Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Dólar, inflación y tasas: qué es lo que viene ahora
La preocupación excede el cálculo electoral: remite a la delgada pero inexorable línea que cruza transversal la cotidianeidad (y la lucha por la supervivencia) de millones de argentinos. Por eso es tan importante analizar qué es lo que espera el Gobierno que pase con la economía. Inflación. En una sola palabra se resume el principal desafío para que el oficialismo logre llegar en buena forma a las elecciones de octubre. Pero hay más: dólar, tasas, devaluación, tarifas, canasta básica. Por supuesto, la preocupación excede el cálculo electoral: remite a la delgada pero inexorable línea que cruza transversal la cotidianeidad (y la lucha por la supervivencia) de millones de argentinos. Por eso es tan importante analizar qué es lo que espera el Gobierno que pase con la economía. Al margen de las estrategias de control de precios, e incluso incorporando en la ecuación las intermitentes mesas de diálogo sectorial que cobija la bandera de “precios y salarios”, en las últimas semanas se ha sumado un nuevo actor, clave, en esa pelea desigual. El Banco Central ha dibujado una trayectoria para lo que queda del año que, en síntesis, buscará ralentizar el avance de los precios. La novedad es que, en gran medida, gran parte de la ejecución del BCRA quedará sujeta a resultados. Dicho en criollo, en la entidad esperan realmente que el plan funcione, que baje la inflación. Cuenta para ello con algunas herramientas que, evolución mediante, darán cuenta de estos esfuerzos, pero donde pueden mencionarse dos: dólar y tasa de interés. Ambas esferas -determinantes en términos financieros- ofrecen algunos matices, por ejemplo, de velocidad de ejecución. Una lectura superficial podrá asegurar que el Gobierno viene haciendo su mayor esfuerzo para dormir muchos desequilibrios que arrastra la economía, en algunos casos, desde hace varios años. El dato promisorio de las últimas horas es que, en los despachos oficiales, los números de recuperación económica dan por encima de las estimaciones presupuestarias, empardando el 7% del cual habla en privado el ministro Guzmán. Esto plantea un segundo escenario a analizar: por cada punto de crecimiento se estima un incremento de tres puntos en las importaciones. Ergo, a cada paso de reactivación, surge asociada una demanda (muchas veces no satisfecha) de dólares para pagar importaciones, que podría mitigar esa expansión de actividad. He ahí un punto a resolver que la gerencia del BCRA analiza. Como se dijo, la meta principal es bajar las pulsaciones del mercado cambiario, y que en esa especie de sueño eterno el BCRA surja como el ganador, es decir, el que pueda adquirir las divisas. Una mirada rápida, muestra un “pico” devaluatorio de 3,8% mensual en febrero pasado. De ahí, estiman probable que esa velocidad podría reducirse a la mitad a mediados de año, en torno a un 2% mensual. De mantenerse a ese ritmo, se llegaría con un dólar mayorista en $101 (julio) y $103 (agosto). Una rápida mirada, arroja que en la tierra del Rofex, el arranque del año descontaba una devaluación cercana al 60%, si bien ahora no llega al 45% y podría descender más. En los pasillos de la entidad que conduce Miguel Pesce aseguran que los próximos meses se seguirá de la misma manera: al margen de las cautelares, habrá una administración celosa de las divisas para el comercio exterior, bajo la premisa de que sólo habrá dólares para aquellos jugadores que efectivamente deban pagar una mercadería que ingresa en el país y algunas deudas que deban cancelarse. No hay dólares para pagar nada más. En este sentido, se entiende que podría haber algunos cambios, marginales, en el mecanismo que restringe el acceso al mercado de cambios. Estas modificaciones serán, entonces, reactivas a lo que proponga la circunstancia. A favor están los precios internacionales del agro, e incluso el ingreso de dólares para pagar el impuesto a la riqueza que en el BCRA monitorean de cerca. Por otro lado, sabido es que, en el mercado bursátil, para acortar la brecha cambiaria se instrumentó hace unos meses una operatoria con bonos (por ejemplo, el AL30): en esa operación el BCRA vende en el Contado con Liquidación (CCL) a $140 una parte de los dólares que compra en el mercado oficial a $95. Para que la ecuación fuese más contundente, se supone que producto de esta alquimia el BCRA debería poder acumular reservas netas. Sin embargo, esto no tiene lugar (por ahora) debido a que los dólares adquiridos en el mercado oficial no son suficientes para vender dólares en el CCL y, a la vez, cancelar deuda con organismos como el FMI. De todas formas, este escenario pareciera coadyuvar para que la inflación comience a descender. Las calculadoras oficiales estiman que en abril o mayo comenzaría a verse este fenómeno, si la reactivación no termina por calentar los precios del todo. Apuestan mucho a que eso tenga lugar. Para ello, se seguirá deslizando a menor velocidad el tipo de cambio oficial, lo que congela la brecha, permite a su vez, subir, muy poco, las tarifas e incentiva, indirectamente, a que los controles de precios puedan tener un mayor efecto, mitigando las expectativas inflacionarias (y las subas salariales). La nota al pie, es que el BCRA tiene en claro que tampoco puede dejar atrasada la cotización de la divisa, y que esperará “ventanas de oportunidad” para ir actualizando el número. En rigor, se esperará que frene la inflación para habilitar algún tipo de corrección alcista en la velocidad devaluatoria. Para el final, las tasas. Desde que asumió el Gobierno, el BCRA se dedicó a bajar las tasas de interés. En aquellos tiempos, con la Leliq en el 60% anual que fue bajando hasta un 38%. También la tasa de pases, que pasó del 50% anual al 12%. Al llegar la pandemia, se frenó el camino descendente y, en cambio, la entidad empezó a dar a luz un set de líneas de crédito a tasas preferenciales, al tiempo que puso topes a la tenencia de Leliq. En ese momento, la sumatoria de la emisión monetaria junto a las tasas de interés más bajas y el tope a la tenencia de Leliq, decantó en un recorte de la tasa de interés que pagan los plazos fijos, lo que terminó estirando la brecha cambiaria. Sin embargo, recálculo mediante, puso nuevos topes más altos a la tenencia de Leliq para los bancos (absorbió más pesos emitidos) mientras que también subió la de los pases a 32%. Con respecto a los plazos fijos, la idea es que ese instrumento permita desalentar la dolarización y “quedarse en pesos”. Para eso, no sólo puso un piso a la tasa de plazo fijo que pagan los bancos, sino que además, buscó -y busca- difundir las bondades del plazo fijo uva, que paga por encima de la inflación. Los plazos fijos uva tocaron un récord en febrero al traspasar el stock de los $100.000 millones, un salto de 141% desde septiembre pasado que muestra cómo la inflación y la ralentización en la velocidad de la devaluación es percibida como algo que va a durar todo el año. Es probale que así sea.

(AMBITO) Guzmán le presentó a Alberto su plan (a 10 años) para pagarle al FMI
Incluye dos aspectos clave para su aceptación. Primero, que el inicio de los pagos está previsto para 2026 y podría renegociarse. Y segundo, se aceptaría plan económico local, con el compromiso de llegar al equilibrio fiscal en tres ejercicios. Martín Guzmán le presentó a Alberto Fernández una propuesta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a 10 años con dos capítulos que podrían convertir a la eventual Carta de Intención con el organismo, como políticamente aceptables para todo el oficialismo. El primero es que los plazos para comenzar el pago de intereses y liquidaciones están previstos para 2026. Pero pueden ser renegociados y renovados, más allá de los 10 años del Facilidades Extendidas que se acuerde. Incluso podrían pagarse ese año y los sucesivos, unos u$s2.000 millones para ir reduciendo el capital de deuda. El segundo capítulo, es que el programa que se acordaría con el FMI no implicaría ajustes fiscales obligatorios y se aceptarían desde Washington las recetas económicas elaboradas internamente. El compromiso local es que en tres ejercicios el país llegará al equilibrio fiscal. El Presidente y su ministro de Economía estudiaron el sábado por la mañana en Olivos lo ocurrido en Washington durante toda la semana anterior y determinaron que la propuesta que Guzmán discutió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva y los responsables del caso argentino, Julie Kozac y Luis Cubeddu, es potencialmente positiva. El Jefe de Estado dio la orden de avanzar. Lo que incluirá una misión difícil para el ministro. Convencer al ala política del oficialismo, especialmente al kirchnerismo. Lo que el ministro trajo de Washington implica que los compromisos que se acuerden con el organismo financiero internacional a liquidar en el futuro podrán no ser ejecutados con reservas o el saldo de la balanza comercial sino con el propio refinanciamiento del FMI. Y para que esto ocurra, lo único que tendrá que hacer el país es cumplir las pautas que se negocien para cerrar el Facilidades Extendidas que se renegocia desde la semana pasada. Guzmán tiene un argumento clave. En esta oportunidad, el organismo que maneja Georgieva acepta visiones heterodoxas por primera vez en su historia. Al menos en la relación con el país. Guzmán asegura que el hecho que desde el FMI se haya reconocido, por ejemplo, que la inflación en el país es un “fenómeno multicausal” y no una cuestión meramente monetaria, es un logro histórico que debe reconocerse. Y que implicará que en el futuro las metas que se discutan no incluyan ajustes fiscales extremos del tipo “déficit cero” con emisión monetaria mínima sino que se aceptarían políticas expansivas del tipo keynesianas para buscar la salida de la crisis argentina. La explicación del ministro de Economía parece simple. De firmarse este año durante el segundo semestre un Facilidades Extendidas del tipo clásico (10 años con un plazo de 4,5 años para el inicio de los pagos); Argentina debería comenzar a liquidar sus compromisos en el primer semestre de 2026; y capital, en el segundo. Esto implicaría que el primer desembolso serio tendría que concretarse entre septiembre y diciembre de ese año. Teniendo en cuenta que la actual gestión de Alberto Fernández culmina en diciembre de 2023, será el próximo gobierno quién deba tener en cuenta estos pagos. Pero tres años después de haber asumido, y en un tiempo político diferente al que hoy transcurre en la gestión Alberto Fernández. Esto es, sin las expectativas de una elección legislativa de medio término y a un año de terminar la próxima presidencia. Según la visión de Guzmán, con tiempo suficiente para demostrarle al FMI que el plan que presentó la semana pasada en Washington da resultado y que con una visión heterodoxa de la economía es posible ordenar las cuentas primero y hacer crecer sólidamente la macro después. Las paulatinas misiones del FMI lo irían comprobando en las fiscalizaciones periódicas; las que se prometen más que discretas y sólo de observación. Lo más importante llegaría para comienzos de 2026. Llegado el momento de comenzar a pagar.

¿Cómo se harán las liquidaciones?. El equipo de Martín Guzmán confía que para 2025 Argentina ya haya salido de su crónica crisis fiscal y comercial, y generara la suficiente confianza ante el organismo para que el FMI refinancie el Facilidades Extendidas en plazos similares a los eventualmente firmados este año. Aquí se incluiría una novedad. Argentina podría liquidar cada año desde 2026 unos u$s2.000/3.000 millones de capital para ir reduciendo el monto adeudado, y coincidiendo con lo propuesto por el Instituto Patria. El capital terminaría de liquidarse en plazos de entre 15 y 20 años, el tiempo que tiene Máximo Kirchner en la cabeza. Bien comunicado, sería una manera de cumplir tanto con lo que busca Guzmán como con lo que reclama el Instituto Patria. Para este centro, la condición de aceptación es que dentro del acuerdo se indique que de cumplirse lo firmado, habrá una renegociación de los vencimientos de 2026. Se incluiría también un artículo que indique que si el FMI modifica su estatuto en cuanto a los tiempos y condiciones de los Facilidades Extendidas, en esa renegociación del 2025/2026 se incluyan también para el país. El kirchnerismo espera escuchar los argumentos del ministro para saber por qué desde el FMI no se discute el plan que desde el Patria se tiene pensado con el organismo: un acuerdo flexible, a más de 10 años, en el que Argentina no pague más de u$s2.000 millones anuales. Y donde, en lo posible, el FMI acepte públicamente ser el responsable de gran parte de la crisis actual del país; al firmar un stand by con Mauricio Macri que se sabía no se podría cumplir y que sólo se justificó en la intención de hacer una aporte importante para la reelección del entonces candidato oficialista. Guzmán se tiene fé. El ministro se encontrará con todos los interlocutores interesados, incluyendo Cristina Fernández de Kirchner, Máximo Kirchner (con quién ayer hubo un contacto en el Congreso con Sergio Massa como anfitrión) y todos los economistas y políticos de importancia del Instituto Patria o similar, para explicar su posición y estrategia; a sus ojos, más que sólida. El ministro se comprometerá ante el FMI a que en un plazo de dos o tres ejercicios fiscales (contando a partir de 2022), el país llegará a un equilibrio fiscal. Esta meta, sabe Guzmán, es inevitable para llegar a un Facilidades Extendidas. Lo novedoso de lo negociado por el ministro en Washington ante Kristalina Georgieva en persona es que esa meta se logrará en los términos macro que indique el país y no a las reglas clásicas del organismo. Esto incluye la nominación de la inflación como fenómeno multicausal, de la intención de un nivel de un superávit comercial importante y la condicionalidad de un crecimiento de la economía para cumplir los compromisos. Y sin reclamos del FMI de ajustes fiscales, laborales, monetarios o financieros. Según Guzmán, este cambio de posición del Fondo es histórico y debería valorarse desde el Patria como tal.

(AMBITO) Alerta en sector automotriz por el impacto del parate en Brasil
Fuerte rebrote de covid en el país vecino pone en jaque crecimiento del 67% previsto para 2021. Preocupan componentes y exportaciones. La segunda ola del coronavirus ya es una realidad en América del Sur. Lo que resta precisar son los impactos que tendrá a nivel sanitario y económico. Por lo pronto, el eje de la preocupación está puesto en Brasil por la situación que atraviesa el rebrote de la pandemia actualmente, la extensión de sus fronteras y la importancia de su producción en todas las cadenas de valor regionales. En este sentido, las terminales automotrices del país vecino decidieron frenar su actividad durante catorce días. Fabricantes locales advierten que el parate podría desacelerar el repunte del sector. La decisión no es caprichosa. La semana pasada Brasil batió tres tristes récords en simultáneo: superó los 100.000 casos de coronavirus en 24 horas, registró más de 3 mil muertes en un solo día y cruzó la línea de los 300 mil decesos acumulados. En ese marco, sindicatos y empresarios coordinaron el cese de actividades que se extenderá por dos semanas. Más allá de la preocupación sobre el impacto que esto pueda traer a la Argentina a nivel sanitario, tratándose de un país limítrofe, las consecuencias económicas ya comenzarán a sentirse. “Nuestra industria tiene cierta dependencia comercial de Brasil por la demanda ya que representa entre el 30% y el 40% de las exportaciones, pero también en la provisión”, advirtió a Ámbito Juan Cantarella, gerente general de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). En este momento la preocupación central pasa por la posibilidad de que la producción pueda frenarse por falta de componentes claves, como motores. Si bien la mayor parte de las empresas previendo la situación pudo aumentar el nivel de stock, Cantarella señala que “no se descarta algún rebote de faltantes, tanto de insumos como de autopartes”. Luego del fuerte impacto inicial del aislamiento social preventivo y obligatorio, la recuperación del sector viene siendo acelerada en los últimos meses. Según un informe de AFAC y de la Unión Industrial Argentina al inicio de 2021 el 39% de los autopartistas tuvo un incremento de la demanda interna. Por otro lado, la dinamización de la actividad junto con la puesta en marcha de actividades de servicios permitió que se reactive la cadena de pagos. De acuerdo al relevamiento citado se redujo la mora en impuestos, compromisos financieros y pago a proveedores. Además ninguna empresa del sector registró problemas para abonar los salarios, mientras que el promedio de dificultades para toda la industria fue del 4%. Con este escenario las firmas proyectan aumentar un 67% la producción durante el 2021. En rigor, actualmente las mayores tensiones están dadas por las dificultades de la oferta para cubrir la demanda. Un ejemplo claro es el de Toyota: “a veces les pido disculpas a nuestros clientes de Argentina porque tengo que cumplir con Uruguay. Priorizamos la exportación”, dijo en ese sentido Daniel Herrero presidente de la compañía. No obstante, la situación epidemiológica que atraviesa Brasil pone en jaque ese despegue de la industria nacional. La luz amarilla se enciende no solo por el cese de actividades sino también por la posibilidad de que su recuperación económica se vea afectada por la segunda ola de coronavirus. Esta situación se enmarca además en un complejo escenario de abastecimiento de commodities fundamentales para la producción industrial a nivel regional y global. Ya se registran faltantes y demoras en la entrega de acero, arena y plástico, entre otros.

(AMBITO) Panorama cambiario y monetario a doce meses del inicio del covid
Tras la gran expansión monetaria impulsada para financiar al Gobierno en la gestión de la pandemia, el BCRA esterilizó gran parte vía la colocación de Leliq a los bancos y a través de Pases Pasivos. Se cumplió el primer aniversario de la pandemia y el mundo, aún con vacunas, se prepara para el segundo tiempo. En este ínterin, el BCRA, haciendo malabares monetarios y cambiarios logró contener gran parte de la expansión monetaria vinculada a la fenomenal asistencia financiera al Tesoro. Así la base monetaria mostró al cabo del primer año del coronavirus un aumento cercano a los $535.000 millones (a $2,455 billones) lo que representa un crecimiento interanual de solo un 21%. Un guarismo bien alejado de las expectativas inflacionarias del sector privado que rondan entre 40 y 50% para este año. Pero claro la fuerte emisión, para el Tesoro, se fue escurriendo por todos los rincones dando lugar a un salto de las cotizaciones de los “dólares” informales y a una aceleración inflacionaria. A lo largo del primer año de la “pandemia & cuarentena” la expansión monetaria se explica por dos factores: la asistencia al Tesoro y el pago de intereses. Por el primer canal se emitieron $1,903 billones ($0,296 billones en Adelantos Transitorios y $1,607 billones de Utilidades transferidas). Mientras que por el segundo factor, el pago de intereses de la deuda remunerada del BCRA, la expansión superó los $815.000 millones. De modo que entre los tres mosqueteros expansivos, la emisión de base sumó $2,718 billones. Es decir, que en el primer año del covid-19 estos tres factores explican una emisión equivalente a más de una base monetaria (un 111% de la actual y 134% de la de un año atrás). ¿Cómo contrarrestó esta descomunal expansión el BCRA? Lo hizo básicamente esterilizando vía la colocación de Letras de Liquidez (Leliq) a los bancos y a través de Pases Pasivos (colocaciones de los bancos en el BCRA a 1 y a 7 días de plazo). Por medio de las Leliq absorbió casi $372.000 millones mientras que vía Pases fueron más de $1,216 billones. O sea, en total, por Leliq y Pases aspiró $1,588 billones. El otro canal que usó el BCRA para contraer la expansión de la base fueron las ventas netas de reservas al sector privado y al Tesoro que significaron una contracción de más de $374.000 millones (casi $156.000 millones con privados y más de $218.000 millones con el Tesoro). En este período, el Tesoro colaboró con una contracción de la base de casi $78.000 millones mientras que por Otras operaciones del BCRA (intervenciones en mercado de bonos y de divisas) se aspiraron otros $143.000 millones. De esta manera, el BCRA logró recoger la mayor parte de la expansión monetaria el período. Claro que, como algunos sospecharán a esta altura, esta estrategia tiene sus claroscuros. El más llamativo es el impacto, de todo lo ocurrido, sobre la deuda remunerada del BCRA. Cuando se lanzó la cuarentena y comenzaba oficialmente la crisis sanitaria el stock de deuda remunerada era inferior a los $1,453 billones (el 99% eran Leliq). Un año después, el stock trepó a más de $3,130 billones, o sea, un 115% de incremento. Pero ahora las Leliq son el 61% del total porque lo que más creció fueron los Pases, que hoy suman $1,218 billones, mientras que las Leliq son $1,913 billones. De modo que entre ambos instrumentos la deuda aumentó en $1,678 billones. Vale señalar que las Leliq rinden una tasa del 38% anual mientras que los Pases a un día un 32% y a 7 días un 36,5%. Es decir, que la deuda ahora es más volátil al estar casi mitad y mitad entre Pases y Leliq. Con relación a las reservas brutas del BCRA, en este primer año hubo una pérdida de u$s4.312 millones (a u$S39.728 millones). Esto se explica por la venta neta de u$s2.575 millones, el pago a Organismo Internacionales por u$s2.382 millones y otros pagos del Sector público por u$s369 millones. Esto fue compensado por el incremento vía encajes de los argendólares por u$s867 millones más otros u$s147 millones de otras operaciones del BCRA.

(CRONISTA) El salario real volverá a caer este año, según proyecciones privadas
Pese a la promesa oficial de que los salarios le ganarán a la inflación este año, las proyecciones privadas comienzan a estimar una caída de hasta el 2% también para 2021. «El crecimiento que esperamos para el segundo semestre no compensará la caída previa y, por lo tanto, 2021 será el cuarto año consecutivo de reducción del poder de compra del salario», planteó un informe de la consultora Ecolatina, que destacó que los ingresos en términos reales no crecen desde hace 35 meses. Pese al plan oficial para generar un alivio en los bolsillos de quienes pagan Ganancias, los economistas advierten que no habría cambios «hasta, por lo menos, junio de este año», en base a su Indicador de Ingreso Disponible. El escenario que analizan marca «un comienzo de año muy negativo (comparando contra el último período pre pandemia) que a partir de abril mostrará un crecimiento interanual sostenido, que recién se desaceleraría durante el último trimestre del año». Pero habrá «dinámicas heterogéneas»: las jubilaciones podrían retroceder más del 5% mientras que el salario real del sector privado le empataría a la inflación. La recuperación del empleo sería del 7%, motorizada por los puestos de trabajo no registrados y cuentapropistas.

(CRONISTA) Alberto y Guzmán cierran filas con el kirchnerismo por el acuerdo con el FMI
El Presidente descartó «contradicciones» con CFK y el ministro se reunió con Máximo en el Congreso. La estrategia de presión por plazos de gracia, de pago y tasas por obtener «ventajas» en el nuevo programa.
El Gobierno apunta a mostrar que no hay fisuras internas de cara a la negociación con el Fondo Monetario Internacional por la presión del kirchnerismo de estirar los plazos para un acuerdo, algo que el organismo descartó al aclarar que las reglas son iguales para todos los países. El presidente Alberto Fernández cerró filas con la vicepresidenta Cristina Fernández: «No existe una contradicción. Hay un deseo muy claro de dividirnos y hacernos aparecer en posiciones contrapuestas». También el ministro de Economía, Martín Guzmán, a su regreso de Washington DC, donde cosechó definiciones técnicas para un negociar programa con el FMI, se reunió con el diputado nacional Máximo Kirchner en el Congreso durante la sesión por Ganancias. Kirchner promueve un acuerdo con la oposición para extender los plazos de pago del acuerdo hasta 20 años. Guzmán anticipó -incluso antes de la negativa del FMI- que eso requiere modificar estatutos. El único pedido formal que hizo el ministro ante el G-20 fue por la baja de tasas para los acuerdos excepcionales como el Stand-By de Argentina. Según Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, un acuerdo entre «presidenciables» es «razonable». Sobre ese tema hablaron con Guzmán durante la visita al Congreso el sábado por la noche, aseguró Massa en el programa Hagan Algo de C5N. «La deuda que heredamos es impagable y lo que estamos viendo es cómo negociar con el Fondo para obtener las mayores ventajas. En eso Martín (Guzmán) está trabajando mucho y muy bien», dijo el mandatario en radio Del Plata. El viaje del ministro no dejó definiciones de los tiempos para un acuerdo ni los plazos. Fernández hizo hincapié en que Argentina debe pagar al FMI u$s 3500 millones este año, u$s 18.000 millones en 2022 y u$s 19.000 millones en 2023. «¿Qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18000 millones el año que viene? Ninguna. Ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3500 millones este año, más otros 2500 millones al Club de París», advirtió. Para eso Guzmán negocia un plazo de gracia que podría rondar los tres o cuatro años. Eso es distinto a llevar el programa a una duración de 20 años como propone el kirchnerismo bajo la idea de que «el FMI incumplió su estatuto porque financió con el programa la salida de capitales», algo que está prohibido según las normas del organismo. El razonamiento indica que «si violaron sus reglas una vez, pueden hacer una concesión» y extender el programa. Otro de los frentes que abrió el Gobierno fue la presentación de una denuncia penal contra los funcionarios del Macrismo por los u$s 44.500 millones que otorgó el FMI y apuntó a la responsabilidad del organismo, elementos de presión para «obtener las mayores ventajas». «El tema no es no pagar sino que podamos obtener un acuerdo que nos permita sostener el plan económico que tenemos, de desarrollo y crecimiento y sin olvidar a ese 40% de la población que está por debajo de la pobreza», aclaró Fernández el fin de semana en declaraciones a C5N.

(CRONISTA) Semana clave para las tarifas de luz: empiezan a definir los aumentos para Edenor y Edesur
Entre este lunes y martes se realizan las audiencias públicas de la energía eléctrica. La suba sería de entre 7% y 15% final, lejos de lo que piden las empresas. La provincia de Buenos Aires fijó un 7%.
Esta semana se empezarán a definir las tarifas de la energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde operan las distribuidoras Edenor y Edesur. El Gobierno habilitará como máximo un aumento de hasta 15% final en las facturas que les llegan a los usuarios residenciales, aunque también se analizan cifras como un 9% o incluso un 7%, como el porcentaje que autorizó el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, para las empresas del interior de la provincia, que forman parte del grupo Desarrolladora Energética (DESA): Edelap, Eden, Edes y Edea. La audiencia pública para las distribuidoras controladas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), las únicas que dependen de la Nación -el resto, por los gobernadores de cada provincia-, será este martes 30 desde las 8, en formato digital. Restan cuestiones formales para la decisión oficial, y la audiencia pública, si bien no es vinculante, es una de ellas. La definición llegará hacia mediados o fines de abril y quedará por ver si el incremento es retroactivo hacia el 1 de abril o empezará a regir desde el 1 de mayo. El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, y la interventora del ENRE, María Soledad Manin, ya anticiparon que la suba de las tarifas será sensiblemente menor que el alza de los salarios, lo que permitirá mejorar los ingresos reales de las familias. «No habrá ajuste», señalan. Es por eso que pese a que se pondrá a discusión las propuestas de las empresas, está descartada de plano una suba de 31% a 45% promedio que Edenor y Edesur dicen que pidieron, aunque el Gobierno remarcó que con todos los ingresos solicitados, los aumentos requeridos son de entre 81% y 157%. El déficit operativo de las distribuidoras será cubierto con fondos del Tesoro. Y la mayor parte de los subsidios trepará por el congelamiento del precio mayorista de la energía, que tiene una porción (el 40%) formada por contratos dolarizados. Así, quedó enterrado el plan del ministro de Economía, Martín Guzmán, de incrementar en un 30% las boletas para que los subsidios no ganen peso en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Estas transferencias superarían el 2% en 2021 -sumadas a las del transporte, más de la mitad del déficit primario proyectado por Presupuesto en 4,5% e incluso más relevantes si el desequilibrio fuera cercano al 3%, como intuyen algunos en el Frente de Todos-, aunque aún lejos del 3,5% que llegaron a representar en 2014. La transición tarifaria se extenderá por dos años, hasta principios de 2023, y la segmentación quedará para más adelante. La semana pasada, Manin reveló que habrá subas semestrales atadas a la evolución de los costos de las compañías y las inversiones realizadas para mejorar el servicio. En tanto, la segmentación por poder adquisitivo de los usuarios quedará para otra etapa, probablemente para después de las elecciones legislativas de octubre. Ante el congelamiento de las tarifas durante casi dos años, las distribuidoras de todo el país optaron por financiarse con el endeudamiento con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), por un total acumulado de $ 155.000 millones. La Secretaría de Energía ya estudia cómo implementar planes de pago para ir saldando esas cuentas. Por otro lado, este lunes habrá otras cuatro audiencias públicas para el transporte eléctrico. Desde las 8, será el turno de la transportista nacional, Transener (controlada por Pampa Energía, en sociedad con la estatal IEASA, ex Enarsa) y a partir de las 14, de firmas regionales como Trasnoa, Transnea, Transpa, Transba y Distrocuyo.

(INFOBAE) El Gobierno ajusta los controles de precios para evitar “maniobras abusivas” en operaciones de comercio exterior La Aduana estableció “valores criterio” para la importación de radiadores para calefacción y estudia extenderlo a otros productos. Buscan evitar que los importadores paguen menos aranceles o que sobrefacturen compras para hacerse de más divisas a precio oficial. El Gobierno ajusta los controles de precios de referencia de las operaciones de comercio exterior para evitar que haya subfacturación de exportaciones o sobrefacturación de importaciones, en un contexto de limitaciones al uso de divisas a precio oficial y de reservas escasas. Según comunicó la AFIP, la Dirección General de Aduanas (DGA) estableció “valores criterio” para la importación de radiadores para calefacción central. “Los valores criterio constituyen una herramienta que permite detectar maniobras abusivas en el comercio exterior como la subfacturación o sobrefacturación en las importaciones”, explicaron desde el organismo tributario. En rigor, la Resolución General 4952, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial, definió los “valores criterio” para la importación de radiadores para calefacción central de calentamiento no eléctrico y para los que son bimetálicos con superficie exterior de aluminio y núcleo de acero. Durante el mandato de Mauricio Macri la cantidad de precios criterio se redujeron un 20% y llegó a los 19.400 que rigen actualmente.
Los valores criterio para los radiadores para calefacción central fueron definidos para la importación proveniente de China, Japón, Corea del Sur, Filipinas, Taiwán, India, Indonesia, Malasia, Pakistán, Singapur, Tailandia, Vietnam, Hong Kong, Irán, Rumania, Turquía, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Italia, Holanda, Portugal y Alemania. Según explicaron a Infobae fuentes de Aduana, los “valores criterio” son una herramienta habitual de control de operaciones de comercio exterior. En los últimos años, durante el mandato de Mauricio Macri la cantidad de precios criterio se redujeron un 20% y llegó a los 19.400 que rigen actualmente. “De a poco se están reestableciendo y se está trabajando para incluir nuevos productos”, anticiparon. En el caso de las importaciones, las maniobras que intenta evitar AFIP son tanto la subfacturación como la sobrefacturación. Para el primer caso, se trataría de empresas que buscan pagar menos aranceles. Para el segundo, hacerse de más dólares autorizados a precio oficial del que necesitan realmente para realizar la compra al exterior. Los “valores criterio” se suman a los “valores de referencia” para distintos productos fijados por la Aduana, que apuntan específicamente para las exportaciones. “Estos constituyen un primer instrumento de control para identificar maniobras abusivas en el comercio exterior que permiten a la Aduana detectar irregularidades”, continuaron en AFIP. “En 2020, las investigaciones de la DGA permitieron identificar y denunciar más de 2.800 maniobras abusivas en operaciones de comercio exterior. Las irregularidades detectadas superan los 330 millones de dólares en concepto de sobrefacturación y subfacturación de importaciones, y en subfacturación de exportaciones”, comentaron. Los productos involucrados incluyen materias primas, vehículos y motocicletas, entre otros. Para las importaciones, las maniobras que intenta evitar AFIP son tanto la subfacturación (empresas que buscan pagar menos aranceles) como la sobrefacturación (hacerse de más dólares autorizados a precio oficial). La detección de alguna maniobra de este tipo no implica necesariamente, aseguraron, la configuración de un delito. “Estas son herramientas de control con precios testigos para verificar que la facturación esté en linea con ese valor de criterio. Si hay diferencias, se abre una investigación que puede derivar en una multa o denuncias, pero no es un delito per se”, explicaron. Recientemente, Aduana había establecido precios de referencia para la exportación de cortes de carne vacuna. La medida, en ese momento, coincidió con la puesta en marcha del acuerdo que alcanzó el gobierno con las cámaras de frigoríficos, carnicerías y supermercados para ofrecer en góndolas ocho cortes a “precios populares”. Los precios de referencia para cortes de carne comprenden diez cortes, todos con peso inferior a 5 kilos. Los países de destino de las exportaciones de carne vacuna para los que se establecieron los precios de referencia son China, Japón, Hong Kong, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas y Taiwán.

(INFOBAE) Bancos en la post-pandemia: los salvavidas para los deudores quedaron atrás y hay temor por la morosidadUna a una, el Banco Central desactivó las principales decisiones que había tomado en el comienzo de la crisis sanitaria. Hay solidez en las entidades, pero aún no se recuperaron las finanzas en empresas y familias
En el caótico comienzo de la pandemia y sus restricciones para la economía, el Banco Central disparó una serie de medidas para sostener al sistema financiero, la cadena de pagos y, sobre todo, a millones de empresas y familias con incertidumbre sobre sus ingresos. Un año después, las entidaes y sus clientes comienzan a enfrentarse a la post-pandemia: muchos de esos paliativos han cumplido su ciclo y fueron desactivados. Ahora, la incertidumbre cambió de lado: los bancos comenzarán a enterarse quiénes pueden devolver sus préstamos y quiénes estarán en dificultades. El último jueves, el BCRA informó que no renovará la principal de esas medidas: la posibilidad de postergar las cuotas de los préstamos y cancelarlas recién al final del último pago. Quienes no pagaban las cuotas de su crédito hipotecario, prendario o personal desde marzo de 2020, deberán reanudar sus pagos en junio. El Central dispuso 60 días de transición, en el que los bancos podrán renegociar las condiciones del crédito con sus clientes sin que éstos sean considerados morosos. A partir de junio, quienes no paguen sus cuotas entrarán en mora y sufrirán penalidades. “El final de esta medida va a transparentar cuál es el verdadero nivel de irregularidad que tenemos”, señalaron a Infobae en un banco de primera línea. Explicaron que en el último año la mora estuvo contenida; de hecho, entre marzo y diciembre de 2020, la irregularidad total del sistema cayó del 5,3% al 3,9 por ciento. A partir de junio, quienes no paguen las cuotas de los créditos bancarios entrarán en la categoría de mora y sufrirán penalidades
La principal razón para esa baja fue justamente la postergación del plazo para pagar las cuotas, que caduca el próximo miércoles. Pero en las últimas semanas, el Banco Central desarmó otros “salvavidas” que había lanzado en el comienzo de la pandemia para proteger a los endeudados ante la emergencia. En el comienzo de la pandemia, el BCRA congeló las comisiones que los bancos cobran a sus clientes por diversos servicios; sobre el final de 2020, autorizó aumentos que empezaron a operar en febrero. También había dispuesto la gratuidad del uso de todos los cajeros automáticos: en el último año, todos los clientes pudieron retirar hasta $15.000 diarios de cualquier máquina, sin importar la entidad ni la red. Esa gratuidad finaliza en marzo; desde abril, quien use un cajero de otra institución o de otra red, deberá pagar. Otra medida de contención fue la extensión del plazo para cobrar los cheques, prevista para sostener la cadena de pagos en momentos de persianas bajas para el comercio y las empresas. El plazo para cobrar un cheque se llevó a 60 días en lugar de los 30 habituales. Esa medida finalizó el 31 de diciembre. También corrió la misma suerte la prohibición de cerrar cuentas corrientes, que en 2020 salvó a muchos que no pudieron cubrir sus cheques a tiempo. También finalizó otro beneficio: junto con la postergación del pago de cuotas, el BCRA había incrementado en 60 días los plazos de mora admitida para los deudores en la situación 1 (atraso en el pago menor a 31 días pasado el vencimiento), situación 2 (atraso entre 31 y 90 días) y situación 3 (atraso entre 91 y 180 días). De esa forma, quien estaba pagando un crédito tenía un margen de 60 días mayor al habitual antes de ser cambiado de categoría. A partir de junio, la clasificación de los deudores volverá a ser la de antes. El Banco Central desarmó otros “salvavidas” que había lanzado en el comienzo de la pandemia para proteger a los endeudados y que erosionaban la rentabilidad de los bancos
Podría sumarse a la lista el mecanismo para que los deudores en créditos UVA normalicen sus pagos, una tarea que por el impacto político que conlleva no quedó en manos del BCRA sino del Gobierno. También los cambios en el programa Ahora 12, que si bien no se anunció oficialmente, a partir de abril tendrá una modificación que beneficiará en lo financiero a los bancos: se eliminará el plazo de gracia de 90 días antes de pagar la primera cuota. Todas estas medidas desactivadas por el BCRA estaban justificadas en la emergencia, que fue cediendo en forma paulatina a medida que la reducción de los contagios del covid-19 permitió que la actividad económica tendiera a cierta normalización. Y muchas de ellas, por supuesto, habían erosionado la rentabilidad de los bancos que, según alegan en el sector financiero, nunca es tan alta como parece. Con la inflación creciente, estimada en 45% para este año, y las tasas reguladas, los márgenes son pequeños. “Los plazos fijos al 37%, los pases al 37%, las Leliq al 38% y los plazos fijos en UVA atados a la inflación y, encima, nos cargaron con Ingresos Brutos en la Ciudad: todo reduce todavía más la rentabilidad”, explican en otra entidad. En junio, una vez pasados los 60 días de transición, los deudores bancarios deberán empezar a cancelar sus cuotas con las condiciones de siempre, sin ayudas ni salvavidas, en un contexto económico de una reactivación todavía débil y desordenada. Muchas actividades económicas aún no salieron de la emergencia. Los bancos no están entre ellas.

(BAE) Anticipan escenario de precios firmes para la hacienda bovina
Los valores de las categorías de consumo en el Mercado de Liniers treparon a valores récord en los últimos días y llegaron al techo de los 200 pesos. En este contexto, el consumo promedio por habitante es de 45 kilos. La cadena de ganados y carnes enfrenta un escenario complejo, que combina una reducción en la oferta de hacienda y una demanda sostenida tanto a nivel internacional como doméstico, que se reflejará en una firmeza sostenida en el precio de los bovinos, según estimó el analista ganadero Ignacio Iriarte. En el marco de una jornada ganadera organizada por la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra) el especialista tomó como punto de partida los precios de los bovinos en los últimos cuatro años, para examinar la actualidad del negocio. Iriarte aportó un dato llamativo, en medio de distintos análisis que muestran a un consumidor que no puede convalidar más aumentos en los mostradores. En este sentido, consideró que el mercado doméstico se resiste a bajar de los 45 kilos que promedió el abastecimiento en el primer bimestre del año. El analista explicó que ante una caída de 10% en la oferta, cuando se pasó de 50 kilos anuales promedio por habitante en 2020 a 45 kilos en febrero de este año, los precios aumentaron un 80%. “Hay una clara resistencia a consumir menos carne”, indicó. Los precios de la hacienda en el Mercado de Liniers siguen en alza, pero el sector abastecedor y las carnicerías absorben –por el momento- estos incrementos para no trasladar estas subas al mostrador. Los precios en Liniers son seguidos de cerca por todo el sector, por su impacto en el resto de los eslabones del negocio. La semana pasada, por lotes puntuales de consumo se llegó al techo de los 200 pesos el kilo vivo, tanto en novillitos como vaquillonas. Ante el faltante de hacienda, cuando en las pasarelas del mercado concentrador se encuentran animales de buena terminación, los compradores pagan más por la calidad. En el plano internacional, remarcó que la demanda también sigue firme, con un mercado europeo muy volátil y China que empieza a pagar más por la carne. En este punto, se sienten los efectos del rebrote de peste porcina africana, que obliga al gigante asiático a redoblar sus esfuerzos para proveerse de proteína animal. “La alta demanda asiática choca contra problemas de abastecimiento de los países proveedores de ese mercado como Australia, Brasil, Argentina y Uruguay”, advirtió.

(BAE) El campo asegura dólares de la cosecha, aun con menor producción
El rally alcista de los granos en Chicago permitirá sostener el ingreso de divisas del complejo agroexportador, pese al recorte en las estimaciones de cosecha en soja, maíz y trigo. En el caso de la oleaginosa, su precio aumentó 51% en un año. El buen ritmo de precios internacionales de los granos permitirá asegurar el ingreso de dólares, aún pese a la caída en los volúmenes de cosecha de la actual campaña, según estimó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El ritmo de comercialización de la soja se encuentra por debajo de la campaña anterior, y por encima del promedio de los últimos cinco años. Por el lado del trigo, las ventas al exterior también registrarán una caída en el volumen de envíos, con un cereal que sufrió el castigo del clima al momento de la cosecha, pero sin resentir la facturación. El avance de las operaciones comerciales en maíz exhibe niveles similares al año pasado, en donde se destacan las ventas de grano. En este escenario, hay dos datos a tener en cuenta. Por un lado, tanto para los cultivos de gruesa como para trigo, la mejora en los precios internacionales permitirá recomponer el valor de las exportaciones del sector, con cotizaciones que en el caso de soja aumentaron un 51% en el último año, de acuerdo a Matba-Rofex. Los precios del mercado disponible también acompañan esta tendencia y la semana pasada, la oleaginosa en la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario cerró en 330 dólares por tonelada. Este valor es el más elevado de los últimos ocho años. El segundo aspecto es que a mediados de 2019, con el contundente triunfo del entonces candidato Alberto Fernández en las PASO, el campo y los exportadores adelantaron ventas, por temor a modificaciones en el esquema de derechos de exportación.El clima jugó su partido durante el actual ciclo granario y las expectativas de producción de los principales cultivos sufrieron recortes. En soja, la falta de agua se hizo sentir y se espera una cosecha de 45 millones de toneladas, con estimaciones que al inicio de campaña rondaban las 50 millones de toneladas. De esta cifra, la entidad bursátil calculó que se llevan comercializadas unas 12,4 millones de toneladas, un 28% menos en comparación al ciclo 2019/20, pero superior al promedio de los últimos cinco años, con un 56% de las operaciones con precios sin fijar. Al momento de estimar el ingreso de divisas para el complejo sojero, la suba en las pizarras de Chicago, permitirá compensar la menor producción. Los mayores ingresos vendrán, de acuerdo a estimaciones privadas, por el lado de harina y aceite de soja. En trigo, la situación es similar. La BCR proyectó que los envíos del cereal para la presente campaña serán de 10 millones de toneladas, que representa una caída de 16% en relación al ciclo anterior. Un repaso por los números permite visualizar que con menos volumen, el ingreso de dólares será similar al del año pasado. En el caso del trigo 2019/20, se exportaron 12 millones de toneladas, por un total de 2.470 millones de dólares, mientras que por las 10 millones de toneladas que se venderán de la cosecha 2020/21 ingresarán –a valores actuales- 2.383 millones de dólares. En el caso del maíz, con una producción estimada en 48,5 millones de toneladas, hasta el momento se registran Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por 19,6 millones de toneladas, un 40% del total proyectado. De este total, un 77% se encuentra con precio firme y el 23% restante se encuentra sin fijar valor y si bien las DJVE de marzo aminoraron su marcha en relación al mismo mes del año pasado, el total acumulado hasta el 25 de marzo supera el registro de marzo 2019. De acuerdo a estimaciones privadas y con una soja a valores actuales, las previsiones indican que el complejo agropexportador argentino aumentará en un 8% el ingreso de divisas este año, en relación al año pasado.
El caso del maíz
El consultor en agronegocios Pablo Adreani dejó algunos conceptos que permiten dimensionar esta situación de menor producción y mayores precios. En declaraciones televisivas, el especialista remarcó que con el actual nivel de cotizaciones, aún con caída de rindes no habrá problemas de rentabilidad. “Hablé con productores que este año sacarán 9.000 kilos por hectárea de maíz, que el año pasado cosecharon 12.000 kilos y ganarán más dinero hoy”, reconoció. En Chicago, el cereal cerró una semana alcista, a 217,5 dólares la tonelada para la posición Mayo 2021, mientras que en Rosario por tonelada se pagaron 18.300 pesos. Entre los motivos que explican este buen momento del cereal, el consultor destacó el interés chino, que aumentó de manera considerable sus importaciones. “China empezó a comprar temprano, a 100 dólares por debajo de los precios actuales, ahora están muy bien posicionados”, remarcó.