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• (Ambito) Gobierno paga Discount y el bono a 100 años y evita default. Son u$s752 M del primero y u$s98 M del segundo. Con estos pagos el Ministerio de Economía inicia mejor parado negociación con acreedores. El Gobierno cumplirá esta semana con el pago de vencimientos por u$s850 millones de dos títulos de deuda, incluyendo el pago de fin de año del bono a 100 años emitido en 2017 en los tiempos en que Luis “Toto” Caputo manejaba el Ministerio de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. Los mercados esperaban la confirmación de esta liquidación, luego de las muchas dudas que había en las vísperas de la asunción de Alberto Fernández y de sus primeras decisiones en cuanto a la estrategia que el Presidente aplicara para la reestructuración de la deuda. Sin embargo, el ahora jefe de Estado nunca puso en duda el mantenimiento de los pagos a los vencimientos de los títulos públicos, sabiendo que la ejecución corriente de las liquidaciones pone a la Argentina en una mejor posición al momento de negociar con los acreedores. Más teniendo en cuenta que el Ministerio de Economía de Martín Guzmán abrió hasta el 3 de enero el período de recepción de propuestas para iniciar el proceso negociador con los acreedores externos. La decisión de saldar los cupones de estos títulos se conoció a través de avisos de pago publicados por el Tesoro Nacional y enviados a la Bolsa de Comercio porteña. Los vencimientos de esta semana son dos: u$s752 millones de bonos Discount y u$s98 millones correspondiente al publicitado título a 100 años ideado por Luis Caputo mientras era ministro de Finanzas. Ese título, llamado “Bono centenario”, fue incluido entre las “10 peores inversiones de la década” en un ranking elaborado por la agencia especializada Bloomberg; que cruzó los intereses que debe pagar (más de 7%) con el plazo a liquidarlo. A mediados de 2017, Caputo tomó u$s2.750 millones con vencimiento en 2117 y un rendimiento del 7,917%, en una jugada que algunos en el mercado juzgaron innecesaria, sin saber que la Argentina se quedaría sin financiamiento meses después. La decisión del Gobierno actual de pagar los vencimientos se estima que continuará mejorando el clima financiero, que comenzó a virar a favor del nuevo Gobierno tras la rápida aprobación de la ley de emergencia, que aportará entre u$s6.500 millones y u$s8.000 millones al Fisco para robustecer las cuentas públicas del 2020. Los hechos fueron acompañados por definiciones políticas que fueron del agrado del mercado, en especial cuando el presidente Alberto Fernández no tuvo inconvenientes en admitir que su administración estaba encarando un “ajuste”, pero esta vez para que lo afronten “quienes pueden hacerlo”. Analistas de mercado y fondos de inversión destacan que el mandatario demostró estar dispuesto a subir impuestos y congelar temporalmente jubilaciones y pensiones, con el fin de “ordenar las cuentas” y posicionarse en mejores condiciones para encarar la reestructuración de la deuda con el FMI y los tenedores privados de títulos soberanos. También elogian que el ministro de Economía, Martín Guzmán, haya indicado que la estrategia será “seguir pagando los vencimientos en la medida en que haya una negociación para evitar un default”. El Tesoro pagará hoy u$s98 millones de intereses del Bono Internacional de la República Argentina en Dólares 2117, el “Bono Centenario”, que está íntegramente en manos de tenedores privados. Entre hoy y mañana, último día del 2019, liquidará los el vencimiento por u$s752 millones de bonos Discount. Esos títulos descuento -ambos de renta fija- son los denominados DIAO u$s2033 (Ley Argentina) -que vence hoy lunes y cerró a $6.885 el viernes-, mientras el mañana será el turno del DICY u$s2033 (Ley Nueva York), cuyo último cierre fue de $6.000,50. Economía iniciará el 2020 con la expectativa de cerrar antes de marzo la negociación de la deuda, al menos con los privados, ya que, según los cálculos del propio mercado, el capítulo de dólares de libre disponibilidad de las reservas, no alcanzará para cubrir los vencimientos de mayo, mes en el que habrá que liquidar unos u$s5.400 millones.

• (Ambito) Bienes Personales: cómo afecta la ley al contribuyente «medio». El porcentaje de aumento es superior a aquellos alcanzados con menor nivel de riqueza, debido al incremento del 100% de la escala inicial. Además, el mínimo no imponible no fue actualizado. Dentro de la “megaley” de Solidaridad impulsada por el Gobierno se determinó una modificación en las escalas del Impuesto sobre los Bienes Personales. “Va a volver a tener la alícuota que tenía en 2015”, fue el anuncio que en su momento hizo Alberto Fernández, y así quedó plasmado en el proyecto aprobado por el Congreso. En el esquema, que quedó reglamentado el sábado y ya rige para el período fiscal de 2019, el mínimo no imponible a partir del cual se paga el tributo es de $2 millones, monto que no incluye una vivienda propia para uso habitacional hasta un valor de $18 millones. Según advirtieron especialistas, al no aumentar la base imponible y producto de la devaluación que sufrió el peso en los últimos años, el impuesto tiende a alcanzar a más personas con ingresos medios. Es esa escala, justamente, la que a partir de la nueva reglamentación deberá pagar más por sus bienes. “Como las alícuotas se calculan de forma progresiva y debido a la no modificación de los mínimos no imponibles, genera que aquellos patrimonios que están en monedas extranjera, como un inmueble que se revalúa al tipo de cambio del 31 diciembre, queden afectados”, señaló a Ámbito Financiero el tributarista Federico De Luca, quien agregó: “Así, afecta a patrimonios medios, cuando no es el objetivo. El gran problema es la no actualización del mínimo en un año con inflación y devaluación”. Según se desprende de un análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), “el incremento en la presión tributaria se encuentra en valores aproximados del 70% o más, con la característica de que el porcentaje de aumento es superior en los contribuyentes alcanzados de menor nivel de riqueza, dado que el porcentaje de incremento de la alícuota inicial (100%) es superior a la de la más alta de la escala (66,66%)”. En ese contexto, si se analizan distintos casos a modo de ejemplo, puede observarse que un contribuyente que cuenta con bienes por un monto de $3 millones de pesos, con la nueva ley deberá pagar $5.000 cuando antes el monto era de $2.500 (es decir, el doble). Si el bien alcanzado por el tributo es de $16 millones, deberá pagar $116.200 contra los $62.500 (un 86% más) que pagaba previo a la vigencia de la ley de Solidaridad. “El tema, por ejemplo, es para la gente que está ahorrando para comprarse la casa y que después no te alcancen los ahorros para llegar a comprarla. Ese dinero, si no está en una cuenta bancaria, queda alcanzado por los Bienes Personales. Eso ocurre cuando pasan estas cosas. De alguna manera la repercusión más fuerte va a ser para la clase media alta”, analizó Iván Sasovsky. Para De Luca, el dato de que los dólares ahorrados “bajo el colchón” estén alcanzados por el impuesto es relevante. “La caja de ahorro y el plazo fijo en dólares están exentos. Pero el tema es que en el último año se abrieron muchas cajas de seguridad por el tema de la incertidumbre con lo que podía pasar con los dólares”, señaló el especialista, quien remarcó que con este impuesto “se recauda el 1% del PBI. Si bien todo suma, representa poco”. Con la nueva disposición, los cuatro niveles de la alícuota quedaron como sucedía previo a 2015: 0,5% para los primeros $3 millones que superen el mínimo no imponible; 0,75% (más una suma fija de $15.000) desde esos $3 millones a $6,5 millones; 1% (más suma fija de $41.250) de los $6,5 millones a los $18 millones; y 1,25% (más $156.250) para los bienes que superen los $18 millones. También estableció que el valor total de los bienes en el exterior que exceda el mínimo no imponible no computado contra los activos del país pagarán una tasa del 0,7% cuando lleguen hasta $3 millones; del 1,20% entre $3 y $6,5 millones; del 1,8% entre $6,5 y $18 millones y de 2,25% si superan los $18 millones.

• (Cronista) Deuda en pesos y recursos fiscales, las fuentes de financiamiento de Alberto Fernández Se colocaron letras por $ 36.700 millones y se mejoró la ecuación fiscal de cara al 2020 por un equivalente a 2,4% del PBI. La emisión monetaria fue de $ 100.000 millones hasta ahora. En 20 días de gestión, el Gobierno de Alberto Fernández avanzó por la senda de buscar financiamiento por métodos más tradicionales de lo que preveía el mercado: colocación de deuda en pesos, recursos fiscales y, en menor medida, emisión monetaria. El principal cambio, que sienta las bases para avanzar en mejorar las cuentas fiscales en 2020, tiene que ver con la aprobación de la ley de solidaridad social y reactivación productiva. Según cálculos de analistas, el neto entre más gastos y subas desde ingresos arroja que el déficit primario se podría achicar desde el porcentaje en el que cierre 2019, que lo ven en torno a 0,8% del PBI. De acuerdo a un análisis de ACM, las medidas de incremento de la recaudación van a traccionar una mejora fiscal de 2,5%, principalmente por las retenciones y el impuesto al dólar. Mientras que la suspensión de la movilidad jubilatoria implicará una reducción del gasto de 0,5% del PBI, y el pago de bono a jubilados y tarjeta alimentaria implicará un aumento de las erogaciones de un 0,6%. Así, el neto queda en recursos fiscales adicionales por el equivalente a 2,4% del PBI. A esto se agrega que a lo largo de 8 días el Ministerio a cargo de Martín Guzmán llevó a cabo dos colocaciones de letras en pesos por un total de $ 36.700 millones, a 95 y 175 días. Si bien esto lleva a que en 2020 se tengan que afrontar estos vencimientos, con la renegociación de la deuda exitosa, podría no ser complicado rollearlos el año próximo. A estas licitaciones se sumó una colocación directa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS del viernes, con vencimiento también en junio de 2020, por $ 76.323 millones. Con esta emisión en verdad se rolleó un vencimiento de fin de año, por un monto equivalente. Pero el decreto 668 del 27 de septiembre de 2019, dispuesto por el gobierno anterior, ayudó ya que estableció que hasta el 30 de abril de 2020, las jurisdicciones y entidades del Estado Nacional, así como la totalidad de las empresas, entes y fondos fiduciarios, y los fondos y/o patrimonios de afectación específica administrados por cualquiera de los organismos, sólo podrán invertir sus excedentes transitorios de liquidez mediante la suscripción de Letras emitidas a no más de 180 días por el Tesoro nacional. «En ese marco se ha acordado con las autoridades del FGS la suscripción de Letras del Tesoro en Pesos precancelables, a 180 días de plazo», justificó la resolución conjunta. En el mismo plano de la estrategia perseguida, el Gobierno re-reperfiló para agosto del año próximo las Letes en dólares, decisión con la cual se busca ahorrar por unos meses el pago de u$s 9000 millones. Así, mientras que el temor era que el recurso más utilizado por el Gobierno de Alberto fuera la emisión monetaria, esta vía será utilizada pero en línea a como lo hizo la gestión anterior de Cambiemos: el viernes pasado, de hecho, se oficializó que el 20 de diciembre el Banco Central transfirió $ 100.000 millones al Tesoro, que se contrastan con los $ 190.000 millones concretados en la gestión de Mauricio Macri.

• (Cronista) La oposición le contestó a Kicillof y explicó qué cambios piden a la ley impositiva frustrada El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores bonaerense, Roberto Costa, dijo que el gobernador tuvo una «actitud caprichosa» tras no lograr aprobar la norma y señaló sus diferencias con el proyecto. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Senadores bonaerense, Roberto Costa, sostuvo hoy que el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, tuvo «una actitud caprichosa» cuando cargó contra la oposición por posponerse el debate del proyecto de Ley Impositiva que impulsa debido a una falta de quórum en la Cámara alta. Costa aseguró que la conferencia de Kicillof «está lejos de contar lo que pasó» y remarcó que la oposición quiere «que el gobierno tenga la ley impositiva». «Pero queremos modificar algo de esa ley, porque lo consideramos mejor. Un aumento de los impuestos por encima de la tasa inflacionaria es un error, la clase media y media alta siempre soporta los mayores aumentos impositivos», subrayó en diálogo con Radio 10. «No queremos quitarle la autoría al gobernador de la ley, queremos una ley más justa para los bonaerenses. Queríamos cambiar el paradigma impositivo, ingresos brutos es un impuesto regresivo», afirmó. Además, Costa habló sobre la suba del impuesto a las propiedades, que en los estratos más altos será cercana al 75%. «Solo pedimos que bajen un poco la tasa del 75%, nada más. En vez de 75% busquemos un número más cerca de la inflación», sostuvo. Y agregó: «Hay un deterioro muy grande, hay un margen para aumentar el impuesto, pero no de 75%». Luego de la falta de quórum, el gobernador bonaerense encabezó una conferencia de prensa en la que señaló: «Dicen estar defendiendo los intereses de todos los sectores que mandaron al desastre». Además, ironizó que le hubiese «encantado ver esta garra para defender a la clase media cuando le ponían un tarifazo del 2.000 por ciento». «Trabajen, legislen, los bonaerenses no queremos más show. Este gobernador no va a aceptar extorsiones para aprobar leyes», sostuvo el gobernador el pasado viernes.

• (BAE) La deuda indirecta llegó a US$20.000 millones. Garantías y avales de operaciones financieras otorgados por el Estado nacional durante el gobierno de Macri a provincias, fondos fiduciarios y organismos descentralizados.  El stock de deuda indirecta que asumió el gobierno de Mauricio Macri se multiplicó por tres o por cuatro (según la fuente que se tome), hasta representar un máximo de exposición del Tesoro nacional de US$20.000 millones en 2018 (5,1% del PIB), según un análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). Tal exposición se refiere a las garantías y avales de operaciones financieras otorgados por el Estado nacional a provincias, fondos fiduciarios y organismos descentralizados. La OPC explicó que «los pasivos contingentes son una importante fuente de riesgos fiscales, que debe ser tenida en cuenta al momento de analizar la sustentabilidad de la posición fiscal de un país». «Los países que acumulan un monto sustancial de garantías otorgadas quedan expuestos al riesgo de un shock fiscal, en la medida que no cuenten con recursos presupuestarios suficientes para hacer frente a una ejecución masiva de garantías», advirtió la oficina del Parlamento nacional. El análisis precisa que a fines de septiembre pasado el saldo residual de la deuda indirecta (desembolsos menos amortizaciones acumuladas) fue de US$9.719 millones (3,1% de la deuda pública bruta), de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Finanzas. En 2017 y 2018, indicó la OPC, «el saldo residual de la deuda indirecta aumentó principalmente debido a la emisión de letras en garantía colocadas al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder)».