Guía de CEDEARs: Estrategias por Sectores  (NUEVO)

Informe Semanal de Bonos: Soberanos y Corporativos
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Dólar: sostienen que debe bajar más la brecha para no «comerse» el superávit
Señalan que los niveles actuales incentivan el adelanto de importaciones. Además, dicen, el BCRA no debería haber menguado ritmo de depreciación. Si bien diciembre no ha traído grandes sobresaltos cambiarios, más allá del rebote que se observó en el blue el miércoles, analistas privados continúan señalando que la brecha entre el contado con “liqui” y el mayorista (actualmente en niveles de 68%) sigue amenazando con esfumar por completo el superávit comercial. Además, hay quienes advierten que el Banco Central debería aprovechar este período de pax cambiaria para permitir una mayor apreciación del dólar. “La tendencia de la balanza comercial marcó un quiebre desde septiembre, cuando la dinámica cambiaria comenzó a pesar fuertemente sobre el comercio exterior. Hacia adelante, el equipo económico deberá evitar que la brecha y las expectativas de devaluación continúen erosionando el superávit comercial”, consignó un informe de Grupo SBS, tras conocerse que los intercambios de Argentina con el mundo marcaron un resultado positivo para la balanza de u$s271 millones en noviembre, un 89% menor que el mismo mes de 2019. “A pesar de que la brecha ha disminuido desde los máximos de octubre, aún se mantiene en niveles elevados, brindando incentivos a importadores y desincentivos a exportadores, algo que el balance cambiario del BCRA ya venía mostrando en base caja”, indicó el documento de la sociedad de Bolsa. Como dato positivo, desde SBS remarcaron: “No obstante, el balance de bienes marcó un superávit de u$s450 millones en noviembre, mejorando con respecto a los meses previos”. En línea con esta visión, desde la consultora LCG destacaron: “No esperamos una marcada mejora en el balance comercial mientras la brecha continúe en los niveles actuales, generando incentivos para adelantar importaciones y protegerse ante posibles aumentos del tipo de cambio”. En tanto, el economista Norberto Sosa, del broker Invertir En Bolsa, explicó en un informe audiovisual reciente que “es muy peligrosa la estrategia de no aprovechar este momento para seguir corrigiendo el tipo de cambio oficial. La depreciación anualizada estaba en 44% hasta hace unas semanas y ahora en 40%”. No obstante, reconoció que con el ritmo de devaluación administrada actual y un CCL estable el “Gobierno ha logrado una reducción de la brecha que genera un clima de tranquilidad financiera”, pero advirtió que “no queda claro si se plasma en mejor clima de inversión extranjera y nivel de actividad”. Por su parte, desde Consultatio también consideraron que el Gobierno debería haber permitido una mayor valoración del dólar oficial frente al peso: “Llama la atención cómo se disminuyó el ritmo de devaluación en las últimas semanas. Podría haberse aprovechado para, junto con la baja del contado con liquidación, seguir bajando la brecha”, consignaron. Días atrás, Francisco Mattig, de Consultatio, había mencionado en redes que si la brecha llega en los niveles actuales a febrero, se observará el gap más alto para el segundo mes del año desde 1984. Más allá de estos señalamientos, las autoridades económicas tienen varios motivos para considerar que diciembre ha sido un mes de estabilización. La autoridad monetaria ha comprado dólares en 12 de los 15 días hábiles y acumula un resultado neto positivo por sus participaciones en torno a los u$s400 millones. De esta forma, diciembre será el primer mes de todo el segundo semestre en el que el BCRA finalice como comprador, tras haber registrado saldos negativos en julio (-u$s568 millones), agosto (-u$s1.279), septiembre (-u$s1.618 millones), octubre (-u$s1.091 millones) y noviembre (-u$s327 millones). El efecto cascada muestra un robustecimiento de las reservas brutas del Central, que se ubican actualmente en u$s39.216 millones, lo que implica un crecimiento de u$s564 millones respecto de lo observado hasta el 30 de noviembre. Un dato no menor es que, en lo que va del mes, el oro (metal precioso con el que cuenta el BCRA) mejoró su cotización 5,8% y hubo una leve alza en los depósitos privados en dólares. Esto último, posiblemente se deba a que algunos ahorristas busquen que la foto fiscal al 31 de diciembre los muestre con posiciones en el país. Más allá de estas mejoras, la situación de las reservas netas continúa siendo delicada. Según estimaciones de Invertir en Bolsa, las mismas se ubican en u$s4.586 millones, aunque si se depura el oro y los Derechos Especiales de Giro del FMI se haya una liquidez negativa en torno a los -u$s752 millones. Cabe señalar que en 2021 el país debería afrontar vencimientos de deuda equivalentes a u$s10.494 millones, aunque se descuenta que el Gobierno buscará postergar los montos correspondientes al FMI, que representan casi la mitad del total.

(AMBITO) Ganancias: baja al 25% en 2021 para empresas
Es para firmas que inician su ejercicio desde el 1 de enero. Se debe a que termina el plazo de suspensión establecido por la Ley de Solidaridad. No afecta a la recaudación del año próximo y se espera que se cambie en una nueva reforma. A partir del 1 de enero próximo las empresas que inicien sus ejercicios desde esa fecha van a empezar a tributar una alícuota del Impuesto a las Ganancias del 25% debido a que volverá a regir el cronograma de reducción aprobado por el Congreso en la Reforma Tributaria del 2017. La rebaja no va a tener un impacto en la recaudación del 2021, debido a que las empresas tendrán que tributar con la tasa vigente en 2020, es decir, la del 30%, de modo que su efecto se podría sentir recién en 2022. A valores de hoy, 5 puntos de ingresos del Impuesto a las Ganancias serían unos $72.000 millones. En diciembre de 2017 el Congreso aprobó la ley 27.430 de Reforma Tributaria, que establecía un cronograma de reducción de rebaja de la alícuota del tributo. Era una de las medidas prometidas por el entonces gobierno de Mauricio Macri a los empresarios. La modificación fue pensada por el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne. El proyecto recibió cuestionamientos tanto por derecha (los economistas liberales la tildaron de tibia) como por izquierda (los heterodoxos consideraban que era un beneficio a las grandes empresas). Ese cronograma redujo en un primera etapa la alícuota al 30%. La siguiente etapa era para este año. Luego Macri perdió las elecciones y el Congreso aprobó por pedido del gobierno de Alberto Fernández la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva que suspendió la agenda. Martín Caranta, socio del estudio Lisicki, Litvin y Asociados, explicó a Ámbito, que la reducción de la alícuota beneficiará a las empresas que inicien balances a partir del 1 de enero en adelante. “El artículo 48 de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva quedó redactado de una manera muy intrincada. Quedó escrito de una manera poco feliz”, comentó Caranta. El analista señaló que “con la Ley 27.541 se dispuso para las sociedades que los ejercicios que inician a partir del 1 de enero de 2021 tendrán la alícuota del 25% en el Impuesto a las Ganancias” y recuerda que “la redacción es pésima, pero así lo reconocieron las autoridades”.
Cambios
Caranta precisó que el proyecto original que había mandado el ministro Martín Guzmán disponía suspender la reducción de la alícuota hasta los ejercicios que inicien el 31 de diciembre del 2020. Pero el Congreso lo modificó al disponer que entre en vigencia para los ejercicios fiscales que comienzan desde el 1 de enero de 2021. Dicho de otro modo, si una empresa inicia su ejercicio en diciembre de 2020 la alícuota del 2021 que deberá pagar seguirá siendo del 30%, pero si otra empresa comienza su ejercicio en enero de 2021, la alícuota que le corresponderá por ese año es del 25%. Aún así, Caranta consideró que es poco probable que la rebaja se mantenga. “Creo que esto lo van a cambiar”, señaló el asesor tributario. Ahora el Gobierno tiene pensado mandar al Congreso una nueva reforma fiscal que se supone que irá en el sentido inverso de lo que marcaba los cambios del gobierno de Mauricio Macri, y se estima que en ese marco, se podrían “corregir” este tipo de desfases. El mismo tratamiento tiene la alícuota del Impuesto a las Ganancias para las utilidades distribuidas por los socios de las empresas, cuya alícuota va subiendo del 7% al 13%. Desde el primer día del año próximo tendrá que pagar la alícuota más alta.

(AMBITO) Agro: liquidación de divisas de diciembre sería menor a u$s1.000 millones
De confirmarse las proyecciones, se traduciría en un acumulado anual por debajo de los u$s20.000 millones. Así, mostraría una caída interanual superior al 15%. La próxima semana se conocerá oficialmente la liquidación de divisas del agro durante 2020 y las noticias no son para nada positivas. Según las proyecciones a las que accedió Ámbito, diciembre cerraría con un ingreso de dólares menor a los u$s1.000 millones lo que se traduciría en un acumulado anual por debajo de los u$s20.000 millones, mostrando de esta manera una caída interanual superior al 15%. Según explican desde la agroindustria, la huelga en los puertos cerealeros de todo el país se convirtió en golpe de gracia para la liquidación de divisas de este 2020 que ya venía en franco retroceso. Desde hace más de 15 días no se cargan buques, demorando de esta manera el ingreso de dólares provenientes de la cosecha de trigo. Pero eso no es todo, ya que este año estuvo caracterizado por un denominador común: la comercialización de soja de la campaña 2019/20 se desarrolló por debajo de años anteriores. Incluso a la fecha quedan aún en los silos de los productores alrededor de 12,6 millones de toneladas sin venderse. Atento a esta situación el Gobierno dispuso en octubre pasado una rebaja temporal y escalonada de las retenciones a la soja. En octubre tributaron 30%, en noviembre 31,5% y en diciembre 32%, para finalmente en enero volver al 33%. Una medida que finalmente no logró el impacto esperado porque no aceleró el ingreso de dólares del campo y mucho menos tentó a los productores a vender soja de la campaña pasada. En aquel momento el Gobierno esperaba que el campo liquidará al menos u$s5.000 millones en el último tramo del año y la cifra total del trimestre habría anotado poco más de u$s3.400 millones. Al mismo tiempo, en octubre pasado también se restableció el diferencial, con baja de dos puntos en la alícuota exportadora, para los productores con mayor valor agregado del complejo sojero, es decir harina y subproductos. Justamente esa medida es que la que venía solicitando la industria aceitera que durante todo el año mantuvo una capacidad ociosa en torno al 50%. La primarización de las exportaciones del campo fue otra mala noticia con la que tuvo que convivir el Gobierno durante el 2020, ya que, durante la gestión de Mauricio Macri, ese diferencial había sido eliminado. En un contexto económicamente complejo a partir de la caída de la actividad producto de la pandemia de coronavirus, el normal ingreso de los dólares del campo, prácticamente el único sector que hoy otorga divisas genuinas a la Argentina. Por eso semanas atrás, en una resolución publicada en el Boletín Oficial dispuso que tanto empresas cerealeras como frigoríficos deben cumplir con los plazos establecidos para la liquidación de divisas, caso contrario serán dados de baja del Registro Único de Operadores d la Cadena Agroindustrial (RUCA). De esta manera, de la mano de un mayor control el Gobierno busca que se normalice el ingreso de dólares del campo. A su vez, la mirada también está puesta en los productores agropecuarios que a pesar de la baja de retenciones y la suba de los precios internacionales continúan reteniendo grano en los silos a la espera de una posible devaluación. A partir de este escenario, la semana pasada el Banco Nación dispuso suspender de manera temporal el otorgamiento de créditos a tasa subsidiada a los productores de soja y trigo. Lo cierto es que mucho antes y a partir de la Comunicación A 7140 la entidad había dispuesto que estos créditos pueden ser otorgados únicamente a productores que hayan vendido a la fecha de la solicitud el 95% de su cosecha de soja y trigo. En concreto el Banco Nación, busca dirigir la financiación a tasa subsidiada a aquellos productores que realmente lo necesitan. Finalmente, y de cara al próximo año, las proyecciones de ingreso de dólares del campo son más que alentadoras teniendo en cuenta las subas internacionales de los commodities, la economía local recibiría al menos u$s31.000 millones.

(AMBITO) Club de París: una nueva prórroga es la hipótesis de trabajo para el 2021
Recién a partir de abril o mayo la Argentina podría abrir negociaciones con el organismo europeo, en default desde junio pasado. En silencio, pero con atención extrema, el único sector del mundo financiero internacional donde el país se mantiene aún en default, mira con detenimiento la marcha de las negociaciones con el Fondo Monetario. Se trata del Club de París, con el que el organismo mantiene una situación de irregularidad desde junio de este año, y que espera con cada vez menos paciencia el desenlace de las negociaciones con la gente que dirige Kristalina Georgieva para comenzar a resolver la situación con la Argentina. Siguiendo los tiempos que se imponen con la velocidad de las discusiones con el FMI, recién desde abril o mayo el país estaría en condiciones de abrir las negociaciones con este otro organismo, con lo cual se corre el riesgo de caer en la necesidad de pedir una nueva prórroga para no liquidar vencimientos en tiempo y forma. Se extendería así el default a un plazo récord con el que se considera el organismo financiero internacional más prestigioso a nivel mundial. El problema es que la espera, manteniendo el default, hace que el riesgo-país se sostenga no menos de 200/ 300 puntos por arriba de lo que podría esperarse, y que cualquier crédito, tanto público como privado, se encarezca y se mantenga en dos dígitos. Así, mantener el saldo impago es una herida abierta para las posibilidades de obtener financiamiento de bancos europeos para las empresas de ese bloque, o argentinas, que quieran invertir en el país con fondos de ese origen. Más por los antecedentes de Argentina como incumplidor compulsivo para los cánones europeos. El default que se sostiene desde el viernes 5 de junio de 2020 es un caso inédito (por lo negativo) en la breve historia moderna del país con la entidad; y luego de haber dejado de pagar los compromisos en 2001 tras la declaración de default generalizado de Adolfo Rodríguez Saá del 22 de diciembre de ese año. Finalmente, y bajo la gestión del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, el país regularizó en mayo de 2014 la relación con la negociación de un nuevo y ambicioso plan de pagos. En aquellos días, Argentina soñaba con volver a los mercados internacionales, y buscaba una alternativa cerrando el default directo con este grupo de países. Sin embargo, en mayo de 2019 volvió a incumplir, ya con el Mauricio Macri en el poder, al no liquidar la totalidad de un vencimiento a la espera de mejores vientos financieros en 2019. Estos nunca llegaron, y finalmente el Gobierno de Alberto Fernández con Martín Guzmán como ministro de Economía oficializaron la situación el 5 de mayo de este año. Ese día Argentina el país directamente dejó vencer la anteúltima cuota; y, un mes después (pasados los 30 días hábiles reglamentarios) se oficializó el default. Se deberían haber girado unos u$s2.102 millones, correspondientes al pago final del acuerdo que había negociado Kicillof como ministro de Cristina de Kirchner, cerrando, en ese momento, el penúltimo foco de deuda impago que mantenía el país desde fines de 2001. Sólo restaba terminar con el juicio con los fondos buitre, que recién se cerró en abril de 2016 con Prat Gay como ministro. El organismo ya sabía desde febrero de este año que Argentina no cumpliría con el compromiso. El 5 de ese mes Guzmán declaró desde Roma, con el papa Francisco y la titular del FMI como testigos directos, que “la Argentina pagará tasas de interés del 9% de la deuda de 2020 a 2021 con el Club de París, y eso no sólo es insostenible, sino que también marca un anclaje muy importante para el resto de la reestructuración. Definitivamente, no es pari passu lo que estamos tratando de hacer; entendemos las complejidades del Club de París, pero si vamos a hacer las cosas bien, también necesitamos cooperación”. Guzmán se quejaba ese día abiertamente por las condiciones del acuerdo que había negociado Kicillof en mayo de 2014, cuando por una deuda de unos u$s9.700 millones, el Club de París le aplicaba una tasa de interés de 9% para el nuevo plan de pagos, un nivel considerado muy elevado contra el 4% de promedio para créditos de países emergentes en aquellos tiempos. Esa tasa de interés se aplicó en realidad desde mayo de 2019. Decidió en su momento Macri, con Nicolás Dujovne como ministro, no pagar aquel vencimiento, y ahorrar unos u$s1.900 millones, dinero clave para sostener el plan cambiario en momentos de corridas.

(INFOBAE) La emisión del BCRA para asistir al Tesoro supera los 2 billones de pesos en el añoLos giros efectuados en diciembre alcanzan los $255.000 millones para afrontar el déficit del cierre del 2020. El Banco Central afronta un diciembre muy activo, en el que está consiguiendo recomponer reservas internacionales, pero en el que también está emitiendo muchos pesos para cubrir los compromisos del Gobierno nacional. La entidad que preside Miguel Ángel Pesce lleva girados al Tesoro nacional unos $254.982 millones en lo que va del mes, lisa y llana emisión monetaria, con lo cual elevó a $2.014.702 millones ($2,01 billones) la asistencia financiera neta en el 2020. El BCRA giró pesos al Tesoro en concepto de Adelantos Transitorios ($407.720 millones en el año), que constituyen un préstamo a tasa cero, y Transferencia de Utilidades ($1.606.982 millones) por ganancias ficticias, producto de la devaluación del peso, que incrementa el valor de sus reservas internacionales. Para entender la magnitud de este monto, implica unos USD 24.000 millones al tipo de cambio mayorista presente ($83,63) o unos USD 28.000 millones a un tipo de cambio promedio del año (unos $70), es decir entre el 7 y el 8 por ciento del PBI. También es un monto equivalente al déficit fiscal observado este año, prácticamente financiado con esta emisión, debido a las restricciones al crédito y la recesión en el marco de la pandemia. Para evitar un impulso mayor sobre la inflación, el BCRA también activó este mes los mecanismos de absorción de esta “montaña” de pesos, es decir, la emisión de deuda propia, a través de los Pases Pasivos, que son colocaciones a un día efectuadas a bancos, con una tasa del 33% anual. Los Pases pasivos, junto con las Letras de Liquidez (Leliq, a 28 días y con una tasa del 38%), son los bonos de deuda que emite el BCRA para esterilizar la emisión.
Solo en diciembre, el BCRA giró al Tesoro unos $255.000 millones, el equivalente a un 10% de la Base Monetaria
El stock de Pases alcanzó el 22 de diciembre pasado un récord de $1.211.044 millones ($1,21 billón), mientras que el stock de Leliq sumaba unos $1.558.761 millones ($1,56 billón). Entre ambos títulos, el monto adeudado a bancos por el BCRA asciende a unos $2.769.805 millones ($2,77 billones), unos USD 33.227 millones al tipo de cambio oficial. Estos casi $2,8 billones de deuda “cuasi fiscal” superan holgadamente a la Base Monetaria (circulante, cheques cancelatorios y depósitos de bancos en cuentas del Central), por unos $2,4 billones, que es la cantidad de dinero con la que hoy funciona la economía. Por esta deuda, el Central deberá pagar en 2021 cerca de un billón de pesos por intereses (unos $400.000 millones por Pases y otros $600.000 millones por Leliq). Estos pesos no son ganancia directa para los bancos, pues las entidades remuneran con estos fondos las colocaciones a plazo fijo que toman de los ahorristas. En 2021 el BCRA deberá pagar un billón de pesos por la deuda emitida a través de Leliq y Pases
En un 2021 que tendrá elecciones legislativas en octubre, “existirá la tentación gubernamental de gastar más, sin reducir tanto el déficit, pero tendrá restricciones en el financiamiento. El alto riesgo país es un indicio claro de las dificultades para endeudarse, y también habrá limitación recurriendo a la emisión monetaria, debido a una posible aceleración inflacionaria”, indicó el economista Jorge Day, del IERAL de la Fundación Mediterránea. “Una duda en el plano local está en el control inflacionario. Los pronósticos apuntan a una inflación cercana al 50% anual, y es difícil pensar que no haya medidas para controlarla, aun siendo heterodoxas. Una posible acción sería moderar los aumentos en el dólar oficial, rezagándose con respecto a la inflación, imponiendo controles aun más severos sobre las importaciones y la cuenta capital del balance de pagos. Este tipo de política desalentaría las exportaciones”, agregó Jorge Day.

(INFOBAE) La deuda “invisible”: el Gobierno deja para 2021 pagos atrasados por casi $300.000 millonesSe trata de la llamada “deuda flotante”, que son obligaciones pendientes con proveedores, provincias y municipios. El déficit fiscal de este año terminaría en torno del 9% del PBI.
La ejecución del gasto público de este año, que experimentó un fuerte aumento por las medidas que tomó el Gobierno en el marco de la pandemia, dejará hacia fin de año una cuenta pendiente a pagar de unos $300.000 millones que el Estado nacional adeuda a proveedores, gobiernos provinciales o municipales y fondos fiduciarios, entre otros. Se trata de una deuda “invisible”, que no es tomada en cuenta en las estadísticas de deuda pública del Tesoro pero que los analistas suelen llamar “flotante”. Son cuentas que fueron devengadas (es decir, que existe la orden de pago por parte del Ejecutivo para saldarla) pero cuyo giro de fondos todavía no fue concretado. De acuerdo a datos de la Tesorería General de la Nación a los que Infobae tuvo acceso, hacia noviembre el Estado nacional contaba con una deuda exigible (flotante) de casi $270.000 millones. Por la aceleración del gasto público que se da cada diciembre por cuestiones estacionales (por ejemplo, para el pago de salarios), esos pasivos “invisibles” podrían superar los $300.000 millones cuando termine este año. Hacia noviembre el Estado nacional contaba con una deuda flotante de casi $270.000 millones, un 45% más que en octubre.
En términos generales, los procesos de gestión del gasto del Estado en cuestiones como contrataciones y compras públicas suelen incluir un plazo entre que se genera la obligación del pago y que efectivamente se giran los fondos. La deuda “flotante” refiere a ese paréntesis entre que una obligación de pago fue “confirmada” pero no cancelada. Puede incluir órdenes de pago vencidas o no.

Consecuencias de acumular deuda flotante
Según la OPC, la generación de deuda exigible puede derivar en problemas para la normalidad de los procesos de contrataciones y de compras públicas. Incluso es un problema que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento. “La acumulación excesiva de pagos atrasados genera consecuencias negativas para las operaciones del gobierno y para el funcionamiento de la economía. En primer lugar, aumenta los costos de provisión del gobierno, en la medida en que los proveedores y contratistas incrementan los precios de referencia que ofrecen al sector público con el fin de mitigar los riesgos y el costo de oportunidad de una eventual demora excesiva en el cobro”, explicó el organismo. “Adicionalmente, lleva al gobierno a obtener condiciones de contratación menos favorables, como fruto de las conductas defensivas de los proveedores para tratar de asegurarse el cobro, y puede desincentivar a proveedores competitivos de participar en concursos y licitaciones públicas”, continuó. El problema de la deuda flotante es algo que suele tomar en cuenta el Fondo Monetario Internacional a la hora de establecer programas de financiamiento.
“Las demoras en los pagos pueden repercutir sobre la liquidez de los proveedores y contratistas, afectar el resto de sus actividades y proyectos, generar presión sobre los mercados de crédito, en la medida que deban recurrir a financiamiento bancario, e incluso llevarlos a retrasar sus pagos de impuestos”, apuntó la OPC. Este tipo de deudas “invisibles” suelen ser tenidas en cuenta por el FMI. El último acuerdo stand-by firmado en 2018 por el Gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario incluyó metas de reducción de pasivos flotantes. “Por sus potenciales impactos sobre la ejecución y efectividad de la política fiscal y sobre la hoja de balance del sector público, el control y la regularización de pagos atrasados son aspectos habitualmente abordados en los programas respaldados por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La gran mayoría de los programas aprobados en las últimas décadas incluyeron metas estructurales o criterios cuantitativos asociados a pagos atrasados”, explicó la OPC.