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• (Ambito) Rige desde hoy «mega ley»: se usará para renegociar deuda. Será publicada en el boletín oficial y el ejecutivo deberá reglamentar diversos artículos. Contempla impuesto a compras en dólares, suba de retenciones y cambios en jubilaciones. El de hoy podría ser considerado como el “día cero”. Después de largas jornadas de debates en el Congreso, el sábado fue aprobada por el Senado la Ley de Solidaridad Social, y hoy será publicada en el Boletín Oficial. Ahora el Ejecutivo deberá reglamentar los diversos artículos, que de alguna manera modificarán el rumbo de la economía argentina. Cambios en la movilidad jubilatoria y la Asignación Universal por Hijo, impuesto a la compra y ahorro en divisa extranjera, retenciones, tarifas, medidas para las pymes y los asalariados, modificaciones en bienes personales (ver página 6) y renta financiera (ver página 5), son algunos de los aspectos alcanzados. Además, la ley faculta al Gobierno a llevar adelante “gestiones y actos para recuperar y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública”. Es que, con estas medidas, busca frenar la crisis y obtener margen para poder renegociar pagos con acreedores Los que siguen son los puntos más relevantes de la iniciativa: Retenciones
  El Congreso facultó al Ejecutivo con la posibilidad de aumentar los derechos de exportación en tres puntos porcentuales para determinados productos agropecuarios y a establecer “mecanismos de segmentación y estímulo” para pequeños productores y cooperativas que serán alcanzadas por las mismas.

  El Gobierno podrá incrementar las retenciones al poroto de soja hasta 33%, mientras que los cereales como el maíz y el trigo podrían llegar hasta 15%. Las carnes, la leche en polvo, la lana y otras producciones, hasta el momento tributan 9%, aunque el ejecutivo podría llevarlas hasta el tope de 15%.

  Dólar turista
  Desde hoy, realizar compras con tarjeta de crédito en el exterior o comprar divisa para atesoramiento será 30% más caro: el denominado “dólar turista” cotizará en torno a los $82. Además, se mantendrá el límite de u$s200 mensuales para los ahorristas, tal como rige desde la instauración del cepo hard. La medida alcanza también a las distintas plataformas que operan en dólares en el país, como Netflix o Spotify.

  Una de las modificaciones que se incluyó durante el debate, es que los gastos previos a la promulgación de la ley no serán alcanzados por el impuesto. Otro de los cambios fue que los pasajes interurbanos a países limítrofes –realizados desde ciudades fronterizas- no pagarán el 30%.

  Movilidad jubilatoria
  Fue uno de los temas más controversiales. Se trata de la suspensión por 180 días del sistema de ajuste para las jubilaciones, vigente desde marzo de 2018, cuyos cálculos se realizaba en base a la inflación (70%) y la Remuneración Imponible para el Trabajador Estable (30%). A cambio, el Gobierno otorgará dos bonos de $5000 (el primero, tal como se anunció ayer, será el 27 de diciembre; el otro en enero) para quienes perciban el haber mínimo de $14.068 y hasta un tope de $19.067. Abarca a unos 4.500.000 de jubilados y pensionados y resta saber qué ocurrirá en febrero y los meses siguientes.

  Pymes y empleados privados
  Se fijó un plan de regularización de deudas tributarias vencidas al 3 de noviembre, con hasta en 120, cuotas para las pymes. Se condonan los intereses hasta el 100% y, si se paga al contado, habrá una quita del 15% en el capital. También habrá un aumento salarial para empleados privados, que será decretado por el Gobierno y que rondaría entre $5.000 y $8.000 a cuenta de futuras paritarias. Sería para los sueldos más bajos, a cobrar desde enero.

  Tarifas
  En otro de los artículos, se faculta al Ejecutivo a mantener las tarifas de electricidad y gas natural que estén bajo “jurisdicción federal” con precios congelados por 180 días e iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria vigente. Por otra parte, se dispuso la intervención administrativa del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), por un año.

  Asignación Universal por Hijo
  Se pagará a todos los beneficiarios un adicional de $2.000 en diciembre y enero. En cuanto al IVA, se reemplaza la rebaja a cero de la alícuota en alimentos básicos por un reintegro selectivo: será para jubilados que perciben el haber mínimo y a los beneficiarios de la AUH, hasta un tope de $700 por mes.

• (Ambito) Qué hay que tener en cuenta por cambios en Bienes Personales. Las modificaciones no estarán exentas de diferentes interpretaciones e, incluso, de cuestionamientos a su constitucionalidad en algunos aspectos. En la madrugada del sábado el Senado convirtió en ley el proyecto denominado de “Solidaridad social y reactivación productiva”. La nueva norma dispone la creación de un gravamen, ciertas modificaciones a los ya existentes y una moratoria para sujetos MiPyme, entre otras cuestiones. No obstante, y dada la importancia y oportunidad de los cambios generados, es preciso profundizar el análisis sobre las modificaciones efectuadas al Impuesto sobre los Bienes Personales. En necesario advertir que las modificaciones efectuadas no estarán exentas de diferentes interpretaciones e, incluso, de cuestionamientos en cuanto a su constitucionalidad en algunos aspectos. En primer lugar la nueva norma modifica el artículo 25 de la Ley 23.966 disponiendo un incremento de alícuotas para bienes situados en el país entre el 0,5% y el 1,25%. No obstante, delega en el Poder Ejecutivo y hasta el 31 de Diciembre de 2020, la facultad de fijar alícuotas superiores y hasta un 100% de la tasa máxima (en este caso, hasta 2,5%) para gravar los bienes situados en el exterior. Seguidamente el mismo artículo permite la devolución del impuesto oportunamente ingresado en el caso de repatriación de activos financieros situados en el exterior. Por su parte, el mínimo no imponible se restará en primero término de los bienes situados en el país. La modificación del artículo 25 citado rige para el ejercicio fiscal 2019. Dado que el Impuesto en cuestión es un gravamen cuyo hecho imponible es instantáneo y se verifica al 31 de diciembre de cada año, únicamente sería cuestionable su vigencia para el ejercicio 2019 si existieran marcadas deficiencias en la definición de alguno o varios de los elementos de la obligación tributaria (como por ejemplo, hecho imponible, base imponible, sujeto). No pareciera ser el caso en esta oportunidad, aunque es necesaria la aclaración de ciertos aspectos a través de la reglamentación. Se entiende por bienes situados en el exterior “…a la tenencia de moneda extranjera depositada en entidades bancarias y/o financieras y/o similares del exterior, participaciones societarias y/o equivalentes (títulos valores privados, acciones, cuotas y demás participaciones), en todo tipo de entidades, sociedades o empresas, con o sin personería jurídica, constituidas, domiciliadas, radicadas o ubicadas en el exterior incluidas las empresas unipersonales;…”. La definición de activos situados en el exterior comprende también “… derechos inherentes al carácter de beneficiario, fideicomisario (o similar) de fideicomisos (Trust o similares) de cualquier tipo constituidos en el exterior, o en fundaciones de interés privado del exterior o en cualquier otro tipo de patrimonio de afectación similar situado, radicado, domiciliado y/o constituido en el exterior…”. Es importante preguntarse si el beneficiario o fideicomisario de un fideicomiso, más allá de ser definido como sujeto del impuesto, puede vincularse a los bienes de un Fondo o Trust del exterior. De la interpretación de la propia ley del gravamen se desprende que el elemento central para conectar a los bienes con el sujeto pasivo de la obligación tributaria es la titularidad de aquellos. Cabría preguntarse si el beneficiario de un “Trust” irrevocable constituido en el exterior que no posee ni el dominio ni ningún otro derecho real sobre ese patrimonio, puede ser sometido a imposición. Se prevén conflictos en este punto en particular. Por último, la definición de bienes situados en el exterior incluye a “…toda clase de instrumentos financieros o título valores, tales como bonos, obligaciones negociables, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotas partes de fondos comunes de inversión y otros similares, cualquiera sea su denominación; créditos y todo tipo de derecho del exterior, susceptible de valor económico y toda otra especie que se prevea en la reglamentación, pudiendo también precisar los responsable sustitutos en aquellos casos en que se detecten maniobras elusivas o evasivas”. De la enumeración anterior cabría interpretar que la referencia a “certificados de depósito de acciones” apunta a los “CEDEAR” de compañías extranjeras que son negociados en el mercado local pero que representan acciones de empresas del exterior. Contrario sensu, los títulos que respaldan el depósito en bancos del exterior de acciones de compañías argentinas (denominados, “ADR”) no serían considerados activos situados en el exterior ya que el emisor del activo subyacente se encuentra domiciliado en nuestro país. Las definiciones de la propia ley de Bienes Personales y, también, del impuesto a las ganancias respaldarían esta posición. Sería deseable de todos modos que la reglamentación precise estas cuestiones. La alícuota que grava a los responsables sustitutos sobre las acciones o participaciones en el capital de sociedades regidas por la Ley General de Sociedades 19550, se incrementa al 0,5%. Es importante remarcar un cambio transcendente en el concepto de residencia del sujeto pasivo del impuesto. En efecto se dispone, para los períodos fiscales 2019 y siguientes, que “…El sujeto del impuesto se regirá por el criterio de residencia en los términos y condiciones establecidos por el artículo 119 (debió decir 116) y siguientes de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 2019, quedando sin efectos el criterio de “domicilio”. Recordamos que el artículo 17 de la Ley de Bienes Personales vinculaba territorialmente a los sujetos del impuesto por su domicilio y no por su residencia. Esta modificación, que se entiende, puede regir para el ejercicio 2019 inclusive dada la instantaneidad del hecho imponible, busca ahora desincentivar los cambios de domicilio fiscal e imponer las mismas condiciones de residencia que rigen para los contribuyentes del impuesto a las ganancias. De hecho y según el artículo 117 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, la pérdida de la residencia fiscal ocurre cuando la persona humana adquiera la condición de residente permanente en un estado extranjero o permanezca en forma continuada en el exterior por un período de 12 meses bajo ciertas condiciones.

• (Ambito) Pimco y el país, capítulo Alberto: renovó apuesta local y espera acuerdo. Aceptó la invitación oficial de ingresar en la colocación de letras del viernes. Con esto se liquidó el vencimiento del BoPoMo, cuyo principal inversor era el mismo fondo. Ahora, espera el Centenario. El fondo Pacific Investment Management Co (Pimco), (y con él el resto de los mercados) decidió el viernes darle una nueva oportunidad a la Argentina; y aceptar la oferta del Gobierno de renovar sus tenencias en el ya famoso Bono de Política Monetaria (BoPoMo). Pimco, que detenta el 40% de esa colocación, intervino activamente el viernes en la licitación de la Letra del Tesoro en pesos (Letes), por la cual el ministerio de Economía de Martín Guzmán obtuvo unos $19.000 millones a una tasa final de 44%, bastante en línea con la inflación anualizada que estima el Gobierno comenzará a registrarse en el primer trimestre del año. El Gobierno se había reunido en semisecreto con los ejecutivos locales de Pimco, y les habían ofrecido intervenir directamente en la colocación del viernes; a cambio de mantener al día la estructura de vencimientos de bonos y letras de corto y mediano plazo al día; para no llamar a un nuevo reperfilamiento de pasivos similar al que tuvo que llamar el exministro Hernán Lacunza. Guzmán y su gente saben que para comenzar las negociaciones con los acreedores y privados externos, una de las condiciones para ser tomados en serio es no caer en default con los vencimientos que se vayan sucediendo casi semanalmente hasta abril y mayo del 2020. La decisión de postergar el pago de letras en dólares hasta el 31 de agosto, acomodó los pagos por unos u$s9.000 millones. Para Economía es el tiempo ahora de comenzar a convencer a los mercados de la buena fe de la frase “voluntad de pago”; para lo que resultaba imprescindible que la experiencia del canje del BoPoMo por las Letes en pesos resultara exitosa. Para lograrlo el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y su adjunto, Ramiro Tosi, se reunieron con funcionarios de Pimco y bonistas locales el miércoles pasado, para que ingresaran a la licitación y cambiaran sus tenencias del bono que también vencía el viernes. Pimco prometió analizar la propuesta, y el jueves por la tarde confirmó que la decisión era aceptar la invitación oficial, y volver a apostar por el país. “Era esto o el reperfilamiento directo y el invierno para los Pimco”, reflexionaba el viernes pasado, algo exultante, uno de los integrantes del Gobierno que siguió de cerca la primer operación de peso de la gestión de Alberto Fernández en el mercado financiero argentino. El BoPoMo fue una inversión lanzada al mercado en junio de 2017, bajo idea y diseño del entonces ministro de Finanzas Luis “Toto” Caputo. El título paga cupón a partir del nivel de la tasa de interés de las Letras de Liquidez del Banco Central, y representaba un ensayo que el entonces funcionario intentó como mecanismo previo para absorber en aquellos días la mayor cantidad de pesos posibles en el mercado e ir licuando los vencimientos mensuales de Leliq. La estrategia original del ahora exfuncionario no era mala: lanzar al mercado bonos en moneda local que pagaran intereses similares a las Leliq de vencimiento mensual, extendiendo vencimientos a más de dos años. En aquellos tiempos de precrisis, el gobierno de Mauricio Macri creía seriamente que para el segundo semestre de 2019 la bola de nieve de las Leliq estaría dominada y a punto de ser renegociada en los mercados por bonos a largo plazo. Se descartaba que para fines del 2019 la inflación no superar el 25%, con tasas de interés de referencia por debajo del 40%. Obviamente no pudo ser, y la bomba de tiempo del BoPoMo pasó a ser parte de la herencia de la actual gestión. La decisión oficial de ponerse en contacto directo con Pimco surgió a partir del pragmatismo. Si Guzmán y su gente lograban que el fondo aceptara ingresar en las Letes del viernes, será un señal de confianza importante para el resto de los inversores que llegaron al país a partir de las promesas de la gestión Caputo; y, hasta ahora, sólo contabilizan las pérdidas al comparar las colocaciones en pesos con su equivalente actual en dólares; al ritmo de las megadevaluaciones acumuladas por el gobierno de Mauricio Macri entre abril de 2018 y agosto de 2019. Finalmente Pimco fue convencido; y no resultó un éxito menor. Se trata de uno de los fondos de inversión más importantes del mundo, y del principal apostador a la deuda soberana de países emergentes a nivel mundial; incluyendo un fervoroso desembarco en playas criollas desde comienzos de 2017 en adelante. Pimco se convirtió en un gran tenedor de deuda soberana del país en los últimos años. Si bien tenía operaciones anteriores, la profundización de sus inversiones llegó por el conocimiento directo y confianza que la casa le tenía al propio Caputo. Se trata de una firma de inversión fundada en Newport Beach, California, en 1971 por William H. Gross (que aún la dirige) y por Mohamed A. El-Erian. En 2000 fue adquirida por Allianz, y desde ese momento opera bajo su ala, pero como fondo independiente. Superado, con buena nota (no excelente, pero mejor que lo que se esperaba) el examen del viernes; las miradas estarán ahora concentradas en los dos vencimientos que Guzmán deberá atender hasta fin de año. El primero será polémico. Deberá pagar el 28 de diciembre unos u$s100 millones del bono “Centenario”; mientras que el 31 será el turno del pago del Discount. Irónico destino el del comienzo de gestión de Guzmán. Deberá cumplir, para que su estrategia sea creíble, con los pagos de vencimientos de la operación más polémica de la era Macri; junto con el título más importante emitido en los tiempos de Néstor Kirchner, con Alberto Fernández como jefe de Gabinete.

• (Ambito) Automotrices advierten al Gobierno: temen copiar el «modelo venezolano». El titular de ADEFA le explicó al funcionario -por su experiencia como CEO de Ford en ese país en tiempos «chavistas»- las consecuencias de regular las cuotas tal como sugiere la ley de Emergencia. Más de una hora duró la reunión, el jueves pasado, entre los máximos directivo de las automotrices con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. Fue el primer encuentro oficial que tuvieron, sentados alrededor de una mesa, para hablar del sector. Dos días antes se habían abrazado en la presentación del plan automotriz, en la sede del SMATA, elaborado por todos los integrantes de la cadena productiva y comercial. También, dos días después del sorpresivo impuestazo para los autos de alta gama (y no tanto) que dispuso el Gobierno en el megaproyecto de ley de emergencia que, finalmente, terminó aprobando el Congreso. Por eso, el encuentro tenía esos dos temas como ejes principales y, para no defraudar las expectativas, demandaron buena parte del convite. Sin embargo hubo una tercera cuestión que se coló en la charla y se llevó la mayor parte de la misma, sin imaginar que horas después estallaría como una bomba en el sector: la delicada situación de los sistemas de planes de ahorro previo. Ante la suba de precios de los 0 km y la caída de la demanda, este segmento es el más golpeado del negocio automotor, con una baja del 50% de las operaciones respecto del año pasado. La preocupación que plantearon los empresarios era por la ola de medidas cautelares que están dictando jueces de todo el país para frenar la suba de las cuotas, ante la situación crítica que viven miles de suscriptores. Se calcula que hay alrededor de 20 demandas y, en muchos casos, se está generando un negocio paralelo por parte de ciertos estudios de abogados. Hay que recordar que este sistema funciona por el pago de una parte del valor del autos -dividido en 84 meses- y que se va a ajustando a medida que aumenta el precio del modelo. En los últimos dos años, los 0 km aumentaron alrededor de 180%. Ese incremento se trasladó directamente a las cuotas de los planes y las hizo inalcanzables para muchos. Ante las quejas de los suscriptores, algunos jueces decidieron intervenir ordenando retrotraer los valores, en algunos casos, a mediados de 2018. Ya este tema alarmaba a las terminales porque, al no poder aumentar las cuotas con valores de los autos en alza por la devaluación, pone al sistema en situación de quebranto. Advirtieron también porque que en el Congreso había más de un proyecto que propone congelar por ley los aumentos mensuales. Fue este punto que llevó al presidente de la asociación que agrupa a las terminales (ADEFA), Gabriel López, a alertar por la situación político-judicial y puso sobre la mesa un tema delicado: el caso Venezuela. Además de ser titular de la entidad fabril, el CEO de Ford es una palabra autorizada y con conocimiento de causa ya que entre 2007 y 2010 estuvo a cargo de la filial de la automotriz en ese país. López recordó que durante el gobierno de Hugo Chávez se produjo una situación similar con el sistema equivalente al ahorro previo que existía en el país caribeño y las ventas financiadas. Ante la suba de las cuotas, se aprobó una ley que fijaba un tope de incremento en un nivel disociado del precio del 0 km. Eso hizo que las empresas financieras se fueran descapitalizando hasta provocar la quiebra de las mismas y su desaparición. Fue el comienzo de un proceso de intervención del Estado en el sector que hizo que las ventas pasaran de más de 400.000 unidades en 2007 a menos de 2.000 el año pasado. Un colapso de más del 99% y la salida de todas las terminales que estaban radicadas. El llamado de atención del titular de ADEFA pareció un presagio. Un día después, el viernes pasado, el Congreso aprobaba el megaproyecto de ley que, como una caja de Pandora, está repleto de sorpresas. Una es un artículo referido, precisamente, a los planes de ahorro previo, tal como informó el sábado último Ambito.com. Se trata del número 56, que señala que el Banco Central “realizará una evaluación sobre el desempeño y las consecuencias del sistema de préstamos UVA para la adquisición de viviendas y los sistemas de planes de ahorro previo para la adquisición de vehículos automotor, sus consecuencias sociales y económicas, y estudiará mecanismo para mitigar sus efectos negativos atendiendo al criterio del esfuerzo compartido entre el acreedor y deudor”. Este marco legal- según las empresas- puede habilitar a controles, topes o hasta el congelamiento de las cuotas de los planes, algo que llevaría a la quiebra del sistema. “La situación es dramática en el sistema. Cualquier medida de intervención del Estado en contratos entre privados puede marcar el fin de las empresas de planes de ahorro”, advirtieron desde una automotriz. No es un tema menor ya que alrededor del 30% de las ventas total se realizan por este sistema de financiación que, además, es la única forma de acceder a un 0 km que tienen los sectores de menores recursos económicos. En su texto original, la mega ley no contemplaba a los planes de ahorro pero, ante un pedido del diputado José Luis Ramón, de Unidad y Equidad Federal, se incorporó a último momento. Un dato a tener en cuenta es que en el artículo 56, cuando habla de “acreedores y deudores”, se refiere a los mismos suscriptores que juegan el doble papel. Si uno no paga es “deudor” y otro suscriptor es “acreedor” porque entre todos ahorran para comprar un 0 km. Las empresas juegan el papel de administradoras. La gravedad del momento a la que se refiere la fuente tiene que ver con el aumento de la morosidad y la baja de las suscripciones. Las divisiones financieras de algunas automotrices no logran recaudar ni la mitad de los fondos de los grupos de cada plan por lo que no cubren el costo de la unidad. Es por eso que algunas empresas suspendieron en los últimos meses las licitaciones (una de las formas de entregar los vehículos). Tampoco la gente que sale sorteada (el otro mecanismo de adjudicación) se lleva la unidad por lo que la automotriz no recibe el flujo de dinero que se paga cuando el suscriptor retira el vehículo. En muchos casos, por decisión propia pero en otros por estar en mora con el plan. Para las compañías financieras esta situación es insostenible por lo que una intervención estatal sobre el valor de la cuota puede ser el golpe mortal. Kulfas entendió la preocupación de los industriales pero dejó en claro que es un tema fuera del área de su competencia y que, en todo caso, debería intervenir la IGJ. Para las automotrices, hay un hábito que preocupa: por segunda vez, en la misma semana, se sorprendieron a través de los medios con medidas muy duras para el sector pese a haberse reunido con el ministro horas antes.

• (Ambito) La euforia manda en Wall Street y no hay oposición. Los inversores fueron los primeros en comprar la historia de una tregua comercial con China. Además, se está dejando de hablar de recesión a nivel global y se puso el fin a la era de las tasas cero. Hay que comprar con el rumor, dice el refrán. Y Wall Street compró la historia de una tregua comercial con China antes que nadie. Lo hizo a fines de agosto, cuando observó al presidente Trump asustarse de las consecuencias de su propia intemperancia. China, entonces, le asestó una dura represalia, la Bolsa derrapó 3% en una jornada, y el mandatario llamó de apuro a los banqueros para calibrar los daños. Esos días, la recesión era un fantasma agazapado detrás de la curva de bonos invertida. Allí arrancó el rally de las acciones. De un racimo de señales de flaqueza (en Beijing inclusive, con su repentino dolor de cabeza por Hong Kong). Y hay que vender con la noticia, sentencia el proverbio. Hace más de una semana que la novedad de un acuerdo fase uno es dato oficial. Sin embargo, Wall Street se aferra a la ascensión. No suelta los papeles. Compra más. Se regocija cuando Trump y su par oriental, Xi Jinping, declaran que esperan rubricar el pacto comercial a comienzos de enero. Es el diario del lunes pasado pero, en la última rueda, abre con un salto (“gap”) de precios como si se desayunara con la primicia. El índice S&P 500 escaló 1,65% en la semana, cosechó nuevos récords a su paso y atesora 28,5% de suba en 2019. Y promete seguir su cruzada, monotemático, con la ayudita de siempre de Santa Claus y la colaboración personal de ambos líderes, llamativamente involucrados en la difusión de buenas noticias. Que hay euforia (de reciente gestación) no se discute. Los pesimistas – aquellos que creen en una agachada a seis meses vista – son una fracción declinante; apenas 15% en la encuesta de RBC, o 20% en la de la Asociación de Inversores Minoristas (el promedio histórico es 30%). Los “bulls”, en este último sondeo, suman 44% de las opiniones, el umbral máximo del año. ¿Cuánto más lograrán izarse, a la vez, las cotizaciones récord y el optimismo extremo? ¿Hasta dónde se puede exprimir una iniciativa modesta como el acuerdo alcanzado? Hay condiciones que impuso Trump que son una invitación a la discordia. China se compromete a comprar 40 mil millones de dólares de productos agropecuarios de los EE.UU. y aunque derroche buena voluntad no faltará mucho tiempo para que cumplir le resulte materialmente imposible. Urge dotar al rally de una rueda de auxilio argumental. La economía – que marcha cansina a la zaga de las acciones – debiera tomar la posta. Y el viernes lo hizo muy bien. La Bolsa descuenta un futuro robusto. ¿Es una visión febril o un escenario factible en ciernes? La base está: gracias a la probada firmeza del mercado de trabajo, el ingreso personal trepó 0,5% en noviembre (tras un freno en octubre), más vigoroso que nunca en 2019. Y el gasto personal se aceleró: +0,4%. En los últimos doce meses, el gasto crece al 3,9% y la renta al 4,9%. No sólo es un ritmo saludable, también permite una tasa de ahorro personal que antaño parecía inaccesible: 7,9%, en noviembre. Y el horizonte se despeja. La curva de bonos – 10 años versus 2 – se empinó a su mayor pendiente en más de un año. Los indicadores económicos líderes – a pesar de transitar una meseta – son compatibles con una expansión del PBI de 2% (y la versión flash del PMI, con datos frescos de diciembre, sugiere 2,2%). Ya no se habla de recesión. Aunque subsiste la sequía de rentabilidad en las compañías. El consenso de los analistas arriesga una revancha en 2020 – con un avance de 9,6% en las utilidades por acción del S&P 500 – pero habrá que aguardar un mes para comenzar a comprobarlo. Quizás la evidencia más potente de mejoría provenga de Suecia. Allí el Riksbank elevó las tasas de interés, y le puso así punto final a la era de las tasas cero. Wall Street también abreva de las ganancias de ultramar. Y si se toman los rendimientos de la deuda global como proxy de mayor actividad se observan nítidos progresos. Las obligaciones con rindes bajo cero (todas ellas fuera del área del dólar) cayeron de 17,5 billones de dólares a 11,5 billones en los meses que lleva el rally de las Bolsas. Que se entienda: la euforia no se justifica, pero se comprende. Máxime en la antesala de las fiestas, y con una Fed atenta a las fricciones del mercado de repos (pases) que abrió los grifos de la liquidez extra. De septiembre a hoy, su balance creció 10%. Haya paz también allí.

• (Clarin) La economía que se viene. “Tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”, sentenció Alberto Fernández. El Presidente sostuvo que “Argentina se quedó sin dólares”, por lo que el país “necesita” que vuelvan a entrar divisas. El presidente Alberto Fernández remarcó que «el dólar es un bien escaso» en Argentina, por lo que enfatizó que «tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares». “Argentina se quedó sin dólares. Eso pasó. Se quedó con tan pocos dólares que (Mauricio) Macri fijó un cepo muy necesario porque se le fugaron 100 mil millones. Argentina necesita que vuelvan a entrar dólares y necesita que esos dólares vuelvan a formar parte de las reservas del Estado», expresó y añadió: «Hoy en día el dólar es un bien escaso, como no hay en Argentina tiene que estar muy caro. No es que el que importa insumos tiene que pagar ese impuesto para tener dólares. Es para el que use los dólares para viajar, para hacer turismo, para ahorrar en dólares y tenemos que terminar con esa práctica de ahorrar en dólares”. Consultado en el programa La Cornisa (América TV) sobre si su gobierno hereda una situación parecida a la de 2001, respondió que «un poco si», pero «no necesariamente igual». En ese momento teníamos un 57 por ciento de pobreza; hoy tenemos un 41 por ciento de pobres. Teníamos una deuda en default; hoy estamos en virtual default. Es lo que heredamos. No podemos hacer frente y pagar las obligaciones que están cayendo. Teníamos un frente de desempleo, y hoy tenemos lo mismo. Lo que no teníamos es un proceso inflacionario, que ahora sí tenemos», expresó. «Lo que gracias a Dios hoy no tenemos es el estallido social de 2001 porque todo ocurrió en el momento de la votación y la gente votó un cambio», agregó. No obstante, remarcó que «el nivel de decadencia en el que estamos es enorme» porque «hoy los chicos tienen sarampión y varicela porque dejaron de darles las vacunas». «El Estado las dejó de comprar, y mientras se estaba discutiendo esta ley el día viernes cayó un nuevo vencimiento y tuvimos que postergar su pago; en dos años Argentina se endeudó de un modo impactante”, agregó. Aumento de las tarifas El jefe de Estado sostuvo que «durante este año Macri suspendió el aumento de las tarifas para después de las elecciones y eso nos dejó una bomba de tiempo». En este sentido, expresó: «Vamos a buscar un nuevo régimen tarifario porque este fue un régimen que les sirvió a las empresas de servicio, de gas y de luz, que dolarizaron sus servicios». «No le sirvió ni a la industria ni a la gente, lo padeció, y por eso tenemos la recesión que tenemos, que en 2003 tampoco la teníamos», apuntó. En este sentido, agregó que «los Entes Reguladores hoy están en manos de las mismas empresas». Retenciones al campo El mandatario afirmó que “las retenciones son importantes porque nos permiten hacernos de dólares que necesitamos para hacer frente a las obligaciones y empezar a pagar la deuda”. «Con el campo lo único que hicimos es actualizar lo que Macri dejó sin actualizar. Los tres puntos de retenciones los vamos a discutir para ver cómo hacemos. Yo aprendí de la ley 125 y yo mismo dije que había que segmentar para que no todos los productores tengan el mismo peso”, apuntó. En cuanto al impuesto a los Bienes Personales: indicó que el impuesto «es el que existió toda la vida hasta que Macri, para beneficiar a sus amigos, lo bajó a la mitad». «Le arruinó la vida a muchos argentinos con eso. Y le puso a los bienes en el exterior una alícuota casi inexistente”, cuestionó. Y agregó: «Paga más el que tiene un departamento en el exterior porque es una manifestación de riqueza. Si usted tiene una departamento en Miami sabe lo que cuesta. Cuesta mucho más que en un departamento en Argentina. No es un castigo al que le va bien. Es pedirle al que le va bien que haga un esfuerzo mayor”.  Su relación con Cristina
  En otro tramo de la entrevista, Fernández volvió a hablar de su relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: “Cristina cambió. Si ella no hubiera cambiado yo no sería presidente». «Cristina y yo somos amigos, nos peleamos 10 años como muchos en Argentina. Por eso yo siempre plantee su ejemplo para poner fin a la grieta», sentenció. Consultado sobre si con el paquete de medidas que se aprobó en el Senado va a tener «superpoderes», respondió: «El Congreso va a trabajar un montón porque hay que cambiar muchas cosas que se hicieron en los años de (Mauricio) Macri». La situación de Venezuela y la región El Presidente dijo que «preocupa» la situación de Venezuela como correspondería a cualquier caso de «avasallamiento del Estado de derecho», aunque también llamó la atención sobre los conflictos en Chile y Bolivia y advirtió que «de todo eso se habla menos». «Nos preocupa todo avasallamiento del Estado de derecho», planteó Fernández, al tiempo que consideró que «también nos preocupa lo que está pasando en Bolivia y Chile, de todo eso se habla menos, pero también nos preocupa». Al respecto, recordó cuando el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «puso presa a 800 personas en 2013, después de una manifestación», y lo comparó con el mandatario chileno Sebastián Piñera, quien «metió presas a 2.500 personas» durante los incidentes de los últimos meses y «no pasa nada, nadie dice nada». «Tengo el mejor trato con Piñera, y si puedo ayudar en algo a que Chile salga de este momento, voy a ayudar en lo que esté a mi alcance», puntualizó. Sobre la crisis política y humanitaria en Venezuela, Fernández declaró que «si Maduro ha avanzado sobre los derechos individuales de los venezolanos, me va a tener a mí reclamando».

• (BAE) Endurecerán controles aduaneros a importaciones. Implementarán un canal rojo más amplio para los sectores considerados sensibles. En el marco de un proceso de reestructuración en la Dirección General de Aduanas, el Gobierno apostará a la defensa de la producción nacional mediante una serie de medidas como el regreso de controles al etiquetado; canal rojo obligatorio en mayor número de posiciones arancelarias; verificación de componentes y piezas; y aduanas especializadas, entre otros ejes. Así lo confirmaron fuentes de la Casa Rosada a BAE Negocios, desde donde plantearon que «confiamos en la tarea que se va a llevar adelante en la Aduana, después de un período lamentable en el que el anterior gobierno liberó todos los controles, bajo el verso de la simplificación». Sectores como la industria del calzado, la cadena textil, y los fabricantes de juguetes y marroquinería son ejemplos de completo abandono respecto de las importaciones, especialmente del Sudeste Asiático. «Desapareció el control del etiquetado hace cuatro años, y lo que llamamos declaraciones juradas de composición de productos no se controla. También se flexibilizó el canal rojo de Aduana donde el Gobierno tendría que sentarse con los sectores para saber dónde debe ser aplicado», apuntaron fuentes oficiales y privadas en consonancia. Desde la cámara que agrupa a los industriales jugueteros, ya señalaron que el retorno del régimen de aduana especializada para juguetes, derogado en 2017, «es importante para el control de las normas de seguridad. Otro planteo es combatir la subfacturación a través de valores criterio (medida que también avanzará y fue anticipada por este medio) y la falsificación por medio del canal rojo de selectividad en la Aduana», señalaron. Con el riesgo que conlleva por la falsificación de documentos, durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, los importadores podían elevar una declaración jurada al Gobierno para que sus compras se controlen en laboratorios del exterior, sin la obligatoriedad de que la validación se realice en la Argentina. La segunda etapa del plan pergeñado por el anterior gobierno, que no se llegó a concretar, permitía que laboratorios extranjeros de cualquier país del mundo tengan exclusividad de los estudios industriales, situación que encendió las alarmas en las cámaras sectoriales. La entonces Secretaría de Comercio, mediante la resolución 404/16, exigió tanto a los industriales como a los importadores, especialmente de productos textiles o calzado, que dentro de un plazo de 60 días hagan la presentación de una DJCP, explicitando la existencia de las fibras en el caso de los textiles, y de los materiales constitutivos en el calzado. Fuentes industriales que mantuvieron recientes contactos con funcionarios habían indicado a este medio que el plazo para la nacionalización de bienes (vía licencias no automáticas) no sería menor a los 60 días, como regula la Organización Mundial del Comercio (OMC).

• (BAE) Finalizan obras para llevar gas desde Vaca Muerta. Permitirán abastecer con el gas de la cuenca neuquina a todo el país.  TGS culminó las obras que comenzaron hace quince meses en Vaca Muerta: la construcción de un gasoducto de 150 kilómetros y una planta de acondicionamiento, que permitirán captar el gas no convencional de la cuenca neuquina e inyectarlo a los gasoductos troncales de transporte, para abastecer a todas las regiones del país. El gasoducto de 150 kilómetros, que atraviesa 30 áreas productivas de la formación, permitirá el transporte de hasta 60 MMm3/d, que serán acondicionados en la planta construida en Tratayén, en Neuquén.