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(Infobae) La negociación de la deuda avanza lento y los fondos aguardan un gesto político de Alberto Fernández para mostrar sus cartas
Los bonistas más poderosos de Wall Street consideran casi agotadas las conversaciones con Martín Guzmán y esperan una señal del Presidente para mejorar su oferta de reestructuración y cerrar un acuerdo antes del 2 de junio cuando expira la propuesta oficial. A una semana de caer por segunda vez consecutiva la oferta oficial de reestructuración de la deuda externa, no hay avances significativos en la negociación que protagoniza Martín Guzmán con los fondos más poderosos de Wall Sreet. Los bonistas bajo legislación extranjera exigen que Alberto Fernández se haga cargo de las conversaciones, y el Presidente aún considera que es prematuro desplazar a su ministro de Economía. Se trata de un compleja partida de poker que tiene en juego 66.000 millones de dólares a pagar hasta mediados del siglo XXI. Los bonistas se dividen en tres bloques diferentes. Grupo Argentina Ad Hoc, que encabeza BlackRock, Fidelity y Ashmore; el Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital, Gramercy y Fintech; y el Grupo de Bonistas del Canje, que aglutina a Monarch, Cyrus, HBK y VR, entre otros fondos de inversión. BlackRock y Fidelity tienen la posición más agresiva, y se movieron en Washington, New York y Buenos Aires para lograr una diagonal a la quinta de Olivos. Están distanciados de Guzmán y desean un call con el Presidente para cerrar un acuerdo antes que concluya mayo. “Martín (por Guzmán) soy yo, que hablen con él”, repite Alberto Fernández cada vez que escucha que Larry Fink, CEO de BlackRock, quiere llamar a Olivos. Monarch, Cyrus, HBK y VR tienen bonos canjeados en las administraciones de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner y exhiben cierta flexibilidad al momento de negociar. Pero defienden una pretensión que será difícil de resolver para el gobierno: si hay una nuevo canje de títulos soberanos, exigen que los porcentajes de sus Cláusulas de Acciones Colectivas (Cac´s) se mantengan como acordaron en 2005 y 2010. El Comité de Acreedores de la Argentina, liderado por Greylock Capital, Gramercy y Fintech, se muestran amistosos en las vídeo conferencias, y se guardan para los after hours virtuales los comentarios mordaces respecto a Guzmán y su método para negociar un acuerdo por 66.000 millones de dólares. David Martínez representa a Fintech, que a su vez tiene importantes activos en la Argentina. Martínez tiene excelente relación con Alberto Fernández, y ya han conversado en secreto acerca de la oferta y su mejora presentada por la Argentina. Este diálogo confidencial permite ratificar lo obvio: cuando se involucra el Presidente, la negociación quiebra su inercia y avanza. Hace unos días, Fintech junto a Greylock Capital y Gramercy, presentaron una oferta con un Valor Presente Neto (NPV) de 58 dólares por cada cien dólares nominales de la actual deuda. Ayer, Guzmán se enteró que estos fondos de inversión bajaban a 57 dólares de NPV por cada lámina de 100. No es mucho, pero fue un gesto de Martínez a Alberto Fernández. La instrucción política del Presidente a su ministro de Economía fue que negocie “duro” y que abra el puño para demostrar que no hay intenciones de forzar una aceleración del default consumado el 22 de mayo. En este sentido, el jefe del Palacio de Hacienda comunicó a los acreedores privados que estudia una nueva mejora de la propuesta oficial: se trata de anexar a los 45 dólares promedio por bono (NPV) que ofreció durante el fin de semana, un endulzante vinculado al eventual crecimiento de la economía argentina. “Es una muestra de buena fe. Igual no alcanza con un endulzante. Tiene que eliminar la quita de capital y mejorar los intereses. Con eso llegamos a 50 o 51 dólares por cada titulo. Y cerramos antes del 2 de junio. Eso es lo que estamos pidiendo”, explicó un vocero de un fondo que opera en Wall Street y Londres. Al margen de los tironeos, los acreedores privados buscan un deal que permita evitar una nueva visita a los tribunales de Manhattan para denunciar a la Argentina por default. Y en este contexto, todos los bonistas aceptaron extender ayer el acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés) con el Estado Nacional, una prueba formal que permite demostrar que hay interés en continuar las negociaciones. En Olivos hay expectativa y armonía política. Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa -los socios principales del Frente de Todos- coinciden en negociar para evitar al default y respaldan a Guzmán como negociador formal ante los acreedores privados. Sin embargo, cada uno de los socios oficialistas hace su faena para aceitar una negociación que aún es lenta y con escasos resultados. Alberto Fernández dialoga con Fintech, Cristina y Máximo Kirchner articulan con BlackRock y Gramercy, y Massa con Greylock, BlackRock y Monarch. Los tres saben que un default más la pandemia y la crisis económica puede transformar a la Argentina en una tragedia política.
(Infobae) Atraso cambiario: el Central espera la resolución de la deuda para definir qué hacer con el dólar. Crece la presión sobre las reservas porque el dólar oficial quedó demasiado barato. Por ahora no cortarán la compra de los USD 200. Pero salir del default rápido será clave para evitar una devaluación desordenada. En medio de una cuarentena que le asestó un durísimo golpe a la actividad económica, el Banco Central se sigue esforzando para el que el tipo de cambio oficial continúe como si nada. El dólar mayorista no llegó aún a los $ 69 y sube menos de 15% en lo que va del año, cuando el resto de las monedas de la región sufrieron fuertes depreciaciones. En Brasil, sin ir más lejos, el tipo de cambio acumula un incremento de 34% en lo que va del año. El índice de tipo de cambio real multilateral que mide el BCRA ya volvió a los niveles “pre PASO”. Toda la mejora competitiva que se había “ganado” luego de la devaluación que se produjo en las elecciones primarias de agosto, cuando el dólar pasó de $ 45 a $ 60 ya se evaporó. El atraso del tipo de cambio oficial es una de las explicaciones principales para el incremento de la brecha cambiaria, más allá de que los nuevos controles hicieron retroceder al dólar bursátil más de 10% en dos jornadas (MEP y “contado con liquidación”). Sin embargo, el “blue”, que quedó como única referencia para el mercado cambiario libre, subió y volvió a ubicarse por encima de los $ 125. Esta brecha es en buena medida responsable de la pérdida de reservas que sigue sufriendo el BCRA. Todos aquellos que tienen acceso al tipo de cambio oficial compran lo que está al alcance. Algunos se lo quedan, porque es la forma más barata de atesorar y otros lo venden en otros mercados, aprovechando el fuerte aumento de la brecha. Además, crece el incentivo para aumentar las importaciones (muy frenadas por la cuarentena) y reducir las exportaciones. El tipo de cambio atrasado aumenta las expectativas de devaluación y aumenta en forma desmedida la deanda por dólares “oficiales”. En el BCRA no quieren acelerar la tasa de devaluación por lo menos hasta que se resuelva el problema de la deuda El Central ya tuvo que vender más de USD 1.300 millones en el último mes y medio, pero la presión no afloja. Y ahora se viene junio, con un peligro extra: el pago del medio aguinaldo podría agregar todavía más presión compradora del público, vía compra de dólar “solidario”. Por el momento, el Gobierno optó por complicar la dolarización de carteras por vías bursátiles, con el objetivo de hacer caer la brecha. Y el Central acompañó con una fuerte absorción de pesos, superior a los $ 450.000, para retirar buena parte de lo que tuvo que emitir a lo largo del mes para hacer frente a los agujeros fiscales. El titular del BCRA, Miguel Pesce, tomó dos decisiones en las últimas jornadas: no acelerar la suba del tipo de cambio oficial a pesar de este contexto adverso y no ponerle trabas adicionales a la compra de los USD 200 que el público puede efectuar por mes. Pero habrá que seguir este tema con atención, teniendo en cuenta que la semana que viene arranca junio y los empleados tendrán depositado el sueldo, parte del cual se termina utilizando para adquirir dólares oficiales. El funcionario apuesta a que una renegociación exitosa de la deuda calme las aguas, recupere cierto nivel de confianza de los inversores y equilibre al mercado cambiario. Pero más allá de si esta es una postura exageradamente optimista, es incierto en qué momento podría cerrarse el acuerdo por la deuda y cómo se lograría. En la medida que demoren las negociaciones, podría recrudecer la presión sobre las reservas. Enamorarse del atraso cambiario, o mejor dicho del dólar barato, es algo que atravesaron todos los gobiernos de los últimos cuarenta años. Pero cuanto más se demore en sincerar su precio mayores costos se terminan pagando. En medio de la caída de la actividad por la cuarentena, la presión para que los precios de los alimentos se mantengan congelados complican un sinceramiento del dólar. Pero es todo cortoplacismo. El BCRA además está vendiendo fuerte dólar futuro para desviar parte de la demanda. Aprovechando esta expectativa de una aceleración del tipo de cambio, varias empresas aprovecharon en las últimas jornadas para emitir deuda atada a la inflación, a través de bonos que ajustan según la cláusula “dólar linked”. De esta manera, los inversores que se vuelcan por este tipo de opciones recibiría un fuerte beneficio en caso de que el tipo de cambio oficial pegue un salto. Algo que no sucederá en el cortísimo plazo, pero sí es altamente probable en los próximos meses.
(Infobae) Deuda: sigue la negociación con los bonistas y el Gobierno ya analiza una nueva prórroga del canje por 10 días. El martes 2 de junio vence el plazo dispuesto por Economía y habría una nueva extensión. Los bancos asesores, BofA y HSBC, contactarán a los acreedores que no integran los comités en los próximos días. El Gobierno movió una ficha el fin de semana para avanzar en la discusión con los grupos de acreedores privados, pero el acuerdo para renegociar los USD 66.500 millones emitidos bajo ley extranjera todavía pareciera estar lejano. Si bien la nueva propuesta informada por el equipo económico a los bonistas, y cuyos detalles publicó en exclusiva Infobae, elevó de 40 a 45 dólares por cada 100 de valor nominal, los inversores reclaman 55 dólares. “Hay que seguir conversando y mejorando el valor relativo. Es un proceso dinámico donde las partes debieran moverse hacia un punto de acuerdo”, dijo a este medio una fuente del Gobierno cercana a la negociación. Pero para el 2 de junio faltan siete días, por lo que aún si hubiera un acuerdo y la Argentina presentara cambios a la propuesta en la Securities & Exchange Commission (SEC), debería postergar el plazo igual, para darle a los acreedores un mínimo de 10 días de tiempo a que acepten o rechacen la oferta. Lo que podría suceder es que si las partes llegan a un entendimiento durante esta semana, la prórroga podría ser superior a los diez días, pero es la opción más probable según cómo están hoy las negociaciones. Al respecto, el representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Sergio Chodos, afirmó esta mañana en declaraciones radiales que “hay un mayor nivel de comprensión y ha habido un acercamiento entre las partes”, pero evitó referirse al detalle de estas discusiones por el acuerdo de confidencialidad firmado en los últimos días. “A veces se dice que la pelota está en una cancha o en otra; ahora estamos más en una instancia de diálogo”, agregó. Sobre la fecha del 2 de junio, dijo que “no se puede tener la oferta abierta al mercado por menos de diez días. Como todavía el Gobierno no ha modificado la oferta, el plazo de extensión fue hasta el 2 de junio», dando a entender que ese tiempo será extendido. En el Gobierno aseguran que los canales de diálogo están abiertos, de forma tal de que “luego no puedan alegar de que hubo una oferta unilateral”, dijo la fuente consultada, quien agregó: “Lo óptimo sería enmendar la oferta vigente de modo de lograr una mayor aceptación de todos los acreedores”. De todos modos, es imposible que las autoridades puedan tener el total consentimiento de la mayoría de los acreedores con una determinada propuesta. Cada grupo de bonistas tiene sus pretensiones y sería inviable realizar una oferta que contemple los deseos de todos. Por lo tanto, lo que se espera es que se acerquen aún más las posiciones y en algún momento el Gobierno decida presentar la enmienda a la SEC, aunque sin tener la garantía de que el canje será exitoso. Desde la firma del acuerdo de confidencialidad, el canal de diálogo entre los acreedores y el Gobierno se reabrió, pero el vínculo es más que nada con los asesores financieros y los bancos. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo de Finanzas, sólo aparecen cuando es necesario, como sucedió el fin de semana con varias videoconferencias que realizaron con la presentación de la nueva propuesta.
Contactos con los acreedores que no integran los comités
Respecto de cuán exitosa puede ser la operación, si bien sería mucho más conveniente tener un aval importante de los fondos nucleados en los tres comités (reúnen el 40% de las tenencias), luego el Gobierno tendrá que conseguir el apoyo del otro 60% de los acreedores. O, aunque sea, del 30% de ellos para lograr una reestructuración “aceptable”. Será tarea entonces de los bancos colocadores salir a buscar a esos bonistas y tentarlos con la oferta. Chodos se refirió al tema y planteó que “ahí es donde es tan importante el rol de las entidades financieras que la Argentina ha contratado a tal efecto”, como son el Bank of America (BofA) para el mercado norteamericano, y el HSBC para Europa. Al respecto, desde Economía aseguraron que ambos bancos estarán contactando a los poseedores de bonos que no están agrupados en los tres grandes clubes de acreedores.
(Ambito) Efecto dólar blue: demoras de más de 90 días en entregas de 0 km. La fábricas están volviendo a producir, pero a menor ritmo por el distanciamiento social. Las importaciones también sufren retrasos.  Con el impacto que generó la aparición de una brecha de más del 80% entre el dólar oficial y el blue durante la cuarentena, la demanda de autos se reactivó entre los modelos de los segmentos más altos. Eso, como se sabe, provocó que muchos compradores con billetes en mano aprovecharan la oportunidad de adquirir vehículos que, medidos en dólares, se pueden encontrar al 50% de su valor histórico. Como lo llaman en el sector, se comenzó a vivir una “primavera” en materia de ventas. “No es nada espectacular pero, teniendo en cuenta de dónde veníamos, nos está dando un respiro…”, reconoció el dueño de una concesionaria. Sin embargo, ya se empieza a sentir el efecto de este pico “cambiario” de consumo en el faltante de muchos modelos de valores más altos. No sólo eso. La novedad es que los plazos de entrega de los 0 km se van estirando. Si bien hay unas 90.000 unidades en stock, la mayoría no son las que está demandando el público. Varios agencieros consultados admiten que algunos vehículos ya tienen demoras de 90 a 120 días para poder ser retirados por los compradores. Antes de la cuarentena, la entrega era inmediata. Por ejemplo, la SW4 de Toyota es uno de los vehículos más codiciados por los que habrá que esperar hasta 120 días para un abastecimiento normal. Lo mismo sucede con las versiones tope de gama de Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok o Chevrolet Cruze. Hay que tener en cuenta que la mayor parte se destina a la exportación y se privilegia esta operatoria que genera dólares frescos y mejor rentabilidad. Esta lenta normalización se debe a que las fábricas recién están volviendo a la actividad por lo que el abastecimiento de autos no es el más fluido. Además, por las restricciones sanitarias y el distanciamiento social, la producción se realiza a un ritmo menor, alrededor del 50% del que se tenía antes de la cuarentena. Esto en cuanto a lo que se refiere a modelos nacionales. Pero el mercado se conforma con más del 70% de 0 km importados. Aquí, el problema es distinto. Según importadores de marcas consultados, hay en el puerto una buena disponibilidad de vehículos para nacionalizar. El problema es que todavía no está funcionando con normalidad todo el proceso aduanero. De todas maneras, los empresarios reconocen que en las próximas semanas se solucionarán estos problemas. Después depende de los países de origen de las importaciones. Las fábricas asiáticas retomaron la producción hace bastante tiempo, las europeas lo están haciendo ahora y las brasileñas (de donde vienen la mayoría de los vehículos) muestran actividad dispar. Algunas ya están operativas, otras no. Por ejemplo, desde una concesionaria Jeep confirmaron que se quedaron sin stock por la demanda del blue, pero entre este sábado y el siguiente se espera la llegada de dos barcos con unidades. En otras marcas el panorama es distinto ya que muchos modelos importados “desaparecieron” de las concesionarias. Es cierto que uno de los motivos es el mayor consumo pero también los vendedores prefieren cuidar su stock y no deshacerse de modelos que no saben a qué valor van a reponer. Un importador fue contundente sobre este tema: “Nosotros tenemos stock y vendemos todo lo que nos pide el concesionario. Después, si él vende los autos o prefiere esperar, ya no es algo que podamos manejar. Ante tanta incertidumbre cambiaria y plazos tan largos de reposición nadie quiere salir perdiendo. Los que pueden aguantar sin reducir su stock, lo hacen. Más si se tiene en cuenta que en este segmento medio y alto del mercado está esperando una actualización de los impuestos internos para fin de este mes. No van a vender hoy un 0 km que la semana próxima le va a ser más caro reponer. De hecho, ya una automotriz con un modelo de mucha demanda y escasa oferta adelantó a su red una suba del 4% a partir de junio. Una forma de acompañar el ajuste esperado de este tributo.
 
(Ambito) Menor saldo cambiario lleva a BCRA a mayores controles. Si algo escasea además de barbijos y alcohol en gel son los dólares, sobre todo en una economía bimonetaria como la argentina. Consultoras recalculan y ven languidecer el superávit. En abril la “Formación neta de activos externos de residentes” (FAE), lo que el mercado suele llamar “salida de capitales”, fue de u$s183 millones, un 66% más que en marzo pasado pero un 92% por debajo del nivel de un año atrás. De esta manera en lo que va del año, el FAE del primer cuatrimestre sumó u$s468 millones. A esta altura el año pasado se habían “ido” u$s7.036 millones. De modo que no hay comparación posible con el momento actual. Claro que en ese entonces había unos u$s20.000 millones más en las reservas del BCRA y un país en año electoral. Sin embargo, lo relevante es que abril mostró ciertos cambios en el comportamiento de los agentes económicos. Por un lado aumentó fuerte el FAE por “Compras netas de billetes”, u$s103 millones, cuando a lo largo del primer trimestre del año se registraron ventas netas de billetes por u$s167 millones (por eso el I cuatrimestre arroja aún un saldo negativo de u$s65 millones, o sea, ventas netas). El resto del FAE de abril corresponde a “inversiones directas (y otras) de residentes en el exterior” por u$s82 millones (si bien fue inferior a los meses previos en el cuatrimestre sumaron u$s532 millones). Se tiene así que bajo el imperio de la pandemia y la cuarentena creció el apetito por atesorar billetes estadounidenses. Según explica el último Balance Cambiario del BCRA, los u$s183 millones del FAE de abril se desagregan en u$s103 millones de compras netas de billetes, donde la personas físicas compraron (neto) u$s194 millones y las empresas vendieron (neto) u$s92 millones (fueron mitad del sector real y mitad de inversores institucionales y otros). Mientras que los u$s80 millones restantes del FAE se explican por transferencias netas de divisas al exterior, en general contra débitos en cuentas locales en dólares, lo que se conoce como “canje”. Pero de estas transferencias, u$s143 millones fueron realizadas por personas físicas, que usaron fondos que ya tenían disponibles en sus cuentas locales en moneda extranjera, en cambio, las empresas del sector real y los Inversores Institucionales y otros, repatriaron fondos del exterior por u$s52 millones y por u$s10 millones, respectivamente. Lo que se ve es cierta aceleración, dentro de los límites de las restricciones cambiarias (cepo), dado que no solo más gente compró dólares sino que menos vendieron. Al respecto hay que señalar que las compras brutas de billetes sumaron u$s219 millones de parte de 1.200.000 personas, cuando en los meses previos solo compraron poco más de 435.000 personas (en marzo compraron u$s73 millones). Se pasó de una compra bruta promedio de u$s149 en febrero y u$s170 en marzo a u$s185 en abril, o sea, más cerca de los u$s200 mensuales permitidos. Mientras que los que vendedores de billetes no solo vendieron menos en abril (u$s25 millones), por segundo mes consecutivo, sino que menos personas lo hicieron, unas 95.000 (50.000 menos que marzo). Por lo tanto si se mantiene la tendencia actual habría que esperar para lo que resta del año, por lo menos, unos u$s1.000 millones más de atesoramiento. El número no debería inquietar a nadie, sobre todo, luego de los niveles de los últimos años que marcaron récords (u$s26.900 millones el año pasado), pero el contexto macro local e internacional es totalmente distinto y complejo y el país se halla en medio de una reestructuración de la deuda externa, y como si fuera poco el BCRA comandado por Miguel Pesce en lugar de estar comprando reservas, lo que sería esperable en esta época del año, viene vendiendo. En lo que va de mayo y abril acumula ventas netas por u$s968 millones y u$s747 millones desde la implementación de la cuarentena. De ahí que surjan interrogantes como por ejemplo ¿por cuánto tiempo más el BCRA permitirá comprar a los ahorristas los u$s200 mensuales al tipo de cambio oficial más el 30% del Impuesto PAIS? Si bien los canales de “salida” de divisas como el turístico, por un tiempo, prometen no presionar sobre las reservas, las distintas simulaciones privadas sobre el mercado de cambios en 2020 dan cuenta que las expectativas de un mercado muy superavitario languidecen. Porque por un lado las exportaciones serían mucho menos de las estimadas pre-coronavirus, alrededor de u$s8.000 a u$s10.000 millones menos (aunque también las importaciones sufrirán la crisis con una fuerte caída que podría ser similar) pero por otro lado se percibe un recorte del financiamiento comercial externo lo que resta oferta de divisas al mercado doméstico. De modo que el superávit comercial cambiario se estima se reduciría en unos u$s3.000 millones en el año. Por otro lado, el financiamiento de bancos locales también se espera que se ajuste, de modo, que por el lado de la demanda presionarán el giro de dividendos y utilidades (mientras se permita) y el atesoramiento, y en mucha menor medida el turismo internacional. De esta forma el saldo disponible de dólares se reduce, y por ende, hay menos divisas para afrontar pagos de deuda y para atesorar, turismo y pagos al exterior de royalties. Nuevamente, nada de esto inquietaría si el BCRA estuviera comprando divisas o bien se hubiera despejado el frente externo de la reestructuración de la deuda. Por lo pronto no pueden descartarse nuevos torniquetes al mercado de cambios de no mediar ninguna mejora, tanto por el lado de los ingresos (sobre todo exportaciones) o bien el BCRA comience a comprar reservas. Por eso es, quizás, la variable a monitorear diariamente, no solo la intervención del ente monetario sino si finalmente vuelve a ser comprador neto de divisas. Ayer ya movió fichas la CNV. No pueden descartarse nuevas medidas. ¿Será el turno del BCRA? Veremos.
 
(Ambito) Argentina y el grupo Bondholder a 5% de lograr acuerdo. Son tenedores de deuda emitida durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Se consideran con más derechos para recibir mejoras que los acreedores con títulos del gobierno de Macri. Argentina y el Bondholder Group están hoy a entre un 5 y 7% de distancia de llegar a un acuerdo de reestructuración de deuda emitida bajo jurisdicción internacional. Para esto se necesitará una decisión política de Alberto Fernández para que acepte liquidar, sólo a estos bonistas, un cupón PBI (o similar) que esté atado a la medición que surja de la aplicación del artículo IV de un futuro acuerdo con el FMI. Este es hoy el corazón de la discusión que los negociadores del ministerio de Economía llevan a cabo con los fondos de inversión anotados en ese grupo de acreedores, y que desde el viernes pasado tienen firmado un pacto de confidencialidad con el Palacio de Hacienda para intentar llegar a un acuerdo definitivo. Pese al secretismo, este diario pudo acceder a la información de que la emisión (o no) de un pago vinculado al crecimiento de la economía argentina es lo que separa hoy la firma de un acuerdo final con este 15% de los bonistas. Como se trata de tenedores de bonos Par y Discount emitidos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner (el primer canje del 2005 y su reapertura del 2010), consideran que tienen derechos adquiridos para que se les aplique una solución mejor que a los que poseen deuda lanzada durante la gestión de Mauricio Macri. Saben que tienen deuda de bonos ya reestructurados, y que el “endulzante” debe ser de mejor calidad financiera que las de sus primos con deuda emitida desde 2016. Avanzadas ya las negociaciones, los bonistas se concentran en atar un premio vinculado al crecimiento de la economía. Esta alternativa siempre fue rechazada por Guzmán, que considera el reconocimiento de este derecho como una herejía para el andamiaje diseñado en su fallida propuesta original que quedó sepultada el 8 de mayo pasado, con una aprobación de 18,6%. Trascendió incluso que el propio Guzmán, al retomar el dialogo la semana pasada y reabrir las negociaciones con este grupo de acreedores; lanzó una frase que dejó algo fríos a sus interlocutores que desde Nueva York, vía satelital escuchaban al ministro: “No era intención de este ministerio mejorar los números. Es una decisión política”. Guzmán mejoró sustancialmente la oferta original para los tenedores de deuda emitida durante el kirchnerismo, pasando de un Valor Presente Neto (VPN) original de 39% a uno de 44/45%. El Boldholders pide hoy un 55%. La aplicación de un cupón PBI pasaría ese porcentaje a un 50%. Si el Presidente acepta este pago extra (el ministro está en contra), el acuerdo se cierra. Este cupón, tal como adelantó este diario, se liquidaría cuando la economía argentina crezca más de 3% durante un año; pero con una salvedad: medido a través de los términos del FMI y la aplicación del artículo IV de un futuro acuerdo con el organismo. Las negociaciones están en el acuerdo de confidencialidad presentado en sociedad el lunes pasado, donde el grupo confirmaba que su contrapropuesta era la de tres bonos, dos con vencimientos en 2033, 2040 más el cupón ligado al PBI; lo que ubicaba el VPN en 52%. Guzmán les ofrece ahora bonos con vencimientos en 2038 y 2042, tiempos que podrían acercarse a las propuestas de los acreedores siempre que no se toque la tasa de interés de la oferta original de un 0,5% en 2033, ascendente hasta 2,5% en el promedio general, que no haya liquidaciones hasta el último trimestre de ese año. Como se dijo, la decisión sobre el otorgamiento, o no, de un cupón PBI, dependerá de Alberto Fernández. Existe un capítulo más donde aún hay diferencias. Los bonistas reclaman que haya un pago de los vencimientos del 2020. Economía descarta de plano esa alternativa (a rajatabla), y se cree que se trata en realidad de una carta nula (en términos del Póker clásico), que se cederá para luego decir que también entre los privados hubo concesiones. El Exchange Bondholders está integrado por 18 instituciones de inversión y colectivamente posee más del 15% de los bonos de cambio en circulación emitidos por Argentina bajo legislación de 2005 y de canje de 2010. En otros fondos están HBK Investments, Monarch Alternative Capital LP, Oaktree Capital Management, L.P., Pharo Management (UK) LLP, Redwood Capital Management, LLC y VR Capital Group, y colectivamente poseen “casi $4 mil millones en bonos emitidos por la Argentina”. Está en contacto permanente con el Comité de Acreedores de la deuda externa, el grupo de acreedores organizado por los dos fondos de inversión más cercanos al Gobierno: el Gramercy y el Fintech, tenedores de deuda bajo legislación internacional emitida durante el kirchnerismo, pero con inversiones también en bonos macristas. Se especula, por la llegada de ambos fondos con el Gobierno, que de llegarse a un acuerdo con el Boldholders Group, la posibilidad de un acuerdo con este segundo grupo sería inminente. Si esto se diera, la aceptación general del proceso de reestructuración de la deuda llegaría al 50% del total. Todo quedaría en manos de lo que se discuta con el Grupo Ad Hoc. Aquí militan BlackRock, Fidelity, Ashmore y Pimco; donde la posición es más radicalizada y las partes aún sostienen diferencias de VPN de más de 10%. El Gobierno ofrece un 45% y los bonistas presentaron una contraoferta que se acerca al 55%.
 
(Ambito) Economía captó $18.000 millones (casi la mitad en bono ajustado por inflación con vencimiento en 2022). El Gobierno cumplió con lo esperado en la licitación de títulos ajustados por CER. Sin embargo, lo conseguido por Letras a Descuento (Ledes) se ubicó por debajo de las expectativas iniciales. La tasa giró en torno al 30%. En la licitación de este martes, el Ministerio de Economía captó $18.043 millones en concepto de letras con vencimientos en 2020 y un bono con vencimiento en 2022. De acuerdo a lo informado en el comunicado oficial, se adjudicaron 208 de las 209 órdenes de compra que se recibieron. La mayor parte de la deuda se concentró en un Bono ajustado por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (Boncer) con vencimiento en 2022 y una tasa adicional anual del 2,25% por sobre la inflación del período. El monto adjudicado en este título ascendió a los $8.162 millones, lo cual representó el 45% del total.En segunda instancia, se colocaron dos Letras a Descuento (Ledes) con vencimientos en agosto y septiembre de este año, respectivamente. Por la primera se consiguió $6.396 millones a una tasa anual del 29,75% mientras que por la segunda lo obtenido sumó apenas $478 millones a una tasa del 30,34%. Paralelamente, también se licitó una Letra ajustada por CER (Lecer) con vencimiento en octubre de 2020, por la cual se consiguieron $3.006 millones a una tasa del 2% por sobre el coeficiente. Economía tenía previsto colocar $28.000 millones a través de estos títulos, pero solo consiguió una parte de ese objetivo, priorizando lograr una tasa anual que no supere significativamente el 30%. Para el Boncer, el monto suscrito fue superior al esperado ya que la oferta inicial era por $6.000 millones, mientras que para las Lecer se adjudicó lo que se propuso en un comienzo. Sin embargo, para las Ledes con vencimiento en agosto el monto máximo a suscribir era de $8.000 millones y para las Ledes con vencimiento en septiembre era de $11.000 millones, por lo cual la licitación en estos activos estuvo por debajo de las expectativas. Con estos títulos en pesos, el Gobierno busca recomponer un mercado de deuda en moneda local robusto mientras trata de aliviar la carga de obligaciones en dólares. Cabe recordar que en los próximos días se espera una resolución en las negociaciones con los acreedores para modificar la propuesta de reestructuración de la deuda externa argentina por unos u$s65.000 millones.
(Cronista) Se disparó la primera solicitud de activación de los CDS por el default. La International Swaps and Derivatives Association (ISDA, por sus siglas en inglés) recibió ayer el primer pedido de declaración de evento de default para que se activen los seguros de crédito (credit default swaps) de la Argentina. PUBLICIDAD Según Bloomberg, el Comité de Determinaciones de créditos derivados dijo que por la activación de estos seguros financieros existen u$s 1500 millones de CDS recopilados por la ISDA. A partir de ahora se abre un período de hasta 30 días en los cuales la entidad privada formada por bancos y entidades financieras debe determinar si efectivamente se produjo el viernes un evento de default que gatillaría las cláusulas de estos bonos, que en todo el proceso de reestructuración aumentaron de precio sistemáticamente. Sin embargo, ayer, al absorber el default de los u$s 503 millones de intereses de bonos globales cuyo último plazo de pago operó el viernes pasado, el precio de estas opciones cayó el 50,64% de su valor. Los CDS son seguros financieros que se gatillan en casos de incumplimientos, que los inversores toman ya sea para proteger su inversión de un evento o para jugar «contra» el desempeño futuro de una obligación, que puede ser tanto de un particular como de un estado soberano. El ministro Martín Guzmán, en trabajos teóricos, había alertado acerca del peligro de los inversores en estos instrumentos como potenciales bloqueos a los arreglos.
(Cronista) Con subsidios al gas, buscan ahorrar u$s 4000 millones en importaciones El Gobierno piensa recontractualizar el mercado con licitaciones a largo plazo. YPF acercó la idea la semana pasada y podría ser un nuevo «Plan Gas». El Gobierno aceleró en las últimas semanas el diseño de un esquema de incentivos para la nueva producción de gas, con el objetivo de incrementar la oferta local y ahorrar unos u$s 4000 millones en importaciones del combustible durante el invierno del año que viene, período para el que podría faltar energía si no hay un cambio abrupto en la política. El gerente de Gas de YPF, Marcelo Núñez, construyó el mecanismo de contractualización a mediano plazo del gas natural y los ejecutivos de la petrolera estatal, liderados por el nuevo CEO, Sergio Affronti, lo trabajaron la semana pasada con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Carbajales. El esquema, que el portal EconoJournal anticipó como la cuarta versión del Plan Gas, implicará una mayor transferencia de recursos del Estado para subsidiar la producción en lugar de comprar en el exterior un volumen de fluido que es capaz de extraerse de las profundidades de la Patagonia. Los contratos tendrán un precio que rondará los u$s 3,50 por millón de BTU (MMBTU) y el Estado se hará cargo de compensar a las productoras de gas con la diferencia de lo que no puedan cobrar por parte de las distribuidoras, en un contexto en el que será extremadamente difícil -por no decir imposible- que exista un aumento de las tarifas por lo menos hasta después de las elecciones legislativas de octubre de 2021, tras el profundo golpazo que experimenta la economía con los efectos del coronavirus. Desde abril de 2019, las petroleras (un grupo que conforman YPF, la francesa Total Austral, Tecpetrol, Pan American Energy PAE, Pampa Energía, la Compañía General de Combustibles CGC y la alemana Wintershall Dea, entre otras) cobran de las distribuidoras un promedio de u$s 4,62 /MMBTU, que fueron pesificados a un tipo de cambio de $ 41 por dólar. Originalmente los contratos eran por un año, pero con la nueva versión de la crisis económica argentina, ahora con el capítulo de la Covid-19, se extendieron por tres meses más, hasta fines de junio. De esta forma, el total arroja $ 189,42 por millón de BTU o un equivalente a u$s 2,77 a un tipo de cambio mayorista de $ 68,27. El precio en dólares del gas natural en boca de pozo para los usuarios residenciales y comerciales (que representa cerca de un 50% del total de las boletas) desciende aceleradamente, al ritmo de la pérdida de valor del peso argentino. El Estado cubriría la diferencia entre el valor de las subastas, que darán origen a los nuevos contratos, y el precio sostén para el gas. Estos acuerdos se extenderán por entre 3 a 5 años y es algo que ya se había comenzado a dialogar con las empresas al menos desde enero de este año. El Cronista dio cuenta de esto el 10 de febrero. Es posible que en una primera etapa las arcas estatales deban subsidiar entre u$s 0,50 y u$s 1 por millón de BTU del precio del gas, montos que irán incrementándose al ritmo de la depreciación de la moneda nacional. El nuevo programa brindará a YPF la posibilidad de obtener una mayor participación de mercado -market share- en la producción de gas natural, en el cual es el principal oferente pero viene perdiendo peso aceleradamente en los últimos años. Entre 2018 y 2019, la petrolera estatal redujo su producción de gas un 10%, de 44,1 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d) a 39,7 MMm3/d. La demanda de las distribuidoras (Metrogas, Naturgy -ex Gas Natural BAN-, Camuzzi, Ecogas, Litoral Gas, Gasnor y Gas NEA) estaría agregada y no separada, como se hizo el año pasado. Según la estimación de un consultor energético que todavía no fue revisada, Argentina podría tener que importar más energía en 2021 y cerraría con un déficit comercial de u$s 4000 millones en este área. Después de un combo de mayor producción y menor demanda, entre la recesión y el aumento de las tarifas, el Gobierno anterior logró cerrar su gestión con una balanza comercial energética casi en equilibrio. Mercado y Estado Si en la concepción económica del Gobierno de Mauricio Macri la idea central era que la iniciativa privada producía y derramaba riqueza y que se necesitaba la menor intervención y regulación posible en los mercados, en la de esta gestión el Estado es quien activamente lidera y contagia al resto. Así como entre 2017 y 2019 Tecpetrol (de Paolo Rocca) y la Compañía General de Combustibles CGC (de Eduardo Eurnekian) fueron las figuras estelares del mercado de gas, gracias a que aprovecharon los generosos precios estímulos de la Resolución 46/2017 y quitaron a la Argentina su problema de faltante de energía en poco tiempo, al punto de que saturaron los gasoductos y derrumbaron los precios internos, ahora será la estatal YPF quien encabece la oferta. Sin ir más lejos, eso fue lo que postuló Carbajales la semana anterior durante una videoconferencia para el Instituto para el Desarrollo Estratégico Federal (IDEF), en el ámbito de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). «YPF es el capitán del equipo y debe asumir el rol de liderazgo», sostuvo. Un consultor cercano al Frente de Todos, que pidió hablar en off the record, analizó: «Las licitaciones de gas para distribuidoras fueron en febrero de 2019 por el término de un año. Para las generadoras eléctricas, a través de CAMMESA, se hacen todos los meses, y el sector industrial está desregulado. Toda medida que otorgue certidumbres a futuro y servirá para expandir la producción. Las licitaciones quinquenales lo pueden facilitar». Este especialista cree que los precios mundiales del gas se mantendrán bajos y que garantizar por unos 5 años un precio de u$s 3,50 /MMBTU, siempre pagado en dólares, sería suficiente para atraer inversiones. La clave será contratar a largo plazo y pagar en dólares. Como los precios mundiales del gas se mantendrían bajos, las productoras podrían acceder a elevar su oferta en lugar de que las importaciones ganen participación Desde agosto del año pasado se derrumbaron las inversiones para extraer gas, por la furiosa pérdida de valor del peso y la caída en el precio del gas, en un mercado interno saturado durante 8 meses del año (desde mediados de septiembre hasta mediados de mayo). Si el Gobierno no reacciona rápido, en el invierno de 2021 podría faltar gas y tendría que volver a Bahía Blanca el barco regasificador que se fue en octubre de 2018. No sería tan costoso en términos económicos sino que, en todo caso, podría ser una mala señal para el mercado: importar algo que se puede producir localmente. La demanda agregada también generó ciertas dudas en el mercado. Una idea que rondó en el oficialismo y ahora parece estar descartada es que Integración Energética Argentina (IEASA, ex ENARSA) funcionara como el agregador comercial y único demandante del gas -monopsonio-, pero eso fue rechazado por las productoras. Un ex funcionario del Ministerio de Energía, que trabajó con Juan José Aranguren y que también prefirió mantener su nombre en reserva, graficó: «Eso parece ser una idea de las distribuidoras. Como pasa con la energía eléctrica, primero se van a atrasar con los pagos y después no abonarán nada. Entonces el Estado, en este caso la ex ENARSA, va a estar en problemas para girarle fondos a las petroleras, como sucede con CAMMESA y las generadoras eléctricas. A la larga, se puede quebrar el sistema». En rigor, los atrasos en los pagos de las distribuidoras de gas por la imposibilidad de cobrarles a sus usuarios en medio de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 produjo tensión con las productoras, por una deuda de $ 3500 millones.