(AMBITO) El Gobierno busca apoyo en los gobernadores en la pelea contra la Ciudad por coparticipación
El medio del conflicto entre Nación y Ciudad por la quita de fondos de la coparticipación federal, el Gobierna recibirá este miércoles en la Casa Rosada a gobernadores y representantes de más de 20 provincias del país para «exponer sobre los alcances de la audiencia de conciliación» convocada por la Corte Suprema de Justicia.

El medio del conflicto entre Nación y Ciudad por la quita de fondos de la coparticipación federal, el Gobierna recibirá este miércoles en la Casa Rosada a gobernadores y representantes de más de 20 provincias del país para «exponer sobre los alcances de la audiencia de conciliación» convocada por la Corte Suprema de Justicia.

El encuentro, previsto para las 11 en el Salón Eva Perón de la Casa de Gobierno, estará encabezado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quienes recibirán a los representantes provinciales.

Estarán presentes la mayoría de los gobernadores afines al Ejecutivo nacional, pero quienes no puedan asistir enviarán como emisarios a los vicegobernadores o sus ministros de Economía.

Entre los confirmados, estaban Axel Kicillof, Raúl Jalil, Jorge Capitanich, Mariano Arcioni, Gustavo Bordet, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela, Oscar Herrera Ahuad, Omar Gutiérrez, Sergio Uñac, Alicia Kirchner, Omar Perotti, Gerardo Zamora y Osvaldo Jaldo.

Los que no estarán serán los mandatarios de Jujuy, Gerardo Morales; de Corrientes, Gustavo Valdés; y de Mendoza, Rodolfo Suárez, además del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Fuentes cercanas al ministro del Interior detallaron que el funcionario nacional explicará la situación a los gobernadores, poniendo el eje en «lo que pierden las provincias en caso que la Corte falle en favor de la Ciudad de Buenos Aires».

Además, indicaron que De Pedro hará uso de la palabra para explicar con números lo que implica para las provincias un fallo a favor de la Ciudad de Buenos Aires, cuya cifra estaría cercana a los 100.000 millones de pesos.

La convocatoria se realiza mientras corre el plazo de 30 días hábiles que la Corte fijó para que el Gobierno nacional y la administración porteña lleguen a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri, cuya fecha límite para que arriben a un punto en común es el próximo 26 de abril.

(AMBITO) La economía arrancó el año en baja: cayó 0,5% mensual en enero tras dos subas consecutivas
En términos interanuales, registró un crecimiento de 5,4% y acumula 11 meses en suba. Si se compara contra enero de 2020, el EMAE también crece 3,2%, mientras que la suba es de 1,5% frente a enero de 2019.

La economía arrancó el año en baja, al caer un 0,5% en enero tras dos subas consecutivas, dato menor al alcanzado en diciembre debido al bajo rendimiento de varios rubros, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC)

Luego de las subas de noviembre de 2021 (+1,2%) y diciembre de 2021 (+1,1%), el EMAE de enero registró una leve baja de 0,5% mensual sin estacionalidad. No obstante, supera por séptimo mes consecutivo el nivel pre-covid de febrero de 2020 (+4,6%) y se ubica a solo 3,6% del máximo de noviembre de 2017. Por su parte, la serie tendencia-ciclo registró una suba de 0,2% mensual y acumula 17 meses en alza

En términos interanuales, registró un crecimiento de 5,4% y acumula 11 meses en suba. Si se compara contra enero de 2020, el EMAE también crece 3,2%, mientras que la suba es de 1,5% frente a enero de 2019.

«La actividad se resintió en el primer mes del año y cayó frente a diciembre arrastrado por las malas performances de la industria y la construcción y los problemas logísticos en distintos sectores a raíz de la disparada de casos de Covid», afirmó Isaías Marini, economista de la consultora Econviews.

«Aunque la excelente temporada turística moderó en parte la merma», añadió.

Por su parte, Marini dijo que «en Febrero la actividad rebotó, pero para los próximos meses no esperamos mucho dinamismo en términos de actividad. Por ahora, nuestra proyección es de un crecimiento promedio de 3,5% para todo 2022, por debajo del arrastre estadístico que dejó diciembre».

Mientras que, desde la consultora Orlando Ferreres y Asociados, indicaron que «si bien la actividad económica se contrajo bruscamente respecto a diciembre, este número está influenciado por lo sucedido en la industria, un indicador que debe tomarse con cautela en sus primeras estimaciones por el impacto de las paradas técnicas».

Por sector de actividad, en enero crecieron de forma interanual 13 de los 15 sectores que integran el indicador. Lideró el crecimiento nuevamente el sector de Hoteles y restaurantes, que creció 51,5% interanual y aportó 0,6 puntos porcentuales -p.p.- al crecimiento del EMAE en enero.

También crecieron a tasas de dos dígitos Minas y canteras (+14,0% interanual; aporte 0,4 p.p.), Agropecuario (+10,6% interanual; aporte 0,5 p.p.), Administración pública (+10,0% interanual; aporte 0,5 p.p.) y Transporte y comunicaciones (+10,1% interanual), este último sector registrando el mayor aporte sectorial al crecimiento del EMAE del mes (0,8 p.p.).

Además crecieron las Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+4,3% interanual; aporte 0,5 p.p.), el Comercio (+4,0% interanual; aporte 0,5 p.p.) y la Construcción (+0,5% interanual; aporte 0,02 p.p.), además de los Impuestos (+5,9% interanual; aporte 1,1 p.p.).

Por el contrario, los únicos dos sectores en baja fueron Pesca, que cayó -15,3% interanual y la Industria, que prácticamente se mantuvo estable respecto al mismo mes del año anterior (-0,1% interanual), ambos sectores con bajo impacto sobre el nivel general del EMAE.

En el caso de la Industria, esta leve caída fue la primera tras catorce meses en alza y estuvo explicada por paradas técnicas programadas y menor actividad en las fábricas en el contexto de las vacaciones de verano, a las dificultades de dotación de personal por el rebrote de Covid-19 y a los problemas de suministro de energía por la ola de calor- entre otros motivos particulares de cada sector manufacturero.

Comparado contra enero 2020, crecen 10 de 15 sectores. Las mayores subas se dan en Agropecuario (13,6%), Construcción (11,8%), Comercio (7,5%) y Electricidad, Gas y Agua (7,3%), con caídas en Pesca, Hoteles y restaurantes, Transporte y comunicaciones, Salud y Otras actividades de servicios.

Comparado contra enero de 2019, crecen 9 sectores, con mayores subas en Electricidad, Gas y Agua (12,0%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (6,5%), Minas y canteras (6,2%) y Comercio (5,4%) y bajas en los mismos sectores sumando Intermediación financiera.

(AMBITO) Economía captó $474.507 millones, lo que le permitirá cubrir vencimientos de primera quincena de abril
El financiamiento extra obtenido en la licitación de hoy permite cubrir los vencimientos de la primer quincena de abril, que suman cerca de $80.000 millones

El Ministerio de Economía captó este martes un total de $474.507 millones, con alta predominancia de instrumentos CER, para cerrar el mes con un fondeo extra de $300.000 millones, lo que le permite cubir los vencimientos de la primera quincena de abril (suman cerca de $80.000 millones).

De esta forma, en el primer trimestre del año, el Tesoro acumuló un financiamiento neto positivo de $617.853 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 149% (en marzo alcanzó el 146%).

En la licitación se recibieron 2.578 ofertas, marcando un nuevo récord de participación de inversores, resaltó Economía.

El 80% del monto adjudicado fue en instrumentos ajustables por CER, el 19% en instrumentos a tasa fija y, el 1% restante, en instrumentos a tasa variable.

Del total de financiamiento obtenido, el 32% correspondió a instrumentos con vencimiento en 2022, el 54% a instrumentos con vencimiento en 2023, el 6% al instrumento con vencimiento en 2024 y, el 7% restante, al instrumento con vencimiento en 2026, dijo el comunicado.

Durante la última semana del mes se afrontaron vencimientos por $367.787 millones. De esta forma, el Tesoro acumuló en el mes un financiamiento neto positivo de $293.932 millones, lo que implica una tasa de refinanciamiento del 146% para el mes de marzo

En el marco del Programa de Creadores de Mercado, este miércoles, se efectuará la Segunda Vuelta en donde se podrán recibir y adjudicar ofertas por hasta un 20% del total del valor nominal adjudicado en la licitación del día de este martes. La próxima licitación tendrá lugar el martes 12 de abril.

(AMBITO) Senadores van por u$s70.000 millones para pagarle al FMI (blanqueo debería discutirse con el organismo)
El acuerdo que aprobó el Board dice que la Argentina tiene que «evitar» amnistías fiscales, aunque para algunos analistas no se trata de un perdón. Tributaristas afirman que la iniciativa debería arrancar por la Cámara de Diputados.

Los senadores oficialistas estiman que con el proyecto de ley de blanqueo para argentinos con fondos en el exterior no declarados, se podrían recaudar unos u$s70.000 millones de dólares. Sin embargo, si el mismo logra atravesar las barreras que seguramente le impondrá la oposición en el Congreso, debería contar finalmente con una autorización final: la del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La presentación del proyecto con la firma de senadores del Frente de Todos puso en alerta a tributaristas y abogados, y se produjo en el contexto de la visita del embajador de Estados Unidos, Marc Stanley, a la vicepresidenta Cristina Fernández, quien le pidió respaldo para el país.

Analistas señalan que esa visita tiene importancia como señal de apoyo porque se estima que el grueso de fondos expatriados no declarados por argentinos está en ese país, debido a que tiene estrictas normas que limitan al fisco de ese país compartir información con otros países.

En el oficialismo esperan que el proyecto, que establece una alícuota del 20% para los que exterioricen su capital (o del 35% para quienes lo hagan después de los seis meses de su entrada en vigencia), permita generar una masa de fondos suficiente como para saldar las deudas con el FMI. «Se les da un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país. Con este proyecto se pueden recaudar alrededor de u$s70.000 millones», dijo la senadora Juliana Di Tullio a Radio 10, e indicó que «el espíritu es que le paguen los que siempre se benefician y no el Pueblo».

Pero, más allá de las aspiraciones que tenga el gobierno sobre la iniciativa, y si logra sortear las objeciones que le pondrá la oposición, tendría que iniciar nuevamente una negociación con el FMI.

El capítulo de “Política Fiscal y Financiamiento” del memorándum sostiene que en materia de administración tributaria ”seguirán siendo necesarios los planes de pago de impuestos, pero se evitarán amnistías fiscales que puedan deteriorar el cumplimiento tributario”.

El punto es discutible y podría entrar en lo que el propio organismo calificó como “recalibración” de políticas que exige el cambio de escenario económico global. Por un lado, el Fondo podría estar interesado porque sería el beneficiario directo de esa recaudación. Para algunos analistas, el proyecto de blanqueo podría no ser considerado una amnistía en función de la alícuota del 20% que tendría que abonar el contribuyente, que de por sí implica un fuerte castigo. Del mismo modo que el uso de moratorias no estaría taxativamente prohibido, sino que hay que “evitarlas”.

Al respecto, César Litvin, del estudio Lisiki, Litvin y Asociados, consideró que el proyecto “es un verdadero blanqueo” aunque se lo presente como la creación de un fondo para pagar la deuda con el FMI. “Va en contra de lo pactado” con el organismo, aseguró.

Los tributaristas tienen otra objeción, que es de carácter constitucional. De acuerdo con lo que indica la Carta Magna, la Cámara de Senadores no puede ser origen de proyectos que tengan que ver con impuestos. La iniciadora tiene que ser la Cámara de Diputados.

De modo que ello, en caso de aprobarse, podría ser objeto de cuestionamientos judiciales. “La hoja de ruta comenzó mal. Eso lo van a tener que cambiar”, planteó Litivin.

Por otro lado, el asesor tributario sostiene que el proyecto del oficialismo apuntaría más que nada a los fondos no declarados que están en bancos de Estados Unidos porque la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya contaría con la información por parte de otras jurisdicciones a partir del acuerdo de intercambio de datos celebrado con diferentes administraciones tributarias en el marco de la Organización para la Cooperación y Desarrollo (OCDE), del que no participa el organismo norteamericano. Se estima que el grueso de lo no declarado se encuentra en ese país. Argentina firmó un acuerdo bilateral para intercambio de información con el Servicios de Impuestos Internos (IRS) en enero del año pasado, aunque todavía no estaría operativo.

Por su lado, el abogado especializado en materia impositiva Diego Fraga cuestionó la iniciativa al afirmar que “la Cámara de Senadores no puede iniciar” una ley como la que propone el kirchnerismo y aclara que ese tipo de normas “deben iniciarse por la Cámara de Diputados”. Mientras que el tributarista Guillermo Pérez, CEO del Grupo GNP, opinó que la AFIP ya cuenta con las herramientas para combatir la evasión de modo que “esto podría afectar a alguien que se pueda asustar”. “Como la efectividad de esto va a ser baja, creo que se trata de humo para la tribuna”, indicó el asesor tributario.

(AMBITO) La única clave detrás del proyecto de nuevo blanqueo o «impuesto a la fuga»: la FATCA

El proyecto presentado por senadores de la bancada kirchnerista sería totalmente intrascendente si se lo escinde de la foto con la que Cristina de Kirchner escenificó la presentación de la iniciativa en su retorno a la centralidad política, dentro de la interna del Frente de Todos. La convocatoria del embajador de los Estados Unidos Marc Stanley al despacho de la vicepresidenta excede el motivo de plasmar una mera gestualidad de “apoyo” al proyecto, a secas. La clave detrás del tópico que abordó la expresidenta encuentra su origen en la FATCA –la legislación que loa Estados Unidos aprobó en 2010 y exige a entidades financieras extranjeras de todo el globo que informen los detalles bancarios de cuentas de clientes que sean ciudadanos estadounidenses-. Ese acuerdo denominado Ley de Cumplimiento Fiscal para Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) es, hoy, unidireccional. La información sólo va desde Argentina hacia el Norte. No vuelve.

Recíproco
Las dos palabras centrales de esa gestión del lunes que se le reclamaron a la Casa Blanca son “reciprocidad” en el flujo de información y “masividad” para que se corran automáticamente los datos anuales que permitan detectar personas físicas o jurídicas argentinas que hayan constituido activos como titulares o beneficiarios finales y no, eventualmente, tener que reclamar caso por caso. Sería el último gran intercambio de información que le queda pendiente a la Argentina, que también adeuda uno con Paraguay pero de mucha menor escala. Según resolución del IRS –Internal Revenue Service, el organismo recaudador de los Estados Unidos- esa información que podría recopilar para intercambio es a nivel federal, lo que incluiría la actividad de los “trust” centrada en Delaware, Dakota del Sur, Alaska, Florida o Nevada, de acuerdo a la tabla de opacidad financiera que recopila una ONG como Tax Justice Network.

En los fundamentos del proyecto se incluyó un llamativo recuento de todas las acciones llevadas a cabo por las administraciones kirchneristas para implementar acuerdos de transparencia fiscal y tácitamente quedó plasmado que no ha habido mayor acción en los últimos años. Por eso, sin este contexto, parecería redundante que se “inste” a la AFIP a hacer, básicamente, su trabajo que es recaudar. Para la historia quedará que cuando se estaban por acercar posiciones para lograr esa reciprocidad con los Estados Unidos ocurrió el extraño episodio de la requisa a un avión militar de ese país, el 10 de febrero de 2011. Se incautó material bélico y de comunicaciones en un inédito operativo encabezado por el entonces canciller Héctor Timerman. La negociación (y la relación) bilateral explotó por el aire.

Errores
Más allá de la discusión estéril entre aplaudidores y objetores de la iniciativa oficial, el proyecto debe ser tamizado técnicamente y solo a la luz de lograr un acuerdo de estas características que vuelva operativo el FATCA para la Argentina. En cualquier otra instancia, las fuentes de información que pueden nutrir las pesquisas flaquean, el temor de los evasores a ser descubiertos se aplaca, y los resultados de un eventual blanqueo se quedan sin mayores instrumentos. Queda por ver si la figura del “colaborador” aporta una vía colateral de suministro de información viable. Olvídense de los contadores. Es una zona gris en la que se corre el riesgo de infligir otras leyes o ir contra jurisprudencia pacífica. Queda de lado la claudicación ante una figura que al kirchnerismo le trajo todo tipo de sinsabores en materia penal.

Sobresale que no se trataría de un nuevo impuesto, sino de un nuevo blanqueo de capitales sazonado con el fondo especializado para pagar la deuda con el FMI, en un hilo que conceptualmente no tiene fisuras. Pero al ser un instrumento de este tipo –sin poner en tela de juicio la jugada política que reagrupa al disperso tablero oficialista, ofrece un relato asequible contra un enemigo ideal y perverso, y espabila a los organismos investigativos financieros a entusiasmarse con la búsqueda- ofrece algunos flancos que podrían ser discutidos a la luz de las premisas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Un ejemplo podría ser que no establece una fecha de corte, más allá de los plazos de 6 meses de gracia para una suerte de “autodeclaración” para pagar una alícuota menor. O la ausencia de mecanismos de trazabilidad para la porción de activos que sean hallados y no terminen afectado al fondo para el FMI. Llanamente, o se repatrían los fondos o se depositan. No lo dice el proyecto. También hace algún “ruido” la reforma indirecta de la Ley de Entidades Financieras haciendo una suerte de levantamiento de secreto fiscal y bancario sin necesidad de una orden judicial, lo que podría sustraer a los tribunales de una facultad que se aplicaba en el marco de investigaciones que podrían, ahora, no llegar a judicializarse.

En otras épocas, y ante estos obstáculos, la creatividad recaudatoria de los países iba a la pesca de arrepentidos, hackers o filtradores de bases de datos que permitieran dar con evasores con mayor precisión.

Alarma
El dato que hilvana el movimiento político de Cristina de Kirchner se apoya en una cifra alarmante: el monto de activos en dólares declarados por argentinos en el exterior tocó su máximo luego del blanqueo impulsado por Cambiemos y no hizo otra cosa que reducirse en los últimos años en hasta u$s 15 mil millones. Es un universo de contribuyentes de 110 mil personas, aproximadamente, según el impuesto a Bienes Personales. Refleja una pérdida de más del 10% de la base imponible que hizo que se desacoplara la recaudación si se la compara con el alza general, en términos porcentuales. Eso se explica por la pérdida de residencia fiscal de contribuyentes que entre 2020 y 2021 superó el 50% de los que habían mudado su residencia para el pago de tributos durante la gestión Macri. El cálculo estimado sobre los dólares fuera del sistema –colchón o fuera del país- podría alcanzar una cifra cercana a los u$s 290.000 millones. Los tributos que el fisco no recaudó pueden, con estimaciones, ser cercanos al 50% del PBI de la Argentina. Un escándalo.

Colaboración
Desde la adhesión de la Argentina a la Convención Multilateral de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (OCDE-CE) el 3 de noviembre de 2011, los esquemas de colaboración son con más de 140 jurisdicciones, mientras que el Common Reporting Standard (CRS) importa un intercambio automático sobre alrededor de 115 jurisdicciones. El país también cuenta con convenios de doble imposición con 21 países, a la vez que los acuerdos bilaterales de intercambio de información impositiva llegan a 26 países. La AFIP se nutre de información proveniente de más de 100 jurisdicciones y le provee datos a otras 77.

Parte de la reunión con Stanley –más allá de los “chocolates patagónicos”- se apoya en la base de que la Argentina y Estados Unidos firmaron el 23 de diciembre de 2016 el Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria que permitiría avanzar en una negociación que quedó pausada desde hace casi 6 años. La firma de una FATCA recíproca parece ser la única vía para el éxito de una medida de estas características y que no naufrague en el posibilismo. Estados Unidos no suele regalar lo que puede intercambiar.

(AMBITO) Se derrumbaron los precios de los granos: ¿peligra el ingreso de divisas?
La soja cayó 1,4% hasta los u$s603,7. Los cereales tuvieron una jornada con caídas en torno al 4%. Cómo impacta el posible acuerdo entre Rusia y Ucrania.

El mercado internacional de los commodities atraviesa un período de alta volatilidad. Diversos factores geopolíticos le están metiendo presión bajista a los valores de la soja, el maíz y el trigo en Chicago que cerraron este martes con bajas de entre el 1,2% y el 4%. Ante este contexto, el gran interrogante es como continuará el ingreso de dólares frescos por parte del campo ante un contexto económico de escasez de divisas.

Concretamente, los avances de un posible cese al fuego entre Rusia y Ucrania y los temores de un posible nuevo rebrote de Covid en China, llevaron a los grandes fondos especuladores a tomar rápido ganancias. En este marco, la soja bajó este martes 1,2% (u$s7,8 por tonelada), para cerrar la jornada a u$s603,70.

“Este retiro de ganancias de los especuladores se efectivizó incluso a pesar del alto grado de escepticismo que persiste en cuanto a ver resultados concretos del diálogo entre Ucrania y Rusia en un corto plazo. En tanto, la nueva caída del petróleo, el progreso de la cosecha en Sudamérica y las noticias que llegan desde China, con rebrotes de Covid y con márgenes negativos para los productores de porcinos que los ponen en la búsqueda de alimentos alternativos a la harina de soja más económicos, aportaron a la tónica bajista”, detallaron desde la corredora Granar.

Lo cierto es que a pesar de que la soja acumula esta semana su segunda baja consecutiva todavía se mantiene en el atractivo terreno de los u$s600 por tonelada. Aunque de consolidarse nuevos escenarios geopolíticos, en el sector agroindustrial esperan un retroceso en las cotizaciones en el mediano plazo.

Días atrás, desde la Bolsa de Comercio de Rosario indicaban que ante la suba de las cotizaciones los despachos del complejo soja se proyectaban en u$s23.168 millones, u$s2.640 millones más que lo previsto hace un mes. Es decir que de continuar las bajas en el mercado internacional, las arcas nacionales podrían perder al menos unos u$s2.600 millones por los envíos de la oleaginosa.

Los cereales en la mira
En tanto, se abre otra cuestión clave en lo que respecta a los cereales (maíz y trigo). La suba de las cotizaciones internacionales de ambos productos también le pegó de lleno al precio de los alimentos en el mercado interno y por eso el Gobierno buscó crear un fondo compensador para los valores del trigo. Es decir que una caída en los precios internacionales puede analizarse de dos maneras. Por un lado, representaría un menor ingreso de divisas – pero dentro de los máximos históricos- y por otro lado, una menor presión para el mercado interno ya que el maíz tiene gran incidencia en los costos de la alimentación animal (fundamentalmente carne vacuna, porcina y avícola) y el trigo en la producción de pan y fideos entre otros muchos productos de la canasta básica.

Con estas consideraciones, el maíz cayó casi 3% (u$s8,76 por tonelada) para terminar la rueda a u$s285,91. “Lo que sigue estando en juego a los fines del mercado agrícola es la reactivación plena de las exportaciones desde la zona del Mar Negro y la campaña de siembras 2022/2023, que en Ucrania debería comenzar en los primeros días de abril. La semana pasada el Ministerio de Agricultura de Ucrania indicó que la siembra de maíz podría oscilar de 3 a 3,3 millones de hectáreas, frente a los 5,4 millones de 2021. Un alto el fuego podría mejorar esa previsión. La buenas perspectivas para la segunda cosecha de maíz en Brasil sumaron a la tónica bajista”, adelantaron desde Granar.

Respecto al ingreso de divisas de este sector, con sus precios máximos, las proyecciones días atrás indicaban despachos por u$s8.651 millones, y los precios actuales continúan en máximos históricos por lo que el retroceso en los ingresos sería de apenas unos u$s800 millones.

Finalmente, el trigo fue el que tuvo la jornada más complicada en Chicago. Durante la rueda llegó a perder más de u$s27 por tonelada pero luego logró ajustar y terminar con una caída en torno al 4% (u$s15,71) para cerrar la jornada a u$s372,67. Mientras tanto el ingreso de dólares previsto para el cereal continúa en torno a los u$4.400 millones. La diferencia es que días atrás el gobierno habilitó un cupo adicional de exportación de 8 millones de toneladas de trigo 2022/23 –que comenzará a cosecharse en diciembre próximo– para sumar un total de 10 millones autorizadas, el objetivo es captar los altos precios mientras duren.

En conclusión, con los actuales valores, el campo aportaría no menos de u$s38.000 millones este año, aunque no todo está dicho. La falta de precipitaciones podría complicar la próxima campaña y la volatilidad en los mercados internacionales continúa a la orden del día.

(AMBITO) La UIA ya se prepara para enfrentar un invierno sin gas
Los empresarios crearon una mesa para analizar medidas de coordinación de oferta y demanda. Aseguran que será inevitable que haya cortes. Este miércoles, nuevo encuentro de pymes con el Enargas.

Los industriales comenzaron a prepararse para un invierno en el cual anticipan que va a faltar gas como producto de la suba de los precios internacionales a partir de la guerra en Ucrania. Para los directivos de la Unión Industrial Argentina (UIA) serán inevitables los cortes, por lo que van tener que programar la actividad de las plantas.

El tema fue analizado durante la reunión de la Junta Directiva de la central fabril encabezada por el titular Daniel Funes de Rioja.

“En virtud de los desafíos de la matriz energética que impone el contexto global, la UIA conformó una mesa de trabajo para abordar la agenda vinculada al abastecimiento y al uso eficiente de la energía, con el objetivo de reducir el impacto negativo del escenario global en la producción y el consumo local durante el período invernal”, informó la entidad en un comunicado.

Los empresarios presentaron una agenda de trabajo con “propuestas para articular esfuerzos desde la demanda y la oferta de energía”.

La preocupación de los industriales es generalizada. También entidades de las pequeñas y medianas empresas anticipan que no van a contar con fluido durante los meses de mayor frío. Recientemente se llevó a cabo un encuentro en el Enargas, donde participaron la Unión Industrial de Buenos Aires, Industriales Pymes (IPA), la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Empresarios Nacionales (ENAC) y cámaras provinciales, en el que analizó el problema.

Para este miércoles 30 de marzo está programado un nuevo encuentro en la Comisión Pyme del organismo regulador donde se busca avanzar en medidas para mitigar el impacto.

La escasez de energía fue abordada la semana pasada también durante una visita que llevó a cabo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la central fabril. Según comentó Funes de Rioja, la falta de gas en los próximos meses “es inevitable”.

Lo que procuran ante ese contexto es planificar de la mejor manera posible la producción para intentar que, cuando sobrevengan los cortes, afecte lo menos posible.

Durante la reunión de tres horas que mantuvieron los empresarios con los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la sede del sindicato de la sanidad, en la que estuvo el presidente Alberto Fernández, se analizó el posible escenario para el invierno.

“Durante el encuentro se abordaron los posibles ejes de una agenda tripartita para identificar causas, consecuencias y posible evolución de las expectativas inflacionarias, la necesidad de consolidar un crecimiento sustentable e inclusivo y las proyecciones en materia de suministro energético en el marco de la incertidumbre del escenario internacional, derivado de la guerra entre Rusia y Ucrania”, informó la UIA.

(AMBITO) La petrolera Vista anunció inversiones en el país por u$s400 millones
Lo hizo su presidente y CEO, Miguel Galuccio, durante una reunión con el ministro de Economía, Martín Guzmán. La compañía prevé incrementar su producción un 20%.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, recibió este martes en el Palacio de Hacienda al presidente y CEO de la petrolera Vista, Miguel Galuccio, quien anunció inversiones por u$s400 millones para este año.

A través de un comunicado, la compañía informó que prevé alcanzar un aumento de su producción de aproximadamente 20% año tras año, lo que generará una producción promedio de entre 46 y 47 mil barriles de petróleo equivalentes por día para 2022.

En este sentido, Galuccio le comunicó a Guzmán que Vista aumentó la producción en casi 60% desde su creación cuatro años atrás, triplicó sus reservas y se convirtió así en el segundo productor de shale oil de Vaca Muerta. Además, la acción de la compañía creció durante los últimos doce meses 233%.

Por su parte, en relación a 2019 -previo a la pandemia-, incrementó los volúmenes de petróleo vendidos en el mercado local en aproximadamente un 20%.

Recientemente, Vista invirtió u$s140 millones en la adquisición de los bloques Aguada Federal y Bandurria Norte, a las petroleras ConocoPhillips y Wintershall DEA, agregando 50 mil acres a su portafolio.

Además, planea completar y poner en producción cuatro pozos en el bloque Aguada Federal, y para 2022, en Bajada del Palo Oeste -el bloque con el que la compañía desembarcó en Vaca Muerta- perforar y poner en producción 16 pozos nuevos.

La empresa de Galuccio tiene intenciones de convertirse en una compañía net zero (cero emisiones netas) en 2026, al combinar una reducción del 35% en las emisiones absolutas de GEI en las operaciones y la implementación de su propio programa de soluciones basadas en la naturaleza (natural based solution).

Asimismo, el titular de Economía y Galuccio repasaron las posibilidades de acelerar el desarrollo energético en la Argentina que es “transformacional” en la estructura productiva del país. En este sentido, durante el encuentro, ambos coincidieron en la fundamental importancia del abastecimiento del mercado interno.

Esta reunión da continuidad a la agenda energética que está desarrollando el Ministro Guzmán, luego de su participación en la ciudad de Houston en la exposición Argentina Oil & Gas del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG); y en el encuentro ministerial de la Agencia Internacional de la Energía, al que se sumó la Argentina como miembro asociado la semana pasada, luego de la visita del ministro a París.
(AMBITO) El acuerdo con Estados Unidos que debería activarse para detectar evasores en ese país

Estados Unidos estaría obligado a otorgarle a la Argentina datos sobre residentes locales que potencialmente puedan ser evasores impositivos o “lavadores” y, si se aprueba en el Congreso, material disponible para avanzar en la aplicación de la ley de creación del “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”. Esto se daría en el caso de que Argentina presione para aplicar el acuerdo que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cerró con su par norteamericano Internal Revenue Services (IRS) el 5 de enero de 2021, por el cual el organismo que maneja Mercedes Marcó del Pont tendría que recibir la información de potenciales sospechosos de poseer bienes físicos o financieros en ese país.

El acuerdo comenzó a tener vigencia formal el 20 de febrero, cuando ambas reparticiones recaudadoras lo publicaron en sus páginas web, con lo que comenzó a operar un compromiso mutuo de intercambio de datos. Esa firma del acuerdo fue además el fruto de casi cinco años de negociaciones cruzadas, iniciadas durante el gobierno de Mauricio Macri con la idea de potenciar el blanqueo de 2017. Por EE.UU. lo firmó Douglas W. O’Donnell, quién fue el principal impulsor del tratado mutuo. En aquellos tiempos, era la IRS la que quería acceder a datos de norteamericanos en América Latina.

Según este acuerdo, la AFIP debería recibir en forma automática los datos estratégicos financieros y fiscales, de los movimientos de residentes en el sistema impositivo argentino, incluyendo las operaciones “intrafirma”, a partir de precios de transferencia.

El acuerdo fue el primero en cerrarse entre los dos países, y se compatibiliza con el Régimen de Información de Planificaciones Fiscales, un instrumento utilizado a nivel global para evitar la evasión y prevenir el lavado de dinero. De hecho, también es una herramienta promovida por la OCDE y el G20 para que los gobiernos puedan identificar áreas de riesgo en materia tributaria en forma temprana, y ya está vigente en los países de la Unión Europea y también en Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica, Canadá y México.

La Argentina había comenzado a negociar el acuerdo directamente con la administración de Barack Obama en junio de 2016. Había aprovechado la buena sintonía entre Macri y Obama, y había avanzado en el pedido de un acuerdo de “doble imposición e intercambio informativo” con Estados Unidos, para que pueda aplicarse una vez vencido el blanqueo de capitales. El entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, lo había hablado con el secretario del Tesoro norteamericano de aquel momento, Jack Lew, el 6 de octubre de ese año, cuando el funcionario estadounidense visitó Buenos Aires. Allí, Lew le dio la promesa al ministro de Hacienda de que, al llegar a Washington, se acelerarían las negociaciones.

Se considera en Buenos Aires que es a través de este acuerdo entre la AFIP y la IRS que debería concretarse la colaboración desde los Estados Unidos a la embestida local para detectar evasores; siempre que, obviamente, el proyecto de creación del “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI” se convierta en ley (ver más información sobre el tema en la página 6).

Sin embargo, no queda aún claro si únicamente con el acuerdo alcanza, o si habría que ejecutar algún tipo de protocolo de colaboración judicial entre ambos países, ya que en Estados Unidos rige el secreto bancario y sólo con la intervención de un juez podría levantarse. Hasta aquí sólo con la aplicación de un intercambio de esquelas diplomáticas entre jueces el acuerdo AFIP-IRS puede aplicarse. Hasta ahora no hubo requerimientos masivos, y debería protocolizarse el futuro tipo de pedidos de información para que pueda ejecutarse la norma. Aún en este caso, igualmente sería imprescindible que desde EE.UU. se reciban pruebas concretas sobre las actividades financieras y registrables de un contribuyente o persona física con actividad en Argentina, que haya ingresado dinero no declarado en el país. Sólo con este tipo de documentación, la IRS se activaría. Sería este tipo de colaboración la que Cristina Fernández de Kirchner le reclamó al embajador de los Estado Unidos en el país, Marc Stanley, en el encuentro del miércoles en el Senado.

(INFOBAE) Empresarios temen un “festival de extorsiones” si avanza el blanqueo fiscal que propone el kirchnerismo
Se establece la figura del “informante colaborador”, una suerte de delator que cobraría hasta 30% del monto blanqueado por el evasor. El proyecto fue duramente criticado por la oposición

La figura del “informante colaborador” que aparece en el nuevo proyecto de blanqueo presentado por un grupo de senadores kirchneristas generó un fuerte revuelo en ámbitos empresarios. El tributarista César Litvin advirtió que su introducción podría generar un “festival de extorsiones”. Según establece el texto, quien brinde información fehaciente sobre un evasor podría beneficiarse con hasta un 30% del monto que le corresponde pagar a ese contribuyente.

La introducción de un “delator” es posiblemente el aspecto más llamativo y recalcitrante de la propuesta kirchnerista. Cualquier persona podría, en teoría, recurrir a la Justicia para denunciar que un tercero posee cuentas bancarias, un departamento o cualquier otro activo en el exterior. Pero además, el peligro es que termine extorsionando al eventual evasor con denunciarlo si no le paga a él.
Por otra parte, para poner el vigencia dicha figura se presentaría otro proyecto para modificar las excepciones al secreto bancario, bursátil y fiscal. Esto vuelve todavía menos digerible la propuesta.

El proyecto tiene otros aspectos polémicos. Uno de ellos, coinciden los tributaristas, es que debería ser presentado a través de la Cámara de Diputados y no del Senado, como está proponiendo el kirchnerismo. Así corresponde al tratarse de la creación de un nuevo impuesto.

Según el proyecto, el “aporte especial de emergencia” se aplicará a los bienes situados en el exterior que se detecten a partir de la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP: dinero en efectivo, inmuebles, acciones, participación en sociedades, fideicomisos instrumentos financieros (títulos, bonos, obligaciones negociables, ADRs y criptoactivos, entre otros).

El nuevo proyecto de blanqueo para pagarle la deuda al FMI recibió críticas de todo tipo. La primera es que ingresó por la cámara equivocada, ya que tendría que haber arrancado en Diputados. La figura del delator implica además una modificación de la ley de secreto bancario y fiscal
La escala del gravamen es creciente según el momento en que se acepte la exteriorización: 20% en los primeros seis meses, 35% luego y 50% y posible pena de prisión si alguien es descubierto con bienes no declarados. Además, también incluye a argentinos que cambiaron su residencia fiscal si se comprueba que sus actividades principales se desarrollan en la Argentina.

“Además de ser un proyecto malo, es caro. Nadie va a estar dispuesto a blanquear en estas condiciones y pagando multas tan onerosas. Además, se supone que el que decide hacerlo precisa de un marco jurídico estable, algo que no existe hoy en la Argentina”, razona Litvin.

El kirchnerismo insiste con blanqueos, aunque Cristina Kirchner ya tuvo dos experiencias fallidas. La primera fue en 2008, cuando lanzó un programa de exteriorización de activos en el que se blanqueó por un total de apenas USD 4.800 millones. De ese total, sólo 4,3% correspondió a repatriación del exterior. En 2013, con Axel Kicillof como ministro de Economía, se lanzó un nuevo blanqueo que permitía invertir en construcción a través de la compra de Cedines. La iniciativa estuvo vigente por más de dos años y no consiguió ni acercarse a los USD 4.000 millones.

“Además de ser un proyecto malo, es caro. Nadie va a estar dispuesto a blanquear en estas condiciones y pagando multas tan onerosas. Además, se supone que el que decide hacerlo precisa de un marco jurídico estable, algo que no existe hoy en la Argentina” (Litvin)
El blanqueo más exitoso fue el de Mauricio Macri, que rozó los USD 110.000 millones. La principal ventaja era que no exigía repatriar capitales, sino que podían permanecer en el exterior. En medio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández lanzó un blanqueo específicamente dirigido para la construcción, pero tampoco tuvo la aceptación esperada.

La vicepresidenta Cristina Kirchner, se reunió anteayer con el embajador norteamericano en la Argentina, Marc Stanley, y solicitó la colaboración de los Estados Unidos. Concretamente, se refirió a la necesidad de trabajar juntos en casos de “lavado de dinero”, en obvia referencia a los activos que los argentinos poseen en el exterior sin declarar.

Estados Unidos no tiene un acuerdo de intercambio de información automática con la Argentina, como sí sucede con otras 130 jurisdicciones. Durante el gobierno de Mauricio Macri se habían efectuado avances para que el gobierno norteamericano brinde datos patrimoniales de argentinos en ese país, pero nunca ocurrió.

(INFOBAE) 10 claves para entender por qué el nuevo impuesto que impulsa el Gobierno no tiene precedentes
El pago del tributo es en dólares y no se diferencia el dinero proveniente del lavado de activos, ya sea por delitos de narcotráfico y o terrorismo, de aquellos patrimonios que se han obtenido de manera lícita, destacó Iván Sasovsky, CEO de Expansión Holding

El bloque de senadores del Frente de Todos presentó un polémico proyecto para crear un “Fondo Nacional para la Cancelación de la deuda con el FMI”. Aseguraron que será financiado con un nuevo “aporte especial de emergencia” a pagar por quienes tengan bienes en el exterior no declarados ante el fisco.

Según la idea, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo, los alcanzados por este aporte deberán abonar, en dólares, un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la ley propuesta y un 35% en caso de hacerlo con posterioridad.
El proyecto dispone además que “quienes no se allanen al pago de este aporte corren el riesgo de tener una pena en prisión, tal como lo estipula la ley vigente”, según explicaron los senadores del Frente de Todos en un comunicado. “Este aporte no representará una nueva carga impositiva para la mayoría de los argentinos y argentinas, ya que sólo le corresponderá pagar a quienes tengan bienes en el exterior, estén evadiendo impuestos o lavando dinero”, agregó el texto.

Como destacó Infobae, la iniciativa, de alguna forma, actúa como un blanqueo en términos prácticos al exigir la declaración de esos activos a cambio del pago de una multa. Esa vía elegida responde a las dificultades que tendría el Gobierno para formalizar esos fondos.

Estás son las 10 claves para entender el “impuesto a evasores” que apoya el Gobierno, según el tributarista Iván Sasovsky, CEO de Expansión Holding.

1 – Cristina Fernández de Kirchner se lo pidió públicamente en su discurso al presidente Alberto Fernández en su acto de asunción en diciembre de 2019.

2 – La Cámara de Origen del Proyecto es la de Senadores y no, como manda la Constitucional Nacional, la Cámara de Diputados.

3 – Tiene un mensaje político más que recaudatorio, intentado despegarse del ajuste que se prevé en la ley de presupuesto.

El pago del impuesto es en dólares, algo sin precedentes, y se faculta a la AFIP a que designe vía embargo a realizar los pagos directamente por parte de los Agentes de recaudación a los Bancos Extranjeros
4 – El impuesto es del 20% del monto no declarados en el exterior, y puede, según la fecha de exteriorización, llegar al 50%.

5 – Se estima que el monto de dinero de argentinos fuera del sistema en unos USD 254.932 millones de dólares. Valores similares a los existentes al momento del Sinceramiento Fiscal promovido por Mauricio Macri.

6 – Los blanqueos del Kirchnerismo nunca tuvieron la recaudación esperada, por eso el proyecto se basa en instalar el miedo como principal motor del proyecto. Tal afirmación proviene de la redacción que promueve premiar a quienes colaboren con hasta un 30% de la recaudado y el intercambio de información internacional. Si Estado unidos no colabora, el proyecto nace muerto. Pero los intereses de cobrarle a la Argentina la deuda por parte de FMI pueden ser una llave sustancial para que este proyecto tenga algún efecto. Biden recurre a mecanismos similares, y está creando impuestos nunca antes vistos, siendo ese el país que mayor peso dentro del propio FMI, existe una cuestión de política internacional de reflotar los acuerdos de intercambio de información suspendidos por Donald Trump.

No se diferencia el dinero proveniente del lavado de activos, ya sea por delitos de narcotráfico y o terrorismo, de aquellos patrimonios que se han obtenido de manera lícita
7 – El pago del impuesto es en dólares, algo sin precedentes, y se faculta a la AFIP a que designe vía embargo a realizar los pagos directamente por parte de los Agentes de recaudación a los Bancos Extranjeros.

8 – No se diferencia el dinero proveniente del lavado de activos, ya sea por delitos de narcotráfico y o terrorismo, de aquellos patrimonios que se han obtenido de manera lícita y que pueden hasta haber tributado impuestos en su origen.

9 – El acuerdo firmado con el FMI prohíbe mientras se mantenga el acuerdo a la argentina entrar en Amnistías Fiscales.

10 – Resucita fantasmas de confiscación por parte del Estado impidiendo el Estado de Derecho.

(INFOBAE) Guerra contra la inflación: las empresas dudan que se pueda volver a los precios del 10 de marzo como pide el Gobierno
Los valores registrados en esos listados son de venta al público, por lo que las compañías detectaron algunas inconsistencias con los de salida de fábrica. De todas formas, preparan sus archivos de costos para presentarle al Gobierno

Tras el pedido de retrotraer precios que les realizó el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, en el marco de la “guerra contra la inflación” que encaró el Gobierno, las compañías de consumo masivo comenzaron a recibir este martes los listados con los productos que, según el Gobierno, aumentaron más de 50% interanual y más de 7% sólo en marzo. El funcionario les avisó que no aceptarán incrementos mayores a esa pauta de inflación anual y que todo lo supere ambos parámetros debería ser justificado por la empresa, caso contrario, la firma deberá retrotraer su precio al que tenía al 10 de marzo.

Pero los listados que recibieron algunas compañías, hasta el momento, tienen los precios de venta al público, no los de salida de fábrica. Y no necesariamente un incremento que se verifica en el supermercado se explica por un alza realizada por la empresa productora. Las cadenas argumentan que no son generadoras de inflación, sino que trasladan las subas que reciben de sus proveedores, pero también el canal comercial tiene sus costos, que crecen y que deben trasladar a los precios. De hecho, una de las compañías alimenticias que ya recibió la lista advirtió que no enviaron listas nuevas en marzo, anticipándose a los controles que el presidente Alberto Fernández anticipaba cuando habló de “guerra contra la inflación”.

Según el Gobierno hay precios que subieron en promedio 89% en un año, 40 puntos porcentuales por encima de la inflación

Comercio Interior reconoció que basan sus análisis en los datos de precios del Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA), que se nutre de información diaria que envían los supermercados. También tienen la información de precios salidos de fábrica a través del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), datos que también recabaron en cada una de las inspecciones realizadas en las últimas semanas. Es decir que el Gobierno tiene toda la información y tiene forma de discriminar de dónde surgen los aumentos pero aún así, dicen en las empresas, pide nuevamente la misma información.

A partir de ahora, las compañías analizarán en detalle los listados y se reunirán de forma individual con funcionarios de la secretaría para mostrar sus números y, eventualmente, justificar los aumentos por encima de la pauta establecida por Feletti. Fuentes del sector alimenticio se mostraron molestos con la situación debido a que están siendo apuntados como los “culpables de la inflación” y “nunca citaron a los representantes de toda la cadena”. “Nosotros aumentamos porque nos aumentan los costos”, se defienden a coro las compañías de consumo masivo.

Según el comunicado emitido el lunes por el Gobierno, luego del encuentro mantenido con representantes de las empresas y los supermercados, el listado de productos con aumentos por encima del 50% interanual y más de 7% en marzo asciende a 1.700. La semana pasada, había trascendido que eran 580 productos, de los cuales nadie tuvo conocimiento. “Sobre la base de ese relevamiento, la Secretaría envió a las cadenas de supermercados y a los fabricantes implicados la lista en cuestión, con el compromiso de revisar en los próximos días entre todos los participantes cada caso puntual, considerar las excepciones y los casos en los que exista alguna justificación razonable”, decía el comunicado. El objetivo oficial es lograr retrotraer los precios de estos productos al 10 de marzo y garantizar el normal abastecimiento, que también se vio afectado en algunos casos.

En acuerdo con Feletti, las cadenas ya habían rebajado el lunes algunos precios, con el compromiso de que las empresas lo harían luego. Pero las compañías proveedoras todavía no tocaron sus listas. Si la firma justifica sus incrementos con el Gobierno, la discusión pasará al terreno privado entre la empresa y los supermercados en torno a quién se hace cargo del “gesto” del retail.

Esta negociación para intentar retrotraer los precios de 1.700 productos, que según el Gobierno subieron en promedio 89% en un año (40 puntos más que la inflación), se está dando en paralelo a la renegociación del programa Precios Cuidados, que el 7 de abril debe estar vigente con los nuevos precios y pautas de aumento para el segundo trimestre. Podría ocurrir, reconocían en algunas empresas, que para obtener un aumento mayor en un producto incluido en el programa la empresa acepte bajar el precio de otro que no está incluido. Por ahora, el Gobierno se mantiene firme en no aceptar pautas de subas trimestrales que superen el 9%, pero las compañías están pujando por lograr un porcentaje mayor, ya que la inflación se ubica en torno al 4 a 5% mensual.

(INFOBAE) Guerra perdida: el Gobierno ya descarta la proyección acordada con el FMI y busca que la inflación no salte más de 60%
El Poder Ejecutivo teme un fuerte impacto social en la aceleración de precios. Insistirán con mesas tripartitas con gremios y empresas para coordinar expectativas

El Gobierno comenzó a “recalibrar” algunas de las proyecciones incluidas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El contexto internacional de precios, que tuvo un impacto considerable sobre el escenario local, ya hace descartar al Poder Ejecutivo la pauta de suba de precios de 48% como techo que preveía el programa con el FMI. La expectativa oficial pasó a ser estabilizar el índice anual en torno al 50% y, en lo posible, evitar un salto por encima del 60 por ciento.

La inflación pasó a ser la principal preocupación del Gobierno nacional, superado ya el capítulo de la renegociación de la deuda. El diagnóstico de un despacho oficial es que el sendero económico que debería seguir el Poder Ejecutivo, sostenido en tres pilares –crecimiento, empleo y reducción de la desigualdad– pudo cumplir en 2021 los dos primeros aspectos, pero con un déficit en el último eje. La explicación, mencionan, es la persistente inflación que no permitió una recuperación marcada del poder de compra de los salarios, en especial en las familias en que el único empleo que genera ingresos es informal.
En ese marco, el Gobierno del Frente de Todos busca poner en marcha –con grados distintos de urgencia y alcance– distintas medidas para tratar de establecer un dique de contención a los precios. Sucede que el mes que está por terminar, según esperan en el equipo económico, registrará un índice mensual más alto que el 4,7% que marcó febrero, que de por sí era un número mensual alto en relación con el último tramo de 2021 y con enero.

La inflación pasó a ser la principal preocupación del Gobierno nacional, superado ya el capítulo de la renegociación de la deuda
En uno de los principales despachos de la política económica descartaban este martes que el Gobierno tenga algún as bajo la manga para tirar sobre la mesa, pero se moverán en un arco de medidas ya conocidas. En ese sentido, insistirán con las mesas de coordinación con gremios y empresas. En los próximos días podría haber un nuevo contacto con la CGT y la UIA como el que ensayó Alberto Fernández a comienzos de semana.

Descartada la posibilidad de reducir algunos puntos porcentuales el índice anual de precios, la mirada oficial cambió el cristal y empieza a ver como un objetivo deseable poder “estabilizar” el ritmo de suba de precios en un rango cercano al 50%, es decir, un empate técnico con el IPC anual de 2021. Es, de todas formas, un escenario optimista.

Tanto el FMI como el Gobierno saben que el nuevo escenario de commodities cambió las condiciones bajo las que se mueve el programa económico y reconocieron bien temprano que el acuerdo necesitará “recalibraciones”. Esa discusión comenzará a mediados de mayo, un mes antes de la fecha de la primera revisión trimestral técnica.

“Tenemos que tratar de estabilizar la inflación en torno a 50% y evitar irnos a un 60 o 65 por ciento”, reconoció una alta fuente del equipo económico. Si bien es una idea preliminar, en el Gobierno también aseguran que está en estudio algún refuerzo de los programas de asistencia alimentaria para mitigar el impacto de la aceleración de los alimentos en los hogares más pobres.

La expectativa oficial pasó de intentar una reducción leve de la inflación a estabilizar el índice anual en torno al 50% y, en lo posible, evitar un salto por encima del 60 por ciento
Es, además, una alternativa sugerida por el propio Fondo Monetario en su informe oficial difundido post aprobación del directorio: desalienta medidas que denomina “coercitivas” como un congelamiento de precios, la prohibición de exportaciones o una suba en los derechos de exportación, y pide que se privilegien este tipo de asistencias alimentarias especiales.

Por un lado, el Gobierno apuntará en lo sucesivo a afinar sintonía en mesas tripartitas pero, con más urgencia, a concretar medidas como el fideicomiso del trigo para bajar los precios de productos fabricados con harinas y la retracción de precios para 1.700 productos en los supermercados. “Algunos ya retrotrajeron”, se atajan desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

“Fue una buena charla, se mostraron dispuestos a acompañar”, dijo un alto funcionario. Los ejecutivos de la industria alimenticia, que eligen siempre hablar en off the record, en este caso abonan esa versión y reconocen que, a diferencia de las primeras charlas, más tensas, hubo un clima más distendido en las últimas horas.