DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.
Informa autorización condicionada de transferencia de Oferta Pública
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363880

TGLT S.A.
TGCIO
Aviso de pago de Obligaciones Negociables Clase XVII
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363892

TGLT S.A.
TGCHO
Aviso de pago de Obligaciones Negociables Clase XVI
https://www.bolsar.com/Downloads.aspx?Id=363891

• Lista de empresas mas favorecidas por la reestructuración de la deuda soberana  
• Informe Bonos Soberanos & Corp (actualiza todos los jueves)
  
• Suscripción primaria de deuda en USD: Telecom
• PROYECTO DE CANJE DE DEUDA LEY LOCAL EN USD: RESUMEN OPERATIVO
• PROYECTO DE CANJE DE DEUDA DE BONOS EN DOLARES LEY ARGENTINA
  
• Hecho Relevante: Compass Crecimiento II Seria A y B
• Canje Voluntario de Letes, AF20, TV21 por deuda CER
  
• SECTOR BANCARIO:  ¿qué banco resistirá mejor la pandemia?
  ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ENMIENDA DEL CANJE:  UNA APUESTA DEL GOBIERNO A LA REESTRUCTURACIÓN PARCIAL  
• Cartera Recomendada Julio
• Propuesta IV-Enmienda II: La última oferta de Argentina ante la SEC
• Contra-propuesta de bancos: Sigue mejorando la oferta en la económico pero no en lo legal
• CEDEARs: Rotar de sectores sin perder la indexación al CCL
• ESTRATEGIA: LAS ELECCIONES 2021 Y NO LA DEUDA ES LO QUE DEBEMOS MONITOREAR

Si logra avanzar con su oferta tanto en el tramo local como internacional, se ahorrarán USD 40.000 millones hasta 2024. Pero a partir de ahí, los pagos crecen y se hará imprescindible volver al mercado para afrontar pagos que serán mayores a los que operan según el calendario actual. Si una vez finalizado el trabajoso proceso que lleva adelante desde sus inicios, finalmente en agosto se cierra la reestructuración de la deuda, la gestión de Alberto Fernández habrá logrado una invalorable ventana de más cuatro de años de tiempo para hacer los deberes en pos de recuperar el acceso al mercado. Si en 5 años la Argentina no logra crecer y recuperar la confianza de los inversores, otra vez se estará discutiendo cómo hacer para refinanciar los pagos que a partir de esa fecha empezarían a concentrarse en volúmenes mucho más altos que los menos de USD 3.500 millones a lo largo de estos cuatro años de mandato. Esto último se dará siempre y cuando tanto el tramo del canje de bonos bajo ley extranjera como bajo legislación local logren una adhesión generalizada, lo que se descuenta en el último caso. De acuerdo al nuevo perfil de vencimientos que surgiría tras la operación, cuya fecha de cierre para la suscripción de la oferta es el viernes de la próxima semana pero se analiza una nueva prórroga, el período 2020-2024 se concentraría el 70% del ahorro que implica la propuesta de reestructuración presentada por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Equivale a unos USD 40.000 millones de los USD 58.000 millones que se recortarían en total en pagos de la deuda en moneda extranjera. A partir de 2025, en cambio, la situación cambia radicalmente y sin acceso a los mercados podría tornarse inviable. Desde ese año, los pagos de la deuda saltan a USD 9.000 y 10.000 millones por año y llegan a los USD 13.000 millones en 2028, cuando la factura a pagar a los bonistas será incluso más alta de lo que es hoy, bajo el calendario actual que el Gobierno incumplió a partir del 22 de abril. A partir de 2028 y hasta al menos 2035, el canje que el ministro Guzmán propuso a los acreedores opera exactamente a la inversa de lo que lo hace en los próximos años: en el futuro, en vez de disminuir, aumenta la carga de pagos de la deuda respecto de la situación actual, incluso casi triplicando los montos originales. La distribución a lo largo de los años del peso de los vencimientos que resulten del proceso de reestructuración actual es clave porque es el antecedente a la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo al calendario todavía vigente con el organismo -cuyo cumplimiento se mantuvo hasta el mes pasado con un pago de USD 500 millones-, en los próximos años, la Argentina debería devolver los casi USD 45.000 millones desembolsados durante la gestión de Mauricio Macri. Se sabe, el objetivo de la discusión con el FMI será prorrogar como mínimo hasta el fin del actual mandato de Fernández esa devolución. Así, ese monto deberá computarse también a partir de 2024, lo que llevaría la carga total de la deuda en relación al tamaño de la economía a niveles similares a los de fin de 2019, siempre dependiendo de la rapidez de la recuperación tras la pandemia. De todos modos, ninguna deuda es baja si no existe la posibilidad de pagarla, ni tan alta si hay quien la financie. “Mirando el perfil de vencimientos, parece claro que esta reestructuración funcionará (siempre asumiendo aceptación generalizada), en tanto y en cuanto la Argentina logre retomar el acceso a los mercados voluntarios de deuda a mediados de esta década”, establece el último informe de la consultora 1816, donde se recuerda que a los pagos a los acreedores, habrá que sumar el calendario de pagos aún no resuelto con el FMI. “Si se supone aceptación total en el canje ley local y en el canje ley internacional, la Argentina se estaría ahorrando pagos por unos UDS 40.000 millones en el período 2020-2024, comparando perfil de vencimientos nuevo con el viejo. En el período 2025-2035, es mucho más complejo: en todos esos años habrá que pagar al menos USD 7.000 millones al año, con flujos que superan los USD 10.000 millones a partir de 20228”, cierra el informe.

(Infobae) El Presupuesto 2020 prevé un déficit fiscal superior al 10% del PBI, el más alto en 45 años

La depresión económica generada por la extensa cuarentena disparó los gastos originalmente esperados en 18%, y redujo la previsión de recursos en 20%, según el proyecto enviado por el gobierno al Congreso. Con más de 7 meses de retraso en el tratamiento de la denominada ley de leyes, como se bautizó en la Argentina al Presupuesto Nacional, el Gobierno presentó en Mesa de entradas del Congreso Nacional el proyecto de Ley de Modificación del Presupuesto General de la Administración Nacional para el 2020, que había sido enviado por el gobierno de Cambiemos el sábado 14 de septiembre y explicado por el ex ministro Hernán Lacunza dos días después, como establece la Ley de Administración Financiera, antes del 15 de ese mes, para ser tratada y votada en el recinto antes del inicio del nuevo año. Los grandes números de la iniciativa dan cuenta de la expectativa de ingresos total por $4,39 billones, $1,07 billones menos que el original que nunca llegó a ser debatido por los legisladores por mandato del presidente Alberto Fernández; y gastos totales por $7,39 billones, $1,14 billones de incremento, de los cuales sólo poco más de la mitad se explican por los programas de asistencia derivados de la irrupción del COVID-19. Está previsto que la Comisión de Presupuesto y Hacienda se reunirá por teleconferencia este martes a las 11:00 y pondrá en agenda en primer lugar el proyecto que contempla los ingresos y erogaciones del sector público nacional, para luego abocarse al debate sobre la moratoria impositiva y previsional. El nuevo Presupuesto 2020 recorta los ingresos esperados originalmente por el anterior gobierno en $1,07 billones y eleva los gastos totales en $1,14 billones, de los cuales $0,68 billones se explican por las medidas disparadas por el COVID-19 De ahí surge un déficit total proyectado de $3 billones, equivalente a poco más de 10% de un PBI que consultoras privadas estiman para el corriente año por debajo de $28 billones. Significaría el desequilibrio más profundo en 45 años; mientras que antes del pago del pago de intereses el rojo fiscal previsto es de $2,2 billones, unos 8 puntos del producto bruto interno. La versión original, con otro escenario registraba un déficit total de $0,78 billones, y un superávit primario de $0,42 billones. La iniciativa prevé que el Banco Central será la principal fuente de financiamiento del incremento del déficit fiscal, a través del giro de utilidades contables por $1,02 billones en el segundo semestre; y en menor medida contribuirán el aumento de la deuda pública en $274.000 millones, e incremento de la inversión financiera neta en poco más de $75.000 millones, Se trata de una revisión del plan de gastos y recursos sintetizados en una presentación con 128 folios, con los datos de ejecución al 30 de junio último, y la incorporación de las 15 modificaciones presupuestarias aprobadas en el curso del primer semestre a través de decretos de necesidad y urgencia y Decisiones Administrativas firmadas por el Jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, entre las que se destacan las vinculados con los gastos y asistencias especiales derivadas de la irrupción del COVID-19 y la cuarentena vigente desde el 20 de marzo que paralizó diversas actividades y provocó cierre de empresas y caída de miles de puestos de trabajo. Destaca la presentación de la norma: “las primeras dos asignaciones de ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), correspondientes a los salarios devengados en los meses de abril y mayo, erogados en mayo y junio, respectivamente, alcanzaron a 310.000 empresas y a un universo de trabajadoras y trabajadores de 2,8 millones”. Mientras que del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) resalta: “evitó que entre 2,2 y 2,8 millones de personas cayeran en la pobreza y entre 1,8 y 3,1 millones de personas cayeran en la indigencia. El impacto conjunto del IFE con la implementación de la Tarjeta Alimentar y el refuerzo en la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Universal por Embarazo suponen una morigeración del impacto aún mayor: entre 2,7 y 3,4 millones de personas no perforarán el ingreso familiar que delimita el ingreso a la situación de pobreza y entre 2,9 y 4,5 millones evitarán estar en condiciones de indigencia”. Según el proyecto de ampliación del Presupuesto 2020, sobre la base de las partidas autorizadas para el año anterior, “el monto total de las partidas de refuerzo presupuestario para atender los efectos del COVID-19 sumaban al 30 de junio $687.751 millones”, representa el 26% del singular incremento del déficit fiscal primario, respecto de cálculo original. El gasto originado por el COVID-19 explica el 26% del nuevo déficit fiscal, mientras que 41% responde a la caída de los ingresos tributarios y el 33% a erogaciones diversas, vinculadas principalmente con subsidios a la energía y transferencias a provincias La caída de los recursos totales, tributarios y de capital, que provocó la inesperada depresión económica, explicó un 41% del crecimiento del desequilibrio fiscal; y el tercio restante obedecería, principalmente al aumento de los subsidios económicos, en particular a la generación de energía eléctrica, por el congelamiento de las tarifas a todos los consumidores, y el aumento de las transferencias a provincias. Excluidas las partidas para el pago de intereses de la deuda pública, que por efecto del default y de la renegociación de plazos y quitas de intereses con los bonistas se redujo ahora en $421.522 millones, el gasto primario se elevó de $5,04 billones del Presupuesto heredado a poco más de $6 billones, un 31,1 por ciento.

(Infobae) Gobierno vs. Mercado Libre: el Banco Central quiere que los pequeños comercios no paguen comisiones por vender con tarjeta y medios electrónicos

El BCRA presentó el proyecto «Transferencias 3.0» a los bancos y las fintech. Busca establecer un nuevo sistema que sea gratuito para pymes que facturen menos de $400.000 por mes, uno de los segmentos principales del negocio de Mercado Pago. El Banco Central diseñó un proyecto denominado “Transferencias 3.0″ con el que aspira a impulsar cambios sustanciales en la forma en que los argentinos hacen sus pagos. El proyecto, que ya fue presentado por el BCRA a las entidades que reúnen tanto a los bancos como a las fintech en discretas reuniones por Zoom, apunta a expandir las transferencias electrónicas con otros mecanismos, como los pagos QR, fijando comisiones máximas y estableciendo un “tramo gratuito” para que los comercios que facturan hasta $400.000 por mes puedan aceptar pagos electrónicos sin costo alguno. Si bien todos los actores del sistema financiero apoyan la expansión de los pagos digitales, muchos de ellos advierten que el principal perjudicado si este proyecto se cristaliza será Mercado Libre. Durante los últimos años, la empresa fundada por Marcos Galperín armó una red de más de 700.000 comercios que cobran con tarjeta gracias a sus servicios. En su mayoría, se trata de pequeños comerciantes y cuentapropistas que salieron del “solo efectivo” y comenzaron a aceptar pagos electrónicos. El proyecto obligaría a Mercado Libre a darles su servicio a esos comercios en forma gratuita, siempre que facturen por mes menos de 7.500 UVAs, algo más que $400.000. “Mercado Libre armó toda la autopista para, en algún momento, empezar a cobrar el peaje. Ahora, el Central le dice que gran parte de ese peaje va a ser gratuito”, explicó un conocedor del sistema. El proyecto “Transferencias 3.0″ impulsado por el Banco Central aspira, según transmitió el BCRA al sector financiero, a crear “el instrumento de pago más eficiente del mercado” que incluirá, en un marco de interoperabilidad, a todo tipo de cuentas, virtuales y bancarias. La nueva plataforma aspira a reemplazar a dos herramientas lanzadas durante la gestión de Cambiemos en el Central: el Debin (Débito Inmediato), de escasa utilización, y los PEI (Pagos Electrónicos Inmediatos), un mecanismo que habilitó las transferencias bancarias inmediatas y gratuitas. Esas transferencias serán el principal protagonista del nuevo esquema, planeado con una arquitectura abierta, en el que también convivirán las tarjetas de débito y de crédito, los pagos con código QR y otros sistemas más novedosos, como el pago asociado a un DNI o a un celular. Poco tiempo atrás, la Cámara Argentina de Fintech propuso al BCRA un plan de pagos con código QR interoperable, en el que un único sistema de esa clase de pagos aglutine a bancos y fintech. El Central respondió con el proyecto “Transferencias 3.0″. Este último caso es el que promete la billetera electrónica Dimo, que permitirá transferencias de una cuenta bancaria a otra sin necesidad de utilizar la CBU; alcanzará con que el que envía el dinero y el que lo recibe estén registrados mutuamente en su agenda telefónica. Dimo será lanzado en septiembre por Play Digital, un nuevo jugador en el que están asociados una veintena de bancos líderes y que seguramente jugará un rol en el diseño de este nuevo esquema. Para el comerciante que debe aceptar el pago, el costo será gratuito si su facturación no supera los $400.000 mensuales, ajustables por inflación. Si supera ese monto, habrá una comisión fija del 0,6%. De ella, el 0,4% será para el adquirente (Prisma, First Data, Mercado Pago y otros) y el 0,2% para la billetera digital o el banco del cliente. Mercado Libre armó toda la autopista para, en algún momento, empezar a cobrar el peaje. Ahora, el Central le dice que gran parte de ese peaje va a ser gratuito (asegura un fuente del sector) El Central planea un escenario de acceso universal a las cuentas, tanto bancarias como virtuales, y prometió un esquema regulatorio eficiente y barato, para incentivar la aceptación por parte de los comercios. Otro elemento ineludible para que el proyecto tenga éxito, según el Central, es la “usabilidad”: cobrar y pagar debe ser muy fácil y el usuario debe poder elegir entre todas las herramientas disponibles. Pero en la Argentina del “solo efectivo” y el 40% de economía informal, pagar por vía electrónica implica no es solo una cuestión de convencer a usuarios y comerciantes para que se inclinen por una determinada tecnología. Es también convencerlo de que deben pagar impuestos. La expansión de los pagos electrónicos tiene relación directa con la presión impositiva. Un pago hecho por vía electrónica deja un registro que obliga tributariamente, algo que por supuesto no siempre ocurre cuando se paga en efectivo. El proyecto del BCRA, según pudo saber Infobae, sueña con un elemento central que depende de la AFIP e, incluso, del ministerio de Economía para su éxito. El Central apunta a que los comerciantes incluidos en el “tramo gratuito”, que facturen menos de $400.000 por mes, tampoco reciban las retenciones anticipadas de la AFIP, aún cuando después deban hacer la correspondiente liquidación de impuestos. De esa manera, la formalización que implica abandonar el “solo efectivo” no sería tan dura. Al mismo tiempo, muchos en el sistema financiero entienden que sin una decisión política de quitar costos impositivos, el proyecto no tendrá el alcance deseado o, al menos, no lo tendrá en el segmento no bancarizado, aquel que se mueve exclusivamente en efectivo y, en general, en negro. El “tramo gratuito”, a su vez, podría funcionar como un incentivo para que los “adquirentes” salgan a buscar comercios de cierto nivel de facturación y no se preocupen por atender a los clientes más pequeños. El Central apunta a tener a todos los actores bajo su control: bancos, emisoras de tarjetas, cámaras compensadoras, adquirentes de tarjetas y, por supuesto, las fintech. Y en este último punto, por diversos motivos, es claro que Mercado Libre nunca pasa inadvertido.

(Infobae) La ciudad de Neuquén prepara un impuesto por seis meses para bancos, supermercados y las petroleras de Vaca Muerta

 El jueves 30 el país no cumplirá con el pago del Discount, e ingresará en terreno rojo en todo el mosaico de deuda externa en dólares en manos de tenedores privados y organismos financieros internacionales. Y, en el caso de ese bono en manos de acreedores que aceptaron la oferta del 2005, podrían iniciar acciones legales en los tribunales de Nueva York; ya que no cuenta con las restricciones de las “cláusulas antibuitre” aplicadas desde 2016 en adelante. Sin embargo, el Ministerio de Economía logró un pacto de caballeros: mientras las partes estén en la mesa de negociaciones, no habrá instancias legales de parte de los tenedores de los Discount. Desde el Exchange Bondholders, el grupo que aglutina a la mayor parte de los fondos de inversión con este tipo de deuda, se le aclaró a Buenos Aires que no habrá avances judiciales; hasta que el proceso esté terminado. Luego, obviamente, dependerá del éxito o fracaso de los cruces actuales. En la aclaración sobre la pax judicial, desde Nueva York, se remarcó que se tendrá en cuenta también una eventual extensión del plazo que vence el próximo 4 de agosto. Con el default del jueves Argentina terminará de cerrar el mix de deuda impaga, llegando a la totalidad de la deuda emitida por el país. Desde agosto del año pasado, aún durante el gobierno de Mauricio Macri, se decretó el reperfilamiento de los primeros vencimientos en dólares con legislación emitida bajo legislación nacional; iniciando el proceso que terminará mañana. En el medio el país dejó de pagar el 22 de mayo los Global 21, 26 y 46 por unos u$s503 millones; iniciando el período de la deuda emitida bajo legislación internacional. El país también está en default con los organismos financieros internacionales, al no haber cumplido con la liquidación de los u$s2.100 millones adeudados al Club de París el 9 de junio pasado. La novedad del próximo jueves es que se vence el plazo de gracia para estar al día con la deuda también emitida bajo esas reglas legales de Wall Street; pero para el caso de títulos públicos emitidos durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. En otras palabras, pasado mañana se dejarán de pagar bonos emitidos durante el kirchnerismo; y durante una gestión del mismo signo. Incorporará estos bonos (junto a los Par) a la reestructuración de deuda, fue una decisión personal que Alberto Fernández tomó en marzo pasado y que consultó con Cristina Fernández de Kirchner, recibiendo el visto bueno de parte de la actual vicepresidenta. Pensar en defaultear bonos emitidos durante la propia gestión no era una posición fácil de aceptar; con lo que ameritaban consultas a la exjefa de Estado. Aun con los peligros legales que este default implica y que no alcanzan a la deuda emitida desde 2016 en adelante, y que incluyen cláusulas antibuitre que dificultan y traban la posibilidad de avanzar en juicios contra el país, aun en default, sin contar con mayorías superiores al 35% y sin espera al final del diseño de la vida útil de esos bonos. Además, la acción colectiva debe tutelarse bajo la representación del Trustee/Bondholder Rerpresentative (Comisario de la emisión). Además, y según la misma cláusula, si se avanzara en un juicio individual, en el caso que el acreedor triunfara, el dinero que reciba deberá coparticiparlo en el resto de los tenedores de deuda que también se hayan presentado en el litigio. Así, solo si todos los tenedores de esa deuda se presentaran a reclamar en el tribunal del segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Loretta Preska, recibirían el 100% del dinero que reclaman. Ante este panorama, sólo un default generalizado justificaría la apertura de los tribunales para reclamar por la deuda emitida desde el 2016 en adelante, algo frenado mientras las partes estén negociando. No es el caso de los Discount, y de toda la deuda lanzada durante el gobierno de Néstor Kirchner luego del default de 2001. Como la Argentina comprobó durante el “juicio del siglo” contra los fondos buitre, no hay cláusula o salvaguarda en la emisión de toda esta deuda que proteja al país de los juicios inmediatos en los tribunales del segundo Distrito Sur de Nueva York. Más teniendo en cuenta que el fallo de Thomas Griesa en contra del país dejó una jurisprudencia contraria para toda la deuda emitida durante el kirchnerismo, con lo que cualquier simple presentación ante un default argentino derivaría en una aceleración de las causas ante Preska, no sólo correspondientes a los pagos del Discount, sino del bono Par, también emitido durante el gobierno de Néstor Kirchner. En total, la deuda que podría reclamarse llegaría a los u$s20.000 millones. La denominación real del Discount es Títulos Discount en Dólares Estadounidenses Regidos por la Ley de Nueva York con Vencimiento en Diciembre de 2033, y su nombre de batalla en el mercado de capitales es el DICYD y paga intereses por 8,28%. Se liquida cada 30 de junio y 30 de diciembre. La propuesta original de Guzmán para canjearlo es la emisión de un título con vencimiento en 2039, que comenzaría a pagar intereses del 0,6% en el último trimestre de 2023, ascendiendo a un 1,75% entre 2024 y 2025; 4% entre 2026 y 2027 y 4,5% desde 2028. La promesa de no avanzar en juicios contra la Argentina a partir del viernes, luego de confirmarse el default total, le fue comunicada por los voceros del grupo Exchange Bondholders, a los abogados que representan al país del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H). Fue un mensaje del profesional que Dennis Hraritzky le envió al estudio contratado por el país; asegurándole, que en lo que a él respecta, no tiene pensado patear la mesa de negociaciones mientras las partes estén sentadas discutiendo de buena fe.

(Ambito) Reservas: sigue goteo en julio, el BCRA ya vendió más de u$s360 millones. 

La mejora de junio parece haber sido transitoria. En lo que va del mes otra vez el ente monetario fue neto vendedor en el mercado único de cambios. Distintas voces oficiales -la más clara la de la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca- e incluso alguno que otro economista del arco ortodoxo, vienen advirtiendo en estas últimas jornadas la imposibilidad de flexibilizar el cepo ante el riesgo de desatar una crisis devastadora como la que sufrió la administración Macri. So pretexto de evitar una crisis de balanza de pagos todos señalan que el cepo tendrá una vida larga. En realidad, estas voces están preocupadas por el goteo de reservas que sufre el BCRA. Vale recordar que este diario a comienzos de mes alertó que el Central se perfilaba nuevamente como neto vendedor. Así al cabo de casi tres semanas -el último dato disponible es al miércoles pasado- el BCRA registra ventas netas con el sector privado por u$s362 millones. Tras las nuevas restricciones cambiarias aplicadas a fin de mayo (en abril vendió u$s547 millones) parecía que el BCRA daba vuelta la taba, ya que luego de las importantes ventas de mayo (u$s679 millones) logró en junio salir airoso terminando con un saldo neto comprador de u$s672 millones. Sin embargo, la pax parece haber sido efímera e incluso contaminada además por los exabruptos de la brecha cambiaria. Por suerte, los depósitos privados en dólares (argendólares) no solo dejaron de caer sino que volvieron a crecer, modestamente, pero al fin y al cabo ya no colaboran con el goteo de reservas. Porque los encajes de estos depósitos están contabilizados en las reservas del BCRA. De esta manera en lo que va de julio las reservas brutas muestran un aumento de u$s150 millones aproximadamente (logran mantenerse entre los u$s43.300 y u$s43.400 millones): por un lado las ventas netas y pagos del sector público explican pérdidas de más de u$s660 millones que fueron compensados por ingresos de organismos internacionales, encajes de argendólares y otras operaciones (como swaps con el exterior). Bajo el contexto actual es ilusorio pensar que el cepo tendrá licencias, más bien, todo lo contrario. Es que si bien el canal turismo ya no inquieta tanto como años atrás, el púdico atesoramiento, sigue denotando el riesgo latente de una creciente dolarización. En pocos días más se conocerán los datos de junio, pero por lo visto este mes varios millones continúan atesorando el cupo mensual de u$s200. Que en buen romance, los u$s377 millones de mayo no pueden replicarse otro semestre porque las reservas netas crujen ya que se estiman en u$s10.000 millones, donde la mitad es oro y DEG.

(Ambito) La CNV permitirá a las empresas canjear deuda privada por colocaciones de bonos

 Le posibilitará las compañías refinanciar pasivos porque podrán estirar vencimientos de sus emisiones de obligaciones negociables en el mercado. Deberán cumplir con una serie de requisitos. En un contexto de mayor presión financiera a las empresas por el impacto del covid en la economía, la Comisión Nacional de Valores (CNV) decidió avanzar en una nueva normativa “proempresa” que permite canjear parte de la deuda privada o créditos preexistentes en las nuevas emisiones de obligaciones negociables que la compañía realice. Si bien esta decisión no está firme aún, la CNV abrió un período de 15 días de consulta para recibir comentarios respecto de esta nueva regulación, que buscar dar herramientas para que las empresas puedan “sanear o bien administrar de manera eficiente su nivel de endeudamiento”, según consta en la Resolución general 849/2020 publicada ayer en el Boletín Oficial por el organismo que preside Adrián Cosentino. Desde la CNV explicaron a Ámbito que “las emisoras pueden refinanciar parte de su deuda emitiendo ON con oferta pública, que se pueden canjear o suscribir con deuda privada contraída previamente por ella (ON privadas o préstamos preexistentes contra ella) hasta un 30% del monto colocado y, aun así, la emisión sigue gozando de los beneficios impositivos previstos en la Ley de ON”. El 70% restante, detallaron desde la CNV, podrá ser suscripto e integrado en pesos (o su equivalente en otras monedas) por personas humanas o jurídicas distintas de los acreedores adjudicados en el 30%. En concreto, el nuevo artículo de la normativa, quedaría redactado de la siguiente manera: “En los casos de refinanciación de deudas en los que se ofrezca el canje o la integración de nuevas emisiones de obligaciones negociables, con obligaciones negociables privadas previamente emitidas por la sociedad y/o con créditos preexistentes contra ella, se considerará cumplimentado el requisito de colocación por oferta pública, cuando la nueva emisión resulte suscripta bajo esta forma por acreedores de la sociedad en un porcentaje que no exceda el 30% del monto total efectivamente colocado, y que el 70% restante sea suscripto e integrado en pesos (o su equivalente en otras monedas) por personas humanas o jurídicas distintas de los acreedores adjudicados en el 30%”. Para poder realizar este tipo de canje, las empresas deberán cumplir una serie de requisitos: las deudas deben estar incluidas en los balances y estados financieros; el ofrecimiento debe estar dirigido a la totalidad de los titulares de los créditos preexistentes contra la sociedad, o a la totalidad de los que se encuentren en una misma categoría; y, una vez terminado el proceso de colocación, las acreencias deben ser canceladas. Además, las empresas que decidan hacerlo deberán presentar ante la CNV la documentación respaldatoria, entre la cual se solicita la constancia de que las acreencias están domiciliadas en el país. El análisis que hacen en el Gobierno es que esta normativa puede traer beneficios tanto para las empresas que utilicen esta herramienta como también a las entidades que poseen esas acreencias. En el caso de las empresas, les permite refinanciar sus pasivos y mejorar el perfil de su deuda, porque pueden estirar los vencimientos de una parte de sus obligaciones, despejándoles la presión financiera en un contexto cada vez más exigente. En el caso de quienes tienen esas deudas, porque les permite cambiar un acreencia privada por nuevos instrumentos que, al ser públicos, pueden performar y negociarse en el mercado secundario, lo que les brinda más liquidez. En la resolución publicada en el Boletín Oficial, la CNV argumentó las modificaciones en el “contexto socioeconómico imperante”. “Se estima necesario adaptar la normativa vigente a las necesidades actuales, a los fines de brindar a las entidades emisoras que operan en el ámbito del mercado de capitales las herramientas necesarias para sanear, o bien administrar, de manera eficiente su nivel de endeudamiento, a los fines de que puedan reprogramar la estructura de su deuda, utilizando los mecanismos admitidos para la colocación de ON”, indica la resolución.

(Ambito) Para preservar dólares, el Gobierno profundiza control de importaciones 

La Aduana mandará por «canal rojo» los productos de consumo que tengan medidas antidumping o con investigaciones en curso. Afirman que se busca coordinar con las acciones de la Secretaría de Industria. El Gobierno profundizará el control de las importaciones para así evitar la pérdida de dólares, mientras procura despejar la incertidumbre con el cierre del acuerdo por la deuda con los fondos de inversión. Desde el próximo 3 de agosto la Aduana va a mandar por “canal rojo” todo producto de consumo final que se encuentre bajo investigación por presunto dumping o que ya tenga aplicadas medidas contra ese tipo de prácticas. También pasarán a ese tipo de verificación estricta todos los bienes de consumo que sean investigados en el futuro. La medida fue dispuesta por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. La nueva resolución deroga una directiva de 2017 que disponía el control sólo para las mercaderías que tenían aplicados derechos compensatorios. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que con esa decisión el Gobierno pretende “alinear” los controles del comercio exterior que se llevan a cabo a través de la Aduana con las medidas que se administran desde la Secretaría de Industria. Explicaron que la resolución, que lleva el número 366, ya deja establecido que para las nuevas investigaciones todos los productos involucrados pasen inmediatamente a lo que se denomina “canal rojo”. ¿En qué consisten estos códigos? Cuando el sistema indica que hay que aplicar “canal rojo” a un cargamento, eso quiere decir que los inspectores tienen que verificar que la documentación debe coincidir con la cantidad y la calidad de las mercaderías. Cuando es “canal naranja” sólo se chequea la documentación, sobre todo el origen, mientras que cuando hay “canal verde” la mercadería no es controlada. La decisión sobre a cuál producto aplicar uno y otro es en algunos casos azarosa, en otros es una combinación de factores y en algunos casos está determinada de antemano. La idea es que no haya certeza de cómo van a ser los controles. Aun así, cuando un producto es penalizado con medidas antidumping, la maniobra usual es la triangulación con otro origen para esquivar el chequeo aduanero. Rubén García, presidente de la Cámara de Importadores de la República Argentina (CIRA), señaló a Ámbito que los nuevos controles dispuestos por el Gobierno “no son habituales” en el manejo del comercio exterior, aunque se mantienen dentro de lo que indican las normas internacionales. No obstante, advirtió que hay cierto tipo de bienes en los cuales no es posible aplicar un control estricto en la terminal portuaria, como podría ser el caso de neumáticos que vienen empacados casi a presión en los contenedores y que por lo tanto no serían de fácil chequeo visual externo. Por su parte, el director del Centro de Investigación para el Comercio Exterior del Siglo XXI, Miguel Ponce, opinó que en la medida en que el Gobierno necesita proteger los dólares de la reservas del Banco Central hasta que concluya la reestructuración de la deuda “van a ir apareciendo medidas de este tipo”. “Esto va a trabar aún más el comercio exterior”, señaló Ponce. El especialista consideró que el Gobierno tiene reservas netas por sólo u$s7.000 millones, y que con el swap de monedas que acaba de renovar el Banco Central con su par de China “no alcanza” para recuperar la confianza en momentos en que el dólar blue se escapó a $140 mientras que el oficial se mantiene en $70 lo que incentiva a las importaciones. La decisión oficial sólo tiene alcance sobre productos para consumo final, que en rigor, representan la menor parte de las importaciones. En mayo representaron sólo el 16,7%, lo que implican unos $530 millones; el 42% de las compras fueron bienes intermedios y 16,7% los bienes de capital. Le siguen en importancia piezas y accesorios con el 16,1%, 5,8% combustibles y lubricantes; 2% vehículos, 0,6%, el resto. Recientemente la Aduana dispuso un mayor control para evitar maniobras de subfacturación en operaciones de exportación con el fin de que algunas empresas declaren menos divisas para ingresar al país de lo que les correspondería.

(Ambito) Ley de quiebras: varias cámaras empresariales piden una reforma 

(Investing) Los republicanos presentan sus planes de estímulo
Los republicanos del Senado han dado a conocer un paquete de apoyo económico por valor de un billón de dólares, lo que reduciría el subsidio federal para los desempleados en dos tercios desde finales de septiembre. A partir de entonces, los pagos se combinarán con beneficios estatales para reemplazar el 70% de los salarios perdidos. El paquete refleja la preocupación de los republicanos en torno a que los actuales cheques semanales de 600 dólares desincentivan a los estadounidenses a la hora de regresar al trabajo (y también que cuestan mucho dinero, unos 15.000 millones de dólares a la semana). Los políticos del Partido Demócrata, que controlan la Cámara de Representantes, han criticado la medida por eliminar un apoyo vital para los más de 16 millones de personas que actualmente reciben el subsidio por desempleo. Ambos partidos tienen hasta el final de la semana para llegar a un acuerdo. Un proyecto de ley aprobado en la Cámara de Representantes aprobó un paquete de medidas de mucho más valor, 3,5 billones de dólares, incluyendo 900.000 millones de dólares de apoyo a los gobiernos estatales y municipales que no incluye el paquete republicano.

(Investing) Las acciones apuntan a una apertura a la baja durante la publicación de resultados Si parpadean se lo van a perder. Continua la presentación de resultados este martes, con actualizaciones de (coja aire) Visa (NYSE:V), McDonald’s, Pfizer (NYSE:PFE), Amgen (NASDAQ:AMGN), Raytheon (NYSE:RTN), Starbucks (NASDAQ:SBUX), Mondelez, Altria (NYSE:MO), eBay (NASDAQ:EBAY) y Advanced Micro Devices —por nombrar sólo a algunas. La mayoría publican sus informes tras la campana de cierre, pero McDonald’s (NYSE:MCD) y Pfizer lo harán antes. Los resultados llegan a un mercado de valores que lucha por mantener su rumbo, ya que muchos directores ejecutivos han puesto en duda la sostenibilidad de la recuperación en sus presentaciones de informes.

(Investing) Moderna y Pfizer inician la fase 3 de los ensayos de sus medicamentos Moderna ha anunciado el inicio de la tercera y última fase de los ensayos de su fármaco experimental para el tratamiento del virus Covid-19. Pfizer y su socio alemán, BioNTech, incluido en el Nasdaq, también han anunciado que iniciarían un ensayo híbrido de fase 2/fase 3 para su vacuna. El rápido progreso en el desarrollo de vacunas —aunque un progreso que no tiene garantías de éxito— se produce en un momento en que el número de nuevas infecciones en todo el mundo se está acercando a máximos históricos.

(Investing)  El BCE dice a los bancos que no paguen dividendos
El Banco Central Europeo ha dicho a los bancos de la eurozona que no paguen dividendos durante el resto del año, y que acumulen su dinero para fortalecer sus defensas contra la esperada oleada de bancarrotas. Al mismo tiempo, el BCE ha dicho que no endurecerá las normas de supervisión sobre la liquidez y el capital hasta finales de 2022 como muy pronto, lo que indica su determinación de no convertir la inevitable crisis económica en una crisis financiera. Las acciones de los bancos de la eurozona suben un 0,6%, con las mayores subidas observadas en España, cuyos bancos podrían necesitar más ayudas de capital que la mayoría, dado el riesgo que corre su gran sector turístico debido al reciente aumento de los casos de Covid-19.