Las Empresas del Momento (II FEBRERO)

Resumen Semanal de Bonos Soberanos y Corporativos (ACTUALIZADO)
Guía de Instrumentos en Pesos: CER+ TASA VARIABLE

El BCRA busca tiempo pero las cartas ya están jugadas
DEUDA PÚBLICA EN USD: QUEDAMOS BARATOS PARA UN REBOTE DE CORTO PLAZO

(INFOBAE) El impacto de la “segunda ola” afectará el rebote económico y las cifras fiscales pero en forma acotadaLos buenos datos de actividad que divulgó el INDEC para enero dejan un piso cercano al 8% para la actividad este año. El Gobierno busca evitar cierre de fábricas y comercios, afectándose solo el esparcimiento. También se seguirá alentando el teletrabajo.
Aunque prácticamente se descarta la posibilidad de ir a una prolongada y estricta cuarentena como la del año pasado, las medidas restrictivas provocadas por el rebote del Covid-19 en el país tendrán efecto sobre distintas variables económicas. En caso de que haya problemas para la movilidad o incluso para llevar adelante la producción, se verá impactada negativamente la posibilidad de un mayor repunte económico. Y esto también conllevaría consecuencias fiscales, debido al menor ritmo de actividad y eventualmente la puesta en marcha de programas de apoyo como los que estuvieron en marcha el año pasado. El “arrastre estadístico” que dejo 2020 para este año es significativo. Como la economía tuvo su peor momento de caída en abril y mayo, la reactivación de la segunda mitad del deja un piso más alto para el 2021. Con la fuerte recuperación de la actividad que mostró el dato divulgado hoy por el INDEC en enero, el economista Adrián Yarde Buller, del Grupo SBS), consideró que el piso de actividad del año estaría en torno al 8%. Es decir aún en caso de que la economía deje de crecer, igual la recuperación sería bastante más alta que la esperada inicialmente. Sin embargo, en caso de que las restricciones vayan en aumento podría producirse un impacto negativo en ese repunte. Consultatio efectuó un cálculo teniendo en cuenta cuáles son los sectores que podrían verse afectados por los cierres. La conclusión es que la economía podría sufrir pero sin tratarse de un efecto dramático. El crecimiento se ubicaría, en este escenario entre 0,5% y 1,5% por debajo del “óptimo”. Eso significa que el repunte estaría igual por arriba del 6,5%. Básicamente implicaría una tímida mejora a lo largo del año, ya que la mayor parte de esa recuperación ya sucedió en la segunda parte del 2020. El salto de la actividad de enero ya deja un piso para 2021 mucho más alto que el estimado previamente. Y las cifras fiscales también vienen mejor que lo esperado. Por eso, hay cierto “colchón” en caso de que se deban adoptar algunas medidas restrictivas. El objetivo del Gobierno es no afectar la producción ni el comercio
Las actividades que representan el mayor grado de riesgo (hoteles, restaurantes y otros servicios) representan solo 4% de la actividad económica, explican en Consultatio. Sin embargo, al sumarse los sectores con nivel de riesgo 2 (construcción, actividades inmobiliarias, comercio, transporte y comunicación y servicios personales), el alcance es de el 49% del PBI. En caso que se vea afectado este grupo, allí se estaría más cerca de un impacto negativo en la actividad más cercano al 1,5% respecto a las estimaciones iniciales. El efecto de las restricciones también le pega al resultado fiscal, por dos vías distintas. En primer lugar, si la actividad crece menos de lo esperado también lo hará la recaudación. Pero, al mismo tiempo, si hay más cantidad de sectores afectados volverían los programas de apoyo del Gobierno. Podrían ser Repro como ya está vigente para ayudar a pagar salarios a empresas impactadas por la crisis, pero incluso el regreso de los ATP o de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que luego del pago de la tercera cuota fue suspendido ya en septiembre del año pasado. Ninguno de estos programas especiales está contemplado en el Presupuesto 2021, por lo que implicaría un gasto adicional que tendría su efecto en el déficit fiscal del año y, por ende, la necesidad de mayor emisión monetaria a la prevista. Las restricciones impactarían en el resultado fiscal por dos vías distintas. En primer lugar, si la actividad crece menos de lo esperado también lo hará la recaudación. Pero, al mismo tiempo, si hay más cantidad de sectores afectados volverían los programas de apoyo del Gobierno
Tanto desde los ministerios de Economía como de Producción vienen insistiendo en la necesidad de que no se vea afectada la actividad productiva ni la comercial. El argumento es que los contagios en fábricas o incluso en comercios fueron bien controlados en estos meses. Y cuando aparece un caso se actúa rápidamente con políticas de aislamiento específicas. Por eso, vienen insistiendo en que sólo debería afectarse actividades vinculadas con el esparcimiento y al mismo tiempo seguir alentando el teletrabajo. En el escenario trazado por Consultatio, el efecto fiscal podría acercarse a un punto adicional del PBI. Pero esto tampoco sería dramático, ya que el déficit estimado para el año en “escenario base” se ubicaría bien por debajo de 4,5% del PBI que figura en el Presupuesto. Justamente, la mejora de la actividad por encima del 5,5% que estimó Guzmán también permitiría mayor recaudación que la presupuestada. En los primeros meses del año se observa además que el gasto público viene creciendo en forma más moderada, lo que también ayudaría a que el rojo fiscal no se desboque. Es decir existiría cierto “colchón” para llevar adelante algunas medidas de auxilio financiero a empresas en caso de que se vaya a medidas más restrictivas en las próximas semanas e incluso meses.

(INFOBAE) Programa ATP: el Gobierno sale a buscar a las empresas que incumplieron la norma y les exigirá que devuelvan los fondos Comenzará desde este miércoles a enviar notificaciones a compañías que compraron dólares o distribuyeron dividendos después ingresar al salario complementario. Habrá un sistema de “recuperación voluntaria” de ese dinero o a través de demandas judiciales. Lo recaudado será destinado a Anses. La AFIP comenzará desde este miércoles a buscar a las empresas que incumplieron la normativa del programa ATP por haber comprado dólares con contado con liquidación, repartido utilidades o recomprado acciones después de haber sido beneficiarias del salarios complemetario. Para eso, hará elegir a esas firmas entre una devolución voluntaria de los fondos cobrados del Estado o por la vía judicial. Una disposición de AFIP que será publicada este miércoles en el Boletín Oficial habilitará al organismo tributario a “iniciar las acciones de control de cumplimiento de los requisitos de acceso y condicionalidades previstas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción”, según el documento al que tuvo acceso Infobae. “El organismo estará a cargo de determinar la caducidad del salario complementario y obtener la devolución de los fondos tanto en forma voluntaria como judicialmente”, anticiparon desde el fisco. Tal como había adelantado este medio, el Gobierno tuvo desde finales de año en la mira a unas 3.700 empresas que habrían realizado compras de divisas a través de la operatoria de “contado con liqui” por 500 millones de dólares después de haber sido beneficiadas por el salario complementario del programa ATP. La AFIP buscará obtener la devolución de los fondos otorgados por ATP a empresas que incumplieron la norma por un sistema voluntario o a través de demandas judiciales. Concretamente, las inspecciones oficiales durante los primeros meses de aplicación del ATP registraron ventas de bonos en pesos -que ya estaban en poder de esas personas jurídicas al momento de ingresar al salario complementario- contra moneda extranjera. La lógica de los controles, afirmaron, es que una empresa no debería haber solicitado asistencia oficial para el pago de salarios si contaba con dólares o bien con títulos públicos en dólares. “Eso significa que tenían con qué afrontar la situación” de pandemia, consideró una fuente del equipo económico. Entre esas 3.700 empresas sospechadas, el monto aproximado de compra de divisas vía mercado financiero llegaría a unos USD 500 millones. El incumplimiento del programa ATP incluye empresas grandes, pymes, asociaciones civiles y hasta obras sociales, precisaron fuentes oficiales.

(INFOBAE) Interna empresarial: con el foco en la relación con el Gobierno, resurgieron tensiones y no hay consenso para la sucesión en la UIA Los empresarios avanzarán con las definiciones después de Semana Santa. Pero la divulgación de los dos candidatos que hay hasta el momento generó malestar en un sector de la entidad, que prepara su propuesta con otros nombres. El actual presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, llegó por consenso en mayo de 2017 y significó el fin del pacto de alternancia que hasta ese momento tenían los dos grupos que había dentro de la institución: dos años gobernaba un miembro de “Industriales” y la gestión siguiente le tocaba el turno a “Celeste y blanca”. Hasta que llegó el empresario aceitero que reunió el aval de todos los dirigentes y se consensuó una lista de unidad. Tal apoyo reunía que a los dos años fue reelegido por otro período. Hoy, en plena pandemia y sin posibilidad de verse caras tan frecuentemente, los industriales llegaron a abril sin definiciones sobre quién reemplazará a Acevedo. Dos nombres vienen sonando desde hace algunos meses -los de Miguel Angel Rodríguez, dueño de Sinteplast y vicepresidente Pymi de la entidad, y Daniel Funes de Rioja, abogado laboralista y actual presidente de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal)-. Sin embargo, fueron expuestos sin reunir aún el consenso total dentro de la entidad. Hasta ahora, no había otra posibilidad, coincidían en la mesa chica, aunque a sabiendas de que no habían pasado por el filtro de algunos sectores y regiones del interior. Para varios miembros de la institución, inclusive el grupo Techint, con gran peso dentro de la UIA, el candidato natural para ocupar la presidencia de la institución es Funes de Rioja, con vasta experiencia en la dirigencia industrial y en cargos internacionales, además de un gran poder de lobby. No obstante, su punto flojo es que no es empresario y tiene una visión de la economía más liberal que no es compartida por una gran parte de los empresarios. Rodríguez, en tanto, surgió como una propuesta de Acevedo y, a diferencia de Funes, sí es dueño de una pyme y tiene buena llegada al Gobierno. Pero no hubo hasta ahora ninguna reunión para buscar consensos. “Será después de Semana Santa y la decisión será entre esos dos candidatos”, dijeron cerca del grupo que lidera Paolo Rocca. Casualmente, ambos pertenecen a lo que en su momento se autodenominó el grupo “Celeste y blanca”. Si bien la unidad lograda con la elección de Acevedo intentó borrar las divisiones -de hecho, ninguno tiene ya personería jurídica-, los grupos se siguieron reuniendo, aunque con menor representatividad que la que solían tener. “Techint dejó de ir a las reuniones de ´Industriales´, pero como los miembros de ´Celeste y blanca´ se seguían encontrando, nosotros hicimos lo mismo”, dijo a Infobae un importante referente de este grupo, que comenzó a trabajar para llevar a la mesa una propuesta con candidatos propios. El encargado del armado es el santafesino Guillermo Moretti, quien está sondeando posibles candidatos para llevar de parte de este reducido grupo “Industriales” a la mesa de búsqueda de consensos. Uno es el entrerriano Héctor Motta, dueño del grupo avícola que lleva su nombre, hoy Tesorero en el comité ejecutivo. Si bien está radicado en el interior y eso podría complicarlo, se trata de un dirigente con un amplio respaldo y respeto dentro de la institución y, además, es empresario. También podría integrar esa lista de candidatos Adrián Kaufmann, del grupo Arcor, quien fue presidente de la UIA en 2015, aunque hoy el debate por los precios de los alimentos y los controles lo dejaría altamente expuesto. Y otro dirigente que está dispuesto a volver al comité es José Ignacio de Mendiguren, hoy miembro de la junta directiva y presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). Hasta el momento, ninguno de ellos fue sondeado firmemente para integrar la lista de propuestas. Más allá de las diferencias, no hay nadie en la UIA que no quiera que la lista sea de unidad. “No es fácil ponerse de acuerdo en torno a un candidato en un momento donde hay tensiones internas. El elegido debe ser alguien que sea conciliador”, manifestó un empresario
“No ha habido ninguna reunión para consensuar. Pero se están buscando candidatos. El interior existe, representamos a mucha gente, por lo que la idea es pelear desde la minoría para buscar el consenso. No tiene por qué haber pelea. Moretti va a ser un hombre para buscar el consenso en representación del interior y de industriales”, remarcó otro dirigente de esta facción. Por la pandemia, hoy no habría posibilidad de presentar dos listas en la elección. De no haber acuerdo, debería prorrogarse la lista actual. De todas maneras, más allá de las diferencias, no hay nadie en la UIA que no quiera que la lista sea de unidad. “No es fácil ponerse de acuerdo en torno a un candidato en un momento donde hay tensiones internas. El elegido debe ser alguien que sea conciliador”, manifestó otro empresario. Aún así, el objetivo es priorizar el diálogo. Las tensiones que existen al interior de la entidad se vinculan con la marcha de la economía, las medidas que se toman desde el Gobierno, que benefician a algunos y perjudican a otros, la pandemia y el debate en torno a qué modelo de país se busca. Un debate histórico de la UIA, propio de la gran heterogeneidad que la caracteriza. Antes de convocar a asamblea, el Tesorero deberá presentar el balance en comité y en junta directiva. Eso se proyecta para mediados de abril, por lo que la elección quedará para mediados o fines de mayo, especulan en la UIA.

(INFOBAE) El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el resultado de la Balanza de Pagos del cuarto trimestre de 2020, un estado contable en el que analiza los movimientos de los bienes, servicios y del sector financiero, con el exterior. En ese marco, indicó que cerró el año pasado con un superávit de USD 2.985 millones, que revirtió el déficit de USD 3.997 millones del 2019, mientras que el stock de deuda externa aumentó USD 2.508 millones en el cuarto trimestre del año pasado. La deuda bruta total con títulos de deuda a valor nominal residual al 31 de diciembre de 2020 se estimó en USD 271.505 millones, USD 2.508 millones mayor respecto al trimestre anterior, indicó el organismo que conduce Marco Lavagna. Según el organismo, el alza se explica principalmente por un mayor registro de deuda del gobierno general en USD 3.149 millones; del Banco Central en USD 841 millones; y de otras sociedades financieras en USD 69 millones; compensada por un menor endeudamiento externo de las Sociedades captadoras de depósitos en USD 1.164 millones; y de las Sociedades no financieras y hogares en USD 387 millones. “Esta es una deuda que incluye tanto a privados como deuda del Gobierno. Si hablamos de la deuda del gobierno, el incremento está dado por el mercado de deuda en pesos que armó la cartera de Economía”, dijo a Infobae el operador financiero Christian Buteler. Y agregó: “Hemos tenido en este primer trimestre colocación neta de deuda en pesos, motivo por el cual seguramente también crezca la deuda en el primer trimestre de 2021”. La deuda externa bruta alcanzó a finales del año pasado a USD 271.505 millones, por debajo de los USD 277.648 millones del cierre del 2019
Cabe recordar que el Palacio de Hacienda encaró el 2020 una agenda urgente en materia financiera que consistió en reestructurar la deuda en moneda extranjera con acreedores privados y, en paralelo, “normalizar” la curva de rendimientos en pesos que había quedado distorsionada -con tasas de entre 150 y 300 por ciento- tras el reperfilamiento de agosto de 2019. Todo eso en medio de la pandemia de coronavirus, que obligó al Poder Ejecutivo a acelerar el gasto público para financiar medidas para mitigar el impacto del coronavirus en los ingresos de empresas y hogares. Aunque la Covid-19 no fue el único obstáculo para el mercado de deuda en pesos: las tensiones cambiarias también jugaron su parte. Hemos tenido en este primer trimestre colocación neta de deuda en pesos, motivo por el cual seguramente también crezca la deuda en el primer trimestre de 2021 (Christian Buteler)
En ese contexto, el titular de la Fundación Libertad & Progreso, Aldo Abram, dijo a Infobae: “La deuda es bienvenida si se da en el sector privado productivo para invertir. Esto va a permitir en el futuro una mayor capacidad de crecimiento en el país y la capacidad de repago de esa deuda” Y agregó: “El hecho de que el sector privado tome deuda para invertir es bueno aunque remarcó que en el caso del Estado, cuando crece la deuda externa nada garantiza que crezca la capacidad de pago porque este no produce bienes que se puedan exportar o para sustituir importaciones”. Por su parte, el economista Gustavo Ber, del estudio homónimo, dijo a este medio que el financiamiento voluntario viene estando orientado principalmente hacia la moneda local, “a través de diferentes instrumentos, y hasta el momento viene recibiendo una satisfactoria demanda para cubrir las necesidades plateadas a través de este mecanismo”. En tanto, el Indec también informó que la Posición de Inversión Internacional, es decir, el dinero que los argentinos tienen en el exterior o en dólares, pero fuera del circuito bancario, alcanzó los USD 122.482 millones, por sobre los USD 117.579 millones de finales del 2019. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró a principio de mes, que con las regulaciones “el objetivo es evitar que haya movimientos de capitales que entran a tener retornos de corto plazo, especulativos, que no buscan meterse en la economía real de una forma más permanente”. Hasta no alcanzar una estabilidad económica y financiera “no va a haber alternativa a mantener los controles de capitales por un tiempo. Es un esquema transitorio, más bien defensivo, pero que tiene que ver con la situación en la cual se dejó a la economía argentina por los 4 años previos, en los que hubo una entrada de capitales especulativos muy fuerte”.

(AMBITO) La inflación volvió a subir en marzo y prevén que estará cerca del 4%
Consultoras y economistas coinciden en que el IPC superará el registro de febrero. Esperan que a partir de abril comience a desacelerarse. La inflación del primer trimestre compromete seriamente la meta del 29% que trazó Martín Guzmán y con eso la estrategia de alinear las expectativas en torno de los lineamientos del Presupuesto 2021. Luego de una baja poco significativa en el mes de febrero, los precios volverán a mostrar una escalada cuando el INDEC dé a conocer el IPC de marzo. Consultoras y economistas coinciden en que el dato estará alrededor del 4%. Anticipan que los aumentos podrían comenzar a ceder en abril. De acuerdo con el relevamiento de LCG, la inflación del mes de marzo será cercana al 4% y la de alimentos y bebidas será más alta, 4,5%. “Hubo una aceleración muy marcada en la última semana. Nos preocupa que la economía no pueda hilvanar dos meses seguidos de baja de la inflación”, señaló Guido Lorenzo, director de la consultora. Desde Ecolatina señalan que marzo suele ser un mes complicado por el comienzo de clases y el recambio de indumentaria. Afirman que 2021 no será la excepción. La proyección que hacen con los datos recabados hasta el momento, apunta a un 3,8% aunque creen que podría saltar hasta el 4%. “Los factores son los de siempre, alimentos y bebidas siguen dando alto, el dólar se mueve y presiona sobre bienes y servicios y los productos que más aumentan son los vinculados a la educación, la carne, las frutas y verduras”, explicó a este medio Matías Rajnerman, Economista jefe de la firma. El panorama que plantea Ferreres & Asociados incluye una inflación del 3,8% pero a diferencia del resto de los cálculos, considera que los alimentos crecieron por debajo del promedio y lo hicieron a un ritmo del 3,5%. “Lo que más aumentó fue la educación, comparando la tercera semana de marzo con el promedio de febrero tenemos un salto del 18,2%”, dijo Orlando Ferreres, titular de la consultora. Entre enero y febrero, la inflación acumuló casi 8%, y con los datos de marzo el primer trimestre del año tendrá una escalada cercana al 12%. Con estos números, la inflación mensual debería promediar 1,7% entre abril y diciembre para cumplir la meta oficial del 29%. “La inflación se está volviendo uno de los principales problemas económicos. Se está acelerando desde el segundo semestre del año pasado cuando empezó a rebotar la economía y se hace cada vez más cuesta arriba lograr la meta propuesta y eso trae otras complicaciones como en la estrategia de coordinación de expectativas”, analizó Martín Burgos, economista del Centro Cultural de la Cooperación. Hay coincidencia en que el fenómeno de la inflación es multicausal. Incluso el Fondo Monetario descartó la semana pasada que se trate de un problema meramente monetario. En este sentido, el tipo de cambio es una de las variables que más influye en el avance de los precios de los insumos que luego se trasladan a la góndola. Martín Guzmán viene afirmando que el dólar oficial desacelerará su marcha en los próximos meses, lo que genera la expectativa de que los precios cedan terreno. Un informe de Ecolatina adelanta que “más allá de cómo sigan las restricciones, es probable que las presiones por el lado cambiario se relajen en el corto plazo. De esta manera, la desaceleración inflacionaria comenzaría en abril”. Otra cuestión fundamental es el avance de los precios regulados. “El Gobierno apunta a que después del primer trimestre puedan moderarse las subas de precios. La apuesta es que los aumentos de nafta, transporte público, salud, telefonía y precios cuidados y máximos, que se concentraron en el primer trimestre tiendan a descomprimirse y que vayan por debajo de la inflación”, explicó Martín Kalos, director de EPyCA Consultores. Aunque resta definir qué sucederá con las tarifas de los servicios, se descarta que las actualizaciones estarán por debajo del promedio de los precios. Así, tanto el dólar, como los precios regulados, podrían funcionar como ancla y no como acelerador de la inflación y encaminar una desaceleración a partir de abril.

(AMBITO) Bolsonaro metió mano en las FF.AA. y lleva la crisis política a un nivel más peligroso
Hay conmoción en Brasil. El presidente pretende que los militares lo acompañen en posibles medidas contra los gobernadores o incluso en la desobediencia a una investigación parlamentaria de su manejo de la pandemia o a un impeachment. Peligro de escisión en los cuarteles. Hablar del Gobierno de Jair Bolsonaro actualiza los hedores de la Guerra Fría y, como ocurría durante los regímenes de facto de los años 70 y 80, la necesidad indagar en la interna militar para entender la realidad. Un día después de que el presidente dispusiera el relevo del general retirado Fernando Azevedo e Silva como ministro de Defensa y su reemplazo por el hasta entonces jefe de gabinete, el también general Walter Souza Braga Netto, ayer cayó –¿la removió él, renunció ella?– la cúpula de las Fuerzas Armadas. El hecho desnuda un conflicto por el intento del jefe de Estado de imponerles su voluntad para extremos que oscilan entre la declaración del estado de excepción en las gobernaciones que hayan impuesto medidas de aislamiento en la pandemia y el expediente liso y llano del autogolpe. Brasil, planeta Tierra, siglo XXI. Según la Constitución, una de las atribuciones del presidente de la República es “ejercer el comando supremo de las Fuerzas Armadas, nombrar los comandantes de la Marina, el Ejército y la Aeronáutica, promover a sus oficiales-generales y nombrarlos para los cargos que les son privativos”. Sin embargo, la transición democrática que comenzó en 1985 fue, a diferencia de la argentina, pactada, lo que hace que en los usos y costumbres los hombres de armas retengan un poder considerable. Así, cuando se trata de modificar la cúpula, cada fuerza eleva una terna de candidatos en acuerdo con el ministro de Defensa, entre los que elige el jefe de Estado. Bolsonaro amenaza con hacer volar por el aire las tradiciones. Tras la caída del comandante del Ejército, general Edson Leal Pujol; del de la Armada, almirante Ilqes Barbosa, y del de la Fuerza Aérea, brigadier Antonio Carlos Bermudes, la negociación se puso en marcha ayer mismo. Con todo, el primer encuentro entre Braga Netto, más fiel a Bolsonaro que a sus camaradas, y el Estado Mayor de las fuerzas resultó tenso y pleno de ataques mutuos, según supo Ámbito. “Bolsonaro quiere asegurarse de tener a las Fuerzas Armadas de su lado. Él entiende que, como comandante en jefe, manda sobre ellas, lo que no era compartido ni por el exministro de Defensa ni por el general Pujol. Esta crisis muestra cuánto respaldo ha pedido Bolsonaro en el mundo militar”, le dijo a Ámbito desde Brasilia Marcelo Rech, director del Instituto InfoRel de Relaciones Internacionales y Defensa. En el marco de una reforma amplia del gabinete exigida por los nuevos aliados del Gobierno en el Congreso, las bancadas del polémico centrão, la salida de Azevedo e Silva fue ruidosa. En su comunicado de despedida del lunes, aclaró que su gestión se guió por la preservación “de las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado”. Eso, se supone, es la antítesis de la politización de los cuarteles que pretende el presidente de ultraderecha. El debate, sin embargo, es curioso porque Bolsonaro fue, tal como contó en exclusiva Ámbito poco antes de las elecciones de 2018, “un líder construido en pos de un nuevo proyecto de poder militar”. Eso, sumado al pronunciamiento cuasigolpista que en abril de 2018 le exigió al Supremo Tribunal Federal que Luiz Inácio Lula da Silva ingresara en prisión, a los más de seis mil uniformados que han ocupado cargos de distinto nivel en la administración –entre ellos, la vicepresidencia y cerca de la mitad del gabinete– y a la aceptación en el funcionariado por primera vez de oficiales en actividad, es politización pura. El problema es que la marioneta que la jefatura creía poder rodear y controlar hoy se despacha con un proyecto propio que supone subordinarla. Los chicos crecen. Lo que la mayor parte de las Fuerzas Armadas resiste es el intento del excapitán de utilizarlas de un modo capaz de acabar con el prestigio del que siguen gozando en un sector social amplio. Como mínimo, como garantes de eventuales declaraciones excepción en los estados que declararon medidas de distanciamiento social en medio de la explosiva segunda ola del nuevo coronavirus, que ha disparado la media diaria de muertes a más de 2.500, acumulado 313.000 decesos documentados y colapsado los hospitales y hasta los cementerios. Como máximo, como respaldos para resistir un eventual intento del Congreso de investigar o destituir al presidente por su desmanejo de la pandemia. El general Pujol, por caso, irritó al presidente cuando respaldó a los gobernadores en esa puja y cuando afirmó, en noviembre de 2020, que “no somos una institución del Gobierno, no tenemos partido. Nuestro partido es Brasil (…). Las Fuerzas Armadas cuidan al país, a la nación. Son instituciones del Estado, permanentes”. Ni olvido ni perdón: Bolsonaro no solo pedía la cabeza de Pujol sino también la del jefe del Departamento General del Personal del Ejército, general Paulo Sérgio, quien, alarmado, le dijo el domingo al diario Correio Braziliense que el arma ya se prepara para una tercera y peor ola de covid-19. Ante la negativa repetida de Azevedo e Silva de entregarlos, Bolsonaro echó al ministro. ¿También a los comandantes? Eso dice el Palacio del Planalto, pero una fuente brasileña con amplio conocimiento de los cuarteles le dijo a Ámbito que los comandantes renunciaron como repudio al presidente y al cambio en Defensa. De ser esta la causa de los alejamientos y no una decisión del mandatario, se trataría de un hecho sin precedentes desde el retorno de la democracia. A Bolsonaro le va a ser difícil encontrar una nueva jefatura que cumpla con sus orientaciones. “Los militares han dejado claro que no quieren meterse en la política y que nadie los va a arrastrar a eso. Si Bolsonaro piensa contar con ellos para mantenerse en el poder en caso de que decida radicalizarse, mejor que se olvide porque no lo van defender. Tampoco van estimular algo en su contra, claro”, explicó Rech. “El problema ahora es que Bolsonaro quiere ubicar en la cúpula a alguien que no le sea tan adverso como el general Pujol, lo que es una gran dificultad dada la preocupación militar acerca de una politización de las fuerzas”, coincidió, en diálogo con Ámbito, Creomar de Souza, analista político y fundador de Dharma Political Risk and Strategy, una consultora de riesgo con sede en Brasilia. “Hay una percepción de que el presidente está a la defensiva y que intenta construir una protección a su alrededor”, agregó. Rech, en tanto, advirtió que “el mayor temor es el de una fractura muy fuerte de las Fuerzas Armadas, que enfrente al sector que apoya a rajatabla al presidente y la mayoría, que rechaza esa forma de partidización”. Según la prensa local, ya ha surgido en los cuarteles un tercer sector, que rechaza tanto la reelección del actual mandatario –en caída en las encuestas– como un regreso de Lula da Silva, rehabilitado por la Justicia, en octubre del año próximo. Así, una serie de generales y coroneles ya trabajan en pos de una tercera opción.Todo está patas para arriba en Brasil. El Gobierno elegido en las urnas es más radical que las Fuerzas Armadas, las que han moderado muchas de las aristas más filosas de Bolsonaro, incluso en la relación con la Argentina, así como con China y en vinculación con la pandemia. Sin embargo, estas tensiones evidencian una politización que, aunque no se la quiera llamar de ese modo, ya está instalada. ¿Acaso los Estados Mayores no están resistiendo y negociando decisiones del poder civil, por cuestionado que esté, sobre políticas y nombramientos?

(AMBITO) Diálogos de Wall Street
Piña en Wall Street y sensación de déjà vu. ¿Cuán serio es, Gordon Gekko?
Periodista: La Bolsa se hamaca en los récords, la confianza del consumidor pegó un salto inmediato después de cobrar el cheque de 1.400 dólares cortesía del Plan Biden, el optimismo reina sobre la economía. Se viene otro plan (o dos) de infraestructura porque el Presidente es insaciable y, sin embargo, Wall Street mira el futuro inmediato con recelo. ¿No son demasiadas calorías? ¿No sería más sensato digerir un paquete fiscal antes de embarcarse en otro mayor? ¿O de dónde brotan las dudas?
Gordon Gekko: Le acaba de estallar la santabárbara a una boutique financiera – Archegos Capital – y Wall Street está evaluando las pérdidas.
P.: ¿Cómo evitar la sensación de déjà vu? Primero suben las tasas largas, son nueve semanas de erosión. Luego aparecen las facturas. ¿Qué dimensión tienen los destrozos? ¿Qué hay que esperar?

G.G.: La vida continúa. Con recelos, como usted dice, pero sin grandes privaciones. La reacción en cadena parece haberse agotado. Si es así, no es un evento muy significativo. Nomura, el banco de inversión japonés, reconoció que la operación le costará 2 mil millones de dólares. Credit Suisse absorberá un quebranto mayor, entre 3 y 4 mil millones de dólares según estimaciones de mercado. Si uno se guía por los precios de las acciones, una cayó 16% y lo otra 14%, son por amplio margen los dos principales damnificados. Deutsche Bank recibió alguna esquirla pero menor. Y los bancos de EE.UU., Goldman Sachs y Morgan Stanley, los más rápidos para ejecutar las garantías, en apariencia salieron indemnes.

P.: ¿Qué pasó? ¿Le dio de lleno la suba de tasas?

G.G.: Digamos que sólo de refilón. Una de las posiciones fuertes del fondo era ViacomCBS. La compañía ensayó una oferta secundaria de acciones que no funcionó, el papel bajó de precio y Archegos, con una cartera muy apalancada, no pudo reponer garantías. Los bancos liquidaron esa y otras posiciones (Discovery, Shopify, Baidu, Tencent Music, GSX) para recuperar el valor de sus préstamos, pero no alcanzó para todos.

P.: ¿Y cree que el proceso ya concluyó?

G.G.: El viernes se vendieron grandes bloques a mansalva con caídas superiores a 25%. Esas mismas plazas hoy rebotan entre 3% y 5%.

P.: Fue un cimbronazo pero no hubo contagio. ¿Es un caso puntual entonces y no un mal sistémico?

G.G.: Es el segundo caso puntual. Greensill hace unas semanas fue el primero. Lo interesante es que Credit Suisse se anotó en ambos. Y si retrocedemos a noviembre, participó de un tercero, York Capital, pero más pequeño.

P.: Lo más embarazoso es que Janet Yellen, secretaria del Tesoro, y Jay Powell de la Fed decían en simultáneo que los bancos estaban saludables. Y les quitarán las restricciones para la distribución de dividendos y la recompra de acciones. ¿No le recuerda la antesala de Lehman? En esos tiempos tampoco se sabía qué tenían los bancos en sus hojas de balance (o, igualmente letal, fuera de ellas). ¿Hay que preocuparse?

G.G.: Estamos avisados. La suba sostenida de tasas, estos percances, el dólar que se fortalece. La última oleada de colocaciones de acciones – más de 100 nuevas emisiones en lo que va de 2021, las ofertas secundarias, SPAC y otros grandes estrenos en camino como Coinbase y Robinhood – tal vez sea demasiada oferta. Su digestión es lenta. Y si la navegación nos deparase sacudidas no la vamos a pasar bien.

P.: Ya sabíamos lo de Archegos y la tasa larga volvió a clavar otro avance: 1,77%. ¿Qué le dice a usted?

G.G.: Que dimos vuelta la página. El tema es Biden y la infraestructura. ¿Qué es lo que quiere construir? ¿Cuánto cuesta? Y, fundamental, ¿cómo lo piensa pagar?

P.: Se habla de entre 3 y 4 billones de dólares.

G.G.: Sí. Tres cuartas partes financiado con impuestos.

P.: ¿No se precipita Biden? ¿No es un error?

G.G.: Si las tasas suben hoy por obra pública que se va a hacer pasado mañana no parece una buena decisión. Y conste que ya empezaremos a recibir la data dura de la economía. No sabemos cómo reaccionará la curva de bonos. La política se apura. Los mercados quieren calma.

(CRONISTA) Precios Máximos y fiscalización de números suben la tensión entre Gobierno y empresas
El Gobierno publicó la resolución que vuelve a extender, sin cambios, el cepo al alza de precios. Alimenticias presentarán un recurso para no tener que abrir sus números al Gobierno.
La tensión entre las empresas alimenticias y el Gobierno va en ascenso. Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 281/21 de la Secretaría de Comercio Interior, que dispone la continuidad del programa Precios Máximos, una medida que cae muy mal en el sector. Para colmo, ni se quitaron productos ni se habilitaron incrementos de los precios, lo que todavía empeora la situación de las empresas. Incluso, en las compañías sostienen que en muchos casos los incrementos en los costos subieron hasta un 70%. Atento a que uno de los ejes centrales de la gestión del Gobierno pasa hoy por contener la suba de la inflación, todo indica que a Precios Máximos le quedan todavía varios meses de vida, por lo que esta situación se mantendrá en el tiempo. El titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, mostró en diálogo con El Cronista la desilusión ante la negativa del Gobierno para modificar algunos de los puntos que resaltaron los industriales. «En varios de los encuentros que mantuvimos con el Gobierno se dejó en claro que no somos los culpables de la suba de la inflación, sino que somos parte de los perjudicados. Es por esto que no se entiende por qué ahora terminamos pagando nosotros al no poder ni subir precios ni al menos tener menos productos incluidos en este programa, de modo de amortiguar un poco el problema. Tenemos un enorme desfasaje de costos y creíamos que nos habían entendido los problemas planteados», afirmó el ejecutivo. La exigencia máxima de la industria en este sentido tiene que ver con que se ponga fin a Precios Máximos, aunque al menos verían con buenos ojos que se vaya saliendo de a poco al ir eliminando productos de este programa, algo que sí se dio hace dos meses -la anterior postergación-, pero que no ocurrirá ahora. Además, dicen, esto también juega en contra de la búsqueda de normal abastecimiento que busca garantizar el Gobierno desde hace algunos meses. «El año pasado la mercadería que estaba comprometida en Precios Máximos apenas logró el visto bueno para subir sus precios hasta un 6%, contra una inflación de 33%. La situación es realmente compleja», sostuvo un directivo de una de las empresas líderes del sector.
Los industriales sostienen que las pérdidas que les genera ya a esta altura producir la mercadería que hoy está dentro de Precios Máximos es importante, por lo que no siempre se podrá lograr el volumen necesario para abastecer sin inconvenientes las góndolas. En medio de esto, hoy los fabricantes de alimentos y bebidas sumarán una nueva controversia a esta disputa. En descontento con la puesta en marcha del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), que obliga a las compañías de varios sectores a abrir sus números al Gobierno, presentarán un recurso administrativo ante la Secretaría de Comercio Interior para saltar esta instancia. Según Funes de Rioja, el sector alimenticio ya cumple por diferentes vías con algunas de estas exigencias y, además, representa «una carga burocrática muy importante», ya que se les reclama información «que no tiene nada que ver con la cuestión de los precios». «Hay un sobreexceso de pedido de información», sentenció el ejecutivo.»Se nos ahorca cada vez más y el panorama en algunos casos ya es grave. El año pasado la mercadería que estaba comprometida en Precios Máximos apenas logró el visto bueno para subir sus precios hasta un 6%, contra una inflación de 33%. La situación es realmente compleja», sostuvo en diálogo con El Cronista el directivo de una de las empresas líderes del sector.

(CRONISTA) FMI: la oposición niega diálogo con el Gobierno para acompañar el acuerdo y pone condiciones
Referentes de Juntos por el Cambio aspiran a que los contactos sean formales. Sostienen que, en caso de que exista una convocatoria, tomarán la decisión en conjunto. Gerardo Morales ya avisó que está dispuesto a acompañar.
Acuerdos de gobernabilidad, puntos mínimos de consenso entre fuerza políticas, pactos de la Moncloa. Cada cierto tiempo, incluso en épocas de profundización de grietas, surgen en la Argentina menciones a la importancia de generar diálogos y acuerdos entre oficialismo y oposición. En esta oportunidad, fue Cristina Kirchner quien mencionó la importancia de que existan este tipo de conversaciones. Lo hizo durante el acto del 24 de marzo y su principal preocupación era generar un acuerdo para poner reglas de juego relativas a la toma de deuda. A partir de allí comenzaron contactos informales con algunos opositores. No con Mauricio Macri o Patricia Bullrich, considerados «halcones» de Juntos por el Cambio. Está claro que un diálogo entre estas partes resulta hoy una quimera. Se apuntó al ala de los «moderados», como Martín Lousteau, María Eugenia Vidal, Gerardo Morales u Horacio Rodríguez Larreta. Cerca del jefe de Gobierno porteño aseguran que no se recibió ninguna convocatoria. Y que, en tal caso, «esa convocatoria no debería ser personal, como trascendió, sino institucional a Juntos por el Cambio». Es decir, que en el caso de que exista esa voluntad de diálogo se consensuará en primer término puertas adentro del espacio opositor para adoptar una posición conjunta. En la misma línea apuntan fuentes cercanas al resto de los dirigentes principales de Juntos por el Cambio: todavía no hay nada. A la vez, en general no se animan a trazar conjeturas sobre posibles convocatorias que aún no sucedieron. El único que sí fue un paso más allá fue Gerardo Morales. Consultado por El Cronista, el gobernador de Jujuy sostuvo que «todavía conmigo no consultaron nada. Pero en lo que tenga que ver con resolver el problema de la deuda estoy dispuesto a acompañar al Presidente en todos los esfuerzos que haga». Ya pasó más de un año de aquella foto de Alberto Fernández con gobernadores en el inicio de la pandemia, en la que el jujeño fue protagonista. Así como Morales acompañó las directivas de la Casa Rosada en materia sanitaria, también se muestra dispuesto a alinearse para resolver el tema de la deuda. El propio Macri había lanzado en 2019 la idea de acordar «10 puntos básicos» de entendimiento con la oposición. En ese momento, sin embargo, se realizó con un gobierno nacional que ya no pasaba por su mejor momento y que había perdido poder.