Guía de CEDEARs: Estrategias por Sectores  (NUEVO)

Informe Semanal de Bonos: Soberanos y Corporativos
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(AMBITO) Con la soja por encima de u$s470, las retenciones vuelven al 33% (se analiza baja para la carne)
Esta semana deja de regir la baja temporal y escalonada dispuesta en octubre. Una medida que no logró su cometido. Las retenciones a las exportaciones del complejo agroindustrial se convirtieron en un tributo clave para la economía argentina pero también en constante materia de reclamo al Gobierno de los representantes del campo. En este contexto, esta semana concluye la baja temporal y escalonada para el complejo sojero dispuesta en octubre pasado por el ministro Martín Guzmán, una medida que finalmente no tuvo el resultado esperado porque no logró mover la aguja respecto al ingreso de divisas en 2020. La baja temporal comenzó a regir la primera semana de octubre y llevó a las retenciones a la soja al 30% desde el 33%. Luego, en noviembre, se elevaron al 31,5, en diciembre al 32%, para regresar en enero de 2021 al 22% inicial. En aquel momento se buscaba que los productores que aún conservaban unas 15 millones de toneladas en los silos, vendan el grano y de esa manera se genere un ingreso de divisas mayor en el último trimestre del año. La decisión la tomó el ministro de Economía luego de reunirse en reiteradas oportunidades con representantes de la industria aceitera. Lo cierto es que la medida estuvo lejos de lograr el efecto buscado. En aquel momento el Gobierno esperaba que el campo liquidará al menos u$s5.000 millones en el último tramo del año y la cifra total del último trimestre del año -que se conocerá la próxima semana- habría anotado poco más de u$s3.400 millones. Incluso con un diciembre para el olvido teniendo en cuenta que desde hace más de 15 días una huelga mantiene inactivos los principales puertos, por lo que el ingreso del décimo segundo mes del año sería de menos de u$s1.000 millones. Lo cierto es que a pesar del poco alcance de la medida que en la práctica no incentivo más venta de soja por parte de los productores -que aún conservan alrededor de 12,5 millones de toneladas de la campaña pasada- y del rally alcista de la oleaginosa en Chicago, el Gobierno no tiene en carpeta tocar el tributo a la soja durante el año próximo. Así se lo confirmaron a Ámbito fuentes del oficialismo. La explicación suena más que lógica. No hay margen para enemistarse con el campo teniendo en cuenta el gran desafío que enfrenta la economía argentina de cara al 2021 luego de un año signado por la pandemia. Lo que si continúa en análisis por el gabinete económico es una baja para las retenciones a la carne. Este es un pedido concreto de los frigoríficos quienes solicitan un recorte de entre tres y cuatro puntos desde el 9% actual para los cortes de mayor valor. En este marco el Gobierno pide una muestra de buena voluntad por parte del sector, y por eso continúa trabajando en comunicación directa con los grandes frigoríficos para el lanzamiento de un programa orientado a abastecer el mercado interno de cortes de carne vacuna a precios bajos. La gran preocupación de Alberto Fernández es que ante los mejores márgenes de rentabilidad en la exportación se eleven los precios en las carnicerías locales y eso sería justamente lo que se le está solicitando a cambio a los frigoríficos para proceder con una baja de retenciones, justamente a un sector que también podría aportar caudalosas divisas en el 2021. Otro de los rubros que están en carpeta para una baja retenciones, por supuesto teniendo en cuenta de su factibilidad el desarrollo de la economía y por sobre todo de la pandemia, son algunas economías regionales que vienen de años complicados. El menú retenciones tiene para todos los gustos, pero con un único objetivo: no generar confrontación con el campo. Algo que el Gobierno ha dejado en claro luego de convocar al Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) con la meta de elaborar una ley de promoción de la agroindustria que llegaría al Congreso el año próximo con el total aval del bloque oficialista.

(AMBITO) Preska confirmó ayer guiño al país en el caso YPF
La jueza neoyorquina ratificó decisión de abrir un proceso de Discovery. Malestar con Burford. Las partes deberán presentar sus argumentos durante el primer semestre de 2021. Loreta Preska confirmó ayer su buena disposición para escuchar al país y atender los argumentos que el Gobierno quiere aplicar en el juicio que el fondo buitre Burford Capital le sigue a la Argentina por la manera en que se reestatizó YPF en 2012. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York le dio ayer la razón a los argumentos de los abogados que defienden la posición local, confirmando su decisión del 23 de diciembre pasado de abrir un proceso de Discovery. Esto implica que durante el primer semestre del año próximo, las partes en cuestión deberán presentar sus argumentos para defender cada uno su intención en el juicio. Argentina dará sus argumentos para que el caso se lleve adelante en Nueva York, pero aplicando leyes argentinas. En el caso de Burford, enfatizará la responsabilidad del país sobre el proceso de concurso de las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora en Madrid. Con este paso favorable al país, la definición del caso se posterga en el tiempo, y no antes de octubre de 2021 habrá una conclusión. Tal como adelantó ayer este diario, esto le dará tiempo a los abogados que representan al país, para que puedan armar sus argumentos a favor de la falta de responsabilidad de la Argentina, al no ampliar la oferta a Repsol al resto de los accionistas privados con acciones en la petrolera. La estrategia de aceptar el fallo de Preska de juzgar en su tribunal, pero proponer que sea con leyes argentinas, fue un cambio en el accionar de la actual Procuración del Tesoro que, aparentemente, estaría trayendo resultados positivos en aquel tribunal históricamente negativo para el país. Sólo hay que recordar que en ese lugar reinaba Thomas Griesa en el “juicio del siglo” que los fondos buitre le ganaron al país luego del default de 2001. Con la decisión de ayer se confirma lo que el martes pasado Preska también había deslizado contra Burford. La magistrada que reemplazó a Griesa está molesta por la estrategia del fondo de origen inglés Burford Capital, por haber cambiado de abogados y por haber elegido radicarse en el mercado neoyorquino para tener una posición privilegiada para el cobro de eventuales ganancias por este caso. Según Preska, esta actitud determina una posición de ventaja del fondo para lograr una representación de “local” en el tribunal, cuando desde que comenzó el caso hacia delante siempre dejó claro que se trataba de un fondo de inversión europeo que se sintió perjudicado por la manera en que la Argentina habría violentado leyes de los Estados Unidos. Lo que siempre Preska tomó en cuenta es que se trataba de dos litigantes extranjeros que debían definir sus diferencias en Nueva York. Y ahora considera un intento de obtener una ventaja injustificable el intentar convertirse en local, solo para tener una posición privilegiada y no para radicarse como fondo de inversión estable en Wall Street. Burford reclama por los supuestos daños que el pago a los españoles de Repsol le provocó al 49% restante de los accionistas de la petrolera, luego de la nacionalización de 2012. Ese dinero iría, en parte (unos u$s1.000 millones) a las arcas del fondo. La demanda se inició por la expropiación de la mayoría de las acciones de la petrolera, pero a nombre de las empresas españolas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos compañías hoy en quiebra, abiertas por el Grupo Petersen en los días en que era socio por el 25% de YPF y a partir de que el expresidente Néstor Kirchner los hizo ingresar como parte de la petrolera. El Grupo Petersen hoy está absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, situación que está judicialmente aclarada en la justicia española y reconocida por los propios Burford que desistieron de reclamarle a Petersen. El gran misterio, por ahora, en esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos. Esta persona (o personas) o sociedades recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagarle el país. Para agregarle misterio a la causa, el 19 de junio (luego de una audiencia), Burford anunció a sus accionistas la venta del 15% del juicio en u$s66 millones. En esa operación, el fondo de capitales ingleses especializado en hacer juicios luego de renacionalizaciones fallidas, la valuación que se le aplicó al caso fue de u$s440 millones, en lugar de los u$s3.000 que se reclaman en los tribunales de los Estados Unidos.

(AMBITO) Economía no prevé colocar bonos dólar linked hasta marzo
En enero, uno de los meses más cargados de vencimientos, el Tesoro deberá cancelar pagos por $237.000 millones. Con el programa financiero de este año ya cerrado, el Ministerio de Economía comenzó a trabajar en la diagramación de las primeras licitaciones de 2021. Según le comentó el secretario de Finanzas, Diego Bastourre, a Ámbito, en los próximos días se conocerá el cronograma de licitaciones de enero, aunque analizan publicar también la información de febrero. En ese período, confirmó el funcionario, la administración nacional no tiene previsto emitir títulos atados a la cotización del dólar, un instrumento que utilizó en octubre para descomprimir parte de las tensiones cambiarias. “En enero y febrero no está prevista la utilización de ese instrumento (por el dólar linked)”, aseguró Bastourre en una conversación con Ámbito, en la que junto al subsecretario de Financiamiento, Ramiro Tosi, realizaron un balance de lo conseguido en materia financiera durante 2020. Los funcionarios resaltaron la reconstrucción de la curva de pesos como uno de los logros del año. “El 2020 cierra con un roll over por encima de 119% y $386.727 millones de pesos financiamiento neto”, dijo el secretario de Finanzas. Los instrumentos dólar linked fueron utilizados por el Ministerio de Economía dentro del combo de medidas para aplacar la corrida cambiaria de los primeros 20 días de octubre. La primera licitación se realizó el 6 de octubre. En esa oportunidad, el Tesoro recibió 1362 ofertas, colocó bonos por el equivalente a u$s 1766 millones y a cambio recibió efectivo por $136.105 millones. La segunda llegó el 27 de octubre y, en esa licitación, el Palacio de Hacienda decidió colocar el equivalente a u$s 1660 millones a cambio de $129.804 millones. Entre ambas colocaciones, el total de instrumentos dólar linked en manos de inversores privados sumó alrededor de u$s 3420 millones y permitió aspirar $265.909 millones. Enero y febrero son dos de los meses más cargados de vencimientos de 2021. Solo en el primer mes del año, el Tesoro deberá cancelar pagos por alrededor de $237.000 millones entre instrumentos de mercado, letras intra sector público, bonos del plan gas y del consenso fiscal, y vencimientos de Adelantos Transitorios del Banco Central, de acuerdo a un análisis realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso. El vencimiento más importante del mes se concentrará el 29 de enero, cuando el Tesoro deba pagar la amortización de $137.399 millones de una Lede (S29E1) y $50.186 millones entre capital e intereses de una Lepase (SE291). Solo en instrumentos de mercado, el Tesoro deberá hacerle frente a vencimientos por $2,1 billones en 2021, obligaciones que se concentran especialmente en enero, febrero, abril, julio y agosto. Durante este año, Economía colocó títulos en pesos por el equivalente a $2,516 billones en distintos instrumentos de mercado. También logró pesificar alrededor de u$s6.700 millones. En canjes, según estimó la Secretaría de Finanzas se realizaron operaciones por el equivalente a $3 billones en total. De cara a lo que viene, el ministro Martín Guzmán aseguró ayer que cerrar 2020 en línea con lo planeado permite arrancar desde “un punto de partida en cuanto a las condiciones monetarias y fiscales para el inicio de 2021 que facilita ahondar en la construcción de previsibilidades”. “Reconstruir el mercado de deuda pública en pesos era condición necesaria para generar alternativas de financiamiento y canalización del ahorro en instrumentos en moneda local. Este proceso es fundamental para la estabilidad de largo plazo, y le daremos continuidad”, dijo Guzmán en declaraciones a la prensa.

(AMBITO) ¿Qué dice el proyecto de ley de movilidad jubilatoria?
El proyecto busca formalizar la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial. La Cámara de Diputados comenzó a debatir este martes el proyecto de movilidad jubilatoria que el oficialismo aspira a convertir en ley para formalizar la aplicación de un ajuste trimestral de los haberes previsionales con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial. El proyecto establece un nuevo sistema para el incremento de las jubilaciones y fija una nueva movilidad jubilatoria que reemplazará la fórmula que fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri si se convierte en ley. La fórmula es similar a la que se estableció en 2008 en el primer Gobierno de Cristina Kirchner y que estuvo vigente hasta fines de 2017, cuando el Gobierno de Cambiemos logró votar una receta diferente para el cálculo de haberes, que tenía en cuenta la variación de precios como uno de sus componentes, lo cual ahora se dejó de lado.
De acuerdo con el Frente de Todos, con la fórmula actual los jubilados perdieron un 19% de poder adquisitivo, mientras que con la anterior habían podido ganarle a la inflación en un 26% en todo el período 2009-2017.
Los principales puntos de la iniciativa promovida por el presidente Alberto Fernández:

Jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares se actualizarán cada tres meses.
Los aumentos se aplicarán en marzo, junio, septiembre y diciembre.
Se aplicará un índice que combina un 50 por ciento de la evolución de los salarios del Indec y del RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) de Seguridad Social y un cincuenta por ciento de la recaudación tributaria de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
En ningún caso, la aplicación de dicho índice podrá producir la disminución del haber que percibe el beneficiario.
La Anses elaborará y aprobará el índice trimestral de la movilidad y realizará su posterior publicación.
Se dispone que la primera actualización sobre la base de la movilidad especificada en el párrafo anterior se hará efectiva a partir del 1° de marzo de 2021.
Se establece que la movilidad dispuesta será aplicable a las prestaciones de los regímenes especiales a las que no se les aplique un incremento específico.
Se faculta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para que, en forma conjunta con el Ministerio de Economía y la Anses, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten las normas aclaratorias y complementarias.

(AMBITO) El Gobierno limitó la compra de bonos en dólares para las aseguradoras
Dispuso que las compañías solo podrán operar títulos en moneda extranjera para respaldar seguros en dólares y ya no podrán cubrir pasivos en pesos de una eventual devaluación. Busca canalizar los flujos hacia el segmento en moneda local y sacarle demanda al dólar MEP y el CCL. La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) dispuso este martes un límite a la compra de bonos en dólares por parte de las aseguradoras, que son uno de los principales inversores institucionales del mercado local. En una circular dirigida a las compañías, la entidad que dirige Mirta Adriana Guida y depende del Ministerio de Economía estableció que sólo podrán adquirir títulos en moneda extranjera para respaldar cuentas de seguros nominadas en divisas. La medida busca canalizar el flujo de inversiones hacia el segmento en pesos, que será clave para cumplir con el exigente programa financiero de 2021, y también para acotar una de las vías de demanda de MEP y CCL, cuya operatoria podría flexibilizarse durante el verano. “Las operaciones de compra de títulos valores nominados en moneda extranjera, deberá tener fundamento exclusivo en la constitución de reservas que respalden obligaciones en las citadas monedas y de ninguna manera constituir activos cuya cotización en los mercados estén sujetos a escenarios de alta volatilidad, que pongan en riesgo la solvencia de los supervisados”, señaló la SSN en la circular y aclaró que lo dispuesto forma parte de lo previsto en la Ley de Entidades de Seguros 20.091. El texto advirtió que el organismo de control “considerará ejercicio anormal de la actividad aseguradora y sujeto a las sanciones correspondientes toda inversión que se aparte de los principios expuestos precedentemente o que tengan por objeto imposiciones de carácter especulativo al margen de los principios básicos prudenciales de la actividad aseguradora”. BAE Negocios consultó a fuentes oficiales, que evitaron dar precisiones adicionales sobre la medida. Actores del mercado afirmaron que las aseguradoras aprovecharon huecos normativos para suscribir títulos en dólares con fondos de cuentas de seguros en pesos para cubrirse en momentos de fuertes presiones devaluatorias. “Los seguros en dólares en Argentina son muy pocos. Estuvieron invirtiendo de más en bonos en moneda extranjera con carteras en pesos para cubrirse de una devaluación”, señaló un agente de bolsa. Desde la industria de seguros, una importante fuente le confió a este diario su lectura de la medida: “Los bancos ya tenían muy acotada la posibilidad de dolarizarse, luego fue el turno de los fondos. Faltaban las aseguradoras que, en un mercado chico como el argentino, son un actor que maneja flujos importantes. El Gobierno completó el cierre de una válvula que todavía tenía abierta, seguramente para mantener contenido el CCL y llevar más flujo hacia los activos en pesos”. En esa línea, el analista financiero Cristian Buteler consideró que la medida “no es una buena señal” y coincidió en que, más allá de las implicancias sobre los dólares financieros (al limitar una vía de demanda de los títulos con los que se operan), la medida apunta a “asegurarse demanda para las renovaciones en pesos que necesita hacer el Ministerio de Economía en 2021”. El próximo año, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Diego Bastourre, enfrentará vencimientos de deuda en moneda local por más de $2,1 billones. Además de refinanciarlos, el Gobierno necesitará conseguir un fondeo neto positivo por alrededor de $700.000 millones para cubrir el 40% del déficit primario de $1,7 billón previsto en el Presupuesto. Con todo, el programa financiero terminará de definirse con el acuerdo con el FMI que dejará una serie de metas plurianuales: por caso, el organismo pretende que se ajuste un poco más el rojo fiscal del próximo ejercicio. Además, Martín Guzmán busca incrementar el crédito de bancos multilaterales para cubrir parte del aumento en la inversión en obra pública y reducir al 40% el financiamiento monetario (en lugar del 60% pautado en el Presupuesto), como adelantó BAE Negocios. Por el lado de las restricciones al MEP y el CCL, más allá de la decisión de la SSN, una importante fuente del equipo económico le dijo el lunes a este medio que el Gobierno analizará durante el verano si realiza una nueva flexibilización del plazo de tenencia mínima de los bonos con los que se realiza la operación, conocido como parking. Un mes atrás, la Comisión Nacional de Valores lo había bajado de tres a dos días para la compra de dólar Bolsa y los había eliminado para la venta de divisas en el MEP. “Lo veremos con mucho pragmatismo. Puede haber novedades”, señaló la fuente. El jefe de research del ICB, Leandro Ziccarelli, consideró que no es algo contradictorio y que pueden darse ambas medidas: “Creo que la estrategia es sacar a los grandes jugadores, como los FCI, las aseguradoras, fondos extranjeros, empresas con subsidios y otros, y ahí sí avanzar. Pareciera que están regulando todo para que la flexibilización tenga sentido”.

(INFOBAE) La inflación se acercó al 4% en diciembre por la suba en alimentos, medicina prepaga, combustibles e indumentariaAsí lo anticiparon a Infobae las consultoras privadas, que estimaron la suba de precios del 2020 en torno del 36%; el pronóstico más bajo fue de Emmanuel Álvarez Agis con un 3% para este mes. En cuanto a 2021, el consenso se ubica entre 45 y 50 por ciento
La inflación de diciembre se ubicaría entre el 3,5 y el 4 por ciento, por lo que el año terminará en torno del 36%, frente al 32% que calculó el Gobierno hace tres meses. Las consultoras que calculan los precios minoristas indicaron en Infobae que el registro del último mes del año habría superado con comodidad el 3,2% registrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en noviembre y más cerca del 3,8% de octubre. El ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis estimó que la suba de precios del mes rondará entre 2,9 y el 3,1 por ciento y que en 2021 alcanzará el 40 por ciento, bastante por debajo del 50% que esperan los analistas consultados por el Banco Central. En tanto, según el informe Forecast Economics, la inflación sería del 37,2% este año, 49,8% en 2021; 37,1% en 2022 y 30,5% en 2023, muy lejos de los números calculados hace tres meses, en el presupuesto nacional, por el gobierno nacional: 32%, 29%, 24% y 20%, respectivamente.
En particular, Empiria Consultores estimó que la suba de los precios podría estirarse hasta el 68,8% en 2021 y al 63,3% en 2022; Econométrica al 60,1% y 56,7%, respectivamente; Invecq al 60% y 56,9% y el Citi apostó al 58% para 2021 y dejó en blanco el casillero del año siguiente. El pronóstico más benigno correspondió a Fitch con 38,5%, que, de todos modos, supera casi en 10 puntos porcentuales el cálculo oficial. Según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que elabora el Banco Central, el consenso de los economistas prevé que el IPC se haya ubicado en el 3,6% el mes pasado y que llegue al 36,7% este año. Además, estimaron que será del 4% de diciembre, 4,1% en enero, 3,8% en febrero y 4% en marzo de 2021. Para fin de año próximo creen que escalará al 50% y un año después, otro 36, por ciento. La inflación terminará este año lejos del 32% que calculó el Ministerio de Economía hace tres meses y los consultores creen que rondará entre el 40 y el 50 por ciento en 2021, según el ritmo de las tarifas y de la devaluación
Álvarez Agis destacó que, a principios de mes, el aumento de la carne apuntaba a llevar el IPC arriba del 4%, pero el aumento se desaceleró, a la par de la devaluación del tipo de cambio nominal. “Con una devaluación por debajo del 35 por ciento y los salarios recuperando contra la inflación pero en el margen. Y las tarifas también por debajo, se llega al 40 por ciento”, explicó. “Este escenario se daría en un contexto en la brecha cambiaria baje en forma paulatina hasta estacionarse entre el 40 y el 50 por ciento, junto con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que el Gobierno aspira a conseguir en abril, detalló. “La estrategia es de baja paulatina de la brecha hasta llegar al acuerdo y luego apostar a que el acuerdo estabilice. Y ahí se verá cuánto se puede aflojar el cepo, si es que se puede aflojar”, expresó el titular de PxQ.