Informe Semanal de Bonos: Soberanos y Corporativos
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Clave: las cuatro leyes como propuesta para «acuerdo político» que pidió el FMI
Los cuatro proyectos son el propio acuerdo que se firmaría con el organismo, la reforma previsional, la tributaria y el compromiso fiscal plurianual. Para el Gobierno, el acuerdo político de consenso que reclama el Fondo Monetario Internacional (FMI) para cerrar la “Carta de Intención” que se está negociando en estas horas; se traducirá en una acción concreta: la aprobación por ley, con el mayor apoyo legislativo posible, de cuatro proyectos concretos que tienen que ver con el contenido del potencial Facilidades Extendidas Relowded que se cerraría entre el país y el organismo. Los cuatro proyectos son el propio acuerdo que se firmaría con el organismo, la reforma previsional, la tributaria y el compromiso fiscal plurianual. En la intención del Gobierno, estos cuatro proyectos, junto con el Presupuesto 2021, incluirían todas las metas a las que se comprometería el Ejecutivo ante el organismo que maneja Kristalina Georgieva, y cumplirían largamente el reclamo del FMI sobre la necesidad de un acuerdo político-económico que garantice que lo que se eventualmente se firme, luego se cumpla. Aunque Alberto Fernández no acceda a una eventual reelección, no continúe un candidato afín al Gobierno, y acceda al poder la oposición. Este requerimiento del Fondo quedó en claro el viernes pasado, cuando al finalizar la misión de Buenos Aires encabezada por el venezolano Luis Cubeddu y la norteamericana Julie Kozac, ya de regreso en la sede de Washington se distribuyó un comunicado que afirmaba que los visitantes acogieron “positivamente la intención de las autoridades de solicitar un programa bajo el Servicio Ampliado del FMI (SAF o EFF por sus siglas en inglés) así como su intención de respaldarlo con un amplio consenso político y social” y que “existe una visión compartida entre el equipo y las autoridades: para abordar los desafíos de corto y mediano plazo de la Argentina se requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”. Sobre el tema termina afirmando que “existe una visión compartida entre el equipo y las autoridades: para abordar los desafíos de corto y mediano plazo de la Argentina se requerirá un conjunto de políticas cuidadosamente calibradas para fomentar la estabilidad, restablecer la confianza, proteger a los más vulnerables y establecer las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo”. Más allá de las palabras de ocasión prudentemente escritas y comunicadas, el responsable del caso argentino y la directora Ad Hoc para el hemisferio occidental, insistieron en todas las reuniones que mantuvieron en Buenos Aires durante casi dos semanas por diferentes despachos oficiales y oficinas de entidades privadas; en que además de metas cambiarias, fiscales, monetarias e impositivas mensurables; el país necesita un consenso político con, al menos parte, de la oposición; para garantizar que estas se mantengan en el tiempo. El reclamo de Cubeddu y Kozac se justifica en el pedido de un Facilidades Extendidas, aún en una versión renovada. Al ser un acuerdo de 10 años que comenzaría a aplicarse desde el primer semestre del 2021, culminaría en el mismo período de 2031. Esto implica que el actual Gobierno de Alberto Fernández cubriría los primeros tres meses del período del acuerdo pactado con el FMI, con el condimento que podrían ser los únicos tres sin liquidaciones de cuotas. Luego, en los últimos siete años de vigencia del Facilidades Extendidas, donde semestralmente habría que pagar dos cuotas anuales para devolver los u$u44.800 millones que se le deben al organismo, gobernaría, al menos en un tramo, algún otro presidente; democráticamente con probabilidades de ser de otro signo político. Y, obviamente, para el FMI lo importante luego de negociar condiciones para el acuerdo, es garantizar que el país cumpla esas metas y respete el acuerdo. Y, para esto, en términos de reclamos, se necesita el compromiso de la clase política argentina para recomendar la aprobación final ante el board. El Gobierno reconoce que este punto es importante y atendible. Y que la manera de reconocerle al FMI que tiene razón, es darle volumen político a los principales términos que se están negociando dentro del Facilidades Extendidas.

(AMBITO) Pese al aumento en las naftas, estiman que aún hay un atraso del 6%
No se descarta un nuevo incremento en diciembre, aunque desde el sector reconocieron que será el Gobierno quien tome la decisión. La nueva actualización suma más presión a los precios. Desde las 0 de ayer, el precio de los combustibles aumentó 2,5% en promedio en todo el país. Fue YPF quien tomó la iniciativa, que luego fue replicada por otras compañías como Shell, y se estima que en las próximas horas el resto de las firmas haga lo propio. De todas formas, desde el sector reconocen que el valor continúa con un atraso en torno al 6% y no se descarta un nuevo incremento durante diciembre. Como suele ocurrir, al contar con una mayor participación en el mercado, fue la compañía de mayoría estatal la primera en subir los precios de sus combustibles. Desde la empresa señalaron que el aumento “se encuentra en línea con la decisión de ir recortando las brechas entre la Capital Federal y el resto de las provincias”. En ese sentido, el aumento promedio en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,85%. Fue el cuarto incremento en lo que va del año, luego de que los precios permanecieran congelados hasta el 19 de agosto. Ese día, se dio una suba promedio de 4,5%; un mes después, se dio otro ajuste del 3,5%; y el 16 de octubre, la actualización fue de 3,5% en promedio. Así, el litro de nafta súper de YPF en la Ciudad pasó a costar $63,90 y la Premium, $74,10. El gasoil trepó a $59,50 y el gasoil Premium, a $70,20. Más allá de los recientes ajustes, desde la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (CECHA) señalaron a Ámbito que los precios aún tienen un atraso en el orden del 6%. Además, el 1 de diciembre debería darse una nueva actualización en el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbonono (IDC), que también puede repercutir en los surtidores. De todas formas, aún no está confirmado que se dé otro aumento antes de fin de año. “Los incrementos los decidirá el Gobierno nacional”, remarcaron fuentes del sector. Dichas subas se dan en un contexto donde el consumo no repunta. Según el informe que presentó CECHA semanas atrás, durante septiembre se ratificó un estancamiento en la recuperación que se venía dando desde junio: la venta de combustibles en las estaciones de servicio continúa un 25% por debajo de los niveles de febrero.

(AMBITO) Tesoro usará $344.000 millones en utilidades del BCRA en lo que queda del año
A pesar de que Economía se propuso devolver adelantos transitorios al Central, desde el Gobierno confirmaron que utilizarán todo el margen que tienen de la otra fuente de asistencia monetaria. En las últimas dos semanas, el Tesoro pidió asistencia al Banco Central bajo la forma de giro de utilidades por $30.000 millones cada una, lo que significó una transferencia de $60.000 millones durante noviembre, le confió una fuente del Palacio de Hacienda a Ámbito. Para lo que resta del año, Economía usará el margen de $344.000 millones que todavía tiene para 2020, confirmó también un importante funcionario del equipo de Martín Guzmán. Las dudas sobre el financiamiento monetario se habían instalado cuando el Ministerio de Economía informó que en el último bimestre del año buscarían reducir la asistencia proveniente del Banco Central a través de la devolución de adelantos transitorios. El financiamiento que el Tesoro recibe por parte del Banco Central puede ser por dos vías: adelantos transitorios (AT) y transferencias de utilidades. En el caso de los AT, tienen un tope: pueden ser equivalentes al 10% de la base monetaria o al 12% de la recaudación de los últimos 12 meses. En el caso de las utilidades, según los estados contables del Banco Central al 31 de diciembre de 2019, los resultados no asignados del período llegan a $1,606 billones. Según le confirmaron a Ámbito fuentes de la entidad, ese es el límite máximo de utilidades que podría utilizar el Tesoro para financiarse durante 2020. Cuando el Gobierno anunció que buscaría devolver dinero a la autoridad monetaria en forma de adelantos transitorios, el mercado leyó que el Tesoro ya no tenía más margen para pedir por esta vía porque se había llegado al límite. Y quedó instalada la pregunta en torno a las utilidades. “¿Usará el margen que todavía tiene el Gobierno en utilidades en 2020?”, preguntó Ámbito a un funcionario clave de Economía al cierre de la semana pasada. “Depende del gasto y de la recaudación”, respondió el economista. “El primer escenario es utilizar la totalidad de utilidades, pero si vamos logrando progresar en este sentido (aumentar la recaudación), en la medida en que podamos minimizar o acotar ese uso, lo vamos a hacer”, detalló. Según la lectura oficial, el relajamiento de las medidas de aislamiento empezó a tener un efecto positivo en la economía. Eso permitió que la recaudación tributaria evidencie un crecimiento en términos reales, explican. “Los ingresos tributarios crecieron al 31% interanual en octubre y esto ocurre por segundo mes consecutivo”, detallaron en Economía. La expectativa oficial es que este “segundo punto en una linea” se transforme “en una tendencia”. A la par de una recuperación de los ingresos, la mirada oficial está puesta en los gastos. En octubre, el gasto primario tuvo una expansión del 54,8% interanual, evolución que el equipo de Guzmán considera una “moderación” respecto de meses previos. “La tendencia creciente de los recursos acompañada por una gestión que trata de moderar el crecimiento del gasto es sumamente importante para obtener un resultado no tan deficitario y así descomprimir financiamiento del Tesoro vía asistencia monetaria”, analizó el funcionario. Lo que se busca, explican en Economía, es “mantener esta tendencia de moderación en el sentido de acompasar o moderar el crecimiento interanual del gasto mientras que a la luz de la mayor actividad y las reaperturas también se recupera la recaudación”. En números: en lugar de un déficit de 8% que habían proyectado para 2020 en la Ley de Ampliación de Presupuesto, se buscará que el rojo de las cuentas públicas ronde el 7%.

(INFOBAE) Los bancos advierten que aumentarán la tasa de los créditos por el nuevo impuesto que pesará sobre las Leliq El Gobierno porteño recaudaría unos $ 12.000 millones en 2021. Pero el sistema financiero no está dispuesto a hacerse cargo del costo y lo trasladará a los préstamos
El impuesto a las Leliq y los pases que impulsa el Gobierno porteño tendrá un impacto directo sobre el sistema financiero en 2021. En los bancos aseguran que un gravamen inédito de estas características tendrá un consecuencia inevitable: el aumento de las tasas de interés. Según los cálculos del ministro de Hacienda porteño, Martín Mura, la recaudación podría alcanzar los $ 12.000 millones. Pero las entidades no están dispuestas a asumir semejante impacto y lo trasladarán al costo del crédito. La iniciativa de la Ciudad consiste en cobrar un impuesto de 7% a los bancos sobre la tasa de interés de Leliq y pases que toman del BCRA. El anunció formulado el viernes a la tarde cayó como una bomba en la oficina de Miguel Pesce, que considera “una locura” lo que pretende el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Básicamente porque ambos son instrumentos de regulación monetaria. En otras palabras, se trata de las principales herramientas que tiene a mano el Central para absorber liquidez excedente en el mercado financiero y evitar mayor presión sobre el dólar y la inflación. La medida de la Ciudad fue leída como una venganza por la decisión de la Nación de quitarle 1,18% de coparticipación a manos de la provincia de Buenos Aires. Tendría un costo para las arcas porteñas de $ 53.000 millones en 2021. Una parte de ese agujero fiscal se financiaría con este nuevo gravamen. Otra parte con la aplicación de Ingresos Brutos sobre el resumen de tarjetas de crédito. Y luego también habrá un fuerte recorte de gastos, especialmente en la obra pública. El déficit financiero (es decir, contando el pago de intereses) proyectado para el año próximo es de $ 25.000 millones contra cerca de $ 70.000 millones este año. Si se aplicara de manera lineal, el nuevo impuesto de 7% sobre Leliq y pases tendría un costo de $ 12.000 millones para los bancos. Pero difícilmente las entidades se queden de “brazos cruzados” y no tomen medidas para amortiguar semejante impacto
El impuesto a las Leliq significa que los bancos recibirán una menor tasa de la que paga el BCRA. Por lo tanto, una de las opciones es que la autoridad monetaria eleve la misma, pero asumiendo un mayor costo. Otra opción es que los bancos bajen la tasa que pagan al captar plazos fijos. Pero las mismas están reguladas por el propio Central, que no lo autorizaría ya que se pondría en riesgo la estabilidad financiera y habría mayor presión sobre el tipo de cambio. La única salida que ven las entidades es, por ende, subir el costo del crédito, aunque tampoco resultaría sencillo. El tesorero de uno de los principales bancos locales comentó a Infobae cuál es el dilema que enfrentarían en caso de que avance el nuevo impuesto: “Es muy difícil aumentar la tasa de los créditos, porque a valor de mercado la demanda es bajísima. Por lo tanto, la lógica indica que habría que bajar las tasas de depósitos para perder menos rentabilidad. Pero seguramente habrá que esperar a ver cómo sale el proyecto y si finalmente se aplica”.

(INFOBAE) El secretario de Energía, Darío Martínez, confirmó aumentos en las tarifas y anticipó un mecanismo de transición para evitar subas excesivas El secretario confirmó el descongelamiento del cuadro tarifario a partir de 2021. Subsidios, el acuerdo con el FMI y las elecciones, factores que influirán en el proceso de decisiones.
El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró hoy que el Gobierno trabaja en un esquema tarifario que no le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder acceder a la energía. ”El incremento de las tarifas nunca puede ir creciendo en términos porcentuales en relación al salario de forma que le implique a la gente dejar de consumir otros bienes y servicios para poder consumir energía, porque eso sino nos generaría recesión en otras actividades”, sostuvo Martínez a radio AM 750. El funcionario aseguró que el Gobierno viene trabajando con el objetivo de no tener que aplicar la Revisión Tarifaria Integral (RTI) de la gestión anterior, “porque eso impactaría de manera brutal en las tarifas”. En cambio explicó que la idea es “utilizar los subsidios de una forma más eficiente, pudiendo detectar los sectores más vulnerables, así como se hizo con el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) por ejemplo, y usar esa información relevada para tener una tarifa que no se incremente para ese sector. Vamos a ir a un esquema que nos permita no generar un incremento tan alto como nos aplicaría la RTI de la gestión de Mauricio Macri cuando termine el congelamiento. Con una tarifa de transición que va a ser muy menor y solo para los sectores más altos, los que pueden pagar el costo, porque en términos porcentuales no impacta en sus ingresos de la misma forma”, precisó Martínez. A pesar de los dichos del secretario de Energía, la decisión de ir hacia una tarifa de transición tiene más que ver con otros factores, como los plazos que tienen para ajustar en base a lo que pida el Fondo Monetario Internacional (FMI), la escasez de subsidios establecidos en el Presupuesto 2021 y las elecciones de medio término. Según el presupuesto que diseñó el ministro de Economía, Martín Guzmán, y aprobó la semana pasada el Congreso de la Nación, los fondos establecidos para los subsidios de las tarifas son los mismos que en 2020, lo que significa que en términos reales si se cumple con la estimación de inflación, habrá que recomponer en un 29% si sólo se quiere ajustar por costo de vida y si las empresas aceptan las pérdidas de dos años de tarifa congelada. Además, el otro problema que tiene es el de los tiempos. Para aumentar las tarifas debería llamar a una audiencia pública. El decreto de congelamiento termina a mediados de diciembre, luego podrían hacer el llamado, que podría ser recién para febrero o marzo. Luego de ese trámite, podrían aumentar la tarifa y eso sería casi en consonancia con el último tramo de la campaña rumbo a las elecciones de medio término. Y es sabido que ningún gobierno aumenta las tarifas antes de ir a votar. Con la puesta en marcha de las tarifas de transición no sólo se evitan el proceso de llamado a una audiencia pública sino que también se evitan las rencillas internas en el Frente de Todos respecto de los niveles de incremento que se tienen que llevar adelante.

(BAE) Alertan por las consecuencias de la ausencia de Argentina en el plan estratégico de Brasil
La administración de Jair Bolsonaro presentó un plan a once años en el que el Mercosur «parece ausente» y apuntan a una integración global. Advierten que hay poca presencia argentina en las previsiones y que «nadie conoce» el plan brasileño.
Analistas advirtieron por las posibles consecuencias en la industria nacional a partir de la nueva estrategia de desarrollo federal a once años que presentó Brasil en los últimos días. De acuerdo con los expertos, la ausencia de Argentina en los planes de uno de sus principales socios comerciales podría debilitar el vínculo y perjudicar la integración regional. Agustín O’Reilly, director general de la consultora Moody Brook, subrayó que en la estrategia brasileña el Mercosur “parece ausente”, y la integración regional “solo se menciona dos veces”, ya que “el énfasis parece estar en la integración global”. “El regionalismo no está siendo tenido en cuenta”, lamentó el especialista. En este sentido, fuentes de comercio exterior de la Unión Industrial Argentina (UIA) admitieron que “no es extraño que cada uno busque hacer la suya”, en un contexto donde el acuerdo del Mercosur perdió fuerza a lo largo de los años y no es considerado como un bloque de alta relevancia en el panorama económico mundial. “Si los socios comerciales no profundizan su relación ni hacen negocios, la integración no funciona”, admiten. El documento plantea el desafío de garantizar “la soberanía y la promoción de los intereses nacionales brasileños”, y promover un sistema multilateral de comercio equilibrado. En caso de que los objetivos se cumplan, las consecuencias para la industria nacional son variadas. Por un lado, podría haber beneficios para aquellas empresas que exporten a Brasil, ya que el socio comercial de Argentina podría incrementar sus compras en el país u ofrecer mejores precios. Además, aparecen en la estrategia una serie de elementos que permiten ver la posibilidad de cooperación entre ambos países en áreas como inteligencia, industrias nucleares y de defensa, seguridad en fronteras o en la Antártida. Sin embargo, para aquellas pymes que compiten con las brasileñas, el panorama no es alentador. La estrategia deja a Argentina fuera del mapa estratégico y, si el estado brasileño se hace más competitivo, la industria argentina pierde inversión ya que el país no ofrece los beneficios que sí habría en tierras brasileñas ni la previsibilidad para poder desarrollar un proyecto de inversión. “El mayor socio económico y político de la Argentina tiene un plan estratégico que acá no conoce nadie, ni está en la agenda de Cancillería o la Secretaría de Planeamiento Estratégico”, explicó O’Reilly. “Si congeniamos un proyecto de desarrollo común con Brasil podríamos mejorar, pero eso no existe hoy en la agenda nacional”, concluyó.

(CRONISTA) Ya se reestructuró el 80% de la deuda del súper cepo, en cabeza de 5 empresas A diez semanas de la restricción que impuso el BCRA, ya se reorganizaron u$s 1013 millones de los u$s 1253 millones a más de dos años. La mayor parte, firmas de Eduardo Elsztain, YPF y Genneia. Quedan 30 pendientes
ientras la Argentina continúa buscando superar la tormenta cambiaria que desató el último endurecimiento del cepo, el segmento de deuda corporativa va logrando acomodarse. Cumplidas 10 semanas de aquel 15 de septiembre en el que el Banco Central (BCRA) puso en marcha una batería de medidas con las que aspiraba a aliviar la presión sobre sus reservas y reducir la brecha cambiaria, un grupo de empresas parece haber encontrado la fórmula para adecuarse a la restricción que las forzó a reestructurar sus deudas. La comunicación A 7106 emitida por la autoridad monetaria representó en aquel momento un cimbronazo para las compañías con deudas superiores a u$s 1 millón y con vencimientos hasta marzo de 2021, ya que la autoridad monetaria anunció que les restringiría el acceso a divisas a sólo una parte, forzándolas así a una reestructuración a dos años de plazo. Según un informe de la calificadora Moody’s, dicha regulación alcanzó a 35 compañías con deudas por u$s 1253 millones. Sin embargo, de a poco, las empresas que concentraban la mayor parte de dicho monto fueron logrando reestructurar sus deudas de forma exitosa. La última de ellas fue Genneia, que el viernes último anunció que logró completar el plan de refinanciación de sus Obligaciones Negociables (ON) por u$s 51,5 millones. Se suma así al Banco Hipotecario, a IRSA, a Cresud y a AES, que hicieron lo propio también en las últimas semanas. Sobre este tema versó uno de los paneles de un seminario web organizado el jueves último por Moody’s. Pablo Artusso, assistant vice president y analista de Moody’s Local Argentina, fue uno de los participantes de aquel espacio, y en diálogo con El Cronista, recordó que «el impacto inicial de la comunicación puso desafíos enormes para el sector corporativo local» . «La regulación impuso desafíos enormes, ya que es una norma que no tiene precedentes en la historia Argentina reciente» , dijo. Pese a ello, destacó que ya se vieron varias refinanciaciones exitosas, y que ello respondió a que hubo «una actitud activa y amigable por parte de los emisores y una buena recepción de los inversores» . «Los vencimientos de capital más importantes eran los de YPF (u$s 427 millones), Banco Hipotecario (u$s 279,8 millones), IRSA (u$s 181,5 millones), Cresud (u$s 73,6 millones) y Genneia (u$s 51,5 millones). Los cinco ya fueron refinanciados y suman un total de u$s 1013 millones. Es decir, el 80,9% del total de los vencimientos afectados por la comunicación.
Hacia adelante, el panorama luce menos desafiante. Es que según el analista de Moody’s Local Argentina, entre 2021 y 2022 el sector corporativo tendrá vencimientos de capital por aproximadamente u$s 2000 millones, de los cuales u$s 500 millones corresponden a la Clase I de Tecpetrol, cuyo vencimiento será el 12 de diciembre de 2022. «Probablemente 2021 sea un año de transición, en el que se mantendrá la incertidumbre respecto a una posible segunda ola de contagios. La buena noticia es que los corporativos no necesitan acceso al mercado internacional y los montos que deben refinanciar pueden canalizarse en mercado local ya que no son muy altos, por lo que en ese sentido el 2021 no luce muy desafiante» , dijo. Pese a ello, recordó que «en la Argentina es muy difícil proyectar» . Y lamentó que sigue en aire la idea de que este país «las reglas pueden cambiar cada dos semanas» .

(CRONISTA) El aumento de la nafta ya presiona sobre la inflación de fin de año, que sería mayor al 4% mensual Cada incremento en los combustibles tiene un impacto directo de entre 2% y 5%, según los analistas.
l cuarto incremento en el año de los precios de las naftas y el gasoil, de 2,5% en promedio, presionará sobre la inflación del último bimestre de 2020, que mostraría cifras cercanas al 4% en noviembre y un porcentaje mayor en diciembre, de acuerdo a los cálculos de María Castiglioni Cotter, directora de C&T Asesores Económicos. Cada alza de los combustibles tiene un impacto directo de 5% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), según Matías Rajnerman, economista Jefe de Ecolatina. Así, este último movimiento sumaría 0,12 puntos porcentuales a la inflación de noviembre de forma directa, sin contar su traslado sobre los otros precios de la economía, como los alimentos -impulsados por el costo del transporte-. Para Guido Lorenzo, director Ejecutivo de LCG, «no es el problema el aumento de combustibles en sí mismo y el impacto directo sobre el IPC, sino los efectos de segunda ronda, que impactan durante los tres meses posteriores al incremento inicial» .
«Actualmente el nivel de actividad es bajo y podría haber menos traspaso, pero ya hay mucha gimnasia en la remarcación y muchos pesos para convalidar aumentos. En LCG esperan una inflación de 3% para noviembre y una aceleración en diciembre y enero 2021 con precios todavía por descongelar, lo que sería » traumático sin un plan anti-inflacionario». El economista Gabriel Rubinstein, en tanto, señaló que los combustibles ponderan un 2,5% sobre el IPC. Una consultora energética tiene otras cifras: el impacto directo de los combustibles en el IPC es de 2%, por lo que la reciente suba sumaría 0,05% a la inflación mensual, insignificante al lado de un número que dará entre 3% y 4% total.