Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) FMI: Guzmán ahora quiere liberar de pagos el 2021 (y 2022 sólo Club de París)
La intención es postergar dos pagos que deberían hacerse al FMI este año, y que se incluyan en la negociación por un nuevo acuerdo. Y que el dinero de los DEG vaya a las reservas. Martín Guzmán tiene en mente una estrategia financiera de relojería para cerrar el 2021. Y que liberaría también el 2022 de compromisos importantes. El ministro de Economía quiere liberar del ejercicio actual, en lo posible, los dos pagos de capital que se le deberían liquidar al Fondo Monetario Internacional (FMI) de u$s 1.800 millones cada uno; y que deben cumplirse en septiembre y diciembre respectivamente. La intención de Guzmán es intentar firmar una Carta de Intención con un acuerdo con el organismo, que incluya los u$s 3.600 millones de dólares en el acuerdo por la refinanciación del stand by firmado por Mauricio Macri en 2018 por unos u$s 48.000 millones. La idea del ministro es que este dinero con vencimiento en 2021 entre en la negociación, y que el país no deba cumplir con esos pagos. Y, si esto ocurre, conseguir que este año no haya deuda que pagar y que el dinero proveniente de los Derechos Especiales de Giro (DEG), queden íntegramente en el país para reforzar las reservas del Banco Central. Y, en consecuencia, darle más tranquilidad y poder de fuego a la política cambiaria del gobierno. La estrategia se completa cerrando las negociaciones con el organismo que maneja Kristalina Georgieva para lograr un acuerdo de Facilidades Extendidas a 10 años, con la posibilidad de comenzar a liquidar recién en el segundo semestre de 2026; y con la posibilidad de renegociar los pagos para el año 11. Si se cumpliera este proyecto del funcionario (sólo debería aprobarlo el ala política del oficialismo); Guzmán promete que hasta el 2025, luego de saldar la deuda con el Club de París, el país estará liberado de grandes compromisos financieros. Ese año, y de manera gradual y lenta, comenzaría a operar el cronograma de liquidaciones de la renegociación de la deuda con bonos emitidos bajo legislación nacional; dinero que además podría liquidarse obteniendo financiamiento del mercado voluntario de deuda. Siempre que Argentina en el tiempo que transcurra hasta esa fecha, ordene su economía, vuelva a crecer, y logre reconciliarse con los mercados de capitales financieros internacionales. Durante su gira de la semana pasada por Washington, Guzmán recibió la confirmación de parte de la propia Georgieva, de la autorización del comité ejecutivo del FMI, para la activación de los DEG. Según este programa, el Fondo destinaría unos u$s 650.000 millones para paliar las consecuencias de la Pandemia en los países en desarrollo miembros del organismo y que tengan su aporte de sociedad al día. Argentina mantiene el 0,7% de la participación y, milagrosamente, nunca se atrasó en el giro del dinero. En consecuencia, podría disponer de manera directa de unos u$s 4.354 millones; los que se efectivizarían entre fines de abril y mayo, una vez que la directora gerente del Fondo haga el anuncio oficial en la próxima reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial de otoño entre el 9 y el 11 de mes próximo. En ese momento Guzmán tendrá un desafío. Deberá convencer al ala política de resguardar ese dinero en las reservas del Banco Central; a la espera del fin de las negociaciones con el FMI. No será fácil la tarea del ministro. Políticos argentinos con miles de millones de dólares frescos listos para gastar en una año electoral con la excusa de la Pandemia, será un problema que Guzmán deberá manejar con maestría. Su plan es utilizar el dinero para garantizarle a Georgieva que se destinarán a los dos pagos que se deben cumplir con el FMI durante el 2021; y que implican desembolsos por unos u$s 1.900 millones en septiembre y otro similar antes de Navidad. En total serían unos u$s 2.800 millones; que, de no tener el dinero de las DEG y ante el hecho de estar el país fuera del mercado financiero voluntario (salvo que se quiera pagar una tasa de 20% en dólares), deberían salir de las reservas. La intención de Guzmán es no recurrir a ninguno de los dos planes, y garantizar las liquidaciones con los DEG. Sabe el ministro que la decisión tranquilizaría a los técnicos del FMI de Washington, en medio de negociaciones que se sabe serán duras, largas, pero que podrían tener final feliz si hay buena fe mutua. Guzmán tiene además una corazonada. Si las discusiones terminaran rápido (hay posibilidades); los pagos de este año podrían ingresar también en la renegociación con el FMI, con lo que eventualmente tampoco habría necesidad de disponer del dinero este año. En este caso, si hay fumata con el Fondo, los u$s 4.354 millones quedarían dentro de las reservas como refuerzo extra. Y se utilizarían quizá en 2022 para pagar la deuda de los u$s 2.123 millones que se le deberían pagar al Club de París este año, y que se quieren prorrogar para el próximo ejercicio. Será tarea de la política. Si se confirmara y aprobara la estrategia, Guzmán promete “pax financiera” hasta 2025. Dicho de otra manera, Alberto Fernández no tendría que preocuparse en sus últimos dos años de gestión del tema deuda, y sería tarea de su sucesor el pensar en los compromisos que habría que cumplir; pero, también, dos años después de haber asumido.

(AMBITO) Malo: Argentina perdió juicio en Nueva York por el Cupón PBI
De quedar firme el país debería pagar un mínimo de U$S 1.200 millones por el Cupón PBI. Según Preska, el país actuó de «mala fe». Argentina recibió hoy una muy mala noticia, de un costado judicial donde parecía que la situación estaba controlada. La jueza de Nueva York Loretta Preska falló en contra del país en la causa que el fondo buitre Aurelius le inició por la manera en que durante el 2014 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner modificó el mecanismo de medición del PBI nacional; y, en consecuencia, alteró según el demandante el pago del cupón que debía liquidarse ese año. La jueza publicó ayer su decisión en un fallo de 38 páginas, donde aclara explícitamente que «Argentina no puede privar a los acreedores de recibir los pagos de intereses cambiando la manera de calcular el PBI», con lo cual a los abogados que representan al país sólo les quedará, en primera instancia, demostrar su capacidad de liquidación. Para Preska, Argentina actuó de «mala fe» al alterar la medición del cupón PBI de ese año y «causó la falta de disponibilidad de datos para evitar el compromiso». El próximo paso en esta causa, es la obligación para el país de presentar antes del 16 de abril un cronograma de Discovery, por el cual la magistrada pueda conocer la verdadera capacidad de pago del país. Si no lo hace, y si no se ejecutan los compromisos, la jueza podría habilitar una ronda de embargo o cautelares. Sería una situación similar a la que en su momento ejecutó Thomas Griesa en el Juicio del Siglo contra los fondos buitres. Preska es hoy la sucesora de Griesa en el tribunal primario del Segundo Distrito Sur de Nueva York. Es además la encargada de decidir la otra megacausa abierta contra el país, por la manera en que se decidió e implementó la reestatización de YPF en 2016. En esta causa, a diferencia de la del Cupón PBI, parecería que Argentina está hoy mejor encaminada. El proceso de Discovery que comenzará el 16 de abril, apunta a que la jueza tenga elementos para evaluar los daños concretos que la decisión de alterar la medición del PBI tuvo en los fondos de inversión. Se descarta que en esa fecha Aurelius y los otros fondos afectados reclamen un proceso «sumario», que debería ser aceptado o rechazado por la jueza. Si el fallo termina siendo definitivo y Preska reclama la aceleración del Discovery, será el momento en que Argentina apele el fallo y deba ser resuelto por la Cámara de Segunda Instancia del Segundo Distrito Sur de Nueva York, una instancia donde el país también perdió en el «Juicio del Siglo». En ese momento los votos fueron 3 a 0 en contra de Argentina. De cualquier manera, el fallo continuará en el tiempo y demandará no menos de tres o cuatro años hasta que la justicia de los Estados Unidos (y la de Gran Bretaña cuando defina una causa paralela por el mismo caso) se expida. Lo más probables es que la resolución final termine siendo tratada o rechazada por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Según el especialista de FinGuru, Sebastián Maril, esta causa definida ayer por Preska, podría implicar unos 500 millones de dólares, que sumada a otra similar abierta en Londres por unos 700 millones, implicaría una suma en ambos foros por unos U$S 1.200 millones. La presentación primaria la hizo Aurelius, uno de los que había ganado el juicio de los fondos buitres contra el país derivados del default del 2001. Junto con Aurelius, se presentaron en la causa por el Cupón PBI otros tres fondos de menor importancia. Se trata de Adona LLC, Egoz LLC y el Waso Holding Corporation, quienes estuvieron comprando deuda entre el 2017 y el 2018 para sumarse a la demanda de Aurelius. Por ahora el litigio se cierre en estos cuatro demandantes. No se sabe aún qué sucedería si otros bonistas que también poseían ese bono, se presentaran ante Preska reclamando los mismos derechos que Aurelius y los otros tres fondos. Para los abogados que representan al país, la causa se cierra en estas presentaciones por haber pasado ya más de cinco años para comenzar el litigio. Pero la decisión final recaería en Preska. El reclamo de Aurelius, ratificado en el fallo de ayer de la jueza de Nueva York, se basa en que en la última parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y la intervención del INDEC de Guillermo Moreno, hubo alteraciones en el cálculo del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) para que el país se ahorre de liquidar unos u$s3.000 millones en 2014. Según Aurelius, el Gobierno alteró la base de cálculo del EMAE para que el crecimiento final del PBI de ese año no supere el 3,22% y así no activar la cláusula de liquidación del cupón PBI. El INDEC calculó para ese año un crecimiento del 2,8%, pero modificando el cálculo base, una acción que para Aurelius fue “adrede” para perjudicar a los tenedores de este bono en lo que representa “mal desempeño de sus funciones”. Según el demandante, si no se hubiera alterado la base de cálculo de 2013, la Argentina habría crecido el 3,5%, con lo que pagar el Cupón PBI hubiera sido obligatorio. Aurelius es un viejo conocido de la Argentina y de muchos países con destino de mal manejo de su deuda pública y privada. Es propiedad de Mark Brodsky, discípulo de Paul Singer y exempleado de Elliott, quien en algún momento en los inicios de la década pasada se independizó y abrió su propio bufete buitre. Si bien su mayor y más beneficioso negocio lo hizo con la Argentina y el “juicio del siglo”, se lo conoce por su inquietud de bucear por todo el mundo para encontrar oportunidades de negocios en estados a punto de alcanzar el default o empresas importantes en dificultades. Por ejemplo, contra Puerto Rico en tiempos de su crisis económica y financiera y contra Petrobras en medio de la causa por el “Lava Jato”. La causa por el Cupón PBI se arrastra desde 2015, y se profundizó en los inicios del gobierno de Mauricio Macri. Curiosamente, en la gestión anterior, la defensa argumentó a favor del mecanismo de medición del PBI por parte de Kicillof como último ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. La Argentina presentó su primera defensa ante Preska el 3 de julio de 2015, argumentando contra la demanda de Aurelius con una explicación curiosa. El gobierno de Mauricio Macri, para que no prospere la causa, defendió la alteración del PBI de 2013, asegurando que era facultad de la gestión de Cristina de Kirchner modificar el cálculo. Con esto defendió la decisión de modificar el cálculo del pago del bono a partir de la modificación de la cifra de crecimiento aportada por el INDEC, en tiempos de la intervención directa del entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

(AMBITO) Advierten que el Banco Central está ejecutando un «ajuste silencioso»
La consultora Analytica resaltó que la reducción de la base monetaria permitió contener la brecha y acumular divisas pero aclaró que hay tensiones vigentes y que la estrategia resulta todavía insuficiente para bajar los niveles de inflación. Un informe elaborado por la consultora Analytica remarcó que el Banco Central (BCRA) está llevando a cabo un «ajuste silencioso», lo cual explica una parte del «veranito cambiario» y la estabilidad en las brechas. Sin embargo, advirtió que la nueva estrategia resulta todavía insuficiente para bajar los niveles de inflación actuales. La firma dirigida por Ricardo Delgado y Rodrigo Álvarez resaltó que la base monetaria pasó de aumentar un 77% interanual en agosto de 2020 a crecer un 39% en febrero de este año, en sintonía con las cifras de inflación anualizadas. Según Analytica, la autoridad monetaria reaccionó luego de que las brechas llegaran a superar el 130% en octubre pasado. La primera acción fue la de congelar los encajes bancarios en el 30% después de varios meses de reducciones para incentivar el crédito en el contexto de pandemia. A la par, agregó la consultora, el BCRA también contrajo la base monetaria a través de la «esterilización» (absorción de liquidez). De acuerdo con los datos disponibles, desde mayo del año pasado el Central absorbió $341.000 millones con la emisión de pasivos remunerados, principalmente Leliqs y pases. Paralelamente, la entidad conducida por Miguel Pesce también absorbió más de $350.000 millones a partir de la venta de divisas tanto al sector público como al privado. Además, una partida residual implicó una contracción de la base monetaria de $143.000 millones. Analytica aseveró que esto fue causado, fundamentalmente, por la venta de bonos públicos para contener la brecha con los tipos de cambio financieros y la venta de dólar futuro. A partir de todas estas situaciones, si bien las transferencias al Tesoro sumaron $1,4 billones en los últimos 10 meses, la base monetaria subió bastante por debajo, unos $587.441 millones. No obstante, desde la consultora aclararon que este comportamiento cambió en los primeros meses de 2021 debido, en gran parte, a que el BCRA pasó a comprar dólares en el mercado oficial de cambios. De cara al futuro, la consultora ve que el Banco Central sigue teniendo “poder de fuego” para intervenir en los dólares bursátiles (MEP y CCL). Pero a la vez, advierte que la venta de dólar futuro como estrategia de absorción monetaria encontró un límite, a raíz de que los futuros ya alcanzaron un piso. Adicionalmente, mostró cierta preocupación por la política de tasas de interés negativas que mantiene el Banco Central desde hacer varios meses. «Si la inflación no muestra alguna tendencia, aunque leve, a la baja podría esperarse una política monetaria más contractiva mediante aumentos en las tasas de interés», proyectó. «De este modo, se generarían incentivos para mantenerse en pesos, disminuyendo la presión sobre el dólar. Sin embargo, en forma opuesta, una mayor tasa restaría posibilidades a la recuperación de la actividad, a través del encarecimiento del crédito, en particular para el segmento pyme», analizaron desde la entidad. «El déficit primario de este año tiene un final abierto, y las declaraciones del ministro Guzmán sobre su nivel esperado (4,2% del PBI) y financiamiento monetario (3,5% del PBI) no son alentadoras a la hora de predecir las transferencias desde el BCRA hacia al Tesoro, algo que se evidenció en marzo de este año cuando reaparecieron», sentenciaron.

(AMBITO) En febrero no hubo fuga de capitales (igual que en 2012)
El imperio del cepo y la situación macro explican por qué personas y empresas repatrian fondos del exterior. El mes pasado la denominada fuga de capitales estuvo ausente del menú. Algo que no se veía desde fines de 2012. Así lo refleja el último Balance Cambiario del BCRA que muestra que en febrero el nivel de atesoramiento, o sea, la denominada “Formación neta de activos externos de residentes del sector privado no financiero” (FAE) +fue de apenas 2 millones de dólares. Sin duda el parangón con el 2012 es el imperio del cepo cambiario, que hoy luce casi inexpugnable por la pandemia y el nivel de reservas netas del BCRA. Así que con el dato de febrero, el primer bimestre del año arroja un atesoramiento de u$s101 millones. Con la excepción del año pasado, donde sumó u$s175 millones, se trata del nivel más bajo desde 2012. El magro atesoramiento de febrero 2021 se explica por compras netas de billetes por u$s35 millones y transferencias netas de divisas recibidas del exterior por u$s32 millones. Cabe señalar que la repatriación de divisas del mes pasado encadena, soslayando que en octubre pasado casi no hubo operaciones, el décimo mes consecutivo que residentes traen fondos del exterior. Algo similar a lo que ocurría durante el cepo de 2011 a 2015. El mes pasado, las transferencias netas recibidas desde cuentas propias en el exterior fueron recibidas por el “Sector Real” por u$s19 millones, por “Inversores institucionales y Otros” por u$s8 millones y por las “Personas Humanas” por u$s5 millones (“en este caso, contra créditos en cuentas locales en moneda extranjera, “canjes”, con efecto neutro en el resultado de operaciones de cambios”, explica el BCRA). Vale recordar que antes de octubre de 2019, parte de los fondos que transfería el “Sector Real” a cuentas en el exterior, eran destinados a pagos de obligaciones externas utilizando dichas cuentas, ya sean obligaciones comerciales o financieras, como ser pagos de importaciones de bienes y servicios, rentas, títulos de deuda o préstamos. Pero a partir de los cambios normativos (Comunicación “A” 6770) las compras para transferir a cuentas propias del exterior de personas jurídicas quedaron sujetas a la conformidad previa del BCRA. Mientras que por el lado del atesoramiento en billetes, el informe da cuenta que se explicó exclusivamente por las compras netas de las “Personas humanas” por u$s91 millones y las ventas netas de personas jurídicas y otras por u$s56 millones. Un dato que monitorea mucho el BCRA es la Posición General de Cambio (PGC) de las entidades, que el mes pasado cerró con un stock de u$s5.331 millones. Esto implica una caída de u$s249 millones respecto de enero y se explica por una baja en el stock de billetes compensada, parcialmente, por una leve suba del stock de divisas. La tenencia de billetes en moneda extranjera totalizó u$s3.821 millones al cierre de febrero, stock que representó el 72% del total de PGC y que es conservado por las entidades básicamente para atender los movimientos de los depósitos locales en moneda extranjera y las necesidades del mercado de cambios. Los bancos cerraron febrero con una posición vendida a término en moneda extranjera por u$s629 millones, la aumentaron en u$s230 millones. En febrero, las entidades vendieron u$s546 millones en mercados institucionalizados y compraron u$s316 millones directamente a clientes, “Forwards”. Los bancos extranjeros vendieron en forma neta u$s146 millones, mientras que los de capital nacional lo hicieron por u$s84 millones, cerrando el mes con posiciones vendidas netas de u$s324 millones y u$s305 millones, respectivamente.

(CRONISTA) Continúan hoy las audiencias para discutir tarifas eléctricas.
La audiencia pública en la que se debatirá una tarifa de transición al 2023 para las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, licenciatarias del servicio en el AMBA. continúa hoy -a partir de las 8- de manera virtual con más de 150 oradores inscriptos ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Así, se complementarán las instancias de análisis de los cuadros de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de electricidad y de gas por redes. A la definición del nivel de incremento tarifario a decidir, también se sumará el nivel de inversiones requeridas para un sendero de reducción de cantidad y duración de cortes, y la alternativa de incorporar al sector de la distribución eléctrica un margen de subsidios que permita acotar los incrementos que deberán hacer frente los usuarios. Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio está subsidiado en un 52%, por lo cual los usuarios pagan 48% del costo de generación, y si bien la distribución no está subsidiada como tal en la factura final, el Gobierno entiende que si se toma la deuda que las empresas mantienen con Cammesa, el Estado en 2020 cubrió un 37% del valor agregado de distribución (VAD) de Edenor y un 55% del de Edesur. Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente. Los documentos elevados al ENRE por las distribuidoras reflejan en el caso de Edenor un pedido de incremento del valor agregado de distribución (VAD) -que es el componente de la factura que se le reconoce a las empresas por el servicio- del 109% al pasar de $ 29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021. En el caso de Edesur el aumento de VAD solicitado respecto de 2020 es de 253%, pasando de $ 16.000 millones a $ 54.000 millones.

(CRONISTA) Alerta covid: empresarios temen que su avance vuelva a frenar la actividad
Los industriales confían en que el Gobierno se niega a volver a cerrar fábricas ante el avance de la pandemia, pero los intranquiliza el crecimiento de los casos. Afirman que para muchos esto sería un golpe definitivo
El avance de la segunda ola de coronavirus puso en alerta al mundo empresario. La posibilidad de que algunas actividades comiencen a ver -una vez más- recortado su margen de acción llevó a los hombres de negocios a apurar las conversaciones con los diferentes gobiernos para no resultar afectados. Al menos hasta hoy, los industriales tienen una promesa por parte del Gobierno nacional. En lo que respecta al cierre de las plantas, no se volverá al punto cero, cuando a fines de marzo de 2020 se determinó el cierre de gran parte de las fábricas, lo que generó resultados negativos para varios sectores. Por ahora, el objetivo del Gobierno es mantener actividades abiertas. Y en caso de que se registren casos importantes en alguna fábrica, por ejemplo, se tomarán las medidas sanitarias correspondientes para ese caso. El término utilizado por el Gobierno para definir estas situaciones es el de «cuarentena focalizada». «No está previsto que se tomen medidas de cierres totales a nivel nacional. Esa potestad se dejó librada a cada provincia o municipio», sostuvieron a El Cronista desde el Gobierno. Por el lado de los empresarios, mientras tanto, confían en que por el momento se cumplirá con lo que expresaron en privado varios funcionarios, que afirman que no hay intenciones de cerrar plantas de forma masiva. «Lo único que se lograría de este modo sería terminar de firmar el acta de defunción para muchas compañías. No se puede volver a cero. Sería una locura y en el Gobierno dicen tener esto muy presente», sostuvo un importante representante del mundo empresario. Sin embargo, los industriales están desde hace ya un par de semanas «en estado de alerta». Confían en que hoy no hay una iniciativa oficial para cerrar actividades en masa, pero al mismo tiempo entienden que, si la situación se complica, tal vez no quede otra solución más que aminorar los movimientos. Tanto desde Casa Rosada como desde el lado de los industriales coinciden en que en las plantas los protocolos tuvieron un muy alto grado de cumplimiento y, si bien hubo contagios, no ocurrió al nivel que se temía. El temor también llega a otros sectores que estuvieron frenados durante casi todo 2020, y que recién ahora empiezan a asomar la cabeza. Este es el caso, por ejemplo, de los gastronómicos, preocupados ante la posibilidad de que se pueda anticipar el cierre de los locales en horario nocturno. Mariano Boer, uno de los propietarios de La Mar y referente del movimiento de empresarios gastronómicos «Sillas al revés», que impulsó la reapertura de los locales del rubro luego de los primeros meses de cuarentena dura. «Si nos limitan los horarios y nos obligan a cerrar a las 12, por ejemplo, para muchos será catastrófico. Recién ahora algunos gastronómicos están comenzando a revertir sus números. Y si ya volvemos con recortes, no habrá vuelta a atrás. La rentabilidad del negocio cayó del 20% en promedio, al 12%-15%», sostuvo Boer, quien aseguró que ya se pidió una reunión con el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar la situación. La idea inicial del Gobierno es que cada provincia o localidad tome la determinación respecto de las restricciones que se impondrán en las diferentes actividades. Esto tiene que ver no solo por un cuestión de practicidad, sino con que el Gobierno pretende salir lo menos herido posible en cuanto a su imagen, sobretodo en un año electoral. Por otro lado, también tendría un efecto negativo la posibilidad de que se comiencen a cerrar actividades. Algunas industrias comienzan a ver algunos signos de mejoras en sus números y entienden que se puede cierto nivel de crecimiento, algo que sería totalmente imposible si se vuelven a cerrar las puertas de las fábricas o comercios.

(BAE) Guzmán busca en Europa apoyo a la renegociación de deuda
El ministro de Economía viajará al viejo continente entre el 12 y el 16 de abril. Se reunirá con economistas y directivos del sector privado, con la intención de construir entendimientos sobre la estabilización de la macro y conseguir apoyos de cara con la negociación con el Fondo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, iniciará el 12 de abril una gira por cuatro países europeos, donde se reunirá con colegas y directivos del sector privado para dialogar sobre la marcha de la negociación con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo y la deuda con el Club de París. Fuentes del Palacio de Hacienda precisaron que Guzmán visitará Alemania, Italia, España y Francia. La gira arrancará el 12 de abril en Berlín y finalizará 16 de abril en París, con etapas intermedias en Roma y Madrid. Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que Guzmán «tiene previsto mantener reuniones con ministros de Economía y Finanzas, funcionarios y sector privado». «Los temas a tratar serán la renegociación con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo y la deuda con el Club de París», agregaron las mismas fuentes. Desde Economía enfatizaron que el objetivo del viaje es «construir entendimientos sobre lo que la Argentina necesita para estabilizar su economía y conseguir los apoyos necesarios de los accionistas del FMI (especialmente G7 y G20) para concretar un programa que le sirva a la Argentina», concluyeron las fuentes.

(BAE) Crece la tensión: alimenticias presentan recurso para frenar controles
Durante una reunión efectuada hoy en la cámara Copal, se decidió avanzar en el pedido para que el Sipre -sistema informativo de precios, cantidad y stocks- quede sin efecto. No hubo reuniones para analizar Precios Máximos y Precios Cuidados, dicen los industriales. Así lo informaron hoy a BAE Negocios fuentes de Copal, luego de una reunión de la entidad en un clima de incertidumbre y nerviosismo dentro de las compañías, ya que «ninguna de las empresas ni cámaras tienen novedades ni de (Precios) Máximos ni de (Precios) Cuidados». Esto ocurre, según lo expuesto desde el sector empresario, como producto de que no hubo reuniones entre las partes para analizar ambos programas, a 48 horas del vencimiento de Precios Máximos. Asimismo, fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo señalaron que se están definiendo los detalles de las respectivas prórrogas, pero no aludieron a la existencia de encuentros hasta el momento. «Se presenta ante la misma Secretaría de Comercio (el recurso de Copal) solicitándole que dejen sin efecto esa norma. Es un recurso administrativo; si la Secretaria lo rechaza queda abierta la vía judicial para pedir una medida cautelar», reseñaron las fuentes del sector alimenticio.
Qué es el Sipre
El sistema que despertó rechazo en sectores industriales contempla información sobre precios, cantidades producidas y vendidas, y stock disponible de grandes empresas. En este caso, lo que busca la Copal es que la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, analice el acto administrativo y que invalide la resolución, algo que resulta a la luz imposible. Las empresas alimenticias aseguran que el Estado ya cuenta con toda la información que requiere a través del SIPRE y que obligarlos a recopilarla les genera un enorme perjuicio burocrático, además de mayores costos.En una profundización del escenario de tensión, la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal) presentará este miércoles ante la Secretaría de Comercio Interior el recurso administrativo para solicitar que se deje sin efecto el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre). El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, planteó en declaraciones radiales que “no hay ningún avance sobre las empresas”, ya que sólo se pide información básica. “No preguntamos por rentabilidad, sólo información para que no falte nada. Es un sistema de monitoreo de precios y abastecimiento que se extiende a las industrias y empresas grandes. Es una herramienta más para monitorear faltantes y precios y evitar avivadas”. Como ya adelantó este medio, Precios Máximos se extenderá y probablemente continúe por 60 días más, hasta el 31 de mayo. Esta posibilidad hasta el momento es manejada por el sector privado, pero no ratificada por fuentes oficiales, quienes fueron consultadas. En lo que respecta a Precios Cuidados, su vencimiento será el 7 de abril y como se anunció a comienzos de año, seguirá durante todo el 2021, porque es el plan «madre» del Gobierno en materia de sostenimiento de valores de referencia. Varios empresarios -sin la confirmación gubernamental- dicen que habrá autorizaciones de precios para los próximos tres meses ya que Precios Cuidados se extenderá hasta el 7 de julio.

(BAE) Brasil: Bolsonaro cambió a seis ministros en medio de la crisis sanitaria
Dejaron sus cargos los ministros de Defensa, Casa Civil, Abogacía General de la Unión y Justicia, el secretario general de presidencia y el canciller. El Presidente también echó al general Fernando Azevedo por la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas a su política anticuarentena. A la crisis social y sanitaria que vive Brasil a causa de la pandemia del coronavirus (Covid-19), se sumó ahora una nueva crisis política. Es que ya son seis los ministros que el presidente Jair Bolsonaro deberá reemplazar luego de renuncias y despidos. Es la mayor reorganización del gabinete desde que asumió el poder en enero de 2019. Según se informó oficialmente en un comunicado, Bolsonaro cambió a seis ministros dando lugar a sus nuevos socios parlamentarios, el grupo conocido como Centrao, la derecha que domina gran parte del Congreso. El asesor presidencial y diplomático de carrera Carlos França, especialista en integración energética sudamericana, fue designado hoy como nuevo canciller brasileño en lugar del renunciante Ernesto Araújo. Bolsonaro sorprendió al echar al general Fernando Azevedo del Ministerio de Defensa, irritado por la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas a su política anticuarentena. Otro general fue a Defensa, el jefe de gabinete, general Walter Braga Netto, quien dejará el cargo de ministro coordinador a la mano derecha de Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos. ”Durante este tiempo, preservé a las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado”, escribió Azevedo e Silva en un comunicado del ministerio. “Me voy con la certeza de una misión cumplida”. Ramos era secretario general de la presidencia, cargo que ahora ocupará Flavia Arruda, diputada federal de la derecha tradicional y clave para la negociación con el Congreso, en medio de las presiones para un juicio politico por la actuación del gobierno en la pandemia.

En el Ministerio de Justicia Bolsonaro puso a un polícía federal, el comisario Anderson Torres, en lugar del abogado evangélico André Mendonça, quien regresa a la abogacía general del gobierno.

A principios de este mes, Bolsonaro reemplazó al ministro de Salud, Eduardo Pazuello, un general en servicio activo que había supervisado la mayor parte de la respuesta al coronavirus, al que se culpó por un programa de vacunas lento y desigual. Fue nombrado el cardiólogo Marcelo Queiroga, el cuarto ministro de Salud desde el inicio de la pandemia.

Los cambios en el gabinete
Los ministros que dejaron sus cargos:

Ernesto Araújo: Relaciones Exteriores
Fernando Azevedo e Silva: Defensa
André Mendonça: Justicia
Luiz Eduardo Ramos: Secretaría de Gobierno
Walter Souza Braga Netto: Jefatura de Gabinete
José Levi: Fiscalía General, o AGU
Tres de los ministros fueron trasladados a otras carteras: Braga Netto se encargará de Defensa; Mendonça será Fiscal General; y Ramos pasará a la Jefatura de Gabienete. Mientras que Carlos Alberto Franco França tomará las riendas de Relaciones Exteriores, Flávia Arruda se encargará de la Secretaría de Gobierno y Anderson Torres tomará Justicia. Así, Ernesto Araújo, Fernando Azevedo e Silva y José Levi dejarán el gobierno.
Renuncias tempranas
Por la mañana, el canciller Araújo había presentado su renuncia a Bolsonaro, quien recién se la aceptó por la tarde y nombró en ese lugar a su asesor y diplomático de carrera Carlos França, especialista en integración energética sudamericana. Araújo acusó a la exministra de Agricultura Katia Abreu, jefa de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, de haber hecho lobby a favor de aceptar a China en la licitación de 5G, teniendo en cuenta que el agronegocio es el principal motor de la economía, sobre las exportaciones al país asiático. Trumpista y declarado enemigo de China en sus escritos, Araújo fue llamado «marginal» por la senadora Abreu. La oposición tenía listo un pedido de juicio político a Araújo por su supuesta negligencia frente a la pandemia y al proceso para la adquisición de vacunas. La derrota electoral de Trump redujo el poder de influencia de Araújo, amigo personal de presidente dentro de la diplomacia del Palacio de Itamaraty y un hombre fuerte del gurú de la ultraderecha brasileña, el astrólogo Olavo de Carvalho. En la Abogacía General de la Unión (AGU, una suerte de cartera de procuración de Justicia, Bolsonaro puso a un polícía federal, el comisario Anderson Torres, en lugar del abogado evangélico André Mendonça, quien regresa a la abogacía general del gobierno. La llegada de la derecha al Gobierno
La modificación en el gabinete buscó crear lugares para el «Centrao», el grupo de legisladores de la derecha que respalda al Ejecutivo. El titular de Diputados, Arthur Lira, oficialista, amenazó la semana pasada con «remedios amargos» frente a la incompetencia del gobierno ante la pandemia, de la cual Brasil es el centro mundial con más de 2.500 muertos diarios en promedio por semana y el 80% del país bajo colapso. En medio de este clima, el gobernador paulista, Joao Doria, un exbolsonarista que se convirtió en uno de los principales enemigos de la familia Bolsonaro por el tratamiento dado a la pandemia, anunció que se muda de su mansión en Jardim Europa, barrio de clase alta de San Pablo, al Palacio de los Bandeirantes, la sede del gobierno. «Regresamos a los tiempos oscuros en que la integridad física de aquellos que defienden la vida y la democracia está bajo amenaza», dijo Doria, un magnate del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) cuyo padre, diputado, debió exiliarse durante la dictadura, régimen que defiende Bolsonaro. La casa de Doria se transformó en un constante centro de protestas contra las cuarentenas.

(INFOBAE) El Banco Central espera más de 3,5% de inflación para marzo y el gobierno culpa al sector privado por los aumentos En el BCRA manejan una pauta del 11% para el primer trimestre que vuelve imposible el 29% anual que estableció Martín Guzmán en el Presupuesto. Admiten que la baja del ritmo de devaluación no tuvo los resultados esperados, a pesar del buen impacto en las expectativas. Marzo aún no termina pero los datos disponibles de inflación, admiten ya en el Gobierno, son malos. De ahí que desde el Banco Central, donde crece la preocupación por la tenaz persistencia de la suba de precios, pisaron aún más fuerte en los últimos días el freno sobre el aumento del dólar. El ritmo de suba, que durante febrero promedió 3%, se acomodó en marzo en 2,3%, prácticamente la mitad del ritmo con el que arrancó en enero cuando el BCRA habilitó un incremento de 4% mensual del dólar oficial. Sin embargo, aunque se trata de la principal política anti-inflacionaria, en la entidad monetaria reconocen no sólo que resultó insuficiente sino que no generó los resultados que previstos, al menos en los plazos previstos. Concretamente, el índice de inflación de marzo que se conocerá a mediados de abril, no reflejará ninguna mejora respecto del mes anterior. Esto lo ubica en un piso de 3,6%, en línea con las estimaciones privadas que prevén incluso un índice más cercano al 4% para el mes pasado. En el Banco Central, con todo, aclaran que no hay aceleración de los precios, pero tampoco ninguna evidencia de que finalmente la presión sobre los precios haya empezado a ceder. La inflación de marzo va a estar arriba de lo previsto, no hay aceleración pero tampoco ningún indicio de que esté bajando, admitieron fuentes oficiales “La realidad es que bajar el ritmo de devaluación tuvo gran impacto en las expectativas, hubo un efecto de credibilidad importante del Banco Central pero lo que no hubo fue un impacto en los precios como el que se esperaba. La inflación de marzo va a estar arriba de lo previsto, no hay aceleración pero tampoco ningún indicio de que esté bajando”, admitieron a Infobae fuentes oficiales. En este contexto de un dólar cada vez más planchado, el debate que se abre es cuál es el motor que impulsa ahora la inflación. Mientras los analistas y consultores privados apuntan al rezago de la mega emisión monetaria de 2020 y también al impacto de la suba de los precios internacionales que sobre todo exacerban el aumento de los precios mayoristas y al productor, en el Gobierno tienen un diagnóstico diferente. Y, previsiblemente, apuntan la mira a los “formadores de precios”, es decir, al sector privado. “Era lógico, en algún punto, que las empresas atravesaran un período de búsqueda de recomposición de rentabilidad. Pero esa etapa ya pasó y hay aumentos, en alimentos por ejemplo, que ya no tienen ningún justificativo”, afirman. Desde la perspectiva oficial, la causa de la emisión monetaria como fenómeno detrás de la inflación resulta una explicación insuficiente. Apuntan en el Central que la expansión de la base monetaria fue de “apenas” 20%, producto de las medidas de esterilización que llevaron al stock de Leliqs a niveles récord. “Este año se asistió al Tesoro sólo con $ 70.000 millones, así que la monetización del déficit fiscal no es la causa”, aseguraron y agregan que, desde la conducción económica, además del dólar, están dadas todas las demás señales necesarias. A saber, las tarifas se mantuvieron congeladas y se descartan incrementos mayores a la inflación y los acuerdos salariales también están en línea con las proyecciones oficiales, ya que ninguna paritaria se ha excedido del 32% o 33% de aumento para este año. Con esa reseña, desde el Gobierno la mira se enfoca en las empresas del sector privado, “el único que no respondió” al menú de señales. En cualquier caso, lo concreto es que un índice de inflación por encima de 3,5%, tal como está prácticamente confirmado, dejará un piso de inflación para el año mayor a 11% en el primer trimestre, lo que aleja definitivamente la posibilidad de cumplir con la proyección oficial de 29% contemplada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el Presupuesto. Este escenario, incluso, en un marco en el que se mantiene totalmente descartado la implementación de nuevas medidas de asistencia económica en virtud de la segunda ola de contagios de coronavirus. Sobre el punto, la postura de todo el Gobierno, particularmente del ala económica, parece no tener fisuras: los contagios no se producen en ámbitos laborales o de producción, como tampoco en las escuelas, con lo cual sin necesidad de restringir actividad económica, tampoco serán necesarias medidas que impliquen alto costo fiscal. Y, en el peor de los casos, a diferencia del año pasado, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, gira su cabeza hacia Guzmán. Es que, recuerdan en el BCRA, el año pasado la emisión monetaria era la única fuente de financiamiento disponible. Ahora, en cambio, “el mercado de capitales funciona mucho mejor y el ministro logra captar financiamiento neto”. Es decir, Guzmán se puede endeudar.

(INFOBAE) Tras una gira con pobres resultados, Martín Guzmán se quedó sin agenda propia hasta las elecciones El ministro de Economía tenía en su hoja de ruta la negociación de un nuevo acuerdo con el FMI. Ahora seguirá sin plan económico y con la principal preocupación de contener desbordes financieros El ministro de Economía volvió con las manos vacías de Estados Unidos. No pudo seducir a los bancos y fondos de inversión con los que se reunió en Nueva York (apenas un puñado) y tampoco trajo nada de relevancia de su encuentro con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Tampoco pudo concertar una entrevista con la titular del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. Pero lo más preocupante para Martín Guzmán es que se quedó sin una hoja de ruta relevante para los próximos meses, en otras palabras prácticamente se quedó sin una agenda de importancia por delante. Básicamente lo del ministro consistirá en seguir apagando incendios. En el camino aparece un viaje a Europa, pero el objetivo no será acordar nuevas inversiones o préstamos bilaterales. Sólo buscará sondear la posibilidad de evitar un nuevo default con el Club de París, ya que la última cuota del crédito, de USD 2.500 millones, vence en mayo. De todas formas, hay tiempo hasta julio formalmente para no volver a caer en cesación de pagos. En la cabeza de Guzmán figuraban dos grandes temas cuando arrancó su gestión al frente de la cartera de Economía: renegociar la deuda con los bonistas, algo que completó con cierta demora en septiembre del año pasado, y embarcarse en un nuevo acuerdo con el FMI. El objetivo era doble: no sólo refinanciar vencimientos por USD 44.000 millones, sino también diseñar un plan económico que permitiera recuperar el crecimiento. Pero con la postergación de las negociaciones con el organismo, esa idea también quedó para otro momento. La idea de defaultear con el FMI por ahora no luce como algo que podría suceder seriamente, aunque el discurso de la semana pasada de Cristina Kirchner alentó fantasmas. El propio Guzmán había asegurado que no había ninguna posibilidad de que sucediera esto y explicó que la Argentina se convertiría en un “paria” en los mercados financieros si se tomara semejante decisión. Claro que en el medio habrá que ponerse de acuerdo con el organismo sobre las condiciones en que se refinanciará la millonaria deuda que se tomó durante la última parte de la gestión del gobierno de Mauricio Macri. Es poco o nada lo que podrá hacer Guzmán al menos hasta las elecciones. Probablemente su principal tarea, no menor por cierto, es que las principales variables financieras no se descontrolen
Sin acuerdo con el FMI en el horizonte, quedará para más adelante definir cuál será por ejemplo la política tarifaria y de qué manera se negociarán los futuros subsidios para luz, gas y otros sectores. También cómo se avanzará hacia el equilibrio fiscal y cuál será el mecanismo que permitirá al Banco Central acumular reservas y poder aflojar gradualmente el cepo cambiario. Ni hablar ciertas reformas estructurales que siempre están presentes en este tipo de acuerdos, tanto desde el punto de vista del mercado laboral como impositivo. Son todos temas imprescindibles en cualquier negociación con el Fondo. Por lo tanto, es poco o nada lo que podrá hacer Guzmán al menos hasta las elecciones. Probablemente su principal tarea, no menor por cierto, es que las principales variables financieras no se descontrolen. Mantener la brecha cambiaria a raya será el principal objetivo hasta octubre. Y al mismo tiempo procurar que la inflación baje gradualmente, a partir de reducir el ritmo de suba del dólar oficial (ahora en torno al 2,5%) y de pisar las tarifas todo lo posible. El segundo trimestre debería traer buenas noticias para el Gobierno, a partir de una mayor liquidación de divisas que permitirían mantener o incluso bajar la brecha cambiaria con relativa comodidad. También comenzaría muy gradualmente una recuperación del salario, ya que confluirán las mejoras salariales con una lenta baja de la inflación. Pero se trata de objetivos de corto plazo para ganar tiempo y llegar con un colchón más o menos cómodo hasta las elecciones. Después del 24 de octubre arranca una nueva historia.