Parte de esta recuperación se reflejó en el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de mayo. Si bien marca una caída de 20% contra el mismo mes del año pasado, contra abril sube 10 puntos porcentuales. “A la demanda retraída de abril y mayo se sumó la suba del dólar paralelo en el impulso de la venta de bienes durables”, explica un informe del ministerio de Desarrollo Productivo al hacer referencia al pico de venta de muebles para el hogar y autos 0 kilómetro. En junio la venta de autos llegó a casi 37.000 unidades, superando la del mismo mes del año pasado. Una parte también se adjudica a las operaciones que no se pudieron cerrar por la cuarentena en meses anteriores. Es notable que desde el propio Gobierno reconozcan el efecto que tiene la brecha cambiaria a la hora de impulsar la venta en determinados rubros. Algo de este efecto también se notó en artículos como bicicletas y productos electrónicos, aunque estos últimos tuvieron subas un poco mayores ante el temor de que se produzca un cierre de la importación. A la demanda retraída de abril y mayo se sumó la suba del dólar paralelo en el impulso de la venta de bienes durables, señaló un informe del ministerio de Desarrollo Productivo. “El fuerte dinamismo en muebles (incremento de ventas del 187% respecto a la precuarentena) se debió a que muchos hogares invirtieron en mesas y sillas para adaptarse al teletrabajo y, también, a que la brecha cambiaria respecto del dólar oficial abarató sensiblemente la compra de durables al dólar paralelo”, indica además el trabajo elaborado por Producción. En el caso de muebles para el hogar influye además la “nueva normalidad”, que implica la mayor cantidad de estudio y trabajo en casa. También se incrementó la venta de colchones. “Otro sector que pasó de la parálisis a una actividad significativa es minerales no metálicos, asociado a la construcción”, resaltó el trabajo. En abril, el consumo de energía de este sector cayó 64% interanual; al 7 de julio, esa baja se ubicó en el 8%, debido a una creciente demanda de cemento, vidrio, cerámicos y ladrillos. Patrones similares se encuentran en las plantas textiles, cuya demanda de energía caía al 70% interanual en abril y al 45% en mayo. Al 7 de julio, la caída se recortó al 17%. Claramente pesa en este comportamiento las “dos velocidades” de la recuperación dependiendo de la geografía: en el interior la apertura de la actividad es mucho más notable que en el AMBA.
(Infobae) La justicia de Londres rechazó un pedido de la Argentina para frenar el juicio de un grupo de bonistas por el cupón PBI
La jueza Sara Cockerill emitió un fallo el martes en el Tribunal Superior de la capital inglesa, en la que rechazó una presentación del Gobierno para detener la demanda en la que se acusa al país de haber manipulado los datos del crecimiento de la economía para no pagar el cupón. En medio de la negociación con acreedores internacional para restructurar la deuda bajo legislación extranjera, Argentina recibió un duro revés judicial en los tribunales de Londres luego de que la jueza Sara Cockerill emitiera este martes un fallo en el Tribunal Superior de esa ciudad, rechazando un pedido del Gobierno de Alberto Fernández para detener la demanda de cuatro grupos de bonistas que denunciaron que el país manipuló datos económicos para evitar pagos relacionados con instrumentos de deuda soberana vinculados al crecimiento. Tiene que ver puntualmente con los cupones PBI. Cabe recordar que en 2014, cuando el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se desempeñaba como ministro de Economía durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se informó un crecimiento anual del Producto Bruto Interno de 2013 apenas menor al 3,25 por ciento, un valor que habilitaba el pago anual a los tenedores de dichos instrumentos de deuda. El pago por el crecimiento de 2013 debía hacerse efectivo a fines de 2014. Según los demandantes, el 21 de febrero de 2014, el entonces Ministro de Economía Axel Kicillof, anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. Según los demandantes, el 21 de febrero de 2014, el entonces Ministro de Economía Axel Kicillof, anunció que el PBI del año 2013 había crecido 4,9%. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014, anunció que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9%, menor al 3,25% que gatillaba el pago de Cupón del PBI. De esta manera, la justicia de Londres abrió la posibilidad de que se ejecute un juicio completo contra el Estado argentino, según indicó Reuters. En tanto, los gestores de activos Palladian Partners LP, HBK Master Fund LP, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald International Limited señalaron que el país les adeuda alrededor de 525 millones de euros en pagos relacionados a los cupones PBI, creadas para abonar a los acreedores en caso de que una serie de evaluaciones de crecimiento se cumpliesen o superasen. Los inversores argumentaron que hubo una modificación de las estadísticas publicadas por el Indec que hicieron que los instrumentos emitidos en 2005 y 2010 como parte de una reestructuración de la deuda, no cumplan las condiciones para el pago. Los fondos de cobertura dicen que la Nación manipuló sus cifras del producto interno bruto en 2013 para evitar pagos y presentó a fines de 2019 una demanda ante el Tribunal Supremo de Londres para recuperarlos. Según informó la agencia Bloomberg, los fondos poseen USD 6.100 millones en valores denominados en euros vinculados al PBI. Según sus documentos, el crecimiento anualizado del PBI durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6 por ciento y, sin una contracción económica importante en el último trimestre, los valores debieron recibir un reembolso significativo. Luego, Argentina reformuló la manera en que calculaba el crecimiento del PBI, al publicar cifras que fueron mucho más bajas de las esperadas y demasiado bajas para estimular un pago. Ante la escasez de divisas, el Gobierno tuvo como único objetivo publicar las nuevas series del PBI para reflejar una baja del crecimiento económico del año 2013 con el fin de evitar el pago del cupón PBI por unos USD 3.000 millones. Los fondos de cobertura dicen que el país intentó engañar a los inversores, ya sea voluntaria o accidentalmente, al publicar estadísticas inexactas del PBI. En sus presentaciones judiciales, los fondos señalan que el gobierno manipuló las estadísticas económicas en el pasado, señalando los cambios realizados en los datos oficiales de inflación en 2007 que redujeron los pagos a los tenedores de bonos. Cabe recordar que en enero, la justicia de Estados Unidos desestimó una demanda presentada en 2019 por el fondo Aurelius contra el país. La jueza Loretta Preska a cargo del tribunal del Distrito Sur de Manhattan –que atiende cuestiones vinculadas con Wall Street y también lleva el juicio por la expropiación de YPF–, rechazó la demanda que realizó en enero de 2019 el fondo Aurelius Capital Investment contra Argentina por modificar en 2014 el cálculo con el que se midió el producto un año antes y para, según el holdout, evitar el pago del cupón PBI. En su fallo la jueza desestima la demanda de los fondos que firmaron el acuerdo con el gobierno de Mauricio Macri en 2016, el que permitió la salida del default, pero dio luz verde para realizar una demanda ampliada que de lugar a una investigación más amplia. Entre los argumentos, Preska señala que la modificación del cálculo que llevó a cabo Argentina para estimar el crecimiento de su PBI en 2013 es lícito: es decir, Argentina tenía la potestad de modificar la manera de dar cuenta del crecimiento de su PBI como lo pueden hacer el resto de los países. No obstante, duda sobre el momento en el que el Gobierno de Cristina Kirchner (en 2014) decide cambiar la fórmula.
(Cronista) El Gobierno evita hablar de la expropiación de Edesur, pero analiza multas
El grupo de intendentes del PJ que encabeza la avanzada llevó el tema al Gobierno nacional: en el kirchnerismo desestiman la estatización, pero reclaman que se hagan las inversiones. áximo Kirchner se pasó todo el fin de semana hablando con los principales intendentes del conurbano del Frente de Todos, cuentan cerca del diputado. Fue uno de los que terminó de darle forma a la avanzada oficial contra Edesur que traspasaría las fronteras bonaerenses para llevar el tema a la mesa nacional con una advertencia: que la firma cumpla el plan de inversiones prometido o se les podría quitar la concesión. En el cristinismo evitan hablar de «estatización», un Plan A que suele presagiarse siempre como salida camporista a un determinado problema con una empresa privada. Tras el respaldo de Axel Kicillof la semana pasada al reclamo, la defensoría del Pueblo bonaerense le solicitó ayer al Ente Nacional de Regulación de Electricidad (ENRE) que «tome medidas drásticas» con la empresa de distribución de energía eléctrica. «Edesur no tiene voluntad y claramente no presta un servicio acorde a lo que la gente paga», reprochó su titular, Guido Lorenzino. El apoyo del gobernador bonaerense a los alcaldes fue a la queja, no a la drástica solución que alguno llegó a enarbolar por lo bajo. «Expropiar no es una opción para nosotros», avisan en La Plata. ¿Cuál es la propuesta? «Apretarlos para que hagan inversiones y meterles muchas multas», avisan, sin filtro. En la Casa Rosada coinciden y apuran la salida al laberinto a través de un plan de inversiones. Post-affaire Vicentin, se desesperan por espantar el fantasma intervencionista. Y tampoco lo ven como ganancia: estatizar la generadora eléctrica, pronostican en un importante despacho, sería «un dolor de cabeza» en los futuros cortes de luz veraniegos. Esta es la antesala de la videoconferencia que tuvieron los alcaldes ayer con el Secretario de Energía, Sergio Lanziani, un funcionario que ya tiene un pie afuera por falta de apoyo político, según cuentan en la Casa Rosada. La interna que vive con su superior en los papeles, quedó patente porque más tarde el ministro de Producción Matías Kulfas organizó su propia reunión para abordar el tema Edesur: sin Zoom, recibió al interventor del ENRE, Federico Basualdo, y al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, uno de los cabecillas de la revuelta bonaerense contra la firma. Fue otro histórico alcalde que pelea contra Edesur quien planteó el Plan A: «Después de 28 años de concesión, donde no hubo inversiones ni siquiera en la etapa del macrismo donde cobraron tarifas prácticamente dolarizadas e impagables, yo creo que hay que revocarle y sacarle la concesión porque no da para más», propuso Fernando Gray (Esteban Echeverría). Como contó este diario en mayo, tanto Edenor como Edesur disminuyeron a la mitad el ritmo de sus inversiones debido a la menor cantidad de ingresos que recibieron por el extendido congelamiento tarifario, según los resultados del primer trimestre de 2020 que presentaron en la Bolsa y la CNV. Incluso Edesur reportó la pérdida de $ 120,6 millones en lo que va del año.
(BAE) Pese al ajuste en gasto «No-Covid» el rojo llegó a 3% del PBI
En junio, el gasto antipandemia trepó con fuerza y fue otro mes de déficit primario en torno al 1% del producto. Hubo recortes en los gastos de funcionamiento, con fuerte caída del salario del sector público. El déficit primario fue de $253.706 millones en junio, es decir 0,9% del PBI. En total, el acumulado de los primeros seis meses del año llego a un rojo sin contar intereses de la deuda, de 3% del PBI. En cambio, el negativo total ya rozó el 4% del producto. En junio se volvió a ver una contracción de los gastos de funcionamiento, lo que se explica principalmente por la baja real en los salarios de los empleados públicos, y lo que muestra que el déficit se disparó esencialmente por la política fiscal propia de la pandemia. Es decir, por los gastos extraordinarios para sostener a las empresas, provincias y hogares y por la fuerte caída en la recaudación tributaria. En una dinámica que ya se viene observando desde hace unos meses, y que contradice a alguna lecturas de analistas y medios de prensa que sostienen que el ajuste lo hizo solamente el sector privado, los gastos de funcionamiento subieron apenas 13%. Muy por debajo de la inflación interanual de 42,8% que se registró el mes pasado. De hecho, la contracción en términos reales fue de 20,9% y está principalmente explicada por la dinámica también de los salarios públicos: con fuerte inflación, no fueron suficientemente corregidos en términos nominales. El rojo primario creció casi a la par de la emisión monetaria durante el primer semestre del 2020. El economista del Iaraf, Nadin Argañaraz, destacó: «El déficit primario del primer semestre fue del 3% del PBI, más intereses de deuda por 1,1% del producto, aproximadamente». Argañaraz mostró además que mientras el déficit fue de $1,18 billones, la emisión monetaria para abastecer de liquidez al Tesoro fue de $1,25 billones. En junio el déficit primario creció 3745,1% interanual. Es una multiplicación extraordinaria. Los ingresos totales treparon apenas 7,8% anual, es decir que cayeron 24,6% real. Hubo fuerte impacto de la pandemia en ese número, ya que Afip encaró una suspensión y recorte de las contribuciones patronales a la seguridad social, en el marco del ATP. Por otro lado, la contracción de la actividad tiró para abajo a los tributos relacionados con el consumo. Además, Anses suspendió el pago de las cuotas de los créditos al sector privado. Por el lado del gasto, el crecimiento fue de 72,7% nominal interanual. Es decir, una suba de 20,9% real. Las prestaciones sociales crecieron 31,3% en términos reales, de la mano del IFE y el salario complementario, que sumaron $99.750 millones. También aportó lo suyo el programa Alimentar, con un incremento de $8.050 millones. Por el congelamiento tarifario, los subsidios marcaron una suba real de 32,4%. Además el gasto por envíos a las provincias se casi cuadruplicó en la comparación interanual, con una suba nominal de 274,9%. El gasto de capital y los intereses de la deuda, en cambio, registraron caídas nominales fuertes, de 25,9% y 43%.Desde el Grupo SBS destacaron: «La situación se mantiene muy negativa y lo único bueno que se puede decir es que la dinámica mejoró levemente en el margen. Los ingresos siguen cayendo con fuerza pero menos que en abril y mayo, especialmente los recursos tributarios vinculados a la actividad y el empleo. El gasto aún crece a un ritmo también significativo pero inferior al de meses anteriores, con un importante impulso de las prestaciones sociales en medio de la crisis y recortes para nada despreciables en términos de gastos operativos y de capital. No obstante, la brecha entre la evolución de ingresos y gastos sigue siendo muy importante (45,5 puntos) y la situación es crítica». Y agregaron: «El segundo semestre mostraría una recuperación gradual de los ingresos a medida que se vayan normalizando más actividades, algo que ya se ve en los indicadores diarios de recaudación. Sin embargo, el alza del gasto mostraría bastante más persistencia ante el evidente deterioro de los indicadores sociales (más de 40% de los gastos de emergencia fueron a programas de asistencia social). A la luz de los indicadores de junio, elevamos nuestra proyección de déficit primario a 7% del PBI para este año (desde 6,5%), cifra que marcaría un récord en la historia económica de Argentina».