(Infobae) Los grandes bonistas se preparan para demandar al Gobierno en EEUU si fracasa el acuerdo por la deuda. Los estudios jurídicos que representan a BlackRock y Monarch, entre otros fondos, comenzaron a trabajar para presentarse en los tribunales de Manhattan al considerar que, con la oferta que presentó, el Estado ha repudiado los contratos que firmó en el pasado. Los fondos de inversión BlackRock y Monarch, entre otros, preparan sendas demandas contra la Argentina en los Estados Unidos por si fracasan las negociaciones con el Gobierno para renegociar la deuda del país. Mientras esperan con pocas expectativas si mejora el diálogo con el Ministerio de Economía, ambas firmas ya preparan sus respectivos escritos para ser presentados en los tribunales de Nueva York. Tres fuentes relacionadas al tema confirmaron a Infobae esta estrategia, ya que consideran que el Gobierno no exhibe voluntad para acercar posiciones. “La mayoría de los fondos están pensando en un juicio, aunque sigan escuchando al ministro. De todos modos, no todos los fondos se prestarán a este falso diálogo o, si lo hacen, pondrán en las videconferencias a ejecutivos de segunda o tercera línea”, expresó, con enojo, una de las fuentes. En este sentido, creen que los contactos por videoconferencia que comenzó ayer el ministro Martín Guzmán y su equipo, “no tienen demasiado sentido”. En los encuentros virtuales, el funcionario no expresa, hasta ahora, actitud para alejarse ni un ápice de los términos que el Gobierno exhibió la semana pasada para renegociar unos USD 67.000 millones. Observadores indicaron que los acreedores se equivocan si pretenden discutir el marco macroeconómico que plantea el ministro en esos diálogos y que deberían limitarse a discutir las ventajas y desventajas de los instrumentos financieros que forman parte de la propuesta oficial. Curiosamente, las fuentes del sector privado destacan que la negociación con la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof fluye mucho mejor y confían en llegar a un término medio, entre los 45 dólares de valor presente que le adjudican a la oferta bonaerense y los 52 que pretenden obtener. “Es increíble que Kicillof esté mostrando más flexibilidad que Guzmán”, expresó un ejecutivo que tuvo que lidiar con el ahora gobernador cuando se desempeñó como ministro de Economía y llevó a la Argentina a otro default en 2014. Si bien el prospecto presentado ante la comisión de valores en Estados Unidos habilita a Guzmán y a su equipo a reformular algunos de los términos de la oferta sin abandonar los “principios sustentabilidad” que la guían, el Gobierno parece dispuesto a ir hacia el default. Guzmán cree que cuenta con el aval del Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque varios miembros de los países del G7 en el directorio ya dejaron en claro que no avalarán esta jugada. Los inversores están aturdidos por la falta de respuesta de Guzmán y señalan al representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, ex secretario de Finanzas, como el estratega de esta intransigencia. El razonamiento del Gobierno es que los grandes fondos tendrán que aceptar esta oferta porque, de lo contrario, en unos meses deberían tomar una peor. En cambio, los fondos comenzaron a preparar una contraoferta y, en paralelo, esperan el momento adecuado para tocar la puerta de los tribunales de Nueva York. Posiblemente la contrapropuesta no llegue a ver la luz si notan que el Gobierno no se mueve de su rincón. Y, a diferencia de las demandas que siguieron al default del 2001, se trata de fondos de inversión tradicionales, no los denominados “fondos buitre” que, todavía, no entraron en el juego. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos preliminares de estas presentaciones?: los abogados entienden que los términos de la oferta presentada por la Argentina representan un “repudio” a la deuda que está en manos de sus clientes, ya que dejarán de pagarse los bonos viejos. Es una idea similar a la que se utilizó en los juicios que culminaron en 2016, cuando el gobierno del presidente Mauricio Macri salió del default. En particular, saben que los tenedores de los bonos surgidos de los canjes 2005 y 2010 tienen más herramientas para litigar con éxito que aquellos con los títulos emitidos por el equipo económico de Macri, liderado por el ministro Alfonso Prat Gay. La intención de los letrados es, apenas la Argentina incumpla con sus contratos, pedir una medida cautelar y resucitar la cláusula “pari passu”, para defender la necesidad un tratamiento igualitario entre los acreedores. En cambio, en el Gobierno entienden que los bonistas pueden estar de acuerdo o no con el valor de la propuesta, pero no pueden aducir que la misma viole los contratos vigentes. De todos modos, los más moderados aconsejan no llegar a la instancia judicial, por los antecedentes que enfrentó el país entre 2011 y 2015 y porque admiten que las reestructuraciones no se resuelven en los tribunales. La demanda de BlackRock está en manos de los abogados Brian Pfeiffer y Tomas MacWright, del estudio White & Case, que reemplazaron al veterano Ian Clark y tienen una postura “agresiva” según indicaron las fuentes de Nueva York. Según la página web del estudio, la experiencia de Pfeiffer “se extiende a todos los aspectos de las reestructuraciones judiciales y extrajudiciales de negocios con dificultades financieras, incluidas las representaciones de deudores corporativos, comités oficiales y no oficiales de acreedores y de capital, comités de tenedores de bonos, prestamistas y compradores y vendedores de activos y negocios en dificultades”. Es miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York y tiene títulos de las universidades de Hofstra y de la Estatal de Nueva York en Albany. En tanto, MacWright, según su estudio, “representa regularmente a deudores, tenedores de bonos, bancos e inversores estratégicos y financieros en relación con asuntos de bancarrota corporativa y entrenamientos”. Representó a varias empresas con inversiones en mercados emergentes de América latina y Europa del este. Además, lideró la reestructuración de bancos de Azerbaijan y Kazajstán. Por su parte, Monarch y otros fondos están representados por la firma Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, que, poco tiempo atrás, reclutó al ex abogado de Paul Singer, líder del fondo buitre Elliot. Se trata de Dennis Hranitzky, quien cobró fama en los juicios contra la Argentina cuando logró el embargo de la Fragata Libertad en un puerto de Ghana. Lo curioso es que, a diferencia de abismo que había en aquel entonces, la diferencia actual entre el Gobierno y sus acreedores ronda los 10 dólares entre el valor de la oferta oficial y la pretensión de los bonistas para llegar a un acuerdo. Por lo tanto, a priori, sería una muy exigua diferencia para dejar caer al país en otro default. Por esta razón, algunos de los participantes afirman que, por ahora, ambas partes están sobreactuando sus diferencias y que, tarde o temprano, se llegará a un acuerdo.

(Infobae) Cómo es el plan de los bonistas más poderosos para acordar con Alberto Fernandez y evitar el default de Argentina. Se trata de una hoja de ruta que diseñó un influyente fondo de inversión en Nueva York y que es respaldado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Un importante ejecutivo del fondo de inversión BlackRock mantuvo ayer una larga conversación con un influyente funcionario del Departamento del Tesoro para proponer una diagonal política que permita abrir una instancia de negociación con Alberto Fernández. Los bonistas bajo legislación extranjera han chocado con la intransigencia del Presidente y su ministro de Economía, Martín Guzmán, y creen que a través de la administración de Donald Trump pueden lograr que Alberto Fernández escuche sus reclamos destinados a relajar la agresiva oferta que hizo para achicar la deuda externa de la Argentina. El pedido de BlackRock al Departamento del Tesoro -protagonizado por un poderoso representante bilingüe- implica reconocer el fracaso de una estrategia corporativa que se basó en diluir al ministro de Economía como protagonista de la negociación y en buscar un back channel con Olivos para explicar al Presidente que los bonistas no son “feos, sucios y malos”. Alberto Fernández siempre sostuvo que Guzmán era el único negociador frente a los fondos de inversión y jamás aceptó atenuar la oferta a los bonistas que propone un recorte formidable de sus acreencias en intereses y capital. La conversación informal entre el Departamento del Tesoro y BlackRock repasó el sistema de alianzas políticas, multilaterales y académicas que sostiene la posición de fuerza que exhibe Alberto Fernández al momento de defender ante los bonistas que operan en New York su propuesta agresiva de recorte de la deuda externa. Ese sistema de alianzas se puede describir de la siguiente manera: Francisco apoya la estrategia argentina frente a los acreedores privados, e influyó en las buenas relaciones que mantienen Alberto Fernández con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ya conocía a Martín Guzmán y sus trabajos académicos en la Universidad de Columbia junto al premio Nobel Joseph Stiglitz y el destacado economista Jeffrey Sachs. Este andamiaje de poder institucional y soporte doctrinario encorcetó el poder de lobby de fondos de inversión como BlackRock, Pimco, Templeton, Ashmore y Fidelity, que no pudieron desbancar al ministro de Economía y atenuar la propuesta avalada por Alberto Fernández. Cuando promediada la conversación telefónica, BlackRock -que también representaba a otros fondos poderosos- explicó en el Departamento del Tesoro que necesitaba una diagonal política para lograr que Alberto Fernández escuchará sus propuesta de negociación ante la cerrada negativa del ministro Guzmán. En este contexto, el ejecutivo bilingüe de BlackRock propuso que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, se reuniera con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, para abrir “una instancia por arriba” que permita a los principales fondos llegar hasta el despacho presidencial de la quinta de Olivos. “Escriban una carta con la propuesta y le damos curso», contestó el funcionario que estaba en DC al inversor que hablaba desde New York. La propuesta de BlackRock al Departamento del Tesoro se apalanca en la influencia que tiene la Casa Blanca en el FMI. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional y habitualmente el numero 2 del Departamento del Tesoro representa al Salón Oval en el board del organismo multilateral. Es decir: BlackRock quiere que el secretario Mnuchin hable con la directora Georgieva para que abra una instancia de negociación con Alberto Fernández destinada a cerrar un acuerdo que satisfaga a ambas partes y que evite un posible default en mayo. Mnuchin conoce al CEO de BlackRock, Laurence Fink, y no tardará mucho tiempo en reunirse con Georgieva en DC. Y a continuación la directora gerente del FMI se comunicará con Alberto Fernández y Guzmán para transmitir las sugerencias del Departamento del Tesoro. No es un secreto de Estado que la Casa Blanca maneja la agenda geopolítica del Fondo Monetario Internacional. La diagonal propuesta por BlackRock abre una instancia que no estaba en los cálculos de Olivos, y le puede permitir destrabar al Presidente una negociación que avanza a regañadientes. De hecho, la agencia de noticias Bloomberg informó anoche que los grandes fondos rechazaron participar del Roadshow abierto por Guzmán para avanzar en los acuerdos de canje de los bonos soberanos. La carta de BlackRock llegaría al Departamento del Tesoro antes que concluya esta semana. Y la reunión entre Mnuchin y Georgieva se agendaría para la semana próxima en lugar a determinar. Alberto Fernández aguardará las noticias de la directora gerente, se reunirá a solas con Guzmán y luego decidirá si recibe a los fondos de inversión para cerrar un acuerdo de partes. Por ahora, la oferta cae el 8 de mayo, como estableció el Ministerio de Economía ante la Comisión de Bolsa y de Valores (SEC) de los Estados Unidos.

(Ambito) Canje: el «Centenario» y el miedo al primer megajuicio por la deuda. En la emisión del bono se fijó la posibilidad de rescate por parte del emisor (Argentina). Sin embargo, podría ser malinterpretado en las cortes norteamericanas. Los números son escalofriantes: de u$s2.000 a 14.000 millones de dólares. El bono Centenario y su participación en el canje de deuda planteado por Martín Guzmán, sigue dando dolores de cabeza. Por lo que se sabe, será el titulo público emitido durante el gobierno de Mauricio Macri que más reducción de tiempo tendrá entre el final del diseño se su plan de pago de intereses y rescate final (culminaba en 2117), y la propuesta del ministerio de Economía. Si finalmente hubiera acuerdo entre el Gobierno y los acreedores, en lugar de aquel lejano año, el bono a Global a 100 años se pagaría en el 2036 o el 2037. Obviamente con una reducción importante en el pago de intereses, que se acortarían a la mitad. Sin embargo, su rescate para el país implicaría un costo mayor. A esta situación algo compleja, se le suma ahora una amenaza que complica la negociación del bono con los acreedores. Muchos de los tenedores de esta deuda, en su mayoría grandes bancos y fondos de inversión (así lo diseñó para su lanzamiento el entonces ministro de Finanzas Luis Caputo), comenzaron ya a hablar entre ellos para analizar la posible vigencia de una cláusula de emisión incluida en el bono denominada Make Whole Clause (MWC). Según esta visión, se podría obligar al Gobierno a pagar en el momento de rescatar el bono la totalidad de los intereses comprometidos en la línea histórica de la emisión (hasta 2117), si en algún momento Argentina quisiera rescatarlo. Si bien la cláusula habla de rescate y no default, la situación legal no estaría clara y potencialmente podría ingresar en el eterno marco de los “grises legales” que en general son resueltos en los tribunales de Wall Street, donde Argentina tiene una pésima fama y peor fortuna. El peligro en el caso de la vigencia de la MWC, es que su violación provocaría la aparición del derecho para los tenedores de esa deuda para el reclamo del capital y los intereses que se deben hasta la fecha de inicio del canje o default, salvo que expresamente los acreedores firmen voluntariamente la renuncia a aplicar ese derecho. Esto podría ocurrir en el caso de un acuerdo voluntario y exitoso. El problema sería si no hay apretón de manos final, y si el país ingresa en el peligroso (en todo sentido) camino del default. El alerta lo impuso ayer en el debate el expresidente del Banco Central Federico Sturzenegger, que, vía Twitter, publicó “¿Pero tiene esto algo q ver con una reestructuración? Resulta que sí. El fallo Cash vs Wilmington, de 2016, se refiere a una empresa con bonos con MWC que entró en default. El juez consideró eso una decisión voluntaria del emisor y entendió se gatillaban las obligaciones del MWC”. Según el cálculo y la advertencia del ex funcionario, “si se aplicara la misma lógica al Centenario implicaría transformar un pago de 2.000 millones en uno de 14.000, comiéndose casi un tercio de los ahorros que pretende Guzmán. Si éste es el pago posible en un fallo judicial será difícil lograr un acuerdo voluntario en este título”. Menciona en su hilo de la red social que “los precios de mercado no reflejan esta visión, ni se sabe siquiera si el fallo Cash vs Wilmington aplica (yo creo q no debería). Pero hay q estar preparado. Sino, en vez de demostrarle al mundo como se hace una reestructuración daremos un nuevo ejemplo de cómo no debe hacerse”. Según otras visiones, el peligro no sería tal. Las argumentaciones hablan de una cláusula usual y muy común en la emisión de bonos internacionales utilizada desde hace tres décadas, y tienen la finalidad de permitirle al emisor de la colocación hacer una cancelación anticipada, si las tasas generales caen y la de la emisión resulta muy cara para los mercados. La mira estaría en este caso en los emisores y no en los tomadores de la deuda. Es la justificación que en su momento expusieron los responsables del equipo de entonces ministro de Finanzas Luis Caputo al lanzar el bono en 2017, y que ahora exponen como defensa de la inclusión de la cláusula. La cláusula le da el derecho al emisor a retirar el bono anticipadamente, situación en la cual habrá que pagar al acreedor un monto como compensación. La pregunta que debe hacerse ahora el acreedor es si un canje de bonos, como sería el caso de la operación que propone Guzmán, debe considerarse o no una compra temprana del bono; y, en consecuencia, una operación en sintonía con lo que el contrato de emisión del Centenario autoriza. Si Argentina retiraría el bono en efectivo, debería retirar antes de lo previsto, debería compensar a los tenedores de esa deuda por haber anticipado el rendimiento prometido; el que, en el caso del Centenario, era llamativamente positivo y rentable. Lo que será motivo de discusión, entre los negociadores de Guzmán (incluyendo los bancos asesores HSBC y el Bank of America) y los acreedores durante los actuales cruces en el marco del canje de deuda (exchange offer); es si la operación que propone el Gobierno implica un retiro de un bono del mercado o un canje por otro. La corte de EE.UU. dijo que un default es una compra anticipada de un bono. En este caso no sería un default, sino un canje. El temor que comienza a circular por el mercado, es que; aun con un acuerdo, haya un grupo de bonistas que no estén de acuerdo con esta visión, que consideren que la cláusula MWC está vigente y que se necesita una compensación extra por fuera del canje propuesto de Guzmán. Obviamente el ministerio de Economía rechaza cualquier alternativa de este tipo, y ya derivó el caso para que comience su estudio en la procuración del Tesoro que maneja Carlos Zannini; el encargado de diseñar la estrategia jurídica del canje de deuda lanzado por Economía, y que trabaja hoy con el estudio de abogados Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (CGS&H) como referente legal en Nueva York. El temor es que luego de cerrado el canje; o, peor aún si se llega a situación de default, el grupo de bonistas tenedores del Centenario (totales o residuales) decidan llevar el debate a la justicia de EE.UU. (donde en general, la jurisprudencia dice que al país no se le da la razón), y que sean, otra vez, los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, famosos en el país por las andanzas de Thomas Griessa y donde ahora gobierna Loretta Preska, donde se decida la suerte de una colocación de deuda argentina fallida y los reclamos de bonistas con excelentes abogados. Según Sebastian Maril, director de Research for Traders, se trata de una cláusula normal en el mercado internacional y, con pocos antecedentes. El bono Centenario fue lanzado el 17 de junio de 2017 por Luis Caputo como ministro de Finanzas. Vencería en 2117 y pagaría intereses y parte del capital durante cinco generaciones de argentinos. Fue emitido por unos u$s2.759 millones, tendría un cupón de renta fija del 7,125% anual, y su colocación fue realmente exitosa. Los pedidos de emisión sumaron más de 9.000 millones, y solo se colocó en “manos fuertes”. Según Caputo, la operación representó el momento de mayor confianza del mundo financiero con la argentina del gobierno de Mauricio Macri. Para el entonces ministro, “una emisión de este tipo es posible gracias a que logramos recuperar la credibilidad y la confianza del mundo en Argentina y en el futuro de nuestra economía”. Agregaba además que el país mostraba “prudencia y responsabilidad”. Con esta operatoria era de los pocos países en el mundo que había logrado emitir este tipo de deuda, junto con México, Bélgica, Irlanda, China, Dinamarca o Suecia.

(Infobae) El Central aspiró más de $ 400.000 millones en abril y busca calmar la escalada del dólar. La entidad recuperó la mayor parte de lo que había expandido en marzo. Pero se estima que la cantidad de dinero podría llegar a triplicarse a lo largo de 2020 , aún cuando el impacto en la inflación sería moderado. Después de la megaemisión de marzo, cuando volcó casi de la noche a la mañana unos $ 500.000 millones en el sistema financiero, el Banco Central reaccionó y prendió la “aspiradora” de pesos. Como consecuencia, hasta el 23 de abril ya había retirado $ 434.000 millones, con dos objetivos: en primer lugar estabilizar el tipo de cambio que ya roza los $120 en la Bolsa, pero también dejar más espacio para la gran expansión monetaria que se viene a partir de mayo para hacer frente al aumento del déficit fiscal, que llegaría a niveles récord en abril y seguramente también en mayo. La reacción del número uno del BCRA, Miguel Pesce, llegó algo tarde porque no evitó la suba de la divisa. Y en los últimos años una vez que el dólar aumenta resulta casi imposible que luego retroceda. Además el salto del dólar “libre” (casi 35% desde el inicio de la cuarentena) y de la brecha cambiaria en relación al tipo de cambio oficial refleja otra cuestión: la gran incertidumbre respecto a lo que ocurrirá con la renegociación de la deuda. A fines de la semana que viene vence el plazo para participar del canje. Por ahora no hay mayor interés de los inversores y crecen los temores a un default. Todo esto agrega más nerviosismo y la tradicional búsqueda de refugio en la divisa. Aunque se absorbió la mayor parte de la emisión que había tenido lugar a fin de marzo, el dólar se mantuvo firme en la zona de los $ 120 en el mercado libre. Pero eso refleja además la incertidumbre por el resultado de la renegociación de la deuda y el peligro de entrar en default. La mayor parte de lo que aspiró el BCRA lo hizo a través de pases pasivos, colocaciones de cortísimo plazo que realizan los bancos a un plazo de siete días. La tasa era de 11% pero ahora el Central la subió al 15% anual en pesos para incentivar a los bancos a pagar un mayor rendimiento por los plazos fijos. Con este paso, Pesce procura hacer más lugar para la gran emisión de pesos que se viene. Se espera un agujero fiscal impresionante ante la caída de los ingresos y un gran aumento del gasto por efecto de la cuarentena y la parálisis de la actividad. Y la única manera de enfrentarlo, ante la imposibilidad de acceder al mercado crediticio, es a través de emisión. Según estimó el economista Enrique Szewach, la base monetaria podría crecer un 200% en 2020, es decir que llegaría a triplicarse. En el cálculo incluye no sólo la expansión por motivos fiscales. También la emisión de pesos para enfrentar los vencimientos de pesos que no sean renovados como la compra de dólares en el mercado. Con un cepo tan estricto, el principal comprador de las divisas que ingresen de las exportaciones es el propio BCRA. En el corto plazo, al menos, se espera que la inflación se mantenga a raya, a pesar de este aumento de la cantidad de pesos. La causa principal es la fuerte recesión que hace muy difícil trasladar aumentos al público. Un informe de Fundación Capital detalla cuáles son los motivos de la desaceleración inflacionaria de corto plazo: “Los productos más afectados por las restricciones de la cuarentena y la pérdida del poder adquisitivo de los consumidores, sumado al congelamiento de los servicios regulados, actuarán como anclas para los precios de los próximos registros. Así, la inflación tendrá una evolución de menor a mayor durante el año, donde proyectamos una moderación en los siguientes meses, aunque el último cuarto del 2020 podría exhibir un alza mayor. En este sentido, prevemos un aumento en torno al 45% en 2020, aunque con una núcleo superior al 50%”.

(Infobae) Interna entre ex funcionarios económicos macristas por la propuesta de la deuda del Gobierno y el bono a 100 años. El ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, se cruzó en redes sociales con el ex secretario de Finanzas Santiago Bausili, a quien retuiteó Luis Caputo. Visiones contrapuestas por el bono Centenario y un posible default. A más de cuatro meses de que finalizara la gestión de Mauricio Macri como presidente, algunos de sus funcionarios económicos se cruzaron en las últimas horas en las redes sociales por una discusión en torno a la reestructuración de la deuda que lleva a cabo el gobierno de Alberto Fernández con los acreedores internacionales. El ex titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, cuestionó a través de un hilo en Twitter la emisión del bono Centenario que llevó a cabo el ex Secretario de Finanzas y luego su reemplazante al frente de la autoridad monetaria, Luis Caputo, por considerar que conlleva cláusulas que benefician a los acreedores de los bonos en la negociación y que darían lugar a que Argentina se precipite hacia un default. Sturzenegger se refirió a la propuesta de reestructuración de deuda argentina del Gobierno, sostuvo que el análisis debe enfocarse “en la letra chica de los bonos” y aseguró que “hay cláusulas que van a hacer difícil evitar el default”. En esa línea, dijo que “los bonos (el Centenario entre ellos) tienen una cláusula que dice que si hay default los acreedores pueden reclamar judicialmente ipso facto el capital y los intereses que se le deben a la fecha”. Sturzenegger afirmó que Argentina tiene antecedentes de elegir “el camino del default ignorando los detalles técnicos”. Aseveró que el caso más famoso cabe a los bonos FRAN de 1998 con el que se emitieron USD 300 millones pero ciertas cláusulas lo convirtieron después del default en una deuda de USD 6.000 millones, lo que lo convirtió en “una catástrofe”. El ex titular del Central consideró que si se aplicara la misma lógica al bono Centenario implicaría transformar un pago de USD 2.000 millones en uno de USD 14.000, “comiéndose casi un tercio de los ahorros que pretende (Martín) Guzmán”. Tras su explicación, el ex titular del Banco Central durante el gobierno de Cambiemos recibió, siempre a través de Twitter, una dura réplica por parte de Santiago Bausili, ex secretario de Finanzas durante la misma administración. “Una pena que alimentes confusión con un tema que no la tiene. Como te expliqué, es una cláusula estándar, a favor del país, que le da la opción de rescatar los títulos si quisiera. No genera derechos para los bonistas y menos un múltiplo en el potencial reclamo como se insinúa”, fue la respuesta de Bausili al hilo de mensajes de Sturzenegger. El mismo mensaje a su vez fue retuiteado por Caputo, quien colocó el bono Centenario (AC17) cuando ocupó el cargo de secretario de Finanzas al tiempo que Sturzenegger se desempeñaba al frente del Banco Central, y por Pablo Quirno, su mano derecha en el ministerio de Finanzas y el Central. Si bien los protagonistas no hablan, desde su entornos deslizan que Sturzenneger no conoce la operatoria ya que nunca emitió ni colocó bonos. En ese sentido, consideran que lo que busca el economista es “hacer ruido” ya que se trata de una cuestión legal que el exfuncionario desconoce. Asimismo, creen que el ex titular del Banco Central hace un análisis erróneo en un momento que no es necesario y que no es de esa forma cómo funciona la cláusula del bono Centenario. En tanto, reiteraron que Federico Sturzenegger busca llamar la atención con problemas legales que no se condicen con la realidad.

(Ambito) Golpe al CCL: la CNV obliga a fondos a invertir en pesos en busca de descomprimir demanda. La Comisión Nacional de Valores dispuso que los FCI en pesos deberán invertir al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos en moneda local con el objetivo de desincentivar la compra de dólares en el mercado bursátil. Este martes el CCL rozó los $120. En otro intento por restringir la demanda de dólares en el mercado bursátil, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dispuso este martes que los Fondos Comunes de Inversión en pesos «deberán invertir al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la República Argentina exclusivamente en moneda nacional». La medida está plasmada en la Resolución General N 836 aprobada esta tarde por el directorio del organismo y comenzará a regir a partir del día de su publicación en el Boletín oficial. La decisión se tomó en una jornada en la que el dólar Contado con Liquidación (CCL), trepó un 4% para rozar los $120, lo cual incrementa la brecha con el dólar mayorista y ejerce una fuerte presión sobre el tipo de cambio oficial. El presidente de la CNV, Adrián Cosentino, explicó que la medida complementa la RG N 835 del 21 de abril que estableció límites a la tenencia de depósitos en moneda extranjera en cartera de los FCI Abiertos, en linea y coordinación con otras dispuestas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), como la suba en la tasa de pases o la decisión de que los fondos T+0 no tengan la obligación de contar con encajes. Cosentino anticipó que el organismo, además, estableció un cronograma de adecuación para que los fondos que tienen otra constitución alcancen a cumplimentar las disposiciones de la nueva normativa. En los considerandos, la resolución destaca la promoción de participación en el mercado de capitales «de los pequeños inversores, asociaciones sindicales, asociaciones y cámaras empresariales, organizaciones profesionales y de todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo”. «La medida atiende el contexto económico y las consecuencias derivadas de la pandemia del coronavirus al considerar necesaria la revisión del tratamiento que corresponde dispensar a las inversiones en cartera de los FCI a fin de que sean canalizadas al desarrollo productivo en el territorio nacional”, explicó la CNV.

(Ambito) Reservas: el BCRA ya perdió u$s361 millones en siete jornadas. Parece que finalmente se dio vuelta la tendencia de la primer quincena del mes y ahora el BCRA pasó de ser comprador a vendedor neto. Pero la sangría diaria es a un mayor ritmo que cuando compraba. Se le dio vuelta la taba al BCRA en materia cambiaria. En pocas jornadas pasó de ser un comprador neto a ser vendedor neto. Ya habíamos señalado días atrás que el auspicioso ciclo de compras de divisas por parte del ente monetario iniciado tras la implementación de la cuarentena obligatoria a mediados de marzo se había interrumpido. Así tras doce jornadas consecutivas -desde el 25 de marzo pasado- en las que el BCRA fue neto comprador, sumó u$s525 millones a las reservas netas. De las cuales u$s254 millones las acumuló a lo largo de la primera quincena de abril. Pero a partir de ahí, los efectos de la extensión de la cuarentena, la presentación de la oferta de canje de deuda, los vaivenes de los mercados internacionales y sobre todo las idas y vueltas de la política monetaria y la gran emisión de dinero modificaron la tendencia y el humor de los ahorristas e inversores. De esta manera desde el 15 de abril el BCRA dirigido por Miguel Pesce no hace más que intervenir en el mercado de cambios, vendiendo. En las últimas siete jornadas, tomando en cuenta el último dato disponible del jueves pasado, el BCRA ya vendió u$s361 millones de las reservas netas. De modo que no solo perdió lo que había ganado en la primer quincena del mes sino que incluso se “comió” parte de las acumuladas en marzo tras el inicio de la cuarentena. Si bien los guarismos no son, por ahora, alarmantes si deben ser un llamado de atención porque la sangría diaria es a un mayor ritmo que cuando ganaba reservas. Ahora está perdiendo a razón de casi u$s52 millones diarios cuando venía acumulando a un ritmo diario de u$s31,8 millones en abril y u$s43,8 millones tomando desde el inicio de la cuarentena. Se puede presumir que la pérdida de reservas vía ventas al mercado de cambios continuó ya que el último dato (día 28) de reservas brutas registra una caída de u$s155 millones frente a los u$s43.751 millones del día 23. Y como si esto no fuera poco, no solo interviene en el mercado spot o contado sino también, y muy fuerte, en el mercado de futuros. Según pudo saber este diario lo ha hecho en forma tan agresiva que podría estar llegando al límite permitido.Se tiene así que el balance en lo que va del mes ahora arroja un saldo negativo de u$s107 millones pero en el acumulado del 2020, gracias a las fuertes compras de enero, aún el saldo es positivo en u$s551 millones. Ya el BCRA y la CNV tomaron cartas en el asunto y están tratando de obstaculizar el drenaje de reservas y la presión sobre el mercado de cambios. Habrá que ver si los agentes económicos actúan en consonancia o si el Gobierno deberá convivir con este contexto cambiario. Por lo pronto la “aspiradora” del s sigue funcionando a todo vapor luego de que la circulación monetaria mostró signos de haber rebalsado las expectativas del sector privado. Es cierto que las ventas de reservas actúan como un factor contractivo, pero por su magnitud, no son significativas, ya que en abril explican una absorción de $7.269 millones. El canal que sigue absorbiendo liquidez son los Pases que abril explican una contracción de $591.970 millones (las Leliq de $48.051 millones). La base ahora registra una agresiva contracción de $433.961 millones, implicando que el acumulado del año ahora es una contracción de $37.260 millones, cuando días atrás superaba los $450.000 millones.

(Cronista) El Gobierno también pretende que el Tesoro vuelva a ser referencia en reemplazo del Banco Central. La semana pasada el Ministerio de Economía logró colocar los $ 52 000 millones en cuatro bonos a una tasa de 31%. La noticia en sí puede ser interpretada de varias formas. Pero hay una óptica por la que la mira el Gobierno. Y es en este sentido donde comienza a tener cada vez más fuerza la idea que planea el equipo económico que conduce Martín Guzmán y que no sólo tiene el visto bueno del presidente, Alberto Fernández, sino también del titular del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce. Esa línea es volver a tener un mercado en pesos, que logre financiar parte de la economía y donde el rector vuelva a ser el Tesoro en lugar del BCRA. En el Gobierno ven que el desarrollo del mercado de capitales en pesos es crucial para atravesar la dureza de la actual situación y también para apalancar una economía real que desde la década del 70 piensa en dólares para casi cualquier transacción de bienes durables. Hoy, por ejemplo, no existen las ventas de inmuebles en moneda local, pero no es producto de la última crisis, es producto de años y años de desconfianza en una moneda que se devaluó como pocas. Si tal situación se traslada al mercado financiero, la situación no es muy diferente. Una muestra de esto último fue el fracaso que la administración anterior tuvo con los instrumentos financieros ofrecidos por BCRA. Las letras se convirtieron con el tiempo en una bola de nieve dónde la única manera de renovar era con tasas cada vez más altas. Desarmar ese esquema tampoco resulta sencillo. Por eso, el Gobierno festejó la licitación de los bonos del Tesoro. Con una salvedad que tampoco tiene que pasar inadvertida: la apuesta de los inversores al peso es en el corto plazo. Como contrapartida, los inversores también se las ingenian para hacerse de dólares de forma legal. Esta situación complica la estrategia oficial. Ayer, por ejemplo el dólar financiero se volvió a disparar. Por eso, y teniendo en cuenta lo anterior, no sorprende que la Comisión Nacional de Valores (CNV) haya dispuesto que los Fondos Comunes de Inversión (FCI) en pesos deberán invertir al menos el 75% de su patrimonio en instrumentos financieros y valores negociables emitidos en la República Argentina exclusivamente en moneda nacional. La medida busca ponerle un freno al mercado de compra y venta del dólar financiero, tanto a través de operaciones con acciones -denominado Contado Con Liquidación (CCL)- como de títulos de la deuda pública que cotizan pesos y dólares en el Mercado Electrónico de Pagos (o dólar MEP), luego del aumento de la cotización en ambos instrumentos que hoy cotizan cerca de los $120. El Gobierno piensa que la fórmula es la creación del mercado en pesos. Para lograrlo necesitará de medidas y de la confianza de los inversores.

(Cronista) Qué peligros esconde el plan del Gobierno para que los bancos compren bonos del Tesoro Consultados por El Cronista, analistas advierten que la medida ensuciaría el balance de los bancos. En un contexto en el que el Estado puede ir al default, implicaría mayores riesgos para los depositantes. Analistas, economistas y representantes de bancos rechazan la medida del Gobierno de empujar a los bancos a tomar deuda del Tesoro, al considerar que sería repetir errores de la crisis del 2001. Concretamente, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de que las entidades financiera a compren bonos del Tesoro con incentivos de encajes y tasas, a cambio de reducir los pases en el BCRA. La liquidez con la que cuentan hoy los bancos de los depositantes están mayormente encajados en el Central a través de encajes y pases. El Gobierno planea reducir la posición de pases en la autoridad monetaria para que los bancos financien al Tesoro con la compra de títulos públicos. Para analistas, economistas y representantes de bancos consultados por El Cronista, una medida de este tipo ensuciaría la hoja de balance de los bancos al tener que incorporar un riesgo crediticio que compromete la salud de los depósitos. Fuentes del BCRA indicaron que la idea de la entidad «es que los bancos deriven a financiar al Tesoro parte de lo ocioso que tienen». Por su parte, el presidente Alberto Fernández insistió el lunes en que el Gobierno trabaja en un sistema para que los bancos canalicen fondos en títulos públicos argentinos. «Tenemos que buscar el modo en que la gente vuelva a creer en la inversión en los bonos argentinos. Para eso, tenemos que lograr un sistema de títulos públicos que sea atractivo para ahorrar. En eso estamos trabajando», dijo en una entrevista radial. De esta manera, se busca derivar los fondos de liquidez de los bancos que hoy están colocados en Leliq para que vayan a financiar al Tesoro. El jefe de inversiones de un banco local alertó sobre los riesgos de esta clase de medidas sobre el sistema financiero. “Cuando las medidas relacionadas con las inversiones son unilaterales y obligatorias, nunca llevan a buen puerto. Nuestras inversiones tienen como principal objetivo cuidar los depósitos de nuestros clientes y para ello seleccionamos los créditos minuciosamente», subrayó. Por ello, destacó que «que la crisis no afectó nunca la capacidad de devolución de los depósitos así como tampoco los del sistema financiero». «Obligar a los bancos a incorporar riesgos innecesarios nos puede llevar a una crisis todavía peor. La crisis de 2001 dejó como experiencia que no se le puede cargar en la hoja de balance del banco un riesgo soberano ya que si este defaultea, corre riesgos de que se caiga también el sistema financiero en su totalidad. No queremos depender del riesgo crediticio del soberano. Es gravísimo”, alertó. Repetir errores del 2001 Hay un rechazo cuasi total de esta medida por parte de los analistas. En un contexto en el cual el Gobierno lucha para no caer en default, aunque con las probabilidades realmente incrementadas, obligar a los bancos a tener títulos al borde de un estado de cesación de pagos sería generar mayores riesgos para el estado de los bancos y por lo tanto pondría en riesgo la salud de los depósitos y del la totalidad del sistema financiero. Gabriel Caamaño, director de la consultora EcoLedesma no le ve beneficio alguno a la medida a la vez que le ve muchos costos adicionales. “Se trata de una medida expansiva ya que sacas pesos de los encajes y los mandas a financiar déficit y así se empieza a comprometer de forma mucha más directa el patrimonio del sistema financiero y la liquidez que hay detrás de los depósitos. Eso va a impactar en la percepción de riesgo de los depositantes. Creo que es referible que siga emitiendo y me parece que es para armar una ficción de que se financian en pesos voluntariamente y forzar una curva local”, comentó Caamaño. «Una medida así empieza a comprometer de forma mucha más directa el patrimonio del sistema financiero», advirtió Gabriel Caamaño de EcoLedesma. Por otro lado, el economista remarcó que a esta medida le faltan otras aristas claves para hacerla consistente. «Así, como plan en sí mismo, no sirve. Es para construir una ficción. Y tiene riesgos de resultar contraproducente. No está claro que forme parte de un plan mucho más amplio y consistente, con presupuesto, régimen monetario-cambiario definido y sin caer en default”, señaló. Diego Falcone, Head Estratega de Cohen coincide con Caamaño al considerar que la medida es un error ya que deteriora el balance de los bancos. “Hoy los bancos tienen una liquidez del 64%, es decir, los depósitos están invertidos entre Leliq y pases, más encajes en un 64%. Por cada peso, 64 centavos son de disponibilidad inmediata. Esto se debe a lo contractivo que está siendo la oferta de crédito de Argentina. En la medida en que te crecen más los depósitos que los créditos, se observan un sector que toma pesos del público y los deposita en el BCRA, esterilizando. Esto es lógico en una etapa de crisis en el cual los bancos achican balances”, explicó. Ahora bien, el head de estrategia de Cohen considera que de implementarse esta medida, seria repetir errores del 2001. “Cambiar los pases al 11% por un título publico estaría bien aunque depende de que título público y que liquidez va a tener. En un sector público que va al default o que por lo menos eso se espera, esta medida no luce correcta ya que va a deteriorar la calidad crediticia y el balance de los bancos. De la crisis de 2001 aprendimos justamente que no hay que tocar a los bancos, no obligarlos a tener títulos públicos de modo que si quiebra el estado, que no quiebre el sistema financiero. Creo que de esta manera estamos yendo por lo último que nos quedaba del aprendizaje del 2001”, alertó. Finalmente, Fernando Marull, economista y director de la consultora Marull y Asociados también entiende que es una mala medida. “Es una mala medida por varios motivos. Por un lado es expansiva y desesteriliza, es decir, . saca la liquidez que ya esta en el Banco Central y busca para dársela al fisco y Tesoro para que este siga gastando. Otro punto por el cual es una mala decisión es porque va a generar mayor exposición al sector público, por lo que subirá el temor sobre solvencia del sistema bancario”, proyectó. .

(Investing) Bolsas a la espera de la Fed: ¿Podría haber sorpresas?.  Los mercados europeos comienzan el miércoles en verde, aunque sin grandes subidas. Los inversores permanecerán atentos a decisión de tipos de la Fed y a la rueda de prensa posterior del presidente de la institución, Jerome Powell. “Nadie espera grandes cosas tras las tremendas medidas que ya han tomado”, apunta José Luis Cárpatos, CEO de Serenity Markets. “Dada la proactividad en las últimas semanas consideramos que hoy no tomará medidas de estímulo adicionales, sino que seguirá aplicando las decididas hasta el momento y evaluando su impacto”, coinciden en Renta 4 (MC:RTA4). Estos analistas recuerdan que, en varias reuniones de emergencia, la Fed ha recortado sus tipos hasta 0%-0,25% y ha ampliado sus programas de compra de deuda pública y privada y tomado medidas para que el crédito y la liquidez sigan fluyendo. No obstante, aunque no se esperan nuevas medidas, “será relevante ver cuál es la visión de la Fed sobre la duración e intensidad de la recesión y cuáles son sus expectativas en lo que respecta a la recuperación, lo que a su vez determinará cuánto estímulo monetario aplicará”, explican en Renta 4. “En las últimas semanas la Fed ya ha utilizado una parte importante de su munición. Por tanto, le queda poco por hacer si la situación económica se deteriora más de lo anticipado, advierten en Link Securities. “No obstante, podría optar por emular al Banco de Japón (BoJ) y aplicar algunas de las medidas de política monetaria no convencionales que esta institución lleva tiempo implementando como es el control de la curva de tipos de interés, estableciendo objetivos de rendimientos por plazo de vencimiento, o la compra de otros tipo de activos como, por ejemplo, ETFs sobre acciones”, añaden estos expertos. De hecho, recuerdan que, ayer mismo, el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, refiriéndose a esta posibilidad, rechazó que la Fed fuera a comprar acciones directamente en los mercados. En Link Securities también comentan que la Fed podría igualmente emular al Banco Central Europeo (BCE) y situar algunos de sus tipos en negativo, “algo que entendemos generaría una fuerte controversia en el país”. “Lo cierto es que los inversores esperan que Powell se muestre relativamente optimista con relación al proceso de recuperación económica, al menos en lo que hace referencia a EE.UU. De no ser así, y mostrar Powell serias dudas sobre el mismo, las bolsas podrían girarse a la baja, con muchos inversores aprovechando las recientes alzas de muchos valores para deshacer posiciones”, concluyen.