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• (Ambito) Otro test preelectoral: vencen hoy más letras y el bono PAR Será clave ver qué ocurre con el dólar ahora que se redujo la brecha a menos del 10%. Con las reservas, que el viernes bajaron u$s290 millones, y con los depósitos en dólares, cuyos retiros volvieron a acelerarse. Hoy el mercado volverá a enfocar la mirada sobre los vencimientos de varios títulos públicos por un monto equivalente a no menos 650 millones de dólares. Se trata del pago de dos letras en pesos reprogramadas, las Lecer (X30S9) que ajustan por el coeficiente CER y las Lecap (S30S9), capitalizables mensualmente por tasa de interés. La reprogramación, dispuesta unilateralmente por el Ministerio de Hacienda de Hernán Lacunza el 28 de agosto, significa que al vencimiento se pagará 15% a los tenedores que son personas jurídicas y el 100% a las personas humanas. Según analistas técnicos, entre ambas letras el Gobierno deberá hacer frente hoy a no menos de $22.650 millones, que es la parte correspondiente a las personas jurídicas. Admiten que es difícil precisar cuánto de las emisiones originales están en manos de inversores particulares, sea en forma individual o a través de fondos comunes, razón por la cual solo atinan a estimar un monto mínimo. Sea cual fuera el monto final, las opiniones están divididas respecto del destino de los pesos. Parte podría ir a dólar, en el caso de los beneficiarios que hubieran decidido dolarizar sus carteras, favorecidos hoy por la caída de las cotizaciones del dólar MEP o dólar Bolsa y del contado con liquidación (CCL). Estos precios que surgen del arbitraje de títulos como el Bonar 2024 (AY24) o las acciones y los ADR de YPF, quedaron en $60,80 y $62,70, respectivamente, con brechas del 6% y 9% respecto del dólar transferencia o mayorista. Pero también recuerdan que hace una semana el fondo californiano PIMCO optó por reinvertir en pesos cuando cobró la renta del BoPoMo (TJ20), el bono que ajusta por la tasa de política monetaria, del cual tiene el 40%. Habría optado mayormente por los bonos que siguen a la inflación y la tasa Badlar, mientras pelea en la Emerging Markets Traders Association (EMTA) que se reconozca al contado con liquidación como el dólar válido para compensar las operaciones de futuro NDF en Nueva York, con las que se cubrió de la suba del tipo de cambio ocurrida después de las PASO. El vencimiento de hoy de las letras en moneda local representa el equivalente a unos u$s400 millones. Esos pesos podrían presionar por el lado de la demanda en un mercado de cambios que, aún limitado en acceso por la introducción del cepo light a principios de mes, e intervenido por las ventas del Banco Central y las entidades oficiales, opera a media máquina con un volumen promedio de u$s300 millones diarios, solo superado por los 436 millones del viernes, debido a las coberturas de fin de mes. Cabe recordar que la exportación, pese a la obligación de ingresar y liquidar divisas a los 5 días de percibida la contraparte de las operaciones de comercio exterior, está vendiendo un promedio de u$s80 millones diarios. Además del desequilibrio del mercado cambiario y la dimensión de la brechas entre los distintos tipos de cambio, el mercado está siguiendo de cerca lo que sucede con las reservas internacionales. El viernes las reservas del Banco Central cayeron 290 millones de dólares, principalmente por el vencimiento de las Letes en dólares, (U27S9), por las cuales el Tesoro tuvo que pagar unos u$s250 millones. En el mes las reservas acumulan una merma de u$s5.160 millones, para quedar en u$s40.938 millones. Hoy es probable que se vuelva a observar una nueva caída en el stock de reservas, ya que se produce el vencimiento de los bonos Par 2038 en sus diversas versiones. Son los PARA, que se rigen por Ley Argentina; los PARY, por Ley extranjera, y los menos negociados PAYO y PAAO emitidos en 2010 bajo ley local. Estos títulos públicos no fueron reprogramados y hasta que no se defina qué sucederá con la reestructuración, reperfilamiento o reconformación de la deuda soberana, deberán seguir “performing”, es decir, pagando los cupones a su vencimiento como fue establecido en sus condiciones originales, para evitar caer en default, lo cual complicaría las conversaciones con los acreedores para encarar una negociación amigable. En conjunto por el vencimiento de los Pares que se produce hoy, los analistas estiman que el Gobierno tendrá que desembolsar unos 254 millones de dólares. Cifra que probablemente coincidirá con la baja de las reservas al final del día. Habrá que ver lo que sucederá con los depósitos en dólares del sector privado en el sistema financiero, ya que los eventuales retiros también afectan a las reservas: buena parte de los depósitos están inmovilizados como encajes en el Banco Central y figuran dentro de las reservas. Esos encajes deben ser restituidos a los bancos cada vez que se produce un retiro neto de colocaciones en moneda extranjera. El goteo de depósitos, que se había reducido de los picos de u$s600 millones en los primeros días del cepo a menos u$s100 millones diarios, volvió a acelerarse a 170 millones, según datos oficiales del BCRA al 25 de septiembre. Desde el día posterior a las elecciones primarias, el retiro de depósitos en dólares fue de u$s11.143 millones, dejando el stock en u$s21.536 millones.

• (Ambito) Deuda: en el exterior ven un escenario de quita peor que en el caso ucraniano Parece la palabra prohibida. Nadie la quiere pronunciar. Unos pocos, a nivel local, no dudan en señalar que sin una condonación de la deuda no hay solución. Expertos internacionales anticipan que la pérdida, para los bonistas, será mayor bajo un escenario similar al del default de Ucrania años atrás. Un alto funcionario del Gobierno, con línea directa con el FMI, le comentó a este diario que el equipo económico coincide con el enfoque de negociación voluntaria con los acreedores sin quita que parece proponer el equipo de Alberto Fernández. Pareciera que todos se muestran empecinados en referirse al caso uruguayo como única salida. En tal sentido, la mencionada fuente oficial reconoció que no había tiempo que perder para sentarse a negociar con los acreedores; de ahí, cierto apuro con el proyecto de ley de reperfilamiento de la deuda que duerme en el Congreso. Pero en el debate local hay otros analistas, como por ejemplo Carlos Melconian (MacroView), que enfatizan que no hay posibilidad de no pensar en que no habrá quita. Así lo advirtió que en la Cumbre del IAEF, donde dijo que “sin quita de deuda será pan para hoy y hambre para mañana”. El extitular del BNA señaló que la reestructuración de la deuda soberana viene sí o sí, y que no alcanza con reperfilar a la uruguaya. Quita habrá seguro, quizás, sin llegar al extremo de la quita criolla de 2005. Antes de entrar de lleno en la visión de los expertos externos sobre el caso argentino, vale mencionar que la semana pasada los especialistas del Institute of International Finance (IIF) recalcularon las necesidades de financiamiento de Argentina y llegaron a la conclusión de que “si bien no son las más altas entre los países emergentes, las necesidades de financiamiento del Gobierno son elevadas y es poco probable que disminuyan rápidamente en los próximos años”. Hacen hincapié en el alto riesgo que implican los altos compromisos en moneda extranjera en los próximos años, lo que plantea cuán sensible es el panorama de la deuda a las fluctuaciones del tipo de cambio Ahora bien, con relación al debate sobre la solución uruguaya a una futura renegociación con los acreedores, en el exterior ven en el default ucraniano de 2015 más paralelos con la situación actual de Argentina. Un ejemplo de eso es el reciente paper de los economistas de Oxford Economics, Gabriel Sterne y Carlos de Sousa, “Default to hurt bondholders way more than Ukraine´s”, en el cual analizan el caso argentino y que tuvo mucho eco entre los principales bancos y fondos de inversión internacionales. Entre las principales conclusiones a las que arribaron los expertos de Oxford, que de arranque señalan que el ejemplo ucraniano podría ofrecer cierto consuelo a los tenedores de bonos argentinos, creen en realidad que el caso criollo será relativamente más doloroso tanto para la economía como para los bonistas. Al respecto destacan que ven varias razones por las cuales es probable que Argentina ofrezca un resultado mucho más adverso para los tenedores de bonos que el incumplimiento de Ucrania. En primer lugar, destacan que la relación Deuda/PBI de Argentina sea probablemente un 33% mayor en el período previo a la reestructuración. En segundo término, que la participación de los bonos en moneda extranjera es mucho más alta (en el caso de Ucrania, gran parte de la reducción de la deuda fue proporcionada por tasas de interés reales muy negativas sobre la deuda en moneda local). En tercer lugar, hay un alcance más limitado para el ajuste fiscal; y por último que la agenda política es mucho menos propicia para el ajuste en el caso argentino. “Un escenario de lose-lose es bastante probable para los tenedores de bonos y para la economía. Los ingredientes están en su lugar para esperar una negociación de reestructuración difícil y prolongada, en parte porque el papel del FMI como honest broker en tiempos de crisis se ha visto debilitado al doblegar sus propias prácticas de préstamo bajo el programa”, sostienen los economistas de Oxford, que frente a esto vislumbran que así “es probable que la quita al tenedor de bonos esté en un rango de 40%-60% del valor nominal”. Respecto del amplio rango explican que “también refleja la incertidumbre sobre la fortaleza de Argentina frente a las posiciones de negociación con sus acreedores. Los ingredientes podrían generar negociaciones desordenadas y prolongadas que podrían socavar las valoraciones”. El estudio de Oxford destaca que Argentina no solo enfrenta un problema de liquidez sino también de solvencia, a pesar de lo que sostiene el Gobierno de Macri. Además “el incumplimiento de Ucrania en 2015 nos recuerda los beneficios de comprar en la parte inferior de la curva: fue correcta la huida de los tenedores de bonos argentinos tras la sorprendentemente cómoda victoria del candidato populista Alberto Fernández sobre el actual presidente Mauricio Macri en las Primarias de agosto. La noticia desencadenó una fuga de capital y el posterior incumplimiento de la redefinición de la deuda interna”. Tras un extenso análisis de cómo evolucionaron los bonos ucranianos tras la reestructuración y en medio del conflicto con Rusia, los economistas se enfocan en las causas de por qué el caso de Argentina es peor que el de Ucrania. “Hay varias razones para ser pesimista sobre la reestructuración de la deuda de Argentina en relación con la de Ucrania”, afirman y pasarn a detallar. La relación Deuda/PBI de Argentina es significativamente más alta que la de Ucrania antes de su reestructuración. Según las reglas del FMI, creemos que la deuda proyectada por encima del 80% del PBI a mediano plazo es insostenible, y es posible que se requiera una quita para llevarla por debajo de ese nivel a mediano plazo. Las perspectivas para Argentina en la actualidad son considerablemente peor de lo que era para Ucrania a fines de 2014, aunque la relación Deuda/PBI de Ucrania había aumentado aún más en el momento de la reestructuración, principalmente debido a una importante depreciación que aumentó el valor en moneda local de la deuda en moneda extranjera. La participación de los préstamos del FMI fue alta en Ucrania (13% del PBI) pero es aún mayor en Argentina (15% del PBI). El FMI, por supuesto, no tendrá quita, no importa cuán imprudentes se perciban sus políticas crediticias. Cuanto más grandes sean los préstamos del FMI, mayor será la quita para los privados que perdieron la oportunidad de salir durante el período de préstamos imprudentes del FMI. La participación de los bonos en dólares en la deuda total es mucho mayor en el caso de Argentina. En Ucrania, fue más fácil inflar el valor de la deuda en moneda local que exigir un mayor recorte para los tenedores de bonos. En el caso argentino la participación de los bonos en dólares es del 65% del PBI, eclipsando el 25% del PBI de Ucrania en el año anterior al default. La mayor parte del alivio de la deuda de Argentina debe provenir de los bonos en dólares. Se requerirá un recorte de al menos 30% para que la relación Deuda/PBI sea inferior al 80%, que probablemente sea la relación más alta que el FMI aún podría considerar sostenible. La Argentina necesitará restricciones adicionales en la cuenta de capital. Ucrania tenía controles de capital desde principios de 2014, lo que le permitía al país imponer tasas de interés reales muy negativas sobre su deuda en moneda local y facilitar aún más la inflación de esta parte de su carga de deuda. Argentina acaba de reintroducir algunos controles de divisas, pero su cuenta de capital todavía está relativamente abierta. Por lo tanto, es probable que las salidas de capital den como resultado una mayor depreciación del tipo de cambio real y un aumento de la relación Deuda/PBI a corto plazo. El alcance del ajuste fiscal es mucho más limitado en Argentina. El programa de Ucrania se había descarrilado debido a la falta de esfuerzo fiscal en los regímenes anteriores, incluido el del presidente pro-ruso Yanukovich, que pidió prestados u$s3.000 millones de Rusia en lugar de ir al FMI. El nuevo gobierno pudo implementar un duro ajuste fiscal. Por el contrario, Argentina está a punto de votar a un gobierno reformista en gran parte debido a la fatiga a la austeridad.

• (LaNación) El futuro de YPF abre una puja interna entre Cristina y Massa. No es la Jefatura de Gabinete, ni la Anses, ni la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El bastión más preciado para el Frente de Todos es, al menos por ahora, la petrolera YPF. Por alcance local e internacional, oportunidades de negocios y exposición pública. Y un nombre aparece como el más interesado por controlarla: Sergio Massa, según reconstruyó LA NACION a partir de los testimonios de una docena de interlocutores. Massa ya expresó su interés por colocar al presidente de la petrolera después del 10 de diciembre, según cuentan desde el equipo de Alberto Fernández. O fue el candidato presidencial quien lo tentó con esa posibilidad para que se sumara al frente, según cuentan junto al exintendente de Tigre. En cualquier caso, YPF fue parte del ida y vuelta, mientras que Massa, a través de un intermediario, contactó a sus actuales autoridades. La respuesta de Cristina Al tanto del interés de Massa por la petrolera, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner tomó la iniciativa. Le pidió un análisis sobre cómo se encuentra YPF y una propuesta sobre qué pasos deberían darse para fortalecerla a Miguel Galuccio, quien lideró la petrolera durante los últimos tres años y medio de su gestión. Junto a Galuccio confirmaron el contacto con la expresidenta. Lo caracterizaron como «conversaciones profesionales y técnicas para contribuir en el desarrollo del país, y en la estrategia del futuro de YPF». Así y todo aclararon que Galuccio «no tiene aspiraciones de volver a YPF». «Toda la energía de Galuccio está puesta en su propia compañía, Vista Oil&Gas, que creó en 2017 y que hoy ya opera en Vaca Muerta», indicaron junto al ejecutivo petrolero, que mantiene una relación «profesional y no política», según aclararon, con Fernández de Kirchner Pero ¿por qué pidió la exmandataria un reporte a Galuccio? Por dos motivos. Porque la ve a YPF como el activo decisivo que, bien gerenciado y con los socios internacionales correctos, resultaría vital para sacar a la Argentina de su crisis actual. Y porque teme que «con Massa desembarquen Vila, Manzano y Brito», sintetizó un interlocutor habitual de Fernández de Kirchner. Es decir, el empresario Daniel Vila; su socio y exministro del Interior menemista, José Luis Manzano, y uno de los dueños del Banco Macro, Jorge Brito. «Aunque sorprenda a algunos, la que está resguardando a YPF es ella [en alusión a Fernández de Kirchner], poniéndole un límite a Massa», afirmó un miembro del círculo íntimo de Alberto Fernández. «Ella también fue quien, durante su presidencia, paró los apetitos de De Vido [Julio], Moreno [Guillermo] y La Cámpora después de sacar a los españoles y a los Eskenazi», recordó. La relación con el banquero Durante su gestión, la expresidenta también mantuvo distancia de Brito, quien sí tejió una relación fluida con Néstor Kirchner y terminó procesado por la Justicia por su presunto rol en el «caso Ciccone». Es, además, uno de los dueños de las tres empresas que trasladaron 290 veces en vuelos privados a Massa entre 2014 y 2018. ¿Quiénes son algunos de los otros dueños o miembros del directorio de esas empresas? El financista Ernesto Clarens y el lobista Jorge «Corcho» Rodríguez, también procesados por presunta corrupción y lavado. Según afirman entre quienes la rodean, Fernández de Kirchner también expresó su malestar sobre algunos de los nombres que comienzan a circular para presidir YPF de la mano de Massa. Entre ellos aparece el extitular de la Anses Diego Bossio, que en 2016 se abrió del kirchnerismo. «Cristina es una etapa superada», afirmó, para tres años después volver sobre sus palabras y sumarse al Frente de Todos. Junto a Massa niegan, sin embargo, que haya pedido controlar YPF para respaldar al binomio Fernández-Fernández. «Sergio no pidió YPF; fue parte del ofrecimiento. Para que fuera más tentador. Lo que Sergio pidió fueron lugares en las listas de legisladores porque sabe que en esos puestos, como las presidencias de YPF o de la Anses, con el mismo decreto que designan al presidente pueden limitarte sus atribuciones», argumentó uno de sus máximos colaboradores. Por su parte, tanto Daniel Vila como José Luis Manzano negaron cualquier vínculo o ambición vinculada a YPF. «No tengo interés ni estoy involucrado en energía o petróleo. El que tiene intereses en esos temas es mi socio, Manzano», dijo Vila a LA NACION, en tanto que el otrora ministro del Interior de Carlos Menem devenido empresario aclaró que tiene «inversiones en Vaca Muerta desde 2006», pero negó cualquier posible negocio vinculado a YPF. «Cero. Nada que ver», enfatizó Manzano.

• (Ambito) Corte revocará medidas anti crisis de Macri (paga el próximo) Mayoría consolidada definió que en próximos 15 días dictará fallo que abarcará a los gobernadores que presentaron objeciones por merma de coparticipación. Gobierno, advertido por impacto político. En el Gobierno lo saben y ya se preparan para el revés, que tendrá más impacto político que costo fiscal efectivo para la administración de Mauricio Macri. La Corte Suprema alista una serie de fallos –en los próximos 15 días o 3 reuniones de acuerdo- a favor de todas las provincias que plantearon reclamos por fondos coparticipables afectados por los decretos del Poder Ejecutivo que dispusieron una reducción del IVA y de Ganancias para paliar los efectos de la devaluación post-PASO. En total, son 15 demandas interpuestas por gobernadores ante el dinero que dejarían de percibir, y en el paquete se incluyen las quejas de las provincias petroleras que cuestionaron el congelamiento de los combustibles por el impacto en lo que deberían recibir por concepto de regalías. Prudencialmente antes del 27 de octubre, las decisiones concatenadas del máximo Tribunal que se conocerán de manera simultánea, van a trascender el 10 de diciembre y la próxima administración deberá hacerse cargo de las devoluciones. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti ya conforman la mayoría que se prepara a sepultar las últimas decisiones del Gobierno destinadas a llevar un tenue alivio tras los efectos de la depreciación del peso el 12 de agosto. La Procuración General ya dictaminó a favor de la competencia de la Corte, algo poco discutido ya que son conflictos que encabezaron las provincias contra la Nación, competencia originaria del cuarto piso del Palacio de Tribunales. “Esta Corte no está para agradarle a nadie”, repiten en los pasillos como una suerte de blindaje ante una medida de alto voltaje político. Esta vez no van a salir los fallos por “goteo”, sino que habrá solución para las 15 provincias que presentaron medidas cautelares y cuestionamientos de fondo por la presunta inconstitucionalidad de los decretos que Macri firmó para anunciar las medidas sin enviar un proyecto de ley al Congreso. En un primer análisis, había cuestiones disimiles en los planteos de las provincias, pero en lo sustancial eran idénticos respecto de los ejes. Este primer tamiz ya fue realizado por las vocalías. Resta definir qué tramo de las medidas anunciadas por el Gobierno es tomado para un fallo de alcance general. No necesariamente sería el DNU sino cualquiera de las posibles implicancias económicas de surjan de las medidas anunciadas y cuyo impacto haya sido cuestionado. Los decretos son tres. Un DNU y dos decretos simples. Pero el Gobierno ya había estado “toqueteando” vía modificaciones reglamentarias publicadas en el Boletín Oficial los simples para delinear sus alcances y buscar correcciones. También buscó transmitir que estaba “negociando” con las provincias y la Secretaría de energía que autorizó el 4% de aumento a los combustibles. El Gobierno estuvo al tanto al fin de la semana pasada de las conversaciones tras el acuerdo del martes. Decidió intentar anticipar la jugada de la Corte con lo que podría ser una lectura “antipopular” de retrotraer las medidas anunciadas y también dejó trascender la estrategia de los jueces. En el cuarto piso visualizaron el escenario de tensión pero adoptaron dos medidas a futuro: no medir en el calendario electoral el impacto de sus sentencias; y que no vuelva a ocurrir lo que sucedió con la causa “Vialidad”, donde debieron volver sobre sus pasos a partir de las presiones que se generaron a partir de lo que podría haber sido la suspensión del juicio contra Cristina de Kirchner. “Nos quisieron trasladar un problema de la política para que lo resuelva la Justicia”, indicaron fuentes judiciales, que reiteraron la postura que había adelantado Ámbito Financiero el 2 de septiembre respecto al debate interno sobre si actuar o no ante un escenario convulsionado que incluía el condimento electoral. La conclusión fue que no había necesidad de esperar si la causa no presentaba complejidades: esa es la principal noticia adversa que deberá esperar Macri en plena recta final antes de las generales. Además de los tres jueces que ya mostraron coincidencias, podrían sumarse más firmas a los fallos, en lo que sería la despedida formal de Elena Highton de Nolasco y de Carlos Rosenkrantz de cualquier eventual lectura de “cercanía” con el oficialismo. De todas maneras, podría ser Alberto Fernández el que deba hacer frente a las devoluciones por el período descontado (no alto impacto) si es que ocupa la Casa Rosada a partir de diciembre. Si es así, se repetiría el escenario de 2015 cuando con la elección definida la Corte falló contra Cristina por los reclamos de fondos coparticipables de San Luis, Santa Fe y Córdoba.

• (Cronista) Prevén que las necesidades de financiamiento trepen a 23% del PBI para 2022 Es según el Instituto de Finanzas Internacionales. Advierten que «son elevadas» y ven poco probable que disminuyan en los próximos años. Las necesidades de financiamiento de la Argentina son elevadas y es poco probable que disminuyan rápidamente en los próximos años. La definición surge de un análisis del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que si bien reconoce que el nivel de la Argentina no es el más elevado entre los emergentes (aunque está en sexto lugar de 21 países), resalta que las perspectivas no lucen alentadoras. En este contexto complicado, el Gobierno de Mauricio Macri lanzó hace un mes el «reperfilamiento» de la deuda, sobre el cual por ahora se envió el proyecto de ley al Congreso para avanzar con los bonos bajo legislación local, en donde entran en juego títulos por unos u$s 20.000 millones. Para la parte de títulos bajo legislación extranjera, que hay unos u$s 30.000 millones, se recibieron propuestas de 13 bancos, pero hasta ahora quedó ahí. Sobre la parte con el Fondo Monetario Internacional, de reprogramar los pagos de deuda, tampoco hay novedades. En el Gobierno saben que, tras los resultados de las PASO, los inversores están más atentos a las definiciones del Alberto Fernández y su equipo que a la propuestas que ellos puedan hacer. En ese sentido, las declaraciones de Fernández del jueves pasado fueron relevantes. «No podemos decirles a los acreedores: ´Esta deuda la tomó la dictadura´. La tomó un Gobierno democrático. Nosotros nunca dijimos que no íbamos a pagar o que iba a haber una quita. Sí les dijimos que para poder pagar, tienen que dejarnos crecer», sostuvo en Twitter. Sin reperfilamiento, en el corto plazo, la mayor parte del servicio de la deuda se aplica a los instrumentos bajo legislación local, identificaron en el IIF. «Los pagos en moneda extranjera son altos en los próximos años, lo que destaca cuán sensible es la perspectiva de la deuda a las fluctuaciones del tipo de cambio», agregaron. Describieron que «a pesar del importante ajuste fiscal, el stock de deuda de Argentina continuó creciendo desde el inicio del programa del FMI, en parte debido a la gran depreciación de tipo de cambio». La deuda argentina está en torno a 100% del PBI y, si bien es un problema en sí mismo, «en el contexto de condiciones de financiación muy ajustadas, el calendario de vencimientos de la deuda se convierte en una variable crucial», advirtieron. «Incluso bajo el supuesto de que se cumplen los objetivos fiscales en el programa del FMI, las necesidades de financiación seguirán siendo altas durante años», concluyeron.

• (Cronista) La venta de dólares de empresas y personas también llegó a un récord La demanda de dólares fue récord este año. Pero desde que arrancó la meta de emisión cero, la falta de pesos forzó a ahorristas y empresas a desprenderse de divisas. Este contexto hoy contiene al liqui y reduce la brecha. l esquema monetario instaurado en octubre del año pasado forzó a los argentinos a desprenderse como nunca antes de sus ahorros más preciados: dólares atesorados. Desde el inicio del programa acordado con el FMI hasta agosto, las ventas de billetes de empresas y personas alcanzaron u$s 31.063 millones, una cifra que es récord. Las ventas, que ayudan a compensar compras que también están en máximos, tienen en la fuerte contracción monetaria su principal explicación y, de continuar ésta, pueden dar alguna pista de por qué ahora que se volvió a un cepo la brecha cambiaria se mantiene a raya. Los ahorristas argentinos tratan de conservar los dólares a toda costa. De hecho, en los mismos once meses de 2017 y 2018, habían vendido en total u$s 15.328 millones en medio de la primera parte de la crisis de balanza de pagos que se disparó en abril del año pasado. Es la mitad de lo que vendieron, o tuvieron que vender, en los primeros once meses de esquema de control de agregados monetarios. La cifra, claro, es de ventas brutas. Esto es, no implica que los ahorristas argentinos no hayan acumulado dólares en términos globales. Como es habitual, compraron más de los que vendieron. En el mismo período, las compras netas de billetes llegaron a un acumulado de u$s 42.344 millones. Es decir que, sumando compras y ventas, el saldo fue una compra bruta de dólares de u$s 11.280 millones. Mirá también  Pero también ese saldo bruto supone una baja importante. En los mismos meses de 2017 y 2018, el resultado había sido una compra bruta de u$s 20.360 millones. Entonces, ahorristas y empresas compraron montos récord de dólares durante los 11 meses en los que el esquema de control de agregados monetarios funcionó sin controles cambiarios (las trabas impuestas desde septiembre por el BCRA prometen tanto golpear a las compras como a la oferta voluntaria de billetes en el mercado cambiario). Pero también vendieron montos récord. Las causas son varias. Se pueden mencionar a la recesión, el sudden stop en el que cayó la economía el año pasado, como uno de ellos: familias y empresas generan menos ingresos y tienen que recurrir a dólares atesorados para hacer frente a sus gastos corrientes. También, la disparada del dólar redujo la demanda de billetes para turismo (que si bien suele computarse por fuera de las compras para atesoramiento, desde el momento en que no era necesario informar el motivo de una compra se asume que parte de la demanda por billetes está asociada a viajes al exterior). Pero una más, que estaba en el eje de la estrategia que la administración de Guido Sandleris al frente del BCRA, es el propio esquema de agregados monetarios. Al perseguir -con suerte despareja, eso es claro- su meta de «emisión cero» el esquema generó una contracción monetaria fenomenal. En los doce meses a agosto pasado la base monetaria se expandió 9,7% mientras que la inflación marcó un 54,5% en el mismo período. De la misma forma en que una paritaria que no empata la inflación supone una caída en el valor real del salario, según la consultora LCG esa diferencia entre el crecimiento de la cantidad de dinero y los precios implicó que la base monetaria se contrajo 33% en el período. Con semejante disminución de los pesos en circulación, el precio de tomar un crédito se disparó. Mientras que en los 11 meses de esquema de agregados la tasa de referencia de la política monetaria promedió 63,77%, en el mismo período de 2017 y 2018 había promediado 32,70%, prácticamente se duplicó. Según especialistas, el estímulo a deshacer tenencias en dólares que genera la contracción monetaria sigue operando hoy, aunque tiene su efecto en las cotizaciones paralelas del dólar. Lo que pone a los controles de cambio en un contexto muy diferente hoy al que existía hasta 2015. «Es posible que el sector privado continúe ofreciendo dólares al mercado (probablemente paralelo, con lo cual ese numero de venta de billetes en el mercado formal tendería a bajar) mientras dure la contracción monetaria», dijo Juan Manuel Pazos de TPCG. El tipo de cambio contado con liquidación, que se separó de la cotización oficial inmediatamente después de los controles de cambio y llegó a estar 30% por encima del mayorista, no paró de retroceder la semana pasada. Así, la brecha cambiaria llegó a reducirse a poco más del 9% el viernes.

• (Cronista) De los rumores del gabinete de Alberto al hermetismo del de Kicillof A pesar de tener menos trascendencia, como ocurre con el anillo más cercano al presidenciable, los colaboradores más cercanos del aspirante a la gobernación se suman a la danza de nombres. En el comando albertista aprovecharon la (mala) experiencia pasada para no tropezar con la misma piedra que Scioli en 2015 cuando anunció por anticipado su gabinete. Por un motivo fundamental: cada ministro entronizado deja un tendal de heridos desilusionados. Sin embargo, con los tiempos acelerados de una pseudo transición forzada por la contundencia de las PASO, son inevitables las intrigas palaciegas en las oficinas de México al 300 de Alberto Fernández, que ven más tráfico que la Quinta de Olivos. Sus habituales, a ojos de la política, son funcionarios sin asumir: desde Santiago Cafiero, pasando por la cofradía del PJ porteño como quien consiguió ese edificio (Juan Manuel Olmos), hasta intendentes del primer anillo del albertismo (Gabriel Katopodis) o el cristinista más albertista Eduardo «Wado» De Pedro. A la foto con gobernadores, Alberto sumó a Cafiero y a «Wado» Más sospechosos para la danza de nombres son, por obvias razones, los cónclaves fuera de ese despacho con una vereda que suele refugiar una guardia periodística. Como el almuerzo de Florencio Randazzo con quien fuera su jefe de campaña 2017. «No hubo ningún ofrecimiento», repite el entorno del ex ministro pero en Chivilcoy ya lo imaginan volviendo, al menos, a Transporte. Alberto ya tuvo dos renunciamiento públicos: el gobernador Juan Manzur que dijo que seguiría en Tucumán y Ginés González García que desestimó volver a Salud en CNN radio el sábado. «Va a ser por consenso», prometen sobre el armado ministerial en el Instituto Patria, si bien admiten que Cristina Fernández de Kirchner podría ejercer algún «veto». Auguran un «gabinete cohesionado» entre los distintos espacios del frente. El concepto de «equipo productivo» abarca tanto a nivel nacional como el más enigmático gabinete bonaerense. En sintonía con su campaña austera arriba de un Renault Clio en soledad, poco se sabe de la (más probable aún hoy en una provincia sin ballottage) administración de Axel Kicillof. Ningún intendente admite que le haya preguntado por su eventual equipo al ex ministro de Economía, pero ellos mismos cuentan lo que responde el candidato: «Primero tenemos que ganar». También se lo escuchó analizar que espera ver un diagnóstico real de la herencia vidalista para «elegir mejor los perfiles» para cada ministerio. No los hay tanto pero los hay: como ocurre en el albertismo, el primer anillo de colaboradores que rodea al postulante también son subidos a la danza de nombres. Comenzando por Carlos Bianco, su jefe de campaña y dueño del «kicimóvil». Suenan también funcionarios de su gestión como Augusto Costa, Paula Español o su amiga Cecilia Nahón. Junto a Cristian Girard o Javier Rodríguez, entre otros, son los encargados del team económico que están diagnosticando la provincia. ¿Y los intendentes? En el Patria no descartan que alguno se sume a la gestión pero los pesos pesados del Conurbano hoy, dicen, están más preocupados en cargos de organismos con caja como IOMA o Lotería. «No le debe nada a nadie», repiten en el cristinismo para destacar que Kicillof llegaría al poder incluso con una inicial resistencia del statu quo bonaerense.

• (BAE) La propuesta de Alberto de reperfilamiento de deuda suma tensión con el FMI El organismo podría exigir quitas o un mayor resultado primario para negociar con acreedores. La propuesta del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, de reperfilar la deuda sin quita en el capital y los intereses fue bien recibida por el mercado, pero abrió el interrogante sobre la posición que pueda llegar a tomar al respecto el Fondo Monetario Internacional, que suele tutelar este tipo de procesos. El ex jefe de gabinete dijo que pretendía aplicar una extensión de los plazos con los acreedores privados, mecanismo similar al que utilizó Uruguay en el 2003 para evitar caer en default. El viernes tanto la bolsa como los bonos reaccionaron positivamente, pero una de las preguntas más importantes que aún no fue respondida es el rol que jugará en esas negociaciones el FMI. El país vecino debió aplicar un ajuste fiscal y suba de impuestos para recuperar el superávit La duda no sólo pasa por si un eventual gobierno del Frente de Todos tendrá margen para aplicar un ajuste fiscal como el que hizo en ese entonces el país vecino, sino también si el organismo avalará una jugada de este tipo o si por el contrario, exigirá una quita como el caso de Ucrania de 2015 o reformas estructurales a cambio de sostener los desembolsos que faltan por un tiempo más. Una versión que circula en el mercado es que en realidad la propuesta de Fernández proviene de fondos «distress» que operan con activos riesgosos pero que de todas formas el ex funcionario deberá aplicar una quita, ya sea por su cuenta o por imposición del FMI. El ex ministro de Economía uruguayo, Isaac Alfie, encargado de llevar las negociaciones de ese reperfilamiento, le dijo a BAE Negocios que el FMI sostenía que había una crisis económica y financiera, mientras que para el gobierno de Battle era una cuestión de plazos. Alfie reconoció que se aplicó «una política fiscal y monetaria muy ortodoxa». «Nos peleamos con el Fondo. Pero a la vez se hizo una gran cantidad de reformas estructurales. Se realizó una política de apertura comercial, firmamos acuerdos de inversiones con Estados Unidos y con México, políticas de cielos abiertos y una baja en la presión impositiva», puntualizó. Gustavo Neffa, de Research for Traders, reconoció ante este medio que el FMI «no se expidió al respecto, por lo que no sabemos qué piensa» del reperfilamiento. «La experiencia de otros países muestra casos de reperfilamiento con venia del Fondo, que lo respaldó», señaló. Y recordó que «Uruguay en 2003 hizo caso omiso de muchas cosas que pedía el FMI, más reformas como la previsional. Impusieron su impronta». En ese momento, el país vecino estaba bajo un programa con el organismo, parte del coletazo de la crisis argentina del 2001-2002. Por su parte, Javier Alvaredo de ACM planteó que «el Fondo no se va a negar a que la Argentina negocie con los acreedores privados. Pero hay que tener en cuenta que si no hay una quita, van a exigir un superávit primario mayor para hacer frente a los intereses». En ese sentido, un informe de Delphos apuntó que en Uruguay «el déficit primario corrigió algo más de 4 puntos porcentuales del PBI en tan sólo 4 años al pasar desde un déficit de 1,8% en 2001 a un superávit de 2,5% en 2005». Esta mejora se logró no sólo mediante una licuación del gasto sino también con suba de impuestos. Uruguay se enfrentó con el organismo porque no aplicó todas las reformas solicitadas Es por eso que para Alvaredo «vas a tener al Fondo de tu lado para hacer una quita que sea aliviadora mientras giran los US$10.000 millones del stand by que le vendrían bien a Alberto». «El FMI agarró el caso uruguayo y lo aplicó en Ucrania, ofreció un paraguas de tiempo de seis meses para negociar sin defaultear y evitar los problemas legales de un incumplimiento. Hubo extensión de plazos, quita de intereses y un cupón de PBI», comparó. Neffa añadió que en ese caso también se pidieron reformas estructurales.

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