(AMBITO) Ucrania suma tensión en otro frente: el préstamo que mantiene con el FMI
El país tiene un crédito vigente por unos u$s11.600 millones. El actual acuerdo con el organismo financiero fue firmado en diciembre de 2019.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) vive una situación compleja: no sólo está cerrando la difícil relación con la Argentina negociando un stand by por unos u$s44.700 millones, sino que uno de sus mejores deudores en cuanto a su comportamiento económico, entró ayer en una crisis seria. Ucrania es el tercer deudor para el organismo internacional que maneja Kristalina Georgieva, con un préstamo vigente por unos u$s11.600 millones; y con un cumplimiento absolutamente prolijo durante los años que tiene en vigencia. Con el conflicto desatado desde ayer por la invasión rusa en territorio ucraniano, se pone el riesgo el stand by vigente, y las posibilidades que Ucrania pueda cumplir ahora en tiempo y forma con las liquidaciones comprometidas. Ucrania suma el 5%, y, luego de Argentina y de Egipto (este último con una deuda de u$s17.000 millones), es el tercer deudor con el organismo.

El acuerdo vigente entre el estado y el organismo fue firmado en diciembre de 2019, y debe renegociarse en diciembre de este año para extenderlo por un período extra de tiempo; en negociaciones que ya habían comenzado a cruzarse entre el gobierno de Volodimir Zelenski y la conducción de Kristalina Georgieva. En el momento de la firma, la directora gerente del FMI había señalado que el Fondo había encontrado “un progreso impresionante” logrado por el Gobierno ucraniano en los últimos meses “en la promoción de las reformas y la continuación de las políticas económicas sólidas”. En la firma, el jefe de Estado ucraniano calificaba de “constructiva” la conversación con Georgieva y el FMI, y apuntó que “el nuevo programa de cooperación con el Fondo Monetario Internacional tendrá como objetivo acelerar el crecimiento económico, erradicar de manera activa la corrupción y aumentar el bienestar de todos los ucranianos”. A principios de septiembre, el Banco Nacional de Ucrania comunicó que el Gobierno del país liquidó por completo su deuda ante el FMI en el marco del Acuerdo de Derecho de Giro (Stand-By) de 2014; con lo que renovó sus créditos con el organismo, en este caso sin pasivos anteriores.

La curiosidad del acuerdo, es que en el momento de ser debatido por el board del FMI, tuvo apoyo total de los Estados Unidos, los países la Unión Europea y hasta China. Sin embargo, había recibido el voto negativo de Rusia; quien cuestionó en diciembre de 2019 los números de la economía ucraniana y, fundamentalmente, el destino que le daría a ese dinero. Acusaba ya Rusia en estos tiempos que los dólares aportados por el FMI iban a ser destinados a liberar divisas para adquirir armamento.

El gobierno de Vladímir Putin no pudo frenar el otorgamiento del nuevo Stand By vigente, ya que detenta el 2,7% de las acciones en el FMI. El voto a favor trepó al 96%, con el aval de Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Reino Unido, Italia, Francia, China, los países árabes y los latinoamericanos y africanos.

Se supone que desde junio, las partes se reunirían formalmente para volver a negociar la vigencia del Stand By, y que se firme un nuevo acuerdo por unos u$s6.000 millones que garanticen el cumplimiento de la deuda externa privada de Ucrania; un nivel de dinero que sólo podría otorgarse en situaciones normales con un país en crecimiento y variables macroeconómicas estabilizadas. De hecho, según los números del propio FMI, para este año Ucrania tenía garantizado un crecimiento de 3,5%, un porcentaje que le permitiría una negociación con el organismo exitosa y rápida. Sin embargo, el nivel que se supone tendrá el riesgo país ucraniano y la evolución de la tasa de interés que debería pagar por su deuda, complicarían la negociación. Será el momento en que el board del FMI determine si Ucrania requiere un apoyo político/ financiero extra, o se le aplicarán las normas que se imponen en el estatuto del FMI.

Ucrania es socio pleno del organismo desde 1992. En total cerró seis acuerdos con el organismo, y cumplió con las pautas comprometidas en todos ellos.

(AMBITO) Club de París: Gobierno enfrenta un pago por casi u$s200 millones mientras negocia con el Fondo
Forma parte del acuerdo alcanzado por Martín Guzmán en junio pasado, que permitió postergar los u$s2.000 millones restantes hasta el 31 de marzo y evitar un default. Una vez cerrado el acuerdo con el Fondo, buscará refinanciar el remanente con el Club.

Con reservas al límite y mientras negocia contra reloj para cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno enfrentará un nuevo vencimiento de deuda con el Club de París. El próximo 28 se le debería pagar u$s188 millones, como parte del acuerdo alcanzado el año pasado para evitar el default de la deuda con el grupo formado por 22 países acreedores. Al ser feriado, el giro se efectivizaría a partir del miércoles.

El vencimiento llega en un momento delicado. Se trata de la recta final hacia el acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda de u$s45.000 millones que tomó el Gobierno anterior, con reservas netas al límite y en medio del estallido de la guerra en Ucrania, que suma incertidumbre sobre lo que ocurrirá en la economía local.

Las reservas del Banco Central actualmente se ubican en u$s37.258 millones en términos brutos. Las netas rondan los u$s1.000 millones, según estimaciones privadas. La escasez de divisas en el organismo dirigido por Miguel Pesce es un factor clave en las negociaciones con el FMI. El borrador del acuerdo plantea una meta de acumulación anual de u$s5.800 millones para 2022.

El próximo pago al Club de París fue acordado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, durante junio pasado, cuando ya trascurrían los 60 días de gracia para cancelar los u$s2.400 millones que se le adeudaban a ese consorcio de acreedores. Una de las condiciones que pedía el Club para refinanciar ese pasivo era lograr previamente un entendimiento con el Fondo Monetario. En ese momento, Guzmán cerró un “acuerdo puente” hasta el 31 de marzo de este año y ganó margen para estirar la negociación con el FMI y, luego, reestructurar la deuda con el Club de París. Así, evitó el default en 2021.

Los casi u$s200 millones que vencen el 28 de febrero corresponden al segundo pago intermedio que incluyó aquel acuerdo. El primero se realizó en julio pasado. Entre ambos rondan los u$s430 millones. Es una condición que pidió Japón, uno de los principales acreedores, para acceder a posponer los u$s2.000 millones restantes. En este sentido, exigía un pago de buena voluntad por parte de la Argentina, para equilibrar su situación con la de China, país al que en este lapso se le canceló una suma similar por préstamos bilaterales.

El Gobierno busca ahora cerrar el programa de Facilidades Extendidas con el Fondo a tiempo antes del 22 de marzo, fecha en la que expiran más de u$s2.800 millones correspondientes al Stand By de 2018. Un monto impagable ya que no alcanzan las reservas netas. Una vez resuelto eso, avanzará en lo que resta del mes en busca de postergar los compromisos remanentes con el Club de París. Como contó Ámbito, una posibilidad en análisis es reprogramar los u$s2.000 millones pendientes y saldarlos en pagos semestrales a cuatro años.

(AMBITO) Más dólares, más gas, más subsidios y menos margen para cumplir lo que pide el FMI
La guerra en Ucrania promete presionar las cuentas públicas. Uno de los elementos a considerar, pero no el único, es la cantidad de dólares (y el incremento) que deberán afrontar las reservas del BCRA.

La guerra en Ucrania promete presionar las cuentas públicas, las mismas que ya venían comprometidas a futuro a partir de la negociación de la Casa Rosada con el FMI. Uno de los elementos a considerar, pero no el único, es la cantidad de dólares (y el incremento) que deberán afrontar las reservas del BCRA. Indirectamente, la pregunta es por los subsidios.

La cuenta que hay que pagar, una de las tantas, es la del Gas Natural Licuado (GNL), que usualmente importa el país cuando crece la demanda en invierno. En ese punto, el conflicto bélico en Ucrania promete un fuerte incremento -que ya venía registrándose en las últimas semanas- en el costo de importar GNL. El dato es que ese valor de referencia estaba en u$s25 por millón de BTU antes de comenzar el conflicto y podría escalar. El segundo dato es que, hace un año atrás, la cotización era de u$s8 por millón de BTU.

Como se dijo, en los últimos años, para afrontar la demanda doméstica en meses de mayor frío, Economía debe pagar la cuenta de importación por el GNL que traen los buques mediante el puerto de Bahía Blanca o Escobar. Es donde se produce el proceso de regasificación para inyectar el combustible en el sistema.

Pero no sólo el precio se va a incrementar. También la cantidad crecerá. Mientras que en 2021 la cantidad de buques fue de 56 según la empresa estatal IEASA, en 2022 se proyecta prácticamente unos 65 buques, lo significaría un costo estimado de u$s3.500 M (que treparía a los u$s4.000 M si el precio sigue subiendo).

Pero, ¿cómo se conforma la oferta de gas en invierno en Argentina? El mapa de la Secretaría de Energía está conformado por tres oferentes: la producción nacional, el gas importado de Bolivia vía gasoducto y el GNL importado. Mientras que el primero cuenta por el 73% del total, el que viene vía GNL lo hace por el 18% y el de Bolivia suma el 9%.

Al margen de los aumentos anunciados en las últimas horas, lo que ha trascendido desde los despachos oficiales es que hasta último minuto el propio FMI presiona para que los recortes en materia de subsidios a la energía sean mayores y más abarcativos.

El FMI pide que el gasto en subsidios pase de 2,3 del PBI en 2021 a 1,7 en este 2022 para que el déficit fiscal pase de 3 puntos a 2,5 este año. Lo que solicita es que sea el propio Gobierno el que encuentre una fórmula para poder cumplirlo, algo que no sólo ha traído grandes discusiones hacia adentro del Frente de Todos, sino donde además la pregunta que subyace es cuál podría ser el impacto en materia social de un incremento superior.

Pero además existen infinidad de variables para contemplar, por ejemplo, de darse un incremento más importante al de la “segmentación” anunciada, si esto no atentaría contra la actividad económica puesto que el consumo podría deprimirse por los recursos que sectores medios destinarían a pagar las tarifas.

A eso se agrega un detalle no menor: la presión inflacionaria que derivará de una suba en las cotizaciones de trigo, maíz, girasol, que participan de la cadena agroalimentaria, incluido el precio de la carne.

(AMBITO) Conflicto en Ucrania impulsa fuerte los commodities (abre paradoja para Argentina)
El aumento de la cotización de los granos puede ser beneficioso para las arcas nacionales, pero también impulsará la inflación mundial y advierten que se encarecerá el crédito. Además, el incremento en el petróleo y el gas hará más costosa la importación de energía.

La invasión de las tropas rusas en Ucrania sacudió a los mercados mundiales y, durante la jornada de ayer, los precios de los commodities se dispararon. El trigo trepó más de 5% en Chicago para alcanzar su máximo en nueve años, mientras que el maíz subió 1,6% y el petróleo trepó casi 7% para superar los u$s103 por barril. En tanto, el precio del gas en Europa saltó un 40%. Y, si bien cerró a la baja por toma de ganancias, durante la jornada la soja llegó a tocar su récord desde 2012.

Esto plantea un escenario paradójico para la economía argentina. Es que, si bien por un lado se pude ver beneficiada por el aumento de los commodites agrícolas, la suba de los hidrocarburos hará que sea más costoso importar energía durante el próximo invierno. A su vez, una mayor inflación global sumará presión a las mediciones locales y una política monetaria aún más contractiva de los Bancos Centrales puede encarecer el crédito.

“Todavía es muy pronto para saber cómo se van a terminar compensando dos efectos: por un lado, los efectos negativos son que hay una mayor presión sobre la inflación importada; el precio de la energía estaba traccionando fuertemente la inflación en Europa y esto no va a hacer otra cosa más que profundizarlo”, señaló a Ámbito Claudio Caprarulo, director de Analytica, quien agregó: “Entonces, no sólo impacta en que se va a importar mayor inflación del exterior, lo cual dificulta que Argentina encare un proceso de estabilización de precios. Al mismo tiempo, esto va a llevar seguramente a que los Bancos Centrales de los distintos países profundicen su política monetaria contractiva y eso lo que puede generar es, obviamente, un encarecimiento mayor del crédito. Y restringe, sobre todo, el costo que van a tener las empresas argentinas, en primera instancia, y más adelante el Gobierno argentino, cuando tenga que volver a endeudarse en dólares”.

“Por otro lado, el único efecto que va a compensar esto es la suba en el precio de los commodities del agro. Habrá que analizar qué va a terminar pesando más en la balanza. Recordemos que gran parte del consumo de energía de Europa proviene de Rusia y al mismo tiempo es el principal exportador mundial de trigo. Claramente la situación no sólo a nivel humanitario es muy compleja. También a nivel económico en un contexto de economía mundial que está saliendo de la pandemia y que arrastra problemas derivados de la misma como por ejemplo las tasas de inflación”, agregó Caprarulo.

“El aumento de los precios de las materias primas de origen agrícolas es alentador porque se traduce en mayor nivel de exportaciones. Es decir, una mayor oferta de divisas, matizando las tensiones de la cuenta financiera del Balance de Pagos y, en definitiva, el saldo de las reservas del Banco Central”, señaló Martín Calveira, investigador del IAE Business School, Escuela de Negocios de la Universidad Austral, quien por otro lado advirtió que “un mayor impulso inflacionario en el mundo por aumento de costos de energía, pueden activar un sendero de subas de tasas de interés y flujos de capitales hacia activos seguros en lugar de economías emergentes”.

(AMBITO) Ingresos por la soja, gastos por la energía: cuál será el saldo para los dólares que necesita la Argentina que trae el nuevo escenario
La suba de las commodities dejaría una “ganancia” de apenas USD 1.000 millones si se descuenta el mayor gasto en subsidios por el aumento de la energía de los dólares que volverían a llover del campo. Más inflación, el factor nocivo de la ecuación

El impacto económico del conflicto bélico en Ucrania tendrá, para la Argentina, dos caras, con costos y beneficios asociados que en el mercado, y también en el Gobierno, ya empezaron a calcular. Las cuentas apuntan a dilucidar qué saldo que dejará para el país la impresionante suba de las commodities, tanto de aquellas con las que la Argentina resulta ganadora como soja, trigo y maíz, como las que complican aún más la ya delicada situación, tal el caso del gas y petróleo. Pues bien, los números preliminares indican que la Argentina tiene mucho más para perder que para ganar.

El salto en los precios de la soja, que ayer tocó los USD 645 por tonelada para cerrar en USD 610, el trigo arriba de los USD 340 la tonelada y el maíz cotizando en USD 282 la tonelada generará, según cálculos de los economistas, un ingreso de dólares adicionales a los previstos de unos USD 6.000 millones. Es decir que el mayor nivel de precios compensaría las pérdidas por la menor cosecha, cuyas estimaciones en el caso de la soja la Bolsa de Comercio de Rosario recortó ante las condiciones climáticas a 42 millones de toneladas y generaría, también, ingresos excedentes. Maná del cielo para el ministro de Economía, Martín Guzmán, y sobre todo, para el titular del Banco Central, Miguel Pesce.

Claro que el efecto no deseado de ese plus imprevisto será la presión sobre los precios de los alimentos pero, en términos de ingresos fiscales, todo es ganancia. Por supuesto, siempre que el nivel de precios de los granos registrados en las últimas tres semanas se sostenga durante todo el año.

La suba del petróleo tendrá un impacto en las arcas del Banco Central, que se vería compensado con el ingreso de divisas extraordinario por la liquidación de divisas del campo. Pero se desaprovecharía la oportunidad para acumular reservas, una de las condiciones esenciales del acuerdo con el FMI
La contracara de esa ayuda extraordinaria que tendría el Gobierno para equilibrar las cuentas sin mayores ajustes es la suba también del petróleo y el gas. Si bien el crudo recortó ayer el alza sobre el cierre de la jornada, cerró algo por debajo de los USD 100 el barril (cotizó durante todo el día en USD 103,45) y también el gas experimentó un fuerte salto, lo que impacta de lleno en el nivel de subsidios que el Gobierno deberá disponer según el aumento tarifario que aún discute con el Fondo Monetario.

“No sería extraño que los subsidios superen los USD 16.000 millones en 2022″, aseguró Julián Rojo, experto en energía del Instituto Argentino de Energía (IAE) General Mosconi. La cifra equivale a unos USD 5.000 millones más que lo destinado a subsidiar la energía durante el año pasado, cuando la cifra trepó a USD 11.000 millones. En el primer bimestre del año, ese monto ya creció. De acuerdo a las cifras que elabora Rojo para el IAE, durante los primeros dos meses del año los subsidios mantuvieron su tendencia alcista y alcanzaron un ritmo de USD 11.630 millones para los últimos doce meses, lo que equivale a un incremento de 73% interanual.

Esa cifra se alcanzará, por un lado, por el mayor costo de importación de GNL, escenario que la Secretaría de Energía ya tenía incorporado pero no en la magnitud del nivel de precios registrados ayer. Por el otro lado, también por los insuficientes aumentos de tarifas. “Los aumentos en las tarifas no pueden compensar el aumento en los costos. Indefectiblemente los subsidios van a crecer. Los incrementos anunciados no cambian demasiado el panorama”, explicó Rojo.

El mayor nivel de precios de la soja compensaría las pérdidas por la menor cosecha, cuyas estimaciones en el caso de la soja la Bolsa de Comercio de Rosario recortó ante las condiciones climáticas a 42 millones de toneladas
Para el economista Fernando Marull, la ecuación es positiva: “Por ahora, el shock es de más dólares, no menos, aunque es clave remarcar por ahora”, opinó.

El reajuste tarifario para reducir los subsidios en 0,6% del PBI como exige el Fondo Monetario, según los borradores que trascendieron, es precisamente el punto de conflicto en la nuevamente trabada discusión con el organismo para llegar a un acuerdo antes del 22 de marzo, cuando opera el vencimiento por USD 2.800 millones. El FMI exige un incremento de tarifas de 60%, lo que podría mitigar la suba de costos de la energía en plan de bajar el gasto en los subsidios pero el Gobierno se resiste.

A la vez, también la suba del petróleo tendrá un impacto en las arcas del Banco Central, que se vería compensado con el ingreso de divisas extraordinario por la liquidación de divisas del campo. Pero se desaprovecharía la oportunidad para acumular reservas, una de las condiciones esenciales del acuerdo con el Fondo Monetario, que exige un fortalecimiento de USD 5.000 millones en 2022.