Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Apuestan a la inflación: crecen el 18% los plazos fijos en pesos ajustables
Entre los que creen que viene un período de atraso cambiario y los que confían en el avance de los precios, ganan las opciones en pesos indexadas. La aceleración inflacionaria también impacta en las decisiones de ahorro de familias y empresas que en lo que va del año protagonizan casi un verdadero boom de plazos fijos en pesos ajustables. En las tres primeras semanas de febrero, los datos del BCRA muestran que el stock de los depósitos privados a plazo en pesos indexados ya trepó a casi $80.000 millones. Esto implica ya un aumento del orden del 18% mensual (37% anual). De modo que en el acumulado del año los plazos fijos privados en pesos ajustables registran un incremento cercano a los $23.000 millones (un 40% en 2021). Esto comenzó con fuerza desde diciembre pasado cuando estas colocaciones mostraron un aumento de más de $8.300 millones. Luego en enero se consolidó la tendencia, a la luz de los índices inflacionarios, con un incremento de casi $11.100 millones, guarismo que ya se está superando en febrero ($11.900 millones). O sea, en poco más de dos meses y medio, estas colocaciones privadas acusan un aumento de más de $31.200 millones (un 55%). Al parecer estos ahorristas descreen un poco de la estrategia antiinflacionaria del Gobierno de anclar el tipo de cambio oficial para desinflar las expectativas inflacionarias, a la vez, que se diluyen los ajustes tarifarios y se erige todo tipo de acuerdo de precios y salarios en pos del objetivo presupuestario. Vale recordar que a diferencia de los plazos fijos tradicionales, aquellos que están pactados con ajuste CER o UVA implican “estacionar” los fondos como mínimo tres meses, a diferencia del depósitos a plazo tradicional a tasa fija que se pacta a partir de los 30 días. Ofrecen una tasa mínima de 1%, por ejemplo, más el ajuste CER, de modo que se aseguran no perder contra la inflación. Aunque la reciente versión BCRA ajustable por UVA puede precancelarse a los 30 días y debería rendir más que la tasa tradicional. Pero no todos las entidades ofrecen este producto, a pesar de esta obligados por la normativa, por lo que no se ve una oferta amplia. Sin embargo, los que si operan lo hacen activamente y como muestran las estadísticas la demanda responde. Claro que en comparación con las colocaciones a plazo fijo en pesos a tasa fija, aún se percibe que el público en general, sigue prefiriendo estar más líquido, sobre todo si viene un período de estabilidad cambiaria, porque no se guía por los rendimientos reales sino por el equivalente en dólares. Hoy el stock de plazos fijos privados en pesos asciende a $2,42 billones. En febrero están creciendo entre 2% y 4% mensual, unos $58.000 millones). Así en lo que va del año acumulan un incremento de casi $218.000 millones (y $354.000 millones desde diciembre). Esta masa de liquidez, puede ser parte del capital de trabajo de empresas o complemento de ingresos familiares, pero lo cierto es que prefiere estar menos expuesto al riesgo cambiario y privilegia el corto plazo, ahora con miras a las elecciones de medio término. Pero pareciera que algunos desoyen el canto de las sirenas cambiarias y apuestan a que la aceleración inflacionaria persistirá en los próximos meses de ahí que se vuelcan a las opciones indexadas. Es decir que reniegan en parte del hecho de que el Gobierno usaría el tipo de cambio oficial para aplacar las presiones inflacionarias y dilataría los ajustes tarifarios. Creen que tanto la inflación de alimentos como los ajustes de precios no regulados que sobrevienen en todo comienzo lectivo del año mantendrán la tasa de inflación mensual coqueteando con el 3%, lo cual, superaría ampliamente la meta oficial.

(AMBITO) Acuerdo de precios y salarios: arrancan hoy reuniones con sector de alimentos
Participarán representantes de cámaras y empresas, de supermercados, de la mesa del trigo, del maíz y de la carne y los gremios. El Gobierno dará comienzo esta tarde, con un encuentro con representantes de la cadena de producción de alimentos, a la serie de reuniones sectoriales previstas con el objetivo de alcanzar acuerdos de precios y salarios. A las 16.30 será la reunión con la cadena de valor del sector alimenticio, de la que participarán representantes de cámaras y empresas, de supermercados, de la mesa del trigo, del maíz y de la carne y los gremios. Por parte del Estado asistirán los ministros de Desarrollo Productivo Matias Kulfas; Trabajo, Claudio Moroni; y Agricultura, Luis Basterra; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el presidente del BCRA, Miguel Pesce; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, y el secretario de Política Económica, Fernando Morra. Según fuentes oficiales, el encuentro se llevará a cabo en el noveno piso de la avenida Julio A. Roca 651, del centro porteño, donde funciona Desarrollo Productivo. La semana pasada, Kulfas anticipó que los encuentros sectoriales empezarían «con la reunión de la cadena de alimentos, tomando como punto de partida las mesas que ya están conformadas en el Ministerio de Agricultura, entre ellas las que vienen trabajando los casos del trigo y del maíz». En la reunión estarán presentes ejecutivos de las firmas productoras de alimentos Arcor, AGD, Molinos Ríos de la Plata, Nestlé, Unilever, Ledesma, Danone, Granja Tres Arroyos, la Copal, el consorcio de exportadores de carnes ABC y Mondelez, entre otras. También habrá representantes de los supermercados y de los productores de materias primas, por lo cual se espera la presencia de la Asociación Supermercados Unidos (ASU) y del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Del sector sindical, participarán representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), el Sindicatos de Trabajadores de Industrias de Alimentación (STIA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys). El sector alimenticio es el que viene registrando los mayores incrementos de precios, una tendencia que se fue profundizando durante la pandemia y con los movimientos del dólar, con su consiguiente impacto en la inflación y en los niveles de pobreza. A la par de la suba de precios, comenzó a notarse además un incipiente desabastecimiento de productos en las góndolas, que los fabricantes atribuyeron a los inconvenientes laborales y de logística que genera la pandemia, aunque especialistas del sector sospechan sobre una posible especulación a la espera de mejores precios.

(AMBITO) El Tesoro colocó más de $220.000 millones en licitación clave
Se trató de la licitación de seis instrumentos en pesos. Sucedió en medio de un mayor apetito de los inversores por colocaciones en pesos debido a la calma en el mercado cambiario. El Tesoro colocó $221.963 millones en instrumentos en pesos y acumuló financiamiento extra de $43.250 millones en febrero, en medio de una mayor apetito de los inversores por colocaciones en pesos debido a la calma en el mercado cambiario. El financiamiento conseguido en la licitación de este miércoles servirá para afrontar los vencimientos de la semana que totalizaban cerca de $210.400 millones, correspondientes a una LEDE y una LECER. Se realizó la reapertura de una letra a descuento (LEDE) y otra vinculada a la tasa de pases pasivos del BCRA (LEPASE) ambas con vencimiento en junio. A su vez, se emitieron dos nuevas letras (LEDE y LEPASE) con vencimiento el 30 de julio Además, se realizó la reapertura del BONCER con vencimiento en agosto 2013, y se emitió un nuevo BONCER con vencimiento en julio del 2024, continuando así con la política de ampliación y diversificación del financiamiento en pesos del Tesoro Nacional a tasas reales positivas y sostenibles Se recibieron 563 ofertas, adjudicándose un total de VNO$ 225.107 millones lo que representa un valor efectivo de $ 221.963 millones Cerca de la mitad de la colocación fue realizada en bonos con vencimiento en agosto del 2023 y julio del 2024. «De esta forma, se continúan dando pasos sostenidos y concretos hacia el objetivo de extender los plazos de financiamiento del Tesoro y construir un perfil de vencimientos sostenible», destacó la cartera económica a través de un comunicado. Apenas iniciada la licitación, el economista Gustavo Ber planteó en diálogo con Ámbito que «existe una positiva expectativa en que haya una elevada demanda, ante el renovado mayor apetito de los operadores hacia las colocaciones en pesos». Agregó: «Ocurre que la mayor calma cambiaria, que incluye el descenso en los dólares financieros (de los días previos) y una desaceleración en el rltmo de deslizamiento en el dólar mayorista validado por el BCRA, está abriendo espacio a apuestas de ‘carry-trade’ por parte de operadores al considerar que sería tónica buscada en un año electoral».

(AMBITO) Según Moody’s, Argentina es el país del G-20 que tuvo la mayor caída de la economía en 2020
La calificadora internacional Moody s también advirtió que será la de menor crecimiento este año. Además estimó una inflación de 50%. La calificadora internacional Moodys advirtió este miércoles que la economía argentina fue la que más cayó durante 2020 entre los países del G20 y será la de menor crecimiento este año. En su informe global también estimó que la inflación anual rondará el 50%. Sobre este punto la calificadora brindó una proyección similar al relevamiento que mensualmente realiza el Banco Central entre consultoras. Moody s también estimó que para el 2022 será del 40%. Según el sondeo, la economía argentina tuvo en 2020 una caída tres veces mayor a la del conjunto de países que integran el G20 y a su vez se recuperará a niveles inferiores en 2021 y 2022. «Las economías del G-20 volverán a crecer en 2021», analizó el estudio pero puntualizó que «la recuperación no será uniforme» y en ese aspecto precisó que en 2020 la baja del PBI de los países que integran el G20 fue del 3,3%, tres veces menos que el descenso de 10% correspondiente a la Argentina. En cuanto a las perspectivas para 2021, Moody’s fijó un 5,3% para el conjunto de países del G20 y un 5% para la Argentina, en tanto para el año próximo prevé un 3,5% y un 2%, respectivamente. «Esperamos que el PIB real de todos los países del G-20 crezca en comparación con el año pasado, pero algunos países tardarán más que otros en volver a su plena capacidad», indicó. En ese sentido, remarcó el «papel clave» que representarán tanto la «respuesta política» de los respectivos gobiernos, así como «la gestión de la pandemia», ya que más allá de la posibilidad de atenuación de los daños «la crisis del COVID-19 perdurará como un desafío para las economías del mundo». Las proyecciones inflacionarias difieren del Presupuesto 2021 que fue elaborado en base a una estimación del 29% para todo el año. La proyección de Moody’s coincide con el pronóstico de la mayoría de economistas y consultores, con un 50% para este año y un 40% para 2022. En el informe global se destacó que Estados Unidos liderará la recuperación de la demanda global de servicios en 2021-22 y que las economías europeas tardarán más en alcanzar su plena capacidad. «Los temores persistentes de virus siguen siendo el principal riesgo de recuperación de la demanda», sostuvo, al tiempo que advirtió que «cuanto más dure la crisis, mayor será el riesgo de los negocios», en especial «para las pequeñas y medianas empresas».

(AMBITO) Blanqueo para la construcción: puntos destacados de la ley
La iniciativa prevé incentivos tributarios para el sector de la construcción, con la meta puesta en la reactivación económica. El Senado convirtió hoy en ley una iniciativa del Gobierno nacional que prevé incentivos tributarios para el sector de la construcción, con la meta puesta en la reactivación económica.

Los siguientes con los puntos destacados del texto aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación:

Se implementa el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, destinado a promover el desarrollo o inversión en proyectos inmobiliarios realizados en el territorio de Argentina.
Se entenderá por proyectos inmobiliarios a aquellas obras privadas nuevas que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley (construcciones, ampliaciones e instalaciones, entre otras) y que, de acuerdo con los códigos de edificación o disposiciones semejantes, se encuentren sujetos a denuncia, autorización o aprobación por autoridad competente.
Quedan comprendidas dentro de la definición de obras privadas nuevas aquellas que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley posean un grado de avance inferior al 50 % de la finalización de la obra.
Se exime del impuesto sobre los bienes personales al valor de las inversiones en proyectos de inversión realizadas hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive.
Se establece que podrá computarse como pago a cuenta del impuesto sobre los bienes personales el equivalente al 1 % del valor de las inversiones en proyectos inmobiliarios definidos en esta ley según las pautas que se especifican para cada caso.
Se dispone que los titulares de inmuebles o de derechos sobre inmuebles gozarán del diferimiento del pago del impuesto a la transferencia de inmuebles de personas físicas y sucesiones indivisas en el caso de desarrollo de proyectos inmobiliarios, en los supuestos según las pautas que se especifican.
Las personas humanas, sucesiones indivisas y los sujetos establecidos en el artículo 53 de la Ley de Impuesto a las Ganancias podrán declarar de manera voluntaria ante la AFIP la tenencia de moneda extranjera y/o moneda nacional en el país y en el exterior dentro de un plazo que se extenderá desde la fecha de entrada en vigencia de esta ley y hasta transcurridos 120 días corridos, ambas fechas inclusive.
La tenencia de moneda extranjera y/o de moneda nacional en el país y en el exterior, que se exteriorice en los términos de este régimen, es aquella que no hubiera sido declarada a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, de acuerdo al procedimiento que a esos efectos establezca la AFIP.
Los fondos incluidos en la declaración voluntaria de la moneda extranjera y/o moneda nacional deberán depositarse en una Cuenta Especial de Depósito Cancelación para la Construcción Argentina CECON.Ar en alguna de las entidades comprendidas en la ley de entidades financieras, en la forma y en los plazos que establezcan la AFIP y el Banco Central de la República Argentina.
Los fondos declarados deberán afectarse únicamente al desarrollo o la inversión en los proyectos inmobiliarios en la Argentina.
Queda comprendida la moneda que se encuentre depositada en instituciones bancarias, financieras u otras del exterior sujetas a la supervisión de los bancos centrales u organismos equivalentes de sus respectivos países y/o comisiones de valores, u organismos equivalentes que tengan asignada la supervisión bancaria o bursátil que admitan saldos inscriptos en cuentas de instituciones bajo su fiscalización, o en otras entidades que consoliden sus estados contables con los estados contables de un banco local autorizado a funcionar en la Argentina.
Dichas instituciones deberán estar radicadas en países que cumplimenten normas o recomendaciones internacionalmente reconocidas en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

(CRONISTA) Guzmán se vuelca al G-20 para lograr apoyo por la deuda con el FMI y el Club de París
El ministro participará el viernes de la reunión virtual de ministros de Economía y Finanzas de ese grupo. Coincidirá en el encuentro con la secretaria del Tesoro de EE.UU., Yanet Jellen.
Los ministros de Economía y Finanzas del G-20 tendrán su primera reunión virtual del año mañana bajo la presidencia de Italia y será una oportunidad para Martín Guzmán de tomar contacto con Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, en medio de plazos que se estiran para el Gobierno que busca refinanciar deuda con el FMI y el Club de París (CDP). El objetivo de cerrar un acuerdo con el FMI antes de mayo viene con demora y dilata a su vez las negociaciones con el grupo de 22 naciones acreedoras creado en la capital francesa, que pone como condición que primero la Argentina convenga un nuevo programa con el FMI. «Es probable» que se estiren los plazos, indicaron desde el Ministerio de Economía, aunque aclararon que «el diálogo es razonable». La deuda con el Club de París vence el 30 de mayo y después hay 60 días para no caer en un default formal. Sin embargo, aclaran que puede ser «antes o después» de la fecha límite del 30 de julio si hay apoyo político. La llegada de Yellen a la mesa del G-20 puede destrabar el apoyo a una ampliación del capital del Fondo. Kristalina Georgieva quiere u$s 500.000 más para apoyar medidas de reactivación económica. Para la Argentina implicaría unos u$s 3000 millones más en Derechos Especiales de Giro (DEG) en abril. El viaje a Washington que se preveía para fines de este mes ya se reprogramó para mediados de marzo. Allí, además de reunirse con los negociadores Julie Kozak y Luis Cubeddu, Guzmán busca el aval del Tesoro estadounidense que tiene un rol central en ambas negociaciones. El Gobierno planteó principios de mayo como ideal para cerrar el programa de facilidades extendidas con el FMI -que permitiría refinanciar los u$s 45 mil millones otorgados al gobierno anterior a plazos de diez años y con tres o cuatro años de gracia-. «Sería bueno tener un acuerdo en mayo pero no es la prioridad», dijo en reiteradas oportunidades el negociador Sergio Chodos. Después de Washington, Guzmán seguirá de gira por el G-7, según anticipó Alberto Fernández durante la visita a México en medio de explicaciones sobre la vacunación del ministro y parte de su «burbuja», lo que incluye a Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, países de peso en el directorio del Fondo e integrantes del CDP.

(CRONISTA) El cepo al dólar y el historial de la Argentina restan entusiasmo inversor por el Plan Gas
En la previa a la ronda 2, las petroleras señalan que se tomarán tiempo para analizar si se cumplen los compromisos. Se estudia una mega inversión de u$s 1000 millones en Tierra del Fuego. Lo decía Alberto Fernández en campaña, cuando se acercaba a ser presidente. «El cepo al dólar es como poner una piedra en una puerta giratoria; nadie sale pero nadie entra», señalaba en agosto de 2019 el entonces candidato del Frente de Todos, que en 14 meses de gestión profundizó las restricciones que impuso su antecesor, Mauricio Macri. Precisamente esto es lo que replican las empresas. Los controles de capitales que mantiene la Argentina para cuidar los dólares de las reservas del Banco Central (BCRA) agregan una dificultad al momento de decidir inversiones que, paradójicamente, sumarían miles de millones de dólares a las arcas estatales. No salen, pero tampoco entran. La petrolera alemana Wintershall Dea marcó al cepo al dólar como la principal complicación macroeconómica que enfrenta en sus operaciones en el país, en donde opera campos en Neuquén, Mendoza y Tierra del Fuego. En rigor, las restricciones cambiarias fueron flexibilizadas para las petroleras para obtener su ingreso en el Plan Gas. Luego de presentar el balance anual 2020, la firma que opera también en Rusia, Noruega, Alemania, México y Egipto, entre otros lugares, indicó que está madurando junto a sus socios Total Austral -Francia- y Pan American Energy (PAE) una decisión de invertir cerca de u$s 1000 millones en conjunto en el Proyecto Fénix para producir gas natural convencional costa afuera (offshore). Pero para eso esperarán a que el Gobierno argentino demuestre en este 2021 que cumplirá con los compromisos asumidos con la industria en el Plan Gas 4, dado que durante experiencias anteriores afrontaron cambios en las reglas del juego. El CEO de Wintershall Dea, Mario Mehren, postuló en una mesa redonda digital con periodistas, de la que participó El Cronista, que la compañía quiere que sus activos compitan entre sí y necesita «tener la facilidad de sacar dinero de un país para mandarlo a otro o remitirlo a la casa matriz, dependiendo de las necesidades de la empresa y no del Banco Central o del gobierno de un país donde trabajamos». Wintershall Dea invertirá este año unos 1100 millones de euros en todos sus activos, aunque no especificó cuánto destinará a la Argentina. Sí, en cambio, indicó que el país es el tercero más grande dentro de su cartera, luego de Rusia y Noruega, con campos como Aguada Pichana Este, Aguada Federal y Bandurria Norte. Las tasas de interés domésticas representan otro obstáculo al desarrollo petrolero, sobre todo en Vaca Muerta, plantearon otras fuentes del sector en off the record. No tanto para las multinacionales, que el Gobierno busca atraer como socias (Equinor, de Noruega; y Petronas, de Malasia, por caso), sino para las empresas locales que deben financiar sus inversiones en los mercados internacionales de deuda y necesitan girar los dólares al exterior. Asimismo, las negociaciones que se llevan a cabo para instalar un precio del petróleo crudo local por debajo del que rige en el mundo es visto con desconfianza y preocupación en el extranjero, explican en la industria. Con todo, Neuquén tuvo un récord de producción de petróleo en enero, con 172.865 barriles por día (bpd), traccionado por YPF y Vista Oil & Gas, que se convirtió en pocos años en el segundo mayor jugador no convencional de crudo.

(INFOBAE) Las claves de la negociación con el FMI: está preocupado por la inflación y el dólar, pero mantiene un buen diálogo con el Gobierno En Washington creen que el Poder Ejecutivo debe hacer un esfuerzo fiscal mayor al proyectado en el presupuesto 2021 y aclaran que no hay margen para postergar el pago de capital de USD 1800 millones de septiembre próximo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene un muy buen diálogo técnico con el gobierno argentino, pero está preocupado por la persistencia del alto nivel de inflación y de la brecha cambiaria. Con un contacto cotidiano del staff técnico del Fondo con el equipo del ministro Martín Guzmán, del presidente del Banco Central Miguel Pesce y otros miembros del gabinete económico, avanza la negociación, aunque los tiempos para alcanzar un acuerdo dependen más de la voluntad política del Gobierno en este año electoral que de las exigencias del organismo. Así pudo saberlo Infobae en Washington de parte de fuentes con conocimiento directo de la negociación, aunque el organismo declinó hacer comentarios para este artículo. Si bien hay coincidencia entre ambas partes sobre el marco macroeconómico que se necesita para que el país corrija sus desequilibrios, faltan acuerdos sobre la forma de lograrlo. En este sentido, según pudo saber Infobae, el Fondo sigue pensando que el Gobierno debería hacer un esfuerzo adicional al comprometido en el presupuesto 2021, que contiene una meta fiscal del 4% del PBI y no sólo a través de un aumento de la presión impositiva. El FMI tiene un contacto cotidiano y constructivo con las autoridades económicas argentinas, pero está muy preocupado por la alta inflación y la fuerte brecha cambiaria
Al respecto, creen que es necesario seguir reduciendo el desequilibrio fiscal y la emisión monetaria -aunque se valora el esfuerzo que las autoridades económicas realizaron en este sentido en los últimos meses- para evitar que la brecha cambiaria, agazapada en forma transitoria, no se dispare nuevamente y provoque algún problema indeseado. Más allá de estas cuestiones urgentes y de corto plazo, también resta definir el contenido de las reformas estructurales que forman parte de un acuerdo de facilidades extendidas como el que busca la Argentina para repagar a 10 años el crédito que el FMI le dio al país en el gobierno de Mauricio Macri por 54.000 millones de dólares. En este sentido, se discutirá nada más y nada menos que la política impositiva, el esquema de los subsidios públicos, el desarrollo del mercado local de capitales y, más conceptualmente, cómo se logra un aumento de la productividad, de la inversión y de la eficiencia del sector público. Claro está que, con todos estos temas pendientes, da la sensación de que los tiempos para cerrar un acuerdo no serán cortos, como pretendería sobre todo Guzmán. Pero, con paciencia, en el organismo entienden la tarea de búsqueda de consenso interno por parte del ministro, para que el programa funcione y para que sea aprobado en el Congreso Nacional. Esta búsqueda de consenso necesariamente genera tensiones entre las cuestiones político-electorales (la necesidad de dar buenas noticias antes de los comicios de octubre) y la mencionada fragilidad macro, actualmente matizada por los buenos términos de intercambio y la posibilidad de que el Gobierno reciba una inyección de recursos por los Derechos Especiales de Giro (DEGs) que proyectan repartirse este año entre los países emergentes y los más pobres. Paradójicamente, estas buenas noticias son las que ponen más en duda la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de octubre próximo y el Fondo comprende este dilema. Pero hay una fecha clave: el 22 de septiembre, cuando el Gobierno debe pagar USD 1800 millones por un vencimiento de capital del stand by contraído en 2018. A diferencia del Club de París, donde la diplomacia internacional puede tener el efecto de lograr un aplazamiento del pago de USD 2400 millones de mayo (puede ser hasta julio o inclusive más tiempo si los socios del G7 ven que la Argentina está encarrilada con el FMI), el estatuto del Fondo no tiene flexibilidad para que el pago de septiembre se aplace sin que el país entre en un período de atraso formal y luego, eventualmente, en default. A diferencia de lo que puede ocurrir con el Club de París, el FMI no tiene flexibilidad para aplazar el pago de USD 1800 millones que debe hacer la Argentina en septiembre y un atraso podría ser negativo para la estabilidad financiera En esta cuestión juegan dos temas: la tensión que se podría generar por un atraso y el efecto que dicha decisión podría generar sobre la estabilidad financiera, a pocas semanas de las elecciones. Sin embargo, también podría ocurrir que, si la negociación avanzara hasta entonces y el país logra una buena recuperación en el segundo semestre, acumula reservas en el BCRA y reduce la brecha cambiaria, podría pagar ese vencimiento de capital aún sin un acuerdo firmado, pero avanzado. Hay dos hechos que no van a ocurrir: el FMI no va a poner “palos en la rueda” para que esta recuperación florezca (de hecho, la directora gerente, Kristalina Georgieva, se ha puesto al frente de la negociación y quiere que, si hay un esfuerzo local, haya acuerdo), pero tampoco va a ser más flexible con la Argentina que con otros países, como fantasean algunos altos funcionarios del Gobierno. Esta fantasía no toma en cuenta que un acuerdo más indulgente con la Argentina que con otros países generaría un mal precedente frente a otros socios del organismo que firmaron programas en el último año, bajo el mismo paraguas global de la crisis. Además, tal como lo afirmó más de una vez, el Fondo tampoco tendrá un trato más suave debido a las acusaciones del Gobierno de que otorgó el préstamo al gobierno de Mauricio Macri en violación a sus estatutos, debido a que el Fondo considera que no existió tal transgresión. Estas premisas no implican que no vaya a haber acuerdo, ya que los países acreedores que forman parte del Fondo quieren cobrar lo que le prestaron al país. Al respecto, es mejor un mal acuerdo a que no haya ningún acuerdo, explicó una fuente con amplio conocimiento de la relación. Cuatro fuentes consultadas en Washington indicaron a Infobae que, más allá de la empatía retórica de la directora gerente del Fondo hacia el Gobierno, no habrá un trato diferencial. Sí puede haber una mayor celeridad para la negociación, pero eso no asegura que pueda haber un acuerdo si el staff y, sobre todo, los países más relevantes del organismo consideran que no se cumplen las premisas para firmarlo. Esto implica, un programa económico consistente en términos monetarios y fiscales, como lo plantearon tanto Georgieva como el staff. “El FMI ha hecho muchos acuerdos en el último año a raíz de la crisis económica de la pandemia, con exigencias para cada uno de los países que los firmaron. Si cerrara un acuerdo más flexible con la Argentina, enseguida el resto de los gobiernos le va a reclamaría un trato igualitario, con menos exigencias”, explicó una fuente con acceso a las negociaciones.

(INFOBAE) En medio de la fuerte suba de precios de la electrónica, se define el futuro de los beneficios para Tierra del FuegoLos gobiernos nacional y de Tierra del Fuego negocian nuevas condiciones para extender el régimen de beneficios fiscales de la isla, que vence en 2023. Hay productos que tuvieron aumentos de más del 50%.
Mientras sigue de cerca la evolución de los precios de los productos electrónicos, que el año pasado tuvieron un fuerte salto a partir de la restricción en la oferta y la brecha cambiaria y que siguieron aumentando en los primeros dos meses de 2021, el Gobierno nacional avanza con las autoridades de Tierra del Fuego en la definición de lo que será el nuevo régimen de beneficios fiscales del cual gozan hoy empresas de ese rubro, autopartistas, plásticas y algunas textiles. Las empresas amparadas en este sub-régimen industrial -que se creó bajo el paraguas del régimen general de promoción económica creado por la Ley 19.640- vienen reclamando ya desde hace tiempo la prórroga anticipada del esquema de beneficios impositivos, que vence a fines de 2023. Y junto con esta extensión, que comenzó a analizarse y que tendrá nuevos condicionamientos para las compañías, los gobiernos nacional y provincial avanzarán también en un esquema para impulsar el desarrollo de otros sectores productivos en la isla. El objetivo, como dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, es diversificar la matriz productiva de Tierra del Fuego. “Nosotros nos hemos puesto como objetivo generar a través de esta política pública condiciones para que el escenario sea distinto y que tal vez en 3 o 4 años estemos hablando de otro tipo de actividades económicas. Hay que generar algún fondo que reciba aportes de las empresas y de los Estados para desarrollar parte de esa ampliación de la matriz”, dijeron a Infobae fuentes vinculadas con la negociación. Por otro lado, la extensión del sub-régimen contemplará nuevas condiciones para las compañías beneficiarias, como por ejemplo requerimientos de inversión en investigación y desarrollo (I+D) y mantener los puestos de trabajo. “Es una norma vieja, que no se condice con lo que pasa en el mundo hoy. Hay que modificar algunas cosas. Se tiene que generar un fondo, se tiene que aggiornar la normativa para que haya más investigación y que haya un piso de empleo que no se toque”, agregó la fuente. Hoy son más de 40 las empresas incluidas en este esquema de beneficios fiscales y generan 11.000 empleos directos. Para el gobierno provincial, el régimen espejo es el de Manaos, en Brasil, que se extiende hasta el 2073, pero cerca del gobernador Gustavo Melella consideran que prorrogarlo 30 años con revisiones cada cinco años es una posibilidad. Tras un primer encuentro esta semana en la isla, a partir de la visita de Kulfas y el secretario de Industria, Ariel Schale, los equipos técnicos de Nación y de la provincia avanzarán la semana próxima con lo que será el futuro documento, que esperan se concrete durante abril. “El desarrollo industrial de Tierra del Fuego es fundamental para el futuro de la Argentina y para eso es necesario ampliar la matriz productiva. Estamos muy entusiasmados en poder sentarnos a trabajar en diversos proyectos productivos, y en avanzar con el desarrollo de la industria de la economía del conocimiento, que tiene mucho potencial en la región”, afirmó Kulfas durante su visita. Desde el sector empresario, en tanto, afirmaron que si bien todavía faltan casi tres años para el vencimiento del sub-régimen, si no hay prórroga “empieza a condicionar las inversiones, ya que hay proyectos que se repagan a más largo plazo”.

¿Qué pasa con los precios?
Mientras avanza con este trabajo conjunto con la provincia, la cartera productiva no deja de mirar con lupa lo que está sucediendo en materia de precios en el rubro de electrónica. Más aún porque se trata de un sector beneficiado con el programa de financiamiento Ahora 12, que tiene subsidio de tasa y que además ahora tiene un costo adicional por los tres meses de gracia que fueron extendidos hasta marzo. La vigencia, a partir del 1° de enero, del impuesto interno establecido en el Presupuesto 2021 -para los productos producidos en Tierra del Fuego alcanza al 6,5%- no había generado un impacto inmediato en los precios de los bienes alcanzados, como celulares, televisores, monitores de PC, aires acondicionados y hornos microondas, pero con el correr de las semanas comenzó a percibirse un traslado del tributo. Es más, en algunos modelos, las subas de precios en lo que va del año llegan al 50%, de acuerdo con un relevamiento realizado para Infobae por la consultora Market, Research & Technology (MRT).

(INFOBAE) Clave para la inflación: el primer bimestre de 2021 termina sin emisión monetaria del BCRA para financiar al Tesoro En 2020 se había emitido una cifra récord de 2 billones de pesos, en buena medida para financiar los gastos de la pandemia. En marzo se espera un ingreso extraordinario de pesos por el impuesto a la riqueza. El 2021 arrancó bastante más tranquilo que lo esperado por la mayor parte del mercado en materia financiera. No sólo el tipo de cambio tuvo una importante caída (más allá del repunte de ayer de los dólares financieros), sino que además el Banco Central tuvo un comportamiento muy austero. En el primer bimestre del año no hubo emisión de dinero para financiar al Tesoro, lo que constituye una buena base para empezar a combatir la inflación de manera más genuina. Las cuentas públicas cerraron mucho mejor de lo esperado en enero, incluso con un leve superávit primario que superó los $ 3.000 millones. Todavía no están los datos de febrero pero todo indica que tampoco hubo mayores inconvenientes, teniendo en cuenta que el Tesoro además tiene abierta la venta del financiamiento doméstico a través de la emisión de títulos en pesos de corto y mediano plazo. Ayer, de hecho, llevó adelante una colocación por $ 225.000 millones. Aunque buena parte se utilizará para refinanciar vencimientos, también hubo financiamiento genuino para cubrir las necesidades de caja por $ 43.000 millones. En marzo la tendencia continuaría de manera similar. Habrá una ayuda extraordinaria porque a fin de mes los contribuyentes que superen los $ 200 millones de patrimonio tendrán que pagar el impuesto a la riqueza. Ese pago generará seguramente otra recaudación extraordinaria, por lo que tampoco será necesaria la emisión de pesos, ya sea vía adelantos transitorios como transferencia de utilidades. El año pasado la emisión monetaria para financiar el déficit fiscal fue récord histórico y llegó a los 2 billones de pesos. No se trató de un fenómeno exclusivo de la Argentina porque todos los países acudieron a la emisión para hacer frente a la crisis de la pandemia. Pero las consecuencias fueron inevitables, con un fuerte impacto primero en el tipo de cambio (que de $ 60 llegó hasta $ 190 en octubre, para luego empezar a retroceder) y más tarde en la inflación. Ahora el objetivo del ministro de Economía, Martín Guzmán, es desacelerar la inflación lo más rápido posible, luego del 4% de diciembre que se repitió en enero. Una de las medidas anunciadas fue reducir la tasa de devaluación del tipo de cambio oficial de manera drástica, aunque por ahora no hubo demasiados cambios en el ritmo que imprime el Banco Central, presidido por Miguel Pesce. La otra pata fundamental para conseguirlo es moderar la tasa de expansión monetaria, que al menos en la Argentina es la principal explicación para los altos niveles inflacionarios en las últimas décadas. Por supuesto que la causa de esa creación monetaria es el alto nivel de déficit fiscal. El Central arranca el año más desahogado que en el 2020. Por ahora no precisó emitir pesos para financiar al Tesoro y tampoco lo requeriría en marzo por la recaudación extraordinaria del impuesto a la riqueza. Además el Gobierno consigue dinero fresco para hacer frente al déficit vía colocaciones de deuda
En alguna medida, el objetivo del equipo económico es armar una suerte de colchón para esperar la segunda parte del año, que seguramente presentará mayor volatilidad. Las elecciones legislativas seguramente demandarán mayor cobertura por parte de los inversores y además se reduce el ingreso de divisas por la cosecha de soja. Por lo tanto, es clave llegar a los meses de agosto y septiembre de la manera más holgada posible y tener cierto margen para hacer frente a ese contexto que será mucho más desafiante. El arranque del año fue auspicioso y así lo reconocieron varios economistas en los últimos días. Federico Furiase, director Eco Go y profesor de la Universidad Di Tella, señaló que “con financiamiento neto en febrero más bonus track por pago de impuesto a la riqueza en marzo, el ritmo de emisión para financiar déficit puede venir mucho más bajo de lo esperado en próximos meses. Es clave para bajar el ritmo de inflación mientras se frena el crawling”, es decir el ritmo de suba del tipo de cambio oficial. Por su parte, el economista Fernando Marul explicó que “se registra un aumento de más de $ 200.000 millones de la base monetaria vía desarme de pases y Leliq, pero esos fondos fueron a la compra de bonos del Tesoro que colocó deuda y el pago de Ingresos Brutos. También hubo contracción de base por la ganancia de futuros que obtuvo el BCRA y la venta de Bonares. En resumen, el comportamiento de las variables monetaria fue bastante más tranquilo que el esperado para estos meses”.